Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00110-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00110-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00110-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
24 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO
ARBITRAL
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: UNIÓN TEMPORAL FÉNIX
Convocada: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES -
Características generales y naturaleza - Solo permite juzgar errores in procedendo - no es segunda
instancia. CAUSAL 9ª DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012 - Haber recaído el laudo sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber
decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. COSTAS EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO
DE ANULACIÓN - Expensas y agencias en derecho.
RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de anulación formulado por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas contra el laudo arbitral del 28 de
marzo de 2023, corregido mediante providencia del 17 de abril de 2023, proferido
por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias suscitadas
en torno al Contrato No. 121 de 2010, celebrado el 16 de noviembre de 2010 entre
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal Fénix.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Unión Temporal Fénix presentó demanda arbitral y solicitó la integración de un
Tribunal de Arbitramento con el fin de dirimir las controversias originadas con
ocasión del Contrato No. 121 de 2010, celebrado el 16 de noviembre de 2010 con
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
Mediante laudo del 28 de marzo de 2023, el Tribunal de Arbitramento declaró que
la Unión Temporal Fénix tenía derecho al pago de las mayores áreas diseñadas en
virtud del contrato No. 121 de 2010 y sus otrosíes. En tal sentido, declaró terminado
y liquidado el contrato con un saldo a favor de la convocante por la suma de
$473.032.192 y condenó en costas a la convocada.
Inconforme con la decisión, la Universidad formuló recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral proferido el 28 de marzo de 2023 y corregido el 17
de abril de 2023, con fundamento en la causal prevista en el numeral 9º del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda arbitral
1.1. El 27 de mayo de 20211, la Unión Temporal Fénix, en adelante la Unión
Temporal o la convocante, solicitó la integración de un Tribunal de Arbitramento,
con el fin de dirimir las controversias suscitadas en torno al Contrato No. 121 de
2010 que suscribió el 16 de noviembre de 2010 con la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, en lo sucesivo la Universidad o la convocada.
1.2. El 18 de agosto de 2021 el Tribunal de Arbitramento inadmitió la demanda,
misma que fue subsanada en la oportunidad respectiva y admitida mediante Auto
No. 3 del 31 de agosto de 2021.
1.3. El 27 de enero de 2022 se presentó reforma de la demanda, la cual se inadmitió
el 3 de febrero de 2022, misma que fue subsanada en la oportunidad respectiva y
admitida mediante Auto No. 12 del 16 de febrero de 2022.
1.4. En la reforma a la demanda se plantearon las siguientes pretensiones
definitivas:
1 El expediente correspondiente al proceso arbitral, incluido el recurso de anulación interpuesto por
la Universidad y el escrito allegado por la Unión Temporal durante su traslado, pueden verse en el
índice 2, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
“Principales:
Primera: Que se declare que el Contrato 121 de 2010 suscrito entre la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal Fénix, sufrió un desequilibrio
económico por las siguientes circunstancias todas ellas ajenas a la voluntad de la
citada Unión Temporal:
1) Una mayor área diseñada respecto de la inicialmente prevista en los
documentos precontractuales y en los documentos entregados a la Unión
Temporal Fénix con posterioridad a la suscripción del Acta de Inicio, entre ellos
el cuadro de áreas y necesidades para el Edificio de Laboratorio de la Macarena
Sede B.
2) Suspensión indefinida del contrato debido a la imposibilidad de la Unión
Temporal Fénix de obtener la licencia de construcción en plazo inicialmente
estipulado en dicho contrato.
Segunda: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas reconocer y pagar a la Unión Temporal
Fénix, las siguientes sumas de dinero o las que se demuestren a través de la
correspondiente prueba pericial:
1) Una suma no inferior a CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
($420.233.304,00) por concepto de mayor área diseñada para el Edificio de
Laboratorio de la Macarena Sede B para el primer proyecto radicado en la
Curaduría Urbana No. 3 de Bogotá.
2) Una suma no inferior a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETETENTA Y DOS PESOS M/CTE
($494.223.172,00) por concepto de mayor área diseñada para el Edificio de
Laboratorio de la Macarena Sede B, para el proyecto radicado en la Curaduría
Urbana No. 5 de Bogotá.
Tercera: Que se ordene a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagar a
la Unión Temporal Fénix la suma de CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($112.540.000,oo) correspondiente al saldo del
Otrosí No. 3.
Cuarta: Que se ordene a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagar a la
Unión Temporal Fénix la suma de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL PESOS M/CTE ($21.576.000,oo) por concepto del estudio de remoción en
masas según lo solicitado por el entonces FOPAE.
Quinta: Que se declare la terminación anticipada del Contrato 121 de 2010 por
imposibilidad de continuar con su ejecución con el presupuesto inicialmente
estipulado.
Sexta: Que se proceda a la suscripción de un Acta de Terminación y Liquidación, o
el documento equivalente, en la cual se reconozca a favor de la Unión Temporal Fénix
el pago de las sumas de dinero señaladas en las pretensiones segunda, tercera y
cuarta, anteriores.
Séptima: Que se ordene a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el pago
de las siguientes sumas de dinero:
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Convocante: Unión Temporal Fénix
1) El valor correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) sobre las sumas
señaladas en las pretensiones segunda y tercera anteriores.
2) Los intereses de mora sobre las sumas señaladas las pretensiones segunda,
tercera y cuarta anteriores, a la máxima tasa legal vigente o en su defecto a la
tasa establecida en la Cláusula 28 del Contrato 121 de 2010.
Octava: Que las sumas señaladas en las pretensiones segunda, tercera y cuarta
anteriores, sean debidamente actualizadas o indexadas hasta la fecha del pago de
las mismas, de conformidad con establecido en el numeral 1.28 de la Cláusula
Primera del Contrato 212 de 2010
Novena: Que se condene a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas al pago
de costas (expensas, o gastos de proceso y agencias en derecho), incluyendo los
gastos del Tribunal de Arbitramento y los honorarios de los Árbitros y el Secretario.
