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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00139-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00139-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Externa Única de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, concretamente, de los siguientes apartes normativos: i) el inciso tercero que dispone: “Esta restricción es aplicable tanto a los convenios como a los contratos interadministrativos, toda vez que, al no existir definición legal que diferencie el concepto de convenio del concepto de contrato, la denominación prevista por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 para tal fin se entenderán en el mismo sentido. Es así como el Decreto 1082 de 2015 trata indistintamente a los convenios y contratos interadministrativos, al establecer la contratación directa como la modalidad de selección para la contratación entre entidades públicas a través de estas dos figuras jurídicas” y, ii) la expresión y el siguiente párrafo contenidos en el inciso quinto “contratos” y “En este sentido, la prohibición que establece el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías consiste en evitar que los recursos del Estado se ejecuten para lograr apoyos indebidos mediante la suscripción de contratos y/o convenios, que, para efectos de la Ley de Garantías, tienen la misma connotación y propósito”. 2º) Abstiénese de condenar en costas. 19 Al respecto consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217. 23 Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313) Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros Medio de control de nulidad 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección archívese el expediente, previas las respectivas constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00139-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de octubre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Actor: SANTIAGO ARIZA QUINTERO Y OTROS
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE –
CCE)
Medio de control: NULIDAD SIMPLE - CPACA
Temas: SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA - LEY DE
GARANTÍAS – PROHIBICIÓN DE CELEBRAR
CONVENIOS Y CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS – INTERPRETACIÓN
ANALÓGICA O EXTENSIVA EN NORMAS QUE
ESTABLECEN RESTRICCIONES O
PROHIBICIONES

Síntesis del caso: los demandantes piden la declaración de nulidad parcial del numeral
16.2 de la Circular Externa Única de 2022 proferida por la entidad demandada por
contravenir los artículos 152 de la Constitución Política y 38 de la Ley 996 de 2005.

Temas: medio de control de simple nulidad – circular externa – clasificación de las
circulares – no todas las circulares constituyen actos administrativos demandables –
normas de contenido prohibitivo – interpretación restrictiva – en materia de prohibiciones
y restricciones a la contratación pública no se pueden emplear hermenéuticas analógicas
o extensivas.

La Sala decide, en única instancia y mediante sentencia anticipada, la demanda
presentada en ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad simple en
contra del numeral 16.2 de la Circular Externa Única de 2022 expedida por la
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- y cuyos
destinatarios son los partícipes en el sistema de compras y contratación pública
de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
Medio de control de nulidad

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) El 5 de septiembre de 2023, los ciudadanos Santiago Ariza Quintero, Joel
David Gaona Lozano, Sebastián Rojas Sánchez y Juan José Gómez Urueña
presentaron demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad
simple (índice 2 SAMAI)1 para que se anule de manera parcial el numeral 16.2
de la Circular Única de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente-; lo resaltado a continuación corresponde a
los segmentos acusados:

“16. APLICACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍAS

(…).

16.2. Restricción para celebrar convenios y contratos
interadministrativos

El parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a los
gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de
Entidades Estatales del orden Municipal, Departamental o Distrital
celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos
durante los cuatro (4) meses anteriores a cualquier elección, sin
importar la naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra entidad
contratante.

Esta restricción es aplicable tanto a los convenios como a los
contratos interadministrativos, toda vez que, al no existir
definición legal que diferencie el concepto de convenio del
concepto de contrato, la denominación prevista por la Ley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007 para tal fin se entenderán en el mismo
sentido. Es así como el Decreto 1082 de 2015 trata indistintamente
a los convenios y contratos interadministrativos, al establecer la
contratación directa como la modalidad de selección para la
contratación entre entidades públicas a través de estas dos
figuras jurídicas.

No obstante, por vía jurisprudencial se ha establecido que en los
contratos interadministrativos existe una contraprestación directa a
favor de la entidad que ha entregado el bien o prestado el servicio a la
Entidad contratante, habilitada para ello por su objeto legal como
entidad ejecutora, comoquiera que las obligaciones asignadas
legalmente a aquella entidad pública están directamente relacionadas
con el objeto contractual. Por su parte, en los convenios
interadministrativos las entidades se asocian con el fin de cooperar en
el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, sin que exista una
contraprestación para ninguna de las entidades ni la prestación de un

1 Archivo “1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”

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Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
Medio de control de nulidad

servicio a cargo de alguna de ellas y en favor de la otra parte del
convenio.

En el contexto de la Ley de Garantías, las restricciones, además de
propender por la igualdad de los candidatos, están encaminadas a
evitar que por medio de la contratación se altere la voluntad popular, lo
cual se puede lograr a través de contratos o convenios. En este
sentido, la prohibición que establece el parágrafo del artículo 38 de la
Ley de Garantías consiste en evitar que los recursos del Estado se
ejecuten para lograr apoyos indebidos mediante la suscripción de
contratos y/o convenios, que, para efectos de la Ley de Garantías,
tienen la misma connotación y propósito.

En cuanto a la aplicación temporal de las restricciones de la Ley de
Garantías, debe tenerse en cuenta que ambas restricciones no son
excluyentes, pues en el período preelectoral para elección de
Presidente de la República, a todos los entes del Estado, incluidos los
territoriales, les aplican las restricciones del artículo 33 con sus
excepciones, así como las del parágrafo del artículo 38. Por lo que las
restricciones de la Ley de Garantías pueden aplicarse de manera
simultánea” (índice 2 SAMAI – archivo “2_DemandaWeb_Demanda-
(.pdf) NroActua 2” – negrillas adicionales).

2) Los demandantes sostienen que los apartes normativos demandados son
nulos por i) haber sido proferidos sin competencia y ii) con desconocimiento de
las normas en que debían fundarse, para lo cual invocaron como desconocidos
los artículos 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), 150, 189 y 152 de la
Constitución Política y, 38 de la Ley 996 de 20052.

