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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00131-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00131-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral del 4 de marzo de 2022 proferido por el tribunal de arbitramento conformado para dirimir las controversias surgidas entre Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A. y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio S.A. SEGUNDO. CONDÉNASE a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio S.A. a pagar las costas a favor de Sistemas Operativos Móviles S.A. — 20<<Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público>>. 16 Radicado: 11001-03-26-000-2022-00131-00 (68550) Convocante: Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A. Somos K S.A., liquidadas en suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. TERCERO. En firme esta providencia, ARCHÍVESE el presente proceso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2022-00131-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00131-00 (68550)
Convocante: Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A.
Convocada: Empresa de Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio S.A.

Tema: Se declara improcedente el recurso de anulación porque no se configuraron
las causales invocadas sobre indebida conformación por omisión del deber
de información (causal tercera), laudo en conciencia o equidad (causal
séptima) y congruencia (causal novena).

SENTENCIA

Se resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio S.A. (en adelante, “Transmilenio”) contra
el laudo arbitral del 4 de marzo de 2022.

La Sala es competente en virtud de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012,
de acuerdo con el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado debe resolver los
recursos de anulación formulados contra los laudos arbitrales <<en los que intervenga
una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas>>. Transmilenio es
una sociedad por acciones del orden distrital, constituida con la participación exclusiva
de entidades públicas. El recurso de anulación se admitió el 1º de julio de 20221.

I. ANTECEDENTES

1.- El 12 de febrero de 2003 Sistemas Operativos Móviles S.A. (en adelante, “Somos K”)
y Transmilenio suscribieron el Contrato de Concesión No. 17 de 2003 (en adelante, el
Contrato) para la prestación del servicio público de transporte terrestre masivo urbano de
pasajeros en el sistema Transmilenio. El pacto arbitral se estipuló en la cláusula 170 del
Contrato.

1Índice 4 del Samai.

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00131-00 (68550)
Convocante: Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A.

2.- En lo relacionado con la anulación, se destaca que Somos K reclamó en la demanda2
los sobrecostos que tuvo que asumir con ocasión del <<deterioro y mal estado de la malla
vial>> del sistema Transmilenio.

3.- En la contestación de la demanda reformada Transmilenio formuló varias excepciones
de mérito, sustentadas en que (i) cumplió con sus obligaciones respecto de la malla vial
mediante gestiones realizadas ante el Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante, “IDU”),
y (ii) el concesionario debía probar que los costos reclamados provenían del deterioro de
la malla vial y no de otras causas.

4.-Transmilenio presentó demanda de reconvención en la que formuló, entre otras, las
siguientes pretensiones:

<<TERCERA: Declarar que, según lo convenido en el otrosí del 17 de Junio de 2014,
mediante el cual se modificó la cláusula 93, INDICADORES DE DESEMPEÑO, del
Contrato de Concesión No. 017 del 2003, constituía obligación de SOMOS K S.A. la
obtención en los meses de FEBRERO de 2018, DICIEMBRE de 2019, ENERO y
FEBRERO de 2020, de una calificación equivalente o superior del concesionario con mejor
calificación.

CUARTA: Declarar que SOMOS K S.A. incumplió lo dispuesto en el otrosí del 17 de Junio
de 2014, mediante el cual se modificó la cláusula 93, INDICADORES DE DESEMPEÑO,
del Contrato de Concesión No. 017 del 2003, al obtener en los meses de FEBRERO de
2018, DICIEMBRE de 2019, ENERO y FEBRERO de 2020, una calificación por debajo
del concesionario con mejor calificación.

QUINTA: Declarar que SOMOS K S.A., en el periodo comprendido entre el 10 y el 29 de
febrero de 2020, objetó 647 reportes de incumplimiento, equivalentes a 37.580 KM, sin
justificación valida.

(…)

DÉCIMA PRIMERA: Condenar a SOMOS K S.A. a pagar a TRANSMILENIO S.A., la suma
de agosto (sic) $1.173.331.528, a precios de Agosto de 2020, por concepto de
DESINCENTIVOS.

DÉCIMA SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión, incluir en la
liquidación judicial del Contrato de Concesión suscrito entre SOMOS K S.A. y
TRANSMILENIO S.A., un saldo a favor de TRANSMILENIO S.A. por concepto de
DESINCENTIVOS, que asciende a la suma de $1.173.331.528, a precios de Agosto de
2020.

DÉCIMA TERCERA: Que se condene a SOMOS K S.A. a pagar a favor de
TRANSMILENIO S.A. los intereses de mora de las sumas que se reclaman por concepto
de DESINCENTIVOS, a la tasa más alta legalmente permitida, desde la fecha en que se
debió verificar el pago según lo dispuesto en el CONTRATO y hasta el día que su pago
total se verifique.

DÉCIMA TERCERA SUBSIDIARIA: Que condene a SOMOS K S.A. a pagar a favor de
TRANSMILENIO S.A., los intereses de mora causados de las sumas que se reclaman por
concepto de DESINCENTIVOS, a la tasa más alta legalmente permitida, desde la

2La demanda fue reformada pero no resulta relevante para este asunto.

2

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notificación del auto admisorio de la demanda de reconvención y hasta el día que su pago
total se verifique>>.

5.- El 19 de diciembre de 2019 las partes designaron árbitros de mutuo acuerdo e
incluyeron como uno de los suplentes a la doctora Adriana Polanía Polanía. Uno de los
árbitros principales renunció cuando el tribunal ya se había instalado y había asumido
competencia. El 8 de febrero de 2021 se comunicó a la doctora Polanía su designación
como árbitra principal; el 11 de febrero de 2021 aceptó la designación y dio cumplimiento
al deber de información previsto en el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012.

5.1.- El 23 de febrero de 2021 Transmilenio presentó un memorial en el que indicó que la
árbitra no había revelado tres circunstancias y, en consecuencia, debía ser reemplazada.
Había coincidido con el apoderado de Somos K en: (i) el tribunal del Metro Cali vs. GIT
Masivo, cuya la sentencia de anulación fue notificada en agosto de 2019; (ii) había
trabajado con él cuando se desempeñó como <<Directora del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 1997>>; y (iii) fue árbitra en
un tribunal en el que también una de las partes fue Somos K.

