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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00053-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00053-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Carmen Vanessa Reina Portocarrero, a nombre propio y en representación de sus hijos Edison Andrés Sánchez Reina, y Andrés Felipe Reina Portocarrero, contra la sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-017-2014-00191-00/01, en atención a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00053-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C, once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00053-00(71154)

Demandante: CARMEN VANESSA REINA PORTOCARRERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora
Carmen Vanessa Reina Portocarrero, quien actúa en su nombre y en representación
de sus hijos Edison Andrés Sánchez Reina y Andrés Felipe Reina Portocarrero,
contra la sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

A. El proceso ordinario

1. El 15 de mayo de 2014, la señora Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente
responsable de los daños producidos a raíz de las lesiones que sufrió la
demandante, por el disparo de arma de fuego que le propinó accidentalmente un
agente de esa entidad, el 5 de agosto de 2013. Al proceso le correspondió el
número de radicado 76001-33-33-017-2014-00191-00/01.

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00053-00 (71154)
Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

2. En sentencia de 9 de septiembre de 2019, el Juzgado 17 Administrativo de
Cali accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró que en el
proceso aparecía probado que la señora Carmen Vanessa Reina Portocarrero
recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego durante una persecución policial
y ese daño excedía las cargas que le correspondía asumir, por lo que era viable
acceder a la reparación solicitada.

3. Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, en el que afirmó que, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso,
se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho exclusivo y
determinante de un tercero. Indicó que ningún elemento probatorio demostró que
el accionar de algún uniformado de la Policía Nacional hubiera ocasionado el daño;
además, las declaraciones recibidas provienen de amigos cercanos de la víctima ;
luego, carecen de credibilidad y, en todo caso, no son coherentes con las demás
pruebas documentales. Resaltó que no se aportó prueba de balística del proyectil
que impactó a la víctima y la sola presencia de la fuerza pública en el lugar de los
hechos no era suficiente para endilgarle responsabilidad.

4. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió sentencia de segunda
instancia, el 24 de mayo de 2023, a través de la cual revocó la decisión impugnada
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Estimó que en el plenario
quedó acreditado el daño; sin embargo, éste no le resultaba atribuible a la Policía
Nacional, toda vez que se probaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que se produjo la lesión con arma de fuego.

5. Refirió que, aunque los testimonios recaudados señalaron que fue un
uniformado quien accionó su arma de fuego, los testigos son amigos de la víctima
y sus declaraciones presentan inconsistencias, pues señalaron que en la riña
participó un «muchacho», pero la víctima lo identificó como familiar suyo;
adicionalmente, la denuncia por los hechos se presentó veinte días después del
suceso y en el altercado estuvieron involucradas personas que también portaban
armamento. Concluyó que las incongruencias detectadas le restaban credibilidad a
la tesis de la parte demandante e impedían establecer la relación de causalidad
entre la actividad policial y el daño.

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

B. El recurso extraordinario de revisión

6. El 15 de abril de 2024, la señora Carmen Vanessa Reina Portocarrero, a
nombre propio y en representación de sus hijos Edison Andrés Sánchez Reina y
Andrés Felipe Reina Portocarrero, a través de apoderado judicial través de
apoderado judicial, instauró recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
de 24 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
Solicitó invalidar la providencia cuestionada «al incurrir en una vía de hecho,
desencadenando una nulidad supralegal, por desconocimiento del debido proceso.
Y en su lugar emitir la que en derecho corresponda».

7. Invocó la causal quinta de revisión que contempla la siguiente hipótesis:
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

8. Como sustento, señaló que el juzgador de segunda instancia incurrió en
«violación indirecta por error de derecho, por falso juicio de identidad, por adición y
falso juicio de existencia, al suponer acreditada la tacha del testigo, contenida en el
artículo 211 del C. G. Proceso». Cuestionó la conclusión a la que se arribó en la
sentencia, pues en su criterio, «si los hechos se presentaron en el entorno del
vecindario, son estas personas del vecindario las indicadas para rendir su versión,
acerca de lo que ellos observaron»; además, «no se puede aceptar, como regla
general, que los testigos por la amistad con la lesionada, sus afirmaciones no sean
creíbles, llegar a esta conclusión es una deducción desacertada e ilógica, que va
contra el principio constitucional de solidaridad social (No. 2 art. 95 C. Nal) y del
deber de rendir testimonio (art. 208 CGP)».

