Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00081-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00081-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00081-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
11 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00081-00 (69903)
Recurrente: Isaías Moisés Guerrero Ruiz y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00081-00 (69903)
Recurrente: ISAÍAS MOISÉS GUERRERO RUIZ Y OTROS
Asunto: Causal 2ª del artículo 250 del CPACA─ Documento falso─
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la sentencia proferida el cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de reparación directa No.
20001-33-33-006-2015-00227-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora presentó demanda de reparación directa contra la Empresa de
Servicios Públicos de Valledupar (en adelante EMDUPAR S.A. E.S.P.), solicitando
la indemnización de perjuicios por las lesiones que el señor Guerrero Ruiz sufrió al
colisionar con unos escombros mientras se movilizaba en una motocicleta. El
Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar accedió a las pretensiones de la
demanda. No obstante, mediante decisión del cinco (5) de mayo de dos mil veintidós
(2022) el Tribunal Administrativo del Cesar revocó el fallo de primera instancia y, en
su lugar, negó las pretensiones al considerar que no estaba probada la falla en el
servicio. Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó la causal de
revisión prevista en el numeral 2º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[h]aberse
dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.”, por
cuanto, según afirman, una certificación que fue tenida en cuenta en la providencia
acusada resulta contraria a las demás pruebas que obraban en el proceso ordinario.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00081-00 (69903)
Recurrente: Isaías Moisés Guerrero Ruiz y otros
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa No. 20001-33-
33-006-2015-00227-01.
1.1. El once (11) de mayo de dos mil quince (2015)1, los señores Isaías Moisés
Guerrero Ruiz, Yaneth de Jesús Guerrero Andrade, Eliud Guerrero Lucas, Luz Meris
Guerrero Andrade, Isabel María Guerrero Andrade, Jesús Aldair Guerrero Lucas,
Abraham David Guerrero Lucas, Isaías Moisés Guerrero Lucas, Moisés Isaías
Guerrero Lucas y Juan Carlos Guerrero Lucas, a través de apoderado judicial,
formularon demanda de reparación directa en contra de EMDUPAR S.A. E.S.P.,
solicitando que fuera declarada responsable de las lesiones sufridas por Isaías
Moisés Guerrero Ruiz al colisionar con unos escombros puestos en la vía mientras
se movilizaba en una motocicleta, los cuales, según manifestaron, provenían de una
actividad de mantenimiento adelantada por dicha entidad.
Como sustento de su demanda, indicaron que el diecinueve (19) de enero de dos
mil quince (2015) el señor Guerrero Ruiz transitaba en una motocicleta por las calles
de Valledupar, cuando, siendo las 8:15 p.m., chocó de frente contra unos
escombros ubicados en la Carrera 27 con calle 7B, escombros que, según
afirmaron, habrían sido dejados en la vía pública por servidores de EMDUPAR S.A.
E.S.P., quienes se encontraban desarrollando labores en el alcantarillado en la
zona.
Manifestaron que, debido a la colisión, el señor Isaías Moisés Guerrero Ruiz sufrió
una caída que le generó un traumatismo en el hombro izquierdo, por lo que requirió
de la implantación de una prótesis; además, tuvo fractura de la epífisis superior del
húmero, laceraciones y golpes en diferentes partes del cuerpo, lesiones que
derivaron en una incapacidad de alrededor de sesenta (60) días.
Al respecto, alegaron que los escombros se encontraban en plena vía pública, sin
ningún tipo de señalización que advirtiera a los transeúntes, razón por la que
consideraron que la demandada debía ser condenada a reconocer los perjuicios
morales y patrimoniales derivados del accidente2.
1 Folio 11 del PDF “01.Demanda”, archivo RAR “36RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciara” del
índice 28 de SAMAI.
2 Demanda disponible en el PDF denominado “01.Demanda” del archivo RAR
“36RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciara” del índice 28 de SAMAI.
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1.2. El ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Valledupar accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a EMDUPAR
S.A. E.S.P., condenándola al pago de los perjuicios solicitados. Sin embargo, redujo
el monto de la indemnización en un cincuenta por ciento (50%) por considerar que
el evento ocurrió por una concurrencia de culpas.