5.2.- En el auto 21 del 5 de marzo de 2021 los demás árbitros desestimaron la solicitud
de relevo presentada por Transmilenio. Esta decisión no fue recurrida.

6.- El 4 de marzo de 2022 el tribunal de arbitramento profirió laudo, en el que accedió
parcialmente a las pretensiones de Somos K. En lo pertinente a lo planteado en el
recurso, se destaca que en el laudo se resolvió lo siguiente:

6.1.- Condenó a Transmilenio a pagar a Somos K la suma de trece mil setecientos cuatro
millones doscientos ochenta y un mil trescientos veinte pesos ($13.704.281.320). De ese
valor, doce mil setecientos veinte millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos
setenta pesos (12.720.264.270) correspondieron al daño causado a la flota por el mal
estado de la malla vial.

6.2.- Negó las pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda de reconvención.

6.3.- Se abstuvo de imponer la sanción del juramento estimatorio por la diferencia entre
lo estimado por la parte convocante y lo probado en el proceso.

6.4.- Como consecuencia de la prosperidad parcial de las pretensiones de Somos K y la
negativa de las pretensiones de la demanda de reconvención de Transmilenio, el tribunal
condenó a esta última entidad a pagar costas por la suma de mil trescientos sesenta y
siete millones sesenta y seis mil pesos ($1.367.066.000). En el laudo se dispuso que esta
condena debía ser cancelada <<dentro del término de cinco (5) días>>.

7.- Transmilenio presentó solicitud de <<aclaración, corrección y complementación>>
para que: (i) se explicara el valor probatorio dado al testimonio de Mario Sarria Perea, (ii)
se aclarara la condena en costas y, particularmente, el término en el que debía ser
cancelada; (iii) se indicara el fundamento de la liquidación de las agencias en derecho,
la cual en todo caso no tuvo en cuenta el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto
3

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00131-00 (68550)
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de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura; y (iv) se aclararan los conceptos en que
se fundamentó la condena de trece mil setecientos cuatro millones doscientos ochenta y
un mil trescientos veinte pesos ($13.704.281.320) impuesta a Transmilenio.

8.- El tribunal negó la solicitud anterior porque Transmilenio (i) no identificó los pasajes
oscuros del laudo ni los errores aritméticos o las omisiones, alteraciones o cambios de
palabras que llevaran a su corrección, y (ii) en realidad, la solicitud pretendió que se
variara el sentido de la decisión arbitral.

II. CONSIDERACIONES

9.- La Sala declarará infundado el recurso de anulación presentado por Transmilenio
porque las circunstancias alegadas para sustentarlo no estructuran las causales
invocadas; como consecuencia de lo anterior, condenará en costas a la citada entidad.

A.- La indebida conformación del tribunal (causal tercera)

10.- El recurrente plantea que hubo indebida conformación del tribunal por violación del
deber de información por parte de una árbitra. Esta circunstancia no estructura la causal
de anulación del laudo. Recientemente, la Sala estableció que el incumplimiento del
deber de información no constituye causal de anulación de los laudos arbitrales cuando
es una circunstancia que ocurre con posterioridad a la conformación del tribunal3. Por
esto, aunque dicho incumplimiento <<puede acarrear eventualmente consecuencias
disciplinarias o de otra índole para el árbitro o el secretario y esa sola circunstancia
genera una causal de recusación en contra de estos; (…) ese hecho no constituye motivo
legal de anulación en los términos del numeral 3 del artículo 41 la Ley 1563 de 2012>>4.
De acuerdo con lo anterior, este cargo no prospera.

11.- En cualquier caso, se advierte que ninguna de las circunstancias planteadas en el
recurso constituye desconocimiento del deber de información. El artículo 15 del Estatuto 5
dispone que se deben comunicar las coincidencias con alguna de las partes o sus
apoderados en el <<curso de los dos (2) últimos años>>. Ninguna de las tres
circunstancias imputadas a la árbitra ocurrió en dicho período.

3Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, exp. 66723, C.P.: Fredy Ibarra

Martínez, A.V.: Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata. Conforme a las aclaraciones, hay dos posturas
adicionales al interior de la Subsección: (i) el doctor Montaña ha señalado que la causal de indebida conformación se
puede configurar por el desconocimiento del deber de información y (ii) el ponente de esta decisión considera que el
incumplimiento del deber de información no corresponde a la causal, inclusive si ello ocurre antes de la conformación
del tribunal arbitral.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, exp. 66723, C.P.: Fredy Ibarra

Martínez, A.V.: Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 65738, C.P.: Alberto Montaña Plata, A.V. Martín
Bermúdez Muñoz.
5<<ARTÍCULO 15. DEBER DE INFORMACIÓN. La persona a quien se comunique su nombramiento como árbitro o

como secretario deberá informar, al aceptar, si coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en
otros procesos arbitrales o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que él o algún
miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya intervenido como árbitro,
apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso de los dos (2) últimos años. Igualmente
deberá indicar cualquier relación de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus apoderados>>.

4

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11.1.- La primera circunstancia se refiere a que la árbitra coincidió con Héctor Falla,
apoderado y representante legal de la parte convocante, en el tribunal de arbitramento
de Metro Cali vs. GIT Masivo. En este tribunal, el doctor Falla fue representante legal de
GIT Masivo. No obstante, en el escrito presentado por la árbitra Polanía, es claro que el
laudo que resolvió el tribunal de Metro Cali vs. GIT Masivo se expidió el <<29 de
noviembre del 2018 y (se) resolvió la solicitud de aclaración y complementación el día 11
de diciembre del mismo año 2018>>. En virtud del numeral 5 del artículo 35 de la Ley
1563 de 2011, el tribunal cesó funciones desde esa fecha 6. Por ello, para efectos del
término del período relativo al deber de información, resulta irrelevante si la sentencia
que resolvió el recurso de anulación contra el laudo fue posterior: la coincidencia con el
apoderado en el proceso arbitral ya había terminado, pues la doctora Polanía ya no se
desempeñaba como árbitra.

11.2.- La segunda circunstancia es la coincidencia de trabajo de la árbitra y el doctor Falla
en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto
ocurrió en 1997.

