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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00125-00

Causales de anulación del laudo: interpretación restrictiva – Referentes

Fecha
17 de octubre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00125-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Cooperativa Multiactiva Gestionar Bienestar contra el laudo proferido el 18 de mayo de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte convocante. Por Secretaría de la Sección, liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia. TERCERO: En firme el presente proveído, REMÍTASE copia del mismo al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00125-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 11001032600020230012500 (70241)

Convocante: COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTIONAR BIENESTAR

Convocado: MUNICIPIO DE TÚQUERRES

Referencia: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

Temas: RECURSO DE ANULACIÓN – características generales y naturaleza /
CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO – Interpretación restrictiva – Referentes
únicamente a errores in procedendo – Margen de competencia del juez del recurso
/ LAUDO CITRA PETITA – No se configuró, hubo decisión sobre la totalidad de las
pretensiones / LAUDO EN CONCIENCIA No tuvo lugar en el caso analizado.

Procede el Despacho a resolver el recurso de anulación interpuesto por la parte
convocante contra el laudo arbitral de fecha 18 de mayo de 2023, dictado por el
Tribunal Arbitral constituido para resolver la controversia de carácter contractual,
surgida entre la Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar
(en adelante, Cooperativa Gestionar) y el municipio de Túquerres, en el cual se
declaró liquidado el contrato y se denegaron las pretensiones económicas de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Entre el municipio de Túquerres y la Cooperativa Multiactiva Gestionar Bienestar
se celebró el contrato de concesión N° 2011-0165, para la prestación de servicios
de salud. El 21 de diciembre de 2016, las partes firmaron el acta de terminación
anticipada del contrato, bajo causales previstas en el mismo.

La cooperativa concesionaria interpuso demanda arbitral contra el municipio de
Túquerres para solicitar la invalidez del acta de terminación anticipada del contrato
por existencia de vicios del consentimiento, la indemnización de los subsiguientes
perjuicios, la liquidación judicial del negocio jurídico y el reconocimiento en ella de
las inversiones realizadas por la contratista, y no amortizadas en vigencia del
contrato.

Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

En laudo arbitral del 18 de mayo de 2023, el Tribunal de Arbitramento liquidó
judicialmente el contrato, pero no estableció saldos a favor de ninguna de las
partes, al tiempo que denegó las restantes pretensiones de la demanda.

La cooperativa convocante interpuso contra el indicado laudo el recurso
extraordinario de anulación que hoy se somete al análisis de la Sala.

I. ANTECEDENTES

1. El proceso arbitral

1.1. El pacto arbitral

El 14 de abril de 2011, el municipio de Túquerres -departamento de Nariño- celebró
con la Cooperativa Gestionar el contrato de concesión N° 2011-165, para la
prestación de servicios de salud en las instalaciones de la antigua IPS Caprecom
Hospital San José de Túquerres. En lo relativo a la solución de controversias, las
partes pactaron en la cláusula trigésima tercera, lo siguiente1:

Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las controversias que
surjan en la actividad contractual mediante el uso de los mecanismos de
solución de controversias contractuales previstos en el Estatuto de Contratación
estatal y leyes de conciliación, amigable composición y transacción. En el
evento en que no se logre una solución (…), las diferencias serán resueltas por
un Tribunal de Arbitramento, que fallará en derecho, compuesto por un (1)
árbitro designado por las partes (...) o por tres (3) árbitros también designados
por las partes de mutuo acuerdo (...), con domicilio en Pasto y se sujetará (...) a
las reglas del Centro de Conciliación y Arbitramento Mercantil de la Cámara de
Comercio de Pasto (...).

1.2. La demanda

El 14 de febrero de 2022, la Cooperativa Gestionar, por intermedio de apoderado
judicial, presentó demanda arbitral de carácter contractual contra el municipio de
Túquerres. La demanda fue reformada íntegramente el 4 de agosto de 2022, de
manera que las pretensiones quedaron formuladas en los siguientes términos:

PRIMERA: Que se ordene y liquide, por parte del Tribunal de Arbitramento, el
contrato de concesión No. 2011-165, celebrado entre el municipio de
Túquerres-Nariño (...) y la Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales
GESTIONAR BIENESTAR (...).

SEGUNDA: Que dentro de la liquidación del contrato se reconozcan y ordenen
pagar a favor del contratista – concesionario las inversiones realizadas y no
amortizadas a causa de la terminación anticipada del contrato, de conformidad
con (...) las sumas que se llegaren a probar dentro del proceso arbitral, de la
siguiente manera:

Inversiones realizadas no amortizadas y/o depreciadas realizadas por
GESTIONAR BIENESTAR --- VALOR: $ 3.795.716.000 (...).

1
Todos los elementos probatorios referidos en esta sentencia se encuentran visibles en el
expediente digital registrado en la plataforma SAMAI.

2

Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

CUARTA: Que se declare la existencia de elementos externos coercitivos ilegales
por parte del Alcalde del Municipio de Túquerres, que coaccionaron la voluntad del
contratista-concesionario GESTIONAR BIENESTAR para la suscripción del ACTA
DE TERMINACIÓN del contrato por mutuo acuerdo celebrada el 21 de diciembre de
2016, toda vez que GESTIONAR BIENESTAR concurrió a la extinción del contrato,
mediante un vicio del consentimiento consistente en la fuerza ejercida por el Alcalde,
lo cual invalida dicha actuación.

QUINTA: Que en consecuencia de la declaración solicitada en el numeral anterior,
se ordene la aplicación de la consecuencia jurídica establecida en el parágrafo 2 de
la cláusula décima séptima del contrato (...), consistente en la indemnización por
terminación anticipada por causas no atribuibles al concesionario y por lo tanto se
reconozca la suma de dinero correspondiente a la utilidad dejada de percibir por el
tiempo que restaba de la ejecución del contrato correspondientes a 13 años, 9
meses y 6 días, que se llegare a probar con las evidencias recaudadas durante el
proceso arbitral, de la siguiente manera:

Utilidades dejadas de percibir por GESTIONAR BIENESTAR durante 13 años, 9
meses y 6 días, que constituye el tiempo que restaba por ejecutar.--- VALOR:
$2.600.000.000 (...).

Como fundamento de su libelo la convocante refirió, en síntesis, la celebración del
contrato N° 2011-165 del 14 de abril de 2011, entre el Municipio de Túquerres y la
Cooperativa Gestionar Bienestar, para la prestación de unos servicios de salud por
el término de 20 años.

Señaló que, atendiendo a las condiciones y al término mismo de vigencia de la
concesión, la cooperativa Gestionar efectuó inversiones por un total de
$3.795’716.000 para la adecuación de áreas físicas tales como urgencias,
farmacias, quirófanos, salas de Rayos X y laboratorios, entre otras. Un informe de
auditoría rendido en 2015 por el Instituto Departamental de Salud de Nariño le
otorgó a la cooperativa Gestionar una calificación del 85.4% como porcentaje de
cumplimiento.

Indicó que, conforme a las cláusulas pactadas, en caso de terminación anticipada
del contrato por causas no atribuibles a la cooperativa, el municipio estaría obligado
a pagar el valor de la inversión pendiente por amortizar y la utilidad dejada de
percibir por la concesionaria por el tiempo que restara de ejecución. Asimismo -
adujo-, el contrato establecía otras medidas para mantener la estabilidad del
negocio jurídico y salvaguardar las inversiones hechas por la contratista. Agregó
que los ingresos que el contrato de concesión le generó a la cooperativa durante la
respectiva vigencia no fueron suficientes para cubrir los gastos en los que incurrió
porque este retorno, calculado por el municipio al inicio del contrato, solo se
cumpliría durante los 20 años de su vigencia.

Manifestó que, el 21 de diciembre de 2016, bajo indebidas presiones del alcalde de
Túquerres, el municipio y la cooperativa firmaron el acta de terminación anticipada
del contrato por “mutuo acuerdo”. Según su dicho, desde la respectiva campaña

3

Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

electoral, el mandatario había manifestado públicamente su intención de dar por
finalizada la concesión lo más pronto posible, para lo cual incurrió en actos de
desinformación a la comunidad y en otras maniobras que presionaron la firma del
acta en cuestión.

