Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00013-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00013-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00013-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA PLENA
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Cartagena de Indias, D.T. y C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00013-00 (69.433)
Actor: Zoraya Andrea Rueda Hurtado y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA –
únicamente procede cuando la sentencia recurrida se oponga o contradiga una sentencia
de unificación del Consejo de Estado – no procede frente a sentencias de unificación cuyo
criterio haya sido superado.
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado decide el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del 30 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial
1. El 13 de octubre de 2015, la señora Zoraya Andrea Rueda Hurtado y su grupo
familiar, presentaron demanda contra de la Nación– Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente
responsable por los perjuicios causados como consecuencia de la privación injusta
de la libertad de la primera indicada.
2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, afirmaron que la señora Zoraya
Andrea Rueda Hurtado fue privada injustamente de su libertad entre el 11 de
octubre de 2012 y el 2 de agosto de 2013, con ocasión de la medida de detención
preventiva que se dictó en su contra en el proceso penal que se adelantó por el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de
“transportar”, que terminó con la absolución de la señora en virtud del principio de
in dubio pro reo.
Sentencia objeto de recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
3. Corresponde a la decisión ya indicada, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda.
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00013-00 (69.433)
Actor: Zoraya Andrea Rueda Hurtado y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
4. Para fundar su decisión, el Tribunal consideró que la medida de aseguramiento
de detención preventiva se ajustó a los criterios formales y materiales previstos en
la Ley 906 de 2004.
El recurso extraordinario de unificación
5. Contra la anterior sentencia, la parte actora formuló recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, por considerar que esa decisión se opone a la
sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 52001-23-31-000-1996-
07459-01 (23.354), proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
6. A su juicio, la sentencia del Consejo de Estado que invoca como desconocida,
fijó un régimen de responsabilidad objetivo en las privaciones injustas de la libertad
cuando la absolución se produce por aplicación del principio de in dubio pro reo.
Agregó que el Tribunal no tuvo en cuenta que el daño estaba plenamente
demostrado y que con ello se produjo una lesión al bien jurídico tutelado de la
libertad pues la señora Rueda no transgredió su deber de actuar bajo el principio de
buena fe, por lo que las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional se
dieron con fundamento en conjeturas y sin que se haya verificado que la aquí
demandante fuera la propietaria de los estupefacientes encontrados en el vehículo
en que se transportaba.
Trámite del recurso
7. Mediante proveído del 17 de marzo de 2023, se admitió el recurso extraordinario
de unificación. En esta misma decisión se corrió traslado a la parte demandada y al
Ministerio Público.
8. La Nación-Fiscalía General de la Nación solicitó declarar infundado el recurso,
en tanto que los accionantes pretenden que se resuelva nuevamente el objeto de la
litis. Sostuvo que, en 2018, el Consejo de Estado cambió su posición en cuanto al
régimen de responsabilidad procedente en privaciones injustas de la libertad1.
9. La Nación–Rama Judicial también solicitó declarar infundado el recurso, pues
en su consideración el Tribunal no se apartó de las normas aplicables y la línea
jurisprudencial vigente. Por otra parte, afirmó que los accionantes traen a colación
elementos propios del fondo de la litis2.
10. El Ministerio Público presentó concepto desfavorable al recurso, al considerar
que se fundamentó en una sentencia de unificación del Consejo de Estado que ya
no está vigente, por cuanto la Sección Tercera de la Corporación había cambiado
de postura en 2018 y los criterios de unificación no pueden ser objeto de
“reviviscencia”. Agregó que la sentencia del Tribunal se ajusta a los criterios
expuestos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado3.
1 Índice 9, SAMAI.
2 Índice 10, SAMAI
3 Índice 11, SAMAI.
2
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00013-00 (69.433)
Actor: Zoraya Andrea Rueda Hurtado y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
II. CONSIDERACIONES
11. De conformidad con el artículo 270 de la ley 1437 de 2011, las sentencias de
unificación corresponden a las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado
–bien a través de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o bien por el pleno
de las respectivas Secciones– por importancia jurídica o trascendencia económica
o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, precisar su alcance o
resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; igualmente lo son las
dictadas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual
de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 11 de la Ley 1285 de 20094.
12. También se les reconoce el carácter de sentencias de unificación para efectos
de este recurso extraordinario5 a las sentencias proferidas en vigencia del Decreto
01 de 1984, que fijaron un criterio uniforme frente a un punto de derecho y se hayan
proferido por la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.
13. Para la prosperidad del recurso será necesario: (i) verificar que la sentencia que
se dice desconocida por el Tribunal tenga el carácter de sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado; (ii) que esta sea aplicable al caso concreto por
ser sus hechos subsumibles o análogos; y, que (iii) el Tribunal haya pasado por alto
o haya contrariado la regla expresada en la ratio decidendi de esa decisión.
14. A través de este recurso no son admisibles cuestionamientos sobre la
valoración probatoria, pues su alcance y carácter excepcional no comporta una
nueva instancia para controvertir las consideraciones propias del juez de la causa.
Lo anterior, por cuanto “el recurso extraordinario no se concibe como una nueva
vía de discusión de una causa jurídica, sino como una herramienta puntual para
decantar criterios y plasmar líneas de interpretación que perduren en el tiempo” 6.