11.3.- La tercera circunstancia invocada es que la doctora Polanía había sido <<árbitro
de un Tribunal de Arbitramento en el que era parte SOMOS K y que su apoderado
también era el doctor Héctor Falla>>. En el recurso no se precisa la fecha. En todo caso,
la árbitra indicó que la coincidencia ocurrió en un proceso en el que Transmilenio también
fue parte y terminó con un <<laudo (que) se produjo en 2016>>.

B.- El laudo en conciencia o equidad (causal séptima)

12.- El numeral siete del artículo 41 de la Ley 1563 indica que el laudo será anulado por
<<Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo>>.

12.1.- La Subsección consolidó la lectura que debe realizarse de la causal, así:

<<81. Esta causal puede declararse fundada cuando se verifique uno de los tres siguientes
supuestos: cuando el laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho,
cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando en ella se
observe la ausencia de un análisis probatorio7.

82. El primer supuesto alude a la prohibición en cabeza del Tribunal Arbitral de fundamentar
su decisión únicamente en la fuente de la equidad (…).

83. En lo que respecta al segundo de los aludidos supuestos, la jurisprudencia ha sido menos
que uniforme en su determinación. Por una parte, una postura sostiene que, para la
prosperidad del recurso de anulación, debe existir una ausencia total de fundamento jurídico
de la decisión. (…)

6<<ARTÍCULO 35. CESACIÓN DE FUNCIONES DEL TRIBUNAL. El tribunal cesará en sus funciones:

(…)
5. Por la ejecutoria del laudo o, en su caso, de la providencia que resuelva sobre la aclaración, corrección o adición>>.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de abril

de 2017, exp. 55852.

5

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Convocante: Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A.

84. Otra postura sostiene que para considerarse en derecho, el laudo no solo debe hacer
mención a las normas jurídicas en las que fundamenta la decisión, sino que debe apoyar sus
consideraciones sustanciales en el derecho vigente8.

85. Por último, una lectura jurisprudencial más abierta de la causal establece que debe existir
una conexión lógica entre las disposiciones invocadas por el árbitro y la parte resolutiva del
laudo. (…)

86. La Sala comparte esta última postura, pues no es suficiente con que el laudo haga una
simple referencia a una norma constitucional o legal vigente para catalogar a la providencia
como sujeta a derecho, sino que los supuestos fácticos del caso bajo estudio deben poder
subsumirse lógicamente en el fundamento jurídico citado por el Tribunal, de manera
que la fundamentación jurídica sustente lógicamente la decisión. Lo anterior, al margen de
un juicio sobre la pertinencia o corrección sustantiva de los argumentos jurídicos del Tribunal.

87. Ahora, respecto del tercer supuesto planteado, relativo a la ausencia de motivación
probatoria de la decisión, también se encuentran varias posiciones sostenidas por la
jurisprudencia. Al igual que ocurre con tratamiento de la ausencia de motivación sustantiva
de la providencia, una postura considera que solo hay lugar a la anulación del laudo cuando
este no haga “consideración a prueba alguna”9 para fundamentar la decisión.

88. No obstante, frente a esta idea se contrapone otra tesis sostenida por esta Corporación,
que afirma que no solo la inexistencia absoluta del sustento probatorio configura la causal,
sino también la referencia por parte de los árbitros de pruebas que no fundamentan
objetivamente la decisión10. Ello, en la medida en que debe haber una relación clara entre la
valoración probatoria y la decisión adoptada por los árbitros. Además, el Panel Arbitral está
obligado a resolver cada una de las pretensiones y excepciones propuestas con base en un
análisis del material probatorio allegado al proceso11. La Sala comparte esta postura.

89. En este orden de ideas, respecto de la motivación del laudo arbitral, se colige que el juez
de anulación debe encuadrar su análisis en un juicio de validez del laudo. Así, en aras de
determinar si la providencia se profirió en derecho, al juez le corresponde establecer si el
Tribunal incluyó normas jurídicas y material probatorio en su decisión. Adicionalmente, debe
verificar si el derecho positivo y el material probatorio citado por el Panel Arbitral corresponde
efectivamente al fundamento de la decisión y está contextualizado con el caso concreto. Este
segundo análisis resulta esencial, pues evita que tengan efectos jurídicos decisiones
arbitrales que contengan mínimas referencias sobre su fundamento jurídico y probatorio,
descontextualizadas del caso concreto e incoherentes con la parte resolutiva de la decisión12,
incluidas para crear una cortina de humo que esconde una decisión ausente de
motivación>>13.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de agosto de 2001, exp.

19273; Subsección A, Sentencia de 10 de noviembre de 2017, exp. 58875.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 10 de

noviembre de 2017, exp. 58875.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de abril

de 2017, exp. 55852.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 19 de

septiembre de 2019, exp. 62027; Sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. 56347; Sección Tercera, Sentencia de 16
de junio de 2008, exp. 34543.
12 “En lo que tiene que ver con la motivación, como quedó expuesto en la explicación de este criterio con base en los

desarrollos jurisprudenciales, es claro que la inexistencia de motivos en estricto sentido sí constituye un laudo en
conciencia, en tanto así se ha sostenido de manera pacífica al señalar que la falta de motivos de derecho o probatorios
o, incluso, la apariencia de esos fundamentos (bien porque se citan normas o pruebas para dar la apariencia de una
decisión en derecho, en tanto buscan desviar el fundamento subjetivo de la decisión), corresponden a una decisión
subjetiva de los jueces”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 26 de abril de 2017, exp. 55852.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 63513, C.P. Alberto
Montaña Plata.

6

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00131-00 (68550)
Convocante: Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A.

12.2.- En el mismo sentido, la Subsección ha señalado que la interpretación de la causal
no implica estudiar el fundamento jurídico o probatorio de la decisión arbitral y que lo que
se puede estudiar es la ausencia de fundamentación en el laudo.

<<(…) no implica, de manera alguna, estudiar el fondo del litigio, pues el juez de anulación
debe centrar su objeto de estudio en el fundamento del laudo y no en la decisión adoptada
por los árbitros. Así pues, el juez debe limitarse a determinar si la decisión está o no motivada
conforme las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico, al margen de realizar un juicio
sobre la misma. La anterior conclusión se confirma al considerar que, incluso si una decisión
es correcta jurídicamente, si el juez de anulación halla que esta no estaba fundamentada,
debe anular el laudo, con indiferencia de la corrección de la parte resolutiva>>14.

