Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00165-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00165-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00165-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00165-00 (68.890)
Convocante: CONSORCIO HIDROTANQUES
Convocado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO
ARBITRAL
Temas: FALLO EN CONCIENCIA – causal prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la
Ley 1536 de 2012 - se configuró, porque el panel arbitral ignoró y omitió valorar unas
pruebas necesarias para decidir / REEMBOLSO DE HONORARIOS – como la ley no hizo
distinción alguna respecto de si la devolución de honorarios por parte de los árbitros
procede ante la prosperidad total o parcial del recurso, el intérprete debe entender que el
respectivo reembolso de los honorarios resulta procedente cuando la impugnación
prospera, bien sea total o también parcial – se rectifica la postura de la Sala en ese
sentido.
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto por
la parte convocante contra el laudo del 31 de mayo de 2022, adicionado el 8 de
junio siguiente, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir
las controversias suscitadas entre el Consorcio Hidrotanques y el Área
Metropolitana de Barranquilla, mediante el cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda arbitral.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En el recurso extraordinario de anulación se invocó la causal prevista en el numeral
7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en tanto, según afirmó la recurrente, el
tribunal de arbitramento dictó un fallo en conciencia, porque, entre otros argumentos,
se omitió la valoración de las pruebas que, por solicitud de la convocante, allegó el
Área Metropolitana de Barranquilla el 23 de septiembre de 2021 al expediente
arbitral.
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00165-00 (68.890)
Convocante: Consorcio Hidrotanques
Convocado: Área Metropolitana de Barranquilla
Referencia Recurso extraordinario de anulación
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda arbitral
Con fundamento en el pacto arbitral contenido en el compromiso suscrito el 23 de
enero de 2020, reformado mediante el otrosí No. 1 del 30 de abril de 2020, se
integró un tribunal de arbitramento para conocer de la demanda que el consorcio
Hidrotanques interpuso el 26 de junio de 20201 en contra del Área Metropolitana de
Barranquilla.
Las pretensiones, entre otras, fueron las siguientes: (i) que se declarara el
incumplimiento del contrato de obra AMB-LP-002-2014 por parte del Área
Metropolitana de Barranquilla; (ii) que se declarara que durante la ejecución de
dicho negocio jurídico se presentaron hechos imprevistos e irresistibles no
imputables al consorcio, que conllevaron a una mayor permanencia en la
ejecución del negocio jurídico; (iii) que se declarara el rompimiento del equilibrio
económico del acuerdo de voluntades y que se ordenara el respectivo
restablecimiento, y que, como pretensión de condena -entre otras-, (iv) se
ordenara el pago de $3.654’094.344,85, por concepto “de los ajustes de acuerdo
con el ICCP DANE”, en favor del consorcio Hidrotanques.
2. El laudo arbitral y la solicitud “de aclaración y de corrección”
2.1. El Tribunal de Arbitramento profirió el laudo el 31 de mayo de 2022, mediante
el cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda arbitral.
Negó la pretensión de incumplimiento alegada, pero declaró que por causas
ajenas a Hidrotanques y atribuibles al Área Metropolitana de Barranquilla el tiempo
de ejecución del contrato de obra en cuestión excedió el plazo pactado de 10
meses, “salvo el periodo correspondiente a las adiciones Nos. 5, 6 y 7 del
contrato”. Como consecuencia, condenó a la entidad convocada al pago de las
siguientes sumas de dinero: $85’225.655, por concepto de las sumas pagadas por
ampliaciones de las garantías otorgadas en desarrollo del negocio jurídico, y
$641’423.201, correspondiente al “ICCP causado sobre las actas de recibo de
obras Nos. 2, 14, 15 y 16 y el acta de recibo final del contrato de obra (...)”2.
1 Reformada el 24 de marzo de 2021.
2 El 8 de junio de 2022, el panel arbitral dictó laudo complementario, en el sentido de ordenar al
Área Metropolitana de Barranquilla reembolsar al consorcio Hidrotanques “las expensas pendientes
de reembolso”, por un valor de $342’078.544, por concepto del 50% de honorarios y gastos del
Tribunal.
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Convocante: Consorcio Hidrotanques
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
Los argumentos esgrimidos por el Tribunal serán expuestos en la parte motiva de
esta providencia.
2.2. El consorcio Hidrotanques, parte convocante, presentó solicitud “de
aclaración y de corrección”3 frente al laudo.
En la petición de aclaración se cuestionó el estudio que hizo el tribunal respecto
de la pretensión de condena relacionada con los “ajustes de acuerdo con el ICCP
DANE”. Sobre el particular, la convocante formuló múltiples interrogantes, entre
otros sobre cuál fue la metodología empleada por los árbitros para calcular dicho
concepto a partir del 7 de abril de 2015 y que por qué “la determinación del ICCP
solo incluyó las actas de ejecución Nos. 2, 14, 15, 16 y 17”.
En la solicitud de corrección, el consorcio Hidrotanques realizó unos cálculos y,
posterior a ello, solicitó la modificación de las sumas establecidas en la condena
por concepto de ajuste con el ICCP.
Mediante auto del 13 de junio de 2022, el tribunal arbitral negó la petición “de
aclaración y de corrección” formulada por la parte convocante.
Frente a la solicitud de aclaración, sostuvo que no recaía sobre conceptos o frases
contenidas en el laudo que ofrecieran motivos de duda en la interpretación o en el
alcance de lo decidido en la parte resolutiva, pues, a juicio de los árbitros, los
argumentos del consorcio Hidrotanques se encaminaron a debatir las razones
jurídicas y probatorias que se esgrimieron en el laudo al resolver la pretensión de
condena relacionada con los ajustes del ICCP.
En cuanto a la petición de corrección, señaló que la parte convocante no fundó tal
solicitud bajo el entendido de que el laudo incurrió en errores aritméticos, sino que
con aquella buscaba modificar los criterios jurídicos que el Tribunal Arbitral adoptó
para realizar los cálculos que arrojaron el valor de la condena.
3 La parte convocante presentó solicitud de “aclaración, corrección y adición” del laudo; sin
embargo, el tribunal arbitral, en el auto que resolvió sobre esa petición, precisó lo siguiente: “pese a
que el escrito de la parte demandante indica que el asunto de este es una solicitud de aclaración,
corrección y adición, el tribunal no encontró en realidad ninguna solicitud de adición” y, por tal
razón, analizó tal solicitud en el entendido de que se enmarcó en una “de aclaración y de
corrección”.
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
No obstante los anteriores argumentos que tuvo en cuenta el tribunal de
arbitramento para negar la solicitud “de aclaración y de corrección”, los árbitros
dieron respuesta a cada una de las inquietudes planteadas por la convocante4.
3. El recurso extraordinario de anulación y su trámite
Dentro de la oportunidad legal prevista, el consorcio Hidrotanques interpuso
recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, con fundamento en la
causal contemplada en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
porque, a su juicio, los árbitros dictaron un fallo en conciencia y no en derecho.
Los argumentos expuestos como sustento de la causal invocada serán plasmados
en la parte considerativa de esta providencia.
3.1. El Área Metropolitana de Barranquilla, parte convocada, señaló que debe
declararse infundada la causal de anulación invocada, porque la decisión arbitral
se dictó con apego al ordenamiento jurídico y con la respectiva valoración de las
pruebas allegadas al proceso.
3.2. El Ministerio Público conceptuó en el sentido de que el recurso extraordinario
de anulación no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la parte recurrente,
bajo la excusa de que se dictó un laudo conciencia, presentó argumentos de
inconformidad en relación con aspectos fácticos y jurídicos – sustanciales
expuestos en la decisión arbitral, los cuales, en los términos del artículo 42 de la
Ley 1563 de 2012, el juez de la anulación no puede modificar ni calificar.
3.3. Mediante auto del 11 de octubre de 2022, el despacho conductor del proceso
admitió el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el consorcio
Hidrotanques.
4 Esto se dijo en el respectivo auto: “Por consiguiente, tanto las solicitudes de aclaración como la
de corrección no corresponden materialmente al objeto de una verdadera aclaración ni de una
verdadera corrección en los términos fijados en la ley procesal y en la jurisprudencia; siendo
apenas aparentes en su formulación. En el sentir del tribunal, las tres consideraciones
anteriores son suficientes para negar las solicitudes de aclaración y corrección presentada,
y así se decidirá; ahora bien, sin perjuicio alguno de lo anterior y solo para mayor énfasis y
total claridad, a continuación, el tribunal analizará en particular cada una de estas
solicitudes” (se destaca).
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Jurisdicción y competencia
A la Sala le corresponde el conocimiento del presente recurso extraordinario de
anulación, tal como quedó consignado en el auto admisorio del 11 de octubre de
2022, en la medida en que una de las partes de la controversia derivada del
contrato de obra No. AMB-LP-002-2014, que se resolvió con el laudo arbitral del
31 de mayo de 2022, es una entidad pública -Área Metropolitana de Barranquilla-5.
Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 1563 de
20126.
2. Interposición oportuna del recurso
El artículo 40 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el recurso extraordinario de
anulación debe interponerse ante el tribunal de arbitramento dentro de los 30 días
siguientes a la notificación del laudo arbitral o de la providencia que resuelva
sobre su aclaración, corrección o adición.
Al igual como se expuso en el auto admisorio del 11 de octubre de 2022, la Sala
destaca que las solicitudes de aclaración y de adición frente al laudo arbitral del 31
de mayo de 2022 se resolvieron mediante providencia del 13 de junio de este año,
la que se notificó por estrados, de manera que los 30 días para presentar el
recurso extraordinario de anulación comenzaron a correr a partir del siguiente día
hábil, desde el 14 de junio hasta el 29 de julio de 2022.
En ese sentido, como el recurso extraordinario de anulación se interpuso el mismo
29 de julio de 2022, se concluye que se presentó en tiempo.
5 Entidad pública del orden territorial.
6 “Artículo 46. Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos
arbitrales, será competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde
hubiese funcionado el tribunal de arbitraje.
“Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión de laudos arbitrales la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia.
“Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
3. Caso concreto
Con el propósito de resolver lo pertinente, la Sala realizará unas consideraciones
preliminares sobre la causal de anulación invocada y luego hará referencia a los
cargos planteados en el recurso extraordinario interpuesto por la convocante, con
el correspondiente análisis de cada uno de ellos.
