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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00178-00

Originada en la sentencia: alcance de la causal se ha definido

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00178-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por los señores Hermes Tenorio Poscue y otros contra la sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el proceso de reparación directa con radicado 19001-33-31-008-2015-00085-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 67.618. 27 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca). 9 Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00 No. Interno: 70.610 Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011) TERCERO: En firme esta providencia, mediante la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ARCHIVAR el presente asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00178-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00178-00 (70.610)

Actor: HERMES TENORIO POSCUE1 Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una instancia adicional
para debatir aspectos propios que fueron resueltos en el proceso inicial / NULIDAD
ORIGINADA EN LA SENTENCIA – Alcance de la causal se ha definido
jurisprudencialmente / FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA – Concepto - La parte
recurrente busca que las pruebas sean nuevamente valoradas, porque la sentencia
censurada fue contraria a sus intereses / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo – No
procede ante la inactividad de la contraparte.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores
Hermes Tenorio Poscue y otros, contra la sentencia del 6 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se revocó el
fallo condenatorio de primera instancia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1. La parte recurrente considera que frente a la sentencia censurada se
configura la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que carece de motivación, dado que en ésta no se valoró
correctamente el material probatorio que obraba en el proceso de reparación
directa.

II. ANTECEDENTES

Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de revisión

2. El 2 de marzo de 20152, los señores Hermes Tenorio Poscue y otros3,
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios a
ellos irrogados, como consecuencia de las lesiones que sufrió el menor Jarly
Yohany Tenorio Peña, debido a la detonación de un artefacto explosivo, en la finca
denominada “El Palamar”, ubicada en el municipio de Caldono (Cauca), en hechos
ocurridos el 18 de enero de 2013.

1 Nombres y apellidos tomados de forma literal del poder que obra en el expediente digital del índice

2 de SAMAI.
2 Índice 32 de SAMAI.
3 La parte actora en sede de reparación directa estaba conformada por las siguientes personas:

Hermes Tenorio Poscue, Eucaris Peña Soscue, Nuby Stella Tenorio Peña, Leidy Jhoana Tenorio
Peña, así como los menores Hermes, Jamilton, Yerson Yonmaro, Andrea Liset, Anderson Giovanny,
Dairon Alejandro y Jarly Yohany Tenorio Peña.

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

3. En la demanda le fue endilgada responsabilidad al Ejército Nacional por la
supuesta omisión en la que, a juicio de los actores, incurrió la referida entidad al no
adelantar las labores de barrido de las diferentes armas, municiones o explosivos
que pudieron dejar miembros de dicha institución castrense, toda vez que, semanas
previas a la detonación, se presentó un enfrentamiento armado con un grupo
guerrillero que hacía presencia en esa región del país.

4. Mediante sentencia del 7 de junio de 20184, el Juzgado 8 Administrativo del
Circuito de Popayán accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, como
consecuencia, dispuso: (i) declarar patrimonialmente responsable al Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, y (ii) condenar a la referida entidad a pagar a la parte
actora la suma de 300 smlmv por concepto de perjuicios morales y 60 smlmv por
daño a la salud.

5. El a quo consideró que, de conformidad con la nota de seguimiento 027-11
emitida por la Defensoría del Pueblo el 18 de octubre de 2011 y las pruebas
testimoniales practicadas en sede de reparación directa, la entidad demandada
conocía de la presencia de subversivos en la zona en la que ocurrieron los hechos
objeto de controversia; sin embargo, el Ejército Nacional no adelantó acciones
tendientes a proteger a los habitantes del municipio de Caldono, por el contrario,
dejó a la población civil a merced de los diversos grupos armados al margen de la
ley.

6. Bajo ese contexto, la primera instancia sostuvo que era previsible el ataque
indiscriminado a través de minas antipersona y/o artefactos explosivos
improvisados, de ahí el deber que le asistía a la institución militar de adoptar
medidas tendientes a mitigar el riesgo, verbigracia, señalización de zonas de
potencial presencia de explosivos o campañas de información dirigidas a la
comunidad, lo cual no ocurrió, por lo que se configuró una falla en el servicio por
omisión.

7. La parte demandada apeló la anterior determinación y a través de fallo del 6
de octubre de 20225, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la providencia de
primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. El ad quem
explicó que, de acuerdo con la sentencia de unificación dictada el 7 de marzo de
20186, por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que
proceda la declaratoria de responsabilidad estatal por minas antipersona, munición
sin explotar o artefactos explosivos improvisados, se debe demostrar que: (i) el
ataque iba dirigido contra agentes estatales, o (ii) ocurra en una base militar con
artefactos instalados por alguna entidad pública.

