Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00055-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00055-00 (71171)
Demandantes: Consorcio Solución Vial ZPA Milán.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-26-000-2024-00055-00 (71171)
Convocante: Consorcio Solución Vial ZPA Milán.
Convocado: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas
(EDOS).
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral.
Tema: causales de anulación del laudo arbitral. Subtema 1: fallo en conciencia. Subtema 2: derecho
al debido proceso.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, el recurso extraordinario de anulación de laudo
arbitral, interpuesto por la parte convocada —el entonces Instituto de Desarrollo
Municipal de Dosquebradas, ahora Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de
Dosquebradas— contra el laudo proferido el diecisiete (17) de enero de dos mil
veinticuatro (2024), por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje,
Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Dosquebradas
(Risaralda), constituido para dirimir las controversias suscitadas entre dicho ente y
el Consorcio Solución Vial ZPA Milán.
SINTESIS DEL CASO
El antiguo Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, ahora Empresa de
Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas, presentó recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral proferido el diecisiete (17) de enero de dos mil
veinticuatro (2024), que puso fin a las diferencias que se presentaron entre este y
el Consorcio Solución Vial ZPA Milán, en desarrollo del contrato de obra pública
núm. 121-2019 del trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019) 1. La solicitud
se fundamentó en las causales establecidas en los numerales 5 y 7 del artículo 41
de la Ley 1563 de 20122, por cuanto, según la parte recurrente, al resolver el asunto,
el panel arbitral habría dejado de decretar y practicar una prueba, habría acudido a
su propia interpretación de los hechos para acceder parcialmente a las pretensiones
de la demanda y habría omitido la prueba, a su juicio, más importante del proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1. El trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el Consorcio Solución Vial
ZPA (“el Consorcio”) y el entonces Instituto de Desarrollo Municipal de
Dosquebradas (“IDM”), hoy Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de
1 Archivo “9. CONTRATO CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL ZPA” contenido en la carpeta “1. Solicitud – Anexos
e instalación” que se encuentra en la carpeta comprimida
“3_EXPEDIENTEDIGI_1SOLICITUDANEXOSEINS_20240420855255”, esta última identificada con certificado
BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
2 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones”.
1
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00055-00 (71171)
Demandantes: Consorcio Solución Vial ZPA Milán
Dosquebradas (“EDOS”)3, suscribieron el Contrato de Obra Pública núm. 121-
20194, para la construcción de la solución vial Milán – Prado Verde – La Pradera,
dentro del Plan de Movilidad y Conectividad de Dosquebradas, de conformidad con
el Acuerdo núm. 035 de 2016 y el Plan de Desarrollo de dicho municipio.
1.2. En el referido negocio jurídico, las partes acordaron que las controversias que
se suscitaran entre ellas serían resueltas por un tribunal de arbitramento, en los
siguientes términos:
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.– CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las
divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las
obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los
mecanismos antes contemplados[5], a través de un Tribunal de Arbitramento
constituido para el efecto por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera
de las partes contratantes, y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por EL
INSTITUTO como por EL CONTRATISTA. El Tribunal estará integrado por tres (3)
árbitros especialistas en Derecho Administrativo, Contratación Estatal o afines y
fallarán el laudo que resulte del mismo en derecho”6.
1.3. El Consorcio presentó demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje, Conciliación
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Dosquebradas (Risaralda)7,
con fundamento en la citada cláusula, para que se integrara un tribunal de
arbitramento que dirimiera las controversias suscitadas con EDOS durante la
ejecución del contrato.
En su demanda, el Consorcio formuló como pretensiones: (i) la revisión de la
ejecución del contrato y su respectiva liquidación; (ii) la declaración de
responsabilidad administrativa y patrimonial de EDOS por el desequilibrio
económico contractual que afectó al Consorcio en la ejecución del contrato; (iii) el
restablecimiento de la ecuación económica, por concepto de las situaciones que
3 El treinta (30) de abril de dos mil veintidós (2022), el Concejo Municipal de Dosquebradas (Risaralda) expidió
el acuerdo núm. 007, por medio del cual, se transformó el “Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas”
en la “Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas, empresa industrial y comercial del Estado del
orden municipal”. Archivo 15. “ACUERDO NÚMERO 007 ABRIL 30 DE 2022 CREACION EDOS”, contenida en
la carpeta “1. Solicitud – Anexos e Instalación” que se encuentra en la carpeta comprimida
“3_EXPEDIENTEDIGI_1SOLICITUDANEXOSEINS_20240420855255”, esta última identificada con certificado
BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
4 Archivo “9. CONTRATO CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL ZPA” contenido en la carpeta “1. Solicitud – Anexos
e instalación” que se encuentra en la carpeta comprimida
“3_EXPEDIENTEDIGI_1SOLICITUDANEXOSEINS_20240420855255”, esta última identificada con certificado
BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
5 “CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.– SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que surjan durante la
ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y
conciliación”. Archivo “9. CONTRATO CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL ZPA” contenido en la carpeta “1. Solicitud
– Anexos e instalación” que se encuentra en la carpeta comprimida
“3_EXPEDIENTEDIGI_1SOLICITUDANEXOSEINS_20240420855255”, esta última identificada con certificado
BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
6 Archivo “9. CONTRATO CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL ZPA” contenido en la carpeta “1. Solicitud – Anexos
e instalación”, que se encuentra en la carpeta comprimida
“3_EXPEDIENTEDIGI_1SOLICITUDANEXOSEINS_20240420855255”, esta última identificada con certificado
BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
7 Archivo “1. DEMANDA TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONSORCIO ZPA MILAN” contenido en la carpeta
“1. Solicitud – Anexos e Instalación”, que se encuentra en la carpeta comprimida
“3ED_1SOLICITUDANEXOSEINS”, esta última identificada con certificado BCC1D6BA2AED03DF
1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el índice 2 del expediente
digital en el aplicativo Samai.
2
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00055-00 (71171)
Demandantes: Consorcio Solución Vial ZPA Milán
refirió en la demanda8; (iv) el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales9,
con su respectiva actualización e indexación, junto con los intereses moratorios que
se causaran sobre el valor reconocido por desequilibrio económico del contrato, y
los demás intereses que llegaren a causarse sobre las sumas que fueran
reconocidas; y, (v) la condena en costas y en agencias en derecho a la parte
convocada.