13.- Además, la decisión arbitral es de única instancia y el recurso de anulación no
procede en relación con la decisión de fondo de litigio, ni frente al análisis de los
fundamentos legales o de los medios probatorios, como señala el artículo 42 del Estatuto
Arbitral. Lo que puede estructurar la causal no es una fundamentación jurídica o
probatoria desarrollada de manera equivocada, incluso gravemente equivocada o que se
encuadre en los parámetros que hacen procedente invocar las causales desarrolladas
por la jurisprudencia para la acción de tutela contra las decisiones judiciales15. No es la
calidad o corrección del desarrollo jurídico del laudo lo que puede estudiarse a la luz de
esta causal: es la ausencia de un real fundamento, jurídico o probatorio, de la decisión
que se adopta, lo que puede configurar el fallo en conciencia.

13.1.- Esta circunstancia debe ser cuidadosamente considerada por las partes al
momento de optar por la justicia arbitral y particularmente al momento de determinar
quiénes conformarán el tribunal de arbitramento: el especial conocimiento de la materia
sobre la cual versa el proceso, la experiencia, la dedicación y la capacidad de resolver
imparcialmente el litigio, por parte de los árbitros, constituyen los principales sustentos
de la forma como la ley regula esta institución.

14Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 63513, C.P. Alberto

Montaña Plata.
15En reciente sentencia, la Corte ha reconocido que, aunque debe hacerse un examen más <<riguroso y estricto>>a

los laudos le son aplicables <<las mismas causales, generales y específicas, para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales>>. Corte Constitucional, sentencia T-131 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera. Y, frente a las
causales específicas, la Corte ha indicado que: <<La especialidad de la justicia arbitral frente a cada defecto fue
desarrollada por la Corte en la sentencia T-466 de 2011, la cual por su pertinencia en materia de arbitramento a
continuación se cita in extenso:
“I. Defecto sustantivo: Se presenta cuando (i) los árbitros fundamentan su decisión en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, y en razón de ello desconocen de manera directa un derecho fundamental; (ii) el laudo
carece de motivación material o su motivación es manifiestamente irrazonable; (iii) la interpretación o aplicación que
se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance;
(iv) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias
para efectuar una interpretación sistemática y (v) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende
inaplicada.
(…)
IV. Defecto fáctico: Se presenta en aquellas hipótesis en las cuales los árbitros (i) han dejado de valorar una prueba
determinante para la resolución del caso; (ii) han efectuado su apreciación probatoria vulnerando de manera directa
derechos fundamentales, o (iii) han fundamentado su valoración de las pruebas con base en una interpretación jurídica
manifiestamente irrazonable. Para este Tribunal, es necesario que el error en la valoración probatoria haya sido
determinante respecto del sentido de la decisión finalmente definida en el laudo.”>> (Corte Constitucional, SU-033 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos).

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00131-00 (68550)
Convocante: Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A.

13.2.- La escogencia de los árbitros se hace de común acuerdo entre las partes, luego
de haber examinado cuidadosamente sus calidades, y el desarrollo de la sustentación
que fundamenta la decisión fondo adoptada en el laudo es consecuencia directa de tal
determinación: por eso las partes se someten a una decisión de única instancia, no
obstante que el litigio tenga cuantía o una complejidad muy significativa para ellas. Una
vez proferido el laudo, no puede desconocerse la razón por la que se optó por la justicia
arbitral y pretender que el mismo se anule por aspectos que atañen a la calidad de la
argumentación jurídica o probatoria que debería tener una decisión de esta naturaleza.

13.3.- Al respecto, la doctrina indica que el recurso de anulación tiene un ámbito limitado
por las siguientes razones:

<<Este principio corresponde a una concepción ancestral de este mecanismo alternativo
de solución de controversias y bien vale rememorar, por ejemplo, que los árbitros fueron
establecidos en Grecia por una ley de SOLÓN que consagraba: “Si los ciudadanos quieren
elegir un árbitro para terminar sus diferencias sobre intereses particulares, tomen el que
quieran de común acuerdo, sujétense a lo que haya decidido, sin poder recurrir a otro
tribunal, y sea irrevocable la sentencia del árbitro”16>>17.

14.- Transmilenio sustentó la causal siete, referente a laudo en conciencia o equidad, en
seis circunstancias. Ninguna de ellas da lugar a la anulación del laudo.

I.- Condena en costas

15.- En el recurso se indicó que el tribunal se apartó de la normativa aplicable sobre la
condena en costas por tres motivos, ninguna de las cuales configura el laudo en
conciencia.

16.- Primero, se plantea que el tribunal impuso a Transmilenio el pago del setenta y cinco
por ciento (75%) de los gastos y honorarios del proceso a pesar de que sólo prosperó el
<<25.64% de las pretensiones del convocante>>, con lo que se desconocieron los
artículos 87 de la Ley 1563 de 2012 y 365 del CGP.

17.- El artículo 87 de la Ley 1563 de 2012 no es pertinente porque se aplica a arbitraje
internacional. Y el artículo 365 del CGP sí fue aplicado por el tribunal, que señaló:
<<[t]eniendo en cuenta la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda
formulada por Somos K y la falta de prosperidad absoluta de la demanda de reconvención
planteada por TMSA, de conformidad con el numeral 5º del artículo 365 del Código
General del Proceso el Tribunal habrá de condenar a las partes Convocada y Convocante
a asumir las costas en proporciones de un 75% y un 25% respectivamente>>.

18.- Segundo, el recurrente señala que la tasación de las agencias en derecho no tuvo
en cuenta el numeral 4 del artículo 366 del CGP ni el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5
de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

16Vicente y Caravantes, José, Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según

la nueva Ley de enjuiciamiento, Madrid: Imprenta de Gastar y Roig, Editores, 1856,
17Aguilar Díaz, Roberto. Proceso Arbitral Nacional e Internacional. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Centro de Arbitraje

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Pontifica Universidad Javeriana, 2022, p. 535.
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19.- Es cierto que el numeral 4 del artículo 366 del CGP indica que <<deberán aplicarse
las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura>>. En todo caso, la
decisión no comportaría un apartamiento manifiesto o evidente del derecho aplicable
teniendo en cuenta el ámbito de aplicación del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. Esta norma no señala que sea
aplicable a los procesos arbitrales: <<ARTÍCULO 1º. Objeto y alcance. El presente
acuerdo regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias en derecho y se aplica
a los procesos que se tramiten en las especialidades civil, familia, laboral y penal
de la jurisdicción ordinaria y a los de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo>>.

