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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00046-00

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00046-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADOS los recursos extraordinarios de anulación interpuestos por la Agencia Nacional de Infraestructura y el representante del Ministerio Público, conforme a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la Agencia Nacional de Infraestructura por la suma de cinco (5) SMMLV para la fecha de ejecutoria de la sentencia, a favor de la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. -COVIANDES-, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: En firme esta decisión, se ordena devolver el expediente al Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por conducto de la Secretaría.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00046-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Radicación: 11001032600020230004600 (69.627)
Convocante: Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. -COVIANDES
S.A.S.
Convocada: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Referencia: Recurso extraordinario de anulación

Decide la Sala los recursos de anulación interpuestos por la Agencia Nacional
de Infraestructura - ANI 1 y por el Ministerio Público contra el laudo arbitral
proferido el 20 de diciembre de 2022 2 con providencia que resolvió las
solicitudes de adición y/o complementación de fecha 28 de diciembre del
mismo año 3 por un Tribunal de Arbitramento 4 constituido para dirimir las
controversias surgidas en el marco del Contrato de Concesión 444 del 2 de
agosto de 19945.

Los recurrentes plantearon la configuración de la causal 7° de anulación
contenida en el art. 41 de la Ley 1563 de 2012, al señalar que respecto de los
ítems de “bombeo” y “enfilajes” el laudo fue adoptado en equidad y en
conciencia debiendo ser en derecho.

Síntesis de la controversia arbitral

1. En desarrollo del contrato de concesión de infraestructura vial No. 444 de
1994 celebrado entre la ANI y COVIANDES, fue suscrito el Adicional No. 1 de

1 El Contrato de Concesión sub lite fue suscrito en 1994 por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, entidad

que cedió su posición contractual al Instituto Nacional de Concesiones -INCO- según Resolución 003187
del 1 de septiembre de 2003; luego, mediante el Decreto 4165 de 2012, art. 25 “cambia la naturaleza
jurídica”, y, entre otras determinaciones, estableció que “los derechos y obligaciones que a la fecha de
expedición del presente decreto tenga el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, continuarán a favor
y a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura”.
2
Visible en expediente virtual, aplicativo SISMAC de la Cámara de Comercio de Bogotá, Cuaderno
Principal, “117_128411 PRINCIPAL No. 1 20221220 LAUDO ARBITRA”, archivo denominado “Laudo
Coviandes Vs ANI (20221220).pdf”, y, “Salvamento de voto WNVXII-XX-MMXXII.docx.pdf”.
3 Visible en el aplicativo SIMASC, ib. archivo “120. 128411 PRINCIPAL No. 1 20221228 ACTA 30 -Auto

45 Y CORREO DE NOTIFICACION.pdf”.
4 Que sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
5 Cuyo objeto es la ejecución por el sistema de concesión de “los estudios, diseños definitivos, las obras

de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento del sector Santafe (sic) de Bogotá –
Cáqueza – k55+000 y el mantenimiento y operación del sector km 55+000 –Villavicencio. Las actividades
incluidas para cumplir el objeto del contrato son: Estudios y diseños finales, financiación, construcción,
suministro, instalación, montaje y prueba de los equipos, puesta en funcionamiento y operación del
proyecto, las cuales deben hacerse en un todo de acuerdo con las condiciones, términos, alcances y
obligaciones establecidas en este documento y en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No.
066- 93.” Ver ib., “Cuaderno de Pruebas, archivo “04. 128411 ANEXOS CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA REFORMADA 2021-10-04”; “19_CONTRATO DE CONCESION 444 DE 1994 B -V 1.pdf”.

Radicación: 11001032600020230004600 (69.627)
Convocante Concesionaria Vial de los Andes S.A.S.
Convocada Agencia Nacional de Infraestructura
Referencia Recurso extraordinario de anulación

enero de 20106 que agregó al objeto del contrato la realización de actividades
y obras relacionadas con: la doble calzada vial entre Cáqueza y Chirajara,
obras faltantes a cargo de la concedente y obras necesarias resultantes de la
emergencia producto del sismo del 24 de mayo de 2008; además, se acordó
que la ANI asumiría el denominado riesgo geológico, para lo cual se precisaron
las actividades que lo conformaban7, su alcance y forma de pago.

2. La ejecución del citado Adicional No. 1 generó desacuerdo entre las partes
en relación con el entendimiento y liquidación del riesgo geológico8; dichas
controversias fueron llevadas a un tribunal de arbitramento en el que la
Convocante pretendió -en lo que respecta al sub lite-: (i) el reconocimiento y
pago de mayores cantidades de obra y actividades en la construcción de
túneles por concepto de excavación y presoporte, resultantes de la diferencia
entre las estimaciones previstas en el adicional 1 y las cantidades
efectivamente ejecutadas; y, (ii) declarar que las actividades de excavación y
presoporte en la construcción de túneles que ejecutó COVIANDES sobrepasó
las estimaciones previstas en el Adicional 1, sin reconocimiento y pago por la
entidad conforme al riesgo geológico9.

6 En cuya cláusula segunda se estableció que el objeto de dicho Adicional correspondía a “las siguientes

actividades y obras: (i) la construcción, operación y mantenimiento de 45.5 Km de nueva calzada,
ubicada en el tercio medio de la carretera Bogotá – Villavicencio sector el Tablón- Chirajara, (ii) la
construcción, operación y mantenimiento de obras faltantes a cargo del INVIAS hoy EL INCO dentro del
corredor actual, (iii) la construcción, operación y mantenimiento de obras necesarias en el sector de
Puente Quetame – Caño Seco, como consecuencia del sismo ocurrido el día 24 de mayo de 2008, y (iv)
el mejoramiento de la carretera antigua de acceso a Villavicencio (Pipiral – Villavicencio por el sitio
denominado El Mirador) todo en los términos y condiciones Anexo 2 – Especificaciones de Construcción
(…)”. Visible en: ib. Cuaderno de pruebas, 02. 128411 PRUEBAS Y ANEXOS CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA; 3. Adicional 1 Contrato 444-94 - Doble Calzada (1).pdf”.
7 La ANI, citando el Anexo 15 del contrato Adicional No. 1 de 2010, indicó que los ítems que configuraban

el riesgo geológico, y que eran objeto de medida y pago, fueron: “f) ITEMS DE RIESGO GEOLOGICO:
Son los siguientes: 1) Excavaciones Subterráneas tipo II, III, IV, V, terraza y en zona de falla. 2) Bombeo
de aguas de infiltración. 3) Extracción y Transporte de Material de derrumbes. 4) Concreto Neumático.
5) Arcos de Acero. 6) Enfilajes. 7) Pernos de anclaje. 8) Malla electro soldada. 9) Inyecciones de contacto.
10) Cemento para inyecciones. 11) Conexiones para Inyecciones. 12) Aditivos para concreto y fibra
metálica. 13) Perforaciones para drenajes. 14) Sondeos Exploratorios. Para cada uno de los ítems
anteriores EL CONSTRUCTOR presento para aprobación de la INTERVENTORÍA DE DISEÑO un precio
unitario discriminado, indicando los rendimientos de excavación para cada tipo de terreno.”
8 Registra el laudo arbitral que la Convocante en su demanda, contextualizó el nacimiento del Adicional

1, así: “El Adicional No.1 fue concebido bajo un precio global fijo, en el que el riesgo de construcción por
las variaciones en las cantidades de obra, precios en los insumos y plazo de construcción se pactó a
cargo del Concesionario, mientras que, el Riesgo Geológico sería asumido por la ANI, lo que implicó que
en esta materia se pactaran precios unitarios y cantidades de obra. (…) - El diseño y construcción de los
túneles a etapa de diseño Fase III se pactaron bajo los métodos NATM y Observacional. Estos métodos
son una herramienta fundamental para evaluar si el conjunto Terreno y Soporte diseñado con
anterioridad, es aplicable y utilizable en relación con las condiciones realmente encontradas durante la
excavación. - Teniendo en cuenta la incertidumbre y dificultad en materia geológica, las partes tomaron
las Memorias de Cálculo de los diseños, [con] las cantidades esperadas de obra según la geología
inferida para cada túnel y los Análisis de Precios Unitarios para establecer un presupuesto inicial de base
para las liquidaciones”.
9 Las pretensiones declarativas fueron las siguientes:”1.1. Que se declare que el Riesgo Geológico,

según como está previsto en el ADICIONAL No.1 al Contrato de Concesión No.444 de 1994, se
encuentra a cargo de la … [ANI]”; “1.2. Que se declare que, por razón del Riesgo Geológico que asumió,
la … [ANI] está obligada a reconocer y pagar a COVIANDES las mayores cantidades de obra y
actividades en la construcción de túneles por concepto de excavación y presoporte, resultante de la
diferencia entre las estimaciones previstas en el marco del ADICIONAL No.1 al Contrato de Concesión
No.444 de 1994 y las cantidades efectivamente ejecutadas por los referidos conceptos, a una tasa del
11.33% e.a. en términos reales”; “1.3. Que se declare que la … [ANI] está obligada a liquidar las
cantidades de obra y actividades efectivamente ejecutadas de excavación y presoporte en la
construcción de cada túnel, dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de tales actividades
en cada túnel”; “1.4. Que se declare que la … [ANI] contó con la información suficiente para proceder a
realizar la liquidación de las cantidades de obra y actividades efectivamente ejecutadas de excavación y

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3. Para la Convocante, el riesgo geológico responde a la “comparación de lo
efectivamente ejecutado por concepto de excavación y presoporte de los
túneles y lo estimado inicialmente por la Partes”10, atañe a los “cambios que
se pueden presentar en los terrenos” y “esos cambios se pueden presentar
aun dentro de un mismo Tipo de Terreno”11. Con diversa óptica, la ANI indicó
que los cambios que configuran tal riesgo “corresponden al perfil real del
terreno encontrado, contra el perfil del terreno establecido en los diseños”, y
son diferentes a “los cambios que se presenten en un mismo terreno”12.

4. Proferido el laudo respectivo y resueltas las solicitudes de adición y/o
complementación en providencia del 28 de diciembre de 2022, el Ministerio
Público y la ANI presentaron recurso extraordinario de anulación; en ambos
casos, contra los ordinales sexto y séptimo de la parte resolutiva de la
providencia emitida, y con fundamento en la causal 7 del Art. 41 del estatuto
arbitral, como adelante será precisado.

5. En línea con la causal, naturaleza y objeto del presente recurso, la Sala
incursionará directamente en las decisiones del laudo reprochadas, volviendo

presoporte en la construcción de cada túnel, dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de
tales actividades en cada túnel”; “1.5. Que se declare que la … [ANI] incumplió su obligación de liquidar
las cantidades de obra y actividades efectivamente ejecutadas de excavación y presoporte en la
construcción de cada túnel, dentro de los treinta (30) días siguientes …”; “1.6. Que se declare que
COVIANDES ejecutó obras y actividades de excavación y presoporte en la construcción de túneles, que
sobrepasaron las estimaciones previstas en el marco del ADICIONAL No.1 al Contrato de Concesión …
que le deben ser reconocidas y pagadas por la … [ANI] con ocasión del Riesgo Geológico que ésta
asumió, …”; “1.7. Que se declare que la … [ANI] ha incumplido el ADICIONAL No.1 al Contrato de
Concesión …, en la medida que no ha pagado la totalidad de las cantidades de obra y actividades
efectivamente ejecutadas de excavación y presoporte en la construcción de los túneles, que
sobrepasaron las estimaciones previstas en el marco del ADICIONAL No.1 al Contrato de Concesión …,
según como quede demostrado en el proceso”; “1.8. Que se declare que la … [ANI], ha obrado en contra
de los presupuestos de buena fe y confianza legítima que ampara al Contrato, al no haber reconocido y
pagado a COVIANDES la totalidad de las cantidades de obra y actividades efectivamente ejecutadas
…en la construcción de los túneles, que sobrepasaron las estimaciones previstas en el ADICIONAL No.1
al Contrato de Concesión …”; “1.9. Que se declare que la … [ANI] está obligada a pagar a COVIANDES,
intereses sobre aquellas cantidades de obra y actividades no reconocidas, pero efectivamente
ejecutadas para la excavación y presoporte en la construcción de los túneles, que sobrepasaron las
estimaciones previstas en el marco del ADICIONAL No.1 al Contrato de Concesión …, a una tasa de
11.33% e.a. en términos reales (…)”.
10 Conforme a los hechos 25 y ss. en concordancia con el 80 y ss. de la demanda reformada presentada

el 9 de septiembre de 2021. En el hecho 80 señaló: “el Riesgo Geológico a cargo de la ANI, palabras
más, palabras menos, significa que la ANI debe pagar al CONCESIONARIO la diferencia en dinero, entre
lo efectivamente ejecutado y lo previsto inicialmente. Si la diferencia fuese negativa, por supuesto la ANI
tendría un derecho a su favor”. Visible en el archivo “27. 128411 PRINCIPAL No. 1 20210909 CORREO
Y MEMORIAL DE REFORMA DE LA DEMANDA.pdf”.
11 La Convocante alude al Anexo 15 del Adicional No.1 de 2010, que establece que el Riesgo Geológico

en la construcción de los túneles objeto del CONTRATO, se entiende como “(…) los cambios que se
pueden presentar en los terrenos que se encuentren durante la excavación del túnel, con relación a los
previstos en el perfil geológico establecido en los ESTUDIOS Y DISEÑOS, para cada abscisa
considerada al momento de realizar la excavación.”
12 La ANI frente al hecho 80 de la demanda, en su contestación, indicó que “(…) se pactó que el riesgo

geológico se configuraba siempre y cuando se presentara cambio en el tipo de suelo entre el realmente
encontrado al momento de excavación y el que se había contemplado durante el diseño a nivel de detalle
(Fase III) de las obras, con base en los estudios y diseños elaborados por COVIANDES”. Visible en el
archivo denominado “30. 128411 PRINCIPAL No. 1 20211004 CORREO Y MEMORIAL
CONTESTACIÓN DE REFORMA DE LA DEMANDA.pdf”.
Y al contestar el hecho 89 de la demanda reformada señaló: “Los cambios corresponden al perfil real del
terreno encontrado, contra el perfil del terreno establecido en los diseños. Otro es el caso de los cambios
que se presenten en un mismo terreno, los cuales ya están considerados en los diseños, donde se tiene
previsto rangos en la utilización de materiales de soporte, por ejemplo, la separación de arcos, cantidad
de pernos, rangos en la longitud a excavar para cada tipo de terreno, etc.” Ídem pág. 50 de la
contestación de la demanda reformada.