Señaló que el municipio debía indemnizar a la cooperativa por la fuerza ejercida
para terminar anticipadamente el contrato, debiendo reconocer, además de las
utilidades dejadas de percibir, el valor de las cuantiosas inversiones hechas por la
cooperativa, y que quedaron sin amortizar.

1.3. Actuación de la convocada

1.3.1. La demanda reformada fue admitida por el Tribunal de Arbitramento el 6 de
junio de 2022.

1.3.2. En su contestación2, el municipio de Túquerres se opuso a las pretensiones
y se pronunció sobre los hechos de la demanda, el contrato y ejecución. Propuso
las excepciones de “ausencia de violación de las normas citadas como violadas”,
“pago de lo no debido” y “contrato no cumplido”, esta última con el argumento de
que, en reunión del 25 de mayo de 2012, funcionarios del municipio y del Instituto
Departamental de Salud de Nariño verificaron que la contratista no había cumplido
sus obligaciones adecuadamente e impusieron medida de sellamiento preventivo
de los diferentes servicios a cargo de la Cooperativa, debido a “las falencias
encontradas y no solucionadas”.

2. El laudo impugnado

2.1. El 18 de mayo de 2023, el tribunal de arbitramento profirió el respectivo laudo,
en el cual dispuso:

PRIMERO: DESPACHAR FAVORABLE PARCIALMENTE la pretensión primera de
la demanda y declarar liquidado el contrato de concesión N° 2011-0165, del catorce
(14) de abril de dos mil once (2011) (...), sin lugar a reconocer sumas de dinero en
favor o en contra de los extremos del contrato de concesión.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA
de la demanda.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte vencida en este proceso (...).

Las consideraciones y motivaciones esbozadas en el laudo arbitral sobre los puntos
de controversia planteados por la hoy convocante, así como los conceptos que la
convocante solicitó incluir en la liquidación del contrato, se referirán por la Sala al
analizar los cargos formulados en el recurso extraordinario de anulación.

2
Contestación presentada el 24 de marzo de 2021.

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

3. Recurso de anulación y su trámite

3.1. La cooperativa Gestionar, en calidad de convocante, interpuso recurso
extraordinario de anulación contra el mencionado laudo, con apoyo en las causales
contempladas en el artículo 41, numerales 7 y 9, de la Ley 1563 de 20123, bajo
cargos de los que se corrió traslado a la parte convocada, quien se opuso
expresamente a la impugnación, todo ello sobre la base de los argumentos que la
Sala expondrá en la parte considerativa de esta sentencia.

3.2. En providencia del 20 de septiembre de 2023, se admitió el recurso
extraordinario de anulación y se ordenó notificar personalmente al Ministerio
Público, que guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La demanda arbitral que dio origen al proceso se presentó el 14 de febrero de 2022,
esto es, en vigencia del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Por tanto, la
Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para
resolver el recurso extraordinario de anulación de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 1563 de 20124, norma que determina que esta Corporación conoce de los
recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que
intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas5.

En el contrato de concesión N° 2011-165 del 14 de abril de 2011, que originó la
controversia, fungió como contratante el municipio de Túquerres, es decir, una
entidad pública, cuya “intervención” en el contrato sometido a juicio en el proceso
arbitral permitió que se cumpliera en el sub lite el presupuesto de competencia
previsto en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012, referido.

3
“Son causales del recurso de anulación (…):
7-. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo (...).
9-. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido
más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
4
“Artículo 46. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será
competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese
funcionado el Tribunal de arbitraje (…).
Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
5
Además, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 –modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de
2003– radicó en esta Sección la competencia para conocer de “los procesos de nulidad de los laudos
arbitrales originados en contratos estatales”.

5

Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

2. Oportunidad del recurso

El recurso de anulación fue interpuesto dentro de la oportunidad establecida por el
artículo 40 de la Ley 1563 de 20126, dado que este se presentó el 4 de julio de
20237, mientras que la notificación del laudo arbitral se produjo el 18 de mayo de
esa misma anualidad8.

3. Régimen legal aplicable

La Ley 1563 del 12 julio de 20129 es el marco legal aplicable para resolver el recurso
extraordinario de anulación en estudio, puesto que el proceso arbitral inició después
de la expedición del referido estatuto, razón por la cual, el recurso extraordinario
será decidido con fundamento en él.

4. El recurso extraordinario de anulación: naturaleza y características

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha referido la naturaleza, las
características y las particularidades que identifican al recurso de anulación de
laudos arbitrales10, advirtiendo que tal mecanismo es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, por lo cual no constituye ni puede entenderse como una
instancia adicional en el proceso.

Se ha señalado, asimismo, que la finalidad del mencionado mecanismo es
controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral por errores in procedendo, de
modo que a través de él no puede atacarse el laudo por cuestiones de mérito o de
fondo, esto es, errores in iudicando. En ese sentido, no le es dable al juez del
recurso examinar si el tribunal de arbitramento obró o no de acuerdo con el derecho
sustancial, ni revivir el debate probatorio para entrar a considerar eventuales yerros
en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el

6
“Artículo 40. Recurso extraordinario de anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso
extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal
arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su
notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por
secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince (15) días sin necesidad de auto
que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará
los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del
recurso”.
7
En este punto es importante recordar el contenido del artículo 62 de la Ley 4 de 1913 que determina
el cómputo de los plazos legales expresados en días: “En los plazos de días que se señalen en las
leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse
lo contrario (…)”. A su vez, el artículo 118 del C.G.P. establece que, en los términos de días, no se
toman en cuenta los de vacancia judicial “ni aquellos en los que por cualquier circunstancia
permanezca cerrado el juzgado”.
8
Expediente digital descargado desde SAMAI, cuaderno N° 4.
9
Al respecto, el inciso primero del artículo 119 de la Ley 1563 prevé: “Artículo 119. Vigencia. Esta
ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) meses después de su
promulgación. Esta ley sólo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su
entrada en vigencia”.
10
Reiteración jurisprudencial: al respecto pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera
del Consejo de Estado de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871; de 26 de marzo de 2008, exp. 34.071;
de 13 de agosto de 2008, exp. 34.594; de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, entre muchas otras.

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido instituido como
superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral. Al respecto, el artículo 42 - inciso
tercero del Estatuto Arbitral prohíbe al juez de la anulación pronunciarse sobre el
fondo de la controversia y calificar o modificar los criterios, interpretaciones y
análisis plasmados en el laudo11.

Sin perjuicio de lo anterior cabe anotar que, excepcionalmente, el juez de la
anulación puede corregir o adicionar la providencia, pero solo en aquellos
específicos eventos en que prospere la causal de anulación referente a la
incongruencia, prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, o
bien, cuando el laudo contenga “disposiciones contradictorias, errores aritméticos o
errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén
comprendidas en la parte resolutiva”, supuesto que configura la causal octava de la
misma norma12.

Ahora bien, los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el
denominado “principio dispositivo”, en cuya observancia dicho operador judicial
debe limitarse exclusivamente a resolver sobre lo solicitado por el recurrente en la
formulación y sustentación de su respectivo recurso. A su vez, el objeto que con el
recurso se persigue se debe encuadrar en los precisos y puntuales supuestos que
la ley consagra13, por lo que, en principio, no le es permitido al juez de la anulación
interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir causales no
invocadas y, menos aún, para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la
formulación y sustentación del correspondiente recurso de anulación14.

Por otro lado se tiene que, dado el carácter restrictivo que identifica el recurso
extraordinario de anulación, su procedencia se encuentra condicionada a que se
determinen y sustenten debidamente las causales que se invocan en forma expresa,
las cuales deben tener correspondencia con aquellas que de manera taxativa
consagra la ley para ese efecto; por ello el legislador establece que el juez de la
anulación debe rechazar de plano el recurso cuando los vicios que se aduzcan o
invoquen no correspondan a ninguno de los señalados expresamente en la ley –
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012–15.