20.- Tercero, el recurso plantea que el tribunal desconoció la normativa del CPACA sobre
el plazo para imponer el pago de la condena: ordenó a Transmilenio, sin fundamento
legal, realizar el pago dentro de los cinco (5) días siguientes cuando el CPACA prevé que
son diez (10) meses.

21.- La fijación del término de cinco (5) días para el cumplimiento del laudo tampoco
configura en este caso la causal. En la providencia proferida el 3 de abril de 2020, la Sala
concluyó que apartarse sin fundamento de la regulación legal sobre el plazo de pago de
condenas estructuraba un fallo en conciencia 18. En este caso se advierte que, en las
consideraciones del auto que resolvió la solicitud de aclaración del laudo presentada por
Transmilenio, el tribunal expresamente precisó que <<el artículo 192 -cumplimiento de
sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas- del CPACA es asunto de
orden legal que supone un plazo de cumplimiento para la administración, que como su
nombre lo indica implica un plazo adicional al contemplado en una sentencia o laudo
arbitral>>.

II.- El juramento estimatorio

22.- Transmilenio planteó que, de acuerdo con el artículo 206 del CGP y la sentencia C-
157 de 2013, la sanción del juramento de estimatorio procede salvo que la insatisfacción
de <<la carga de la prueba sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la
parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado>>. A pesar de
ello, el tribunal se limitó a indicar que el actuar de la parte convocante fue serio y no fue
<<temerario>>, sin indicar razones acerca de por qué la ausencia de demostración del
monto estimado se debió a <<hechos ajenos a (la) voluntad>> de Somos K.

23.- Este motivo es improcedente para fundamentar el laudo en conciencia por dos
motivos: primero, el tribunal expuso consideraciones que tuvieron en cuenta el artículo
206 del CGP y la sentencia de constitucionalidad sobre su parágrafo (sentencia C-157
de 2013). A partir de lo anterior, en las consideraciones del laudo se señala el convocante
<<hizo un esfuerzo serio y diligente para acreditar el soporte de los daños que reclamó
que, en algunos casos fueron desestimados por el Tribunal, no porque las conclusiones
allí presentadas fueran el resultado de una actuación irreflexiva o imprudente, sino por

18Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 63513, C.P. Alberto

Montaña Plata.
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las razones que aparecen expuestas en cada aparte, que tienen relación
principalmente con razones de orden jurídico sustancial>>.

24.- Segundo, la objeción sobre la suficiencia de las consideraciones para sustentar que
Somos K no actuó temerariamente no estructura la causal, porque claramente el tribunal
aplicó una disposición legal para adoptar su decisión, sin que aquí pueda discutirse la
interpretación que los árbitros hacen de la norma.

III.- El desconocimiento de la competencia del IDU

25.- El recurrente argumentó que el laudo desconoció la competencia de Transmilenio,
pues determinó que era responsable de la malla vial del sistema. Esto implica que ignoró
que ese asunto es de competencia del IDU y, por ende, desconoció el Decreto 831 de
1999.

26.- El laudo, por una parte, tuvo en cuenta el contrato para determinar las obligaciones
de Transmilenio, punto en el cual los árbitros indicaron lo siguiente:

<<(…) dos conclusiones se derivan de esta estipulación en relación con la malla vial y su
estado: (i) por un lado, que lo que de ordinario sería una obligación del Distrito: el
mantenimiento de la malla vial en condiciones razonables, pasó a serlo de TMSA por virtud
del Contrato respecto de Somos K. (ii) Por el otro, y como resultado de lo anterior, que lo
que permite al Concesionario el desarrollo de las actividades de transporte que le
corresponden en virtud del contrato es justamente el conjunto de actividades que
desarrolla TMSA por sí o ante terceros. Así pues, si el estado de la malla vial es
defectuoso, y a pesar de ello el Concesionario debe ejecutar sus obligaciones, por virtud
del Contrato solo sería posible entender que esas condiciones son las que, con la venia
de TMSA, le permiten desarrollar las actividades de la concesión>>.

27.- Por otra parte, el laudo hizo referencia expresa al Decreto 831 de 1999 y tuvo en
cuenta que Transmilenio celebró dos convenios con el IDU, en uno de los cuales se pactó
que el IDU <<reintegrará o compensará a TRANSMILENIO S.A. los valores por concepto
de indemnizaciones, sanciones, cláusulas penales y demás valores que haya tenido que
pagar a favor de los concesionarios cuando quiera que se presenten sobrecostos en la
operación por deterioro o mal estado de la malla vial, cuyo mantenimiento, conservación
y mejora está a cargo del IDU>>.

28.- En el caso concreto, el tribunal dedujo, de disposiciones legales y de cláusulas
contractuales, la existencia de una obligación a cargo de Transmilenio y eso es suficiente
para descartar la estructuración de la causal. En el recurso de anulación la Sala no puede
estudiar la pertinencia o el alcance que los árbitros le otorgaron a tales presupuestos para
imponer las condenas decretadas en el laudo, porque al hacerlo violaría el inciso final del
artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, como se explicó previamente.

IV.- El desconocimiento de que la obligación de mantenimiento era de medio

29.- El recurrente plantea que los árbitros desconocieron que la obligación de
Transmilenio frente al mantenimiento de la malla vial era de medio y no de resultado;

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consistía en informar al IDU las quejas presentadas por el concesionario sobre ese
asunto. Y en ese marco, Transmilenio demostró la debida diligencia en sus actuaciones,
pues no debía garantizar unas condiciones específicas del mantenimiento de las vías
porque sus obligaciones de eran sólo de <<gestión, planeación y control>>. Así, el daño
por el estado de las vías sería imputable al <<IDU, como responsable del estado de las
vías en el distrito capital y/o (sic) a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial, conforme el Acuerdo Distrital 257 de 2006>>. Se afirma que el laudo
se profirió en conciencia porque los árbitros se apartaron de la <<literalidad del contrato
(y) las probanzas que acreditaron la diligencia y las gestiones realizadas ante el Instituto
de Desarrollo Urbano>>. El laudo hubiera sido en derecho si hubiera aplicado <<las
directrices trazadas en los documentos contractuales, en la ley y la normatividad en
cuanto a la implicación de la asunción de obligaciones de medio y no a mutarlas en
obligaciones de resultado>>.