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sobre los elementos fácticos y probatorios del debate estrictamente necesarios
para definir la configuración o no del vicio aducido.

I. EL LAUDO QUE SE SOLICITA ANULAR

6. En decisión del 20 de diciembre de 2022 el Tribunal de Arbitramento
resolvió la controversia reseñada y, para el efecto, se ocupó de analizar y
definir el alcance del riesgo geológico acordado bajo el contrato Adicional No.
1 de 2010. Entre otras determinaciones, adoptó las cuestionadas, contenidas
en los ordinales sexto y séptimo de la parte resolutiva del laudo, las cuales se
transcriben por ser el objeto del presente recurso:

"Sexto. DECLARAR que COVIANDES ejecutó obras y actividades de excavación y
presoporte en la construcción de túneles, que sobrepasaron las estimaciones previstas en el
marco del Adicional No.1 al Contrato de Concesión No. 444 de 1994, que le deben ser
reconocidas y pagadas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-con
ocasión del Riesgo Geológico que ésta asumió, que sin embargo no han sido objeto de
liquidación y pago, por los ítems de riesgo geológico de: “Enfilajes”, “Bombeo”, “Extracción
de Derrumbes” y “Transporte de Materiales de Derrumbes”, según quedó demostrado en
el proceso, en los precisos términos y por lo expuesto en la parte motiva. En consecuencia
prospera parcialmente la sexta pretensión declarativa de la demanda (1.6.).

“Séptimo. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA -ANI- a reconocer y pagar a favor de COVIANDES de conformidad
con lo acordado por las partes en la Cláusula Décima Primera del Adicional No.1, las
siguientes sumas de dinero por el mayor valor de obra correspondiente a excavación y
presoporte en la construcción de los túneles, dejado de reconocer y pagar durante la ejecución
contractual, por los ítems de riesgo geológico de “Enfilajes”, “Bombeo” y “Extracción de
Derrumbes” y “Transporte de Materiales de Derrumbes”, según quedó demostrado en el
proceso, en los precisos términos y por lo expuesto en la parte motiva, así:

“Enfilajes” la suma de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($208.885.440) de 2008, que a la fecha
de este laudo debidamente actualizados equivalen a TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS ($372.462.491). B

Bombeo” la suma de: VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
DIECISIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($29.306.417.353) de 2008,
que a la fecha de este laudo debidamente actualizados equivalen a la suma de CINCUENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($52.256.113.234).

“Extracción de Derrumbes” la suma de: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL PESOS ($70.896.000) de 2008, que a la fecha de este laudo debidamente
actualizados equivalen a la suma CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($126.414.272).

“Transportes de materiales de derrumbes” la suma de: NOVENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($98.609.886) de
2008, que a la fecha de este laudo debidamente actualizados equivalen a la suma de: CIENTO
SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS ($175.830.751).

En consecuencia, prosperan las pretensiones (2.1) y (2.3.) de condena de la demanda”.

7. Frente a la condena por concepto de cantidades de “bombeo” uno de los

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árbitros presentó salvamento de voto13.

8. Luego, el 26 de diciembre de 2022, Coviandes presentó solicitudes de
adición y aclaración del laudo14. De una parte, pidió incluir lo atinente a las
expensas por gastos y honorarios del Tribunal que eran de cargo de la ANI y
estaban sin reembolso; y, de otra, señaló que no era clara la forma de
compatibilizar la condena de liquidar en un plazo específico las cantidades
afectas al riesgo geológico a cargo de la ANI (resuelve QUINTO), con el no
reconocimiento de intereses (resuelve NOVENO). Estas solicitudes fueron
negadas mediante auto del 28 de diciembre de 202215.

II. LOS RECURSOS DE ANULACIÓN

9. Como fue definido en pretérita providencia16, el Ministerio Público y la ANI
formularon recurso de anulación oportunamente; la primera planteando la
existencia de un laudo en equidad y la segunda de un laudo conciencia.

Recurso del Ministerio Público

10. El Ministerio Público sostiene que el Tribunal falló en equidad los
ordinales sexto y séptimo del laudo, circunscrita al ítem de bombeo, pues la
decisión de acceder a esta reclamación carece de soporte en el contrato, por
lo que reprocha la “no valoración en este aspecto, de la norma esencial, esto
es, el contrato, cuyo tenor literal claro establece que el riesgo geológico solo
aplica ante el cambio de terreno sin efectuar distinciones de ninguna clase en
el Adicional 1 o en los demás documentos. En lugar de ello, se acogen
documentos elaborados por el concesionario pero no la norma sustantiva que
debe regir la solución de la controversia, y es allí donde se incurre en una
decisión en equidad”.

11. Como fundamento de tal postura, expone que en curso de la controversia,
la ANI estimó que el riesgo geológico sólo ocurría de presentarse un cambio

13 Indicó que la interpretación adoptada en el laudo amplió el riesgo geológico y las prestaciones a cargo

de la entidad estatal de forma incompatible con su negociación, tipificación, valoración y asignación por
las partes, condicionamientos de su asunción, antecedentes formativos del Adicional No. 1 y otros
documentos contractuales; señaló que tal tipificación fue limitada y expresa respecto de unos
determinados ítems y que el riesgo geológico se refirió a la probabilidad de que el tipo de terreno sea
diferente, lo que excluye su concreción en un mismo tipo de terreno. Concluyó que las partes no
señalaron como ítem de riesgo geológico el bombeo de las aguas de los equipos de perforación, sino
las de “infiltración en excavación subterránea” y, sin embargo, el laudo amplió el catálogo taxativo
acordado e incluyó el bombeo de “aguas industriales” cuando éste se remuneraba bajo el precio global
fijo contratado, y no por los precios unitarios que sólo cubrían el riesgo geológico.
14 Visible en aplicativo SISMAC ídem, archivo No. “119. 128411 PRINCIPAL No. 1 20221227 CORREO

CONVOCADA Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN DEL
LAUDO.pdf”.
15 Id. Archivo “120. 128411 PRINCIPAL No. 1 20221228 ACTA 30 -Auto 45 Y CORREO DE

NOTIFICACION.pdf
16 Mediante auto del 31 de mayo de 2023 proferido por el despacho ponente, se verificó que los recursos

interpuestos habían cumplido los requisitos de oportunidad y forma contemplados en el artículo 40 de la
Ley 1563 de 2012, en tanto se formularon y sustentaron con la indicación de la causal invocada, ante la
Secretaría del Tribunal de Arbitramento, ambos el 9 de febrero de 2023, esto es, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la notificación del proveído que decidió sobre la solicitud de aclaraciones y
complementaciones (28 de diciembre de 2022).

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en el tipo de terreno respecto de lo previsto en los planos y diseños, mientras
que para el Concesionario dicho riesgo podía acontecer aun cuando el tipo de
terreno encontrado en determinada abscisa fuese igual al previsto en los
planos y diseños. Señala (i) que el Tribunal afirmó que “Desde un punto de
vista general, la expresión ´cambios que se pueden presentar en los terrenos´,
da a entender los cambios o variaciones que pueden tener los terrenos, así se
trate de un mismo tipo o clase, o de otro diferente”, y (ii) que para ello acudió
a una interpretación conjunta, sistemática e integral de los documentos
contractuales, lo cual daba origen al vicio, en tanto no se indicaron los apartes
del contrato que llevaran a tal conclusión, pues eso no fue lo previsto.

12. Subraya que los análisis en que se sostienen las decisiones impugnadas
se adoptaron en equidad y no en derecho, y que ello se constata en los apartes
del laudo. Agrega que la matriz de riesgos contenida en el Anexo 13 tampoco
fue aplicada por el Tribunal para definir el alcance del riesgo geológico, y bajo
tal incorrección se efectuaron reconocimientos por bombeo no procedentes.

Oposición de la Convocante

13. Estima infundado el recurso al estar dirigido a cuestionar los razonamientos
del Tribunal sobre el alcance del riesgo geológico y su interpretación bajo el
contrato; añade que es admisible que sobre un mismo objeto haya posiciones
divergentes, como ocurrió con el salvamento de voto, pero ello no constituye
causal de anulación. Disiente de que la postura del Ministerio Público -que el
riesgo geológico solo se activa cuando exista cambio en el tipo de terreno-
pueda presentarse como vicio invalidante, pues así cualquier entendimiento
diverso terminaría siendo catalogado como resultado de la íntima convicción
de los árbitros, aun estando fundamentado en el contrato y en la ley.

14. Indica que no le corresponde al juez de la anulación revisar si la
interpretación contractual y la valoración probatoria son acertadas o debieron
ser otras, pues ello implica analizar el fondo de la litis, lo que es ajeno a este
medio de control.

Recurso de la ANI

15. Cuestiona los ordinales sexto y séptimo de la parte resolutiva del laudo, en
relación con los reconocimientos por “Enfilajes” y “Bombeo” a los que accedió
el Tribunal, afirmando la configuración de un fallo en conciencia por
inexistencia de pruebas que sustenten el éxito de tales pretensiones.

En relación con el ítem de “Enfilajes”, reprocha que la decisión estuviera
basada en dos medios de prueba carentes de soporte y análisis, lo que,
considera, llevó a adoptar una determinación sin respaldo probatorio.
Respecto al ítem de “Bombeo”, censura que el laudo incluyera dentro del
catálogo que definía el riesgo geológico el bombeo de aguas industriales,
cuando dicho listado fue taxativo como consta en los documentos

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contractuales; por ende, aduce que su pago ya estaba reconocido en el precio
global fijo del contrato y no podía remunerarse por precios unitarios -medida
pactada únicamente para los ítems que configuraban el riesgo geológico-.
Igualmente, cuestiona que el Tribunal relevara al Convocante de la carga de
probar sus pretensiones.

Oposición de la Convocante

16. Coviandes subraya que tal reproche es meramente formal pues en su
contenido se cuestiona la innecesaria e indebida interpretación del contrato y
la equivocada valoración probatoria que realizó el Tribunal. Cita algunas
expresiones del recurso que, en su criterio, evidencian que el debate no trata
acerca de la inexistencia de pruebas, tal como se desprende de aquella
manifestación del impugnante de que “no existe un análisis probatorio
adecuado, ponderado y profundo”, y de otras afirmaciones en las que revela
su insatisfacción con el valor asignado a algunas piezas probatorias. Explica
los análisis del laudo en los que se determinó el reconocimiento por enfilajes
en función de los diseños iniciales, y precisó la manera en que el laudo valoró
el dictamen pericial para verificar los descuentos realizados; respecto de las
actas de constatación analizadas, asevera que no hubo discusión alguna
sobre las obras ejecutadas allí registradas.

17. En relación con la condena por el ítem de bombeo cuestiona que el recurso
se haya planteado por inexistencia de pruebas, pero el ataque realmente se
desvió hacia la interpretación jurídica del riesgo geológico, tarea necesaria
para zanjar la controversia, sin modificar el contrato, ni adicionar ningún ítem.
Precisa que las partes no controvirtieron las cantidades ejecutadas por ese
ítem y por tanto el Tribunal partió de esa premisa para desatar el conflicto; e
indica que el hecho de que el descuento de cantidades de bombeo
consignadas en las actas de constatación no pueda tomarse como la
consolidación de una situación jurídica a través de la Interventoría, ello no
desconoce las cantidades de bombeo ejecutado, así que, de haber alguna
inconsistencia, en todo caso, ello no daría lugar a anular el laudo.

