Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00069-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00069-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00069-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de septiembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA PLENA
Bogotá DC, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: JOSÉ DAVID MENA MOYA Y OTROS
Demandada: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
POLICÍA NACIONAL
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
Asunto: REQUISITOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO –
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
Síntesis del caso: la parte actora alega que el fallo de segunda instancia desconoció la sentencia
de 6 de junio de 2013 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado –
se desestimará el recurso, porque la sentencia invocada no tiene el carácter de ser sentencia de
unificación.
Decide la Sala el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por
la parte actora contra la sentencia de 8 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Chocó dentro del proceso de reparación directa no. 27001-3333-001-
2016-00112-01, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor José David Mena Moya y otros1 presentaron demanda2 en ejercicio del medio
de control jurisdiccional de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional para que se le declarara patrimonialmente
1 Nelcy Yulieth Mena Valencia, Andrés David Mena Valencia, Fanny Moya Cuesta, Yubilis Valencia
Rentería, Nepher Mena Moya, Alejandro Mena Moya, Máryori Mena Moya, Fanny Mena Moya, Luz Daris
Mena Moya.
2 El 24 de febrero de 2016.
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Expediente 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
responsable por los perjuicios causados a los demandantes, por las lesiones que sufrió
el señor José David Mena Moya en un ataque terrorista perpetrado por un grupo
subversivo que activó un explosivo en un establecimiento de comercio donde él laboraba
(índice 2 SAMAI3).
2. La sentencia de primera instancia
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó mediante sentencia de 15 de
octubre de 2019 (índice 2 SAMAI – archivo 3) negó las pretensiones de la demanda, por
considerar, en síntesis, que la parte actora no demostró que hubiese solicitado medidas
de protección, que las autoridades conocieran de la existencia de amenazas ni que las
circunstancias que rodearon el hecho hicieran previsible el acto dañoso. La parte actora
interpuso recurso de apelación que fue concedido ante el superior.
3. La sentencia de segunda instancia
El Tribunal Administrativo de Chocó profirió sentencia el 8 de octubre de 20214 en la que
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones (índice 2 SAMAI),
con base en las siguientes consideraciones:
1) La parte actora se limitó a afirmar que resultó lesionada en los hechos acaecidos el
25 de febrero de 2014, cuando fue activado un artefacto explosivo en el establecimiento
de comercio donde laboraba, pero no probó que efectivamente resultó lesionado en ese
ataque, así como tampoco acreditó los perjuicios materiales y morales que reclama.
2) En gracia de discusión, en este caso no se configuran los elementos de
responsabilidad por falla en el servicio que fueron fijados jurisprudencialmente por el
Consejo de Estado5, por cuanto: i) no se probó la participación de agentes estatales en
el atentado cometido por el grupo armado ilegal; ii) no se probó que los actores solicitaran
protección específica para su libertad personal, su vida o sus bienes; iii) no se probó que
el atentado al establecimiento de comercio fuera previsible, pues lo único que obra en el
plenario es una denuncia por extorsión que presentó el señor Nabor Tadeo Giraldo
3 Archivo: “7_110010326000202300069003EXPEDIENTEDIGI20230503122517.pdf”.
4 La sentencia se notificó mediante el envío de un mensaje de datos dirigido el 27 de octubre de 2021 a las
direcciones de correo electrónico de suministradas por las partes.
5 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sala Plena de la Sección Tercera; CP:
Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 20 de junio de 2017: exp. 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18860).
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Expediente 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Aristizábal siete meses antes de la ocurrencia de los hechos, ante la Fiscalía General de
la Nación, pero no hay elementos probatorios que permitieran inferir que la Policía
Nacional tuviera esta información y; iv) no se probó que la entidad demandada creara
una situación de riesgo que se materializara en la afectación al establecimiento de
comercio.
3) No es posible atribuir responsabilidad a la demandada a título de riesgo excepcional,
pues no creó el riesgo y el objetivo del ataque ilegal fue una propiedad privada, no un
objetivo institucional ni tampoco se dirigió contra de personas representativas del Estado.
4) No se reúnen los elementos para declarar una responsabilidad por daño especial,
porque los agentes del Estado no efectuaron una conducta lícita que causara los daños
sufridos por los demandantes, es decir, no se presentó un enfrentamiento con la fuerza
pública que provocara daños en la población civil.
4. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El 4 de noviembre de 2021 la parte demandante interpuso recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia (índice 2 SAMAI – archivo 14), en el que expuso que la
sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Chocó
contraría a la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección
Tercera el 6 de junio de 2013 en el proceso 05001-23-31-000-1997-01432-01 (26.011),
por las siguientes razones:
1) El Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 6 de
junio de 2013 consideró lo siguiente respecto a la responsabilidad estatal por actos
terroristas:
“respecto a la responsabilidad del Estado por actos terroristas, ha sido estructurada
por la jurisprudencia de esta Corporación, bajo los regímenes de responsabilidad o
títulos de imputación jurídica, de la falla del servicio, el daño especial y el riesgo
excepcional. (…).
Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama
ocurrieron en el marco del conflicto armado interno y resulta evidente que es al
Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la
terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más
elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques
subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas. (…)
“Por consiguiente, en cuanto el acto terrorista se dirige contra la sociedad en su
conjunto, pero se localiza materialmente en el perjuicio excepcional y anormal
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Expediente 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
respecto de un ciudadano o grupo de ciudadanos muy reducido, será toda la
sociedad la que soporte, de forma equitativa, esa carga. En efecto, la solidaridad
fundamentaría la atribución de esos daños al Estado”6.
En contraposición, el Tribunal Administrativo de Chocó en la sentencia proferida en
segunda instancia en el proceso de la referencia, concluyó en este caso que: i) no se
probó que el atentado terrorista fuera previsible, ii) no se acreditó que la autoridad
demandada tuviera información que le hubiese permitido tomar medidas para prevenir el
atentado y, iii) no se demostró la participación de agentes del Estado.
2) En la sentencia objeto del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia se
desconoció que existían pruebas que acreditaban que el señor Nabor Tadeo Giraldo
Aristizábal (propietario del establecimiento de comercio) denunció el 30 de julio de 2013
ante la Fiscalía General de la Nación que era víctima de extorsión y de amenazas,
información que se remitió a la unidad del Gaula de la Policía Nacional quien, a su vez,
procedió a tomar ampliación de la denuncia el 6 de septiembre de 2013, pocos días antes
de que ocurriera el atentado.
En el proceso se demostró que se había realizado advertencias a la autoridad sobre la
las amenazas y que el hecho era previsible para la Policía Nacional que falló en el servicio
de vigilancia por no brindar seguridad a las personas que trabajan en el supermercado,
aspecto que como hecho sobreviviente se evidencia en unas declaraciones que rindieron
posteriormente comandantes de las FARC-EP, en el marco del acuerdo para la paz,
quienes reconocieron que pusieron los explosivos en el supermercado porque el
propietario se había negado a pagar una contribución económica.
3) En el caso examinado en la sentencia invocada del Consejo de Estado no existió una
denuncia previa sobre el ataque terrorista, pero “pese a que el demandado realizó alguna
actuación en función de su labor legal encomendada las mismas fueron deficientes,
situación por la cual fue condenado bajo el título de falla en el servicio de protección y
vigilancia”.
4) La Policía Nacional falló en el servicio debido a que no desplegó actividad alguna con
el propósito de verificar los hechos denunciados ni desplegó un operativo con la finalidad
6 Se precisa que la cita corresponde al contenido del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
y no directamente a la providencia del Consejo de Estado a la que se hace referencia.
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Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
de prestar seguridad al señor Nabor Tadeo Giraldo Aristizábal, al establecimiento de
comercio y a las personas que laboraban o compraban en el supermercado.
5) En medios de comunicación la Policía Nacional informó a la comunidad la forma como
operaba las FARC-EP en materia de extorsión, por lo tanto, es un hecho notorio que para
esa autoridad era previsible que, ante las amenazas, ese grupo subversivo iba a proceder
a perpetrar un ataque.
6) En la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó se omitió valorar
que i) existió una denuncia previa antes del atentado terrorista, ii) la autoridad conoció la
amenaza, iii) la demandada conocía de la existencia de los grupos guerrilleros que
operaban en la zona, al punto de informar a la comunidad sobre los móviles del atentado,
iv) no se realizó ninguna actuación preventiva en favor de las víctimas y v) el extinto grupo
de las FARC –EP reconoció que todo lo dicho es cierto.
5. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Mediante auto de 29 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de Chocó concedió
ante esta Corporación el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
presentado por la parte actora (índice 2 SAMAI – archivo 6), el cual se admitió a través
de auto de 7 de julio de 2023; en esa misma decisión se corrió traslado a la parte
demandada y al Ministerio Público por el término de quince (15) días, según lo dispuesto
en el artículo 266 del CPACA (índice 12 SAMAI).
5. Contestación del recurso
Según el informe rendido por la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación
(índice 12 SAMAI) la Nación – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional no
presentó ninguna manifestación.
5. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público rindió concepto (índice 8 SAMAI) en el que solicitó que
se declare infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, por las
siguientes razones:
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Expediente 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
1) La sentencia invocada tiene un carácter sui generis por cuanto estuvo encaminada a
definir una posición jurídica en un caso en particular y evitar que frente a unos mismos
hechos existieran diferentes decisiones dentro de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, específicamente respecto de los procesos de reparación directa originados por
un acto terrorista ocurrido el 10 de junio de 1995 en la ciudad de Medellín.
En consecuencia, en atención a que en el presente proceso no se discute la
responsabilidad estatal por el atentado que ocurrió el 10 de junio de 1995 en la ciudad de
Medellín, sino por unos hechos diferentes que se presentaron en el año 2014 en la ciudad
de Quibdó, se concluye que la sentencia citada por la parte actora no es aplicable en este
proceso.