30.- El tribunal fundó sus decisiones en el Contrato y el recurrente lo reconoce
expresamente. La discrepancia sobre la interpretación jurídica de la naturaleza de una
obligación contractual no puede invocarse como constitutiva de la causal de laudo en
conciencia. Incluso, frente la ausencia de competencia de Transmilenio, los árbitros
consideraron expresamente lo siguiente:

<<A nivel distrital, algunas de las normas relevantes incluyen el Decreto 831 de 1999, por
medio del cual se reglamentó el Acuerdo Distrital 004 de 1999 en el cual el Concejo de
Bogotá autorizó la creación de una entidad, como la descrita en la Ley 610. En el Decreto
831, se precisó que Transmilenio tendría la función de gestor del sistema:

“Artículo 3º.- Gestión del Sistema Transmilenio. De Conformidad con los Acuerdos
del Concejo de Santa Fe de Bogotá 6 de 1998 y 4 de 1999, y con el presente
Decreto, le corresponde a TRANSMILENIO S.A., la gestión, organización,
planeación, supervisión, regulación, control y responsabilidad del Sistema de
Transporte Público Masivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital Bajo la
modalidad de Transporte terrestre automotor, en las condiciones que señalen las
normas vigentes y según las políticas generales que determine la Secretaría de
Tránsito y Transporte.” (énfasis añadido)

El Convenio Interadministrativo No. 1 de 31 de julio de 2000 entre Transmilenio S.A.
y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), estipuló, entre otras:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RETARDO EN LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA.
El Instituto de Desarrollo Urbano, reintegrará o compensará a TRANSMILENIO
S.A. los valores por concepto de indemnizaciones, sanciones, cláusulas penales y
demás valores que haya tenido que pagar a favor de los concesionarios cuando
quiera que se presenten sobrecostos en la operación por deterioro o mal estado
de la malla vial, cuyo mantenimiento, conservación y mejora está a cargo del IDU.”

El Convenio 020 del 20 de septiembre de 2001 entre el IDU y Transmilenio:

“CLÁUSULA SEGUNDA.- ESQUEMA DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL: Las partes acuerdan definir un esquema de cooperación
interinstitucional para la ejecución de las obras aún no contratadas de las troncales
del Sistema TransMilenio (…) 6. Sin perjuicio de todo lo anterior, las características
técnicas de las obras, corresponderán a los lineamientos técnicos del sistema que
ha establecido TRANSMILENIO.”
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Con base en estas normas relevantes y en el clausulado del Contrato de Concesión,
procederá el Tribunal al análisis de las pretensiones de Somos K relativas al
incumplimiento de Transmilenio y la indemnización de perjuicios.

(…)

Al leer en forma concordante las disposiciones contractuales, y puntualmente las citadas
en las líneas anteriores de la presente sección, la interpretación no puede ser sino la de
que TMSA tenía a su cargo la responsabilidad por la infraestructura. Contractualmente,
es decir, frente a su co-contratante, ese era un tema de su incumbencia y, por ende,
de su responsabilidad. Bajo dicha premisa, TMSA entrega en el contrato la “tenencia en
administración al CONCESIONARIO como soporte del sistema”, incluyendo “corredores,
estaciones, inmuebles, obras de infraestructura…” y “gestiona, bajo la coordinación de la
Alcaldía Mayor, la ejecución de la infraestructura y la expedición de actos administrativos
que faciliten la implantación del sistema.”

Además, como lo afirma el mismo Contrato, esa infraestructura que se entrega en
administración, consiste en un “conjunto de bienes por los cuales TRANSMILENIO S.A.
es responsable” y, en consecuencia, el contrato dispone que dentro de las obligaciones
de TMSA, está “adelantar por sí o por interpuesta persona” dichas actividades de “gestión,
planeación y control del Sistema TransMilenio, que le permitan al CONCESIONARIO el
desarrollo de la actividad de transporte que es objeto de la presente concesión.”

Al menos dos conclusiones se derivan de esta estipulación en relación con la malla vial y
su estado: (i) por un lado, que lo que de ordinario sería una obligación del Distrito: el
mantenimiento de la malla vial en condiciones razonables, pasó a serlo de TMSA
por virtud del Contrato respecto de Somos K. (ii) Por el otro, y como resultado de lo
anterior, que lo que permite al Concesionario el desarrollo de las actividades de transporte
que le corresponden en virtud del contrato es justamente el conjunto de actividades que
desarrolla TMSA por sí o ante terceros. Así pues, si el estado de la malla vial es
defectuoso, y a pesar de ello el Concesionario debe ejecutar sus obligaciones, por virtud
del Contrato solo sería posible entender que esas condiciones son las que, con la venia
de TMSA, le permiten desarrollar las actividades de la concesión

(…)

6.4.2.2.4. El rol de Transmilenio como ente gestor y su relación con el IDU

El Tribunal estima que resulta menester referirse también al argumento mencionado por
ambas partes de este proceso, concerniente a la relación entre TMSA y el IDU, y el marco
jurídico distrital en relación con las funciones de ambas entidades.

La relación jurídica entre TMSA y el IDU escapa al ámbito de esta controversia y de la
jurisdicción de este Tribunal. El Tribunal considera que las normas del orden distrital a las
cuales se han referido las partes a lo largo del proceso dan cuenta de las relaciones y
mecanismos de interacción entre TMSA como gestor del sistema y el IDU como entidad
distrital encargada de las obras de infraestructura.