8. El Tribunal señaló que la parte actora no acreditó que la entidad accionada
hizo presencia en el lugar de los hechos el 18 de enero de 2013, tampoco demostró
que el Ejército hubiera instalado minas antipersona o artefactos explosivos
improvisados, ni mucho menos que tuviera conocimiento de algún dispositivo
peligroso en el inmueble de los accionantes. En esa medida, aclaró que de los
testimonios que obraban en el expediente no se podía establecer dichas

4 Providencia que obra en el índice 2 de SAMAI.
5 Ibidem.
6 C.P. Danilo Rojas Betancourth, exp: 34.359.

2

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

circunstancias y, en todo caso, tampoco es posible analizar el menoscabo alegado
bajo la óptica del riesgo excepcional, toda vez que no se probó la ocurrencia de
enfrentamientos armados entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley, o en
inmediaciones de alguna institución oficial.

Recurso extraordinario de revisión y trámite

9. El 3 de noviembre de 20237, los señores Hermes Tenorio Poscue y otros8
formularon recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia,
para lo cual invocaron la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 -nulidad originada en la sentencia-, toda vez que, en su criterio, la
referida providencia carece de motivación al no valorar de forma adecuada el
material probatorio que obraba en el expediente ordinario, por lo que dicha decisión
es violatoria del debido proceso.

10. El Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

11. Mediante proveído del 22 de julio de 20249, se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por la parte demandante10, determinación que no fue
recurrida11.

III. CONSIDERACIONES

12. La Sala resolverá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
recurrente contra la sentencia de segunda instancia del 6 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dado que no se advierte la
configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se evidencia el
cumplimiento de los presupuestos procesales de: competencia, demanda en tiempo
y legitimación en la causa.

13. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente
al alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011, para luego analizar si el fallo censurado violó el debido proceso
al supuestamente carecer de motivación, por no valorar algunas pruebas que
obraban en el proceso declarativo.

Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011

14. El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de
revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el
recurso extraordinario debe fundarse en la configuración de: (i) las causales de
nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del

7 Índice 2 de SAMAI.
8 Correspondiente a las mismas personas relacionadas en la nota a pie de página número 2.
9 Índice 25 de SAMAI.
10 Como consecuencia, fueron decretados como pruebas los siguientes documentos: i) copias de las

sentencias de primera y segunda instancia, dictadas en el marco del litigio declarativo, y ii) el
expediente del proceso ordinario.
11 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 9 de septiembre

de 2024. Índice 35 de SAMAI.
3

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Proceso, siempre que estas se prediquen de la sentencia12 o de (ii) los supuestos,
en los que, según la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso13,
así:

a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.

15. Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, podrían existir supuestos
adicionales que se enmarquen en la violación del debido proceso y, por ende, den
lugar a la causal de nulidad originada en la sentencia, la cual no se agota de manera
exhaustiva en los eventos señalados15.

16. Con todo, bajo el amparo de la violación del debido proceso no es posible
plantear argumentos que tienen como propósito convertir el recurso extraordinario
en una instancia adicional del proceso ordinario precedente, pues este mecanismo
no tiene como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales
consideran que las pretensiones iniciales tienen o no vocación de prosperidad.

Vulneración del debido proceso por falta de motivación

17. A juicio de la parte recurrente, la sentencia censurada vulneró la garantía del
debido proceso, al haberse dictado sin valorar la totalidad de las pruebas que
obraban en el expediente, en concreto, las siguientes: (i) Oficio SG 08 del 22 de
julio de 2017; (ii) registros del observatorio de D.D.H.H, informe 111720 del 17 de
julio de 2017, elaborado por la Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal de la Presidencia de la República; (iii) Informe de riesgo 037-04
expedido el 18 de octubre de 2011 por la Defensoría del Pueblo, y (iv) los
testimonios de los señores Abel Lectamo Ulcue y Joel Caso Conda, las cuales
daban cuenta de los enfrentamientos armados entre el Ejército y grupos guerrilleros,
circunstancia por la cual estima que el referido fallo carece de motivación.

18. La parte demandante sostuvo que, aunque los mencionados elementos de
juicio daban cuenta de la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada en
sede de reparación directa, el Tribunal consideró que no se configuró falla en el
servicio alguna. En su criterio, el ad quem optó por esa determinación sin tener en
cuenta la “flexibilización del estándar probatorio”16, ni tampoco la condición de

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Revisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de

Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).
16 Folio 16 del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión.