3) En la demanda se indicó, como concepto de la violación, que la entidad
demandada usurpó funciones propias del Congreso de la República, pues, este
último es el único habilitado para la expedición de leyes estatutarias que pueden
restringir la contratación pública en épocas electorales -ley de garantías- (artículo
152 CP); además, se agregó que el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a
las autoridades territoriales y locales la celebración de “convenios
interadministrativos” dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones,
por manera que, el precepto acusado no podía hacer extensiva esa limitación o
restricción a los “contratos interadministrativos”, lo cual desconoce, además, el
artículo 31 del Código Civil según el cual el contenido de la ley se determinará
por su contenido genuino, sin que puedan hacerse interpretaciones extensivas o
analógicas a las normas que establecen prohibiciones.

2 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad

con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo
establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”.

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2. El trámite de única instancia

1) En auto del 30 de mayo de 2024 se admitió la demanda (índice 10 SAMAI) y
se ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2) De otra parte, el 4 de octubre de 2024 (índice 27 SAMAI) se accedió a la
medida cautelar solicitada por los demandantes y se decretó la suspensión
provisional parcial del numeral 16.2 de la Circular Única de 2022 expedida por la
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

3) Inconforme con la decisión, la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- interpuso recurso de reposición (índice 31 SAMAI)
en contra del auto del 4 de octubre del año en curso.

4) Luego, el 17 de enero de 2025 se decidió la impugnación (índice 35 SAMAI)
en el sentido de confirmar integralmente la providencia recurrida.

5) Posteriormente, en auto del 24 de julio de 2025 (índice 47 SAMAI) se negó la
acumulación a esta actuación del proceso con radicación número 11001-03-26-
000-2025-00016-00 (72.424), toda vez que, en este último no se había proferido
auto admisorio de la demanda, requisito indispensable para esos efectos de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Ley 1564 de 2012 (CGP),
aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

3. El fundamento para dictar sentencia anticipada

Por auto del 24 de julio de 2025 se advirtió que se configuraban dos supuestos
para dictar sentencia anticipada (índice 47 SAMAI) de conformidad con el artículo
182A de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), pues, (i) la controversia es de puro
derecho y, (ii) no era necesario decretar ni practicar pruebas en tanto que no se
solicitaron en la demanda y la entidad demandada se abstuvo de contestarla,
razón por la cual se prescindió de la realización de la audiencia inicial, se fijó el
litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.

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II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión general y, 4) condena
en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia consiste en determinar, en primer lugar, si la Circular
Única de 2022 proferida por la Agencia Nacional de Contratación -Colombia
Compra Eficiente- constituye un acto administrativo pasible de control
jurisdiccional dado que se trata, como su propio nombre lo indica, de una circular
externa y, una vez superado ese análisis, establecer si la disposición censurada
debe ser anulada por i) haber sido proferida sin competencia y, ii) con
desconocimiento de las normas en que debían fundarse, concretamente, por
contravenir los artículos 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), 150, 189 y 152
de la Constitución Política y 38 de la Ley 996 de 2005 .

La Sala declarará la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Única de 2022
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-, por contravenir las normas de rango superior en las cuales debía
fundarse, por el hecho de hacer extensiva a los contratos interadministrativos la
prohibición de celebrar convenios interadministrativos prevista por el legislador
en el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

2. Análisis del caso concreto

2.1 Naturaleza, contenido y alcance del acto demandado

1) El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) regula el medio de control
jurisdiccional de simple nulidad; el inciso tercero de la disposición establece que
“también puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y
de los actos de certificación y registro”.

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Las circulares de servicio son manifestaciones de la voluntad de la administración
que contienen instrucciones o indicaciones dirigidas a la colectividad o a un grupo
específico de entidades, servidores públicos o de ciudadanos en relación con un
asunto o situaciones concretas de diversa índole como situaciones
administrativas, sociales, económicas, laborales, jurídicas, metodológicas, entre
muchas otras; las circulares de servicio se clasifican, según sus efectos, en
externas o internas, las primeras son las que desbordan el ámbito interno de la
administración y, por consiguiente, afectan situaciones de los particulares o de
los ciudadanos; contrario sensu, las segundas, contienen meras orientaciones o
instrucciones para los servidores y agentes estatales vinculados con la
correspondiente entidad pública.

2) En esa perspectiva, solo las circulares -externas- constituyen verdaderos actos
administrativos capaces de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas
respecto de los administrados3 y, por ende, son demandables a través de las
acciones o medios de control jurisdiccionales ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; no obstante, si una circular interna tiene la
potencialidad o virtualidad de afectar derechos de los ciudadanos la misma será
demandable y, en consecuencia, es perfectamente posible que su legalidad sea
materia u objeto de control jurisdiccional.

Sobre el particular, la Sección Primera de la Corporación ha puntualizado:

“Las instrucciones o circulares administrativas son actos jurídicos de la
Administración en sentido lato, susceptibles de ser impugnados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativa, dependiendo
básicamente de su contenido. En efecto, esta Corporación ha señalado
en reiteradas oportunidades, que las circulares de servicios son
susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuando contengan una decisión emanada de una
autoridad pública, capaz de producir efectos jurídicos y de producir
efectos vinculantes frente a los administrados, pues si se limitan a

3 “Las llamadas circulares de servicio tienen por objeto o finalidad dar instrucciones al personal

subalterno o subordinado sobre la mejor manera de cumplir las medidas adoptadas. Por
consiguiente, son actos administrativos de conocimiento o de instrucción, por las cuales de
ordinario el superior jerárquico de una dependencia o ente administrativo hace conocer a los
subalternos empleados, determinadas disposiciones. Pero, si en las circulares de servicio, o con
ocasión de ellas, se adoptan nuevas prescripciones, no comprendidas en disposiciones
precedentes, se trata de actos administrativos ordinarios que crean situaciones jurídicas,
susceptibles de invalidarse por las causales generales”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de junio de 1973. Cita tomada de:
Código Contencioso Administrativo, comentado y concordado por Mario Madrid-Malo G., Ed.
Legis, Bogotá, 1985, pág. 180.

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reproducir el contenido de otras normas, o las decisiones de otras
instancias, o a brindar orientaciones e instrucciones a sus
destinatarios, no serán susceptibles de demanda. En el caso sub
examine, resulta indudable que la Circular 016 de 2005 constituye un
acto administrativo que crea, modifica o extingue una situación jurídica
y que, por lo mismo, puede ser objeto de control jurisdiccional, en tanto
y en cuanto consagra unos deberes que deben ser acatados por las
entidades sometidas a la inspección vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud”4.