Subsidiarias:
Subsidiaria a la Primera: Que se declare que la Unión Temporal Fénix tiene derecho
al pago de la mayor área diseñada del Edificio de Laboratorio de la Macarena Sede
B adicional a la inicialmente prevista en los documentos precontractuales y en los
documentos entregados a la Unión Temporal Fénix con posterioridad a la suscripción
del Acta de Inicio del Contrato 121 de 2010 suscrito con la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Subsidiaria a la Quinta: Que se declare la terminación anticipada del Contrato 121
de 2010 de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 23.3 del mismo. Subsidiaria
a la Octava: Que las sumas señaladas en las pretensiones segunda, tercera y cuarta
anteriores, sean debidamente actualizadas o indexadas hasta la fecha del pago de
las mismas, para lo cual se deberá utilizar la fórmula que el Tribunal de Arbitramento
considere aplicable al presente caso.”
2. La contestación a la demanda
2.1. La Universidad contestó la demanda en tiempo. En su escrito se opuso a todas
las pretensiones, salvo a la quinta pretensión relativa a la terminación anticipada del
contrato. En cuanto a los hechos acepto unos, negó otros y manifestó no constarle
otro tanto.
2.2. Adicionalmente, formuló las excepciones denominadas: (i) “Inaplicación de la
figura de desequilibrio económico del contrato”, (ii) “Ausencia de desequilibrio”, (iii)
“Improcedencia de la aplicación de la teoría de la imprevisión”, (iv) “Ausencia de
prueba del daño, perjuicio o afectación económica”, (v) “Improcedencia del aumento
del precio en el contrato de obra a precio global”, (vi) “El contrato es ley para las
partes”, (vii) “Riesgo asumido por el contratista”, (viii) “Renuncia a presentar
reclamaciones”, (ix) “Oportunidad para realizar una reclamación – extemporaneidad
de las reclamaciones”, (x) “Venire contra factum propium non valet”, (xi) “Ausencia
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Convocante: Unión Temporal Fénix
de buena fe”, (xii) “Culpa de la Unión Temporal – Reducción de la indemnización
por concurrencia de culpas”, (xiii) “Imposibilidad de alegar la propia culpa”, (xiv)
“Incumplimiento al deber de mitigar el daño”, (xv) “Enriquecimiento sin justa causa”,
(xvi) “Improcedencia de intereses”, (xvii) “Improcedencia de indexación”.
3. Demanda de reconvención
3.1. El 26 de octubre de 2021, encontrándose dentro del término concedido por el
Tribunal, la Convocada, por conducto de su apoderado judicial, presentó demanda
de reconvención.
3.2. El 8 de noviembre de 2021, el Tribunal de Arbitramento inadmitió la demanda
de reconvención.
3.3. El 26 de enero de 2022 se presentó reforma de la demanda de reconvención,
la cual fue admitida en Auto 11 del 3 de febrero de 2022.
3.4. En la reforma a la demanda de reconvención se plantearon las siguientes
pretensiones definitivas:
“Pretensiones
1. PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL OTROSÍ NO.
3 Y EL OTROSÍ NO. 2A
a. Declarativas
Primera principal: Que se declare la nulidad absoluta del Otrosí No. 3 al Contrato
No. 121 de 2010, celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y
la Unión Temporal Fénix, el 29 de noviembre de 2013, por modificación esencial del
objeto del Otrosí No. 2 del 23 de agosto de 2012 (aquí denominado 2 A).
Primera subsidiaria: Que se declare la nulidad absoluta del Otrosí No. 3 al
Contrato No. 121 de 2010, celebrado entre la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y la Unión Temporal Fénix, el 29 de noviembre de 2013, por
violación de normas imperativas.
Segunda subsidiaria: Que se declare la nulidad absoluta del Otrosí No. 3 al
Contrato No. 121 de 2010, celebrado entre la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y la Unión Temporal Fénix, el 29 de noviembre de 2013, por
objeto ilícito.
Tercera subsidiaria: Que se declare la nulidad absoluta del Otrosí No. 3 al
Contrato No. 121 de 2010, celebrado entre la Universidad Distrital Francisco
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Convocante: Unión Temporal Fénix
José de Caldas y la Unión Temporal Fénix, el 29 de noviembre de 2013, por
causa ilícita.
Segunda principal: Que se declare la nulidad absoluta del Otrosí No. 2 del 23 de
agosto de 2012 (aquí denominado 2 A) al Contrato No. 121 de 2010, celebrado entre
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal Fénix, el 29 de
noviembre de 2013, por modificación del núcleo esencial de su objeto mediante el
Otrosí No. 3.
Primera subsidiaria: Que se declare la terminación del Otrosí No. 2 del 23 de
agosto de 2012 (aquí denominado 2 A) al Contrato No. 121 de 2010, celebrado
entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal
Fénix, el 29 de noviembre de 2013, por desaparición sobreviniente de su objeto.
Segunda subsidiaria: Que se declare la terminación del Otrosí No. 2 del 23 de
agosto de 2012 (aquí denominado 2 A) al Contrato No. 121 de 2010, celebrado
entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal
Fénix, el 29 de noviembre de 2013, por imposibilidad de cumplimiento o
ejecución.
Tercera principal: Que se declare que la Unión Temporal Fénix debe restituir a la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas la suma de quinientos veintidós
millones ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos ($522.185.600),
correspondiente al valor pagado por la Universidad en virtud del Otrosí No. 3,
debidamente indexada.
b. De condena
Primera: Que se condene a la Unión Temporal Fénix a restituir a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas la suma de quinientos veintidós millones ciento
ochenta y cinco mil seiscientos pesos ($522.185.600), correspondiente al valor
pagado por la Universidad en virtud del Otrosí No. 3, debidamente indexada.
2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO 121 DE 2010
a. Declarativas
Primera principal: Que se declare la terminación del Contrato No. 121 de 2010,
celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal
Fénix el 29 de noviembre de 2013, por imposibilidad de ejecución del objeto
contratado.
Primera subsidiaria: Que se declare la terminación del Contrato No. 121 de
2010 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la
Unión Temporal Fénix del 29 de noviembre de 2013, por desaparición
sobreviniente de su objeto.
Segunda subsidiaria: Que se declare la ineficacia del Contrato No. 121 de
2010 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la
Unión Temporal Fénix del 29 de noviembre de 2013, por mutuo disenso.
Segunda principal: Que se declare que la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas no debe suma alguna a la Unión Temporal Fénix en virtud de la ejecución y
terminación del Contrato No. 121 de 2010 del 29 de noviembre de 2013 y, por lo tanto,
se encuentran a paz y salvo.