4

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

víctimas del conflicto armado interno de los accionantes, en los términos
establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

19. La Sala encuentra oportuno explicar que la motivación de las sentencias
constituye un imperativo que surge de la garantía constitucional del debido proceso.
En ese sentido, la motivación de las providencias propende por brindarle a las partes
el derecho de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez
natural frente al caso objeto de controversia, por lo que la función del operador
judicial no se entiende cumplida con la simple decisión formal que resuelva el asunto
sometido a su consideración.

20. Lo anterior, por cuanto el funcionario judicial tiene un rol fundamental en la
elaboración del correspondiente fallo, el cual, como acto procesal que es, debe
fundamentarse en el examen crítico de las pruebas y los razonamientos legales
aplicables al caso concreto.

21. El artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 -norma procesal aplicable al proceso
declarativo- se refiere al contenido de la sentencia en los siguientes términos:

“Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas”.

22. Esta Corporación ha destacado que la causal de nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación se configura en los eventos de carencia
absoluta de pronunciamiento sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron
de fundamento a la decisión o cuando se sustenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas, por lo que dicho
recurso extraordinario no es procedente para controvertir las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el juzgador17.

23. Sobre la causal de nulidad por falta de motivación, la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“Es importante destacar que la ausencia total de la motivación de la sentencia,
si bien hoy en día no se encuentra contenida en una norma de carácter
constitucional como antes sí ocurría en el artículo 163 de la Constitución de
1886, lo cierto es que con la Carta Política de 1991 se incorporó un extenso

17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.827.
5

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

catálogo de principios y garantías que aseguran la plena observancia del
derecho fundamental del debido proceso, de manera tal que no puede pensarse
que los jueces se encuentren facultados para no motivar sus decisiones.
Adicionalmente se tiene que el artículo 170 del Código Contencioso
Administrativo dispone que la sentencia debe ser motivada, esto es, que debe
cumplir con las garantías y normas constitucionales y legales.

De otro lado, si bien esta falta de motivación no se encuentra contemplada en
las causales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que
corresponden a aquéllas que, por regla general se tienen en cuenta para
analizar la causal 6 de revisión contemplada en el artículo 188 Código
Contencioso Administrativo, debe entenderse que con ella se viola el derecho
fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta
Política, pues motivar la sentencia implica que se justifique la decisión conforme
a la ley existente para el momento de los hechos objeto de debate, por lo que
no es de recibo que el juez, argumente o sustente su fallo empleando normas
inexistentes o incluso, normas que estando en plena vigencia no sean
aplicables al caso, sobre todo cuando se encuentran de por medio aspectos
sustanciales y no procesales”18.

24. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el vicio surgido
por la falta de motivación está condicionada a la carencia radical, absoluta y total,
por lo que a contrario sensu, cuando la sentencia está motivada, así sea en medida
mínima, lacónica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, por
cuanto lo sancionable es el hecho de que el juez se haya sustraído rotundamente
de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqué
de su decisión19.

25. En suma, la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, consistente en la nulidad originada en la sentencia, por
violación del debido proceso derivado de la falta de motivación, se configura cuando
los fallos cuestionados: (i) desde una perspectiva formal, no cuenten con
argumentos de soporte o contengan “motivaciones apenas aparentes” y (ii) cuando
la providencia objeto de controversia se sustentó en situaciones manifiestamente
erróneas, incompletas o de actitudes dolosas.

26. Lo anterior significa que las alegaciones relacionadas con aspectos
sustanciales de la decisión censurada como su acierto, validez, lógica o armonía
con el precedente, son ajenas al ámbito restringido del recurso extraordinario de
revisión20.

27. En el sub lite, en primer lugar, la Sala observa que los elementos de juicio
que supuestamente el Tribunal Administrativo del Cauca no valoró, fueron

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 20 de octubre de 2014, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 34.612.
Reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera en sentencia del 1° de agosto de 2016, C.P:
Hernán Andrade Rincón, exp: 34.664.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de marzo de 2014, M.P: Luis

Armando Tolosa Villabona, exp: CSJ SC10223. Reiterada en las siguientes providencias dictadas
por esa Corporación: (i) sentencia del 22 de abril de 2022, M.P: Francisco Ternera Barrios, exp:
SC1075-2022 y (ii) sentencia del 19 de octubre de 2020, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: CSJ
SC3892.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 8 de junio de 2022, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 65.855.
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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

decretados en el proceso ordinario mediante auto proferido el 27 de abril de 201721
por el Juzgado 8° Administrativo del Circuito de Popayán, por lo que el Tribunal
estaba en la obligación de valorar tales pruebas en el fallo de segunda instancia,
por medio de los cuales la parte actora pretendía demostrar la confrontación armada
entre el Ejército Nacional y las FARC, así como la situación de orden público que
vivió el departamento del Cauca.