III. CONSIDERACIONES

• Competencia de la Sala para conocer del recurso de anulación

18. Le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso extraordinario de
anulación conforme al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012
que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos
arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe
funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

19. En este caso la parte Convocada es la Agencia Nacional de Infraestructura
-ANI- agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la

7

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Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte17. Por
tanto, se trata de una entidad pública que intervino en el trámite arbitral como
parte del Contrato de concesión 444 del 2 de agosto de 1994, siguiendo así el
presupuesto de competencia previsto en el citado artículo 46 del Estatuto de
Arbitraje.

• Causal 7 de anulación: Fallo en conciencia o equidad debiendo ser
en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el
laudo

20. Entre las modalidades en que se clasifica el arbitraje, sobresale, para
efectos del sub lite, aquella por cuya virtud éste puede ser en derecho, equidad
o técnico, según el fundamento bajo el cual debe ser emitida la decisión,
conforme dispone el art. 1 de la Ley 1563 de 201218.

21. A su vez, la citada norma precisa que los laudos que resuelvan
controversias contractuales en las que al menos una de las partes sea una
entidad pública, o se trate de un sujeto que desempeñe funciones
administrativas, serán en derecho. A partir de este imperativo, el legislador
confeccionó de manera consecuente la causal 7 de anulación prevista en el
artículo 41 ib. que sanciona como vicio invalidante el laudo que es proferido
en conciencia o equidad debiendo ser en derecho.

22. Estas bases legales revelan, puntualmente, que en ningún caso se
reconoce o tiene validez la expedición de un fallo arbitral en conciencia,
situación que difiere respecto de aquel que es adoptado en equidad, que sí es
admitido en el ordenamiento jurídico, solo que con las restricciones advertidas
en materia de contratación estatal; así, en el ámbito que concierne a los
negocios jurídicos de naturaleza pública, la única ruta disponible en materia
de arbitraje corresponde a la emisión de un laudo en derecho, más allá de que
en tal itinerario los árbitros puedan acudir a la equidad como criterio auxiliar de
la actividad judicial (art. 230 de la Constitución Política19), mas no como criterio
único o principal.

17 Según dispone el Artículo 1 del Decreto Ley 4165 de 2011.
18
“Artículo 1°. Definición, modalidades y principios. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución
de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a
asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.
El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad,
publicidad y contradicción.
El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en
equidad o técnico.
En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas,
si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución,
interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias
económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo
deberá proferirse en derecho”.
19 “ARTÍCULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial”.

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23. Lo dicho lleva a señalar que el laudo en derecho se produce cuando el
soporte y fundamento de juicio corresponde a las reglas que prevé el
ordenamiento jurídico, mientras que en el laudo en equidad el árbitro excluye
de su decisión el sistema normativo para hallar la solución que estima más
próxima al concepto de justicia; en cualquier caso, con indicación de los
motivos y elementos de prueba sobre los cuales edifica su decisión, so pena
de configurar un fallo en conciencia. Sobre la segunda de tales figuras, resulta
ilustrativo acudir a una de las acepciones del concepto de equidad, ya sea que
obre como fuente o como complemento de las decisiones arbitrales, pues se
trata de un instrumento útil “ante la oscuridad o desamparo de la norma legal
o frente a rigores y estragos de su aplicación estricta”20.

24. En precisión de lo anterior, la jurisprudencia ha tenido oportunidad de
pronunciarse al respecto:

“(…) ¿Qué es lo que caracteriza a un fallo en equidad?

A juicio de la Sala nada mejor que los dos postulados que atrás se mencionaron para
determinar si se rotula con la equidad a una decisión. En efecto, la providencia será
en equidad cuando: a) El juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto porque
considera que ella es inicua o que conduce a una iniquidad; b) El juez o el árbitro
busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido. Pero, se repite,
ninguna de estas hipótesis supone que el juzgador prescinda de la motivación o de
las pruebas porque entonces ya no sería en equidad sino en conciencia y las
decisiones de ésta naturaleza están proscritas de nuestro sistema jurídico tal como se
deduce de los artículos 29, 116 y 230 superiores”21.

25. Así, la causal 7 de anulación se configura en doble perspectiva, ya porque
la decisión adoptada denote un total desapego por el ordenamiento jurídico,
de suerte que las motivaciones del árbitro se contraen a expresar lo que en su
criterio íntimo considera ser lo justo, posición que se proyecta en la ausencia
total de razones legales o probatorias para fundar su decisión; o, ya cuando
con prescindencia de autorización legal o convencional se falla fuera del
ámbito legal o se inaplica la ley por considerarla inicua o porque conduce a
una inequidad.

26. Habrá de precisarse que no se trata de sustentar esta causal alegando
discrepancias en derecho o de valoración probatoria, y señalar que lo decidido
por el Tribunal es un fallo en conciencia o equidad –apartado del derecho o
fundado en la convicción personal de los árbitros– como manera no solo de
descalificar lo decidido por éstos y sus razones, sino de justificar estarse
elevando un verdadero juicio de anulación, pues de lo que se trata es de
evidenciar cómo la ratio decidendi verdaderamente se alejó en forma total de
razones fundadas en el derecho (ley o prueba).

20 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2006; pág.

181
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia

del 21 de febrero de 2011, Exp. 38.621.

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27. Al lado de lo anterior, importa señalar que la construcción legal de esta
causal incorpora un condicionamiento que determina su configuración, pues al
tenor del numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, la sanción
anulatoria se abrirá paso “siempre que esta circunstancia aparezca
manifiesta en el laudo” (se resalta); lo anterior significa que el vicio debe ser
directo y evidente, es decir, que se advierta prima facie sin incursionar en
razonamientos y argumentaciones profundas para ser descubierto.

28. Tal exigencia, a su vez, define el estándar de apreciación del juez
ubicándolo en un nivel superlativo, protector no solo de la autonomía judicial
propia del quehacer del árbitro, sino también, de la voluntad y habilitación que
la soporta y activa al tenor del pacto arbitral, en la medida que de no ser
ostensible que se está ante un fallo en conciencia o equidad, hasta la duda
impone negar su configuración.

29. Esta especial característica, se alinea y tiene fundamento en las bases
mismas del sistema arbitral, pues son las partes en ejercicio de su autonomía,
quienes renuncian a acudir al aparato jurisdiccional estatal y deciden que la
solución de sus controversias se haga en el marco de este mecanismo
transitorio de justicia. Así, ha de preservarse la determinación de los sujetos
comprometidos en el pacto arbitral en clave de adelantar un proceso en el que
solo media una decisión, asumiendo la estructura procesal de este dispositivo
y sus efectos, siendo el más importante que la decisión vertida en el laudo “se
reputa prima facie intangible, definitiva y revestida de plenos efectos de cosa
juzgada”22 para sus gestores habilitantes.

30. De allí que la formulación del recurso de anulación, si bien es un asunto
propio de una prerrogativa vinculada al derecho constitucional que garantiza
el acceso a la administración de justicia, está permeado de una serie de
condicionamientos que en su formulación ratifican su ejercicio serio, racional
y ponderado, lo que impone considerar que si la propuesta de anulación del
laudo conlleva un análisis in judicando, no sólo se contraviene el objeto y fin
del medio de control sino que, además, se antepone a los principios de
habilitación y voluntariedad, que son los cimientos superiores de este
mecanismo.

31. Lo anterior explica, entre otros aspectos, que el recurso extraordinario de
anulación tenga un ámbito restringido atado a la existencia de errores in
procedendo; y que, en tratándose del vicio de “[h]aberse fallado en conciencia
o equidad debiendo ser en derecho” tal circunstancia deba ser protuberante,
manifiesta y evidente, lo que acontece cuando la decisión prescinde de todo
soporte en el sistema jurídico, estándar de valoración que guarda coherencia
con la estructura de este dispositivo que está diseñado para respetar la
decisión de los árbitros, en tanto ésta (i) fue la pactada por las partes, (ii) tiene

22 Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2011.

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carácter vinculante, y (iii) no admite segunda instancia y, por tanto, no tiene
cabida un recurso de apelación -formal ni sustancialmente-.

32. Por ello, sólo la ausencia total y ostensible de razonamientos jurídicos en
la decisión, es susceptible de corrección mediante este mecanismo de control,
lo que descarta de su seno los eventos en que exista duda acerca de su
configuración, así como reproches en la aplicación de las normas o en la
valoración probatoria de los árbitros.

• Caso concreto

33. Teniendo en cuenta que los dos recursos interpuestos apuntan a la
configuración de la causal séptima de anulación, en ambos casos respecto de
los ordinales sexto y séptimo de la parte resolutiva del laudo, la Sala abordará
el examen de cada uno de los ítems cuya determinación es cuestionada bajo
este medio de control –“bombeo” y “enfilajes”–, metodología conforme a la cual
desatará los cargos de anulación formulados.

Primer Cargo: Configuración de la causal 7 de anulación respecto de la
decisión del laudo relativa al ítem de “Bombeo”

• Consideraciones de la Sala

34. El examen del cargo planteado impone a la Sala detenerse en el análisis
estructural de las motivaciones del laudo relacionadas con el ítem de bombeo,
para constatar si en este punto el Tribunal falló en conciencia o en equidad y
no en derecho, como lo pregonan los recurrentes.

35. En primer lugar, es necesario volver sobre la pretensión declarativa 1.6 de
la demanda reformada, en la cual, la Convocante elevó el siguiente reclamo:

“1.6. Que se declare que COVIANDES ejecutó obras y actividades de excavación y
presoporte en la construcción de túneles, que sobrepasaron las estimaciones
previstas en el marco del ADICIONAL No.1 al Contrato de Concesión No.444 de 1994,
que le deben ser reconocidas y pagadas por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA con ocasión del Riesgo Geológico que ésta asumió, que sin
embargo no han sido objeto de liquidación y pago, según como quede demostrado en
el proceso”.

36. En el marco de la decisión y para resolver las súplicas de la demanda, el
Tribunal desarrolló, de forma inaugural, el acápite relacionado con el riesgo
geológico23. Dentro de éste, precisó que la regla general convenida para la
remuneración del contrato de concesión 444 de 1994 determinó que la
ejecución y pago de las obras previstas en su objeto se realizaría a precio
global fijo; luego, mediante el contrato adicional No. 1 de 2010 las partes
acordaron como excepción a esa regla, que ciertas actividades relativas a la
construcción de los túneles –excavación y presoporte– serían ejecutadas y

23 El análisis del riesgo geológico está contenido en las págs. 55 a 117.

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pagadas a precios unitarios bajo los parámetros definidos en el citado
Adicional 1, sus anexos y los diseños de los túneles, a través del denominado
riesgo geológico, que para esos efectos fue previsto (pág. 75 del laudo).

37. Unido a lo anterior, aludió a algunos documentos que precedieron la
celebración del contrato adicional No. 1, y a las estipulaciones acordadas en
este instrumento, en orden a definir el alcance del riesgo geológico. Entre ellos
se encuentran:

(i) “Análisis de la Necesidad y Conveniencia para suscribir el Otrosí
modificatorio del Contrato de Concesión 444 de 1994"; allí, entre otros
aspectos, destacó las nuevas políticas que en ese momento dispuso el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del manejo de los riesgos
contractuales. En particular, dicho documento refirió que el riesgo geológico
“es la probabilidad que existe dentro de las actividades de construcción de los
túneles, que el tipo de terreno encontrado en el sitio al momento de realizar el
sondeo exploratorio de avance no corresponda para un mismo sitio (abscisa)
con el que fue previsto en el diseño y en consecuencia todos los elementos de
sostenimiento variarán ajustándolos a la condición encontrada. (…)”

(ii) Matriz de riesgos (Anexo 13); destaca que en el área de construcción
de túneles, el riesgo geológico tiene por efecto la mayor cantidad de obra en
ítems afectos a la excavación y presoporte.
(iii) Cláusula Décima Primera del Adicional No. 1 de 2010; consta el
resultado de la elaboración conjunta de las partes de la matriz de riesgos con
su identificación, asignación y estimación, y con las particularidades concretas
convenidas, en los siguientes términos principales:

“ “RIESGO DE CONSTRUCCIÓN: Se entiende como la posibilidad de que el monto y
la oportunidad del costo de la inversión, no correspondan a lo inicialmente previsto,
como consecuencia de variaciones en (i) cantidades de obra, (ii) precios en los
insumos o (iii) plazo de la construcción, excepto lo dispuesto para RIESGO
GEOLÓGICO.

El riesgo de construcción, para el caso de los sectores que ya cuentan con diseños
definitivos, será asumido por EL CONCESIONARIO, salvo que las variaciones
obedezcan a cambios de diseño promovidos por EL INCO.”