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Convocante: Unión Temporal Fénix
3. PRETENSIÓN COMÚN
Primera: Que se condene en costas y agencias en derecho a la Unión Temporal
Fénix.”
4. Contestación demanda de reconvención
El 7 de marzo de 2022 la Unión Temporal contestó la demanda de reconvención
reformada en tiempo. En su escrito se opuso a todas las pretensiones, salvo a la
primera pretensión principal declarativa que se refiere a la terminación anticipada
del contrato; en cuanto a los hechos acepto unos, negó otros y frente a los demás
indicó que no se trataba realmente de hechos.
Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones: (i) “Inexistencia de objeto ilícito
en el Otrosí No. 3 al contrato 121 de 2010”, (ii) “Inexistencia de causa ilícita en el
Otrosí No. 3 al contrato 121 de 2010”, (iii) “El Otrosí fue producto de una negociación
previa entre la Universidad Distrital y la Unión Temporal Fénix”, (iv) “Inexistencia de
una violación del principio de planeación por la suscripción del Otrosí No. 3”, (v) “La
Universidad Distrital actúa contra sus propios actos”, (vi) “Inexistencia de mutuo
disenso o de desaparición del objeto del contrato 121 de 2010”, y (vii) la genérica.
5. La primera audiencia de trámite
5.1. El 1 de julio de 2022 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, en la que
el Tribunal se declaró competente para conocer y decidir sobre las pretensiones
contenidas en la demanda reformada y en la demanda de reconvención reformada,
así como las excepciones formuladas en sus respectivas contestaciones. Esta
decisión se notificó en audiencia y quedó debidamente ejecutoriada.
6. El laudo arbitral impugnado
6.1. El 28 de marzo de 2023, el Tribunal de Arbitramento profirió laudo arbitral en el
que, fundamentalmente, declaró que la Unión Temporal tenía derecho al pago de
las mayores áreas diseñadas en virtud del contrato No. 121 de 2010 y sus otrosíes,
declaró terminado y liquidado el contrato con un saldo a favor de la convocante por
la suma de $473.032.192 y condenó en costas a la convocada.
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
En la parte resolutiva del fallo el colegio arbitral dispuso lo siguiente:
“RESUELVE:
PRIMERO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva, la no prosperidad
de las excepciones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 propuestas por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la contestación de la demanda
inicial reformada.
SEGUNDO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva, la prosperidad
de las excepciones 2, 3 y 16 propuestas por Universidad Distrital Francisco José de
Caldas en la contestación de la demanda inicial reformada.
TERCERO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva, la prosperidad de
las excepciones 1 y 2 propuestas por la Unión Temporal Fénix en la contestación de
la demanda de reconvención reformada y la no prosperidad de las demás
excepciones propuestas en el mismo documento.
CUARTO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, que
no prosperan las pretensiones principales Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Séptima,
Octava ni la pretensión Subsidiaria a la Quinta de la demanda inicial reformada.
QUINTO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, que
la Unión Temporal tiene derecho al pago de las mayores áreas diseñadas en virtud
del Contrato 121 de 2010 y sus Otrosíes, por lo tanto, prospera la pretensión
Subsidiaria de la Primera de la demanda inicial reformada.
SEXTO: Por las razones y conceptos definidos en la parte motiva de este laudo,
condenar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a pagar a la Unión
Temporal la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA
Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($473.032.192). En
consecuencia prosperan parcialmente las Pretensiones Segunda Principal y la
Subsidiaria de la Octava de la demanda inicial reformada.
SÉPTIMO: Declarar terminado y liquidado el Contrato 121 de 2010 suscrito entre la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal Fénix, con un
saldo a favor de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y DOS
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($473.032.192) a favor de la Unión
Temporal Fénix. En consecuencia, prospera parcialmente la Pretensión Sexta de la
demanda inicial reformada.
OCTAVO: Condenar a Universidad Distrital Francisco José de Caldas a pagar a la
Unión Temporal Fénix la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($156.873.099) por concepto de costas y agencias en derecho según la liquidación
efectuada en la parte considerativa de este laudo, por lo que prospera parcialmente
la pretensión Novena Principal de la demanda inicial reformada.
NOVENO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, que
no prosperan las pretensiones declarativas Primera Principal, Primera Subsidiaria de
la Primera Principal, Segunda Subsidiaria de la Primera Principal, Tercera Subsidiaria
de la Primera de Principal del primer grupo de pretensiones relacionadas con el Otrosí
No.3 y el Otrosí No. 2A de la demanda de la reconvención reformada.
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
DÉCIMO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, que
no prosperan las pretensiones declarativas Segunda Principal, Primera Subsidiaria
de la Segunda Principal y Segunda Subsidiaria de la Segunda Principal, del primer
grupo de pretensiones relacionadas con el Otrosí No.3 y el Otrosí No. 2A de la
demanda de la reconvención reformada.
UNDÉCIMO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo,
que no prosperan la pretensión declarativa Tercera Principal del primer grupo de
pretensiones relacionadas con el Otrosí No.3 y el Otrosí No. 2A de la demanda de
reconvención reformada.
DUODÉCIMO: Por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, negar la
pretensión de condena Primera del primer grupo de pretensiones relacionadas con el
Otrosí No.3 y el Otrosí No. 2A de la demanda de reconvención reformada.
DECIMOTERCERO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este
laudo, que prospera parcialmente la pretensión declarativa Primera Principal del
segundo grupo de pretensiones relacionadas con Contrato 021 de 2010 y por lo tanto
no prosperan las pretensiones Primera y Segunda subsidiarias a la misma, contenidas
en la demanda de la reconvención reformada.
DECIMOCUARTO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este
laudo, no prospera la pretensión declarativa Segunda Principal del segundo grupo de
pretensiones relacionadas con Contrato 021 de 2010 de la demanda de la
reconvención reformada
DECIMOQUINTO: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este
laudo, que no prospera la primera pretensión común de la demanda de reconvención
reformada.
(…).”
7. Solicitudes de aclaración, corrección y complementación del laudo
7.1. El 4 de abril de 2023, la Unión Temporal solicitó la complementación del laudo.
7.2. El 4 de abril de 2023, la Universidad solicitó la corrección y aclaración del laudo
arbitral.
7.3. El 17 de abril de 2023, el Tribunal denegó las solicitudes de aclaración y
complementación del laudo, y accedió a la corrección aritmética solicitada por la
convocada, así:
“RESUELVE
Primero: Negar la solicitud de complementación del laudo arbitral de fecha 28 de
marzo de 2023 presentada por la Convocante.