28. En segundo lugar, la Subsección advierte que, si bien el ad quem no hizo
mención expresa a dichos documentos, no es menos cierto que la segunda
instancia precisó que, de las pruebas que obraban en el expediente, solo era dable
concluir que se presentaron algunos enfrentamientos armados entre la fuerza
pública y grupos subversivos para marzo y abril de 2011, pero no para inicios del
año 2013 cuando sucedió el menoscabo alegado22.

29. En tercer lugar, respecto de los testimonios de los señores Abel Lectamo
Ulcue y Joel Caso Conda, el Tribunal explicó que, a pesar de que el a quo edificó el
fallo condenatorio en dicha prueba, lo cierto es que la sola declaración de dichas
personas no resultaba suficiente para acreditar que el Ejército Nacional incurrió en
falla en el servicio alguna.

30. Lo expuesto, por cuanto los testigos: (i) no detallaron donde vieron a los
uniformados; (ii) tampoco afirmaron que los hubieran visto realizar actividades de
manipulación o instalación de minas antipersona o artefactos explosivos
improvisados, y (iii) en todo caso, los testimonios eran contradictorios con el informe
rendido por el Batallón de Infantería No. 7, según el cual, esa unidad militar no tenía
reporte alguno sobre los hechos de la demanda23.

31. Así las cosas, es claro que el Tribunal Administrativo del Cauca sí tuvo en
cuenta la totalidad de las pruebas que obraban en el expediente ordinario, distinto
es que a los elementos de juicio señalados en el recurso de revisión de la referencia
no se les concedió el mérito probatorio que pretendían los demandantes.

32. En efecto, la referida autoridad judicial optó por señalar que el material
probatorio que obraba en el expediente no era suficiente para demostrar que
durante la fecha y lugar de los hechos señalados en la demanda se presentaron

21 Folios 255 a 258 del cuaderno digital 1.
22 En concreto, el Tribunal señaló lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “Por

último, el daño antijurídico no es imputable por el riesgo excepcional, porque no se demostró que
alrededor de la fecha y lugar de los hechos, ocurrieran enfrentamientos entre el Ejército
Nacional y grupos al margen de la Ley. Lo acreditado consistió en que hubo hostigamientos
y enfrentamientos en marzo y abril de 2011, pero no para inicios del año 2013, cuando ocurrió
el hecho dañoso (…)” (se destaca). Folio 9 de la sentencia objeto de revisión
23 El ad quem consideró lo siguiente (se transcribe literal: “Aunado a lo anterior, no se probó que

cerca de la fecha y al lugar de los hechos, esto es, para el 18 de enero de 2013 y en la finca El
Palmar, en Caldono Cauca, el Ejército Nacional i) hiciera presencia, ii) haya abandonado o sembrado
minas antipersona o artefactos explosivos improvisados o iii) que supiera de la existencia de aquella
que causó el daño a los aquí demandantes. En este sentido, no resulta suficiente el dicho de los
declarantes, porque no detallaron dónde se vieron a los militares, ni aseveraron que los hayan
visto realizar actividades de manipulación o instalación de minas antipersona o artefactos
explosivos improvisados; además, lo declarado no coincide con el informe del Batallón de
Infantería No 7 que sostuvo no tener registro alguno sobre los hechos de la demanda, aunado
a que lo hasta aquí referido no fue relatado en la demanda, pues la parte actora expone que el menor
Jarly Johany Tenorio resultó lesionado cuando desarrollando una actividad agropecuaria se le activó
una mina antipersonal, y reconoce que en el acontecer de los hechos no había presencia de
miembros del Ejército Nacional (…)” (se destaca). Ibidem.
7

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos subversivos que operaban en
el municipio de Caldono, por lo que no se configuró alguna falla en el servicio y, en
todo caso, tampoco era posible endilgarle responsabilidad al Ejército bajo la óptica
del riesgo excepcional, según las reglas de unificación fijadas por esta Corporación
en casos de detonación de artefactos explosivos.