“………………………………………………………………………………..

“La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que las circulares
de servicio son susceptibles de ser demandadas cuando las mismas
contengan una decisión de autoridad pública, capaz de producir
efectos jurídicos y puedan, en consecuencia, tener fuerza vinculante
frente al administrado, pues, de no ser así, si la circular se limita a
reproducir lo decidido por otras normas, o por otras instancias, con el
fin de instruir a los funcionarios encargados de ejercer determinadas
competencias, entonces, la circular no será un acto susceptible de
demanda” 5.

En este punto, es particularmente relevante advertir que la jurisprudencia de la
Sección Primera de la Corporación no ha sido siempre pacífica, pues, en decisión
del 27 de noviembre de 2014 se afirmó que todas las circulares -externas o
internas- eran controlables por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
con independencia de si producían o no efectos jurídicos respecto de los
administrados; el mencionado criterio se apoyó en el siguiente razonamiento6:

“Pese a la validez de la interpretación tradicional, la Sala estima que a
la vista del cambio operado en el orden contencioso administrativo a
partir de la entrada en vigor del CPACA y de las visibles
transformaciones en los modos de actuación de la Administración,
cada vez más proclive al uso de instrumentos blandos o atípicos (desde
la perspectiva clásica del acto administrativo), resulta procedente
replantearse esta postura. El alcance restrictivo del control judicial a
cargo de los jueces de la Administración prohijado por la línea
jurisprudencial en cuestión, así como el efecto de crear una suerte de
inmunidad jurisdiccional a favor de actos que pese a ser expresión de
la función administrativa presentan solo efectos orientativos,
instructivos o informativos al interior de la Administración (ad intra) o
hacia los particulares (ad extra), y el hecho de encerrar un
desconocimiento de la regla hermenéutica según la cual todos los
enunciados jurídicos deben interpretarse de tal forma que produzcan
un efecto útil y que esta clase de interpretaciones debe preferirse sobre
aquellas que supongan una redundancia en las disposiciones de la ley,

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 19

de marzo de 2009, expediente no. 2005-00285, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21

de septiembre de 2001, expediente no. 6371, MP Olga Inés Navarrete Barrero.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27

de noviembre de 2014, expediente no. 2012-00533, MP Guillermo Vargas Ayala.

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llevan a la Sala al convencimiento de que es preciso replantearse dicha
posición y entender que en virtud de lo previsto por el artículo 137
CPACA toda circular administrativa, cualquiera que sea su contenido,
es susceptible de control judicial.

En criterio de la Sala esta postura responde a los requerimientos que
el principio de Estado de Derecho eleva a la jurisdicción contenciosa
en la realidad administrativa actual y consulta mejor que la línea
jurisprudencial anterior los propósitos de la reforma legal de 2011, en
tanto viabiliza un verdadero ensanchamiento del ámbito del control
judicial de las actuaciones de la Administración, ya no controlables solo
en tanto que actos administrativos, sino en cuanto manifestaciones de
la función administrativa… En efecto, el hecho de actuar ésta en cada
vez más oportunidades por medios que no pueden encuadrarse dentro
de los denominados actos de poder, comando y control (command and
control) o Derecho Duro (hard law) obligan a tomar en consideración el
nuevo contexto en el que se desenvuelve la función administrativa. La
proliferación contemporánea de actuaciones administrativas
desprovistas del elemento de unilateralidad, coercibilidad o de
jerarquía propio de los actos administrativos a favor de actuaciones de
tipo más horizontal o dialógicas, en las que se negocia, colabora,
promueve o informa sobre un determinado asunto (soft law), exigen de
la jurisdicción contencioso administrativa una reflexión sobre la validez
de preservar un modelo que, como el basado en la actuación por acto
administrativo, hoy no es ya exclusivo en el panorama jurídico de la
Administración. Surge así el desafío de replantearse aspectos
relacionados con el objeto o la órbita de competencias del juez
administrativo, de modo que se haga posible expandir el radio de
acción del control judicial de forma paralela al ensanchamiento
experimentado por las actuaciones de la Administración, hoy mucho
más ricas y diversas que la clásica resolución de una materia mediante
acto administrativo. En un verdadero Estado de Derecho, en aras de
asegurar tanto la vigencia plena de los referidos principios de
constitucionalidad y legalidad como la mayor efectividad del derecho a
la tutela judicial, estas nuevas formas de actuación de la
Administración no pueden quedar fuera del alcance del contencioso
administrativo. Así, con independencia de que por su contenido
orientativo, instructivo o puramente informativo las circulares no
afecten de manera directa los derechos o intereses particulares de las
personas, su calidad de expresión de la función administrativa y su no
poca capacidad de incidencia sobre las decisiones y actuaciones
materiales de la Administración (ellas sí plenamente oponibles y
ejecutables en el ámbito de los particulares) justifican su sometimiento
al control de esta jurisdicción. En últimas son un mecanismos (sic)
dispuesto por el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de los fines
que la Constitución y la ley han encomendado a las autoridades
administrativas y en cuanto tal su conformidad con éstas ha de ser
total”.

3) Sin embargo, con posterioridad a ese pronunciamiento la misma Sección
Primera ha retomado el criterio según el cual las circulares de servicio solo son
controlables o demandables, en los términos del inciso tercero del artículo 137
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), siempre y cuando constituyan verdaderos y
materiales actos administrativos; es decir, cuando produzcan efectos o afecten

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situaciones jurídicas de los ciudadanos; por lo tanto, que las solas orientaciones,
recomendaciones u orientaciones de la administración a sus agentes y
colaboradores no son susceptibles de control jurisdiccional; al respecto, en
sentencia del 22 de octubre de 2021 dicha Sección discurrió de la siguiente
manera:

“Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica
al señalar que las circulares serán pasibles de control judicial
siempre y cuando sean capaces de surtir efectos jurídicos frente
a los administrados, pero si se limitan a reproducir el contenido
de otras normas o simplemente a dar instrucciones a los
empleados de las distintas dependencias, no serán pasibles de
control judicial. […] Revisada la circular aquí reproducida, se advierte
que la misma sí trae obligaciones tanto para las capitanías de puertos,
como para los administrados, comoquiera que establece los requisitos
que deben cumplir las personas que quieran ser inscritas como peritos
marítimos, y cuáles serían las obligaciones posteriores a su elección,
tales como la celebración de un contrato de prestación de servicios.
Adicionalmente, al revisar el Reglamento 0004 y el Decreto ley 2324
de 1984, se advierte que no reproduce ninguna disposición allí
contemplada. En consecuencia, no está llamada a prosperar la
excepción planteada por la parte demandada”7 (resalta la Sala).