Segundo: Negar las solicitudes de aclaración del laudo arbitral de fecha 28 de marzo
de 2023 presentadas por la Convocada.
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Convocante: Unión Temporal Fénix
Tercero: Corregir el valor consignado en el primer párrafo del numeral 4.5 titulado
“Mayores áreas diseñadas por la Unión Temporal” contenido en la página 194 del
laudo arbitral, precisando que el valor que le adeuda la Universidad Distrital al
contratista por concepto de mayores áreas diseñadas dentro del trámite que se llevó
a cabo en la Curaduría No. 3 corresponde a la suma de $168.086.004”.
8. El recurso extraordinario de anulación
8.1. El 1 de junio de 2023, la Universidad presentó recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral proferido el 28 de marzo de 2023, corregido el 17
de abril de 2023, únicamente sobre lo decidido frente a la demanda principal
reformada, con fundamento en la causal prevista en el numeral 9º del artículo 41 de
la Ley 1563 de 2012.
Como sustento, el impugnante afirmó, en síntesis, que el Tribunal de Arbitramento
decidió extra petita en relación con los numerales quinto y sexto de la parte
resolutiva del laudo, que a su vez impactan en los numerales cuarto, séptimo y
octavo de la parte resolutiva, pues se apartó de la causa petendi invocada por la
Unión Temporal y su fallo “con total desapego de los fundamentos fácticos por esta
alegados”.
En efecto, señaló que “la causal novena de anulación se presentó al haber resuelto
los árbitros sobre aspectos no sujetos a su decisión, por causa diferente o distinta
de la invocada en la demanda (fallo extra petita), específicamente en relación con
los numerales quinto (total) y sexto (parcial) del Laudo Arbitral y sus fundamentos,
así como los demás numerales de la parte resolutiva que se ven impactados por
estos”, toda vez que la controversia giró en torno al desequilibrio económico del
contrato, a pesar de lo cual el colegio arbitral realizó un estudio sobre la “extensión
de las obligaciones contractuales de diseño”, lo que, a su juicio, “en ningún momento
fue objeto de debate o controversia en el proceso”.
Así las cosas, tras resaltar que “toda la reclamación gravita alrededor de una
controversia por un supuesto desequilibrio económico del Contrato”, indicó que al
negarse la pretensión primera de la demanda inicial reformada se “cierra la puerta
a la procedencia de las pretensiones de la demanda, por haber encontrado no
probados los hechos constitutivos de la causa petendi de la reclamación, que no era
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
otra que el supuesto desequilibrio económico del contrato”, no obstante lo cual, en
la sección 6 del Laudo, el Tribunal pasó a analizar las obligaciones contractuales
relacionadas con el diseño y encontró próspera la pretensión subsidiaria de la
primera pretensión principal de la reforma a la demanda de la Unión Temporal,
condenando al pago a su favor de mayores áreas diseñadas, aspecto que no era
objeto de la controversia planteada en el proceso2.
Finalmente, añadió que, al haberse condenado a la Universidad por unos hechos
que no fueron previamente debatidos, fue vulnerado el derecho fundamental a la
igualdad, así como los principios de buena fe y lealtad procesal.
9. Trámite del recurso de anulación
9.1. Mediante escrito del 1 de junio de 2023, el apoderado de la Unión Temporal
descorrió el traslado del recurso extraordinario de anulación formulado por la
Universidad, en el que solicitó declararlo infundado, al considerar que a través de
este se pretende reabrir el fondo de la controversia y “atacar la argumentación del
panel arbitral sobre el derecho que le fuere reconocido a la Unión Temporal Fénix
al pago de la mayor área diseñada por éste”
En su escrito señaló que, a partir de un simple cotejo entre la demanda reformada
y el laudo, se evidencia que no hay falta de congruencia entre lo pedido y lo decidido
por el Tribunal, pues en la pretensión subsidiaria de la primera la convocante solicitó
declarar que la Unión Temporal Fénix tiene derecho al pago de la mayor área
diseñada del Edificio, aunado a que “la simple lectura de los hechos de la demanda
permite establecer que lo pretendido era que se le reconociera a la Unión Temporal
2 Al respecto, señaló el recurrente: “[b]asta con una revisión de la demanda reformada, de las
contestación y del memorial por medio del cuales se descorrió traslado de las excepciones, así como
de los alegatos de conclusión de las partes, e incluso de la demanda de reconvención y su
contestación, aunque el presente recurso no versa sobre la resolución de dicha controversia, para
establecer en los documentos que trabaron la litis del siguiente proceso no existe siquiera mención
alguna a la supuesta extensión de las obligaciones contractuales de diseño, a la supuesta
modificación verbal del Contrato, ni a la interpretación del Contrato por la aplicación práctica de su
clausulado. Por lo tanto, es absolutamente imposible afirmar que dichas consideraciones hacen parte
de la causa petendi de la reclamación. Categóricamente afirmamos que no existió en el curso del
presente proceso controversia alguna en relación con dichas situaciones, ya que estas no fueron
alegadas por ninguna de las partes. No fue sino hasta la expedición del Laudo cuando, de manera
sorpresiva, se ventilaron dichos hechos, impidiendo a la Universidad ejercer defensa o contradicción
alguna al respecto”.
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Fénix una mayor área diseñada. Y ese reconocimiento se solicitó sustentado en un
desequilibrio o como un derecho al cual esa Unión Temporal podía acceder”3.
9.2. El Ministerio Público guardó silencio.
9.3. Mediante auto del 20 de febrero de 20244 se admitió el recurso de anulación
presentado por la parte convocada y se ordenó notificar personalmente al Ministerio
Público.
CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de anulación, la Sala analizará los siguientes
aspectos: (1) competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto;
(2) problema jurídico; (3) solución al problema jurídico; (3.1.) características de la
justicia arbitral; (3.2.) naturaleza y características del recurso de anulación; (3.3)
análisis de la causal invocada en el recurso; (3.4.) solución al caso concreto; y (4)
costas.
1. Competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto
Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única
instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga
una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, de conformidad
3
Sobre el punto, añadió: “Es equivocado entonces entender, como lo hace el recurrente, que la
causa petendi la conformaba únicamente el desequilibrio económico. Aún más: si se revisan los
hechos de la demanda puede fácilmente observarse que el tema puntual del desequilibrio fue referido
en relación con la reclamación que elevó la Unión Temporal Fénix ante la entidad hoy recurrente en
el mes de septiembre del año 2019. Por supuesto, una reclamación directa efectuada años antes de
iniciarse el proceso arbitral no puede tenerse como la única causa petendi de toda la demanda
arbitral. Es claro que a partir de los hechos de la demanda, y durante el proceso arbitral, siempre se
buscó el reconocimiento del derecho al pago de la mayor área diseñada. Por ello, a partir de los
hechos debidamente probados el Tribunal de Arbitramento aplicó el derecho correspondiente –
aplicación que no puede ser debatida mediante un recurso de anulación- y reconoció el derecho al
pago en favor de la Unión Temporal Fénix”.
4 Índice 4, Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Notificado el 22 de febrero de 2024.
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con lo establecido en el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 20125 y el artículo
104 numeral 7º de la Ley 1437 de 20116.
En este caso se observa que se está en presencia de un laudo arbitral proferido en
el marco de un proceso en el que intervino la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, con ocasión del contrato de obra No. 121 de 2010, celebrado el 16 de
noviembre de 2010 con la Unión Temporal Fénix.
A su turno, en punto a la naturaleza jurídica de las partes del proceso arbitral y
particularmente en lo que corresponde a la Universidad, se advierte que es una
institución autónoma de educación superior, de carácter público7.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la Sección Tercera
de esta Corporación es competente en única instancia para conocer del recurso
extraordinario de anulación interpuesto por la Universidad en contra del laudo
arbitral proferido el 28 de marzo de 2023, corregido mediante providencia del 17 de
abril de 2023.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el panel arbitral profirió un fallo extra petita en
relación con los numerales quinto y sexto de la parte resolutiva del laudo, toda vez
que resolvió las pretensiones subsidiarias de la demanda reformada a partir de la
“extensión de las obligaciones contractuales de diseño”, a pesar de que la causa
petendi alegada por la Unión Temporal consistió, exclusivamente, en el
desequilibrio económico del contrato.
3. Solución del problema jurídico
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá, en primer lugar, a
la justicia arbitral y a la naturaleza y características del recurso de anulación, para
5 “Artículo 46. Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos
arbitrales, será competente […]
Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
6 “7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos
celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.”
7 Acuerdo No. 003 de 1997 - Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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proceder luego al estudio de la causal de anulación invocada por la recurrente y al
recurso de anulación en el caso concreto.
3.1. Características de la justicia arbitral
De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política 8,
los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el artículo
3º de la ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo inciso 3º dispone que “Los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”. En este sentido, el
arbitraje es entendido como “(…) un mecanismo alternativo de solución de conflictos
mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”9.
Se desprende de lo anterior que la jurisdicción o facultad de impartir justicia por
parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen que
los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces
y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros
para resolver las controversias sometidas a su conocimiento10. En otras palabras,
como consecuencia del reconocimiento constitucional de la voluntad y decisión de
las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la resolución de sus
disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional,
administrando justicia de manera transitoria exclusivamente para efectos de
solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que
mediante el pacto arbitral han realizado las partes, quienes les confieren
competencia para el conocimiento y decisión de determinados asuntos11.
8 “Artículo 116. […] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que
determine la ley”.
9 Cfr. Artículo 1° de la Ley 1563 de 2012.
10 Hernán Fabio López Blanco, “Procedimiento Civil Parte General”, Tomo I. Dupré Editores, Bogotá
D.C., Páginas 128 y 129.
11En múltiples providencias esta Corporación se ha pronunciado acerca de la función jurisdiccional
de los árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, resaltando que el pacto arbitral es el acuerdo de
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Bajo el anterior contexto, la justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo
alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los
particulares la función de la administrar justicia; (ii) regirse por el principio de
voluntariedad o libre habilitación12, en tanto que la competencia de los árbitros para
impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las
partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema
ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su
existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto
específico sometido a consideración de los árbitros; y (iv) ser excepcional, dado
que se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se
pueden someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley
autorice13.
3.2. Naturaleza y características del recurso de anulación
La Sección Tercera del Consejo de Estado14 ha precisado la naturaleza y
características del recurso de anulación, destacando de manera pacífica y uniforme,
lo siguiente:
i) El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y
extraordinario y, por lo tanto, no puede ser utilizado como una segunda instancia a
través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo del litigio.
ii) La finalidad del recurso consiste en la protección del derecho al debido
proceso en cabeza de las partes, razón por la cual debe orientarse a cuestionar la
decisión arbitral por errores in procedendo y no por errores in iudicando, por lo cual
voluntades mediante el cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión árbitros
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, para proferir un laudo que tiene la
misma categoría jurídica y los mismos efectos de la sentencia judicial. Cfr. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 7 de marzo de 2012. Rad.:18013.
12 La jurisprudencia ha puesto de presente que el acuerdo de las partes constituye el punto de partida
y la habilitación para que los árbitros puedan impartir justicia en el caso concreto, enfatizando que
“… el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento expreso de la decisión libre y voluntaria de
las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbitraje
para la decisión de sus disputas…”. Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2012. Exp.: D -8677.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2017. Rad.: 46745. Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 2001.
14Se reitera lo sostenido por esta Sección en sentencias del 18 de enero de 2019, rad.: 62476, 23 de
abril de 2018, rad.:59731, 19 de julio de 2017, rad.: 59067, 31 de agosto de 2015, rad.: 53585, entre
otras.