33. Por lo anterior, no se advierte que la providencia objeto de controversia
carezca de argumentos de soporte o que se configuren situaciones manifiestamente
erróneas, incompletas o de actitudes dolosas por las cuales deba anularse el fallo,
en cambio, se observa que la parte recurrente discrepa de la valoración probatoria
que hizo el ad quem, como se explicará a continuación:

34. En el sub examine la Sala observa que los accionantes en realidad disienten
de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de segunda instancia porque,
en su opinión, tales pruebas no se examinaron, lo cual les impidió obtener una
decisión diferente, argumento que no abre paso a la revisión solicitada, por cuanto
el recurso extraordinario de la referencia no tiene como finalidad que se concuerde
con el razonamiento probatorio y/o jurídico propuesto por las partes.

35. Es menester recordar que en la valoración probatoria prima la autonomía e
independencia de la autoridad judicial que la hace, lo cual resulta apenas lógico,
dado que, como director del proceso, el juez es el que está llamado a determinar la
utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de criterios
objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar
la decisión final24.

36. Así pues, al revisar el expediente ordinario, la Sala advierte que ninguna de
las pruebas allegadas debía valorarse bajo el sistema de la tarifa legal o prueba
tasada, de ahí que la sentencia censurada se edificó con base en el régimen de
persuasión racional25, según el cual, el funcionario judicial está facultado para
formar libremente su convencimiento sin estar sujeto a alguna prueba solemne o
cualquier otra métrica probatoria distinta, sino simplemente a su libre apreciación,
inspirándose en los principios que hacen parte de la sana crítica de los elementos
de juicio, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal
de las partes, análisis en el cual podrá dar mayor credibilidad a unos elementos que
a otros, sin que ello se traduzca en una vulneración a la garantía del debido proceso.

37. Con todo, se insiste, lo expuesto por la parte demandante evidencia que lo
que pretende es que el debate del litigio declarativo se adelante nuevamente, para
que se llegue a la conclusión de que las pruebas que obraban en el proceso
ordinario sí permitían imputarle responsabilidad al Ejército Nacional por las lesiones
que sufrió el menor Jarly Yohany Tenorio Peña, es decir, su inconformidad versa
sobre el alcance probatorio y la labor interpretativa del funcionario judicial, lo que no
resulta de recibo para esta Sala.

24 Corte Constitucional, Sala Plena, SU-136 del 22 de febrero del 2002, M.P: Álvaro Tafur Galvis,

exp: T-451147.
25 La Corte Constitucional ha identificado 3 sistemas en materia de apreciación de las pruebas por

parte del juez: (i) el de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción; (ii) el de la tarifa legal
o prueba tasada, y (iii) el de la sana crítica o persuasión racional. Al respecto, se puede consultar la
sentencia C-202 del 8 de marzo de 2005, M.P: Jaime Araujo Rentería, exp: D-5336.
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

38. Al respecto, es necesario señalar que el desacuerdo de las partes con las
conclusiones a las que llegó el juez ordinario no torna en procedente el recurso de
revisión, porque este mecanismo extraordinario no es una tercera instancia de tales
asuntos y, por ende, por su intermedio no es posible determinar cuál de las
inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más
correcta26.

39. En consideración a que no se demostró la configuración de la causal de
revisión invocada, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
formulado por los señores Hermes Tenorio Poscue y otros.

Costas

40. De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 27,
en concordancia con el artículo 365 del C.G.P., procede la condena en costas a
cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso extraordinario
de revisión y en la medida en que se declare infundado su recurso y esté acreditada
su causación.

41. En el sub lite no se causaron agencias en derecho en favor del Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, dado que no presentó escrito de oposición o
contestación al recurso extraordinario de la referencia y ni siquiera constituyó
apoderado judicial para que la representara en el trámite de éste, por ende, resulta
claro que no ha desplegado ninguna actuación en el asunto de la referencia y
tampoco puede inferirse su eventual vigilancia del proceso.

42. Asimismo, tampoco se encuentra acreditado que la demandada hubiera
incurrido en el pago de expensas, por lo que no hay lugar a que se imponga condena
en costas a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por los señores Hermes Tenorio Poscue y otros contra la sentencia de
6 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el
proceso de reparación directa con radicado 19001-33-31-008-2015-00085-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de junio de 2022, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 67.618.
27 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido

el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00178-00
No. Interno: 70.610
Actor: Hermes Tenorio Poscue y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

TERCERO: En firme esta providencia, mediante la Secretaría de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, ARCHIVAR el presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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