1.4. El tribunal de arbitramento quedó instalado el quince (15) de diciembre de dos
mil veintidós (2022)10. La demanda fue inadmitida en auto del tres (3) de marzo de
dos mil veintitrés (2023)11, subsanada el seis (6) de marzo siguiente12 y admitida en
proveído del día veintinueve (29) del mismo mes y año13, providencia que ordenó
8 La parte demandante solicitó la declaración de responsabilidad administrativa y patrimonial de EDOS por
desequilibrio económico del contrato, con ocasión de las siguientes situaciones: (i) sobrecostos derivados de la
comisión topográfica permanente; (ii) defecto en la unidad de medida de ítem contractual de suministro,
transporte e instalación canalización PVC 6 vías Ø4; (iii) mayores costos en que incurrió la parte demandante
por el reconocimiento de los servicios de vigilancia nocturna para el conjunto residencial Colmenares PH; (iv)
divergencia en la interpretación de la forma de pago del ítem contractual atinente al servicio de acero y limpieza
de la obra; (v) servicios de auxiliar de seguridad; (vi) costos y valores por actividad de obra realizadas por el
contratista y que no habían sido pagadas; (vii) costos de los elementos de protección (EEP) no previstos en el
contrato y exigidos por la interventoría; (viii) mayor permanencia de obra con ocasión de prórrogas asentadas
en circunstancias no imputables al contratista; (ix) costos de nómina asumida durante el tiempo de suspensión
de la obra a razón de las medidas de prevención del contagio decretadas por la pandemia col Covid-19; y (x)
aumento de precios por cambio de vigencia 2019 a 2020. Archivo “1. DEMANDA TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO CONSORCIO ZPA MILAN” contenido en la carpeta “1. Solicitud – Anexos e Instalación”, que
se encuentra en la carpeta comprimida “3ED_1SOLICITUDANEXOSEINS”, esta última identificada con
certificado BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y
ubicada en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
9 “Por la suma de Setecientos ochenta y seis millones ciento treinta y un mil seiscientos setenta y ocho pesos
($ 786.131.678,68), con la debida actualización que se solicita más adelante, dineros correspondientes al
desequilibrio económico generado al tener que asumir costos directos e indirectos consistentes en: // 1. Mayor
costo por comisión de topografía permanente en obra, con equipo de precisión, para los ajustes y rediseños, al
diseño inicial del proyecto, tales como: diseño de la geometría vial, redes de alcantarillados, redes eléctricas,
muros de contención en concretos, rediseño puente en estructura metálica, diseño de obras de urbanismo.
Reclamando Noventa y Seis Millones de Pesos ($96.000.000). // 2. Mayor costo por el ítem de SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANALIZACIÓN PVC 6 VIAS Ø4" PVC-DB PARA ALIMENTACION DE
LUMINARIAS. INCLUYE CAMA DE ARENA Y RETIRO DE SOBRANTES. Reclamando Cincuenta y Siete
Millones Setecientos Sesenta Mil Ciento Treinta Pesos ($57.760.130). // 3. Costos y valores no reconocidos por
vigilante nocturno para obras de construcción de cuarto de basuras, cuarto bodega y cerramiento perimetral en
el conjunto residencial colmenares. Reclamando Diecisiete Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos
Ochenta Pesos ($17.633.880). // 4. Costos y valores no reconocidos por orden aseo, barrida y limpieza por cada
frente de obra, en el transcurso de duración de la obra. Reclamando Dieciséis Millones Doscientos Cincuenta y
Siete Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos ($16.257.967). // 5. Costos y valores no reconocidos por Auxiliar
Bioseguridad. Reclamando Ocho Millones Doscientos Cuarenta Mil Ciento Once Pesos ($8.240.111). // 6.
Costos y valores por actividades de obra realizadas por el contratista y que no han sido pagadas. Reclamando
Sesenta y Dos Millones Setecientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos ($62.714.681). // 7. Costos y
valores con relación a la solicitud de pago sobre factura, de los elementos de protección personal (EPP) para
el personal, a utilizarse en la obra. Reclamando Ocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos
Cincuenta Pesos ($8.628.450). // 8. Mayores costos administrativos y por personal de obra, por mayor
permanencia en obras, motivado por prorrogas al plazo contractual no imputables al contratista de las obras.
Reclamando Trescientos Veintisiete Millones Setecientos Siete Mil Novecientos Veintinueve Pesos
($327.707.929). // 9. Ajuste de precios por cambio de vigencia. En razón a los valores incrementados en bienes,
servicios y personal, no estimados conforme al plazo y vigencia de ejecución contractual. Reclamando Ciento
Noventa y Un Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta Pesos con Sesenta y Ocho Centavos
($191.188.530,68)” (negritas suprimidas del texto). Archivo “1. DEMANDA TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
CONSORCIO ZPA MILAN” contenido en la carpeta “1. Solicitud – Anexos e Instalación”, que se encuentra en
la carpeta comprimida “3ED_1SOLICITUDANEXOSEINS”, esta última identificada con certificado
BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
10 Archivo “18. ACTA INSTALACIÓN CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL ZPA” contenido en la carpeta “1. Solicitud
– Anexos e Instalación”, que se encuentra en la carpeta comprimida “3ED_1SOLICITUDANEXOSEINS”, esta
última identificada con certificado BCC1D6BA2AED03DF 1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5
3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
11 Archivo “Auto inadmite demanda” contenido en la carpeta “2.Inadmisión demanda”, que se encuentra en la
carpeta comprimida “4ED_2INADMISIONDEMANDAZI”, esta última identificada con certificado
0D2803B1B2E0E37E D2DB135A6B0EAE85 ADB0BDA148482C54 928291690924CAE0, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
12 Archivos contenidos en la carpeta comprimida “5ED_3SUBSANACIONZIP”, identificada con certificado
A22E272D9AC4BEC5 F4235454D75F8D57 E62DEDE20F193B74 BB8378FB5B76BA0D, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
13 Archivo “2. AUTO ADMITE DEMANDA”, contenido en la carpeta “4. Admisión demanda”, que se encuentra
en la carpeta comprimida “6ED_4ADMISIONDEMANDAZIP”, esta última identificada con certificado
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Demandantes: Consorcio Solución Vial ZPA Milán
su notificación y traslado a la parte convocada y al Ministerio Público.
1.5. EDOS14 contestó la demanda oportunamente, mediante escrito en el que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, aceptó algunos hechos como ciertos,
negó otros, manifestó que los demás se trataban de apreciaciones que la parte
demandante debía acreditar, y propuso la excepción de pago de lo no debido.
1.6. El veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo la audiencia
de conciliación15, que fracasó ante la ausencia de ánimo conciliatorio de las partes.
En consecuencia, el tribunal ordenó la continuación del proceso y, para tal efecto,
fijó sus gastos y honorarios en un monto que fue consignado en su totalidad por las
partes en sus correspondientes porcentajes.
1.7. El veintidós (22) de agosto siguiente, el Tribunal realizó la primera audiencia de
trámite16, en la que analizó la demanda, encontró acreditada la existencia del pacto
arbitral, y declaró su competencia para conocer y decidir en derecho sobre el
asunto. En aquella diligencia, el panel arbitral decretó las pruebas solicitadas y las
de oficio que consideró pertinentes y, una vez concluida la etapa probatoria17, llevó
a cabo la audiencia de alegatos de conclusión18 y fijó fecha para la lectura de la
parte resolutiva del laudo.