11
“La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la
controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”
12
Así, de conformidad con el artículo 43, inciso primero, del Estatuto Arbitral, “[c]uando prospere
cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad
del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará”.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 1994, exp. 6550 y de 16 de
junio de 1994, exp. 6751, M.P. Juan de Dios Montes, reiteradas por esta Subsección en sentencia
de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, reiterada por esta Subsección en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp.
38.379, M.P. Hernán Andrade Rincón.
15
La jurisprudencia constitucional ha recalcado las características del proceso arbitral, su sujeción
al principio dispositivo y las limitaciones del recurso extraordinario de anulación contra el laudo que

7

Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

5. Problema jurídico

Hechas las anteriores precisiones se tiene que, en el presente caso, le corresponde
a la Sala establecer si al laudo arbitral objeto de recurso le son atribuibles los vicios
referidos en el artículo 41, numerales 7 y 9, de la Ley 1563 de 2012, es decir, si el
laudo debe ser anulado por contener decisiones no proferidas en derecho sino en
conciencia -apreciándose ese yerro prima facie en el laudo- y violar el principio de
congruencia por no haber resuelto sobre cuestiones sujetas al arbitramento, en
específico, los planteamientos hechos en la demanda sobre la validez del acta de
terminación del contrato materia de juicio y los conceptos que, en sentir de la
convocante, debieron incluirse en su liquidación judicial.

5.1. Argumentos del recurso extraordinario de anulación

La recurrente estructuró el recurso sobre los dos problemas jurídicos abordados y
resueltos por el Tribunal de Arbitramento, y frente a las conclusiones adoptadas en
cada uno de ellos, formuló cargos por las causales de anulación ya anotadas.

Así, recalcó que el primer problema jurídico resuelto en el laudo consistió en
determinar si quien fungía como alcalde de Túquerres en la época de los hechos
coaccionó a la contratista para suscribir contra su voluntad el acta de terminación
del contrato, y si, por consiguiente, se le debía imponer condena pecuniaria a la
autoridad contratante; y agregó que el segundo problema jurídico se encaminó a
establecer la procedencia de la liquidación judicial del contrato y la inclusión, en ella,
de las sumas pretendidas por la parte convocante a título de inversiones efectuadas
y no amortizadas.

Frente a ambos problemas jurídicos, manifestó que el laudo había sido dictado en
conciencia y con violación del principio de congruencia.

a) Laudo en conciencia en el “primer problema jurídico”

En el primer punto, relativo al alegado constreñimiento para suscribir el acta de
terminación, la censora adujo la configuración de laudo en conciencia por: i) no

lo resuelve, al indicar: “La Corte Constitucional ha considerado que el arbitramento es un mecanismo
idóneo no únicamente para descongestionar los despachos judiciales, sino también para lograr que
las partes en forma pacífica pongan fin a sus controversias. Bajo este entendido, se ha considerado
el arbitramento como un ‘mecanismo alterno de solución de conflictos’ que ‘implica la derogación
que hacen las partes de la jurisdicción que, en cabeza de los jueces ejerce el Estado, para que frente
a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, sean terceros distintos de los jueces, quienes
con carácter definitivo resuelvan la controversia suscitada, mediante una decisión –fallo arbitral- que
al igual que las decisiones de los jueces de la República, haga tránsito a cosa juzgada” (Corte
Constitucional. Sentencia T-714 del 17 de octubre de 2013).

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

haber sido valoradas las pruebas tendientes a demostrar el alegado vicio del
consentimiento y el irregular proceder del alcalde, mientras que sí se sacaron
conclusiones sobre el supuesto incumplimiento de la cooperativa Gestionar, sin
sustento probatorio alguno; ii), haberse prescindido totalmente del “sistema
normativo” en el análisis de la controversia y, iii) “no haberse fundamentado
objetivamente la decisión”.

i) Frente a la alegada ausencia de valoración probatoria, cuestionó que el Tribunal
hubiese tenido por no demostrado el constreñimiento ejercido por el alcalde de
Túquerres contra la cooperativa Gestionar, pese a obrar pruebas de que dicho
servidor público había “manifestado” varias veces su intención de “quitarle el
contrato” a la IPS y declarar su caducidad. Como elementos probatorios omitidos
refirió varios testimonios, una nota de prensa, el proceso policivo de desalojo
adelantado por el alcalde después de la terminación del contrato y la sanción que a
dicho servidor le impuso la Superintendencia Nacional de Salud, por haber
“interrumpido” indebidamente la prestación del servicio con el indicado proceso
policivo. A la par con ello, reprochó que los árbitros hubieran confirmado la validez
del acta de terminación del contrato sobre la base del supuesto incumplimiento de
la cooperativa Gestionar, sin mencionar ni probar cuál había sido el hecho
constitutivo de tal inobservancia.

ii) En cuanto a la acusada prescindencia del ordenamiento jurídico-normativo, la
impugnante adujo que el Tribunal había mostrado desconocimiento de toda la
regulación del contrato de concesión y del sector público, especialmente al no tener
clara la diferencia entre incumplimiento y caducidad del contrato. Por otro lado,
señaló que el panel arbitral desconoció las reglas jurídicas de valoración de los
testimonios, al concluir que los testigos citados por la convocante revelaban sesgos
que impedían tener elementos de juicio suficientes para acoger como ciertos los
hechos declarados por ellos.

A este último respecto, reprochó:

Es decir, en el leal saber y entender del Tribunal de Arbitramento, si los testigos
prueban la teoría del caso expuesta en la demanda, existen sesgos a favor de
quién los llamó y no pueden ser tenidos en cuenta y en efecto, no los tuvo en
cuenta en la parte considerativa del laudo arbitral; razonamiento jurídico que se
encuentra totalmente alejado de los criterios de la sana crítica, pues se trata
testigos directos, que tienen un nivel de credibilidad alto y que su
desacreditación, necesariamente, requiere de una valoración razonada por
parte de los árbitros, valoración que no realizó.

iii) En cuanto a la alegada falta de “fundamentación objetiva” del laudo, la recurrente
sostuvo que el Tribunal se había abstenido de señalar una mínima fundamentación
jurídica de sus conclusiones, en los términos fijados por la jurisprudencia, pues

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

desvió el problema jurídico planteado al sostener que la convocante no probó su
cumplimiento contractual, cuando lo que debía examinarse era la existencia de
vicios del consentimiento en la suscripción del acta de terminación.

Respaldó tal razonamiento en el hecho de que los árbitros hubieran concluido que
ninguna presión pudo haberse ejercido contra la cooperativa Gestionar porque la
firma del acta de terminación no podía perjudicarla sino beneficiarla, ya que le daba
beneficios económicos y le evitaba la declaratoria de incumplimiento. Así, adujo que
dicha conclusión evidenciaba que las decisiones del laudo sólo se fundamentaban
en la íntima convicción de los árbitros sobre lo justo y lo equitativo.

Agregó:

Con la argumentación expuesta, el Tribunal decide negar las pretensiones
cuarta y quinta de la demanda, pero no resolvió el problema jurídico, es decir,
no logró determinar si se demostró o no, que el alcalde de TÚQUERRES de la
época, señor Á LVARO MARINO PALACIOS MORA desarrolló actos externos
constitutivos de vicio de fuerza (…), porque ni siquiera realizó una valoración
conjunta del material probatorio allegado y practicado para tal fin. Y, ¿Por qué
no realizó una valoración probatoria de los documentos obrantes en el proceso
y las pruebas testimoniales practicadas? La respuesta no es otra, que porque
imparten una solución al litigio de acuerdo a su convicción personal y el sentido
común.

b) La causal de incongruencia en el “primer problema jurídico”

Estimó la convocante que en el laudo arbitral se dejó sin resolver la cuestión relativa
a la existencia o no de vicios del consentimiento en la suscripción del acta de
terminación unilateral del contrato, pese a ser ese punto el objeto central de la
controversia, mientras que sí procedió el panel a analizar un factor no planteado en
el juicio, a saber: el cumplimiento o incumplimiento del negocio jurídico por parte de
la cooperativa Gestionar, aspecto que configuró la única base o motivación para
denegar las pretensiones cuarta y quinta de la demanda.

c) La causal de laudo en conciencia en el “segundo problema jurídico”

La convocante fundamentó el cargo de laudo en conciencia sobre las mismas
premisas del primer problema jurídico, es decir: i) no haberse soportado la
liquidación del contrato en las pruebas aportadas al proceso, ii) dejar de lado el
sistema normativo aplicable al efectuar el balance del negocio jurídico y, iii) no haber
fundamentado objetivamente la decisión de negar las pretensiones económicas de
la demanda.

i) En torno al trabajo probatorio la censora manifestó que, a efectos de demostrar la
“inversión realizada y no amortizada” que se le debió pagar a la cooperativa por la