9. Manifestó que el razonamiento del Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca no es correcto y carece de respaldo probatorio, pues «no tiene bases para
cuestionar los testigos de la parte demandante o recurrente». Agregó que en la
audiencia de pruebas la parte demandada no tachó el testimonio de los declarantes
como personas sospechosas, de modo que el Tribunal no estaba facultado para
tachar de sospechosos a los declarantes, según el artículo 211 del CGP, por cuanto
«la tacha del testigo es a solicitud de la parte que está interrogando, el juez
oficiosamente no la puede decretar, por ser un hecho relevante, se debe acreditar
en la prueba regular y oportunamente allegada al proceso».

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

10. Adujo que «por este defecto de carácter procedimental la Sala del Tribunal
Administrativo de segunda instancia incurre en una vía de hecho, al asumir una
función no propia de sus facultades, al confundir la impugnación al testigo por
affectio (art. 211, ib), con la apreciación de las pruebas, reglamentada en el artículo
176 ib».

11. Finalmente, sostuvo que la sentencia tiene que ser motivada y estar en
consonancia con el contradictorio; por suerte que, «si dentro del contradictorio no
hubo la impugnación de la tacha del testigo sospechoso, la Sala Administrativa del
Tribunal está impedida para declararlo, por cuanto no fue objeto del contradictorio».

C. Trámite impartido

12. En proveído de 30 de abril de 2024 se inadmitió la demanda para que la
parte demandante indicará los datos de notificación de las partes y acreditara el
envío de la demanda y sus anexos a la contraparte (índice 4 SAMAI).

13. Cumplido el requerimiento (índice 8 SAMAI), mediante auto de 25 de julio de
2024 se admitió la demanda (índice 11 SAMAI). Las notificaciones se efectuaron
en debida forma (índices 17 a 20 SAMAI).

14. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones, por considerar que el
recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia para reabrir
el debate probatorio del proceso de reparación directa (índice 21 SAMAI).

15. Mediante auto de 3 de febrero de 2025 se ordenó requerir al juzgado de
primera instancia para que aportara copia digital del proceso de reparación directa
con radicado 76001-33-33-017-2014-00191-00 (índice 23 SAMAI).

16. El enlace para acceder al proceso ordinario fue remitido por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca y el Juzgado 17 Administrativo de Cali, a través
de memoriales que obran en los índices 30 y 34 de SAMAI.

17. La Policía Nacional no intervino en el proceso.

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

III. CONSIDERACIONES
D. Competencia

18. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 249 del
CPACA1, de conformidad con la distribución de negocios al interior del Consejo de
Estado que prevé el artículo 132 del Acuerdo No. 80 de 2019, modificado por el
Acuerdo 434 de 2024.

E. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario

19. De acuerdo con el primer inciso del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es
de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada.

20. En el presente asunto, se cuestiona la sentencia de 24 de mayo de 2023, la
cual quedó ejecutoriada el 9 de junio de 2023, según la constancia secretarial que
obra en el expediente del proceso de reparación directa.

21. En ese entendido, el término concedido por la ley para interponer el recurso
extraordinario de revisión vencía el 10 de junio de 2024, por lo que la demanda
radicada el 15 de abril de ese año resulta oportuna.

1
Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de
la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos».
2
Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones.
“Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo
se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
(…)
Sección Tercera:
(…)
10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los
tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”.

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

F. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

22. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

23. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por
resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva
decisión, ajustada a la ley.

24. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, y tampoco comporta una oportunidad para subsanar las
falencias en las que se hubiere podido incurrir en el proceso ordinario 3. Su estudio
se restringe a las causales taxativamente establecidas por el legislador; por
consiguiente, no puede ser empleado como una tercera instancia para reabrir el
debate probatorio o interpretativo.

25. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con
precisión cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación
clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en
orden a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio
alegado4.

G. Caso concreto

26. El recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar, por las
razones que pasan a exponerse.

27. La controversia que plantea la parte demandante versa exclusivamente
sobre la valoración probatoria que efectuó el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca en la sentencia cuestionada, la que considera equivocada porque no le

3
Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
4
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de 8 de mayo
de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

imprimió a los testimonios el valor suficiente para tener por acreditado el nexo
causal entre el daño y el hecho atribuido a la Policía Nacional, en el proceso
ordinario. Según la recurrente, el razonamiento que llevó al ad-quem a apartarse
de los testimonios es errado porque esas declaraciones no fueron tachadas de
falsas y el Tribunal no podía tacharlos de oficio.

28. Vistos los argumentos de la demanda, la Sala encuentra necesario precisar
que, en el contexto del recurso extraordinario de revisión, no le está permitido al
juez de conocimiento entrometerse en la valoración probatoria o en la interpretación
normativa efectuada por el fallador en la providencia cuestionada o, en general,
sobre el fondo del asunto y, consecuentemente, tampoco es la oportunidad para
que las partes aclaren o subsanen conductas que pudieron haber adoptado durante
el trámite del proceso ordinario.