4) En suma, las circulares de servicio son actos administrativos de instrucción o
de servicio que, en principio, tienen como destinatarios otras entidades públicas,
servidores, funcionarios, agentes, subalternos y colaboradores públicos; empero,
es perfectamente factible que esas manifestaciones unilaterales de la voluntad,
en ejercicio de función administrativa, produzcan efectos para los ciudadanos y
ciudadanos, razón por la cual serán controlables y demandables en los términos
del inciso tercero del artículo 137 del CPACA.

5) En ese marco normativo y jurisprudencial, se tiene que la Circular Externa
Única de 2022 expedida por la agencia estatal CCE constituye, formal y
materialmente, un acto administrativo pasible de control jurisdiccional de
legalidad por las siguientes razones: i) es una circular externa dirigida a todos los
partícipes en el sistema de compras y contratación pública de conformidad con
el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 proferido por el Presidente de
la República8; ii) no solo contiene instrucciones, orientaciones o

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 22

de octubre de 2021, expediente no. 2017-00142, MP Oswaldo Giraldo López. En el mismo
sentido, consultar: sentencia del 6 de agosto de 2021, expediente no. 2018-00113, MP Nubia
Margoth Peña Garzón.
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de

Planeación Nacional”.

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
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recomendaciones para los servidores públicos, agentes estatales y/o
colaboradores de la administración sino que, también adopta determinaciones
específicas y puntuales en los procesos de compras y de contratación públicas;
de allí que, como ejercicio de función administrativa, tiene la virtualidad y la
potencialidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de las entidades
públicas, contratistas, interventores, supervisores, de las organizaciones de la
sociedad civil y de los administrados y, iii) la norma tiene por finalidad reglamentar
la Ley 996 de 2005, en cuanto consagra una limitación o restricción de celebrar
convenios y/o contratos interadministrativos durante el ámbito temporal fijado en
esa normativa, esto es, durante la época de contienda electoral.

2.2 Análisis de los cargos de nulidad formulados

La Sala estudiará, en primer término, el cargo de falta de competencia alegado
y, en segundo lugar, la censura de violación o infracción de normas superiores
(vicio de contenido).

2.2.1 Falta de competencia de la Agencia Nacional de Contratación Pública
(Colombia Compra Eficiente)

1) Los actores indicaron que el acto administrativo demandado se expidió con
falta de competencia, por cuanto la entidad demandada usurpó funciones propias
del Congreso de la República, pues, este último es el único habilitado para la
expedición de leyes estatutarias que pueden restringir la contratación pública en
épocas electorales -ley de garantías-, de allí que se hayan desconocido los
artículos 150, 152 y 189 de la Constitución Política.

“Artículo 2.2.1.1.1.2.1 Los partícipes del sistema de compras y contratación pública para efectos
del Decreto-Ley 4170 de 2011, son:
1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación.
En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición conjunta
de bienes, obras y servicios.
2. Colombia Compra Eficiente.
3. Los oferentes en los Procesos de Contratación.
4. Los contratistas.
5. Los supervisores.
6. Los interventores.
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación
ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley”.

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2) El Decreto ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública
(Colombia Compra Eficiente) cuyo objetivo consiste en ser la entidad encargada
de desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la
organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y
contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y
optimización de los recursos del Estado.

3) El numeral 5 del artículo 3 de esa misma normativa prevé, expresa e
inequívocamente, que una de las competencias de la Agencia de Contratación
Pública CCE es la de “absolver consultas sobre la aplicación de las normas de
carácter general y expedir circulares externas en materia de compras y
contratación pública” (se destaca).

En ese orden de ideas, la entidad demandada no invadió la competencia del
legislador al proferir la Circular Única Externa de 2022, acto administrativo
demandado, por la sencilla pero suficiente razón de que contaba con la facultad
normativa de expedirla, en tanto que una de las facultades que se le otorgó es la
de expedir circulares externas en materia de contratación pública que persigan
garantizar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del
Estado ejecutados a través de la contratación pública.

4) Así las cosas, la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra
Eficiente) no se arrogó, formalmente, una competencia propia del Congreso de
la República por el hecho de haber proferido la circular demandada; no obstante,
esa circunstancia no impide estudiar, en una perspectiva material o sustancial, si
Colombia Compra Eficiente se encontraba habilitada o no para adoptar la
decisión contenida en la circular demandada, examen que coincide con el estudio
del segundo cargo de nulidad formulado, esto es, si el acto demandado infringió
las normas que en debió fundarse, esto es, el ordenamiento jurídico superior.

2.2.2 Cargo de infracción de las normas en que debía fundarse (vicio de
contenido)

1) Definida la procedibilidad formal del medio de control jurisdiccional,
corresponde determinar si los apartados normativos demandados del numeral
16.2 de la circular demandada desconocen o trasgreden las normas en las cuales

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
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se debían fundar, para lo cual la Sala realizará la correspondiente comparación
o contraste para establecer si la disposición censurada viola o quebranta el
ordenamiento jurídico superior, como se alega en la demanda.