3.1. Consideraciones generales de la Sala acerca de la causal prevista en el
numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012
La mencionada norma dispone:
ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales
del recurso de anulación (...) 7. Haberse fallado en conciencia o equidad,
debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta
en el laudo.
Sobre el particular, conviene señalar que del artículo 1°7 de la Ley 1563 de 2012
se desprende que el arbitraje en derecho constituye la regla general aplicable en
aquellas controversias originadas con ocasión de un contrato estatal, de ahí que
el legislador haya erigido una causal de anulación del laudo bajo el supuesto de
haberse fallado en conciencia o en equidad, cuando debía ser en derecho.
En múltiples pronunciamientos8 de esta Subsección se ha hecho referencia a las
consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-173 de
20159, con el propósito de definir lo atinente al fallo en conciencia. En dicha
providencia, (i) además de referirse a la respectiva causal de anulación, (ii)
también se delimitó el alcance del recurso extraordinario.
En relación con el punto (ii), la Corte dijo que el recurso extraordinario de
anulación es un mecanismo restrictivo y excepcional que se limita a cuestionar
7 “Artículo 1°. DEFINICIÓN, MODALIDAD Y PRINCIPIOS (...) En los tribunales en que intervenga
una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido
por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y
liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en
derecho”.
8 Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección de la Sección Tercera
del Consejo de Estado: (i) sentencia del 19 de febrero de 2021, expediente No. 66.067, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez; (ii) sentencia del 10 de septiembre de 2020, expediente No. 65.136, M.P.
María Adriana Marín, y (iii) sentencia del 13 de diciembre de 2019, expediente No. 62.209.
9 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
errores in procedendo, los cuales comprometen la ritualidad de la actuación
procesal, y no aspectos de fondo -errores in iudicando-, por cuanto en este último
evento se obraría como un juez de segunda instancia10, lo cual se opone a la
naturaleza del trámite arbitral como proceso de única instancia y a la condición
exceptiva y taxativa de las causales del recurso11.
En lo que concierne al punto (i), la Corte Constitucional, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, sostuvo que el fallo en conciencia se
caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de
orden jurídico, con prescindencia del ordenamiento positivo y de acuerdo con su
íntima convicción y el sentido común, teniendo en cuenta su leal saber y entender,
lo cual se identifica con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada.
En ese contexto, atendiendo a la sentencia de la Corte Constitucional y a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, ha de advertirse que la causal de anulación
relativa al fallo en conciencia no se puede estructurar a partir de la formulación de
reproches contra el análisis normativo y probatorio efectuado en el laudo, por
cuanto el recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia
del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación de la
ley aplicable ni la valoración de las pruebas realizadas por el tribunal arbitral.
Lo afirmado en el párrafo anterior encuentra sustento en el inciso final del artículo
42 de la Ley 1563 de 2012, que consagra lo siguiente: “(…) La autoridad judicial
competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia,
ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
Adicionalmente, para ahondar en el alcance que se le ha dado a la causal de
anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011, resulta
pertinente traer a colación lo expuesto en la providencia dictada el 17 de agosto
10 En la referida sentencia de la Corte se consideró: “En este punto, se destacó que la competencia
del Juez Contencioso en materia de anulación, se contrae a revisar los errores in procedendo,
pues, salvo excepciones legales, no hace parte de la órbita de competencia del Juzgador el
conocimiento de errores in iudicando, siendo estos más propios de una segunda instancia y el
recurso de anulación no tiene tal condición”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de diciembre de 2019, expediente No. 62.209.
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
de 2017 por esta Subsección12, en la que se realizó un recorrido jurisprudencial
de dicha causal y con base en el cual se extrajeron las siguientes conclusiones:
• Que el arbitraje puede ser en derecho, técnico13 o en equidad, pero
cuando se trata de contratos estatales solo están permitidas las dos primeras
modalidades, de manera que el arbitramento en equidad está proscrito en
conflictos de esta índole.
• Que existen diferencias entre el laudo en conciencia y el laudo en equidad
y, desde luego, entre estas dos modalidades y el laudo en derecho. Que el laudo
en conciencia se estructura cuando los árbitros se fundan exclusivamente en su
íntima convicción y prescinden de toda consideración jurídica y probatoria,
mientras que el laudo en equidad se configura cuando los árbitros inaplican la ley
al caso concreto porque consideran que es inicua, o cuando buscan una solución
al asunto en particular por fuera del ámbito de la ley.
• Que el laudo en conciencia está proscrito del ordenamiento jurídico
colombiano y el laudo en equidad está permitido cuando la controversia objeto del
arbitraje sea entre particulares, de ahí que, en el marco de un conflicto derivado
de un contrato estatal, tales decisiones serían anulables de acuerdo con lo
previsto en la causal contemplada en el numeral 7 de la Ley 1563 de 2012, que
dispone: “Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho”.
• Que el laudo en derecho debe ser proferido con fundamento en el
“derecho positivo vigente”, de modo que (i) no basta la simple referencia de una
norma constitucional o legal para que se repute como tal, en cuanto resulta
necesario que la norma positiva esté hilada en el análisis argumentativo que
sustenta la decisión, y (ii) supone que la norma debe estar vigente en el
ordenamiento jurídico para que tenga la virtualidad de fundar la decisión.
• Que la decisión en derecho debe estar fundada en las pruebas aportadas
al proceso arbitral, pues sería en conciencia si se adopta con prescindencia
de la prueba necesaria para soportar la decisión o con carencia absoluta de
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente No. 56.347.
13 “El laudo arbitral que se produce como resultado del arbitraje técnico está excluido del recurso
extraordinario de anulación previsto en el ordenamiento jurídico; por tanto, la decisión que se
adopta en ese tipo de arbitraje es definitiva” (ibidem).
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
un juicio jurídico valorativo de la prueba, en cuanto en estos casos
respondería a una decisión sustentada solamente en la íntima convicción del
juzgador.
3.2. Lo alegado por el consorcio Hidrotanques como sustento de la causal
invocada y el correspondiente análisis de cada uno de los cargos planteados
De manera general, en el recurso extraordinario de anulación se alegó que el
laudo carece de justificación normativa, en tanto se encuentra soportado en el leal
saber y entender de los árbitros. A juicio del consorcio Hidrotanques, la decisión
arbitral se dictó con desconocimiento del ordenamiento jurídico y de las pruebas
aportadas por el Área Metropolitana de Barranquilla el 23 de septiembre de 2021.
Concretamente, la parte recurrente alegó cuatro cargos frente al laudo14:
• Primer cargo: que en el laudo se plasmaron consideraciones
subjetivas, “carentes de sustento jurídico al valorar la extensión del plazo
contractual del contrato de obra”
La recurrente alegó que en el laudo arbitral, sin ningún sustento normativo y
probatorio, se afirmó, por una parte, que existió un retardo extraordinario y
desproporcionado, más allá de lo razonablemente previsible en la extensión del
plazo del contrato, y, por otro lado, “que hay extensiones del plazo contractual que
forman parte del alea ordinaria del mismo y que, por ende, debía asumir el
contratista conforme al objeto y contexto del mismo”.
Luego de transcribir unos apartes del laudo15, el consorcio Hidrotanques destacó
que el tribunal de arbitramento realizó consideraciones subjetivas y desconoció lo
consignado en los documentos que adicionaron el plazo del contrato de obra, así
como las causas que originaron esas adiciones. Agregó que las suscripciones de
los contratos adicionales Nos. 5, 6 y 7 no le eran imputables, en tanto la firma de
esos acuerdos de voluntades, entre otras razones, obedeció a las fuertes lluvias
ocurridas en la época y a la necesidad técnica que surgió con ocasión de la
instalación de la tubería GRP 1200 mm. Adicionalmente, en el recurso
14 Se precisa que en esta providencia se estudiarán cada uno de los cargos o de los argumentos
planteados por la parte recurrente, pero en un orden distinto al señalado en el recurso, por razones
metodológicas.
15 Páginas 113 a 115 del laudo.
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extraordinario se indicó que “se desconoce que el contrato de obra expresamente
establece que no se concederán prórrogas salvo por causa no imputable al
contratista debidamente comprobado o cuando el AMB lo considere necesario”.
Resolución del primer cargo. La Sala precisa que en los apartes del laudo16 que
citó el consorcio en el recurso de anulación se observa que los árbitros, en
relación con el plazo del contrato, consideraron que aquel se extendió de manera
extraordinaria y desproporcionada frente a los 10 meses inicialmente pactados,
por causas imputables ajenas al consorcio contratista, afectándose así el equilibrio
económico del negocio jurídico, pero, a la vez, el panel arbitral precisó que hubo
unos períodos en la prolongación del plazo de ejecución del acuerdo de
voluntades que provinieron de “circunstancias que forma[ban] parte del alea
ordinaria del mismo [se refiere al contrato] y que, por ende, debía asumir el
contratista conforme al objeto y contexto del mismo”.