(…)

“RIESGO GEOLÓGICO: El riesgo geológico respecto a la construcción de los túneles,
será asumido por el INCO, entidad que deberá reconocerle al CONCESIONARIO las
mayores o menores cantidades de obra, de conformidad, con lo que para tal efecto,
certifique LA INTERVENTORÍA de EL CONTRATO con base en las
Especificaciones de Construcción de Túneles (Anexo 15) y en los precios
unitarios para riesgo geológico aprobados por la Interventoría y contenidos en
el Anexo 16 del presente Adicional (...)” (destaca la Sala).

(iv) Especificaciones de construcción de túneles (Anexo 15); incorporado al
Adicional No. 1, regula las especificaciones técnicas aplicables a la
construcción de los túneles, e incluye la regulación de las actividades de
excavación y presoporte que corresponden al ámbito del riesgo geológico; allí

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se previeron, entre otras, las siguientes definiciones (se transcribe literal
incluyendo los apartes que resaltó el laudo):

“1.1 DEFINICIONES (…)

e) RIESGO GEOLOGICO: Son los cambios que se pueden presentar en los
terrenos que se encuentren durante la excavación del túnel, con relación a los
previstos en el perfil geológico establecido en los ESTUDIOS Y DISEÑOS, para
cada abscisa considerada al momento de realizar la excavación.

f) ITEMS DE RIESGO GEOLOGICO: Son los siguientes: 1) Excavaciones
Subterráneas tipo II, III, IV, V, terraza y en zona de falla. 2) Bombeo de aguas de
infiltración. 3) Extracción y Transporte de Material de derrumbes. 4) Concreto
Neumático. 5) Arcos de Acero. 6) Enfilajes. 7) Pernos de anclaje. 8) Malla electro
soldada. 9) Inyecciones de contacto. 10) Cemento para inyecciones. 11) Conexiones
para Inyecciones. 12) Aditivos para concreto y fibra metálica. 13) Perforaciones para
drenajes. 14) Sondeos Exploratorios. Para cada uno de los ítems anteriores EL
CONSTRUCTOR presentó para aprobación de la INTERVENTORÍA DE DISEÑO un
precio unitario discriminado, indicando los rendimientos de excavación para cada tipo
de terreno.

g) ESTUDIOS Y DISEÑOS: Son los documentos que fueron elaborados por EL
CONSTRUCTOR, aprobados por la INTERVENTORÍA DE DISEÑO y que serán la
base para la ejecución de los trabajos de construcción que realice EL
CONSTRUCTOR.

i)CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES: Los geólogos del CONSTRUCTOR, y
de la INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN, procederán a clasificar el material de
excavación con base en los sondeos horizontales de frente, utilizando el
procedimiento descrito en la sección No 2 de las presentes Especificaciones de forma
que se establezca el tipo de terreno y su longitud para ese tramo, que permita
compararlo con lo establecido en el perfil geológico de los ESTUDIOS Y DISEÑOS
para el mismo tramo, de forma tal que a medida que progresa la excavación se pueda
hacer la comparación total del perfil del diseño y el perfil de la excavación y establecer
los rangos de variación para cada terreno”. (…)

k) RECONOCIMIENTO DE LA OBRA EJECUTADA Y BALANCE: (…) Para el Caso
de los ítems de Riesgo Geológico, a partir de los precios unitarios presentados por EL
CONSTRUCTOR y aprobados por la INTERVENTORÍA DE DISEÑO, se compararán
las cantidades de obra realmente ejecutada por EL CONSTRUCTOR y que sean
certificadas por la INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN; con las cantidades
definidas en los ESTUDIOS Y DISEÑOS a partir de la verificación de los tipos de
terreno establecidos para el sector acometido en el periodo (…)”.

(v) INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA; al revisar el numeral
1.3 del anexo de especificaciones precitado, subrayó el laudo que en diversos
apartes de los documentos contractuales se indicó que se estimaban los
rangos de clasificación del macizo rocoso a encontrar en la excavación de los
túneles, y se destacaron los siguientes apartes:

“Estas Especificaciones definen un procedimiento de clasificación de macizos rocosos
en términos de parámetros geológicos y geotécnicos. Este procedimiento de
clasificación se incluye en la Sección 2 de las presentes Especificaciones y deberá
ser usado por EL CONSTRUCTOR, conjuntamente con la INTERVENTORÍA DE
CONSTRUCCIÓN, a todo lo largo de los túneles, para identificar el tipo de terreno
existente, y con base en esa clasificación, se determinará el tipo de soporte que
se requiera instalar y el ítem de riesgo geológico de pago correspondiente.

Con base en las clasificaciones llevadas a cabo en forma conjunta entre EL
CONSTRUCTOR y la INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN, se procederá a
reconocer las longitudes reales excavadas en cada uno de los terrenos definidos en

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estas Especificaciones; con lo cual se cubrirá el riesgo geológico en su totalidad y en
consecuencia una vez reconocida su cantidad para pago por el ítem de riesgo
geológico correspondiente, se entenderá que no habrá lugar a reclamos por este
motivo, ni por mayor permanencia en la obra para la excavación del túnel” (resaltado
del laudo).

(vi) A los anteriores documentos y segmentos del contrato, también se
refirió el laudo al citar el numeral “1.18 elaboración de perfiles geológicos y
geotécnicos”; las especificaciones relativas a las “Excavaciones
Subterráneas”; y la “relación de precios unitarios ítems riesgo geológico
(Anexo 16)”, entre otros.

En relación con este último, precisó que en dicho anexo se definió el precio
unitario de cada uno de los 32 ítems que podía utilizar o ejecutar el
concesionario en el desarrollo de las actividades de excavación y presoporte
en la construcción de los túneles, y aclaró que el Anexo 15 si bien enuncia 14
ítems de riesgo geológico, sus actividades son consistentes con el listado de
ítems del Anexo 16 del mismo contrato adicional 1, que corresponde a 32 ítems
de riesgo geológico; explicó que, “[l]o que ocurre es que en este listado del
literal f) del Anexo No. 15, se enuncian, por así decirlo, las categorías
generales de los ítems, por ejemplo, sólo se enuncia el bombeo de aguas de
infiltración, pero en realidad ese bombeo se subdivide en cuatro ítems
específicos e independientes, y el Anexo 16, discrimina cada uno de esos
ítems” (pág. 88 del laudo).

(vii) Se refirió al Anexo 4 (Análisis de Conveniencia), del que hicieron parte
las comunicaciones entre Concesionario e Interventoría de Diseño que
antecedieron al contrato Adicional 1, incluido el documento “Regulación de
aceptación y pago de ítems de riesgo geológico”. El laudo subrayó los apartes
que precisaban las actividades que conformaban el riesgo geológico, las
cuales fueron explicadas como “aquellas que pueden presentar variaciones
notables entre lo previsto en el perfil geológico presentado en los
documentos técnicos presentados por COVIANDES S.A. y lo que se
puede realmente encontrar en el terreno durante el proceso de
excavación de cada uno de los túneles para una misma abscisa A lo
anterior se le ha denominado riesgo geológico (…)” (resalta el laudo).

Transcribió fragmentos del citado documento que indicaban la necesidad de
clasificar el terreno de acuerdo a sus propiedades y comportamiento
geológico, geotécnico y mecánico; y, a que los diseños y especificaciones
particulares para construcción de túneles “definen claramente la metodología
a seguir en el proceso, así como las cantidades de obra para cada tipo de
terreno (…)”.

Destaca que el numeral 3 ib. relativo a la “DETERMINACIÓN DE TIPO DE
TERRENO DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN” estableció que “[u]na
vez definido el tipo de terreno en el frente de obra, se deberá realizar el
proceso de excavación … inmediatamente después y siguiendo la secuencia

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constructiva se procederá a instalar el sostenimiento determinado para ese
tipo de terreno en las cantidades que previamente se definieron (…)” (el laudo
resalta).

(viii) A su vez, aludió a la sección 4 del Anexo No. 15 -SOPORTE DEL
TÚNEL- cuyo numeral 4.1.3. estableció que:

“El tipo y la cantidad de los soportes que deben instalarse inmediatamente después
de la excavación, está directamente relacionado con la clasificación del terreno tal
como se indicó en la sección anterior de las presentes especificaciones. El soporte
inicial estándar, para cada tipo de terreno se presenta en los planos generales
entregados para la elaboración de la oferta. (…).

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta las posibles variaciones que puede
sufrir la clasificación originalmente estimada de los terrenos durante el proceso
de excavación, en sitios puntuales por condiciones especiales de la roca, los
sistemas estándar de soporte establecidos en los planos podrán ser modificados
durante esta etapa, tal como se indicó en la sección No. 2 de estas especificaciones,
previa aceptación de LA INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN” (el Tribunal
resalta).

Lo propio ocurrió con el perfil de excavación (núm. 4.2) en el cual se hicieron
previsiones relacionadas con dicho proceso “dependiendo de la calidad del
terreno” y los límites máximos de excavación para pago (pág. 90 del laudo);
igualmente se refirió al perfil de excavación de diseño determinado “para los
tipos de terreno” en función de la metodología para medición y pago acordada
(pág. 93 ib.)

38. Luego de revisar los estudios y diseños en conjunto con los documentos
antes indicados, el Tribunal resaltó: (i) que en los diseños no se hizo alusión
“a todos los 32 ítems del riesgo geológico, pues debido a su naturaleza, hay
algunos que no se pueden prever o contemplar en los diseños, debido a que
la necesidad de su ejecución podía presentarse en cualquiera de los tipos de
terreno previstos en los diseños y su cantidad no podía estimarse
técnicamente ... [y] ello ocurre con los ítems de bombeo de aguas” (pág. 99
del laudo); y, (ii) que no se pactó un máximo de tales cantidades, como se
desprende de los planos denominados “SOPORTES ESTÁNDAR” que incluyó
una tabla en la que se enuncian unas cantidades “TEÓRICAS” o estimadas
por metro de túnel para algunos de los ítems del riesgo geológico, v. gr. para
el tipo de terreno V.A –tesis en la que se apoyó, entre otros, en las secciones
2 y 4 del Anexo 15, del Adicional 124–.

39. Derivado de lo anterior, puntualmente en lo que atañe a la existencia de
topes máximos relacionados con las actividades que conformaban el riesgo
geológico, señaló que, salvo expresa indicación en contrario, se debía
“entender que si dichas cantidades previstas en los planos eran simplemente
teóricas o simplemente estimadas, era porque en la construcción podrían
variar o cambiar, como efectivamente ocurrió, y tal y como se previó en el
Adicional No. 1 y en el Anexo No. 13 (Matriz de Riesgos)”; e indicó que como

24 Pág. 101 a 103 del laudo.

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no es lo mismo cantidades teóricas y cantidades máximas, ello es consonante
con la previsión de reconocer solo cantidades realmente ejecutadas en la
proyección del riesgo geológico, y en función de la diferencia de valor entre las
cantidades estimadas en los estudios y diseños, y el valor de las cantidades
efectivamente ejecutadas (págs. 99 y 100 del laudo).

40. En línea con los anteriores documentos y especificaciones, el Tribunal
precisó su entendimiento en torno al alcance del riesgo geológico, al señalar:

“Es claro entonces que las actividades de excavación y presoporte de los túneles que
realice el concesionario, a través de la ejecución o utilización de los ítems de riesgo
geológico, no sólo se rigen por lo previsto en las especificaciones técnicas previstas
en el Anexo No. 15 del Adicional No. 1, sino también por las reglas y parámetros
establecidos en los diseños de los túneles. Y se resalta que en el Anexo No. 15 se
dice que la ejecución y pago de los ítems de riesgo geológico debe hacerse de
acuerdo con las cantidades determinadas o definidas en los planos o diseños de los
túneles. Sin embargo, se reitera que al analizar de forma general los diseños de éstos,
para el Tribunal es claro que, salvo expresa indicación en contrario, respecto de la
mayoría de los ítems del riesgo geológico no se determinaron cantidades máximas o
límite para la medición y pago en favor del concesionario; sino que, y como ya se dijo,
en los diseños se previeron cantidades teóricas o estimadas respecto de la mayoría
de los ítems de riesgo geológico.

En relación con la diferencia surgida entre las partes respecto de si el riesgo geológico
sólo se “activaba” si se presentaba un cambio en el tipo de terreno previsto en los
planos y diseños –posición de la ANI–; o si podía presentarse un evento o activación
del riesgo geológico, cuando el tipo de terreno encontrado en una determinada
abscisa fuera del mismo tipo al previsto en los planos y diseños –posición del
concesionario–, las Especificaciones de construcción de túneles (Anexo 15), definen
el riesgo geológico como los “cambios que se pueden presentar en los terrenos”
según su perfil geológico encontrado durante la excavación del túnel y el perfil
geológico establecido en los Estudios y Diseños, para cada abscisa al instante de
realizar la excavación [Sección 1, Generalidades, 1.1. Definiciones, literal e)].