En ese orden de ideas, con fines eminentemente sistemáticos, la Sala traza el
siguiente cuadro comparativo entre las normas invocadas en la demanda como
desconocidas y el precepto atacado cuya nulidad se solicita:

Norma demandada – numeral 16.2 de Normas invocadas como
la Circular Externa Única de 2022 desconocidas por el precepto
proferida por la Agencia de demandado
Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente-

“16.2. Restricción para celebrar
1) Literal f) artículo 152 de la Constitución
convenios y contratos interadministrativos
Política:
El parágrafo del artículo 38 de la Ley 996
“ARTÍCULO 152. Mediante las leyes
de 2005 prohíbe a los gobernadores,
estatutarias, el Congreso de la República
alcaldes, secretarios, gerentes y
regulará las siguientes materias:
directores de Entidades Estatales del
orden Municipal, Departamental o Distrital
(…) f) La igualdad electoral entre los
celebrar convenios interadministrativos
candidatos a la Presidencia de la
para ejecutar recursos públicos durante
República que reúnan los requisitos que
los cuatro (4) meses anteriores a
determine la ley”.
cualquier elección, sin importar la
naturaleza o el orden nacional o territorial
de la otra entidad contratante.

Esta restricción es aplicable tanto a los
convenios como a los contratos
interadministrativos, toda vez que, al
no existir definición legal que
diferencie el concepto de convenio del
concepto de contrato, la denominación
prevista por la Ley 80 de 1993 y la Ley

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
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1150 de 2007 para tal fin se entenderán 2) Parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley
en el mismo sentido. Es así como el 996 de 2005.
Decreto 1082 de 2015 trata
indistintamente a los convenios y “Artículo 38. Prohibiciones para los
contratos interadministrativos, al servidores públicos. A excepción de los
establecer la contratación directa empleados del Estado que se
como la modalidad de selección para la desempeñen en la rama judicial, en los
contratación entre entidades públicas órganos electorales, de control y de
a través de estas dos figuras jurídicas. seguridad, a los demás servidores
públicos autorizados por la Constitución,
No obstante, por vía jurisprudencial se ha les está prohibido:
establecido que en los contratos
interadministrativos existe una (…).
contraprestación directa a favor de la
entidad que ha entregado el bien o Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes
prestado el servicio a la Entidad Municipales y/o Distritales,
contratante, habilitada para ello por su Secretarios, Gerentes y directores de
objeto legal como entidad ejecutora, Entidades Descentralizadas del orden
comoquiera que las obligaciones Municipal, Departamental o Distrital,
asignadas legalmente a aquella entidad dentro de los cuatro (4) meses
pública están directamente relacionadas anteriores a las elecciones, no podrán
con el objeto contractual. Por su parte, en celebrar convenios
los convenios interadministrativos las interadministrativos para la ejecución
entidades se asocian con el fin de de recursos públicos, ni participar,
cooperar en el cumplimiento de funciones promover y destinar recursos públicos de
administrativas o de prestar las entidades a su cargo, como tampoco
conjuntamente servicios que se hallen a de las que participen como miembros de
su cargo, sin que exista una sus juntas directivas, en o para reuniones
contraprestación para ninguna de las de carácter proselitista en las que
entidades ni la prestación de un servicio a participen los candidatos a cargos de
cargo de alguna de ellas y en favor de la elección popular. Tampoco podrán
otra parte del convenio. hacerlo cuando participen voceros de los
candidatos.
En el contexto de la Ley de Garantías, las
restricciones, además de propender por la Tampoco podrán inaugurar obras
igualdad de los candidatos, están públicas o dar inicio a programas de
encaminadas a evitar que por medio de la carácter social en reuniones o eventos en
contratación se altere la voluntad popular, los que participen candidatos a la
lo cual se puede lograr a través de Presidencia y Vicepresidencia de la
contratos o convenios. En este sentido, República, el Congreso de la República,
la prohibición que establece el parágrafo Gobernaciones Departamentales,
del artículo 38 de la Ley de Garantías Asambleas Departamentales, Alcaldías y
consiste en evitar que los recursos del Concejos Municipales o Distritales.
Estado se ejecuten para lograr apoyos Tampoco podrán hacerlo cuando
indebidos mediante la suscripción de participen voceros de los candidatos.
contratos y/o convenios, que, para
efectos de la Ley de Garantías, tienen
No podrán autorizar la utilización de
la misma connotación y propósito.
inmuebles o bienes muebles de carácter
público para actividades proselitistas, ni
En cuanto a la aplicación temporal de las
para facilitar el alojamiento, ni el
restricciones de la Ley de Garantías, debe
transporte de electores de candidatos a
tenerse en cuenta que ambas
cargos de elección popular. Tampoco
restricciones no son excluyentes, pues en
podrán hacerlo cuando participen voceros
el período preelectoral para elección de
de los candidatos.
Presidente de la República, a todos los
entes del Estado, incluidos los
territoriales, les aplican las restricciones La nómina del respectivo ente territorial o
entidad no se podrá modificar dentro de

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
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del artículo 33 con sus excepciones, así los cuatro (4) meses anteriores a las
como las del parágrafo del artículo 38. Por elecciones a cargos de elección popular,
lo que las restricciones de la Ley de salvo que se trate de provisión de cargos
Garantías pueden aplicarse de manera por faltas definitivas, con ocasión de
simultánea” (se destaca). muerte o renuncia irrevocable del cargo
correspondiente debidamente aceptada,
y en los casos de aplicación de las
normas de carrera administrativa” (se
resalta).

3) Artículo 31 del Código Civil (Ley 57 de
1887).

“ARTÍCULO 31. NTERPRETACION
SOBRE LA EXTENSIÓN DE UNA LEY.

Lo favorable u odioso de una disposición
no se tomará en cuenta para ampliar o
restringir su interpretación. La extensión
que deba darse a toda ley se determinará
por su genuino sentido, y según las reglas
de interpretación precedentes”.

Los demandantes aducen que la entidad demandada al hacer extensiva a los
“contratos interadministrativos” la prohibición contenida en el parágrafo 1º del
artículo 38 de la Ley 996 de 2005 que se refiere, única y exclusivamente, a los
“convenios interadministrativos” i) invadió la órbita de competencia del Congreso
de la República, ii) excedió la facultad reglamentaria y, iii) hizo una aplicación

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
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amplia, extensiva o analógica de una norma que establece restricciones y
limitaciones, lo cual no está permitido.