16
A continuación, se transcriben algunos de los apartes del laudo a los cuales hizo referencia la
parte recurrente en el recurso extraordinario de anulación: “A ese respecto y como se ha expuesto
en acápites precedentes, las demoras para dar inicio a la ejecución del contrato, a la luz del
material probatorio obrante, no permiten dar por configurado un incumplimiento contractual de
parte del Área Metropolitana de Barranquilla; pero sí constituyen un escenario de retardo
extraordinario y desproporcionado, más allá de lo razonablemente previsible, circunstancia que no
resulta atribuible al consorcio contratista. En ese sentido, tomando como fecha de referencia para
la suscripción del acta de inicio el estándar ya indicado del 6 de junio de 2014, y aplicando el
término de ejecución pactado de 10 meses, previsto desde los pliegos de condiciones definitivos y
que dio lugar a la corrección del plazo inferior inicialmente establecido en el contrato, se tiene que
el estándar razonable en cuanto al momento de terminación de la ejecución del contrato es que
esta debía finalizar, en principio, el 6 de abril de 2015 (…) De otra parte, el contrato continuó su
ejecución por un periodo de tiempo desproporcionadamente largo frente a los 10 meses
inicialmente previstos, más allá de lo razonablemente previsible en la materia y por causas no
imputables al consorcio contratista que no correspondían al alea ordinario del contrato de obra. Ello
fue expuesto en el acápite sobre la calificación jurídica de la prolongación del término de ejecución,
por cuanto gran parte de ese lapso de tiempo no resulta atribuible al contratista en tanto que alea
extraordinaria y constituye prima facie una causal válida de afectación al equilibrio económico del
contrato. Sin embargo, como también se demostró en el acápite en comento, el periodo de tiempo
dentro del cual puede jurídicamente entrar a verificarse la ocurrencia de desequilibrio económico
del contrato no incluye los siguientes intervalos, en los cuales la prolongación del plazo de
ejecución no proviene ni del ejercicio del ius variandi por vía de reformulaciones del proyecto, ni de
la falta de interventoría del contrato, ni al alea extraordinaria del contrato; sino, por el contrario, a
circunstancias que forman parte del alea ordinaria del mismo y que, por ende, debía asumir el
contratista conforme al objeto y contexto del mismo. Es el caso, concretamente de los siguientes
periodos: i) del 28 de agosto de 2017 al 23 de noviembre de 2017 (corresponde al periodo del
Otrosí modificatorio #5); ii) del 11 de enero de 2018 al 13 de junio de 2018 (corresponde a acta de
reinicio luego de superadas las causas de la suspensión, más el adicional #6 y el adicional #7); y
iii) del 12 de abril de 2019 al 15 de julio de 2019 (corresponde al adicional No. 12 que excluye
expresamente la posibilidad de desequilibrio económico). En síntesis, el tribunal encuentra que,
desde el 7 de abril de 2015, y por fuera de los tres periodos antes indicados, procede verificar si,
además de la variación de circunstancias que objetivamente pueden alterar la ecuación contractual
en detrimento del contratista, la parte actora probó que lo anterior tuvo efectivamente incidencia en
los costos de ejecución del contrato (análisis subjetivo); en particular, respecto de la variación por
el paso del tiempo de precios unitarios pactados en mayo de 2014 con la suscripción del contrato y
su anexo sobre ítems, precios unitarios y cantidades” (páginas 113 a 115 del laudo).
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00165-00 (68.890)
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
En lo que respecta a los contratos adicionales Nos. 5, 6 y 7 -los cuales, en
términos del recurrente, fueron desconocidos en el laudo-, los árbitros
consideraron que entre el 1° de septiembre de 2017 y el 17 de junio de 2018 se
materializaron las referidas adiciones, las cuales obedecieron a distintas causas,
tales como: dificultades meteorológicas, técnicas y físicas, períodos festivos e
intervención de terceros. Sobre el particular, el tribunal consideró lo siguiente:
El tribunal estima que sobre el lapso cubierto por estos eventos no es
susceptible de aplicarse la restauración del equilibrio económico del
contrato, porque las causas presentadas, aunque ajenas al contratista,
corresponden a aleas propios del contrato sobre los cuales el contratista
debe asumir el riesgo, salvo circunstancias excepcionales que no se
observan en ninguno de estos casos.
Así las cosas y manera de conclusión: el tribunal reconoce que la demora en
suscribir el acta de inicio del contrato de obra, sus tres suspensiones y todas
las adiciones a este, salvo las Nos. 5, 6 y 7, son susceptibles de tenerse en
cuenta a efectos de aplicar el restablecimiento del equilibrio económico
del contrato, si se prueba que este fue quebrantado, punto que se estudiará
en los numerales siguientes sobre cada una de las pretensiones de condena
(subrayas y negrillas fuera del texto original)17.
Lo expuesto permite señalar que no tiene asidero lo alegado por la parte
recurrente, en el sentido de que en el laudo se plasmaron consideraciones
carentes de sustento jurídico en relación con la extensión del plazo del negocio
jurídico, de ahí que no se haya dictado un laudo en conciencia en lo que a este
punto se refiere, pues los árbitros tuvieron en cuenta los contratos adicionales
Nos. 5, 6 y 7, así como las causas que originaron su suscripción, al punto de que
concluyeron que esas causas, aunque ajenas al contratista, correspondían “a
aleas propios del contrato sobre los cuales el contratista debe asumir el riesgo”.
En la medida en que la inconformidad que plantea el consorcio Hidrotanques
cuestiona el análisis que hizo el tribunal de arbitramento respecto de los contratos
adicionales y las causas que originaron su suscripción, el mismo no puede ser
revisado por esta Subsección, en tanto el recurso extraordinario de anulación no
constituye una segunda instancia del proceso arbitral.
17 Páginas 58 a 62 del laudo arbitral.
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• Segundo cargo: que el laudo aplica una metodología sin sustento
jurídico respecto del ajuste de los índices ICCP.
En el recurso extraordinario de anulación, previa transcripción de unos apartes del
laudo arbitral18 en relación con el cálculo del ajuste del ICCP, Hidrotanques
sostuvo lo siguiente (transcripción literal, incluso con posibles errores);
Para el caso que nos ocupa el Tribunal de Arbitramento está calculando
ajustes de obra en periodos acaecidos entre 2016, 2017, 2018 y 2019,
vigencias en las cuales no existía la metodología base diciembre 2020=100
Aplicada por los honorables Árbitros en el Laudo. Cabe anotar, que la
metodología vigente entre 2016, 2017, 2018 y 2019 es diciembre de
2005=100,00. Razón por la cual los ajustes calculados por el Consorcio
Hidrotanques es la adecuada a la vigencia de dicha metodología. En razón a
que se utilizan índices presentes (están dentro de la vigencia de dicho estudio
estadístico).
En el Laudo Arbitral se aplicaron Índices diciembre 2020=100,00. Norma
metodológica que no existía mientras se ejecutaba el contrato: años 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019. Es decir, utilizaron índices extrapolados anteriores
diferentes a los índices vigentes según la metodología diciembre
2005=100,00. Al utilizar índices metodología base diciembre 2020= 100,00 se
aprecia que los índices son totalmente diferentes.
Resolución del segundo cargo. En la página 117 del laudo se consignó lo que a
continuación se transcribe:
(...) para esta verificación de desequilibrio económico por variación de precios
de la construcción en el tiempo, se requiere utilizar un índice económico o
deflactor, que permite saber si en un periodo de tiempo los precios variaron
hacia el alza o baja. Del mismo modo, se requiere identificar cuáles son los
ítems previstos cuyo precio unitario se fijó en mayo de 2014 y que fueron
ejecutados y cuyo valor y cantidades fueron reconocidos mucho tiempo
después. Igualmente se requiere la fecha inicial y la fecha final entre las
cuales se revisará si hubo variación de precios por el paso del tiempo, en
razón del impacto del fenómeno inflacionario sobre los costos de la
construcción.
Para lo primero se acudirá, como lo solicitó la convocante, al índice de
costos de la construcción pesada – ICCP que calcula mensualmente el
DANE. Como lo indica esta entidad en su portal oficial, ‘(…) este índice,
publicado por el DANE, interesa a un amplio público como las entidades
gubernamentales, los gremios y las empresas privadas que están vinculadas a
las actividades de construcción pesada. Se utiliza para el reajuste de contratos
de obra como deflactor de series de inversión relacionadas con la construcción
18 Páginas 117 a 122 del laudo arbitral.
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pesada en el país, (…)’19. El ICCP se calculó por el Estado colombiano hasta
diciembre de 2021, pues a partir de 2022 se pretende migrar hacia el nuevo
índice ICOCIV - Índice de costos de la construcción de obras civiles.
Luego, en el acápite del laudo arbitral denominado “22.3.4. Determinación del
valor del ajuste a reconocer conforme a los criterios jurídicos y económicos
expuestos”, los árbitros consideraron lo siguiente:
De conformidad con los parámetros y criterios anteriormente fijados, el
Tribunal procedió en primer lugar a verificar que los índices ICCP
publicados por el DANE para los periodos que van del 7 de abril de 2015 a
las respectivas fechas de pago de las Actas de recibo No. 2, 14, 15, 16 y final,
reflejaban un aumento en los costos de la construcción en función del paso del
tiempo. En efecto, el ICCP aumentó entre los años 2015 y 2019, lo que de
entrada permite confirmar la viabilidad en el caso concreto del ajuste a título
de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
En segundo lugar, se tomaron cada uno de los ítems previstos, con las
cantidades, precio unitario y valores parciales contenidos en cada una de las
cinco (5) actas que pudieron ser verificadas en el expediente; con el fin de
establecer el valor de cada acta parcial de obra que se desprende del tener en
cuenta únicamente los ítems previstos. Estos ítems son los identificados con la
misma nomenclatura empleada en el APU contenido en el anexo al contrato
de obra, titulado ‘Cantidades de obra y presupuesto’. Los demás ítems,
identificados en las respectivas actas con un número precedido de las letras
‘ITNP’ y correspondientes a los ítems no previstos, no fueron tenidos en
cuenta para este ejercicio.
En tercer lugar, se aplicó el ajuste con el ICCP a los valores de cada acta sin
los ITNP. La diferencia entre el valor del acta sin ITNP pero ajustada con el
ICCP y el valor previamente calculado del acta original sin ITNP, nos arroja el
valor del ajuste ICCP por cada acta.
Para calcular el ajuste ICCP se partió de la siguiente fórmula:
𝑽acta x 2022 = (𝑰⁄𝑰o) ∗ 𝑽acta𝑥
I= Índice ICCP a la fecha de pago de la respectiva acta
Io= Índice ICCP a la fecha inicial de ajuste establecida (07/04/2015)
𝑽acta𝑥 = Valor del acta original sin ITNP (ítems no previstos)
Con base en la información publicada por el DANE y teniendo en cuenta la
metodología y los parámetros expuestos, en el laudo arbitral se realizó el cálculo
correspondiente20.
19 Cita original: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic20.pdf.
20 Así puede verse en las tablas que se consignaron en las páginas 120 y 121 del laudo arbitral.
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En este punto resulta importante traer a colación unos apartes del auto por medio del
cual el tribunal arbitral negó la petición “de aclaración y de corrección” formulada
por el consorcio Hidrotanques. La Sala precisa que, si bien la negativa de dicha
solicitud obedeció, principalmente, a que sus argumentos se encaminaron a
debatir las razones que se esgrimieron en el laudo al resolver la pretensión de
condena relacionada con los ajustes del ICCP, lo cierto es que los árbitros, “solo
para mayor énfasis y total claridad”, en el auto optaron por abordar y precisar cada
uno de los cuestionamientos21 que planteó la convocante en la referida petición.