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

terminación anticipada del contrato, allegó a la causa un conjunto de facturas y un
avalúo que acreditaba, según su dicho, la inversión realizada, al tiempo que
presentó los estudios previos del contrato de concesión, el modelo financiero del
mismo y el respectivo plan de inversiones, todo lo cual quedó sin ser valorado por
el Tribunal de arbitramento, omisión que a su vez implicó que en el laudo no se
efectuara, realmente, el balance final del contrato con los saldos a cargo o a favor
de cada una de las partes.

ii) Adujo, asimismo, que los árbitros habían desconocido “de manera absoluta” la
cláusula de reversión del contrato, al concluir que la cooperativa Gestionar debía
asumir las eventuales pérdidas sufridas durante la concesión, ignorando las
obligaciones que se habían pactado a cargo de la Administración, consistentes en
compensar las inversiones hechas por la concesionaria, so pena de incurrir en
enriquecimiento sin justa causa. Igualmente, sostuvo que la jurisprudencia del
Consejo de Estado tenía establecido que, en materia de reversión, cualquier duda
sobre la propiedad o destinación de los bienes revertidos debía resolverse a favor
de la contratista, criterio que no fue aplicado, según su dicho, en el caso sub judice.

iii) Finalmente, al aducir la falta de fundamentación objetiva de la decisión, la
recurrente cuestionó que el Tribunal señalara que las pruebas del proceso no
revelaban lo acontecido con las finanzas del contrato y que ello impedía establecer
saldos a favor o en contra de las partes, para luego declarar liquidado el negocio
jurídico en la parte resolutiva de la providencia.

Dijo:

Con la argumentación expuesta, el Tribunal decide liquidar el contrato de
concesión, sin realizar un cruce de cuentas, un balance, impartiendo una
solución al litigio de acuerdo a su convicción personal y el sentido común. Así,
el Tribunal de Arbitramento sigue las determinaciones de su fuero interno,
según su leal saber y entender, de manera que bien puede identificarse con el
concepto de ‘verdad sabida y buena fe guardada’, alejándose de un fallo en
derecho que siempre lleva un razonamiento soportado en el ordenamiento
jurídico vigente, el cual no puede existir una (sic) liquidación del contrato sin
realizar un cruce de cuentas.

d) La causal de incongruencia en el “segundo problema jurídico”

En reiteración del cargo anterior, pero bajo la causal relacionada con la violación del
principio de congruencia, la censora expresó:

Revisada toda la argumentación no se evidencia la liquidación del contrato, que
necesariamente implica un cruce de cuentas, un balance del estado financiero
del contrato, por el contrario, concluye el Tribunal de Arbitramento que: “(…) las
evidencias aportadas no dan cuenta de lo sucedido financieramente en el
contrato de concesión No. 2011 – 165, lo que impide a este colegiado disponer
de un cruce final de cuentas entre las partes (…)” 23 Resultando claro, que no
se efectuó la liquidación del contrato, lo que realmente decidió fue inhibirse de

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
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realizar la liquidación del contrato; sin embargo, en la parte resolutiva si decide
declarar liquidado el contrato de concesión No. 2011- 165. En ese orden de
ideas, se advierte que no existe una armonía entre lo pedido y lo decidido, razón
por la cual se puede concluir que no resolvió el planteamiento jurídico
determinado, configurándose la incongruencia del laudo arbitral

5.2. Oposición de la entidad convocada

El municipio de Túquerres manifestó que no era cierto que el laudo hubiera sido
dictado sin valoración del acervo probatorio, como también era contrario a la verdad
que el acta de terminación del contrato no hubiera sido producto del libre albedrío
de las partes. En punto de ello, refirió el contenido de algunas probanzas
incorporadas a la causa, para insistir en que eran demostrativas de la plena libertad
que les asistió a los firmantes del acta aludida, así como del incumplimiento
contractual de la cooperativa Gestionar. De igual manera, desestimó la idoneidad
probatoria de los recortes de prensa y de algunos testimonios invocados por la parte
censora.

Señaló igualmente que el laudo arbitral no se había apartado del sistema normativo,
e insistió en que las decisiones adoptadas por los árbitros estaban debidamente
fundadas en la prueba del incumplimiento de la concesionaria.

Defendió el análisis probatorio hecho por el Tribunal de Arbitramento y señaló que
el hecho de que las pruebas aportadas por la convocante no hubieran tenido el
efecto pretendido por ella no conllevaba la invalidez del laudo, en tanto que los
argumentos del recurso no se ajustaban a los requisitos establecidos en la Ley 1563
de 2012.

5.3. Motivaciones y decisiones del laudo

-. El tribunal comenzó por enlistar las pruebas obrantes en el proceso, dando cuenta
de que en el mismo se decretaron de oficio más de doce testimonios y varios
recaudos documentales provenientes de distintas entidades. Igualmente, refirió las
facturas elaboradas por la cooperativa Gestionar entre 2011 y 2014, así como un
acta de sesión del Concejo de Túquerres, actuaciones surtidas en varios procesos
sancionatorios, informes de seguimiento del Instituto Departamental de Salud de
Nariño y la correspondencia intercambiada entre las partes del contrato, entre otras
probanzas.

Al señalar el contenido de los testimonios, describió tanto los que aludieron al
supuesto propósito del alcalde de Túquerres, de retirarle a Gestionar la concesión
del servicio de salud, como los que mencionaron el incumplimiento contractual de
esa cooperativa durante la vigencia del negocio jurídico, analizando y esbozando

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Expediente N° 70241
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conclusiones frente a cada grupo de tales probanzas. En particular, respecto de las
declaraciones referentes a los alegados móviles del alcalde del municipio, señaló
que los eventuales sesgos que pudieran tener conllevarían a que tales testimonios
fueran “cotejados” con los documentos legalmente allegados al proceso.

Al abordar el punto relativo a la ocurrencia o no de vicios del consentimiento en la
suscripción el acta de terminación bilateral del contrato, los árbitros refirieron varias
normas del Código Civil concernientes a los requisitos de validez de los actos
jurídicos, la capacidad de quienes los celebran y ejecutan y las condiciones que
deben darse para que exista verdadera autonomía de la voluntad. Asimismo, se
apoyaron en la doctrina para definir -de cara al caso concreto- el vicio de la fuerza,
así como sus elementos predominantes.

Tras exponer tales premisas generales, el Tribunal señaló que en el caso concreto
la coerción no se avizoraba en el acta cuestionada por la convocante, para lo cual
constató los requisitos de validez del acto cuestionado y concluyó que los otros
medios de prueba evidenciaban que el motivo de la terminación del contrato fue el
incumplimiento contractual de la cooperativa y adujeron como demostrativas de ello,
entre otras pruebas, varios testimonios, los informes de interventoría del contrato y
los reportes de seguimiento efectuados por el Instituto Departamental de Nariño.

Estimó que las pruebas aportadas por la convocante no demostraban que ésta
hubiera cumplido el contrato, mientras que el municipio sí acreditó, por su parte, las
inobservancias de la concesionaria, por que concluyó que en el proceso debía
negarse la pretensión cuarta de la demanda -relativa a la alegada invalidez del acta
de terminación del contrato, suscrita el 21 de noviembre de 2016- y su
consecuencial quinta -encaminada a la subsiguiente indemnización de perjuicios-.

En relación con las pretensiones atinentes a la liquidación del contrato, el Tribunal
de Arbitramento estableció su competencia para efectuarla, y seguidamente,
planteó como problema jurídico la procedencia de reconocer o no las inversiones
solicitadas en la demanda, a efectos de lo cual subrayó que ese punto de debate no
podía examinarse con base en la nulidad del acta de terminación del contrato, como
lo planteó la convocante, y que al estudiar la procedencia de reconocer o no el
concepto solicitado debía tenerse en cuenta que, según la cláusula décima séptima
contractual, el fundamento para ese pago era la terminación del negocio por causas
no imputables a la contratista, lo que no tuvo ocurrencia en el caso concreto.

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Expediente N° 70241
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Señaló como segundo parámetro aplicable la cláusula cuarta del acta de
terminación anticipada del contrato16. Asimismo, refirió el parágrafo primero de la
misma cláusula, en el que se estableció que no se harían reconocimientos por obras
u operaciones realizadas por fuera del Plan de Inversiones previsto en el negocio
jurídico.