2) La Sala advierte que de la simple confrontación o cotejo entre el numeral
demandado y el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 se observa
una trasgresión del ordenamiento jurídico superior, en tanto que el legislador
circunscribió la prohibición a los “convenios interadministrativos”, mientras que la
circular demandada la hace extensiva a los “contratos interadministrativos” por la
vía hermenéutica o analógica, al grado tal que se indica en el numeral censurado
que la “restricción es aplicable tanto a los convenios como a los contratos
interadministrativos, toda vez que, al no existir definición legal que diferencie el
concepto de convenio del concepto de contrato, la denominación prevista por la
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 para tal fin se entenderán en el mismo
sentido”.

3) Al respecto, es pertinente anotar que, si bien existe un género denominado
“contrato estatal” al cual pertenecen varias especies entre ellas las de contratos
y convenios interadministrativos9, lo cierto es que, las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007 hacen énfasis en el adjetivo “interadministrativo” sin que se incorpore
una distinción o diferenciación clara entre contrato y convenio; no obstante, con
la expedición de la Ley 489 de 1998 el legislador ahondó en la diferenciación
entre los conceptos de “convenio” y “contrato” interadministrativos, lo cual ha
servido de fundamento para que esta Sección10 lo mismo que la Sala de Consulta
y Servicio Civil11 de esta Corporación, hayan realzado la distinción entre uno y

9 “1) Los contratos de apoyo se celebran con personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro. Los

contratos de asociación se celebran con personas jurídicas privadas con o sin ánimo de lucro. //
2) Los contratos de apoyo se celebran para impulsar programas y actividades de interés público
acordes con los planes de desarrollo. Los contratos de asociación se pueden celebrar con esa
finalidad, pero también para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos
y funciones asignadas legalmente a las entidades (…)” Concepto no. 2319 del 30 de mayo de
2017, MP Édgar González López.
10 “En tal sentido, si bien es cierto que en la práctica de las relaciones que se establecen en

desarrollo de las actividades de la Administración se suele utilizar en algunas oportunidades la
misma denominación, ´convenios interadministrativos´, para calificar otro tipo de negocios que no
corresponden a su naturaleza y efectos –como los acuerdos interorgánicos y como aquellos en
los que se presenta un concurso de voluntades, pero que no generan obligaciones susceptibles
de ser exigidas jurídicamente– en realidad, los convenios en los cuales las partes se obligan
patrimonialmente constituyen contratos en toda la extensión del concepto y con todos los efectos
de esa particular institución jurídica”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, expediente no. 17.860, MP Mauricio Fajardo
Gómez.
11 “Así, es viable distinguir entre ‘convenios interadministrativos’ de contenido patrimonial, los

cuales se someterán al régimen de los contratos interadministrativos, y otros que si bien implican
obligaciones y responsabilidades para los intervinientes, no tienen un interés puramente

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otro negocio jurídico, para diferenciarlos en su naturaleza, contenido y alcance,
con independencia de que, se reitera, sean contratos estatales.

a) En efecto, con fundamento en la jurisprudencia de la Sección Tercera, la
doctrina extranjera y la vernácula, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación sintetizó y enlistó las diferencias entre las nociones de “contrato
interadministrativo” y de “convenio interadministrativo”, como se trascribe a
continuación12:

“Si bien las nociones ‘contrato’ y ‘convenio’ interadministrativo tienen
notas comunes como la de ser acuerdos de voluntades generadores
de obligaciones entre entidades estatales, también resulta
incontrovertible que tienen naturaleza, finalidad y características
disímiles como son:

a. El objeto de los contratos lo constituyen obligaciones de contenido
patrimonial y, por lo mismo, son onerosos, lo que implica el gravamen
de cada parte en beneficio de la otra. En el contrato, como verdadero
acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, las partes actúan
con intereses disímiles y contrapuestos; la entidad estatal contratante
en un interés público, la entidad estatal contratista en su propio interés
específico económico o de índole privado (es claro que una entidad
estatal, puede y debe obtener ganancias, o generar valor respecto de
su patrimonio, productos o actividad, si así lo autoriza su objeto social,
o las funciones que le haya otorgado la ley);

b. Los convenios no tienen un interés puramente económico (es decir,
destinados a obtener una ganancia) y su objeto es ejecutar actividades
que contribuyen directamente al fin común de los sujetos vinculados al
convenio; es decir, las partes tienen intereses convergentes,
coincidentes o comunes (cumplimiento de funciones administrativas o
prestación de servicios a su cargo que coinciden con el interés general)
y cooperan para alcanzar en forma eficaz la finalidad estatal prevista
en la Constitución o la ley sin que por esto se reciba por ninguna de
ellas el pago de un precio o contraprestación;

c. Los intereses de los que son titulares las partes (entidades públicas
contrayentes) y las finalidades que persiguen alcanzar, en virtud del
ánimo de cooperación, indican que en los convenios las partes se
relacionan en un paralelismo de intereses bajo un ámbito o posición de
igualdad o equivalencia, en tanto que los contratos, dados los intereses
y finalidades analizadas, se desarrollan en un ámbito de preeminencia
o superioridad jurídica de la entidad estatal contratante respecto de la
entidad contratista y, por lo mismo, podrá haber prerrogativas a favor

económico es decir, destinados a obtener una ganancia, al girar en torno solamente a la forma
de complementar y articular las funciones de cada entidad, mediante el intercambio de
información, el apoyo logístico, la facilitación de infraestructuras, etc., para mejorar la eficiencia
de la gestión pública, así como la utilización conjunta de medios y servicios públicos en el ámbito
de los principios constitucionales de economía, celeridad y eficacia para el logro del bien común”.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto no. 2257 del 26 de julio de 2016,
MP Álvaro Namén Vargas.
12 Ibidem.