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el juez de la anulación está instituido para analizar vicios de carácter procesal, no
sustancial. Así, la decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los
razonamientos realizados por los árbitros en cuanto a la aplicación de la ley
sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o
derecho en materia de valoración probatoria15, tal y como está previsto en el artículo
42 de la Ley 1563 de 2012, el cual determina que “[l]a autoridad judicial competente
en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o
modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
iii) Las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el
llamado “principio dispositivo”, según el cual el recurrente, al formular y sustentar su
recurso, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra, delimita el
objeto que persigue con su interposición. En consecuencia, al juez de la anulación
no le está permitido suponer lo manifestado por el impugnante para tratar de
establecer la causal que invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no
contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar
de plano el recurso cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las
señaladas en la ley. Además, dado el carácter restrictivo que caracteriza este
recurso, su sustentación no consiste en la sola indicación del texto legal que
establece una determinada causal, así como tampoco en que, al amparo de la
mención de alguna de las causales consagradas en la ley, se expongan
argumentaciones que en realidad no configuran ninguna de las previstas por el
legislador16.
iv) De la carga de sustentación del recurso de anulación se desprende que el
recurrente debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa el laudo de
incurrir en la causal o causales que invoca, las cuales deben configurar la causal
que aduce, de tal modo que la causal alegada será la que estructure la cadena
argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé.17
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de abril de 2018. Rad.: 59270.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 28 de junio de 2019, Rad.: 63494; del 31
de agosto de 2015. Rad.: 53585; y del 31 de octubre de 2016, Rad. 11001-03-26-000-2016-00099-
00 (57.422) A.
17 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencias del 31 de octubre de 2016, Rad. 11001-03-26-000-2016-00099-00 (57422) A y del 18 de
diciembre de 2020, Rad. 110010326000201800178 00 (62573), entre otras.
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3.3. Análisis de la causal invocada en el recurso
A partir de las consideraciones precedentes, pasa la Sala a pronunciarse sobre la
causal establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 invocada
por la recurrente, en los siguientes términos:
3.3.1 Consideraciones sobre la causal 9ª de anulación
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, es causal de anulación del laudo arbitral “[h]aber recaído el laudo sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido
o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
El análisis de esta causal responde a un estudio objetivo de la acepción externa del
principio de congruencia -artículo 281 del C.G.P.18-, consistente en la consonancia
o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y las
pretensiones y hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones
propuestas, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión19. De este modo, si se
resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra
petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita;
y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra
o citra petita20-21.
18
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio…”
19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 31 de octubre de 2016,
Rad.: 59949 y del 27 de noviembre de 2017, Rad.:59913.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2020. Rad.: 64627A.
21 En diversas oportunidades esta Corporación se ha referido al principio de congruencia de las
sentencias como uno de los orientadores de las decisiones judiciales, a propósito del cual ha
señalado: “En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez, encuentra su
límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos alegados por el
demandado; por tanto no le es dable ni al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del
señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil modificación de las
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La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el examen del principio de
congruencia es relativo, puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben
entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, incluso cuando las partes no lo
hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones
que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación
prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012, a saber: i) cuando se hallen
probados los hechos que constituyen una excepción, caso en el cual el árbitro
deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y
nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate
procesal por el interesado; ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por
cuanto tocan con la validez formal del proceso; iii) en aquellos casos relacionados
con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta
del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y iv) en los
pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del
contrato22.
Finalmente, cabe señalar que con la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012 y
teniendo en cuenta que en el numeral 2º del artículo 41 de dicho estatuto la falta de
jurisdicción y competencia se incorporó de modo específico como causal de
anulación, ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que al amparo de lo
establecido en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no pueden
alegarse las circunstancias de falta de jurisdicción y competencia por haberse
pronunciado los árbitros sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión
por voluntad de las partes o que por mandato legal no eran susceptibles de ser
pretensiones en una oportunidad diferente a la legalmente prevista para la modificación, adición o
corrección de la demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de
congruencia. El actor sólo cuenta con dos oportunidades para precisar la extensión, contenido y
alcance de la controversia que propone, es decir para presentar el relato histórico de los hechos que
originan la reclamación y para formular las pretensiones correspondientes: la demanda y la
corrección o adición de la misma, de acuerdo con dispuesto en los artículos 137, 143, 170 y 208 del
Código Contencioso Administrativo. // Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio
procesal de ‘la congruencia de las sentencias’, reglado por el Código de Procedimiento, el cual atañe
con la consonancia que debe existir entre la sentencia y los hechos y pretensiones aducidos en la
demanda (art. 305), que garantiza el derecho constitucional de defensa del demandado, quien debe
conocer el terreno claro de las imputaciones que se le formulan en contra. El juez, salvo los casos
de habilitación ex lege, en virtud de los cuales se le faculta para adoptar determinadas decisiones
de manera oficiosa, no puede modificar o alterar los hechos ni las pretensiones oportunamente
formulados, so pena de generar una decisión incongruente.” Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 1° de marzo de 2006, Rad. 15.898.
22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de junio de 2002. Rad.: 20634.
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resueltos por esta vía, puesto que en el numeral 2º del artículo 41 ibídem se prevé
una causal de anulación específica para cuestionar estos aspectos23.
3.4. Solución del caso concreto
A partir de lo expuesto, la Sala abordará el examen del recurso extraordinario de
anulación promovido por la Universidad, de conformidad con la causal invocada.
En el recurso formulado por la Universidad, el recurrente invocó la causal 9ª del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, al considerar que el panel arbitral profirió un
fallo extra petita en relación con los numerales quinto y sexto de la parte resolutiva
del laudo, toda vez que en la sección 6 del Laudo el Tribunal realizó un estudio
sobre la “extensión de las obligaciones contractuales de diseño” lo cual, a su juicio,
“en ningún momento fue objeto de debate o controversia en el proceso”, pues la
causa petendi de la demanda reformada que presentó la Unión Temporal giró en
torno, exclusivamente, al desequilibrio económico del contrato celebrado entre las
partes.
Al descorrer el traslado del recurso la Unión Temporal indicó que se pretende reabrir
el fondo de la controversia. En ese sentido, argumentó que de un simple cotejo entre
la demanda y el laudo se evidencia que no hay falta de congruencia entre las
pretensiones y hechos de la demanda frente a lo decidido por el Tribunal, resaltando
que en la pretensión subsidiaria de la pretensión primera de la demanda reformada,
la Unión Temporal solicitó “que se declare que la Unión Temporal Fénix tiene
derecho al pago de la mayor área diseñada del Edificio (…)”.
Al respecto la Sala, tras la revisión formal del laudo arbitral acusado, los hechos y
pretensiones de la demanda principal reformada, las excepciones alegadas en la
contestación y la parte motiva y resolutiva de la providencia, concluye que la causal
invocada no tiene vocación de prosperar, conforme pasa a exponerse.
Del estudio del recurso planteado por la convocada, la Sala observa que se dirige
concretamente frente a la decisión adoptada por el panel arbitral de declarar que la
23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 13 de abril de 2015, Rad.: 52556 y del
27 de noviembre de 2017, Rad.:59913.