Como sustento de su decisión, el juzgado advirtió probado tanto los daños sufridos
como el hecho de que EMDUPAR S.A. E.S.P. dejó en la vía unos escombros
procedentes de actividades de mantenimiento del alcantarillado que estaba
adelantando, sin contar con señalización alguna; sin embargo, consideró que la
forma como la víctima directa conducía la motocicleta y su falta de precaución
incidieron en la concreción del daño. En consecuencia, consideró que estaba
acreditada la concausa que imponía reducir la indemnización en un cincuenta por
ciento (50%)3.
1.3. Inconformes con la referida decisión, tanto la parte demandante como la
demandada formularon recursos de apelación. La primera de ellas cuestionó que
se hubiese declarado la concausa, por cuanto las condiciones en las que ocurrió el
accidente ─esto es, de noche y con disminución de visibilidad─ no permitían
concluir que la conducta del señor Guerrero Ruiz hubiere incidido en la producción
del daño4.
Por su parte, EMDUPAR S.A. E.S.P. sostuvo que no estaban demostrados los
elementos de la responsabilidad estatal, específicamente, debido a que no había
prueba de que el accidente se hubiere producido por acción u omisión de la entidad,
así como tampoco de la forma cómo acaecieron los hechos, si el material en la vía
pertenecía realmente a la empresa o si aquella estaba adelantando labores de
mantenimiento o adecuación en el lugar5.
1.4. Mediante sentencia de cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022), el Tribunal
Administrativo del Cesar revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
3 PDF denominado “01sentencia” del archivo RAR “35RECIBEMEMORIAL_02SegundaIstanciarar”
del índice 28 de SAMAI.
4 Folios 1 a 2 del PDF denominado “03.EscritoRecurso” del archivo RAR
“35RECIBEMEMORIAL_02SegundaIstanciarar”, índice 28 de SAMAI.
5 Folios 3 a 11 de la ubicación antes señalada.
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Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial consideró que, aunque
estaban demostradas las lesiones sufridas por el señor Guerrero Ruiz, no estaba
acreditado que aquellas se hubieren producido por la acción u omisión de la
demandada. Además, indicó que el accidente no fue registrado por la autoridad de
tránsito, de ahí que no se tuviera “croquis” ni información de la forma como ocurrió
la colisión, y que tampoco se demostró que para esa fecha se estuvieren realizando
actividades de mantenimiento y/o reparación en el sector donde ocurrieron los
hechos, como se desprendía de la certificación expedida por la empresa el siete (7)
de septiembre de dos mil quince (2015).
Por lo demás, explicó que los elementos probatorios aportados al expediente
(fotografías, testimonios, entre otros) no permitían establecer las condiciones de
tiempo, modo y lugar en las que habrían sucedido los hechos, de manera que el
asunto se encontraba desprovisto de prueba que sustentara adecuadamente las
pretensiones6.
2. El recurso extraordinario de revisión
El diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023)7, el señor Isaías Moisés Guerrero
Ruiz y su grupo familiar8, por intermedio de apoderado judicial, presentaron recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el cinco (5) de mayo de dos
mil veintidós (2022), alegando la configuración de la causal prevista en el numeral
2° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados”.
Como sustento de su recurso, la parte actora indicó que la decisión se fundó en
documentos falsos, específicamente, en la certificación expedida el siete (7) de
septiembre de dos mil quince (2015), a través del cual el ingeniero jefe del
Departamento Técnico Operativo de EMDUPAR S.A. E.S.P., dejó constancia de que
la empresa no estaba realizando labores de mantenimiento en el lugar de los
hechos. A juicio de los recurrentes, esa certificación resulta contraria tanto a la
emitida en octubre de dos mil diecisiete (2017) por esa misma entidad, en la que
6 Índice 28 de SAMAI, PDF “30sentenciaRAd.2015-00227-01.pdf” del archivo
“35RECIBEMEMORIAL_02SegundaIstanciarar”.