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
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de una de las partes. De esta manera, en el contrato ‘se puede
identificar contratante y contratista, y el segundo, aunque persona
pública, tiene intereses y está en un mercado de forma similar a como
lo hace un particular’.

d. La expresión ‘entidad ejecutora’ utilizada por la Ley 1150 de 2007,
no es una simple modificación de forma ni resulta intrascendente, sino
que se trata de un cambio sustancial e importante, por cuanto implica,
de una parte, que la actividad del proponente (entidad estatal) en todos
los casos debe ser congruente con el objeto del contrato
interadministrativo a celebrar; y de otra, que cuando sea el resultado
de una licitación pública o selección abreviada, debe aquel someterse
a las reglas fijadas por la Administración en la respectiva modalidad
por convocatoria pública, de manera que, en virtud del derecho de
igualdad que rige los procedimientos de selección, no puede alegar
excepciones o tratos diferentes por su condición de entidad estatal, ya
que simplemente será un proponente más. Es preciso recordar que los
procesos de selección están sometidos de principio a fin al derecho
administrativo, en el cual es evidente la preeminencia de la posición
jurídica de la Administración que tiene a su cargo el desarrollo del
proceso de contratación sobre los proponentes;

e. La noción contrato interadministrativo en manera alguna está
supeditada a los procedimientos de selección empleados para su
celebración, específicamente el de contratación directa, pues la
naturaleza jurídica de tales contratos corresponde a la calidad pública
de las partes contrayentes y los elementos analizados en precedencia,
es decir, un acuerdo de voluntades celebrado entre dos entidades de
carácter estatal, productor de efectos jurídicos en el marco de una
relación jurídica patrimonial para el cumplimiento de los fines estatales,
sin que para deducir esa naturaleza sea relevante el medio previsto por
el legislador para seleccionar al contratista;

f. Bajo la Ley 80 de 1993, la regla general es la libre competencia en
un mercado que sería el de la contratación estatal por lo que quienes
aspiren a ser colaboradores de la Administración como contratistas
deben encontrarse en igualdad de condiciones; de allí que, si una
entidad estatal voluntariamente participa en dicho mercado, no puede
tener privilegios en razón de su calidad;

g. Si bien las obligaciones que surgen de los contratos y convenios son
vinculantes, los medios con los que se cuenta para hacerlas efectivas
difieren, en la medida en que en los convenios, en virtud del plano de
igualdad en que se ejecutan, no pueden existir cláusulas excepcionales
al derecho común (artículo 14 parágrafo Ley 80 de 1993), ni potestades
unilaterales para una de las partes, mientras que en los contratos, dado
el ámbito de subordinación, no puede descartarse prima facie el
ejercicio de potestades autorizadas por la ley a favor de la entidad
estatal contratante;

h. Al intervenir como partes las entidades estatales, el régimen jurídico
de los contratos interadministrativos es el previsto, en principio, en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(contenidas en la actualidad en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
1474 de 2011), de derecho público para determinadas materias (i.e.
competencia, voluntad, forma y contenido, entre otros aspectos) y, de
otro lado, de derecho privado (i.e. consentimiento, efectos de las
obligaciones, objeto en los casos no previstos en la Ley 80, entre

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
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Medio de control de nulidad

otros). Con todo, deberá examinarse en cada caso concreto si alguna
de las entidades estatales está sometida a un régimen de contratación
especial, que la exceptúe de la aplicación del señalado estatuto y,

i. Dada la naturaleza jurídica explicada de los convenios
interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública no resultan de aplicación automática a esos
convenios. En tal virtud, en cada caso concreto deberá analizarse, de
conformidad con la naturaleza jurídica, objeto y finalidad de los
convenios, si la disposición correspondiente del Estatuto Contractual
es aplicable o no.

A título de ejemplo las normas de derecho público que están
relacionadas con la capacidad de las entidades estatales para celebrar
acuerdos de voluntades y que incluyen el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés son, en principio, de
obligatoria observancia, en los convenios interadministrativos,
mientras que aquellas que ponen a la Administración contratante en
una posición de preeminencia sobre el contratista como son las
cláusulas excepcionales al derecho común, no resultarán aplicables en
los mismos” (negrillas del original).

b) En ese orden de ideas, si el legislador no diferenció al instituir la prohibición o
la restricción, mal haría el reglamento en aplicar un efecto expansivo o extensivo
para incluir una categoría no cobijada con la limitación13, por cuanto esa
ampliación de la restricción desborda el marco reglamentario y, en últimas,
modifica el contenido y alcance de la ley, por cuanto cobija con la proscripción un
tipo de negocio jurídico que el legislador no contempló expresa e
inequívocamente14.

13 A modo simplemente ilustrativo, el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en materia de delegación

entre entidades públicas, prevé: “La delegación de las funciones de los organismos y entidades
administrativos del orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades
territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos
y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente
convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el
ejercicio de las funciones delegadas.

Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios
o contratos entre entidades públicas o interadministrativos”.

Por su parte, los artículos 95 y 96 de la misma Ley 489 de 1998 regulan los convenios de
asociación entre entidades públicas y los convenios de asociación con particulares para el
cumplimiento de funciones propias de entidades públicas.
14 “En tratándose de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones no es dable aplicar la ley

que las establece por analogía, esto es, a eventos no previstos en ella, pero si es procedente
interpretar la ley correspondiente, para determinar su contenido. Dicho en otras palabras, una
norma que establece prohibiciones o limitaciones puede ser interpretada para su aplicación, pero
no puede ser aplicada analógicamente" Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2003, expediente 14.652, MP
Ricardo Hoyos Duque.

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
Medio de control de nulidad

c) Por su parte, la entidad demandada justifica la ampliación de la prohibición en
el hecho de que tanto los convenios como los contratos interadministrativos se
rigen por el mismo procedimiento de selección, esto es, el de contratación directa;
de igual forma, aduce que no existe una distinción o diferenciación clara en la ley
que permita distinguirlos.

d) La Sala se aparta de esa hermenéutica porque legal y jurisprudencialmente
los contratos y convenios interadministrativos tienen contenidos y alcances
disímiles, como lo ha puesto de presente la Sala de Consulta y Servicio Civil de
esta Corporación y esta Sección en múltiples pronunciamientos; por
consiguiente, la circunstancia de estar sometidos al mismo procedimiento de
selección (contratación directa) no es razón suficiente para generar o justificar su
equiparación, menos aún con efectos expansivos en materia restrictiva o
prohibitiva.