2) Se debe declarar infundado el recurso, toda vez que en la sentencia invocada no se
modificó el estudio de los títulos de imputación que se hace en estos casos de atentados
terroristas y tampoco contiene un criterio de interpretación que se deba aplicar en todos
los casos relacionados con ese tipo de controversias.
3) En la sentencia invocada no se accedió a las pretensiones de la demanda relacionadas
con la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso de daños por un acto
terrorista, en aplicación de la teoría de la relatividad de la falla en el servicio.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) la sentencia
invocada en el recurso extraordinario de unificación y, 3) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La controversia planteada consiste en determinar si la sentencia de 8 de octubre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó desconoció la sentencia de 6 de junio
de 2013 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
proceso de reparación directa con radicación número 05001-23-31-000-1997-01432-01
(26.011).
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Expediente 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
La Sala7 desestimará el recurso debido a que la sentencia invocada como supuestamente
desconocida no tiene el carácter de ser sentencia de unificación, según las
consideraciones expuestas y lo resuelto por esta Sala en providencia del 25 de agosto
de 2022 en el proceso 11001-03-26-000-2021-00015-00 (66.461).
3. La sentencia invocada en el recurso extraordinario de unificación
1) El artículo 258 del CPACA establece que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia es procedente cuando la sentencia objeto de la impugnación contraríe una
providencia que tenga el carácter de sentencia de unificación, así:
“Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
2) En el presente caso, la parte recurrente invocó como desconocida la sentencia
proferida el 6 de junio de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en el proceso de reparación directa 05001-23-31-000-1997-01432-01 (26.011),
en la cual se negaron las pretensiones respecto de unos precisos hechos relacionados
con un ataque terrorista ocurrido el 10 de junio de 1995 en la ciudad de Medellín.
3) En ese sentido, en relación con la mencionada providencia que fue invocada por la
parte recurrente como desconocida, si bien inicialmente se consideró por esta Sala que
revestía la naturaleza de sentencia de unificación8, lo cierto es que, luego modificó ese
criterio para concluir que no tiene ese carácter, con fundamento en las siguientes
consideraciones9:
“(…) No obstante, en la referida sentencia no se estableció ni fijó un criterio
jurisprudencial uniforme frente a un punto de derecho, sino frente a unos hechos
particulares que se demandaban, pues revisado su contenido, se observa en sus
consideraciones, que lo que hace es reiterar la postura que para ese momento tenía
7 De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del CPACA corresponde a la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
en atención a la especialidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 259 del CPACA, en
concordancia con el numeral 1 del artículo 14 del Acuerdo 80 de 2019.
8 Véase, por ejemplo, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera – Sala Plena, MP Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 3 de octubre de 2018,
expediente no. 11001-33-36-031-2013-00252-01 (59.840).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Sala Plena, MP José
Roberto Sáchica Méndez, providencia de 25 de agosto de 2022, expediente no. 11001-03-26-000-2021-
00015-00 (66.461); se precisa que en esa oportunidad salvaron el voto los magistrados Martín Bermúdez
Muñoz, Alberto Montaña Plata y Fredy Ibarra Martínez, por cuanto consideran que la sentencia invocada
sí es de unificación jurisprudencial.
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Expediente 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
la Corporación en lo concerniente a la responsabilidad del Estado por actos
terroristas y los títulos de imputación que debían aplicarse en esos casos.
(…).
35. Bajo ese escenario, la sentencia del 6 de junio de 2013 (Rad. 26.011),
invocada como desconocida por la parte recurrente, no corresponde a
aquellas dictadas por el Consejo de Estado en ejercicio de su función de
unificación de jurisprudencia, dado que en ella no se adoptaron criterios nuevos
ni se fijaron reglas de derecho, sino que se reiteraron las fijadas con antelación por
esta Corporación” (negrillas adicionales).
4) Por consiguiente, en atención a lo definido por esta Sala en el precedente citado, se
desestimará el recurso extraordinario interpuesto, porque la providencia invocada como
fundamento de dicha censura no tiene el carácter de sentencia de unificación
jurisprudencial, elemento indispensable para la prosperidad de este medio de
impugnación extraordinaria, según lo previsto en el artículo 258 del CPACA.
3. Condena en costas
El artículo 267 del CPACA establece que “si el recurso es desestimado, se condenará en
costas al recurrente”, no obstante, no se condenará en costas a la parte actora por cuanto
la desestimación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deviene de
una circunstancia ajena a los recurrentes, en otros términos, dado que con posterioridad
a la interposición del recurso extraordinario de unificación se concluyó que la sentencia
invocada no es de unificación, no se condenará en costas en este caso concreto.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SALA PLENA-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Desestímase el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto
por la parte actora contra la sentencia de 8 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Chocó dentro del proceso de reparación directa no. 27001-3333-001-
2016-00112-01.
2º) Abstiénese de condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
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Expediente 11001-03-26-000-2023-00069-00 (69.832)
Demandante: José David Mena Moya y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Ausente con excusa
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados integrantes de la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en el sistema de gestión judicial SAMAI, en consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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