7 Índice 2 de SAMAI, documento descrito como “ED_GMAILRV_FWD_(.pdf) NroActua 2”.
8 En la subsanación del recurso se indicó que la parte actora la constituía el señor Isaías Moisés
Guerrero Ruiz y su grupo familiar, tal y como consta en los índices 8 y 9 de SAMAI.
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reconoció que el mantenimiento de los manjoles9 y demás elementos del
alcantarillado está a su cargo, como a las fotografías aportadas al proceso que
daban cuenta de la existencia de los escombros y de la actividad de mantenimiento.
En este sentido, reprochó que el Tribunal hubiere concluido que las pretensiones
estaban desprovistas de prueba tomando como fundamento una certificación
expedida por la propia demandada y desconociendo otro documento de EMDUPAR
S.A. E.S.P. donde consta que esa entidad es la única encargada del mantenimiento
de los manjoles de la ciudad de Valledupar10; en ese contexto, a su juicio, no era
posible darle credibilidad a una certificación sobre la otra.
Además, señaló que la providencia recurrida desconoce el principio de buena fe, en
tanto resulta desproporcionado que se supedite la acreditación de la lesión a lo
referido por una autoridad de tránsito, a pesar de que el señor Guerrero Ruiz fue
remitido de urgencias al hospital y, por tanto, no podía esperar la llegada de dicha
autoridad. En todo caso, indicó que esa exigencia resulta excesiva, ya que para la
fecha en la que ocurrió el accidente no había agentes de tránsito en Valledupar11.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)12, el Despacho
inadmitió el recurso extraordinario de la referencia; subsanados los yerros
evidenciados, mediante providencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) se admitió y se dispuso su notificación a EMDUPAR S.A. E.S.P.
y al Ministerio Público13.
3.2. Durante el término de traslado, EMDUPAR S.A. E.S.P. presentó escrito
oponiéndose a la prosperidad del recurso por considerar que la causal no está
acreditada, ya que no se aportó ningún elemento que demuestre que el documento
reprochado adolece de falsedad ideológica o material, de manera que su
autenticidad y veracidad no fueron desvirtuadas.
9 Según la Asociación de Academias de la Lengua Española, la expresión “manjol” es un
americanismo que se refiere al “alcantarillado y desagües de una ciudad” (consulta efectuada en
https://www.asale.org/damer/manjol).
10 Se refiere a la certificación de diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
11 Recurso disponible en el PDF denominado “ED_ISAIASGUERRERORUIZ” del índice 2 de SAMAI.
12 Índice 4 de SAMAI.
13 Índice 11 de SAMAI.
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Indicó también que la jurisprudencia ha establecido que esta causal tiene lugar
cuando después de proferida la sentencia se obtiene prueba de la falsedad del
documento en el que se fundó la decisión, lo que no acaece en el caso concreto, ya
que la parte actora formuló cuestionamientos que pudieron ser presentados en el
trámite del proceso ordinario. Sin embargo, el escrito dubitado no fue objeto de
tacha dentro del proceso de reparación directa, lo que demuestra que la intención
de la parte recurrente es mejorar la actividad probatoria que no desplegó en la causa
ordinaria.
Por lo demás, señaló que, si bien la prueba cuestionada sirvió como insumo para
negar las pretensiones, lo que realmente condujo a esa decisión, tal y como se
consignó en el fallo recurrido, fue la orfandad probatoria atribuible a la parte actora14.
3.3. Por auto de primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), el Despacho
decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas
con el recurso y con su subsanación. Igualmente, se ordenó la remisión integra del
expediente de reparación directa No. 20001-33-33-006-2015-00227-01, el cual fue
enviado de manera digital por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar15.
3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para
adoptar la decisión que en derecho corresponda16.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA17, en concordancia
con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
14 Índice 20 de SAMAI, PDF denominado “28_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONRECURS”.