Tras definir, a la luz del Código Civil, los conceptos de daño emergente y lucro
cesante, partió de la premisa según la cual, en el caso concreto, el primero de tales
perjuicios consistía en las inversiones supuestamente efectuadas por la
cooperativa, pero no amortizadas en desarrollo del contrato. Con fundamento en
ello, señaló que el daño emergente, en tanto pérdida, debía ser demostrado
plenamente por la parte que reclamaba su indemnización, cuestión que, adujo, se
echaba de menos en la causa arbitral.

En respaldo de lo anterior, enunció cada una de las pruebas invocadas por la
cooperativa Gestionar para respaldar la pretensión económica del pago de las
inversiones, y señaló las razones por las que consideró que ninguna de ellas
evidenciaba la ocurrencia del perjuicio.

El Tribunal de Arbitramento en ese acápite, entre otros, varios documentos
presentados por la entidad convocada, contentivos de las auditorías técnicas y
financieras del servicio de salud prestado por la cooperativa, así como otras
actuaciones administrativas y varios testimonios que, en sentir de los árbitros,
demostraban los incumplimientos de la convocante y la falta de respaldo probatorio
de las inversiones reclamadas.

Hecho el recuento de las pruebas y expuestas las conclusiones del panel sobre
cada una de ellas, se reiteró en el laudo que la pretensión relativa al pago de
inversiones sólo podía tener sustento en la cláusula cuarta del acta de terminación
del contrato, que exigía de la concesionaria la presentación de avalúos y la relación
de obras ejecutadas. A este respecto, consideró que los documentos aducidos por
la cooperativa Gestionar no permitían definir el origen, procedencia y vocación
indemnizable de las mejoras reclamadas en la demanda, razón por la cual el
Tribunal no podía “aventurar una suma de dinero”, mientras que sí le correspondía
a la concesionaria asumir las pérdidas derivadas de la gestión del bien, dada la
naturaleza del contrato de concesión.

16
Conforme a la cual, las utilidades dejadas de percibir por el tiempo que restaba para la ejecución
del contrato, así como el daño emergente y el lucro cesante derivados de la finalización anormal
aludida, sólo se reconocerían a la contratista si ésta le presentaba al municipio los “documentos que
se requieran”, incluidos “los avalúos y la relación de las obras ejecutadas” (transcripciones de la
cláusula mencionada, citada textualmente en el laudo).

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Expediente N° 70241
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Recalcó que, ni la cooperativa ni el municipio aportaron elementos idóneos para
establecer con claridad la situación financiera del contrato, lo que impedía hacer un
balance soportado en pruebas, con saldos a favor o a cargo de ninguna de las
partes, por lo cual dispuso tener por liquidado el negocio jurídico, sin
reconocimientos económicos.

5.4. Análisis de la Sala

5.4.1. Las causales de anulación invocadas en el recurso

a) Laudo en conciencia

Como es sabido, la causal séptima prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de
201217 se refiere a la expedición del laudo en conciencia cuando la decisión debió
adoptarse en derecho18, siempre que tal vicio sea visible y se advierta prima facie
en la providencia.

Así, esta causal opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo
apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio, para ajustar sus
decisiones exclusivamente a su criterio personal. En otros términos, al incurrir en el
vicio de laudo en conciencia, el panel arbitral aplica criterios axiológicos como los
de “lo correcto o lo bueno”, al margen de un parámetro normativo o legal y
ateniéndose únicamente a su íntima convicción.

En este punto, la Sala reitera su jurisprudencia, en la que hizo un recorrido histórico
sobre la mencionada causal de anulación y sintetizó su contenido y alcance en los
siguientes términos:

El laudo en conciencia se estructura cuando los árbitros se apoyan
exclusivamente en su íntima convicción del caso, no dan razones de su decisión
o prescinden de toda consideración jurídica o probatoria y es en equidad cuando

17
“Son causales del recurso de anulación:
1. La inexistencia, la invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral.
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia (…).
6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del
vencimiento del término fijado para el proceso arbitral.
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca manifiesta en el laudo.
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio
de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan
en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido
más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.”.
18
Cabe anotar que el arbitraje en derecho constituye la regla general aplicable a la contratación
estatal, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, que establece: “En los tribunales
en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las
controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución,
interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias
económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo
deberá proferirse en derecho”.

15

Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
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los árbitros inaplican la ley al caso concreto, porque consideran que ella es
inicua o que conduce a una iniquidad, o cuando buscan por fuera del ámbito de
la ley una solución al caso controvertido.
El laudo en conciencia está proscrito en el ordenamiento jurídico colombiano y
el laudo en equidad está permitido cuando el conflicto objeto del arbitraje se
traba entre particulares, de modo que uno y otro serán anulables bajo la
aducción de la causal ‘Haberse fallado en conciencia o en equidad debiendo
ser en derecho’, cuando se trate de conflictos derivados de contratos estatales.
El laudo en derecho debe ser proferido con fundamento en el derecho positivo
vigente, lo cual significa, por una parte, que no basta la simple referencia de una
norma Constitucional o legal, para que se repute como tal, pues es necesario
que la norma positiva esté hilada en la cadena argumentativa que sustenta la
decisión y, por otra parte, supone que la norma debe estar vigente en el
ordenamiento jurídico para que pueda tener la virtualidad de fundar la decisión.
La decisión en derecho debe estar fundada en las pruebas aportadas al
proceso, de manera que la decisión que se adopte (...) con carencia absoluta y
ostensible de juicio jurídico valorativo de la prueba es una decisión que solo
responde a la íntima convicción del juzgador, luego es una decisión en
conciencia19.

Cabe destacar que, en materia probatoria, solo cuando sin justificación alguna el
laudo excluye totalmente del análisis los elementos de prueba o bien, resuelve en
forma contraevidente o manifiestamente opuesta a lo que revela el material
probatorio, surge la decisión o fallo en conciencia20, vicio este que, por consiguiente,
no se configura ni ocurre cuando los árbitros valoran las probanzas de manera
distinta a la que las partes consideran correcta, o fundan la providencia en medios
probatorios diferentes a los que el censor estima que debieron tenerse en cuenta.

Esto se explica porque el fallo en conciencia se caracteriza por contener una
decisión sustentada únicamente en el convencimiento subjetivo del juez, de suerte
que, cuando este funda su proveído en las pruebas, aún de manera equivocada, el
fallo es en derecho. Así lo ha precisado la jurisprudencia al indicar, precisamente,
que la valoración errada de las pruebas por parte de los árbitros no configura el vicio
de fallo en conciencia, de manera que las discrepancias que las partes tengan con
el criterio fijado por el tribunal de arbitramento para estimar y analizar el material
probatorio no pueden hacerse valer mediante el recurso extraordinario de anulación
bajo la indicada causal, puesto que ello equivaldría a señalar que el juez del recurso
puede hacer pronunciamientos de fondo sobre la cuestión resuelta en el laudo,
circunstancia que, se reitera, desnaturaliza el aludido mecanismo.

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017, exp.
56.347, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
20
En ese mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias dictadas por el Consejo de
Estado – Sección Tercera, el 28 de agosto de 2019 -exp. N° 11001-03-26-000-2018-00138-
00(62203), Subsección A- y el 28 de abril de 2021 -exp. N° 11001-03-26-000-2020-00078-00 (66109)
Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata-.

16

Expediente N° 70241
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Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

Al respecto, expone el Consejo de Estado21:

No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración que de las
pruebas realice el juzgador22, por cuanto ‘(n)o se trata pues, y eso está claro,
de que el recurrente encubra sus divergencias sobre la manera como el tribunal
estimó y valoró las pruebas del proceso, que le ha sido desfavorable, para
deducir de allí que se está en presencia de un fallo en conciencia, cuando
normalmente, en un caso como este, el juez suele expresar claramente, a lo
largo de la motivación de la sentencia, las razones por las cuales los medios de
prueba le han conducido a tomar una u otra posición, gracias a la libertad de
valoración –sana crítica- que la ley procesal le confiere”23 (…).
[L]a Sala (…) remite al desarrollo que sobre este criterio se hizo, en el entendido
que se exige del laudo su fundamentación en las pruebas legalmente aportadas
al proceso. Luego, si no hay fundamento probatorio o sin justificación se
desconoce o se aparta de las pruebas, se estará frente a una decisión
claramente subjetiva de los árbitros’.
Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera significar la
revisión del fondo de la decisión o la calificación de la misma. Se trata de
defectos evidentes, como lo son la ausencia de fundamentos probatorios o,
como lo ha precisado la jurisprudencia, que aun cuando exista un análisis
probatorio, el laudo se aparte por completo y sin justificación de lo que las
pruebas señalan, es decir, un abandono absoluto del material probatorio24.