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Unión Temporal tenía derecho al pago de mayores áreas diseñadas y la
consiguiente condena, al considerar el recurrente que si la causa petendi era el
desequilibrio económico del contrato, al negarse la pretensión primera de la
demanda inicial reformada se cerraba la procedencia de las demás pretensiones de
la demanda, razón por la cual el Tribunal no debió estudiar la “extensión de las
obligaciones contractuales de diseño”, puesto que con dicho análisis se pronunció
sobre asuntos que no eran materia de debate y profirió, por tanto, un fallo extra
petita.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se observa que la parte convocante, en
la pretensión subsidiaria de la pretensión primera de la demanda reformada, solicitó
que se “declare que la Unión Temporal Fénix tiene derecho al pago de la mayor
área diseñada del Edificio de Laboratorio de la Macarena Sede B adicional a la
inicialmente prevista en los documentos precontractuales y en los documentos
entregados a la Unión Temporal Fénix con posterioridad a la suscripción del Acta
de Inicio del Contrato 121 de 2010 suscrito con la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas”. De igual modo, en el acápite relativo a los hechos de la demanda
reformada, la Unión Temporal se refirió a la etapa precontractual, a las
estipulaciones pactadas en el contrato y a los hechos acaecidos a lo largo de la
ejecución del contrato, incluyendo los ajustes al área del proyecto y los trámites
adelantados en la Curaduría Urbana No.3, entre otros24; a la vez, en punto a los
fundamentos de derecho, invocó en su apoyo, desde el punto de vista sustancial, el
artículo 1602, siguientes y concordantes, del Código Civil25.
24
Al revisar el acápite de hechos de la demanda se observa que allí se incluyó una descripción de lo
acaecido a partir de la firma del acta de inicio del contrato el 1 de diciembre de 2010 y durante la
etapa de preconstrucción, con especial referencia a diversos comités llevados a cabo, al Plan de
Áreas entregado a la Unión Temporal, las modificaciones al programa de áreas, los Esquemas
Básicos presentados el contratista en desarrollo de los programas de áreas, el cuadro de áreas y
necesidades modificado, el Anteproyecto Arquitectónico y sus revisiones, las actuaciones
adelantadas en la Curaduría Urbana No. 3, la suscripción de otrosíes No. 2, No. 2 y No. 3, la
presentación de una reclamación por desequilibrio económico del contrato radicada por la Unión
Temporal el 19 de noviembre de 2018, una propuesta de arreglo directo del 30 de abril de 2019,
entre otros supuestos fácticos relatados por la convocante.
25 En el acápite V. de la demanda se consignaron los fundamentos de derecho, a saber:
“V. Fundamentos de Derecho
1) Sustantivos: Art. 1602 siguientes y concordantes, del Código Civil. 2) Formales de la Demanda:
Arts.82 al 84 del Código General Del Proceso (Ley 1564 DE 2012). 3) Procedimentales Generales:
Arts.368 al 373 del Código General Del Proceso (Ley 1564 DE 2012) y Ley 1563 de 2912”.
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Por su parte, en la contestación de la reforma a la demanda principal la Universidad
planteó, entre otras, la excepción que denominó “ausencia de prueba del daño,
perjuicio o afectación económico”, en la que señaló que la reclamación económica
de la Unión Temporal carecía de sustento fáctico y probatorio “y no se acompasa
con perjuicios o daños efectivamente sufridos y probados, ni con afectaciones
económicas que haya sufrido la Demandante”, resaltando, además, que la totalidad
de actividades ejecutadas por el contratista estaban incluidas dentro del objeto del
contrato y eran remuneradas mediante el valor del mismo, de modo que “así
únicamente se hubiera definido de manera aproximada el área construida en 6.000
m2, el Valor del Contrato, como precio global para cada etapa, incluía los diseños
totales de todas las áreas, interiores y exteriores, sin que sea procedente presentar
reclamaciones adicionales por ese concepto”.
Bajo el contexto anterior, si bien el Tribunal declaró improcedentes las pretensiones
principales de la demanda reformada que se relacionaban con el desequilibrio
económico del contrato por mayores cantidades de áreas diseñadas en los
proyectos de las Curadurías Urbanas Nos. 3 y 5, al concluir que no se reunían todos
los presupuestos de la teoría de la imprevisión, el panel arbitral no podía dejar de
resolver las pretensiones subsidiarias planteadas en la demanda reformada y, entre
ellas, la subsidiaria de la primera principal en la que se peticionaba declarar que la
Unión Temporal tenía derecho “al pago de la mayor área diseñada del Edificio de
Laboratorio de la Macarena Sede B adicional a la inicialmente prevista”, así como
la totalidad de las excepciones planteadas por la Universidad al contestar la
demanda reformada, para lo cual procedió a realizar un estudio sobre la “extensión
de las obligaciones contractuales de diseño”, disponiendo sobre el particular, en
efecto, lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que el Contrato 121 de 2010 se rige por el derecho privado y los
principios de la función administrativa el tribunal no puede desconocer que de acuerdo
con la interpretación que hicieron las partes de la cantidad de área a diseñar
establecida en el Apéndice Técnico y las necesidades de la Universidad Distrital
respecto a la construcción del Edificio B, la Convocante y la Convocada con su actuar
modificaron ese parámetro técnico durante la ejecución de la Etapa de
Preconstrucción y, por lo tanto, debe reconocerse económicamente a la Unión
Temporal las mayores áreas diseñadas en el proyecto radicado ante la Curaduría
Urbana No. 3.”
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Ahora bien, el Tribunal de Arbitramento llegó a la decisión de acoger la pretensión
subsidiaria de la pretensión primera principal de la demanda reformada y reconocer
el pago de mayores áreas diseñadas, a partir de un análisis amplio y detallado sobre
las obligaciones asumidas por las partes y su modificación durante la ejecución
contractual, con sustento, de igual modo, en las pruebas del proceso y los hechos
que encontró acreditados, como resultado de todo lo cual encontró demostrado que
el contratista, a partir de los requerimientos de la institución educativa, diseñó un
mayor número de áreas respecto de las contempladas inicialmente y que el mayor
diseño no había sido pagado en su totalidad, concluyendo así que era procedente
acceder a la referida pretensión subsidiaria y que, por lo mismo, había de declararse
improcedente la excepción de “Ausencia de prueba del daño, perjuicio o afectación
económica” propuesta por la Universidad.