No le corresponde a este Tribunal —y no puede hacerlo— pronunciarse sobre relaciones
jurídicas de las partes con terceros, o de los efectos jurídicos de dichas relaciones, en
particular, teniendo en cuenta que esos terceros no forman parte del pacto arbitral, ni
fueron vinculados al proceso a través de figuras como el llamamiento en garantía. Con el
fin de determinar si hay responsabilidad jurídica por el incumplimiento contractual, resulta
irrelevante la relación entre TMSA y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en cuanto a la
manera como estas dos entidades compensen entre ellas los perjuicios o condenas por
cuenta del mal estado de la vía.>>.

V.- La ausencia de prueba del nexo causal
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31.- El recurrente indica que no hubo prueba del nexo causal para atribuirle todo el
perjuicio reclamado al mantenimiento de la malla vial, y resalta que uno de los árbitros
salvó parcialmente el voto porque consideró que existía concausalidad. Así, el tribunal
dejó de lado el material probatorio porque el mal estado de la malla vial no fue la <<única
y exclusiva (…)>> causa de los daños que sufrieron los vehículos. Para ello, se
desarrollaron tres argumentos:

31.1.- Se le otorgó indebidamente <<fuerza probatoria>> a los testigos Mario Sarria Perea
y Vicente Gutiérrez, pese a ser funcionarios de Somos K. Igualmente, hubo una
<<indebida valoración probatoria>> de la base de datos que aportó el testigo Gutiérrez.

31.2.- También hubo una indebida valoración del dictamen pericial aportado por la parte
convocante, porque que este no refirió <<cómo concurren las posibles causas analizadas
en la causación del daño a la flota vehicular de SOMOS K S.A., ni tampoco en qué
proporción lo hacen>>.

31.3.- Aunque hubo pruebas que demostraron <<la concurrencia de posibles causas>>,
ninguna de ellas señala que el mal estado de la malla vial fuera la única causa de los
daños causados a los vehículos de Somos K. Y con ello se desconoció el artículo 2357
del Código Civil.

32.- Este cargo tampoco prospera. Como lo admite el recurrente, se pretende discutir la
<<valoración>> que los árbitros hicieron de varias pruebas del proceso, y está claro que
el tribunal no se apartó de <<las pruebas a su disposición>> ni <<(…) adoptó una decisión
que carece de fundamentos fácticos y jurídicos>>19.

VI.- El desconocimiento de la carga de la prueba

33.- El recurrente indica que el tribunal desconoció el artículo 167 del CGP porque
consideró que Transmilenio debía probar si el sobrepeso de los vehículos agravó el daño
de los mismos: particularmente, si ello ocurría de <<forma cotidiana>> y si ese evento
habría implicado una incidencia en la causación del daño. Los árbitros invirtieron la carga
de la prueba porque Somos K debía probar que los daños fueron <<causados por el
supuesto mal estado de la malla vial>>.

33.1.- El tribunal consideró que con base en las pruebas del expediente y particularmente
con el dictamen pericial, estaba probado que el mal estado la malla vial fue la causa
determinante de los daños a la flota. A partir de ese razonamiento, indicó que, si
Transmilenio alegó la existencia de otra causa que rompiera el nexo o que fuera
constitutiva de concausalidad, debía probarla. En este punto, el tribunal señaló lo
siguiente:

<<Sobre los daños que el mal estado de la malla vial ocasionó en flota de vehículos resulta
concluyente lo señalado en el dictamen pericial del experto Adalberto Prada, quien analizó
la base de datos construida por Somos K a lo largo de la ejecución del contrato, y concluyó

19Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 64768.

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que de los “57.363 registros incluidos en la base de datos original suministrada por Somos
K, 55.420 corresponden a repuestos relacionados con el estado de la malla vial del
sistema TRANSMILENIO, y a su vez se encuentran asociados con 24.850 órdenes de
servicio (de un total de 25761 que contenía la base de datos consultada).”

Dicho dictamen, que no fue refutado en cuanto a la existencia de los daños en la flota de
Somos K por el dictamen de contradicción del experto Vladimir Castro Mendoza,
proporciona a este Tribunal suficiente evidencia de esas afectaciones de naturaleza
extraordinaria que sufrió la flota de vehículos de Somos K desde el año 2011 al año 2002,
como lo resumió el perito de parte Prada en la siguiente gráfica contenida en el Anexo 11
A de su dictamen, cuya causa determinante fue el mal estado de la malla vial a cargo de
TMSA (…)

Efectivamente, además de lo que fue suficientemente acreditado con el dictamen del
perito Adalberto Prada sobre la correlación de la clase de daños presentados en la flota
de Somos K y el mal estado de la malla vial, como ya fue referido, debe indicarse que
TMSA no probó la ocurrencia de ninguna de las circunstancias que mencionó en esa
excepción como posibles causas de los deterioros en la flota, como le correspondía
hacerlo, en tanto esa circunstancias constituirían causa de exoneración de su
responsabilidad>>.

33.2.- De las consideraciones anteriores se infiere que el tribunal de arbitramento dio por
probados los daños con fundamento en el dictamen pericial y el recurrente pretende
discutir tal valoración, lo cual no resulta procedente a través del recurso de anulación.
Para arribar a la conclusión adoptada, el tribunal aplicó también las disposiciones
relativas a la distribución de la carga de la prueba; y el juez de la anulación carece de
competencia para pronunciarse sobre las consideraciones hechas con ese propósito.

C.- La causal 9: el laudo fue congruente

34.- La causal 9 se presentó por dos cargos. Primero, porque el tribunal sólo estudió las
pretensiones tercera y cuarta de la demanda de reconvención y no se pronunció sobre la
pretensión quinta, en la cual Transmilenio solicitó que <<Declarar que SOMOS K S.A. en
el periodo comprendido entre el 10 y el 29 de febrero de 2020, objetó 647 reportes de
incumplimiento, equivalentes a 37.580 KM, sin justificación valida>>. Esto, a diferencia
de las pretensiones tercera y cuarta, en las que Transmilenio pidió que se declarara que
se pactaron y se incumplieron los <<desincentivos operativos>>.