1.8. El diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2024), el tribunal de
arbitramento dictó laudo19, en el que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Así, declaró que en la ejecución del contrato de obra pública se presentó
un desequilibrio económico que afectó los intereses patrimoniales del Consorcio,
que debía ser restablecido por la entidad convocada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la decisión. En consecuencia, reconoció a favor del Consorcio
diferentes sumas de dinero por los conceptos de: (i) “mayor costo en el
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANALIZACIÓN PVC 6 VIAS Ø4"
PVC-DB PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS [con inclusión de] CAMA DE
ARENA Y RETIRO DE SOBRANTES”, (ii) “costos y valores no reconocidos por
orden aseo, barrida y limpieza por cada frente de obra”, y (iii) “pago de la nómina de
trabajadores y personal administrativo comprendida entre el periodo del 24 de
marzo al 20 de mayo de 2020, [con inclusión del] personal de vigilancia del periodo
9A03656BB524A1DD ACCBD7D68803855E 1CE8B79AEF5C3111 FBB9E56A55CEB852, y ubicada en el
índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
14 Archivo “2. Contestación y Anexos”, contenido en la carpeta “6. Contestación Demanda”, que se encuentra
en la carpeta comprimida “8ED_6CONTESTACIONDEMANDA”, esta última identificada con certificado
813450B0C3D49072 729E02AF888AC3C2 3548107F9FD77FCA 66A7B40286CE0843, y ubicada en el índice
2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
15 Archivo “8. ACTA DE CONCILIACIÓN CONSORCIO ZPA MILAN”, contenido en la carpeta “9. Audiencia de
conciliación”, que se encuentra en la carpeta comprimida “18ED_9AUDIENCIADECONCILIA”, esta última
identificada con certificado E7AD51414168E261 3BC4D23AF32E7692 7991CFFBBB39EC85
70566FF4B6FBEBA2, y ubicada en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
16 Archivo “4. ACTA PRIMERA AUDIENCIA TRAMITE INICIA TERMINO DURACION”, contenido en la carpeta
“11. Auto decide sobre competencia y decreta pruebas”, que se encuentra en la carpeta comprimida
“12ED_11AUTODECIDESOBRECOM”, esta última identificada con certificado 14EA6A87333441AD
F817853225A088DF D65DB64958C03DCC 997F8F075E4C9F7E, y ubicada en el índice 2 del expediente
digital en el aplicativo Samai.
17 Archivo “ACTA 26 de octubre – pruebas”, contenido en la carpeta “14. Audiencia de práctica de pruebas
(Tercera Parte)”, que se encuentra en la carpeta comprimida “17ED_14AUDIENCIADEPRACTIC”, esta última
identificada con certificado 3C386C5CBD393EAF A4689FE15E001FAF 9CFF6D0C86165487
0A2F99873D6FEFC4, y ubicada en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
18 Archivo “ACTA AUDIENCIA ALEGATOS”, contenido en la carpeta “15. Audiencia de alegatos 15 de
Noviembre de 2023”, que se encuentra en la carpeta comprimida “15ED_16AUDIENCIADELAUDOZI”, esta
última identificada con certificado 605419F448C74BEF D194374E7A9F15B1 50D5F7AD553B89C1
ACA047855EC0278A, y ubicada en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
19 Archivo “LAUDO ARBITRAL CONSROCIO ZPA MILAN”, ubicado en la carpeta “16. Audiencia de Laudo”, que
se encuentra en la carpeta comprimida “15ED_16AUDIENCIADELAUDOZI”, esta última identificada con
certificado 605419F448C74BEF D194374E7A9F15B1 50D5F7AD553B89C1 ACA047855EC0278A, y ubicada
en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
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Demandantes: Consorcio Solución Vial ZPA Milán
del 19 al 23 de marzo de 2020”; negó las demás pretensiones y condenó a EDOS
al pago de las costas y las agencias en derecho.
1.9. El dieciséis (16) de febrero de la presente anualidad, EDOS, por medio de su
apoderado judicial20, presentó recurso extraordinario de anulación21 contra el
referido laudo, con fundamento en las causales previstas en los numerales 522 y 723
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
1.10. El Consorcio descorrió el traslado del recurso24 mediante memorial en el que
afirmó que las causales de anulación invocadas no se configuraron, motivo por el
que solicitó: (i) que se rechazara de plano por ausencia de sustentación o, en su
defecto, se declarara infundado, y se negaran las pretensiones planteadas; y (ii) que
se condenara en costas y en agencias en derecho a la parte recurrente.
1.11. El Ministerio Público guardó silencio.
1.12. El magistrado sustanciador, mediante auto del siete (7) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024)25, avocó conocimiento del asunto y ordenó su notificación a las
partes y al Ministerio Público.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Para resolver el presente recurso extraordinario de anulación, la Sala analizará:
(i) la competencia del Consejo de Estado para conocer el asunto; (ii) el recurso
extraordinario de anulación contra laudos arbitrales, su naturaleza y características,
(iii) las causales invocadas; (iv) el recurso de anulación en el caso concreto; y (v) la
procedencia de la condena en costas.
2.2. La Sala procede a conocer el asunto, habida consideración de la competencia
que le asiste para ello, en atención a lo previsto en los artículos 149.726 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (“CPACA”), y
20 Archivo “PODER TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO – CONSORCIOS LA POPA 2019 Y SOLUCIÓN VIAL
MILÁN”, ubicado en la carpeta “1. Solicitud y anexos”, que se encuentra en la carpeta comprimida
“3ED_1SOLICITUDANEXOSEINS”, esta última identificada con certificado BCC1D6BA2AED03DF
1A3E26752A39078A 958BF07EB9BAA6C5 3A48D72FFA03FED8, y ubicada en el índice 2 del expediente
digital en el aplicativo Samai.
21 Archivo “1. Correo remite recurso de anulación” contenido en la carpeta “17. Recurso de anulación”, que se
encuentra en la carpeta comprimida “16ED_17RECURSODEANULACION”, esta última identificada con
certificada BCF125AADFEBE3C8 53D048A1B25685E5 503101849948E7E9 772996D23EB8E2DA, y ubicada
en el índice 2 del expediente digital.
22 LEY 1563 DE 2012, artículo 41. “Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:
[…] 5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una
prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente
mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión […]”.
23 LEY 1563 DE 2012, artículo 41. “Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:
[…] 7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca manifiesta en el laudo […]”.
24 Archivo “6. PRONUNCIAMIENTO TRASLADO RECURSO DE ANULACION POR EDOS – TRIBUNAL
ARBITRAMENTO SOLUCION VIAL ZPA MILAN”, contenido en la carpeta “17. Recurso de anulación”, que se
encuentra en la carpeta comprimida “16ED_17RECURSODEANULACION”, esta última identificada con
certificado BCF125AADFEBE3C8 53D048A1B25685E5 503101849948E7E9 772996D23EB8E2DA, y ubicada
en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
25 Archivo electrónico identificado con certificado 5861A3BCE43997E4 C14320DFADDDBDDD
7E7220A7AD32F315 D63C67ACCCBAF729, ubicado en el índice 4 del expediente digital en el aplicativo
Samai.
26 CPACA, artículo 149. “Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con
arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos: […] 7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos
celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la
materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00055-00 (71171)
Demandantes: Consorcio Solución Vial ZPA Milán
4627 de la Ley 1563 de 2012. Lo anterior, debido a que, en este caso, el laudo objeto
del recurso extraordinario de anulación resolvió una controversia surgida en la
ejecución del contrato de obra pública núm. 121-2019 del trece (13) de agosto de
dos mil diecinueve (2019), celebrado entre el Consorcio Solución Vial ZPA Milán, y
el entonces IDM, este último creado por el Decreto municipal 275 de 200128 como
un establecimiento público municipal con personería jurídica de derecho público,
autonomía administrativa y patrimonio independiente29, que posteriormente fue
transformado por el acuerdo núm. 007 de 202230, emitido por el Consejo Municipal
de Dosquebradas, en EDOS, una empresa industrial y comercial del Estado del
orden municipal, entidad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa y financiera.
2.3. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado31 ha destacado
que el recurso de anulación tiene un carácter excepcional, restrictivo y
extraordinario, cuya procedencia depende de que se identifiquen y se sustenten
debidamente las causales que se invoquen, conforme con lo previsto en la ley para
tal efecto32, razón por la que el juez de anulación debe rechazar de plano el recurso,
cuando las causales que se invoquen no correspondan a alguna de aquellas
establecidas en la ley33.