Caso concreto
15. Como se ha reseñado, la parte recurrente alega que el fallo del 30 de junio de
2022, dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, habría
desconocido la sentencia proferida por el pleno de la Sección Tercera del Consejo
4 Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. (Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 2080
de 2021) Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que
profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o
por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo
eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley
1285 de 2009.
5 Son sentencias de unificación aquellas que habiendo sido proferidas antes de la vigencia del artículo 270 del
CPACA, “establecen y fijan un criterio jurisprudencial uniforme frente a (i) la aplicación o interpretación de una
norma, (ii) la solución específica de un supuesto de hecho (v.gr. título de imputación aplicable a la
responsabilidad por acto médico), (iii) la forma de llenar una laguna o vacío normativo (sentencias integradoras),
(iv) criterios de ponderación o valoración de específicas situaciones o pruebas (v.gr. valor probatorio copias
simples), o (v) se establecen presunciones judiciales o de hombre (v.gr. ingreso mínimo de la víctima, entre
otros)”. Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-33-001-
2013-00046-01, número interno 58317.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 2016.
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00013-00 (69.433)
Actor: Zoraya Andrea Rueda Hurtado y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
de Estado el 17 de octubre de 2013 (Rad. 23.354), al considerar que allí se adoptó
un régimen de responsabilidad objetivo en los casos de privaciones de la libertad
en los que la absolución fue producto de la aplicación del principio de in dubio pro
reo.
16. A pesar de que la providencia invocada por la demandante era una sentencia
de unificación, pues fue proferida por el pleno de la Sección Tercera por importancia
jurídica y con fines de unificación de jurisprudencia, no es el criterio actual de la
Sala, ni lo era cuando el Tribunal profirió la sentencia recurrida, porque en sentencia
del 15 de agosto de 2018, Rad. 46.947, la Sala había cambiado su postura. Y,
aunque esta providencia quedó sin efectos por una orden impartida en una acción
de tutela, el 6 de agosto de 2020, la Sección Tercera profirió sentencia de reemplazo
reiterando que el carácter injusto de la privación de la libertad se debe analizar a
partir de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y legalidad de la
medida de aseguramiento, con fundamento en diferentes pronunciamientos de la
Corte Constitucional, como del Consejo de Estado, a saber, las sentencias SU-072
de 2018, C-037 de 1996, C-469 de 2016, y las sentencias de 13 de agosto de 2008
y de 6 de junio de 2012, dictadas bajo radicación interna 16516 y 24633,
respectivamente7. Es decir, la sentencia de reemplazo no retomó el criterio
contenido en la sentencia a que se refiere el recurso, y bien por el contrario definió
seguir el criterio constitucional fijado en las decisiones de la Corte Constitucional,
en las cuales se ha precisado que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo
90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia
C-037 de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en
los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde
determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada.
17. Así las cosas, la sentencia del 17 de octubre de 2013 (Rad. 23.354), que la
parte recurrente alega desconocida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, no era la que fijaba una regla de unificación para el momento en que se
profirió el fallo recurrido8. Por ello, frente a este pronunciamiento, no está presente
uno de los presupuestos de la causal única del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia previsto en el artículo 258 del CPACA; esto es, que se esté ante
una sentencia de unificación aplicable al caso debatido.
18. Las inconformidades que planteó la parte recurrente, en relación con la
demostración plena del daño antijurídico, así como el proceder de los agentes
policiales, son argumentos propios de un recurso de instancia y no del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Por ello, no se estudiarán.
19. Así las cosas, como este mecanismo judicial solo puede estar sustentado en
providencias unificadoras que reflejen el criterio vigente de la jurisprudencia
adoptada por el Consejo de Estado, al no estar acreditados los supuestos para la
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2020, Rad. 46.947 [fundamento jurídico 6].
8 En múltiples fallos de tutela, se ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis
jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido
de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se
alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la
presentación de la demanda o del fallo de primera instancia.
4
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00013-00 (69.433)
Actor: Zoraya Andrea Rueda Hurtado y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
prosperidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, será
desestimado.
Costas
20. El artículo 267 del CPACA, establece que “si el recurso es desestimado, se
condenará en costas al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General
del Proceso (aplicable por remisión expresa del art. 188 del CPACA9) prevé que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se
demuestren causadas y, en la medida de su comprobación.
21. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, las agencias en derecho se
tasarán en un (1) SMLMV, a prorrata y por partes iguales a cargo de cada uno de
los sujetos demandantes y a favor de la Nación - Rama Judicial y de Nación-Fiscalía
General de la Nación, en atención a la naturaleza del proceso y la calidad y duración
de la gestión ejecutada por sus apoderados.
III. PARTE RESOLUTIVA
22. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto por la señora Zoraya Andrea Rueda Hurtado y otros, contra la sentencia
del 30 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: CONDENAR al recurrente, a prorrata y por partes iguales a cargo de
cada uno de los sujetos demandantes, y a favor de la Nación - Rama Judicial y de
la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar las costas del proceso. Por
concepto de agencias en derecho, se fija la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
9 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil” (se resalta).
5
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00013-00 (69.433)
Actor: Zoraya Andrea Rueda Hurtado y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARIA ADRIANA MARIN ALBERTO MONTAÑA PLATA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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