Desde un punto de vista general, la expresión “cambios que se pueden presentar
en los terrenos”, da a entender los cambios o variaciones que pueden tener los
terrenos, así se trate de un mismo tipo o clase, o de otro diferente.

Sin embargo, como ha señalado el Consejo de Estado, es menester recordar la
relevancia de los antecedentes formativos del contrato, bases de la contratación y
propuesta para determinar el “verdadero contenido y alcance de las prestaciones a
las cuales se encuentran obligadas las partes” (…)

41. Así, luego de volver sobre las bases del contrato adicional y referirse a
algunas estipulaciones contenidas en sus Anexos y en las metodologías
acordadas para la ejecución y pago de las actividades de riesgo geológico, el
Tribunal llegó a las conclusiones que reprocha el Ministerio Público y la ANI;
la censura, como se sabe, de una parte, alude a que el laudo no se falló con
base en el contrato, pues su “tenor literal claro establece que el riesgo
geológico solo aplica ante el cambio de terreno sin efectuar distinciones de
ninguna clase en el Adicional 1 o en los demás documentos. En lugar de ello,
se acogen documentos elaborados por el concesionario pero no la norma
sustantiva que debe regir la solución de la controversia, y es allí donde se
incurre en una decisión en equidad”. De otro lado, con orígenes similares,
cuestiona que por vía de una interpretación indebida e innecesaria del Tribunal
se hubiera ampliado el catálogo taxativo que definía las actividades que hacían

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parte del riesgo geológico según lo acordado en el Adicional 1, al incluir en
éste el bombeo de aguas industriales, cuando no estaba enlistado ni era parte
del ítem de “bombeo de aguas de infiltración”.

42. Observa la Sala que las inconformidades aducidas no son configurativas
de la causal séptima de anulación, pues realmente versan sobre las
consideraciones efectuadas por el Tribunal al razonar y definir la plataforma
de análisis del conflicto en orden a precisar el alcance del riesgo geológico y
su proyección en el entendimiento asignado a las actividades que hacían parte
de éste.

43. La tensión de los argumentos planteados en la impugnación revela con
suficiencia que al decantarse el laudo por una tesis -en este punto, la de la
Convocante- el Tribunal no se marginó del sistema normativo por resultar
inequitativo o inocuo, no estuvo desprovisto de razonamientos o motivaciones
para fundar su decisión, ni se revela un despego respecto del ordenamiento
jurídico para solventar el conflicto. De lo que se apartó el laudo fue de una de
las posturas aducidas en juicio de cara a los referentes informados en la
cláusula décimo primera del contrato adicional y sus anexos, sin que ello
pueda desestimarse con el argumento de que el Tribunal decidió examinar los
documentos que precedieron a la celebración del mentado Adicional 1
debiendo restringirse a este último instrumento, en tanto corresponde a un
análisis que la ley autoriza.

44. Además, cuando se recrimina que la decisión cuestionada no tuvo
basamento en el contrato, sino en documentos anteriores a éste, y se alega
que aquellos no se corresponden con las estipulaciones que fueron
consignadas en el Adicional 1, o se dice que el entendimiento del Tribunal
contraviene ese negocio jurídico pues tal interpretación amplió los límites allí
fijados, tales planteamientos, en sí mismos, revelan una crítica a las
valoraciones efectuadas al adoptar la decisión y la forma de interpretar el
contrato Adicional 1 y sus anexos. Por lo que, incluso de presentarse una
contradicción o yerro en el análisis o entendimiento que se atribuyó al riesgo
geológico y a su configuración de cara al tipo de terreno, tal incorrección sería
inherente a la categoría de los denominados errores in judicando, de los que
no se ocupa el recurso de anulación.

45. La tesis de esta Sala se sostiene en que, para cumplir su encargo, el
Tribunal puntualmente sí acudió a las estipulaciones contractuales y detalló
aquellos acuerdos introducidos en los anexos que conformaron el contrato
adicional No. 1, incluidas las comunicaciones surtidas entre las partes que
condujeron a su celebración –las cuales, aunque previas a su suscripción,
denotan el camino recorrido por éstas en la configuración del riesgo geológico,
las que, además, fueron parte de dicho negocio jurídico al haber sido
incorporadas en sus Anexos 4 y 19–, postura que exhibe, en contra de lo
reprochado por el Ministerio Público, los fundamentos contractuales en que se
basaron las conclusiones cuestionadas, y no será este medio de control

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extraordinario y limitado, el camino que abra paso a una contradicción de
contenido sustancial y valorativo, propia de una segunda instancia.

46. Lo anterior se ilustra con mayor claridad al retomar el punto culminante de
los análisis del laudo en este aspecto, pues allí el Tribunal razonó en detalle
acerca de las previsiones contractuales relacionadas con los tipos de terreno,
anexos y especificaciones de los planos, hilándolo a las conclusiones a las que
arribó. De manera que no se advierte la configuración de un laudo en equidad
a partir del cual, alejado de la ley y del negocio jurídico, o por fuera de éste,
los árbitros hubieran acudido a su propio criterio de justicia y hubiesen
desechado el sistema normativo aplicable –incluido el contrato–. Basta
reproducir los siguientes apartes de la decisión para corroborar este aserto
(transcripción literal incluidos eventuales errores; subrayas del laudo):

“En este contexto, el “Análisis de la Necesidad y Conveniencia para suscribir el Otrosí
modificatorio del Contrato de Concesión 444 de 1994”, que es parte integral del
Adicional No. 1 (Anexo No. 4), en las “condiciones del contrato a celebrar”, resalta la
importancia del riesgo geológico, entendido como “la probabilidad que existe dentro
de las actividades de construcción de los túneles, que el tipo de terreno encontrado
en el sitio al momento de realizar el sondeo exploratorio de avance no corresponda
para un mismo sitio (abscisa) con el que fue previsto en el diseño y en consecuencia
todos los elementos de sostenimiento variarán ajustándolos a la condición
encontrada”.

En armonía, la comunicación GT-1886 de junio 17 de 2009, que adjunta el documento
“REGULACIÓN DE ACEPTACIÓN Y PAGO DE LOS ÍTEMS DE RIESGO
GEOLÓGICO”, el cual a su vez hace parte del Anexo No. 19 (“Propuesta
Concesionario”) del ADICIONAL No. 1, expresa que se trata de “variaciones
notables entre lo previsto en el perfil geológico presentado en los documentos
técnicos presentados por COVIANDES S.A. y lo que se puede realmente encontrar
en el terreno durante el proceso de excavación de cada uno de los túneles para una
misma abscisa”, precisando que los ítems de riesgo geológico, “son aquellos que por
tratarse de obras subterráneas no se puede tener conocimiento certero de la cantidad
real a ejecutar, sino solo hasta ejecutada la obra y que dependen directamente del
tipo de terreno que se encuentre en campo”.

Del mismo modo, es pertinente memorar que las partes acordaron una clasificación
de los terrenos y macizos rocosos conforme a los parámetros geomecánicos de
Bienawsky (1989) Rock Mass Rating (RMR), “para seleccionar el tipo de soporte que
deberá instalarse”, para cada tipo o clase de terreno. Al variar un terreno Tipo I a II,
los valores y cantidades estimadas y a ejecutar para la mayoría de los ítems son
diferentes. Verbi gratia, para los terrenos que se clasificaron Tipo I, II, III, IV, V, VA, se
estimaron valores y cantidades "teóricas" por cada tipo de terreno para la mayoría de
los ítems, que podrían ser menores o mayores, y darían lugar a la devolución
(descuentos) o pago del mayor valor respectivo.

Con relación a los terrenos clasificados en un mismo tipo o clase, asimismo, en
determinada abscisa podía variar esa clasificación. Así, en el Acta de 30 de octubre
de 2014, respecto del Túnel 2, Portal 4, en cuyo Anexo de Sondeo Exploratorio
Horizontal No. 1, se dice sobre el tramo comprendido entre las abscisas K36+534 A
K36+501.20 que se encontraron varios tramos que por las condiciones geotécnicas
encontradas durante el proceso de perforación y caracterización de las muestras
recuperadas según la clasificación de terrenos de Bienawsky, los geólogos de la
Auditoría Externa, el constructor y la interventoría, valoran y definen, para los distintos
tramos comprendidos en la abscisa, en Terrenos Tipo V y Tipo IV.

Desde esta perspectiva, según los antecedentes formativos del Adicional No. 1 y los
documentos contractuales, la activación del riesgo geológico respecto de la mayoría
de los ítems depende directamente del tipo o clase de terreno. No se trata de cualquier

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cambio, sino de “variaciones notables entre lo previsto en el perfil geológico” inicial
de los Estudios y Diseños y el perfil geológico encontrado al momento de la
excavación, para cada abscisa, conforme al “tipo” o clase de terreno según la
clasificación Bienawsky (1989) Rock Mass Rating (RMR). Respecto de la mayoría de
los ítems, especialmente de las excavaciones y de los que componen el presoporte o
sostenimiento del túnel, y que eran los que variaban y se estimaban sus cantidades
dependiendo del tipo de terreno, el riesgo geológico sólo se activaba si se presentaba
un cambio entre el tipo de terreno previsto en el perfil geológico de los diseños y el
perfil geológico real encontrado durante la excavación. Pero respecto de aquellos
ítems cuya ejecución podía ser necesaria en cualquier tipo de terreno y que no tenían
cantidades estimadas técnicamente –distintas de las estimadas para efectos
presupuestales–, es claro que la activación del riesgo geológico no se limitaba a
aquellos eventos en los que se presentara un cambio en el tipo de terreno, sino que
también podía presentarse si el tipo de terreno encontrado en una determinada
abscisa era el mismo al previsto en el perfil geológico inicial de los diseños. Ello,
entiende el Tribunal, que ocurre en el caso de los ítems de bombeo de aguas. Lo
anterior es consonante, con lo previsto en el documento “Regulación de aceptación y
pago de ítems de riesgo geológico” enviado por el concesionario el 17 de junio de
2009, antes de la celebración del Adicional No. 1 (…)”

47. Fue basado en los análisis relativos al contrato adicional y sus
especificaciones técnicas -y de forma posterior a los razonamientos que se
acaban de reproducir- que el Tribunal llegó a las conclusiones censuradas
para señalar:

“Del aparte transcrito se resalta que en él se previó que las cantidades de obra o ítems
relacionados con las actividades de excavación y los elementos de soporte o
sostenimiento dependían del tipo de terreno. Pero nada se dijo sobre otras
actividades, como lo son el bombeo de aguas, cuya ejecución podía resultar necesaria
en cualquier tipo de terreno, y respecto de las cuales no era posible estimar unas
cantidades en los diseños para cada tipo de terreno” (…)

En atención a la conclusión expuesta en el anterior párrafo, se hacen las siguientes
precisiones sobre el alcance del riesgo geológico contemplado en el Adicional No. 1:

[entre las cuales se transcriben, seguidamente, aquellas que fueron objeto de
censura]:

“Respecto de la mayoría de los ítems, especialmente de las excavaciones y de los
que componen el presoporte o sostenimiento del túnel, y que eran los que variaban y
se estimaban sus cantidades dependiendo del tipo de terreno, el riesgo geológico sólo
se activaba si se presentaba un cambio entre el tipo de terreno previsto en el perfil
geológico de los diseños y el perfil geológico real encontrado durante la excavación.
Pero respecto de aquellos ítems cuya ejecución podía ser necesaria en
cualquier tipo de terreno y que no tenían cantidades estimadas técnicamente –
distintas de las estimadas para efectos presupuestales–, es claro que la
activación del riesgo geológico no se limitaba a aquellos eventos en los que se
presentara un cambio en el tipo de terreno, sino que también podía presentarse
si el tipo de terreno encontrado en una determinada abscisa era el mismo al
previsto en el perfil geológico inicial de los diseños. Ello, entiende el Tribunal, que
ocurre en el caso de los ítems de bombeo de aguas. Lo anterior es consonante, con
lo previsto en el documento “Regulación de aceptación y pago de ítems de riesgo
geológico” enviado por el concesionario el 17 de junio de 2009, antes de la celebración
del Adicional No. 1” (resaltado del recurso).