De esta forma, la competencia del juez del recurso de anulación está condicionada
al principio dispositivo34, según el cual, el recurrente delimita, con la formulación de
las causales y su sustentación, el objeto que persigue35, razón por la que el juez de
27 LEY 1563 DE 2012, artículo 46. “Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de
laudos arbitrales, será competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde
hubiese funcionado el tribunal de arbitraje. // Será competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión de laudos arbitrales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. // Cuando se trate de recurso de
anulación y revisión de laudo <sic> arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe
funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado”.
28 DECRETO 275 DE 2001, artículo 2. “De la fusión. Se ordena la fusión del Fondo de Vivienda de Interés Social
del Municipio de Dosquebradas con el Fondo Rotario de Valorización Municipal y como resultante de la misma,
de ordena la creación del INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL de Dosquebradas, entidad que adquirirá
los bienes y derechos de las entidades absorbidas y se hará cargo de pagar el pasivo interno y externo de las
mismas”.
29 DECRETO 275 DE 2001, artículo 3. “NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y OBJETO DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO MUNICIPAL. El Instituto creado en el artículo 2º de esta Decreto, se denominará INSTITUTO
DE DESARROLLO MUNICIPAL de Dosquebradas, se conforma como un establecimiento público de carácter
municipal, persona jurídica de Derecho público, descentralizado, dotado de autonomía administrativa,
personería jurídica y patrimonio independiente, sujeto de derechos inherentes a las personas jurídicas de
Derecho público de acuerdo con las normas generales y le corresponde como organismo descentralizado del
Municipio de Dosquebradas, atender la función pública comprendida dentro de su objeto [...]”.
30 ACUERDO 007 DE 2022, artículo 1. “TRANSFORMACIÓN. Autorizar la transformación del “INSTITUTO DE
DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBARADAS —IDM—” EN LA “EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS —EDOS—”, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL”.
31 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de mayo
de 1992, rad. núm. CE-SEC3-EXP1992-N5326. En igual sentido, sentencias del 12 de noviembre de 1993, rad.
núm. 7809; 16 de junio de 1994, rad. núm. 6751; 24 de octubre de 1996, rad. núm. 11632; 18 de mayo de 2000,
rad. núm. CE-SEC3-EXP2000-N17797; 23 de agosto de 2001, rad. núm. 11001-03-26-000-1999-9090-01
(19090); 20 de junio de 2002, rad. núm. 11001-03-26-000-2000-0004-01 (19488); 4 de julio de 2002, rad- núm.
11001-03-26-000-2001-0049-01 (21217); 4 de julio de 2002, rad. núm. 11001-03-26-000-2001-0069-01 (22012);
1º de agosto de 2002, rad. núm. 11001-03-25-000-2001-00046-01 (21041); 25 de noviembre de 2004, rad. núm.
11001-03-26-000-2003-00055-01 (25560); 8 de junio de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00008-00
(32398);a de diciembre de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00029-00 (32871); 21 de mayo de 2008, rad.
núm. 10001-03-26-000-2007-00008-00(33643); y 13 de mayo de 2009, rad. núm. 11001-03-26-000-2007-
00058-00 (34525).
32 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 26 de febrero de
2004, rad. núm. 11001-03-26-000-2003-0024-01 (25094).
33 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
diciembre de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00029-00 (32871), y auto del 26 de febrero de 2004, rad.
núm. 11001-03-26-000-2003-0024-01 (25094).
34 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de mayo
de 1992, rad. núm. CE-SEC3-EXP1992-N5326. En igual sentido, sentencia del 16 de junio de 1994, rad. núm.
6751.
35 Ibidem.
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anulación no tiene competencia para interpretar lo expresado por el recurrente, para
entender o deducir la causal invocada y, menos aún, para pronunciarse sobre
aspectos no contenidos en el recurso extraordinario de anulación36.
Además, el recurso no constituye una instancia adicional dentro del trámite arbitral,
pues su finalidad reside en el cuestionamiento de la decisión arbitral por errores in
procedendo que comprometen la ritualidad de las actuaciones, al quebrantar
normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las
garantías del derecho de defensa y del debido proceso, y no por errores in
iudicando, es decir, por la invocación de motivos de mérito o de fondo a manera de
sustento del cuestionamiento de la decisión arbitral en función del derecho
sustancial, o como recurso para proponer o revivir un nuevo debate sobre las
pruebas o sobre lo concluido en aquel proceso. Esto es así, en la medida en que el
juez de anulación no oficia como superior jerárquico o funcional del tribunal de
arbitramento, razón por la que no puede intervenir en el juzgamiento del asunto de
fondo para modificar sus decisiones37.
2.4. Conforme con lo expuesto, la Sala procede al análisis de las causales de
anulación invocadas, y del recurso extraordinario de anulación en el caso concreto.
Para ello, precisa que la parte recurrente invocó las causales previstas en los
numerales 5 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. En ese orden, la Subsección
hará el respectivo examen, de conformidad con lo siguiente:
2.4.1. La causal establecida en el artículo 47.5 de la Ley 1563 de 2012, según la
cual la anulación del laudo procede por “[h]aberse negado el decreto de una prueba
pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin
fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente
mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión”.
Para la configuración de esta causal, deben cumplirse los siguientes presupuestos:
(i) que el tribunal de arbitramento haya negado una prueba solicitada
oportunamente, o haya dejado de practicar una prueba decretada sin fundamento
legal alguno; (ii) que en cualquiera de los anteriores eventos, se hubiese
presentado, dentro del término establecido para ello, el recurso de reposición contra
la decisión que negó el decreto de la prueba, o contra aquella que dio cierre a la
etapa probatoria; y (iii) que la prueba omitida, en su decreto o práctica, pudiera tener
incidencia en la decisión38.
2.4.2. Por su parte, la causal prevista en el artículo 41.7 de la Ley 1563 de 2012
consiste en “[h]aberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho,
siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”. Para determinar
que un laudo fue proferido en conciencia o equidad, se debe comprobar si los
árbitros, al resolver el asunto puesto a su consideración, dejaron de lado, de manera
evidente, las normas aplicables en la respectiva materia y las pruebas aportadas al
expediente, para basar su decisión “de manera exclusiva en su leal saber y
entender, aplicando el sentido común[,] la verdad sabida y buena fe guardada”39.
En ese sentido, si se advierte que la decisión omite, de forma evidente, el marco
36 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
diciembre de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00029-00 (32871).
37 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 24 de abril de 2017, rad. núm. 11001-03-26-000-2017-00007-00 (58527).
38 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 3 de diciembre de 2018, rad. núm. 11001-03-26-000-2018-00031-00 (61082).
39 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 23 de febrero de 2022, rad. núm. 11001-03-26-000-2021-00189-00 (67507). Cfr. CONSEJO DE ESTADO,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2001, rad. núm. 18411.
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jurídico aplicable, que carece de fundamentos jurídicos o que no se examinaron las
pruebas aportadas, se puede concluir que fue dictado a conciencia o equidad.
Contrario a ello, si el asunto fue resuelto con base en el ordenamiento jurídico, con
un análisis y una valoración de las pruebas allegadas de manera oportuna al
proceso, y conforme con las reglas de la sana crítica, el pronunciamiento será en
derecho40-41.