34.1.- En el recurso se indicó que si bien esta pretensión fue formalmente rechazada, tal
decisión se adoptó como consecuencia de que el tribunal <<confundió las diferentes
multas que tiene el contrato>>: sólo se refirió a los <<desincentivos operativos>> —figura
regulada en la cláusula 93 del Contrato, que había sido modificada por el Otrosí del 15
de junio de 2014— cuando en realidad la pretensión hacía referencia a los <<reportes de
incumplimientos>> —que daba lugar a la imposición de multas prevista en la cláusula
117 que versa sobre <<multas por definiciones relacionadas con la operación>>—.

34.2.- A partir de la lectura de la motivación del laudo es claro que, el tribunal consideró
que tanto los desincentivos operativos como los reportes de incumplimiento se
enmarcaban en la imposición de multas prevista en la cláusula 117 del Contrato. En esa
dirección expuso consideraciones sobre el alcance de las estipulaciones del Contrato,

14

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dirigidas a mostrar que, al igual que los <<desincentivos operativos>>, los <<reportes de
incumplimiento>> daban lugar a la imposición de multas o sanciones.

34.3.- En suma, el tribunal sí tuvo en cuenta el argumento de Transmilenio según el cual
la regulación de los desincentivos operativos era diferente a los reportes de
incumplimiento. No obstante, consideró que una interpretación sistemática implicaba que
los desincentivos operativos (cláusula 93) en realidad se enmarcaban dentro de la
cláusula de multas (cláusula 117):

<< En los alegatos (Transmilenio) indicó que, “la cláusula 93 modificada por el Otrosí del
17 de junio de 2014 no se refiere a la imposición de multas -señalados en la pretensión
quinta como reportes de incumplimiento-, sino a la forma de evaluar los indicadores de
operación (...) Siendo diferentes las reglas para la imposición de multas, las cuales se
encuentran establecidas en la cláusula 117 del Contrato que no fue modificada y
permaneció incólume durante toda la vida del contrato (...)”

(…)

Para el análisis de la posición expuesta por TMSA, debe el Tribunal partir del análisis de
la modificación que en materia de la sanción (cláusula 117), contiene el Otrosí del 17 de
junio de 2014. Esta metodología le permitiría al Tribunal dar contenido a la remisión de la
misma cláusula 93 al manifestar que estos desincentivos son “exigibles conforme a la
previsto en el presente contrato.” Debemos determinar en primer lugar a que parte del
contrato debemos remitirnos para complementar la norma de aplicación de esta cláusula
ya que la regulación sobre la imposición de las multas no forma parte de la mencionada
cláusula 93 la que al contrario expresamente nos advierte que serán “exigibles conforme
a lo previsto en el presente contrato”.

(…)

Por otro lado y en relación con el principio de interpretación sistemática del contrato, para
el Tribunal está probado que el mismo contrato contiene las reglas a las que se
remite expresamente la cláusula 93 y que remite al capítulo de regulación de las
Multas y del Fondo de Multas y Bonificaciones cuya aplicación e interpretación
sistémica le da contenido y sustento a las cláusulas que regula el origen, el procedimiento
y la administración financiera de los recursos obtenidos por la aplicación y ejecución de
las sanciones del contrato multas y/o desincentivos. Dicha interpretación además
corresponde a la ejecución misma del Contrato y al trámite que el mismo TMSA dio a las
multas y sanciones impuestas en diciembre del 2018 y enero y febrero del 2019 al
concesionario, lo que permite confirmar la interpretación del Tribunal.

(…)

De esta manera considera el Tribunal innecesario entrar a analizar los argumentos
presentados por SOMOS K para explicar razones o justificaciones que dejen sin causa la
sanción impuesta.

En consecuencia, respecto a la pretensión quinta de la demanda de reconvención resulta
innecesario evaluar los fundamentos fácticos de los 647 reportes de incumplimiento de los
meses de enero y febrero de 2020 que sirvieron de base para la aplicación de las multas
de dichos períodos toda vez que, como ya se dijo, dichos desincentivos carecían de
fundamento contractual para su aplicación>>.

34.4.- Así las cosas, si al resolver la pretensión quinta el tribunal desconoció la naturaleza
jurídica de los reportes de incumplimiento —pues, según el recurrente, eran diferentes a
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los desincentivos operativos—, ello no comporta que haya incongruencia en el laudo. Se
trata de una discrepancia de las consideraciones jurídicas del laudo, que no estructura
esta causal.

35.- Segundo, se planteó un cargo subsidiario: que el laudo es incongruente porque el
tribunal no declaró la concausalidad, con lo que desconoció el artículo 2357 del Código
Civil y la interpretación que el Consejo de Estado y tribunales arbitrales han hecho de la
norma. Esto implica que el <<laudo en comento tuvo como fuente la conciencia o equidad
del panel arbitral, por cuanto no existe sustento jurídico>>, lo cual queda acreditado con
el salvamento de voto de uno de los árbitros.

36.- Este cargo es improcedente. El recurrente admite que sí se resolvió esta pretensión
pero que tal decisión <<tuvo como fuente la conciencia o equidad del panel arbitral>>.
Además, este mismo argumento fue planteado cuando se invocó la causal 7 (laudo
conciencia o equidad): estudiar ese asunto correspondería, entonces, a esta causal, y no
a la causal 9 (incongruencia). En todo caso, la Sala ya se refirió al argumento.

D.- Costas

37.- El inciso final del artículo 4320 de la Ley 1563 de 2012 señala que cuando se declare
infundado el recurso de anulación, se condenará al recurrente al pago de las costas que
serán liquidadas en la misma sentencia. En los términos del numeral 9 del artículo 5º del
Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, las agencias en
derecho se fijan en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La parte
recurrente deberá pagar el mencionado monto a favor de Somos K, sin que existan sumas
adicionales causadas durante el recurso que deban incluirse por concepto de costas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto contra el laudo arbitral del 4 de marzo de 2022 proferido por el tribunal de
arbitramento conformado para dirimir las controversias surgidas entre Sistemas
Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A. y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio
— Transmilenio S.A.

SEGUNDO. CONDÉNASE a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio —
Transmilenio S.A. a pagar las costas a favor de Sistemas Operativos Móviles S.A. —

20<<Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por

el Ministerio Público>>.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00131-00 (68550)
Convocante: Sistemas Operativos Móviles S.A. — Somos K S.A.

Somos K S.A., liquidadas en suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

TERCERO. En firme esta providencia, ARCHÍVESE el presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

17

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