15 El auto de pruebas obra a índice 22 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copia de
las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso de ordinario. Además,
con la subsanación, allegó copia del documento que califica como falso, esto es, la certificación de
7 de septiembre de 2015 suscrita por el jefe del Departamento Técnico Operativo de la Empresa de
Servicios Públicos de Valledupar. El expediente digital del proceso de reparación directa (índice 28
de SAMAI), fue puesto en conocimiento de las partes sin que efectuaran manifestación alguna
(índices 29 y 30 de SAMAI).
16 Índice 31 de SAMAI.
17 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
(…)”.
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modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 ─Reglamento Interno de la
Corporación─18, esta Subsección es competente para resolver el presente recurso
extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el cinco (5) de mayo de
dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso
de reparación directa No. 20001-33-33-006-2015-00227-01, se encuentra incursa
en la causal de revisión contenida en el numeral 2º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es,
“[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y con la causal señalada por
la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren
el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
18 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)
Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección.”.
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ordenamiento jurídico19, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley20. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este
recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los
jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario21.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que
“[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial
ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son
de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente
previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”22
(Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
19 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
20 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-
2012-00231-00.
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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4. La causal de revisión contenida en el numeral 2° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 2° del artículo 250 del CPACA dispone como causal de revisión el
“[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados”. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa, esta causal está instituida con el propósito de infirmar aquellas
sentencias que se hubieren sustentado en documentos fraudulentos o espurios que
hubieren incidido de manera determinante en la decisión finalmente adoptada 23 y
de cuya falsedad se tuviere noticia o se hubiere acreditado después de proferida la
sentencia recurrida24.
Sobre su alcance, el Consejo de Estado ha establecido que su procedencia está
supeditada a que se logren acreditar los siguientes supuestos25:
i) Que la falsedad recaiga sobre una prueba documental lo que, de suyo,
excluye otros medios de prueba. En este sentido se pronunció la Sala Plena
de esta Corporación al precisar que “[l]a norma claramente se refiere
únicamente a documentos, sin extenderse a los demás medios de prueba
enunciados en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, a saber, la
declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen
pericial, la inspección judicial, los indicios ‘y cualesquiera otros medios que
sean útiles para la formación del convencimiento del juez.’. De la
comparación de las dos normas referidas, es decir, del numeral 1 del artículo
188 del Código Contencioso Administrativo y del 175 del Código de
Procedimiento Civil, puede concluirse válidamente que la primera disposición
escogió a la prueba documental para estructurar la causal de revisión y
deliberadamente excluyó a otros medios probatorios.”26 (negritas en original).
23 Corte Constitucional, sentencia C-269 de 1998.
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 31 de enero de 2025,
radicación 11001-03-15-000-2021-07506-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 6,
sentencia de 6 de octubre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-00085-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 9, sentencia de 18 de diciembre de 2020, radicación 11001-03-15-
000-2018-00164-00, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de
octubre de 2017, radicación 11001-33-31-001-2009-00096-00.
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 11, sentencia del 14 de mayo de 2025,
radicación 11001-03-15-000-2019-02422-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 31 de mayo de 2018, radicación 11001-03-25-000-2014-00629-00; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicación 05001-23-31-000-
2002-00570-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 1, sentencia del 6 de junio de
2017, radicación: 11001-03-15-000-2011-00050-00, y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de julio de 2010, radicación 52001-23-31-000-2007-00267-01.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de
2013, radicación 11001-03-15-000-2008-00638-00.
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Recurrente: Isaías Moisés Guerrero Ruiz y otros
ii) Contrario a lo que sucede en la jurisdicción ordinaria, la falsedad a la que
alude la causal objeto de análisis no demanda que un juez penal la haya
declarado, toda vez que el juez administrativo tiene la potestad de efectuar
un pronunciamiento objetivo e independiente de la decisión que se tome en
materia penal27. Así lo ha determinado esta Corporación al indicar que “la
doctrina y la jurisprudencia han coincidido en que esta condición de falsedad
o adulteración del documento no depende de que la justicia penal así lo haya
definido, contrario a como sucede en materia civil, donde la causal de revisión
sí exige un pronunciamiento en tal sentido. En consecuencia, el juez
administrativo tiene la potestad de efectuar un pronunciamiento
objetivo respecto de la falsedad que se aduce en el recurso de revisión,
independientemente de la decisión que se tome en materia penal.”28 (Se
resalta).