En relación con la incidencia del análisis probatorio en la causal descrita, la
jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, el hecho de que el panel
arbitral no haga referencia a una prueba determinada en el laudo no significa que el
fallo haya sido dictado a conciencia o equidad, pues solo constituye una decisión de
esta naturaleza aquella en la que dicha autoridad omite en su integridad las pruebas
recaudadas para, en su lugar, acudir a la íntima convicción de sus integrantes y
definir, de esa manera, los hechos probados42. El simple desacuerdo de las partes
frente a las consideraciones y valoraciones del tribunal, al dictar el laudo, no
configura una decisión en conciencia o equidad, y de residir en tal desacuerdo el
fundamento presentado en sustento de la configuración de la causal, el recurso
resulta improcedente.
Finalmente, cabe precisar que la referida causal exige para su configuración que la
omisión de la aplicación de las reglas en derecho sea “manifiesta” en el laudo, es
decir, que “la inobservancia de la normatividad debe ser evidente, luego, no se trata
de una simple o discutida omisión normativa o de falta de referencia constante a las
normas del ordenamiento jurídico, sino que es necesario que esa circunstancia se
refleje claramente en el laudo”43.
Sobre la configuración de la causal establecida en el artículo 41.5 de la Ley
1563 de 2012 en el caso concreto
2.5. La empresa recurrente formuló la causal de anulación prevista en el artículo
41.5 de la Ley 1563 de 201244, porque, a su juicio, el panel arbitral omitió
pronunciarse sobre el decreto de oficio de unas pruebas testimoniales.
2.5.1. Según la parte recurrente, el Consorcio solicitó el decreto y práctica de los
testimonios de Jorge Gómez Falla —representante legal del Consorcio INTERVIAL
que actuó como interventor de la obra— y Nelson Lara —director de interventoría—
y, posteriormente, en la primera audiencia de pruebas, desistió de ellos. Adujo, que
cuando el tribunal aceptó el desistimiento formulado por el Consorcio, EDOS solicitó
el decreto de oficio de tales pruebas, en la medida en que consideró que eran de
“vital importancia […] para dar claridad a lo sucedido en todo el proceso”. Sin
embargo, afirmó que su petición no fue atendida.
40 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 2 de mayo de 2016, 11001-03-26-000-2015-00141-00 (55307).
41 Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “(…) sólo cuando el fallo que se dice en
derecho deje de lado, en forma ostensible, el marco jurídico que debe acatar para basarse en la mera equidad
podrá asimilarse a un fallo en conciencia y que, si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el
derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho,
así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos”. CONSEJO DE ESTADO, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 1992, rad. núm. 6695.
42 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
el 29 de marzo de 2019, rad. núm. 11001-03-26-000-2018-00133-00 (62197).
43 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 12 de febrero de 2014, rad. núm. 11001-03-26-000-2013-00111-00 (48117).
44 Aptado. 2.4.2.
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2.5.2. Con respecto a la causal antes descrita, el Consorcio45 manifestó que no fue
sustentada en los términos exigidos por la jurisprudencia para que procediera su
estudio de fondo, y que, en todo caso, tal vicio no se configuró en el laudo
cuestionado.
Así, por un lado, precisó que EDOS no protestó la omisión del decreto de los
testimonios por medio del recurso de reposición, ni explicó la incidencia que tales
pruebas habrían tenido en el laudo, o la certeza que habría podido aportar a una
decisión favorable a sus intereses; presupuestos que debía cumplir para que
procediera el estudio de fondo de la mencionada causal de anulación. Por otro lado,
informó que formuló su solicitud de desistimiento de los referidos testimonios con
anterioridad a que el Tribunal realizara la práctica de pruebas, y que este, en
aplicación de las normas procesales, lo aceptó, e indicó que no decretaría de oficio
los testimonios desistidos, porque consideró que había suficiente acervo probatorio
para decidir.
2.5.3. Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia y los documentos que obran
en el expediente, la Sala advierte lo siguiente:
2.5.3.1. En los escritos de demanda y de subsanación, el Consorcio solicitó el
decreto y práctica de los testimonios de (i) Jorge Gómez Falla, (ii) Nelson Lara, (iii)
Rigoberto Lopera Muñoz, supervisor del contrato, y (iv) Edinson Bernal Lucio,
ingeniero residente de obra del Consorcio. Tales testimonios fueron decretados en
la primera audiencia de trámite que se realizó el veintidós (22) de agosto de dos mil
veintitrés (2023)46.
2.5.3.2. El diez (10) de octubre del mismo año, se llevó a cabo la segunda audiencia
de pruebas47, en la que se practicó el testimonio de Edinson Bernal Lucio. En el
desarrollo de aquella diligencia, el apoderado del Consorcio desistió de la práctica
de las pruebas testimoniales de Jorge Gómez Falla y Nelson Lara, petición a la que
el tribunal accedió, mediante auto núm. 7 de esa misma fecha. En esa oportunidad,
el apoderado de EDOS manifestó que el testimonio del señor Gómez Falla “era de
suma importancia […] por haber sido quien ejecutó la interventoría del contrato”48,
motivo por el que solicitó al panel arbitral que lo decretara de oficio. En respuesta,
el tribunal afirmó que tal prueba no había sido solicitada por la parte convocada, y
que, en la medida en que se trataba del decreto de oficio de una prueba, resolvería
dicho asunto en la etapa procesal correspondiente, sin que ello significara que daría
trámite a petición alguna, “porque la decisión de practicarla de oficio [era] una
decisión que correspond[ía] al tribunal […]”49.
45 Archivo “6. PRONUNCIAMIENTO TRASLADO RECURSO DE ANULACION POR EDOS – TRIBUNAL
ARBITRAMENTO SOLUCION VIAL ZPA MILAN”, contenido en la carpeta “17. Recurso de anulación”, que se
encuentra en la carpeta comprimida “16ED_17RECURSODEANULACION”, esta última identificada con
certificado BCF125AADFEBE3C8 53D048A1B25685E5 503101849948E7E9 772996D23EB8E2DA, y ubicada
en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
46 Archivo “4. ACTA PRIMERA AUDIENCIA TRAMITE INICIA TERMINO DURACION”, contenido en la carpeta
“11. Auto decide sobre competencia y decreta pruebas”, que se encuentra en la carpeta comprimida
“12ED_11AUTODECIDESOBRECOM”, esta última identificada con certificado 14EA6A87333441AD
F817853225A088DF D65DB64958C03DCC 997F8F075E4C9F7E, y ubicada en el índice 2 del expediente
digital en el aplicativo Samai.
47 Archivo “ACTA PRUEBAS 10 DE OCTUBRE 2023”, contenido en la carpeta “13. Audiencia de práctica de
pruebas (segunda parte)”, que se encuentra la carpeta comprimida “13ED_12AUDIENCIADEPRACTIC”, esta
última identificada con certificado C0D417CF2578B210 938034521DF995FF 06DCAE1E5B5ABCC0
595A1B46B753E435, y ubicada en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
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2.5.3.3. El veintiséis (26) de octubre siguiente, se realizó la tercera audiencia de
pruebas50, en la que se dio por terminada la etapa probatoria. Al finalizar dicha
diligencia, los árbitros dieron la oportunidad a los apoderados de las partes de
manifestar expresamente si tenían conocimiento de alguna prueba que hubiera sido
solicitada y no practicada. En respuesta, el Consorcio afirmó que las pruebas habían
sido practicadas tal y como lo había pedido. EDOS, por su parte, adujo que “[c]on
ocasión del desistimiento de la prueba testimonial que hizo la parte actora de los
testigos Jorge Gómez Falla y Nelson Lara, había solicitado al Tribunal que
considerara decretarlos de oficio por considerar importante escucharlos”51. Por
último, el agente del Ministerio Público indicó que no había pruebas pendientes de
practicar. En ese orden, el panel arbitral dictó el auto núm. 9 de esa misma fecha,
en el que dio por terminado el periodo probatorio, en la medida en que “las pruebas
decretadas fueron practicadas en debida forma y fue resuelta de manera oportuna
lo expuesto por el apoderado de la entidad demandada”52.