Con fundamento en todo lo anterior y, a título meramente ilustrativo, se tiene que no
procede fundar el recurso de anulación por la causal de laudo en conciencia en los
siguientes eventos o hipótesis:

i) Cuando el tribunal de arbitramento hace una determinada interpretación del
derecho vigente, lo que implica que la anulación del laudo no se pueda fundar en
yerros cometidos por el juez al hacer un ejercicio hermenéutico sobre la ley25.

ii) Cuando el tribunal arbitral funda el laudo en la equidad, como criterio auxiliar para
llenar los vacíos legales. En torno a este punto, esta Corporación26 ha advertido que
el criterio de la equidad es un elemento de interpretación que se puede emplear por

21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de marzo de 2018, exp. N°
11001-03-26-000-2017-00113-00(59836). C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido,
véase la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018, exp. N° 61082, en la cual se indicó: “[L]os
fallos en conciencia en Colombia están proscritos para los tribunales arbitrales en la contratación
pública, toda vez que ellos prescinden de toda motivación y de las pruebas, en la medida en que los
árbitros se apoyan en su íntima convicción y, por tanto, no dan razones de su decisión o prescinden
de toda consideración jurídica o probatoria. En tal sentido, para configurar esta causal se requiere
demostrar que la decisión del Tribunal i) prescindió de toda motivación; de toda prueba y de toda
consideración jurídica y ii) cuando esto aparezca de manifiesto en el laudo” (Consejera ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico -E-).

22
Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.

23
Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, C.P. Enrique Gil Botero”.

24
Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55852, C.P. Ramiro Pazos Guerrero”.
25
Véase al respecto, la sentencia proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de
Estado, el 24 de mayo de 2017, expediente N° 110010322600020160015200 (58.675). C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
sentencia de 21 de septiembre de 2016, exp. 56.728, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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la justicia arbitral, aun en el marco del arbitramento en derecho, sin dar lugar a la
anulación del laudo.

iii) Cuando el tribunal de arbitramento interpreta de manera incorrecta el contrato
sometido a la controversia27.

iv) Por último, si las pruebas fueron apreciadas o valoradas en forma distinta a la
que invocaron las partes. En efecto, se reitera que el recurso de anulación no es
una instancia para rebatir o cuestionar la valoración de las pruebas ya que solo
procede la causal cuando es inexistente el sustento probatorio o se desconoce en
forma manifiesta e injustificada la prueba indispensable para resolver28.

Por tanto, solo puede cuestionarse como laudo en conciencia el que se ha
fundamentado única y exclusivamente en el fuero interno de los árbitros, desligado
del orden jurídico y probatorio29.

b) Laudo extra e infra petita

Como un desarrollo del principio procesal de congruencia –que dicta que la sentencia
debe guardar consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda y su

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de julio 6
de 2005, exp. 28.990, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez:
“De hecho, para que se pueda hablar de un fallo en conciencia, la decisión judicial arbitral debe
adolecer de toda referencia al régimen jurídico aplicable a la controversia contractual, de manera
que sea posible sostener que, efectivamente, al margen del derecho, la decisión ha partido del fuero
interno de los árbitros, sin justificación normativa alguna”.
28
La Corte Constitucional ha trazado la misma senda en materia de anulación de laudos arbitrales
por haberse dictado en conciencia. Al respecto, ha subrayado que la limitación de la competencia de
la autoridad jurisdiccional únicamente al examen de errores in procedendo, se fundamenta en que
el recurso de anulación no puede ser empleado para desconocer lo pactado por las partes, al prever
que el eventual conflicto solo sea resuelto por la vía del arbitramento, razón por la cual, los posibles
desaciertos del colegio de árbitros en la interpretación de las normas jurídicas o las falencias en la
valoración de las pruebas no hacen procedente el uso del aludido mecanismo extraordinario.
Destacó la Corte: “La restricción del juez de anulación para pronunciarse sobre errores in iudicando,
encuentra su razón de ser en que este recurso no puede usarse como mecanismo para desconocer
o soslayar la voluntad de las partes de sustraer la controversia del conocimiento de la Jurisdicción.
De esta manera, ante un eventual desacierto del tribunal de arbitramento en cuanto a la aplicación
e interpretación de normas sustantivas o ante la falta o indebida valoración de la prueba o a una
impropia utilización de los principios lógicos o empíricos del fallo, no será posible acudir al recurso
extraordinario de anulación” (Sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de noviembre de 2012, exp.
39332, M.P. Hernán Andrade Rincón: “No obstante lo anterior, como ya en otras oportunidades lo
ha señalado esta Corporación, el fallo en conciencia no sólo se configura cuando el juez prescinde
de las normas jurídicas vigentes y aplicables al caso, sino que también se presenta cuando, a pesar
de haber hecho referencia a ellas, resuelve sin explicar las razones probatorias que dan lugar a su
decisión, es decir, apoyándose en el principio de verdad sabida y buena fe guardada (…). Si bien el
Tribunal de Arbitramento a partir de normas jurídicas vigentes y aplicables al caso elaboró el
concepto de Pérdida Generalizada de Producción - PGP - y la definió ‘como aquella conducta
contraria a la buena fe del propietario o de su representante en obra, que haciendo un uso abusivo
de sus prerrogativas contractuales y legales, afecta significativamente al rendimiento y a la utilidad
que la obra genera para el constructor’, lo cierto es que no se observa en el texto del laudo cuáles
habrían sido las pruebas específicas que a juicio del Tribunal constituyeron la mala fe de la entidad
demandada y que, por tanto, dieran lugar a concluir que ésta incurrió en las conductas descritas en
el concepto de la PGP”.

18

Expediente N° 70241
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contestación, así como con las excepciones que aparezcan probadas de conformidad
con la ley-, el ordenamiento prevé la prohibición de proferir condena contra el
demandado por causa diferente a la invocada en la demanda –fallo extra petita-, en
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en ella –sentencia ultra petita-,
o dejar de resolver cuestiones sometidas a la decisión judicial o arbitral –fallo citra o
infra petita-. Tales reglas se encuentran contenidas en el artículo 281 del Código
General del Proceso, normativa que, adicionalmente, advierte que “si lo pretendido
por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”, lo
cual cierra el camino a la posibilidad de que la condena impuesta en el fallo de mérito
pueda sobrepasar las cantidades solicitadas en el libelo o cobijar elementos no
incluidos en el petitum.

En lo que respecta al laudo arbitral, el artículo 1, inciso 3, de la Ley 1563 de 2012
señala que este constituye “la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje”. Por
tanto, el laudo debe sujetarse igualmente al principio de congruencia, puesto que
se trata de una providencia que pone fin a un litigio delimitado por las pretensiones
y hechos de la demanda, así como por las excepciones propuestas por la parte
convocada.

Es en razón de lo anterior que el artículo 41, numeral 9, de la Ley 1563 de 2012
establece la posibilidad de solicitar la anulación del laudo por resolver aspectos no
sometidos a controversia en el proceso arbitral, conceder más de lo pedido en la
demanda o no pronunciarse sobre cuestiones sujetas al arbitramento, vicios estos
que afectan en forma directa el principio de congruencia que, se reitera, debe ser
atendido en toda sentencia y, de igual manera, en el laudo arbitral30.

Así las cosas, en atención al aludido principio, también el juzgador de arbitramento
está obligado a observar los límites definidos por las partes en las pretensiones y
excepciones –en el marco de la ley y dejando a salvo los supuestos en que esté
autorizado para resolver de oficio-, lo cual resulta de tal importancia en el adecuado
ejercicio de la actividad jurisdiccional, que su inobservancia es sancionada por la
ley como un vicio que afecta la validez de la decisión, ya que el principio de
congruencia también se encuentra ligado al debido proceso31.