Adicionalmente, el Consejo de Estado ha señalado que la falsedad a la que
alude la causal puede ser ideológica o material. Frente a la primera, esta
Corporación ha considerado que debe probarse dentro del trámite del recurso
el dolo o la culpa de quien suscribió el documento, es decir, debe acreditarse
que la divergencia en el contenido no se debió a un error involuntario de su
autor, sino que éste tuvo la intencionalidad de plasmar en él datos contrarios
a la verdad. Por su parte, frente a la falsedad material la jurisprudencia ha
exigido que el recurrente aporte los documentos que permitan al juez efectuar
el cotejo correspondiente y que acredite que el vicio no pudo evidenciarse o
ponerse de presente en el curso del proceso ordinario29.
27 Aunque en un principio se consideraba que la decisión del juez penal sí era necesaria para poder
declarar la falsedad del documento, en la actualidad la posición pacífica sobre el punto es considerar
que no es necesaria la declaratoria penal sobre la falsedad. Sobre este desarrollo jurisprudencial,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00. Respecto de decisiones que explican por qué no es
necesaria la sentencia penal, se encuentran las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 14, sentencia del 31 de enero de 2025, radicación 11001-03-15-000-2021-
07506-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 1, sentencia del 13 de diciembre de
2024, radicación 11001-03-15-000-2022-02073-00; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2023, radicación 11001-03-26-000-2020-00098-00
(66157), y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de agosto de 2022,
radicado 11001-03-25-000-2018- 00564-00.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicación 05001-23-
31-000-2002-00570-01.
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2016, radicación 21.635,
reiterada, entre otras, en Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 9, sentencia del 5 de
marzo de 2019, radicación 11001-03-15-000-2014-04407-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00081-00 (69903)
Recurrente: Isaías Moisés Guerrero Ruiz y otros
iii) Por último, la falsedad debe recaer en un documento que haya sido decisivo
o transcendental para la adopción de la decisión, es decir, en aquellos que
sirvieron de sustento a la sentencia cuya revisión se solicita. En ese orden,
la parte recurrente debe argumentar de qué manera los documentos que
aduce como adulterados sirvieron como fundamento de la sentencia
recurrida y por qué fueron determinantes en la adopción de la decisión30.
Debe advertirse que la prosperidad de la causal objeto de análisis exige que todos
los elementos antes citados concurran de forma simultánea y estén debidamente
acreditados en el plenario.
De acuerdo con estas consideraciones, pasa la Sala a examinar el caso concreto.
5. Caso concreto
Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la parte actora alega que
en este caso se materializó la causal de documento falso, en tanto la certificación
expedida el siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015) por el jefe del
Departamento Técnico Operativo de EMDUPAR S.A. E.S.P. ─a través de la cual,
en términos generales, se hizo constar que para la fecha en la que ocurrió el
accidente del señor Guerrero Ruiz dicha empresa no estaba adelantando
actividades de mantenimiento de los elementos a su cargo sobre la vía en la que
acaecieron los hechos31─, “resulta contraria a la adoptada por ellos mismo (sic) en
el proceso donde certifican que dicha entidad es la encargada de hacer los
mantenimiento (sic) de los manjoles y demás servicios de alcantarillado y acueducto
en la ciudad de Valledupar”32, documento expedido el diecisiete (17) de octubre de
dos mil diecisiete (2017)33, y a las fotografías tomadas el día de los hechos, que
también obraban en el plenario.
Sin embargo, como se anotó al fijar el alcance general de la causal invocada,
aquella se refiere a la circunstancia de que, después de proferida la sentencia
acusada, se hubiere tenido noticia de que alguno de los documentos determinantes
para la adopción de la decisión estuviere viciado de falsedad material o ideológica,
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala No. 14 Especial de
Decisión, sentencia de 2 de abril de 2019, radicado 11001-03-15-000-2007-00383-00.