(…)

“a) Respecto de la mayoría de los ítems, el riesgo geológico concierne a los cambios
presentados en los terrenos por la probabilidad que existe durante las actividades de
excavación que el tipo de terreno en un mismo sitio o abscisa por su perfil geológico
no corresponda al encontrado durante la excavación con el tipo de terreno y el perfil
geológico previsto en los Estudios y Diseños, sin comprender los cambios
presentados en un mismo tipo o clase de terreno. Para el caso de los ítems que (sic)

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cuya ejecución podía ser necesaria en cualquier tipo de terreno y que no
contaban con estimaciones técnicas en cuanto a las cantidades por cada de
(sic) terreno, el riesgo geológico podía activarse, independientemente de si se
presentaba o no un cambio en el tipo de terreno, entre el previsto en los diseños
y el real encontrado. Esta precisión no comporta ningún cambio respecto del
riesgo geológico, sino que resulta de la interpretación sistemática de los
documentos contractuales, sustentada también en el acervo probatorio
referente a la ejecución del Adicional No. 1. Y tampoco se relaciona con el supuesto
acaecimiento de circunstancias “anormales, imprevistas e imprevisibles” a lo que
aludió el convocante en una pretensión subsidiaria (6.1)” (resaltado del recurso) (pág.
113 del laudo).

48. Conforme a lo que ha sido precisado, la Sala no encuentra razones que
sustenten el reproche postulado por el Ministerio Público, justamente porque
el debate que plantea se inscribe en una valoración sustancial relacionada con
aspectos de interpretación del contrato que escapan a la competencia del juez
de la anulación.

49. Sobre el mismo ítem de bombeo, de otra parte, se queja la ANI en su
recurso de que el Tribunal hubiera interpretado el listado que fue definido en
el contrato adicional, agregando el bombeo de aguas industriales en el ítem
de bombeo de aguas de infiltración, aun cuando aquel no fue pactado dentro
del riesgo geológico. Indicó que a partir de su propia convicción, el Tribunal
dispensó a la Convocante de la carga de probar que toda la actividad de
bombeo realizada hacía parte del riesgo geológico y no de la ejecución general
del contrato, y pregona que tal condena fue proferida sin prueba idónea de la
cuantificación cierta y expresa de la reclamación, ignorando los descuentos
realizados por la interventoría como evidencia de la ejecución negocial y
basándose únicamente en actas de constatación a las que se dio un valor
probatorio que no tienen.

50. Las referencias contractuales citadas líneas atrás, sirven a la Sala como
plataforma para analizar el reproche aludido, en la medida que corresponden
a las bases expresadas por el Tribunal para resolver, en general, los
problemas jurídicos planteados en la litis; entre ellos, para fundamentar que el
ítem de bombeo de aguas industriales sí estaba incluido en el listado taxativo
que para tales efectos fue inscrito en el Adicional No. 1.

51. A partir de dicho marco hay que indicar, en primer lugar, que en el acápite
destinado a la identificación y alcance del riesgo geológico, el Tribunal planteó
las siguientes premisas derivadas del análisis del negocio jurídico y demás
documentos contractuales, las que, en punto al asunto que interesa a esta
Sala, se expresaron en los literales b) al f) de dicho segmento al concluir (págs.
114 a 116 del laudo):

“b) Había certidumbre de cuáles eran ítems necesarios para ejecutar las actividades
de excavación y presoporte -esto es, los 32 ítems que determinó y definió el
concesionario en ejercicio de su experticia y autonomía de la voluntad (…)”.

c) La certidumbre sobre cuáles serían los ítems, se deriva del contenido de los
documentos contractuales que acordaron las partes –y que fueron determinados a

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partir de lo propuesto por el concesionario”

d) Por ende, y para efectos de la medición y pago, el concesionario debía ejecutar las
actividades de excavación y presoporte mediante la utilización de los 32 ítems
definidos como de riesgo geológico, pues así se delimitó el alcance del riesgo
geológico asumido por el concedente.

e) En consecuencia, las actividades que eventualmente realizara el concesionario
para la excavación y presoporte de los túneles, pero que no correspondieran a la
ejecución o utilización de uno de los ítems del riesgo geológico, no serían objeto de
reconocimiento para pago por parte del concedente, ya que se trataría de actividades
que no hacen parte del ámbito de aplicación del riesgo asumido por el concedente.
f) Adicionalmente, no hay duda de que el concesionario debía ejecutar o utilizar los
ítems del riesgo geológico para las actividades de excavación y presoporte de los
túneles, de conformidad con las reglas y parámetros previstos en las especificaciones
técnicas y en los planos de los túneles, por ejemplo, atendiendo todo lo relativo al
procedimiento o secuencia de construcción que se establecía en dichos documentos.

(…)

Pues de lo contrario, si el concesionario desatendía los parámetros y reglas previstas
para la ejecución de los ítems del riesgo geológico, ello implicaba que tales actividades
ejecutadas no podrían ser objeto de reconocimiento y pago por parte del concedente,
debido a que el riesgo asumido por este conllevaba, como es lógico, que el
concesionario ejecutara tales ítems de acuerdo con el procedimiento y parámetros
previstos para ello, en los respectivos documentos técnicos”

52. Luego, en el numeral 3.4.4 del laudo, analizó puntualmente la controversia
en torno al ítem de bombeo.

Resaltó, para empezar, que los ítems de bombeo de aguas podían ser
ejecutados en cualquier tipo de terreno debido a que las aguas de infiltración
podían presentarse en todos ellos; para los efectos citó las previsiones
contenidas en el numeral 2.3 de las Especificaciones Técnicas del Anexo 15,
del Adicional 1, que desarrolló la “Descripción General de los Tipos de Macizos
Rocosos”, donde se reporta que los “sistemas de clasificación geotécnica,
usualmente, identifican seis (6) tipos diferentes de macizos rocosos y se
describen a continuación. Los túneles diseñados para el mejoramiento de la
vía Bogotá Villavicencio, cruzan terrenos tipo, II, III, IV, V, VA y Terraza”, para
indicar que, en todos ellos, se debe manejar la infiltración de aguas, a través
de actividades de bombeo.

53. En respaldo de lo anterior, precisó que los Anexos 15 y 16 del contrato
adicional No. 1 previeron que la actividad de bombeo de aguas de infiltración
fue subdividida en cuatro ítems específicos e independientes entre sí, a saber:

“3.3.4. Ítems de pago:

El costo de los trabajos especificados en esta sección está contemplado por los
precios unitarios propuestos por EL CONSTRUCTOR para los siguientes ITEMS:

ITEM DESCRIPCIÓN UND. MEDIDA

(...)

3.1.040 Bombeo de aguas de infiltración en excavación subterránea hasta 5 l/s m 3

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33.1.100 Bombeo de aguas de infiltración en excavación subterránea mayor a 5 y
hasta 12 l/s m3

33.1.105 Bombeo de aguas de infiltración en excavación subterránea mayor a 12 y
hasta 25 l/s m3

33.1.110 Bombeo de aguas de infiltración en excavación subterránea mayor a 25 y
hasta 40 l/s m3”

Agregó que al examinar el Anexo 15, no se observó regulación alguna o
descripción detallada en cuanto al alcance de dichos ítems de bombeo, o la
forma en que debían ejecutarse por parte del concesionario.

54. A raíz de lo anterior, el Tribunal acudió a la sección 3.2.9 del mismo Anexo
15, atinente al “Drenaje durante la construcción” en el que se precisó que el
constructor “debe suministrar, instalar, operar y mantener las bombas y la
tubería suficiente para controlar y remover el agua de cualquier parte de la
excavación subterránea. No se permitirá el empozamiento del agua”.

55. Señaló que esta estipulación (y los apartes de la misma que adelante se
transcriben) es la que permite definir el alcance de los ítems de bombeo, pues
allí se acordó que no se permitiría el empozamiento de aguas durante la
construcción de los túneles debiéndose remover el agua en cualquier parte de
la excavación subterránea; por ello, para dicha actividad debían utilizarse o
ejecutarse los ítems de bombeo de aguas de infiltración en sus diferentes
capacidades, incluidas las generadas por los equipos -o aguas industriales-.

56. En apoyo de tal entendimiento, se remitió al numeral 3.2.9.1 del mismo
anexo del contrato adicional, relativo al alcance de la actividad de drenaje (pág.
156 y ss. del laudo), en el que se estipuló lo siguiente:

“(…) La capacidad de las bombas instaladas en cada frente de trabajo debe ser
mínimo 1 ½ veces el volumen normal de agua de infiltración más el volumen de los
flujos de agua usados por el equipo de perforación (subraya la Sala).

EL CONSTRUCTOR debe tener en disponibilidad bombas permanentes en buenas
condiciones de trabajo y de la misma capacidad que las instaladas en los túneles.

EL CONSTRUCTOR debe proveer un sistema de tratamiento de las aguas que se
extraigan de los frentes de excavación antes de que estas sean vertidas a los cauces
naturales próximos a la obra; así mismo debe remover toda la lechada, limos y otros
desechos acumulados en las aguas provenientes de los trabajos subterráneos (…)

57. Así mismo, se refirió al numeral subsiguiente, en el que se estableció:

“EL CONSTRUCTOR debe tener en disponibilidad bombas permanentes en buenas
condiciones de trabajo y de la misma capacidad que las instaladas en los túneles.

III.2.9.2.1 Materiales y ejecución

Drenaje longitudinal:

El túnel debe ser drenado mediante zanjas en el fondo del respectivo frente, la cual
puede ser rellenada con gravas.

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En áreas con gran afluencia de agua, puede requerirse la instalación de tubería PVC
con perforaciones o ranuras con diámetros de 150 mm a 250 mm dependiendo de la
cantidad de agua a ser evacuada. En los tramos de excavación en contrapendiente
deben proveerse sumideros a intervalos regulares desde donde el agua es bombeada
fuera del túnel.

Drenaje radial:

Para zonas donde se encuentren acuíferos de aguas concentradas, se deben hacer
huecos de alivio en el perímetro e instalar en ellos tubería metálica perforada o tubos
de PVC de gran resistencia con diámetro de 1 ½ pulgadas. El espacio entre la tubería
y la boca del hueco debe ser sellada con un mortero de fraguado rápido. La boca de
la tubería debe estar conectada a una manguera para conducir el agua, a los drenajes
longitudinales temporales, sumideros o zanjas longitudinales temporales, en el fondo
del respectivo frente.

Drenaje anular:

En áreas húmedas sobre la superficie del terreno, el agua debe ser recogida o
recolectada mediante la utilización de media concha (preferiblemente corrugada,
tubería de PVC), la cual es fijada al terreno con mortero de fraguado rápido o concreto
Neumático y desviada a sumideros o zanjas longitudinales en el fondo del respectivo
frente de excavación.

Una aparición tardía de áreas húmedas en el soporte de concreto Neumático debe
ser perforada y tratada como se indicó arriba en el numeral (b) o (c).

En los tramos del túnel que se ubican en terrenos permeables o de alto fracturamiento
de la roca se debe instalar sistemáticamente drenajes anulares con diámetros de 4
cm mínimo, para evitar la presión de agua detrás del soporte de concreto Neumático.

EL CONSTRUCTOR debe garantizar durante todo el tiempo que dure la construcción
que los sumideros instalados se mantengan limpios y hacer el mantenimiento del
sistema de drenaje en forma tal que permita la correcta evacuación del agua en el
período de construcción”

58. De las anteriores estipulaciones contractuales, transcritas in extenso de
cara a su relevancia en el sub lite, el Tribunal razonó que en la construcción
de los túneles debían utilizarse o ejecutarse los ítems de bombeo de aguas de
infiltración, pues “en eso estriba la finalidad o razón de ser de la previsión de
los ítems de bombeo, desde un punto de vista objetivo o material. Por eso,
adicionalmente, en dicho aparte se prevé que las bombas instaladas para
ejecutar los ítems de bombeo debían tener una capacidad suficiente para
recolectar o transportar las aguas de infiltración más las aguas generadas por
los equipos de perforación, para evitar, precisamente, el empozamiento de
aguas” (pág. 158 ib.).

59. Analizadas las previsiones fijadas en el pacto y conforme al anuncio que,
ab initio, efectuó el Tribunal de apoyarse fundamentalmente en las pautas
hermenéuticas previstas en los artículos 1618 a 1624 del CC para resolver los
aspectos en controversia (págs. 70 a 74 del laudo), concluyó el laudo que el
bombeo de aguas industriales era parte de los ítems de bombeo de aguas de
infiltración, al estar aquel materialmente vinculado al alcance y características
de éste en función de las actividades de construcción de los túneles como, a
su juicio, se extraía de los anexos del contrato adicional No. 1.

60. Para fidelidad del examen, la Sala transcribe las conclusiones expresadas

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en el laudo sobre esta materia:

“Adicionalmente, el Tribunal observa que en esta sección 3.2.9 se regula el “Drenaje
durante la construcción” como categoría general que comprende todas aquellas
actividades necesarias para, precisamente, drenar los túneles durante el proceso de
su construcción. En dicha sección se regularon tres tipos específicos de drenaje, esto
es, el longitudinal, el anular y el radial, los cuales están cobijados o se enmarcan para
su medida y pago en la regla general ya descrita del precio global del Adicional No. 1.
En el Anexo No. 16 del ADICIONAL No. 1, denominado “RELACIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS ÍTEMS RIESGO GEOLÓGICO”, se regula el detalle de los precios
unitarios de los cuatro ítems de bombeo de aguas de infiltración, esto es, se
individualiza el valor correspondiente a: (i) el equipo necesario para ejecutar el ítem
(herramienta, generador “ONAN” y bomba sumergible); (ii) los materiales que se
requieren (tubería desagüe); (iii) la mano de obra necesaria (ayudante); y (iv) los
costos indirectos (A.I.U). Por otra parte, en los planos y diseños de los túneles no se
advierte ninguna referencia o regulación expresa a la actividad de bombeo de aguas
ni a sus ítems específicos.