2.5.3.4. Finalmente, en el acápite “1.3. DE LAS PRUEBAS PEDIDAS Y
DECRETADAS” 53 del laudo arbitral, el Tribunal hizo referencia a la práctica de los
testimonios requeridos en la demanda, e indicó, por un lado, que de conformidad
con el artículo 17554 del Código General del Proceso (“CGP”), el Consorcio había
desistido de la prueba testimonial de los señores Gómez Falla y Lara y, por otro,
que EDOS no solicitó la práctica de más pruebas además de las documentales
aportadas por las partes.
2.5.3.5. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la causal bajo análisis no
está llamada a prosperar, porque no se cumplieron los presupuestos para ello. Esto
es así, por cuanto los testimonios de Jorge Gómez Falla y Nelson Lara fueron
pruebas solicitadas por el Consorcio en los escritos de demanda y de subsanación,
que fueron decretadas por el tribunal, posteriormente desistidas en la oportunidad
procesal correspondiente por la parte que las pidió, y su desistimiento fue aceptado
en debida forma. En ese orden, es claro que el panel arbitral no negó una prueba
pedida oportunamente, ni dejó de practicar una prueba decretada sin
fundamento legal alguno, pues tal y como se expuso, los mencionados
testimonios no fueron evacuados porque la parte que los requirió, desistió de ellos
en los términos del artículo 175 del CGP. Aunado a ello, EDOS no presentó recurso
de reposición contra el auto núm. 7 del diez (10) de octubre de dos mil veintitrés
(2023), en el que se aceptó el desistimiento de tales pruebas, ni contra el auto núm.
9 del veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023), en el que se dio por
terminada la etapa probatoria.
Además, la parte recurrente tampoco justificó la incidencia que la práctica de los
testimonios que echó de menos habría tenido en el resultado del proceso, pues
simplemente se limitó afirmar que eran de suma importancia, sin explicar por qué y
de qué forma habrían podido cambiar el sentido de la decisión. La ausencia de esa
50 Archivo “ACTA 26 de octubre – pruebas”, contenido en la carpeta “14. Audiencia de práctica de pruebas
(Tercera Parte)”, que se encuentra en la carpeta comprimida “17ED_14AUDIENCIADEPRACTIC”, esta última
identificada con certificado 3C386C5CBD393EAF A4689FE15E001FAF 9CFF6D0C86165487
0A2F99873D6FEFC4, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Archivo “LAUDO ARBITRAL CONSROCIO ZPA MILAN”, ubicado en la carpeta “16. Audiencia de Laudo”, que
se encuentra en la carpeta comprimida “15ED_16AUDIENCIADELAUDOZI”, esta última identificada con
certificado 605419F448C74BEF D194374E7A9F15B1 50D5F7AD553B89C1 ACA047855EC0278A, y ubicada
en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
54 CGP, artículo 175. “Desistimiento de pruebas. Las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que
hubieren solicitado. // No se podrá desistir de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el
inciso final del artículo 270”.
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carga argumentativa demuestra que la parte convocada ni siquiera tenía certeza del
posible impacto que dicha prueba tendría en la resolución de la controversia. En ese
orden, la Subsección declarará infundado el recurso, en relación con la causal antes
analizada.
Sobre la configuración de la causal establecida en el artículo 41.7 de la Ley
1563 de 2012 en el caso concreto
2.6. La parte recurrente invocó la causal prevista en el artículo 41.7 de la Ley 1563
de 201255.
2.6.1. En su criterio, el equilibrio económico del contrato no se vio afectado, contrario
a lo que fue concluido en el laudo, porque el panel arbitral, al dictar su decisión:
2.6.1.1. No tenía material probatorio suficiente “para tener una tesis clara de
las situaciones que se presentaron en la ejecución del contrato de obra”56,
circunstancia que condujo a concluir que, en el caso puesto a su
conocimiento, hubo desequilibrio económico del contrato. Afirmó que “en los
puntos de análisis [se] tuvieron en cuenta situaciones que a su interpretación
fueron generadoras del desequilibrio”57 protestado, y por eso el tribunal
concedió las pretensiones de la demanda.
2.6.1.2. Hizo caso omiso de la modificación núm. 6 del contrato, en la que,
según afirmó, se acordó lo siguiente:
“Con la suscripción de la presente acta el contratista de manera libre y
espontánea renuncia expresamente a reclamar judicial o extrajudicialmente
mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente,
desequilibrio económico por: interrupción de secuencia constructiva, stand
by de equipos y maquinarias, por disponibilidad de personal, equipos o
maquinaria, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de
maquinaria, equipo o personal y por mayor permanencia o disposición de la
infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es
enteramente libre para disponer de los recursos mencionados”58.
En virtud de lo anterior, manifestó que, al no dar aplicación a lo estipulado en
la modificación antes citada, el Tribunal no tuvo en cuenta que los contratos
deben cumplirse en la medida en que contienen la voluntad de las partes, y
que en el caso concreto, existía un acuerdo que responsabilizaba al
contratista y eximía de responsabilidad a la empresa contratante. Agregó que
las situaciones que se presentaron durante la ejecución del contrato no
generaron desequilibrio económico, en la medida en que fueron solucionadas
en los comités de obra, escenarios en los que, según afirmó, el Consorcio no
presentó las observaciones que luego reclamó por vía arbitral, presupuesto
que, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación59, debía cumplir
para la reclamación judicial de acreencias.
2.6.1.3. Desconoció que quien tenía la carga de la prueba para demostrar el
55 Aptado. 2.4.1.
56 Archivo “2. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN LAUDO ARBITRAL ZPAMILAN” contenido en
la carpeta “17. Recurso de anulación”, que se encuentra en la carpeta comprimida
“16ED_17RECURSODEANULACION”, esta última identificada con certificada BCF125AADFEBE3C8
53D048A1B25685E5 503101849948E7E9 772996D23EB8E2DA, y ubicada en el índice 2 del expediente digital.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 En el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, la parte recurrente no hizo referencia específica a
la jurisprudencia del Consejo de Estado que sirve de sustento para sus afirmaciones.
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desequilibrio económico del contrato era la parte demandante, es decir, el
Consorcio, y debía hacerlo con pruebas contundentes que no generaran
dudas, y que no llevaran al tribunal a adoptar una decisión a partir de “la duda
y la interpretación (fallo en consciencia o equidad) como mecanismo para
fallar”60.
Bajo tales argumentos, EDOS planteó la causal antes descrita61, y solicitó al juez
de anulación que, en caso de que “prosperara parcialmente la demanda”, se
abstuviera de condenar en costas o de imponer una “condena parcial”, “toda vez
que no se fundamentó la condena en las mismas y que adicional a esto, la
demandada no fue vencida en pleito y se espera la decisión final del recurso”62.
2.6.2. Frente a lo anterior, el Consorcio afirmó que la parte recurrente solo hizo
afirmaciones genéricas y no expuso fundamentos concretos y puntuales que
explicaran la configuración de la causal invocada, razón por la que consideró que
EDOS pretendía utilizar el recurso como una instancia adicional al proceso arbitral.