30
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado: “El principio de congruencia
resulta aún más estricto cuando se trata de laudos arbitrales, toda vez que en estos casos las
facultades del juez arbitral devienen de la voluntad de las partes materializada en la cláusula
compromisoria o el compromiso, facultades que quedan totalmente restringidas a lo convenido por
las partes. La incongruencia puede presentarse de tres formas: i) cuando en el fallo el juez otorga
más de lo pedido (plus petita o ultra petita); ii) cuando el fallo concede algo distinto a lo pedido (extra
petita) y iii) cuando se deja de resolver sobre lo pedido (citra petita). La causal que ahora se invoca,
alude al último de los supuestos indicados” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 29 de octubre de 2014, exp. N° 50478. C.P. (E) Hernán Andrade Rincón).
31
Ver, entre otras, las sentencias T-592 del 18 de mayo de 2000, T-450 del 4 de mayo de 2001 y
SU-072 del 5 de julio de 2018, proferidas por la Corte Constitucional.

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

En ese sentido, el juez del recurso de anulación contra el laudo arbitral en el que se
ha invocado la causal referente a la violación del principio de congruencia debe
constatar formalmente “que todas las pretensiones tengan una decisión
correspondiente y, también, que toda decisión responda a una pretensión o a una
excepción probada en el proceso”32. Por tanto, la constatación de la existencia del
vicio implica examinar “que el laudo se ajuste estrictamente a las peticiones de las
partes, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión”33.

Sobre la forma como debe examinarse la ocurrencia de la indicada causal en sede
del recurso de anulación del laudo, la jurisprudencia también ha referido34:

[L]a congruencia hace necesaria una comparación entre lo pedido por las
partes y lo decidido por el tribunal, es decir que [cuando es necesario] establecer
la existencia del vicio que atenta contra tal principio, se debe examinar la
decisión contenida en el laudo arbitral, ‘[y] comparar lo decidido con lo litigado
por las partes, entendiéndose por lo decidido a la parte de la sentencia
verdaderamente vinculante, o sea la resolutiva, teniendo en cuenta que esta
causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las
consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes
del fallo’35, limitación que encuentra su explicación en la naturaleza misma y
la finalidad que se persigue con el recurso extraordinario de anulación de laudos
arbitrales. (Resalta la Sala).

En punto de lo anterior, es pertinente recalcar que la decisión del laudo contraria a
las pretensiones de la demanda, o bien, la declaración de falta de presupuestos
procesales que impidan su estudio de fondo, no implica la configuración de laudo
citra petita, pues este vicio solo se configura cuando en la parte resolutiva no se
incluyeron, con decisión favorable ni desfavorable, pretensiones formuladas y
debatidas en el proceso.

Al respecto, se ha señalado36:

Resolver sobre todas las cuestiones sometidas a la decisión de los árbitros en
la demanda arbitral no implica, de ninguna manera, que éstos tengan que
acceder a todas las pretensiones planteadas por el convocante y en los mismos
términos utilizados por éste para pedir, puesto que sólo en la medida en que lo
encuentren jurídicamente procedente, luego de la correspondiente
interpretación integral de la demanda y el análisis de los hechos probados en el
proceso, habrán de decidirlo en esa forma, como lo ha sostenido la
jurisprudencia de la Sección:
(…) la presunta vulneración al principio de congruencia surge únicamente de la
confrontación entre dos extremos procesales: de una parte, de las pretensiones
y excepciones aducidas oportunamente por las partes, y de otra, con las

32
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, exp. N°
11001-03-26-000-2020-00013-00(65558), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de julio de 2018, exp. N°
11001-03-26-000-2017-00 058-00(59216) A. C.P. Guillermo Sánchez Luque.
34
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. N°
11001-03-26-000-2015-00141-00 (55307). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
35
Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 27 de junio de 2002, expediente 21040, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.
36
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de octubre de 2013, exp.
N° 110010326000201200027-00 (43440), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

decisiones emitidas sobre ellas en la parte resolutiva de la decisión judicial. Por
lo tanto, la armonía o congruencia se da cuando entre el primer extremo
procesal y el otro, se da una decisión en cualquier sentido, sea acogiendo total
o parcialmente la pretensión o negando la misma. Al respecto la jurisprudencia
al estudiar las presentes causales ha sido reiterativa en señalar que la
incongruencia no se configura porque se conceda o niegue lo pedido con un
fundamento jurídico diferente al esgrimido por el demandante (…) una cosa es
omitir decisión sobre puntos sobre los cuales debió decidir y otra, muy distinta,
es haber negado esas súplicas procesales37.

5.4.2. Caso concreto

En el presente asunto se declarará infundado el recurso extraordinario de anulación,
puesto que no se demostró la ocurrencia de ninguna de las causales invocadas por
la parte censora.

En lo que respecta a la causal séptima de anulación, evidencia la Sala que el
Tribunal de Arbitramento resolvió en derecho y no en conciencia los dos problemas
jurídicos del juicio, pues no se avizora que en el laudo se hubiera guardado silencio
sobre las pruebas obrantes en el proceso y necesarias para fallar, como tampoco
que los árbitros hubieran prescindido del ordenamiento jurídico o de las pautas
normativas aplicables, mucho menos se advierte que yerros de esa naturaleza
aparezcan en forma palmaria o manifiesta en la providencia censurada. Es decir, no
se cumple ninguno de los presupuestos de ocurrencia de la causal mencionada.

A diferencia de lo sostenido por la impugnante, frente a la ausencia de vicios del
consentimiento en el acta de terminación del contrato el panel de árbitros valoró las
pruebas aportadas al proceso, incluso los testimonios echados de menos en el
recurso, sobre los cuales hubo expreso y extenso análisis en el laudo. Así, no es
cierto que el Tribunal no hubiera “tenido en cuenta” las declaraciones testimoniales
que consideró en principio sesgadas -lo que tampoco habría sido configurativo de
laudo en conciencia- sino que dispuso “cotejar” esos medios de prueba con otros
elementos de convicción aportados a la causa, ejercicio que en efecto llevó a cabo
adoptando las conclusiones antes reseñadas.

Cosa distinta es que el Tribunal hubiera tenido por no demostrado el vicio del
consentimiento alegado en la demanda, razonamiento que en sí mismo no es una
decisión en conciencia ni puede afectar la validez del laudo, por lo que el reproche
de la impugnante no resulta de recibo, no sólo por no ser demostrativo de la causal
invocada sino porque se trata de un cuestionamiento a las consideraciones y
argumentaciones de fondo esbozadas por los árbitros, lo que es propio del recurso
de apelación y ajeno al mecanismo extraordinario que en el sub lite resuelve la Sala.

37
Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 27 de junio de 2002, expediente 21040, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

Lo propio ocurre con el argumento de que el Tribunal “desvió”, según la recurrente,
el problema jurídico que debía resolver, al establecer el incumplimiento contractual
de la cooperativa y fundamentar en ello la validez del acta de terminación del
contrato, en lugar de verificar la ocurrencia o no de vicios del consentimiento. Tal
planteamiento no alude en forma alguna a la ocurrencia de laudo en conciencia, no
sólo porque no es cierto que el Tribunal hubiera advertido el incumplimiento
contractual sin basamento jurídico ni probatorio, sino porque lo que se ataca en el
recurso es el estudio y la argumentación de los árbitros, es decir, las razones de
fondo que los llevaron a no acoger las pretensiones de la demanda a pesar de
haberse solicitado en ellas declarar aspectos que aparentemente fueron
corroborados por testigos, pero que no ofrecían credibilidad ni certeza, en sentir del
Tribunal, sobre los verdaderos fines del municipio al gestionar la firma del acta de
terminación del contrato. Se reitera entonces que tales razones no fueron
esbozadas en conciencia -puesto que no se expusieron bajo criterios personales de
los árbitros sino con base en las pruebas del proceso y en la interpretación judicial
del contrato-, mientras que sí constituyen argumentos de raigambre jurídica que no
pueden ser estudiados ni mucho menos valorados por esta Sala, toda vez que la
ley aplicable establece que el juez de la anulación “no se pronunciará sobre el fondo
de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”
(artículo 42, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012).