Con base en lo anterior, puede concluirse que los ítems del riesgo geológico
denominados “Bombeo de aguas de infiltración” no cuentan con una regulación
contractual detallada en cuanto a su ejecución y alcance por parte del concesionario
durante la construcción de los túneles; pero lo que sí es claro es que su finalidad era
evitar empozamientos de agua al interior de los túneles. (…)

Conviene señalar que en las Especificaciones Técnicas de Construcción de los
Túneles (Anexo No. 15) se listaron unas actividades o trabajos respecto de los cuales
no habrá medida ni pago por separado, entre éstas las excavaciones subterráneas
por fuera de los límites mostrados en los planos o indicados por la Interventoría de
Construcción, los trabajos necesarios para el drenaje anular, radial y longitudinal de
los túneles durante el período de construcción, y todos aquéllos que debe ejecutar el
constructor que no son objeto de ítems separados de pago (sección 3.3). Pero hay
que precisar que el bombeo de aguas corresponde a una actividad que sí es objeto
de medida y pago en favor del concesionario, pues corresponde a una actividad que
se enmarca en los ítems del riesgo geológico”.

61. De manera que para el Tribunal, la interpretación realizada no amplió el
espectro del listado taxativo que contenía los ítems de riesgo geológico, sino
que se contrajo a precisar, del análisis de unas reglas por otras, que los
bombeos que se ejecutaran en la construcción de túneles eran parte de dicho
riesgo, y solo se distinguieron en éste los caudales para los cuatro subtipos de
bombeo. Así, superando la referencia nominal que los hacía diversos sólo por
su nombre (bombeo de aguas industriales – bombeo de aguas de infiltración)
en su criterio, el mismo contrato, en sus anexos técnicos, llevaba a tal
conjetura.

62. Más allá del acuerdo o no que esta Sala pueda tener en relación con tales
motivaciones y conclusiones, lo cierto es que en sede del recurso de anulación
no se advierte la existencia del fallo en conciencia pregonado pues en contra
de un reproche de tal rango, el despliegue de las diversas estipulaciones
vertidas en el Anexo 15 y la expresión de las razones que condujeron al
Tribunal a arribar a aquella interpretación, hacen evidencia de que la decisión
cuestionada sí tuvo cimientos en el contrato adicional 1, y por tanto, como ley
para las partes, se entiende fundada en el ordenamiento jurídico.

63. En este punto viene bien recordar que el único rumbo que lleva a configurar
la casual invocada tiene lugar cuando la determinación que se adopta

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prescinde de la aplicación del sistema normativo y se sitúa en el campo de la
íntima convicción, ello explica que se sancione con anulación el
desplazamiento del marco legal aplicable por el fuero interno del árbitro;
hipótesis que no tiene eco en este examen, en tanto al expresar los motivos
de la decisión no se exhibe el desapego por el orden legal en la medida que
las conclusiones se forjaron en la labor interpretativa de los árbitros respecto
al contrato y sus documentos técnicos anexos, y sobre este ámbito no versa
el mecanismo extraordinario de control promovido.

64. Ni siquiera en los eventos en que se considere que el tribunal de
arbitramento se ha equivocado en la interpretación del derecho o del contrato
tiene cabida el recurso de anulación, pues el Estatuto de Arbitraje es claro y
suficiente en establecer que “la autoridad judicial competente en la anulación
no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará
los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo” 25 , de suerte que, en
relación con el vicio que se analiza, sólo la carencia manifiesta de motivaciones
fundadas en derecho podría estimarse como causal anulatoria del laudo, no la
inconformidad con éstas.

65. Por lo dicho, sin que la Sala pueda realizar una valoración en torno al
quiebre o no de la taxatividad pactada en el Adicional 1 respecto de los ítems
que conforman el riesgo geológico, ni por ende cuestionar la interpretación que
de los documentos contractuales hizo el Tribunal al definir como parte del ítem
de bombeo de aguas de infiltración al bombeo de aguas industriales, el cargo
planteado debe ser negado, pues no hay lugar a examinar eventuales errores
in iujucando, ámbito en el que se inscribe la crítica a la interpretación
contractual que llevó a cabo el Tribunal en su decisión.

66. De otra parte, pero en perspectiva probatoria, la ANI acusó al laudo de
haber relevado a la Convocante de la carga de probar que toda la actividad de
bombeo realizada hacía parte del riesgo geológico y de que tal condena fue
proferida sin prueba idónea de la cuantificación cierta y expresa de la
reclamación.

67. Como parámetros de análisis de este cargo, hay que indicar que esta
Corporación se ha ocupado de explicar con suficiencia el alcance e hipótesis
en que se configura la causal de fallo en conciencia por vicios de orden
probatorio, al señalar:

“en lo que atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia por haberse
prescindido de las pruebas, la causal tiene lugar cuando, en efecto, la decisión no se
fundó en valoración alguna de los elementos probatorios allegados a la causa arbitral,
determinantes para resolverla. En esa medida, solo cuando el laudo se aparta de los
elementos de prueba sin justificación alguna, u omite la valoración de las probanzas
necesarias para resolver el asunto, surge la decisión o fallo en conciencia, vicio este
que, por el contrario, no ocurre cuando los árbitros valoran las probanzas de manera

25 Inciso final del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012.

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distinta a la que las partes consideran correcta, o fundan la providencia en medios
probatorios diferentes a los que el censor estima que debieron tenerse en cuenta.

Esto se explica porque el fallo en conciencia se caracteriza por contener una decisión
sustentada únicamente en la convicción íntima y personal del juez, de suerte que,
cuando este funda su proveído en las pruebas, aún de manera equivocada, el fallo es
en derecho.

(…)

De igual manera, la jurisprudencia ha precisado que una valoración equivocada de las
pruebas, por parte de los árbitros, no configura el vicio de fallo en conciencia, de
manera que las discrepancias que las partes tengan con el criterio fijado por el tribunal
de arbitramento para estimar y analizar el material probatorio no pueden hacerse valer
mediante el recurso extraordinario de anulación (…)” 26 .

68. En el sub lite, la Convocante fundó su reproche, de forma central, en la
imposición de una condena por el ítem de bombeo sin que la Convocante
cumpliera la carga de demostrar que toda la actividad de bombeo pretendida
hacía parte del riesgo geológico, y sin prueba idónea de la cuantificación cierta
y expresa de tal reclamación, ya que el Tribunal ignoró los descuentos que
hizo la interventoría como evidencia del iter negocial y se basó únicamente en
las actas de constatación a las que se le asignó un valor probatorio que no
ostentan.

69. La Sala advierte, desde la misma postulación del cargo, que el censor
eleva un reproche con el que pretende rebatir los criterios de valoración
probatoria que fundamentaron la condena por el ítem de bombeo, proposición
que, en el marco del recurso de anulación, carece de vocación de prosperidad
como, desde ahora, anuncia la Sala será declarado.

70. Sobre este puntual reclamo precisó el Tribunal (pág. 155 ib.) que el tema
de debate -y por tanto de prueba- giraba en torno al valor de las cantidades de
bombeo ejecutadas que fueron constatadas o certificadas por la interventoría
en las denominadas actas de constatación, pero fueron descontadas o no
reconocidas en la liquidación del riesgo geológico, según fue pedido.

71. A la par, indicó que la ANI justificó no reconocer el pago de dichas
cantidades, puesto que (i) los cuatro ítems de “bombeo de aguas de
infiltración”, por su propia denominación, se referían sólo a aguas de
infiltración, debiendo excluir las aguas industriales; (ii) el concesionario no
siguió la secuencia de excavación de los diseños y así generó mayores
cantidades de bombeo; además, dicho cambio impidió que la evacuación de
las aguas pudiera hacerse por gravedad (pendiente favorable) aumentando
esta actividad; (iii) durante la construcción de los túneles la interventoría
conminó al concesionario: (1) a que los caudales se calcularan en unidades
de tiempo representativas, mínimo diarias, para ajustar las cantidades a los
rangos pertinentes, para su inclusión en el acta de riesgo geológico; (2) a que

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 11001-03-26-000-

2020-00076-00 (66091), sentencia del 16 de septiembre de 2021, C.P. María Adriana Marín; cuyas
consideraciones en orden a explicar la casual séptima de anulación, se comparten en perspectiva legal.

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no se realizaran mediciones instantáneas sin considerar los tiempos muertos;
(3) reprochó la falta de un instrumento de medición o control adecuado para
obtener el caudal; y (iv) adujo que algunas cantidades de bombeo cobradas
fueron resultado de problemas en la obtención de la licencia ambiental, y otras
versaron sobre el transporte de aguas en carrotanque cobradas bajo el ítem
de bombeo.

72. Con esa mira, pasó a referirse a las fuentes de prueba ingresadas al
proceso para discernir cuáles de aquellas cantidades descontadas o no
reconocidas debían ser objeto de pago; lo anterior, pues [“p]ara el Tribunal es
claro que el objeto de la controversia entre las partes en relación con el
bombeo de aguas no versa acerca de si las cantidades reclamadas se
ejecutaron o no” sino la procedencia o no de haber sido descontadas,
dependiendo de si hacían parte del riesgo geológico. Al respecto, puntualizó:

“Así las cosas, el objeto de la controversia respecto de la reclamación del
concesionario en relación con la actividad de bombeo se circunscribe a determinar si
las cantidades reclamadas que fueron descontadas por la ANI (vía constataciones o
correcciones), corresponden o no a la ejecución de los ítems de bombeo de acuerdo
con la delimitación del riesgo geológico pactado en el ADICIONAL No. 1 y sus anexos”
(pág. 163 – 164 del laudo).

73. Bajo esta premisa, el Tribunal expuso su criterio en torno al tema objeto de
examen y se remitió directamente a las denominadas “actas de consolidación
de cantidades constatadas” a las que asignó mérito demostrativo respecto de
la ejecución de las actividades registradas. En este punto, la Sala advierte que
si bien el Tribunal no se detuvo a corroborar el respaldo de la información allí
contenida, ello no constituye fallo en conciencia, pues al hilo de tal postura el
Tribunal de Arbitramento razonó, como base de prueba, que sin mediar disputa
en el proceso sobre la ejecución de las actividades reclamadas, el tema en
litigio se circunscribía a establecer si ellas configuraban o no riesgo geológico;
de no serlo, su ejecución estaría considerada en el valor global del contrato
que era la regla general de remuneración de la concesión.

74. En efecto, la demanda reformada planteó una controversia respecto del
ítem de bombeo dedicada a debatir sobre la inclusión de las aguas industriales
en el ítem de bombeo de aguas de infiltración y la procedencia de su cobro
bajo el riesgo geológico; indicó que las “aguas bombeadas se presentan con
ocasión de la excavación de los túneles y están compuestas por aguas de
infiltración y en una pequeña proporción, por aguas provenientes de los
equipos de perforación”27 y afirmó que, “[a] pesar de lo anterior, las cantidades
efectivamente ejecutadas no fueron incluidas en las liquidaciones de los
túneles: 2, 3, 6, 6A, 15 y 16, ni de la galería del túnel 6A" 28 -con la oposición
ya expresada que realizó la ANI, también fincada en la determinación de los
conceptos y alcance del citado ítem y no las cantidades o su ejecución29-.

27 Núm. 105 a 107 de la reforma de la demanda. Visible en aplicativo SISMAC, archivo No. “27. 128411

PRINCIPAL No. 1 20210909 CORREO Y MEMORIAL DE REFORMA DE LA DEMANDA.pdf”.
28 Núm. 117 ídem.
29 En la contestación a la reforma de la demanda, al respecto señaló:

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75. En este sentido, la referencia que se hizo de las citadas actas, no se
constituye en una indicación nominal de un documento desprovisto de vínculo
o relación con el objeto de prueba que alerte sobre la presencia del vicio
analizado; contrario a ello, se revela el ejercicio de las facultades de los árbitros
en aplicación de las reglas de la sana crítica y del principio de autonomía de
apreciación probatoria, a partir de los cuales se atribuyó a aquellas el valor
asignado en la dinámica probatoria realizada, proveniente de un discurrir
enlazado con la interpretación contractual del negocio jurídico; se itera, sin que
la Sala pueda controvertir las valoraciones que sobre los medios de
acreditación hubiere realizado el Tribunal, pues ello está prohibido bajo la ley
de arbitraje.