En este orden, el panel arbitral precisó los hechos probados en el proceso en punto
a los diseños efectuados y a las actuaciones que al respecto adelantaron las partes
con posterioridad a la suscripción del acta de inicio del contrato, incluyendo, entre
otros, los comités, el trámite realizado en la Curaduría No.3 y el otrosí No. 3,
observándose sobre el particular que dichas actuaciones fueron expresamente
indicadas y reseñadas por la Unión Temporal en el acápite de hechos de la reforma
de la demanda. A su turno, el colegio arbitral anotó que resultaba “contrario a la
conducta de las partes que la Convocada afirme en este proceso arbitral que la
mayor área diseñada que reclama la Unión Temporal ––particularmente respecto al
proyecto radicado en la Curaduría Urbana No. 3–– hace parte del objeto del
Contrato 121 de 2010, así como de las obligaciones y riesgos asumidos por aquella.
Esto debido a que con su actuar está yendo en contra de sus propios actos y
desconociendo que durante la Etapa de Preconstrucción avaló la ejecución de
mayores áreas diseñadas y afirmó que debían ser reconocidas económicamente al
Contratista”, sobre lo cual advierte la Sala que en la excepción de “ausencia de
prueba del daño, perjuicio o afectación económico” propuesta por la Universidad en
la contestación de la reforma de la demanda principal, entre otras consideraciones,
afirmó lo siguiente:
“(…) Todas las labores que desarrolló la Demandante se encuentran incluidas dentro
del objeto del Contrato y, por lo tanto, se entienden remuneradas por el valor del
mismo, conforme a lo establecen, entre otras, las cláusulas 10 y 11 del Contrato y lo
establecido en el Apéndice Técnico de la Convocatoria Pública, página 11, renglones
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
31 a 33: “los diseños incluyen todas las zonas interiores y exteriores, la definición de
acabados, el diseño de todos los detalles constructivos y el cuadro de áreas por
espacio, incluyendo el área total de construcción y área libre”. Por lo tanto, así
únicamente se hubiera definido de manera aproximada el área construida en 6.000
m2, el Valor del Contrato, como precio global para cada etapa, incluía los diseños
totales de todas las áreas, interiores y exteriores, sin que sea procedente presentar
reclamaciones adicionales por ese concepto.
En lo que respecta con las particulares actividades previstas en el Otrosí No. 3, el
valor global de las mismas fue acordado expresamente por las Partes al momento de
suscribir dicha modificación al contrato y la suma allí acordada remuneraba la
totalidad de las actividades que debía realizar la Unión Temporal en virtud de dicho
Otrosí y se pagaron de acuerdo con los términos acordados, en la medida que se
fueron cumpliendo los hitos de pago establecidos. Lo anterior es sin perjuicio de las
pretensiones relacionadas con el Otrosí No. 3 incluidas en la demanda de
reconvención”.
De conformidad con lo anterior, estima la Sala que no se configura la causal de
anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda vez
que en el laudo arbitral del 28 de marzo de 2023, corregido mediante providencia
del 17 de abril de 2023, el Tribunal de Arbitramento realizó un estudio detallado para
pronunciarse respecto de las pretensiones y los fundamentos fácticos planteados
en la demanda principal reformada, así como las excepciones formuladas en su
contestación, sin observarse, en modo alguno, que el laudo recurrido se haya
apartado de los hechos y las pretensiones aducidos por la Unión Temporal ni que,
como lo sostuvo la Universidad, se hubiere dejado de lado la causa petendi y
vulnerado el derecho a la igualdad y los principios de buena fe y lealtad procesal
con fundamento en una supuesta incongruencia por extra petita, que, como se ha
dicho, la Sala no encuentra estructurada.
En este punto, es menester reiterar que la argumentación y el análisis realizado por
el Tribunal no puede ser objeto de examen por esta Sala, dado que le está vedado
al juez de la anulación pronunciarse sobre el fondo de la controversia, así como
tampoco le está dado calificar o modificar las valoraciones e interpretaciones
realizadas por el Panel Arbitral o el análisis del acervo probatorio, limitando su
estudio a la revisión de la consonancia o coherencia entre el fallo y las pretensiones
y hechos aducidos en el libelo introductorio, así como las excepciones propuestas,
sin entrar a evaluar las motivaciones de la decisión.
Como atrás se advirtió, el recurso extraordinario de anulación se encuentra sujeto
a las causales taxativas que la ley ha previsto con el fin de corregir los errores in
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
procedendo en los cuales hubiese podido incurrir el respectivo Tribunal de
Arbitramento. No es posible, entonces, disentir del criterio y de las consideraciones
asumidas por el Tribunal al expedir el laudo, teniendo en cuenta que el mismo
resulta de la apreciación de los hechos sometidos a su competencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto, en conclusión, el recurso de anulación
interpuesto por la Universidad no está llamado a prosperar.
4. Costas
Comoquiera que se declarará infundado el recurso de anulación interpuesto por la
Universidad, tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012
según el cual, “Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo
que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público”. A su turno, el
Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se establecen las tarifas de agencias
en derecho” dispone que tratándose del recurso de anulación de laudos arbitrales
la tarifa de agencias en derecho será de hasta veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
En este sentido, comoquiera que no aparecen acreditadas expensas o gastos que
se hubieran efectuado con ocasión del recurso de anulación, solamente habrá lugar
al pago de las agencias en derecho, las cuales se entienden causadas en razón de
la naturaleza y calidad del proceso, así como también de la actuación desplegada
por la parte favorecida, que para el caso concreto se fijan en diez (10) SMLMV a la
fecha de la presente providencia a favor de la Unión Temporal Fénix.
Por consiguiente, como el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2024
es de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000.oo), las agencias en derecho
ascienden en este caso a la suma de trece millones de pesos ($13.000.000,oo).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00110-00 (70133)
Convocante: Unión Temporal Fénix
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas contra el laudo
arbitral proferido el 28 de marzo de 2023, corregido mediante providencia del 17 de
abril de 2023.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Para el efecto, como agencias en derecho se fija la suma de trece millones
de pesos ($13.000.000,oo), a favor de la Unión Temporal Fénix.
TERCERO: En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de
Arbitramento de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRÍQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
VF
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