A continuación, sobre los índices ICCP tenidos en cuenta por el tribunal arbitral
para el cálculo de la condena, en el respectivo auto se indicó:
Pero, además, en este punto de la solicitud el apoderado de la parte
demandante formula una serie de preguntas que, insistimos, más que
aclaración, pues no versan realmente sobre frases o conceptos contenidos en
el laudo, lo que buscan es sustentar una oposición al criterio fijado por el
tribunal. No obstante, en aras de la absoluta claridad en la decisión, el tribunal
precisa lo siguiente:
(i) Los cuadros contenidos en la página 120 y 121 toman información de las
actas de recibo que reposan en el expediente y a partir de las cuales fue
posible identificar de los valores reconocidos, cuáles corresponden a ítems
previstos inicialmente y cuáles corresponden a nuevos ítems o ítems no
previstos, a partir de la diferenciación que estableció y sustentó el tribunal.
Sobre cada acta se tomó como fecha inicial el momento a partir del cual el
riesgo en la variación de precios fue asumido por el Área Metropolitana, hasta
el momento de pago de cada una de esas actas, tomando el ICCP fijado por
el DANE para el respectivo periodo; tal como se explicó en el numeral 22.3.3.
del laudo. Posteriormente, en el numeral siguiente de la parte motiva se
expuso en detalle la metodología de cálculo del ajuste a reconocer (...) (ii)
Y, en cuanto a los índices ICCP, como se indica al inicio del numeral
22.3.4., página 119 del laudo, el tribunal utilizó los índices publicados por
el DANE vigentes al momento de hacer la liquidación de la condena por
este concepto (...).
Ello se ve luego reflejado en las dos primeras tablas incluidas en la página
120 del laudo, como quiera que los ICCP allí utilizados son exactamente los
mismos que publicó el DANE en su sede electrónica, disponibles en el
siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indice-de- costos-de-la-construccion-pesada/historicos-iccp.
21
Entre otros cuestionamientos, el consorcio Hidrotanques planteó los siguientes interrogantes en
su solicitud de “de aclaración y de corrección” (transcripción literal, incluso con posibles errores):
“¿Cuál es la metodología de cálculo utilizada, o cómo se calcularon u obtuvieron los cuadros
indicados en las páginas 120 y 121 del Laudo Arbitral, anexar bases, variables y demás
componentes?”, “¿Qué índices fueron utilizados para la determinación de los ajustes indicados en el
laudo arbitral. Anexar certificado?”
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En dicha página web aparecen los Índices de Costos de la Construcción
Pesada (ICCP) Históricos y desde ahí pueden descargarse los últimos anexos
disponibles, correspondientes al histórico hasta diciembre de 2021, contenidos
en un archivo Excel que igualmente puede descargarse mediante el siguiente
enlace:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/anexos_icc
p_dic21.xlsx.
Como se señala en dicha publicación del DANE, se trata de la información
oficial del total nacional 2000-2021 (base diciembre de 2020, actualizado
el 28 de enero de 2022) del ICCP - Índices serie empalme según canasta
general y grupos de obra. Por consiguiente, el ICCP empleado en las dos
primeras tablas que trae la página 120 del laudo, para cada una de las
fechas ahí señaladas, corresponde exactamente al denominado ‘Total
ICCP’ del mes y año respectivo, tomado directamente del DANE22 (se
destaca).
Como se observa de todo lo transcrito, la Sala destaca que en el laudo se explicó la
metodología para calcular lo atinente al pago que le correspondía al consorcio
Hidrotanques por concepto de ajustes por el índice ICCP y, en relación con estos, el
tribunal arbitral tuvo en cuenta los publicados por el DANE, los vigentes al momento
en que se realizó la liquidación de la condena -según la información oficial para ese
momento-, tal como terminó de precisarse en el auto que resolvió la petición “de
aclaración y de corrección” que formuló la parte convocante frente al laudo.
No es posible, entonces, señalar que los árbitros no sustentaron jurídicamente la
metodología que aplicaron respecto de los índices ICCP, pues de las mismas
consideraciones del laudo arbitral se evidencia un fundamento jurídico, el análisis
con el que se arribó a la fórmula que se plasmó para calcular el ajuste del ICCP, así
como también que se tuvo en cuenta la información oficial del DANE al respecto, lo
que deja en evidencia que lo que realmente pretende la parte recurrente con este
cargo es cuestionar los razonamientos del tribunal sobre tal punto, cuestión que no
es viable, porque al juez de la anulación le está vedado calificar las motivaciones
jurídicas del laudo.
Así las cosas, y contrario a lo expuesto por el consorcio Hidrotanques, la Sala
descarta el cargo alegado, en cuanto a que el laudo aplicó una metodología sin
sustento jurídico respecto del ajuste de los índices ICCP.
22 Páginas 16 y 17 del auto que negó la petición “de aclaración y de corrección” que formuló la
parte convocante frente al laudo arbitral.
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• Tercer cargo: que el laudo “no tuvo en cuenta en la valoración del
dictamen aportado por el consorcio que el AMB [Área Metropolitana de
Barranquilla] no aportó la totalidad de la información técnica requerida y que
el mismo se fundamentó en documentos contractuales reconocidos por las
partes y que no fueron tachados de falso”.
La parte recurrente señaló que en el dictamen pericial que aportó el consorcio
Hidrotanques se plasmó que la convocada no entregó todos los documentos que
se encontraban en su poder, tales como el informe final de interventoría, las
reformulaciones Nos. 1, 2 y 3 y el concepto de interventoría que se realizó sobre
ellas, entre otros.
Manifestó que “la ausencia de esta información es la que el mismo Tribunal
recalca que carece el dictamen pericial técnico aportado para demostrar el
incumplimiento del AMB en las reformulaciones del proyecto, al indicar que no se
hicieron comparaciones entre los diseños iniciales y finales”. También señaló que
el panel arbitral no tuvo en cuenta que el dictamen pericial se realizó con
fundamento en los documentos contractuales reconocidos por las partes.
Resolución del tercer cargo. Lo que se observa con este cargo es que la parte
convocante, so pretexto de la causal de anulación invocada, relativa al fallo en
conciencia, cuestiona la valoración probatoria que realizó el tribunal arbitral del
dictamen pericial23, a partir de la cual este negó la pretensión de incumplimiento
que Hidrotanques le atribuía al Área Metropolitana de Barranquilla en lo que
concierne a las obligaciones relacionadas con las reformulaciones del proyecto24.
23 Aportado por el consorcio Hidrotanques.
24 A continuación, se transcriben los apartes en los que el tribunal de arbitramento realizó la
valoración del dictamen pericial de cara al incumplimiento alegado respecto de las obligaciones
relacionadas con las reformulaciones del proyecto (páginas 38 a 58 del laudo): “17.
Incumplimiento por parte del Área Metropolitana de las obligaciones contractuales sobre la
reformulación del proyecto. El consorcio demandante alega que este incumplimiento contractual
ocurrió durante la ejecución del contrato de obra, y consiste en que el proyecto tuvo que ser
reformulado, lo que causó la suspensión del contrato y adiciones en su plazo, prolongándose así
su ejecución en el tiempo. Sobre este particular, el tribunal anticipa su conclusión de que no
declarará configurado este incumplimiento, porque las reformulaciones realizadas al proyecto
constituyen ejercicio válido de la prerrogativa otorgada por la Ley 80 de 1993 a las entidades
estatales contratantes para modificar el contrato celebrado a efectos de ajustarlo al logro de los
objetivos perseguidos, tal y como pasamos a explicar (...) 17.3. Conclusiones del tribunal sobre
este alegato de incumplimiento. Revisadas las reformulaciones efectuadas, el tribunal considera
que no quedó establecido probatoriamente en el proceso que las suspensiones y adiciones al
contrato de obra sustentadas en la necesidad de su reformulación hubiesen podido evitarse con
una mayor rigurosidad en la elaboración de los estudios previos. Al respecto, se recuerda que el
consorcio convocante indicó en los fundamentos jurídicos de la demanda que el Área Metropolitana
de Barranquilla habría incumplido su deber de actuar de buena fe y/o su deber de entregar
16
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Es así que ante la evidencia de que la recurrente ataca el análisis probatorio
realizado por los árbitros frente al dictamen pericial que aportó el consorcio
Hidrotanques en el proceso arbitral y teniendo en cuenta que, en los términos del
inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, el juez de anulación no puede
corregir la valoración probatoria hecha por el panel arbitral, la Sala descarta el
cargo planteado por la convocante.
• Cuarto cargo: que en el laudo se advierte una ausencia de valoración
de las pruebas solicitadas por el consorcio Hidrotanques y que fueron
decretadas por el panel arbitral y aportadas por el Área Metropolitana de
Barranquilla.
Señaló que el 3 de mayo de 2021 el consorcio solicitó que se oficiara a la entidad
convocada para que remitiera “la totalidad de las comunicaciones y documentos
que conforman el expediente contractual del contrato de obra No. AMB-LP-002-
2014 y que no han sido objeto de publicación en la plataforma SECOP”, petición a
la que accedió el tribunal arbitral mediante auto del 20 de agosto de 2021 y, según
dijo, en cumplimiento de esa providencia, el 23 de septiembre de 2021 el Área
Metropolitana de Barranquilla allegó la respectiva documentación.