4) La jurisprudencia constitucional se ha referido al ejercicio debido y a los límites
de la potestad reglamentaria15; sobre el particular, es particularmente relevante
advertir que la Rama Ejecutiva del Poder Público debe limitarse o circunscribirse
a desarrollar la ley y subordinarse a su contenido y alcance, de modo que no le
está permitido introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de
sus disposiciones, ampliar o restringir el sentido de la ley, así como tampoco
puede suprimirla o modificarla ni reglamentar materias que estén reservadas a
ella, pues, en estos supuestos excedería sus competencias e invadiría las
asignadas por la Constitución Política al legislador16.

5) En esa perspectiva, con independencia del propósito loable o plausible de la
disposición ya que, procura que no se usen los recursos estatales para incidir o
afectar la contienda electoral, no cabe duda de que la entidad demandada
incorporó en la prohibición una categoría que no quedó comprendida expresa e
inequívocamente en la ley, razón suficiente para invalidar parcialmente el acto

15 Cf. Corte Constitucional, sentencias C-1005 de 2008, MP Humberto Antonio Sierra Porto y C-

302 de 1999, MP Carlos Gaviria Díaz.
16 “El límite más importante para el ejercicio de la potestad reglamentaria es su subordinación a

la ley, tanto desde el punto de vista jerárquico como sustancial. En consecuencia, a través de la
potestad reglamentaria no es posible ampliar, restringir, modificar o contrariar la norma
promulgada por el legislador (límite por competencia), así como tampoco limitar o impedir la
realización de los fines perseguidos por esta. Por ende, en el ejercicio de su función
reglamentaria, el Ejecutivo no puede adicionar nuevas disposiciones” Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, concepto no. 2016-00220 (2318), MP Germán Alberto Bula Escobar.

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
Medio de control de nulidad

demandado porque desconoció las normas en que debió fundarse y, por lo tanto,
se configura la primera causal de nulidad de que trata el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), esto es, un vicio de contenido por infracción directa con
el ordenamiento jurídico superior.

En ese entendimiento entonces, es claro que la norma demandada no solo
contraviene el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005
sino también el principio de legalidad previsto en el artículo 6 de la Constitución
Política, así como también las garantías de legalidad y de tipicidad ínsitas en el
derecho constitucional fundamental del debido proceso reglado en el artículo 29
Superior.

6) De igual manera, es particularmente relevante advertir que la norma
demandada es parcialmente nula en tanto que, con apoyo en el artículo 38 de la
Ley 995 de 2005 introdujo una limitación que no fue instituida expresa e
inequívocamente por parte del legislador; por manera que, el reglamento
desconoció, además, los principios de legalidad y de tipicidad aplicables a este
tipo de normas de naturaleza restrictiva o que establecen prohibiciones o
limitaciones; sin embargo, esta declaración de nulidad no limita o interfiere con
las restricciones a la contratación pública previstas en el artículo 33 ibidem17, las
cuales se mantienen incólumes por ser un precepto legal vigente y que fue
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1153 de
200518, por lo tanto, está amparado del atributo de la cosa juzgada constitucional
regulada en el artículo 243 de la Constitución Política y en los artículos 46 y 48
de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia – LEAJ).

7) En otros términos, es importante precisar que la invalidez parcial del acto
demandado no afecta ni altera la prohibición general de contratación directa para
todos los entes del estado contenida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005.

17 “Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses
anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda
vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes
del Estado.
Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito
público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como
también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura
energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones
terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades
sanitarias y hospitalarias” (negrillas adicionales).
18 MP Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
Medio de control de nulidad

8) En ese contexto normativo, la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular
Única de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- se circunscribe a la restricción que se introduce a la
celebración de “contratos interadministrativos” con fundamento en el inciso
primero del parágrafo del artículo 38 de la referida Ley 996 de 2005 cuyo
contenido literal, se reitera, es el siguiente: “Los Gobernadores, Alcaldes
Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades
Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los
cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar,
promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como
tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para
reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos
de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los
candidatos” (se resalta).

3. Conclusión general

La Sala declarará la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Única de 2022
emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente- por cuanto con esa disposición se excedió la potestad reglamentaria,
por el hecho de aplicar de manera extensiva o analógica la prohibición para
celebrar convenios administrativos a los contratos interadministrativos, lo cual
pone de presente que el reglamento desconoció las normas en que debía
fundarse y, por lo tanto, adolece de un vicio de ilegalidad, por lo cual es
procedente declarar su nulidad y proceder a su retiro del ordenamiento jurídico.

4. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, prevé que salvo que se ventile un interés público la
sentencia dispondrá sobre la condena en costa; no obstante, incluso es posible
condenar en costas en los procesos en que se debaten intereses públicos o
generales cuando se establezca que la demanda se presentó con manifiesta

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
Medio de control de nulidad

carencia de fundamento legal19; en el presente caso no se condenará en costas
a ninguna de las partes, debido a que se ventila un interés público, la demanda
prosperó y, no se advierte que se haya actuado con manifiesta carencia de
fundamento legal.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Declárase la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Externa Única
de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente-, concretamente, de los siguientes apartes normativos: i) el
inciso tercero que dispone: “Esta restricción es aplicable tanto a los convenios
como a los contratos interadministrativos, toda vez que, al no existir definición
legal que diferencie el concepto de convenio del concepto de contrato, la
denominación prevista por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 para tal fin
se entenderán en el mismo sentido. Es así como el Decreto 1082 de 2015 trata
indistintamente a los convenios y contratos interadministrativos, al establecer la
contratación directa como la modalidad de selección para la contratación entre
entidades públicas a través de estas dos figuras jurídicas” y, ii) la expresión y el
siguiente párrafo contenidos en el inciso quinto “contratos” y “En este sentido, la
prohibición que establece el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías
consiste en evitar que los recursos del Estado se ejecuten para lograr apoyos
indebidos mediante la suscripción de contratos y/o convenios, que, para efectos
de la Ley de Garantías, tienen la misma connotación y propósito”.

2º) Abstiénese de condenar en costas.

19 Al respecto consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del

11 de octubre de 2021, expediente 63.217.

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Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313)
Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros
Medio de control de nulidad

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección archívese el
expediente, previas las respectivas constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala Magistrado
Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley
2213 de 2022.

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