Adicionalmente, aunque según la impugnante el Tribunal desconoció “la diferencia
entre incumplimiento y caducidad del contrato”, esta alegación en manera alguna
puede aludir a un vicio configurativo de laudo en conciencia, por cuanto, una vez
más, refiere un aspecto propio del fondo de la controversia y, adicionalmente,
cuestiona un punto de derecho junto con el criterio adoptado para su interpretación,
nada de lo cual podría encuadrar en los supuestos del artículo 41, numeral 7, de la
Ley 1563 de 2012.

-. En cuanto a los cargos que bajo la misma causal séptima se formularon contra el
laudo por no liquidarse el contrato con los reconocimientos solicitados en la
demanda, si bien la recurrente señaló que no fueron valoradas las pruebas aducidas
para demostrar la inversión realizada y no amortizada, se aprecia en el examen del
laudo que el material probatorio sí fue estudiado por el Tribunal, quien, frente a cada
una de las probanzas allegadas a la causa, refirió las razones por las que
consideraba que no demostraban el perjuicio reclamado por la convocante.

Los razonamientos del colegio arbitral frente a las reclamaciones económicas de la
cooperativa fueron estructurados en derecho, ya que en ellos se acudió a

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

fundamentos normativos sobre la clase y naturaleza de los perjuicios, así como a
las cláusulas contractuales y al acta de terminación bilateral del contrato, que fue
estimada válida también bajo criterios jurídicos que no es procedente cuestionar en
el sub examine. Asimismo, el Tribunal expuso, con fundamento en las pruebas, las
razones por las que concluyó que no se daban los presupuestos contractuales para
reconocer las inversiones como una consecuencia de la terminación anormal del
contrato, ya que para ello se requería que la causa de la terminación no fuera
atribuible a la concesionaria, lo que, en sentir del Tribunal, no acontecía en el caso
concreto.

Bajo esa premisa, aplicó las normas generales sobre daños, las responsabilidades
del contratista en contratos de concesión y las cláusulas del contrato contentivas de
las pautas de liquidación, sobre cuya base valoró las facturas, avalúos, listas de
obras y proyecciones financieras que la cooperativa Gestionar allegó al proceso,
concluyendo que ninguno de esos elementos demostraba las inversiones
reclamadas, por no figurar en la subcuenta pactada en el contrato, no estar probado
que estuvieran incluidas en el Plan de Inversiones o no cumplir con otros
presupuestos enunciados en el laudo.

Así, es claro que el aludido ejercicio analítico se soportó en normas jurídicas y en el
material probatorio, al margen de que las resultas del proceso se opusieran al
interés de la convocante, lo que en manera alguna se traduce en un laudo en
conciencia.

Ahora, con los otros cuestionamientos del cargo, es decir, el alegado
“desconocimiento de la cláusula de reversión del contrato” y el reproche a la
conclusión de que no existía mérito para reconocer sumas a favor ni a cargo de
ninguna de las partes, el recurso incurre nuevamente en argumentaciones propias
de la apelación, que al tocar o aludir al juicio valorativo y al análisis jurídico hecho
por el Tribunal de Arbitramento, excede el marco de procedencia del recurso
extraordinario de anulación y se opone a la previsión hecha en el artículo 42, inciso
tercero, del estatuto arbitral, anteriormente citado.

-. En lo que atañe al principio de congruencia, encuentra la Sala que no fue
vulnerado en el laudo que se estudia, ya que en la parte resolutiva se hizo
pronunciamiento expreso y definitivo sobre si se negaban o acogían las
pretensiones de la demanda, así como sobre las excepciones propuestas por la
entidad estatal convocada.

Se advierte además que las decisiones que, en concreto, cuestionó la impugnante,
fueron motivadas a partir de los planteamientos hechos en la demanda, por lo que

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
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tampoco habría lugar a concluir que los árbitros omitieron estudiar los hechos y
fundamentos jurídicos esbozados por la convocante. En efecto, no es cierto que el
Tribunal hubiera negado las pretensiones cuarta y quinta de la demanda
supuestamente sin resolver sobre la existencia o no de vicios del consentimiento y
sí estudiando aspectos no planteados por las partes; pues los árbitros estudiaron y
resolvieron lo relativo al indebido constreñimiento para firmar el acta de terminación
anticipada del contrato, determinando que tal vicio no fue demostrado en el juicio,
por no ser consistentes las pruebas aportadas para ese efecto, en tanto que el
análisis sobre el incumplimiento del contratista, fue puesto de presente por el
Tribunal con base en las pruebas y con el propósito de reforzar la validez del acta
de terminación, pero el basamento principal para negar las pretensiones
correspondientes fue precisamente la falta de prueba del vicio del consentimiento,
cuestión que, se reitera, sí fue revisada y resuelta en el laudo.

Por otro lado, el hecho de que los árbitros hubieran considerado que no se contaba
con elementos probatorios idóneos para establecer con certeza el estado financiero
de la concesión no constituye ausencia de decisión sobre ese punto de la
controversia, por lo que tampoco podrá declararse la anulación del laudo arbitral en
el acápite que deniega la pretensión segunda de la demanda.

En este punto, la Sala reitera que ni las resultas desfavorables a los intereses de
una de las partes ni el razonamiento de que no se dan las condiciones de ley para
conceder determinadas pretensiones, dan lugar a laudo infra petita.

Finalmente, y de cara a ambas causales invocadas por la censora, cabe advertir –
la Sala lo recalca- que el mecanismo extraordinario de anulación no procede para
estimar si la decisión contenida en el laudo fue correcta o no, pues ello escapa
totalmente de la esfera de competencia de dicho recurso. Por ello, se subraya que
ni las conclusiones que de manera precedente se han esbozado ni la decisión que
se adoptará en esta sentencia, en el sentido de declarar infundado el recurso
extraordinario de anulación, se orientan en manera alguna a señalar que se
comparte la decisión de fondo adoptada en el laudo impugnado, pues, se reitera, la
competencia del juez de lo contencioso administrativo, en sede del recurso de
anulación del laudo arbitral, está limitada en forma diáfana y, exclusivamente, al
examen de los yerros in procedendo que invoque la parte recurrente, con
fundamento en las causales de anulación que taxativamente se enuncian en el
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Por tanto, la no prosperidad del recurso no
implica ni entraña una valoración, y menos la aquiescencia, acuerdo o conformidad
de la Sala con lo resuelto por el tribunal de arbitramento, sino que sólo pone de
manifiesto que las causales de anulación invocadas por el recurrente no se
configuraron.

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Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

6. Conclusiones

Así las cosas, determina la Sala que no hay lugar a declarar fundado el recurso
extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral dictado el 18 de mayo
de 2023, puesto que no se configuraron en el sub judice los vicios alegados por la
impugnante, esto es, la expedición de laudo citra o infra petita y la adopción de
decisiones en conciencia.

7. Costas

El inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que “[S]i el recurso no
prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido
presentado por el Ministerio Público”. A su vez, de conformidad con lo normado en
el artículo 42 de la misma ley, en la sentencia que resuelve el recurso de anulación
“se liquidarán las condenas y costas a que hubiere lugar”.

En armonía con lo anterior y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 366, numeral
1 del Código General del Proceso, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección
Tercera de esta Corporación, se proceda a la liquidación de las costas causadas en
el presente proceso.

Por otro lado –aunque también para efectos de la liquidación de las costas-, la Sala
procederá a fijar las agencias en derecho, las cuales deben establecerse de
conformidad con la naturaleza, la complejidad y la duración de la actuación que tuvo
que desplegar la parte vencedora –aquí, la parte convocada- frente al respectivo
recurso38. Igualmente, la fijación de las agencias en derecho debe establecerse
teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 5, numeral 9, del Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016 -proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura- norma que señala como tarifa aplicable por concepto de
agencias en derecho, para el trámite de los recursos extraordinarios, entre 1 y 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el presente caso, la Sala fijará por concepto de agencias en derecho la suma
equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia, toda vez que el recurso fue controvertido por

38
A la luz del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, “Para la fijación de agencias en
derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.

25

Expediente N° 70241
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Recurrente: Cooperativa Multiactiva Gestionar

la entidad convocada en su escrito de oposición al recurso, durante el término del
traslado respectivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por la Cooperativa Multiactiva Gestionar Bienestar contra el laudo
proferido el 18 de mayo de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte convocante. Por Secretaría de la
Sección, liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
la presente providencia.

TERCERO: En firme el presente proveído, REMÍTASE copia del mismo al Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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