Manifestó que la referida empresa no podía desconocer el trabajo realizado por el
tribunal, pues el laudo estaba fundamentado en la normatividad aplicable, las
pruebas, la jurisprudencia, y las reglas de la sana crítica y, en esa medida, era claro
que había sido proferido en derecho. Agregó, que la solicitud relacionada con la
condena en costas carecía de fundamento, pues era una controversia que no debía
plantearse en sede del recurso extraordinario de anulación.
2.6.3. Ahora bien, en el caso concreto, la Sala advierte, que la causal bajo examen
no está llamada a prosperar por las siguientes razones:
2.6.3.1. La Subsección observa que el panel arbitral fundamentó su decisión en la
jurisprudencia vigente y aplicable en la materia, las cláusulas contractuales, las
pretensiones formuladas por las partes y, particularmente, las pruebas allegadas al
proceso.
Así, en primer lugar, indicó que, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
la naturaleza del debate, detendría su examen en las pruebas documentales, cuyo
contenido concordaba con lo declarado en los testimonios practicados.
En segundo lugar, explicó que en las pretensiones de la demanda arbitral, el
Consorcio hizo referencia a una serie de eventos que consideró constitutivos de
desequilibrio económico, y sustentó tales situaciones con presupuestos fácticos y
jurídicos diferentes, material probatorio autónomo, y con rubros individualizados de
condena. Agregó que, para efectos de resolver el asunto, tomaría tal división como
guía y estudiaría cada situación en particular, junto con los fundamentos invocados
por las partes y las respectivas pruebas, para definir si la situación protestada
correspondía a un hecho del príncipe, a una circunstancia de ius variandi, a un
defecto en la formación del precio imputable a la parte contratante, o si se cumplían
los requisitos jurisprudenciales del desequilibrio económico63, o de la teoría de la
60 Archivo “2. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN LAUDO ARBITRAL ZPAMILAN” contenido en
la carpeta “17. Recurso de anulación”, que se encuentra en la carpeta comprimida
“16ED_17RECURSODEANULACION”, esta última identificada con certificada BCF125AADFEBE3C8
53D048A1B25685E5 503101849948E7E9 772996D23EB8E2DA, y ubicada en el índice 2 del expediente digital.
61 Aptado. 2.4.2.
62 Ibidem.
63 Como requisitos del desequilibrio económico del contrato, han sido definidos los siguientes: (i) las causas; (ii)
el efecto económico correspondiente; y (iii) que el desbalance financiero ocasionado no fuera imputado al
contratista.
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imprevisión64.
De acuerdo con dicha estructura analítica, el panel arbitral procedió a analizar “las
pretensiones atinentes al desequilibrio económico del [contrato] manifestado en”: (i)
los sobrecostos derivados de la comisión topográfica permanente; (ii) “el defecto en
la unidad de medida del ítem contractual de suministro, transporte e instalación
canalización PVC 6 vías Ø4”; (iii) los mayores costos en que incurrió el Consorcio
por el reconocimiento del servicio de vigilancia nocturna para el conjunto residencial
Colmenares; (iv) la discrepancia en la interpretación de la forma de pago del servicio
de aseo y limpieza de la obra; (v) los servicios de auxiliar de bioseguridad; (vi) los
costos y valores por actividades de obra realizadas por el contratista y que no fueron
pagadas; (vii) los costos de los elementos de protección (EEP) no previstos en el
contrato y exigidos por la interventoría; (viii) “la mayor permanencia en obra con
ocasión de prórrogas asentadas en circunstancias no imputables al contratista”; (ix)
los costos de nómina durante el tiempo de suspensión de la obra por las medidas
decretadas con ocasión de la pandemia del Covid-19; y (x) el aumento de los precios
por el cambio de vigencia de dos mil diecinueve (2019) a dos mil veinte (2020). En
el estudio particular de cada uno de estos eventos, el tribunal examinó si las pruebas
allegadas eran suficientes para demostrar la alteración protestada en la ecuación
económica del contrato.
A partir del referido análisis, el panel arbitral encontró que de los diez (10) eventos
expuestos por la parte demandante, la ecuación económica se alteró únicamente
en tres (3) de ellos, a saber: (i) en “el defecto en la unidad de medida del ítem
contractual de suministro, transporte e instalación canalización PVC 6 vías Ø4”, (ii)
en la discrepancia en la interpretación de la forma de pago del servicio de aseo y
limpieza de la obra, y (iii) en los costos de nómina durante el tiempo de suspensión
de la obra por las medidas decretadas con ocasión de la pandemia del Covid-19.
Frente al primer y al segundo evento, el panel arbitral consideró que se generó un
defecto en la formación del precio del contrato imputable a la entidad
contratante. En cuanto al primer evento, consideró que tal circunstancia se dio con
ocasión de una discrepancia en la unidad de medida del “ítem contractual” PVC 6
vías Ø4, entre la que había sido establecida en el presupuesto oficial del contrato y
la que se dispuso en las especificaciones técnicas, situación que, a su juicio, afectó
la ecuación económica del contrato por “la diferencia de precios derivada de
considerar una sola unidad de tubería PVC 6 vías Ø4 por cada metro, cuando en
realidad se requerían 6 unidades de tubería por metro”. Frente al segundo evento,
manifestó que la alteración del equilibro contractual obedeció a una contradicción
en la interpretación de la forma en que el servicio de aseo y de limpieza de la obra
debía ejecutarse y pagarse, y que la solución de tal discrepancia, en aplicación de
los criterios de interpretación establecidos en la jurisprudencia de esta
Corporación65, llevó a que el tribunal considerara “que los pagos debían realizarse
en la medida de su causación con el desarrollo de la actividad y atendiendo a la
unidad de medida de DÍAS LABORADOS […], [puesto que] carec[ía] de sentido
que [únicamente] se reali[zara] el pago por concepto de aseo y limpieza […] solo al
inicio y al final de una obra”.
64 Como requisitos de la teoría de la imprevisión, han sido definidos los siguientes: (i) la existencia de un hecho
extraordinario o imprevisto con posterioridad a la celebración del contrato; (ii) que hubiese alterado de forma
grave o anormal la ecuación económica del contrato o que hubiese hecho más onerosa su ejecución para alguna
de las partes; (iii) que no hubiese sido razonablemente previsible por alguna de las partes; y (iv) que hubiese
dificultado la ejecución del contrato sin haberla hecho imposible.
65 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 9 de mayo de 2012, rad. núm. 80001-23-31-000-2000-00057-01 (22714).
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Respecto del último evento, el panel arbitral estimó que se configuraron los
elementos de la teoría de la imprevisión, con ocasión de los actos administrativos
expedidos para el manejo de la pandemia del Covid-19, en los que se ordenó el
aislamiento preventivo obligatorio. Precisó que la imposición de tales medidas, con
posterioridad a la celebración del contrato, tuvo como consecuencia que el
Consorcio continuara realizando los pagos de nómina a los trabajadores y al
personal administrativo, sin recibir la contraprestación directa esperada, que era el
avance de la obra de la cual obtenía su fuente de ingresos, situación que generó
una alteración grave en la economía del contrato, que fue razonablemente
imprevisible y que le causó “complicaciones para [su] ejecución”, sin
imposibilitar su desarrollo.