En relación con “la pretensión de ajustes por el índice ICCP del Dane”, dijo que en
el laudo se sostuvo que, con el fin de verificar los ítems previstos que se
ejecutaron por el contratista -que se recibieron y que se reconocieron por la
información adecuada para el desarrollo del proyecto (...) En ese sentido, como lo hizo la parte
convocante, basó sus alegatos en lo concluido al respecto por el dictamen pericial (...)De
todo lo antes expuesto queda claro para el panel arbitral que el dictamen no da razones
técnicas que, desde el punto de vista de la ingeniería, permitan considerar que el proyecto
revisado y viabilizado por el Ministerio de Vivienda y los estudios previos usados para el
proceso de selección y posterior adjudicación del contrato de obra no era en realidad viable
por no estar en fase definitiva. En realidad, como lo indicó el dictamen de contradicción aportado
por la convocada, más allá de la descripción de documentos, cifras, ítems, cronología de la
ejecución, no se observan críticas específicas a los diseños originales (...) A juicio del tribunal
arbitral, tal inferencia no está basada en la ingeniería y constituye en realidad una falacia
lógica y argumentativa conocida como Non sequitur, pues a pesar de que las premisas de
una afirmación resulten ciertas, ninguna de ellas conduce inexorablemente a concluir que la
causa de todo debe ser que los diseños iniciales no estaban en fase definitiva. Es por ello
que se considera que el dictamen técnico no satisface los mínimos de eficacia de la prueba
pericial de conformidad con el artículo 226 del CGP (...). En particular, no sobra recordar que a
la luz de la precitada disposición ‘Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en
él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que
los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones’ (...) Por lo anterior, el
tribunal considera y concluye que la reformulación del proyecto y las circunstancias que en
ese sentido llevaron a la extensión del plazo del contrato no constituyen en forma alguna
incumplimiento contractual por parte del Área Metropolitana” (se destaca).
17
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entidad contratante-, la prueba idónea eran las actas de recibo de obras, tanto las
parciales como la final, y que el consorcio Hidrotanques aportó varios documentos
que no correspondían a dichas actas sino “a proyecciones de las mismas en
espera de ser refrendadas con fines de ajustes, ninguno de los cuales
corresponde al formato empleado por la contratante y las cuales carecen de la
firma del interventor. Es el caso de las actas de recibo parcial No. 1 a 13”25.
Frente a este punto del laudo en cuestión, la parte recurrente señaló que presentó
solicitud de aclaración y de corrección, con el interrogante de por qué la
determinación del ICCP solamente incluyó las actas de ejecución de obras Nos. 2,
14, 15, 16 y 17, pero que el tribunal de arbitramento, mediante auto del 13 de junio
de 2022, reiteró las consideraciones expuestas en la decisión arbitral.
Luego de precisar lo anterior, en el recurso extraordinario se alegó que el panel
arbitral no tuvo en cuenta la carpeta digital denominada “parte8.rar”, la cual fue
aportada por el Área Metropolitana de Barranquilla mediante correo electrónico el
23 de septiembre de 2021, dirigido al secretario del tribunal de arbitramento. Se
dijo que en la referida carpeta estaban las actas parciales de obra Nos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, que no fueron valoradas por los árbitros, en desconocimiento
del derecho fundamental al debido proceso. Se añadió que dichas actas debieron
valorarse y que el tribunal de arbitramento no debió afirmar que el consorcio
Hidrotanques incumplió con la carga procesal de aportarlas, toda vez que esos
documentos fueron allegados por la entidad convocada en la respectiva
oportunidad procesal.
Resolución del cuarto cargo. Con el fin de resolver este cargo, a continuación se
transcriben algunos apartes del laudo arbitral que citó el consorcio Hidrotanques
en el recurso extraordinario de anulación, relacionados con el análisis de “la
pretensión de ajustes por el índice ICCP del Dane”, que fueron los siguientes:
2. Pago de ajustes por el índice ICCP del DANE
(…).
25 En el recurso extraordinario de anulación se transcribieron, entre otros apartes del laudo, el
siguiente: “En otros términos, la convocante solamente aportó las actas de recibo No. 14, 15 y 16,
más el acta de recibo final, las cuales sí contienen la integridad de información y las firmas de la
interventoría. Ahora bien, revisado el expediente, el Tribunal encuentra que el acta de recibo No. 2
obra dentro del Informe mensual No. 10 del interventor Consorcio Agua 14, febrero de 2016
(páginas 208 a 227, aportado por la parte convocada). Así las cosas, se considera que no será
posible verificar en concreto lo correspondiente a las Actas de recibo No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13 y se tendrán únicamente en cuenta las Actas de recibo No. 2, 14, 15, 16 y el Acta de
recibo final de la obra”.
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22.1. Pretensión y oposición de la parte demandada
(…).
22.2. Lo probado en este proceso
(…).
(vii) Que en consonancia con algunos aspectos expuestos en el punto anterior,
se observa que las únicas pruebas documentales de las actas de recibo que
obran en el expediente y que reúnen los requisitos básicos de corresponder al
formato empleado en la relación contractual y, sobre todo, contar con fecha
cierta, descripción de ítems, cantidades ejecutadas, valores, amortizaciones,
así como las firmas de los interesados, especialmente la del interventor del
contrato de obra, son únicamente las siguientes: el acta de recibo parcial No. 2
(contenida en el informe mensual No. 10 del interventor Consorcio Agua 14,
febrero de 2016, páginas 208 a 227, aportado por la parte convocada); las
actas de recibo parcial Nos. 14, 15 y 16; y el acta de recibo final de obra,
aportadas por la parte convocante como anexos de la demanda
(…).
2.3. Consideraciones del tribunal con fundamento en lo probado en este
proceso.
22.3.1. Condiciones de procedencia jurisdiccional del ajuste de precios por los
efectos del paso del tiempo.
(…).
22.3.2. Identificación de circunstancias objetivas y razonablemente
imprevisibles que afectarían el equilibrio económico.
(…)
22.3.3. Verificación de afectaciones subjetivas específicas en las
circunstancias donde no había tratamiento exigible al contratista del riesgo de
variación de precios con base en el ICCP.
(…).
Para verificar cuáles fueron los ítems previstos que se ejecutaron por el
contratista y se recibieron y reconocieron por la entidad contratante, la prueba
idónea son las actas de recibo de obras, tanto parciales como final, como
quiera que en ellas se identifica cada ítem (los previstos aparecen allí con el
mismo código y precio unitario fijado en el anexo de cantidades de obra y
presupuesto del contrato de obra suscrito), su precio unitario finalmente
reconocido, las cantidades, valores a pagar, descuento por amortización del
anticipo y demás información relevante para esta operación. Al respecto, se
observa que la parte actora aportó varios documentos que no corresponden a
actas de recibo sino a proyecciones de las mismas en espera de ser
refrendados con fines de ajuste, ninguno de los cuales corresponde al formato
empleado por la contratante y los cuales carecen de la firma del interventor.
Es el caso de las actas de recibo parcial No. 1 a 13. En otros términos, la
convocante solamente aportó las actas de recibo No. 14, 15 y 16, más el acta
de recibo final, las cuales si contienen la integridad de información y las firmas
de la interventoría.
(…)
Ahora bien, revisado el expediente, el Tribunal encuentra que el acta de recibo
No. 2 obra dentro del Informe mensual No. 10 del interventor Consorcio Agua
14, febrero de 2016 (páginas 208 a 227, aportado por la parte convocada). Así
las cosas, se considera que no será posible verificar en concreto lo
correspondiente a las Actas de recibo No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
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y se tendrán únicamente en cuenta las Actas de recibo No. 2, 14, 15, 16 y el
Acta de recibo final de la obra26.
Ha de señalarse que en la solicitud de “de aclaración y de corrección” el
consorcio Hidrotanques planteó el siguiente interrogante: “¿Por qué la
determinación del ICCP solo incluyó las actas de ejecución de obras Nos. 2, 14,
15, 16 y 17?”. Al respecto la Sala precisa que, en lo que a este punto concierne,
en la providencia por medio de la cual los árbitros negaron la referida petición se
consideró lo que a continuación se transcribe de forma literal:
(…) se precisa que la información contenida en el dictamen pericial no
permitía hacer el ejercicio por no distinguir entre ítems inicialmente acordados
y nuevos ítems. Por lo anterior, el tribunal procedió a hacer el ajuste a partir de
las actas de recibo de obras contenidas en el expediente, las cuales sí
contenían esta distinción. Por lo mismo, las actas que no obran en el
expediente no pudieron ser objeto de ajuste, y si esto pretende
reprocharlo la parte actora, ello se debió a su propia omisión probatoria
al no haber aportado todas las actas [luego transcribió unos apartes del
laudo arbitral27] (…) Más aún fue tanto el cuidado que tuvo el tribunal, que el
acta de recibo No. 2 solo pudo incluirse porque ‘…revisado el expediente, el
Tribunal encuentra que el acta de recibo No. 2 obra dentro del informe
mensual No. 10 del interventor Consorcio Agua 14, febrero de 2017 (páginas
208 a 227, aportado por la parte convocada)28. Producto de lo anterior fue que
se concluyó que, ‘Así las cosas, se considera que no será posible verificar en
concreto lo correspondiente a las Actas de recibo No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13 y se tendrán únicamente en cuenta las Actas de recibo No. 1, 14,
15, 16 y el Acta de recibo final de la obra’29. Ello guarda, además, plena
concordancia y coherencia argumentativa con lo expuesto en las páginas 109
a 110 del laudo30, donde se había previamente establecido lo probado en el
proceso sobre este específico asunto (se destaca).
26 Páginas 106 a 118 del laudo arbitral.
27 Estos fueron los apartes del laudo que transcribieron los árbitros en el auto por medio del cual
negaron la solicitud de “de aclaración y de corrección”: “Para verificar cuáles fueron los ítems
previstos que se ejecutaron por el contratista y se recibieron y reconocieron por la entidad
contratante, la prueba idónea son las actas de recibo de obras, tanto parciales como final, como
quiera que en ellas se identifica cada ítem (los previstos aparecen allí con el mismo código y precio
unitario fijado en el anexo de cantidades de obra y presupuesto del contrato de obra suscrito), su
precio unitario finalmente reconocido, las cantidades, valores a pagar, descuento por amortización
del anticipo y demás información relevante para esta operación. Al respecto, se observa que la
parte actora aportó varios documentos que no corresponden a actas de recibo sino a proyecciones
de las mismas en espera de ser refrendados con fines de ajuste, ninguno de los cuales
corresponde al formato empleado por la contratante y los cuales carecen de la firma del interventor.
Es el caso de las actas de recibo parcial No. 1 a 13. En otros términos, la convocante solamente
aportó las actas de recibo No. 14, 15 y 16, más el acta de recibo final, las cuales si contienen la
integridad de información y las firmas de la interventoría”.