31 Certificación disponible a folio 16 del PDF denominado “11poder.pdf”, archivo RAR
“36RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciara(.rar)”, índice 28 de SAMAI.
32 Subsanación del recurso de revisión disponible en los índices 9 y 8 de SAMAI.
33 Documento disponible en el folio 3 del PDF denominado “34oficiorespuesta” del archivo RAR
“36RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciara(.rar)” del índice 28 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00081-00 (69903)
Recurrente: Isaías Moisés Guerrero Ruiz y otros
por lo que la jurisprudencia ha precisado que la procedencia del recurso está
supeditada a que “el recurrente haya obtenido la prueba de la falsedad con
posterioridad a la sentencia objeto del recurso”34.
En ese orden, la Sala advierte que en el presente caso el sustento del reclamo
planteado en el recurso es distinto a aquél para el cual está prevista la causal de
revisión, pues lo que aquí se alega es la falsedad de la certificación expedida el
siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015) en contraste con los demás medios
de prueba que también obraban en el expediente ordinario.
Así, es claro que los argumentos en los que la parte actora sustenta su reproche no
buscan demostrar la falsedad ideológica o material del documento dubitado por
algún hallazgo obtenido con posterioridad a la expedición de la sentencia
reprochada, sino que en ellos lo que se plantea es una inconformidad con la
valoración probatoria efectuada por el Tribunal, en particular, en tanto le dio crédito
a la certificación de la empresa donde se hizo constar que en el lugar de los hechos
no se adelantaban labores de mantenimiento el día en que ocurrió el accidente,
documento que además pudo ser objeto de tacha en el proceso original, lo cual no
se hizo.
En ese sentido, los alegaciones de los recurrentes no plantean realmente un juicio
de falsedad ideológica o material de un documento decisivo que, después de
proferida la sentencia, se advierta espurio, que es el supuesto al que se refiere la
causal de revisión, sino que se quedan en el campo del debate sobre los
argumentos y conclusiones a los que arribó el Tribunal luego de valorar los
elementos de prueba que obraban en el expediente, propósito que escapa al ámbito
de la causal objeto de estudio que no está prevista para reabrir la valoración de las
pruebas aportadas en el trámite ordinario.
Bajo este panorama, es claro que no están acreditados los supuestos que la
jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corporación exigen para la procedencia de
la causal bajo examen, pues la supuesta falsedad se estructura por oposición al
análisis de las pruebas efectuado por la autoridad judicial de segunda instancia,
argumentación que, se reitera, no solo resulta ajena a lo que debe demostrarse en
el curso de este proceso sino que, además, evidencia la intención de los recurrentes
34 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 31 de enero de 2025,
radicación 11001-03-15-000-2021-07506-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00081-00 (69903)
Recurrente: Isaías Moisés Guerrero Ruiz y otros
de utilizar esta herramienta como una instancia adicional con la finalidad de variar
la decisión que les fue adversa.
Así las cosas, la Sala debe concluir que el presente recurso resulta infundado, en
tanto los reproches formulados no dan cuenta de la configuración de la causal de
documento falso en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
que se acusa.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya estaba en vigencia Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las
costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha
legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General
del Proceso.
Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación,
teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente debe
aparecer que se causaron “y en la medida de su comprobación”35.
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió EMDUPAR S.A. E.S.P., de conformidad con los
parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, “[p]or el cual
se establecen las tarifas de agencias en derecho” proferido por el Consejo Superior
de la Judicatura36, la Sala condenará por ese concepto a la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) en favor de esa entidad,
atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso.
35 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
36“ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: // (…) 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V”.
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Recurrente: Isaías Moisés Guerrero Ruiz y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida el cinco (5) de mayo de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de reparación
directa No. 20001-33-33-006-2015-00227-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente por concepto de
agencias en derecho a la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (smlmv), a favor de EMDUPAR S.A. E.S.P., de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 188 y 255 del CPACA, y 365 y 366 del CGP.
TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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