76. En esa línea, el laudo aludió al contenido de cada una de las citadas “actas
de constatación”, puntualmente las referidas a los túneles 2, 3, 6, 6A
(incluyendo en este segmento el “Acta de Liquidación de Cantidades de
Riesgo Geológico” y “Evacuación”) 15 y 16, en las que se detallan las
cantidades que no se reconocieron a Coviandes y sus precios unitarios (pág.
160 a 162 del laudo); el resumen de los valores de las cantidades de los ítems
de bombeo de aguas reclamados, es el siguiente:

“114. AL HECHO 114. NO ES UN HECHO, es una percepción subjetiva de COVIANDES. Los caudales
de aguas industriales corresponden a caudales importantes, sobre los cuales COVIANDES es
responsable del manejo de los mismos hasta el tratamiento final y vertimiento en los puntos autorizados
sin que se consideren parte del riesgo geológico. (…)”
“115. AL HECHO 115. NO ES UN HECHO, es una percepción subjetiva de COVIANDES. La actividad
que se encuentra incluida en el riesgo geológico es el bombeo de aguas de infiltración, cuando se
requiera realizar esta actividad en contrapendiente para evitar empozamiento en el frente de excavación;
las demás condiciones, esto es: pendiente a favor, modificaciones del proceso constructivo y secuencia
de excavación, que inducen empozamientos, son responsabilidad de COVIANDES, así como el manejo
de las aguas industriales, manejo ambiental, etc. (…)”
“116. AL HECHO 116. NO ES CIERTO. La actividad que se encuentra incluida en el riesgo geológico,
es el “bombeo de aguas de infiltración”, cuando se requiera realizar esta actividad en contrapendiente
para evitar empozamiento en el frente de excavación; las demás condiciones, esto es: pendiente a favor,
modificaciones del proceso constructivo y secuencia de excavación, que inducen empozamientos, son
responsabilidad de COVIANDES, así como el manejo de las aguas industriales, manejo ambiental, etc.
(…)”. Visible en aplicativo SISMAC, archivo No. “27. 128411 PRINCIPAL No. 1 20210909 CORREO Y
MEMORIAL CONTESTACIÓN DE REFORMA DE LA DEMANDA.pdf”. (pág. 70 – 71)

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77. A partir de la tesis que adoptó el Tribunal al interpretar el contrato y sus
anexos respecto del alcance de la actividad de bombeo, resolvió acceder a los
pagos basado en que el ítem de aguas de infiltración sí consideraba el
“volumen de flujos de agua usados por el equipo de perforación” o aguas
industriales, y las actas referidas daban cuenta de las cantidades y valores por
los conceptos descontados; agregó, volviendo sobre las especificaciones
contractuales, que el Adicional 1 no previó una exclusión o descuento de ese
tipo de bombeo, el cual cumplía las características para su reconocimiento
bajo el riesgo geológico; por lo que más allá de que en su momento la
interventoría no lo hubiese entendido y hubiera realizado correcciones y
reducciones por esta causa, ello no impedía al Tribunal llegar a un
entendimiento diverso.

78. Así las cosas, a partir del análisis de los distintos documentos que
conformaron el caudal probatorio, e incluyeron algunos testimonios que
sirvieron al Tribunal para colegir la inseparabilidad de ambos tipos de bombeo
-aguas de infiltración y aguas industriales- (pág. 167 del laudo) el laudo
concluyó en la improcedencia, a su juicio, de hacer los referidos descuentos.
Lo expuesto, conduce a la Sala a descartar de forma certera la configuración
del vicio de anulación esgrimido, pues evidentemente no existió orfandad
probatoria ni tampoco de valoración o sustento.

79. Por lo anterior, habrá de desestimarse la censura analizada dado que ésta
apunta directamente a elevar un ataque respecto de las consideraciones de
fondo y criterios de valoración probatoria expresados en el laudo, protesta que
con nitidez se asocia a aspectos in iudicando, propios de un recurso de
apelación, de los cuales no se ocupa este dispositivo de control judicial; valga
insistir, este mecanismo de impugnación no está disponible ni siquiera frente
a la existencia de errores de aplicación de las reglas de prueba, en tanto tal
incorrección no figura en las causales de nulidad de laudos arbitrales.

• Segundo Cargo: Configuración de la causal 7 de anulación
respecto de la decisión del laudo relativa al ítem de “Enfilajes”

80. Bajo el mismo escenario advertido al analizar las actividades de bombeo,
la Convocante reclamó el reconocimiento y pago del valor de las cantidades
del ítem de “Enfilajes” ejecutados, que la ANI descontó o no reconoció dada la
interpretación que tuvo del Adicional 1 y sus anexos respecto del concepto de
riesgo geológico y su alcance.

Este y otros ítems integraron el catálogo de obras y actividades pretendido por
la Convocante bajo el capítulo 3.3.2 de la demanda reformada, bajo el título
de “[d]escuentos por exclusiones infundadas de determinadas actividades, de
las certificaciones y liquidaciones de Riesgo Geológico”; en oposición a dicha
súplica la ANI señaló que todos los descuentos o no reconocimientos de
cantidades ejecutadas que se realizaron fueron acordes a lo pactado por las
partes en el marco del riesgo geológico.

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81. En el recurso de anulación, la ANI reprocha al Tribunal haber fallado en
conciencia al proferir la condena por enfilajes, pues “no existe un análisis
probatorio adecuado, ponderado y profundo que le permita al Tribunal llegar a
la conclusión sobre las razones y la cuantía de la condena”; fundamentó su
inconformidad en que la decisión se basó en unas actas de liquidación de
riesgo geológico que no ofrecen certeza de las cifras mencionadas y en un
dictamen pericial aportado por la Convocante, sin elaborar un mínimo análisis
acerca del contenido y la metodología utilizada por los peritos.

82. En primer lugar, advierte la Sala que el censor cuestiona la ruta de análisis
y valoración probatoria adoptada por el Tribunal como plataforma de su
decisión; este escenario revela, ab initio, que la proposición sugerida en el
recurso es ajena a las bases que configuran la causal séptima de anulación,
pues no denota inexistencia de sustento demostrativo, ni desconoce
abiertamente el material de prueba necesario para emitir el fallo. Lo que se
controvierte, en realidad, es el criterio arbitral al haber decidido con base en
dos medios de convicción que para el recurrente son equivocados, carentes
de mérito y certeza.

83. Esta providencia, líneas atrás, precisó dos puntos centrales que son
detonantes de las peticiones consecuenciales de condena; el primero, atañe a
la tesis del Tribunal en relación con el alcance del riesgo geológico, aspecto
que marca una línea concreta sobre la forma en que el laudo interpretó las
cláusulas contractuales y sus anexos, y por cuya virtud el Tribunal señaló
respecto al ítem de enfilajes que éste sólo se activaba cuando se presentaran
cambios entre el tipo de terreno previsto en los diseños y el tipo de terreno
realmente encontrado durante la construcción, y únicamente respecto a los
terrenos tipo V y VA; el segundo, que el Tribunal, de nuevo, fue puntual en
develar que no existió un cuestionamiento relativo a la ejecución o cantidades
registradas en las actas, sino que la controversia estaba atada al concepto y
límites definidos en el riesgo geológico para establecer si procedían o no los
descuentos y/o los no reconocimientos de estas actividades. (pág. 146 a 148
del laudo).

84. Para llegar a la condena cuestionada, el Tribunal se remitió a los planos y
diseños vinculantes entre las partes de cara a la medición, liquidación y pago
del riesgo geológico, indicando que corresponden a los entregados en marzo
de 2009 (Sectores 1, 2, 3, 3A, 4 y 4A) y febrero de 2011 (Sectores 1A y 2A); a
partir de allí, y como el ítem de enfilajes estaba comprendido expresamente
dentro del riesgo geológico debían reconocerse las cantidades ejecutadas de
esta actividad siempre que correspondieran a los citados terrenos V y VA como
quedó delimitado, descartando la ejecución de enfilajes realizados por fuera
del marco así definido. Al respecto indicó:

30

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Referencia Recurso extraordinario de anulación

85. Para el efecto, el Tribunal confirió mérito demostrativo a las “actas de
liquidación de riesgo geológico”, en conjunto con los apartes que estimó
suficientes del dictamen pericial cuestionado por el censor, para afirmar:

86. Así, en la medida que el Tribunal sí consultó las pruebas que arribaron al
proceso y precisó los medios de convicción que merecieron fuerza
demostrativa para fundamentar las cantidades a reconocer y su valor30, la Sala

30 En el pie de pág. 201, 202 y 203 del laudo se relacionaron las pruebas consideradas para el cálculo

de la decisión de condena por enfilajes; así:
“201 El precio unitario del ítem 3.7.010 correspondiente a los Enfilajes es de $224.608”.
“202 (i) ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL RIESGO GEOLÓGICO, Sector 3 Túnel 10, de junio de 2015; (ii)
ACTAS DE RIESGO GEOLÓGICO No. 1 a 10 del Túnel 10; (iii) Comunicación de la Interventoría IBV-
1812-15 del 19 de junio de 2016, asunto: “Envío Acta y liquidación de Riesgo Geológico Túnel 10,
firmada” (en la que consta el perfil geológico previsto en los diseños iniciales y el perfil geológico real
encontrado durante la construcción del túnel); y (iv) Apéndice No. 1 del Dictamen, págs. 260 – 278”.
“203 (i) ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL RIESGO GEOLÓGICO, Sector 3A Túnel 13, de junio de 2015; (ii)
ACTAS DE RIESGO GEOLÓGICO No. 1 a 15 del Túnel 13; (iii) Comunicación de la Interventoría IBV-
1872-15 del 14 de julio de 2015, asunto: “Envío Acta y liquidación de Riesgo Geológico Túnel 13, firmada”

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constata que los árbitros no desecharon el material probatorio en que debían
fundarse ni se marginaron de tales elementos para consultar su propia verdad
y decidir, sino que acudieron a las fuentes de prueba que, en su criterio, fueron
adecuadas, ciertas y suficientes para proferir su decisión, lo que desdice de la
configuración del yerro aducido en este juicio, más allá del acuerdo o no que
se pueda tener sobre tal razonamiento.

87. Así las cosas, comoquiera que la Sala no puede controvertir o echar abajo
los fundamentos, “criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”, como se
precisó líneas atrás, y no se acreditó que las decisiones cuestionadas se
adecuaran a las hipótesis a las que se refiere la causal séptima de anulación,
la Subsección negará la prosperidad de los cargos formulados, respecto de
ambos recursos.

• Costas

88. Toda vez que el recurso de anulación se declarará infundado, corresponde
aplicar el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el cual, si ninguna de las
causales prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho
recurso haya sido presentado por el Ministerio Público. A su vez, de
conformidad con lo normado en el artículo 42 de la misma ley, en la sentencia
que resuelve el recurso de anulación “se liquidarán las condenas y costas a
que hubiere lugar”.

89. En aplicación de la anterior normativa, se dispondrá la fijación de costas
únicamente a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura; en todo caso,
teniendo en cuenta que se presentaron dos recursos, uno de ellos instaurado
por el Ministerio Público, la condena en costas será proporcional a la parte que
le corresponde. Para ello, en relación con las agencias en derecho, la Sala
procederá a fijarlas de conformidad con lo previsto en el Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en atención a la complejidad y la duración de la actuación que
adelantó la Convocante frente al respectivo recurso. En lo que tiene que ver
con los recursos extraordinarios, las agencias en derecho deben fijarse entre
1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuso el
artículo 5.9 del referido Acuerdo.

90. Considerando que en el recurso se invocó un cargo de anulación respecto
de dos pretensiones, y puntualmente sobre la condena por enfilajes y bombeo,
y que la parte Convocante intervino de manera activa se reconocerá el
equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha
del pago efectivo, en atención al criterio de proporcionalidad antes indicado, a
favor de la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. -COVIANDES-, suma que

(en la que consta el perfil geológico previsto en los diseños iniciales y el perfil geológico real encontrado
durante la construcción del túnel); y (iv) Apéndice No. 1 del Dictamen, págs. 314 – 331”.

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Radicación: 11001032600020230004600 (69.627)
Convocante Concesionaria Vial de los Andes S.A.S.
Convocada Agencia Nacional de Infraestructura
Referencia Recurso extraordinario de anulación

deberá pagar la Agencia Nacional de Infraestructura, recurrente en el presente
asunto.

V. PARTE RESOLUTIVA

91. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADOS los recursos extraordinarios de
anulación interpuestos por la Agencia Nacional de Infraestructura y el
representante del Ministerio Público, conforme a las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la Agencia Nacional de Infraestructura
por la suma de cinco (5) SMMLV para la fecha de ejecutoria de la sentencia, a
favor de la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. -COVIANDES-, de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: En firme esta decisión, se ordena devolver el expediente al Centro
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por conducto
de la Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda
que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el
sistema SAMAI.

V.F

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