28 Original de la cita: “Página 118”.
29 Original de la cita: “Página 118”.
30 Original de la cita: “(vii) Que en consonancia con algunos aspectos expuestos en el punto
anterior, se observa que las únicas pruebas documentales de las actas de recibo que obran en el
expediente y que reúnen los requisitos básicos de corresponder al formato empleado en la relación
contractual y, sobre todo, contar con fecha cierta, descripción de ítems, cantidades ejecutadas,
valores, amortizaciones, así como las firmas de los interesados, especialmente la del interventor
del contrato de obra, son únicamente las siguientes: el acta de recibo parcial No. 2 (contenida en el
informe mensual No. 10 del interventor Consorcio Agua 14, febrero de 2016, páginas 208 a 227,
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
Previo a abordar el cargo planteado en el cuarto argumento, esta Subsección se
referirá al decreto de la prueba que supuestamente no fue tenida en cuenta por el
tribunal de arbitramento. A continuación, se hace el respectivo recuento:
En el curso de la primera audiencia de trámite, el tribunal arbitral decretó las
pruebas solicitadas por las partes mediante auto del 20 de agosto de 2021. En
concreto, los árbitros accedieron a la solicitud probatoria que hizo la convocante el
3 de mayo de 202131, cuando se le corrió traslado para que se pronunciara sobre
las excepciones de mérito formuladas por la convocada en la contestación de la
reforma de la demanda. Esto se plasmó en el referido auto:
3°. Documentos adicionales solicitados por la parte convocante. En el escrito
allegado el 3 de mayo de 2021, con el cual la convocante descorre el traslado de las
excepciones de mérito formuladas en la contestación de la reforma de la demanda,
esta solicita que la parte convocada aporte a este proceso los siguientes documentos
que están en su poder: (i) La totalidad de las comunicaciones y documentos que
conforman el expediente contractual del contrato de obra No. AMB-LP-002-2014,
y que no han sido objeto de publicación en la plataforma SECOP (…).
En consecuencia, el tribunal ordena al Área Metropolitana de Barranquilla que en el
término de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia allegue al
expediente electrónico de este proceso, los documentos descritos en los numerales (i)
(…) de este apartado.
Para tal efecto, se dispone que todos los documentos que remita la convocada
deberán ser presentados en formato PDF, debidamente identificados y organizados en
carpetas electrónicas con sus ítems, de acuerdo con la forma en que la prueba ha sido
decretada, y aportados al expediente por medios electrónicos, debiendo estos
enviarse al correo albertoperdomopinto@gmail.com, buzón electrónico de la
secretaría de este tribunal (se destaca).
El 23 de septiembre de 2021, en cumplimiento de la mencionada providencia32, el
Área Metropolitana de Barranquilla, parte convocada, remitió al correo electrónico
albertoperdomopinto@gmail.com los documentos que conformaban “el expediente
aportado por la parte convocada); las actas de recibo parcial Nos. 14, 15 y 16; y el acta de recibo
final de obra, aportadas por la parte convocante como anexos de la demanda”.
31 En el aludido escrito del 3 de mayo de 2021 la parte actora solicitó lo siguiente (se transcribe de
forma literal, incluso con posibles errores): “(…) Solicito decretar, practicar y tener como pruebas,
las siguientes. OFICIOS: Solicito respetuosamente al H. Tribunal Arbitral que se sirva oficiar al
Área Metropolitana de Barranquilla para que remita: - La totalidad de las comunicaciones y
documentos que conforman el expediente contractual del contrato de obra No. AMB-LP-002-2014,
y que no han sido objeto de publicación en la plataforma SECOP (…)”
32 Posteriormente, el tribunal arbitral, de oficio, modificó el plazo otorgado a la convocada para que
aportara los documentos que se le solicitaron a través del auto del 20 de agosto de 2021,
concediéndole el término de 1 mes.
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
contractual del contrato de obra No. AMB-LP-002-2014, y que no han sido objeto
de publicación en la plataforma SECOP”, que adjuntó y organizó en 9 carpetas33.
En auto del 27 de octubre de 2021, el tribunal arbitral incorporó al expediente, en
calidad de prueba, los documentos remitidos por la parte convocada mediante el
correo electrónico del 23 de septiembre de 2021, “los cuales serán evaluados
por el tribunal en la oportunidad procesal correspondiente” (se destaca).
En el acápite del laudo denominado “III. Pruebas decretadas y practicadas en este
proceso” se consignó, entre otras cosas, lo siguiente: “12. Solicitud de documentos
por la parte convocante con el escrito que descorrió las excepciones de mérito la
parte convocante solicitó que la parte convocada aporte documentos que fueron
allegados al expediente del proceso el 23 de septiembre de 2021 (…)”.
Realizado el respectivo recuento, la Sala advierte que los documentos que se
allegaron vía correo electrónico al expediente arbitral el 23 de septiembre de 2021,
por parte del Área Metropolitana de Barranquilla -parte convocada-, se encuentran
organizados en 9 carpetas digitales y que, en efecto, en la carpeta “parte8.rar” se
adjuntaron las actas de recibo de obras, de la No. 1 a la No. 12, las cuales, según
se alegó en el recurso extraordinario de anulación, no fueron valoradas por el
tribunal arbitral.
Se precisa que, en relación con los documentos que aportó el consorcio
Hidrotanques -parte convocante- al expediente arbitral, en el laudo se afirmó que
aquellos no correspondían a actas de recibo de obras sino a proyecciones que se
encontraban en espera de ser refrendados con fines de ajuste -que no contaban
con el formato empleado por el Área Metropolitana de Barranquilla y que carecían
de la firma del interventor-, a lo que agregó que era “el caso de las actas de recibo
parcial No. 1 a 13”.
Sobre el particular, y contrastando lo consignado en el laudo con lo alegado en el
recurso extraordinario de anulación objeto de estudio, la Sala advierte que la parte
recurrente no cuestiona la valoración que hizo el panel arbitral respecto de las
33 En el informe del 30 de septiembre de 2021, rendido por el secretario del tribunal arbitral, se dejó
constancia de lo siguiente: “Señores árbitros, informo que el 23 de septiembre de 2021 se recibió
correo electrónico enviado por la parte convocada con archivos adjuntos, remitido con copia al
apoderado de la parte convocante y al agente del Ministerio Público, por el cual manifiesta que fue
contactado el 15 de septiembre de 2021 vía WhatsApp por la apoderada de la convocante para
preguntarle por información que la convocada debía enviar, luego de lo cual procedió, el mismo
día, a trasladar la solicitud al Área Metropolitana de Barranquilla”.
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“actas de recibo de parcial” que aportó Hidrotanques, sino que ataca el hecho de
que los árbitros hayan ignorado los documentos que, por solicitud de la parte
convocante, el 23 de septiembre de 2021 allegó el Área Metropolitana de
Barranquilla -en cuya carpeta “parte8.rar” obran las actas de recibo parcial obra,
con la respectiva firma del interventor-, prueba que fue decretada, allegada
oportunamente e incorporada al expediente arbitral, tal como se vio atrás.
En efecto, revisado el laudo en lo que concierne al análisis que realizaron los
árbitros respecto de la pretensión de condena relativa al “pago de ajustes por el
índice ICCP del DANE”, la Sala observa que no se tuvieron en cuenta las pruebas
aportadas por la parte convocada el 23 de septiembre de 2021, dentro de las
cuales, concretamente en la carpeta digital “parte8.rar”, se encontraban las actas
de recibo de obras, de la No. 1 a la 1234, con la firma del interventor. Esto
significa que, sin hacer ningún juicio valorativo sobre los documentos que allegó el
Área Metropolitana de Barranquilla, el panel arbitral adoptó la determinación de
que a la convocante le correspondía la suma de $641’423.201, por concepto del
“ICCP causado [únicamente] sobre las actas de recibo de obras Nos. 2, 14, 15 y
16 y el acta de recibo final del contrato de obra (...)” (se destaca).
Es cierto que en el estudio de la aludida pretensión de condena el tribunal de
arbitramento se refirió a las pruebas que aportó el consorcio Hidrotanques con la
demanda arbitral; sin embargo, en lo que a este punto interesa, ha de destacarse
que los árbitros ignoraron y pasaron por alto la prueba documental que allegó el
Área Metropolitana de Barranquilla el 23 de septiembre de 2021 -las actas de
recibo de obras, con la firma del interventor-, pues en el laudo no se observa
consideración alguna sobre su valoración, ni tampoco se evidencia una
justificación acerca de que haya sido excluida del material probatorio35.
Lo que hay que decir es que tales documentos fueron decretados por solicitud de
la convocante, allegados oportunamente por la convocada en la fecha aludida e
34 Tales documentos, que se encuentran en la carpeta digital “parte8.rar”, se identifican así: “ACTA
DE RECIBO PARCIAL No. 1” del 15 de enero de 2016; “ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2” del 29
de febrero de 2016; “ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3” del 30 de julio de 2016; “ACTA DE
RECIBO PARCIAL No. 4” del 31 de octubre de 2016; “ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5” del 31
de enero de 2017; “ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6” del 2 marzo de 2017; “ACTA DE RECIBO
PARCIAL No. 7” del 2 de mayo de 2017; “ACTA PARCIAL No. 8” del 2 de agosto 2017, “ACTA
PARCIAL No. 9” del 31 de octubre de 2017; “ACTA PARCIAL No. 10” del 31 de marzo de 2018 y
“ACTA PARCIAL No. 12” del 21 de agosto de 2018. Se precisa que en dicha carpeta digital no obra
el acta de recibo No. 11.
35 Conviene señalar que en el auto por medio del cual el tribunal resolvió la petición “de aclaración
y de corrección” tampoco se hizo referencia a las pruebas que, por solicitud de la convocante,
allegó el Área Metropolitana de Barranquilla el 23 de septiembre de 2021.
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incorporados por los árbitros, en calidad de prueba, mediante auto del 27 de
octubre de 2021, providencia en la cual, además, se consignó lo siguiente: “serán
evaluados por el tribunal en la oportunidad procesal correspondiente”.
Resulta claro, entonces, que sin justificación alguna el panel arbitral omitió la
valoración de las pruebas allegadas por el Área Metropolitana de Barranquilla,
concretamente las contenidas en la carpeta digital “parte8.rar”, en la cual se
hallaban las actas de recibo de obras, de la No. 1 a la 1236, con la respectiva
firma del interventor, documentos que resultaban necesarios para decidir sobre la
pretensión de condena relativa al “pago de ajustes por el índice ICCP del DANE”.