29. En palabras de esta Corporación, «no se pueden discutir en él los asuntos
de fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y
jurídicas debatidas en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se
impugna5; no resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados
en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal. (…) En este trámite especial el juez no
puede salirse de las causales invocadas en la demanda de revisión, ni buscar
fundamentos diferentes a las mismas, cuando quiera que ellas se encuentren
deficientemente estructuradas»6.

30. Ahora, sobre la causal quinta revisión, invocada en este proceso bajo el
argumento de que la providencia censurada vulneró el debido proceso, debe
indicarse que ésta tiene cabida cuando se configura al menos una de las causales
de nulidad procesal establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso
o se presenta una violación del derecho al debido proceso estatuido en el artículo
29 de la Constitución Política7, en los específicos casos que ha identificado esta

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P. Mauricio
Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906, M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
7
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

Corporación.

31. Ciertamente, como la redacción de la causal quinta de revisión no permite
conocer cuáles situaciones generan la nulidad de la sentencia, esta Corporación se
ha ocupado de establecer los supuestos que pueden dar lugar a su configuración.

32. Así, por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de
votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra,
ultra o infra petita.

33. De acuerdo con lo expuesto, es claro que el recurso extraordinario de
revisión, por su naturaleza especial, está estrictamente restringido a los eventos
contemplados taxativamente por la ley y la jurisprudencia, que habilitan el estudio
excepcional de decisiones judiciales protegidas por el efecto de la cosa juzgada. La
labor del juez del recurso se limita, entonces, a corroborar la configuración de la
causal propuesta, en cada uno de los elementos que la componen, sin posibilidad
de hacer interpretaciones de índole sustancial o normativo que impliquen una
alteración o desconocimiento de dicho mecanismo judicial.

34. En lo que respecta, puntualmente, a la causal quinta de revisión, si bien se
ha admitido la violación del derecho al debido proceso, entre los escenarios que
pueden conllevar a la nulidad de la sentencia, su interpretación está restringida a
los supuestos que ha contemplado la jurisprudencia, entre los que no se halla la
indebida valoración de las pruebas, la aplicación equivocada de una disposición
legal o las diferencias con el criterio jurídico adoptado en la decisión, aspectos que
están vedados en el marco del recurso extraordinario de revisión.

35. Aceptar lo contrario, llevaría a convertir este mecanismo judicial, de por sí

sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-
00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad. 2014-
01303-00(REV).
En el mismo sentido, consultar Corte Constitucional, sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-
739 de 2001.

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

excepcional, en una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o la
discusión jurídica que fue zanjada en el proceso ordinario, con miras a establecer
una nueva postura frente al caso que ya fue resuelto por el juez natural y que
culminó con decisión amparada por el efecto de cosa juzgada.

36. Por último, la mención que hizo la parte recurrente al deber de motivar la
sentencia y a su consonancia con el contradictorio no resulta suficiente para
abordar el estudio de una posible falta de motivación o de congruencia, como quiera
que la demanda no desarrolló ni describió ninguno de esos escenarios. La supuesta
incompetencia que se le achaca al Tribunal para «tachar de sospechosos» a los
testigos, en verdad contiene una censura a la valoración de esa prueba testimonial,
no así a un exceso del ad-quem en los límites de su competencia o a la falta de
pronunciamiento sobre aspectos sometidos a su conocimiento.

37. En ese orden de ideas, como la controversia que se planteó en la demanda
expone, únicamente, las críticas de la parte recurrente respecto de la valoración
probatoria y las conclusiones a las que arribó el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, por su inconformidad con las resultas del proceso, forzoso resulta declarar
infundado el recurso extraordinario, por resultar improcedente para revisar la
valoración de las pruebas o fiscalizar las razones fácticas y jurídicas en las que se
soportó la decisión. Con todo, no encuentra la Sala que los reproches de la parte
recurrente puedan subsumirse en alguna de las hipótesis que recoge la causal
quinta de revisión.

H. Condena en costas

38. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente».

39. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.

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Demandantes: Carmen Vanessa Reina Portocarrero y otros

40. En el caso concreto, la parte demandada no intervino en el proceso y
tampoco se generaron gastos, por lo que no hay lugar a proferir condena en costas.

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Carmen Vanessa Reina Portocarrero, a nombre propio y
en representación de sus hijos Edison Andrés Sánchez Reina, y Andrés Felipe
Reina Portocarrero, contra la sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el proceso de reparación directa con
radicado 76001-33-33-017-2014-00191-00/01, en atención a las razones expuestas
en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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