Sobre la configuración de la causal de anulación de fallo en conciencia, por
cuestiones probatorias, esta Subsección recientemente consideró:
Cabe destacar que, en materia probatoria, solo cuando sin justificación
alguna el laudo excluye totalmente del análisis los elementos de prueba
u omite la valoración de las probanzas necesarias para resolver el
asunto, surge la decisión o fallo en conciencia, vicio este que, por el
contrario, no ocurre cuando los árbitros valoran las probanzas de manera
distinta a la que las partes consideran correcta, o fundan la providencia en
medios probatorios diferentes a los que el censor estima que debieron tenerse
en cuenta37 (se destaca).
A su vez, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación ha
considerado:
[L]a Sala (…) remite al desarrollo que sobre este criterio se hizo, en el
entendido que se exige del laudo su fundamentación en las pruebas
legalmente aportadas al proceso. Luego, si no hay fundamento probatorio o
sin justificación se desconoce o se aparta de las pruebas, se estará
frente a una decisión claramente subjetiva de los árbitros38 (se destaca).
Por su parte, la Subsección C de esta Sección ha sostenido lo siguiente:
La jurisprudencia de la Corporación indica que se ha fallado en conciencia
cuando se decide sin pruebas de los hechos que sustentan las pretensiones o
36 Se advierte que en la carpeta digital “parte8.rar” no obra el acta de recibo No. 11, tal como se
indicó en el pie de página No. 33 de la presente providencia.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 29 de julio de 2022, expediente No. 68.482, M.P. María Adriana Marín.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de abril de 2017, expediente No. 55.852, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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las excepciones, es decir, sin tener en consideración las pruebas que
obran en el plenario39 (se destaca).
En el caso concreto se advierte la ausencia absoluta de valoración de las
pruebas40 que, por solicitud de la convocante, allegó el Área Metropolitana de
Barranquilla el 23 de septiembre de 2021 -las actas de recibo de obra, que se
encuentran en la carpeta “parte8.rar”-, error que es manifiesto, lo que impone
declarar fundado parcialmente el recurso, con base en la causal de anulación
prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, lo cual significa
que se dictó en conciencia, únicamente en lo que se refiere al análisis de la
pretensión de condena consistente al “pago de ajustes por el índice ICCP del
DANE”41.
En ese sentido, la Subsección anulará el numeral 2.2. del ordinal segundo de la
parte resolutiva del laudo en cuestión, en el cual se condenó a la parte convocada
que le pagara al consorcio Hidrotanques la suma de $641’423.201,06, por
concepto del “ICCP causado sobre las actas de recibo de obra Nos. 2, 14, 15 y 16
y el acta de recibo final del contrato de obra (...)”42.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 14 de octubre de 2021, expediente No. 66.758, M.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
40 Resulta conveniente precisar que en diferentes fallos de tutela proferidos por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha señalado que se incumple el requisito de
subsidiariedad cuando se cuestionan laudos arbitrales por defecto fáctico al no valorar pruebas
obrantes en el expediente, toda vez que el mecanismo idóneo para ello es el recurso extraordinario
de anulación (causal de fallo en conciencia, numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012). Ver
los siguientes: (i) sentencia del 19 de junio de 2020, radicado No. 110010315000201905083 01
(AC) PRINCIPAL– PROCESOS ACUMULADOS: 1100010315000201905247-00;
1100010315000201905253-00; 1100010315000201905341-00; y 110010315000202000211-00;
actor: Episol S.A.S., y (ii) sentencia del 6 de noviembre de 2020, radicado11001-03-15-000-2020-
00828-01 (AC); actor: Cedelca; M.P. José Roberto Sáchica Méndez
41 Los árbitros señalaron que la convocante únicamente aportó las actas de recibo No. 2, 14, 15 y
16, con las cuales resolvió la pretensión de condena relativa al “pago de ajustes por el índice ICCP
del DANE, porque frente a las otras actas (Nos. No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13), que
también se allegaron con la demanda, el panel arbitral sostuvo que aquellos documentos no
correspondían a actas de recibo sino a una simples proyecciones, que, por demás, carecían de la
firma del interventor; no obstante lo anterior, como se ha precisado en el cuerpo del fallo, la parte
convocante no cuestiona la valoración que se realizó frente a esas “actas”, sino que reprocha que
el tribunal de arbitramento no tuvo en cuenta las pruebas que, por solicitud de la convocante, allegó
la convocada el 23 de septiembre de 2021, en las cuales se hallaban las actas de recibo de obras,
de la 1 a la 12, con la respectiva firma del interventor.
42 A continuación, se transcribe el numeral 2.2. del ordinal segundo de la parte resolutiva del laudo:
“Segundo: Como consecuencia de la declaración emitida en el numeral anterior, condenar al Área
Metropolitana de Barranquilla a pagar al Consorcio Hidrotanques las siguientes sumas de dinero
por los siguientes conceptos (...) 2.2. Seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos veintitrés mil
doscientos un pesos con seis centavos ($641.423.201,06), incluida indexación hasta la fecha de
este laudo, por concepto del ICCP causado sobre las actas de recibo de obra Nos. 2, 14, 15 y 16 y
el acta de recibo final del contrato de obra No. AMBLP-002-2014, conforme se solicitó en la tercera
pretensión de condena de la demanda reformada y de acuerdo con la liquidación contenida en el
numeral 22.3.4. de la parte motiva de este laudo”.
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A manera de precisión, la Sala advierte que el referido numeral y no otro es el que
debe anularse, porque la ausencia de valoración de las pruebas ya señaladas
repercute únicamente en el análisis de la pretensión de “pago de ajustes por el
índice ICCP del DANE”, la cual fue concedida por el panel arbitral, aunque no en
el monto solicitado en la reforma de la demanda arbitral. Aunque los árbitros
accedieron de manera parcial a dicha súplica43, se aclara, en todo caso, que la
anulación no puede recaer respecto del ordinal tercero de la parte resolutiva del
laudo arbitral, en el que se consignó lo siguiente: “Denegar las demás
pretensiones declarativas y condenatorias de la demanda reformada”, porque la
expresión “demás” solamente comprende las pretensiones que realmente fueron
negadas y no las que fueron concedidas, aun de manera parcial, como es el caso
de la pretensión de condena de “pago de ajustes por el índice ICCP del DANE”.
No está de más precisar que en esta decisión la Sala no se está pronunciando
sobre el fondo de la controversia, ni tampoco calificando o modificando las
valoraciones probatorias expuestas por el tribunal arbitral, pues lo que se
evidenció de manera manifiesta, valga insistir, es que los árbitros omitieron valorar
unas pruebas que eran necesarias para decidir sobre el punto ya mencionado.
En conclusión, como se anulará parcialmente el laudo arbitral cuestionado, en lo
que atañe al numeral 2.2. del ordinal segundo de su parte resolutiva, producto de
la configuración de la causal prevista en el numeral 7 de la Ley 1563 de 2012, la
Sala advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 44 ibidem, la
43 En la parte motiva del laudo se consignó lo siguiente: El tribunal negará esta pretensión en los
términos y por el valor en que fue solicitada, y solo accederá a ella parcialmente, esto es, en
lo relativo a los ítems de las actas de recibo de obra Nos. 2, 14, 15, 16 y acta de recibo final,
siempre que no sean ítems adicionales a los contenidos en el Análisis de Precios Unitarios (APU)
del contrato, porque conforme se expuso en la parte motiva de este laudo, especialmente en su
numeral 22, en este proceso no se aportaron todas las actas de recibo de obra. Conforme a lo
indicado en el numeral 22.3.4. de este laudo, esta pretensión se concederá por valor de seiscientos
cuarenta y un millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos un pesos con seis centavos
($641.423.201,06), incluida indexación hasta la fecha de este laudo (se destaca)”. En este punto la
Sala advierte que resultan equívocas las afirmaciones del tribunal arbitral, toda vez que, si bien en
la primera parte dice que niega la pretensión en los términos y por el valor en que fue solicitada,
luego señala que la concede parcialmente. Al margen de esa imprecisión, se considera que el
estudio de las actas de recibo de obra corresponde a una única pretensión (pago de ajustes por el
índice ICC del DANE) y lo cierto es que el tribunal arbitral, en el numeral indicado, se pronunció
sobre ella y la concedió parcialmente en el numeral 2.2. del ordinal segundo del laudo, de ahí que
deba anularse aquel numeral y no otro.
44 “Artículo 43. Efectos de la sentencia de anulación. Cuando prospere cualquiera de las causales
señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás
casos, este se corregirá o adicionará.
Cuando se anule el laudo por las causales 1 o 2, el expediente se remitirá al juez que corresponda
para que continúe el proceso a partir del decreto de pruebas. La prueba practicada dentro del
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parte interesada podrá convocar de nuevo un tribunal para que decida sobre ese
aspecto, en el que se conservarán las pruebas debidamente practicadas.
4. Reembolso de honorarios
El inciso final del artículo 48 de la Ley 1563 de 2012 establece que “si el recurso
de anulación prospera con fundamento en las causales 3 a 5 y 7 previstas en
esta ley, los árbitros reembolsarán a las partes la segunda mitad de los honorarios
recibidos” (se destaca).
Se observa que el legislador consagró la consecuencia de que los árbitros deben
reembolsar la segunda mitad de los honorarios recibidos en el evento en que el
recurso de anulación prospere -con fundamento en esas causales-, sin precisar
que la aludida consecuencia únicamente opera cuando aquel prospera totalmente.
Bajo esa óptica, como la ley no hizo distinción alguna respecto de si la devolución
de honorarios procede ante la prosperidad total o parcial del recurso, el intérprete
debe entender que el reembolso de los honorarios por parte de los árbitros resulta
procedente cuando la impugnación prospera, bien sea total o también parcial.
Es cierto que la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación ha
señalado que cuando prospera parcialmente el recurso no es dable ordenar a los
árbitros el reembolso de los honorarios recibidos45, pero ello no es impedimento
para que en esta oportunidad se rectifique dicha postura, ante el correcto
entendimiento que hay que darle a la norma en mención, toda vez que, como
acaba de verse, no existe fundamento legal para abstenerse de ordenar el
reembolso de los honorarios en los eventos en que el recurso prospera de manera
parcial, pues el artículo 48 de la Ley 1563 de 2012 no prevé ese supuesto.
proceso arbitral conservará su validez y tendrá eficacia, respecto de quienes tuvieron la
oportunidad de controvertirla.
Cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal
arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas, y en lo posible
las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación (…)” (se destaca).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de
octubre de 2019, expediente No. 64.138. Ver, también, la sentencia proferida por esta misma
Subsección el 19 de septiembre de 2019, expediente No. 62.027, M.P. María Adriana Marín.
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Referencia Recurso extraordinario de anulación
No está de más señalar que la Subsección B de la Sección de Tercera del
Consejo de Estado ha ordenado a los árbitros que reembolsen la segunda mitad
de los honorarios, aun en casos en los que el recurso prospera parcialmente46.
En ese orden ideas, ante la prosperidad parcial del recurso de anulación
interpuesto por el consorcio Hidrotanques, la Sala ordenará a los tres árbitros del
tribunal que reembolsen a dicha parte el 50% de los honorarios recibidos, en el
plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente fallo47.
Se precisa que, mediante laudo complementario del 8 de junio de 2022, se ordenó
al Área Metropolitana de Barranquilla reembolsar al consorcio Hidrotanques, “si
no lo hubiere hecho, las expensas pendientes de reembolso”, por el valor de
$342’078.533,02, por concepto del 50% de la suma de honorarios y gastos fijados
por el tribunal arbitral48, luego de considerarse de que no hubo pronunciamiento
sobre “las expensas pendientes de reembolso”, punto en el que se expresó que la
convocante pagó su parte, e incluso también el monto que le correspondía a la
referida entidad pública por ese concepto, dado que esta no efectuó pago alguno
respecto de la sumas fijadas como honorarios y gastos arbitrales49.
46 Ver sentencia del 2 de junio de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación, expediente No. 66.031, M.P. Alberto Montaña Plata. Esto se plasmó en el
referido fallo: “Sobre el reembolso de honorarios y la condena en costas. De conformidad con el
inciso final del artículo 48, que establece que “si el recurso de anulación prospera con fundamento
en las causales 3 a 5 y 7 previstas en esta ley, los árbitros reembolsarán a las partes la segunda
mitad de los honorarios recibidos”, se ordenará a los tres árbitros del Tribunal reembolsar a
las partes el 50% de los honorarios recibidos. Por otra parte, en virtud de que el recurso de
anulación se declarará parcialmente fundado, no se condenará en costas, de acuerdo con el
último inciso del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012” (se destaca). Como se observa, en el referido
caso, aun cuando el laudo se anula de manera parcial, se ordena la devolución de los honorarios.
47 Como la Ley 1563 de 2012 no establece un plazo para la devolución de los honorarios por parte
de los árbitros, la Sala, con apego al arbitrio judicial, fija el término de treinta (30) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente fallo.
48
Así se consignó en la parte resolutiva del laudo complementario: “Noveno: Ordenar al Área
Metropolitana de Barranquilla reembolsar al Consorcio Hidrotanques, si no lo hubiere hecho, ‘las
expensas pendientes de reembolso’ por valor total de trescientos cuarenta y dos millones setenta y
ocho mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con dos centavos ($342’078.544,02), retenciones
incluidas, por concepto del cincuenta por ciento (50 %) de la suma de honorarios y gastos del
tribunal fijada por auto de 14 de julio de 2021, conforme a lo expuesto en este laudo
complementario. Esta suma causará intereses a la tasa y en la forma indicada en el inciso tercero
del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012”.
49 A continuación se transcriben las consideraciones del laudo complementario: “De la anterior
suma, y tal como se indicó en auto de 5 de agosto de 2021, la parte actora, Consorcio
Hidrotanques, pagó dentro del plazo legal de 10 días la mitad a su cargo por valor de
$322’546.696,04, luego de retenciones en la fuente por valor de $19’531.848,00, mientras que
dentro de este mismo plazo la parte convocada, Área Metropolitana Barranquilla, no efectuó
el pago de la mitad a su cargo. No obstante, el 2 de agosto de 2021, esto es, antes del
vencimiento del plazo adicional de 5 días concedido por el artículo 27 precitado, el cual vencía el 5
de agosto de 2021, la parte convocante pagó, y el tribunal recibió en la cuenta especial, la mitad de
la suma decretada por gastos y honorarios y que estaba a cargo de la entidad pública convocada.
Este pago fue por valor de $322’546.696,021 , luego de descontar la suma de $19’531.848,002 por
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00165-00 (68.890)
Convocante: Consorcio Hidrotanques
Convocado: Área Metropolitana de Barranquilla
Referencia Recurso extraordinario de anulación
Lo anterior para indicar que, en el evento en que el Área Metropolitana de
Barranquilla (convocada) ya hubiere reembolsado lo dispuesto en el laudo
complementario, los árbitros deberán devolver a ambas partes el 50% de los
honorarios recibidos. En caso contrario, si dicha entidad aún no ha dado
cumplimiento a lo resuelto en el laudo complementario, los árbitros deberán
devolver dichos honorarios -únicamente- al consorcio Hidrotanques (convocante).
5. Costas
El inciso 5° del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que, si ninguna de las
causales prospera, se declarará infundado el recurso extraordinario de anulación y
se condenará en costas al recurrente, salvo que este haya sido presentado por el
Ministerio Público.
Como en este caso prospera parcialmente el recurso presentado por el consorcio
Hidrotanques, no se condenará en costas.
concepto de las retenciones en la fuente por impuesto de renta (10 %) y de industria y comercio (1
%) practicadas sobre el 50 % del valor de los honorarios de dos árbitros y del secretario, para un
total de $342’078.544,02, retenciones incluidas; monto pagado por la parte actora en nombre y por
cuenta del Área Metropolitana de Barranquilla por concepto de la suma fijada por gastos y
honorarios del tribunal. En virtud del pago anterior fue posible adelantar el presente proceso
arbitral, en cuyo desarrollo ninguna de las partes se manifestó sobre si el Área Metropolitana había
efectuado al Consorcio Hidrotanques el reembolso de la suma de $342’078.544,02; además, la
parte convocante tampoco solicitó al tribunal, antes de proferirse el laudo, la expedición de la
certificación a que se refiere el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012. Este silencio
arriba descrito llevó al tribunal a no emitir pronunciamiento expreso sobre el punto de ‘las expensas
pendientes de reembolso’ (…) de modo que cada parte debe asumir los costos y gastos en que
incurrió en y por razón de este proceso arbitral, incluyendo la suma decretada mediante auto de 14
de julio de 2021, por concepto de honorarios y gastos del tribunal. Ahora bien, el pasado 7 de junio,
luego de proferido y notificado el laudo, la secretaría de este tribunal recibió correo electrónico del
apoderado de la parte actora, quien solicita la expedición de la certificación antes aludida y a la
cual se refiere el artículo 27 precitado, como requisito suficiente para adelantar el proceso de
ejecución tendiente a cobrar la suma de honorarios y gastos del tribunal pagada en nombre y por
cuenta de la otra parte. Sin embargo, de la lectura integral del artículo 27 en comento se desprende
que, llegado el momento de proferirse el laudo, sin haber mediado ejecución basada en la
respectiva certificación, lo único que procede a partir de ese momento procesal es abordar el punto
directamente en el laudo, lo que excluye expedir dicha certificación. En efecto, el tribunal observa
que el inciso tercero del artículo 27 en comento dispone en el aparte pertinente que, ‘De no mediar
ejecución, las expensas pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para lo que
hubiere lugar’. Esto nos lleva a concluir que este reembolso, de no haberse efectuado antes
de proferirse el laudo, debía ser un punto para resolver en el laudo. Así las cosas, y en vista
de lo anterior, el tribunal se ve avocado, en desarrollo de lo previsto en el inciso primero del artículo
287 del Código General del Proceso -CGP-, en concordancia con el artículo 39 de la Ley 1563 de
2012, a proferir laudo complementario por el cual se pronuncie sobre el punto de ‘las expensas
pendientes de reembolso’, si las hubiere, pues este asunto, dada la realidad antes descrita, cabe
dentro de lo que es ‘cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento’ y que en este caso no lo fue en primer momento por las razones antes anotadas”
(se destaca).
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00165-00 (68.890)
Convocante: Consorcio Hidrotanques
Convocado: Área Metropolitana de Barranquilla
Referencia Recurso extraordinario de anulación
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADO el recurso extraordinario de
anulación interpuesto por el consorcio Hidrotanques, parte convocante, contra el
laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 2022, adicionado el 8 de junio siguiente,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, ANULAR parcialmente el laudo
arbitral cuestionado, únicamente respecto del numeral 2.2. del ordinal segundo50
de su parte resolutiva, que dispuso lo siguiente:
2.2. Seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos
un pesos con seis centavos ($641.423.201,06), incluida indexación hasta la
fecha de este laudo, por concepto del ICCP causado sobre las actas de recibo
de obra Nos. 2, 14, 15 y 16 y el acta de recibo final del contrato de obra No.
AMBLP-002-2014, conforme se solicitó en la tercera pretensión de condena de
la demanda reformada y de acuerdo con la liquidación contenida en el numeral
22.3.4. de la parte motiva de este laudo.
TERCERO. ADVERTIR a la parte interesada, consorcio Hidrotanques, que puede
dar trámite a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de
2012, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. ORDENAR a los árbitros reembolsar la mitad de los honorarios
recibidos, en el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia.
En el evento en que el Área Metropolitana de Barranquilla ya hubiere reembolsado
lo dispuesto en el laudo complementario, los árbitros deberán devolver a ambas
partes el 50% de los honorarios recibidos. En caso contrario, si dicha entidad aún
no ha dado cumplimiento a lo resuelto en el laudo complementario, los árbitros
deberán devolver dichos honorarios -únicamente- al consorcio Hidrotanques.
50 Esto se consignó en el ordinal segundo de la parte resolutiva del laudo: “Como consecuencia de
la declaración emitida en el numeral anterior, condenar al Área Metropolitana de Barranquilla a
pagar al Consorcio Hidrotanques las siguientes sumas de dinero por los siguientes conceptos”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00165-00 (68.890)
Convocante: Consorcio Hidrotanques
Convocado: Área Metropolitana de Barranquilla
Referencia Recurso extraordinario de anulación
QUINTO. Sin condena en costas.
SEXTO. En firme la providencia, comunicar la presente decisión a la Cámara de
Comercio de Barranquilla, Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición, por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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