En cuanto a los siete (7) eventos restantes, el panel arbitral precisó en cada uno de
ellos, que no encontró acreditada una alteración en la economía del contrato, por
deficiencia probatoria o por inobservancia de los requisitos del desequilibrio
económico o de la teoría de la imprevisión. El tribunal llegó a dicha conclusión luego
de advertir que las reclamaciones de la parte demandante atendían: (i) a la
concreción de riesgos que habían sido asumidos con la suscripción del contrato, y
que formaban parte de él o de sus modificaciones, al haber sido aceptados sin que
se hubiesen presentado observaciones al respecto; (ii) a rubros contenidos en el
contrato; (iii) a valores que fueron reconocidos por la parte convocada durante la
ejecución del negocio; (iv) a una exigencia que no podía ser reconocida por la
modalidad de contrato empleada (precio unitario); o (v) a un concepto a cuya
reclamación había renunciado expresamente la parte demandante, entre otras.
2.6.3.2. De acuerdo con lo antes expuesto, y teniendo en cuenta los argumentos
planteados en el recurso, la Sala resalta que la parte convocante, en el recurso de
anulación desatado con esta providencia, desconoció el análisis realizado por el
tribunal, y las conclusiones a las que llegó luego de examinar las pruebas.
Por un lado, tal y como fue expuesto anteriormente, el panel arbitral analizó cada
uno de los eventos que, a juicio de la parte demandante, afectaron la ecuación
económica del contrato, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos, y
las pruebas que fueron aportadas al expediente para acreditarlas. Al realizar tal
estudio, consideró que, de los diez (10) eventos protestados, únicamente se afectó
el equilibrio económico del contrato y se generó una excesiva onerosidad para una
de las partes en tres (3) de ellos, pero en los siete (7) restantes, consideró que no
se configuraba un desequilibrio contractual, por falencias probatorias o porque no
se cumplieron los requisitos jurisprudenciales para poder concluir que en ellos se
presentó una alteración en la ecuación económica del contrato. Por esta razón, para
la Sala no es de recibo que EDOS afirmara, en su recurso, que en el proceso arbitral
no hubo material probatorio suficiente y que, como consecuencia de esa ausencia
de pruebas, el tribunal tuvo que acomodar la interpretación de los hechos para
concluir que se afectó la ecuación económica del contrato, que debía demostrarse
con “pruebas contundentes que no generaran dudas”. Tal afirmación, no solo
sugiere, sin demostración alguna, que la decisión no fue parcial, sino que también
desconoce el trabajo del tribunal al solucionar la controversia y el laudo en su
integridad, toda vez que hizo referencia al desequilibrio económico de forma
general, sin tener en cuenta que su configuración fue sustentada por el Consorcio
en diez (10) situaciones particulares, de las cuales únicamente prosperaron tres (3).
Esa falencia argumentativa permite advertir que la intención que subyace al recurso
extraordinario de anulación formulado por EDOS, es que se revise nuevamente el
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asunto como si se tratara de una instancia adicional, en la medida en que está
dirigido a cuestionar la decisión, sin especificar la situación o situaciones concretas,
en las que el panel arbitral falló a consciencia o equidad.
Aparte, el recurrente pretermitió que el Tribunal, al analizar la pretensión relativa al
desequilibrio económico del contrato manifestado en los servicios de auxiliar de
bioseguridad, advirtió, entre otras cosas, que se trataba de una reclamación a la
que el Consorcio había renunciado expresamente con la suscripción del “acta de
suspensión o ampliación suspensión contratos de obra”. En este punto, la Sala
precisa que, de acuerdo con el recurso, dicha renuncia se realizó con la
“Modificación núm. 6 del contrato”, mientras que, según el panel arbitral, se hizo en
el acta antes mencionada.
Al respecto, el tribunal precisó que no concedería el valor solicitado por el referido
concepto, en la medida en que había sido reconocido el primero (1º) de junio de dos
mil veinte (2020), con una adición presupuestal que se anexó a la prórroga del
contrato. En esa oportunidad, el valor del negocio fue incrementado en la suma de
$10.879.702 (diez millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos dos pesos),
para cubrir los costos de implementación de los protocolos de bioseguridad por la
pandemia del Covid-19. Con dicha adición, se suscribió el “acta de suspensión o
ampliación [de] suspensión contratos de obra” en la que el Consorcio desistió de
reclamar, entre otros, por los conceptos de “mayor costo, ruptura del equilibrio
económico del contrato y demás eventos”; razón por la que el Tribunal advirtió “una
renuncia expresa por la actora frente a este ítem reclamado [que debía] surtir los
efectos de la manifestación por no ser contraria a su voluntad”66, y así concluyó, que
no había lugar al reconocimiento de dicha pretensión en virtud del “principio de la
obligatoriedad contractual”.
Bajo tales consideraciones, la Subsección considera no es de recibo que EDOS
afirmara en su escrito de anulación, que “en ninguna parte del laudo arbitral [fue]
tenida en cuenta una de las pruebas más importantes”, a saber, la “Modificación
núm. 6 del contrato”, es decir, la renuncia a reclamar contenida en el “acta de
suspensión o ampliación suspensión contratos de obra”. Como se explicó en
precedencia, ese fue uno de los fundamentos principales del panel arbitral para
negar la correspondiente pretensión.
2.6.3.3. Conforme con lo anterior, puede apreciarse sin dificultad que, contrario a lo
afirmado por la parte recurrente, el laudo arbitral recurrido se fundó en una
argumentación jurídica basada en el derecho positivo y los elementos probatorios
allegados al plenario, sin que en esta sede sea procedente entrar a evaluar la
pertinencia del análisis jurídico del mérito que dio al acervo probatorio, o del acierto
o desacierto de los razonamientos jurídicos relativos a la aplicación de la teoría de
la imprevisión y al desequilibrio económico del contrato, pues ello, tal como se indicó
en precedencia, escapa de las competencias del juez de anulación.
2.6.3.4. Aunado a lo anterior, la Sala observa que la parte recurrente no realizó una
debida sustentación de la causal bajo análisis, porque no expuso un razonamiento
que explicara cómo el laudo había sido fallado a consciencia o equidad, ni cómo
dicha circunstancia estaba manifiesta en la decisión. Por el contrario, los
66 Archivo “LAUDO ARBITRAL CONSROCIO ZPA MILAN”, ubicado en la carpeta “16. Audiencia de Laudo”, que
se encuentra en la carpeta comprimida “15ED_16AUDIENCIADELAUDOZI”, esta última identificada con
certificado 605419F448C74BEF D194374E7A9F15B1 50D5F7AD553B89C1 ACA047855EC0278A, y ubicada
en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo Samai.
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argumentos formulados, además de reflejar un claro desconocimiento del laudo en
su integridad, plantearon un simple desacuerdo frente a las consideraciones y
valoraciones del panel arbitral, circunstancia que no configura un fallo de esa
naturaleza. Por el contrario, es claro que el laudo partió de las premisas propias de
un arbitramento en derecho, por cuanto está estructurado en interpretaciones
jurisprudenciales y en las pruebas obrantes en el expediente. En esa medida, la
Sala concluye que fue proferido con base en el derecho positivo vigente.
2.6.3.5. Así las cosas, las apreciaciones y conclusiones de la decisión cuestionada
se muestran como producto de la interpretación y aplicación de la ley, realizada por
el tribunal de arbitramento, para resolver la controversia puesta a su conocimiento.
Los argumentos con base en los cuales la recurrente sustentó la causal bajo estudio
no permiten concluir que fuera proferido un laudo en conciencia o equidad. Contrario
a ello, se advierte que, bajo el ropaje de esta causal, se buscó revivir el debate
jurídico y probatorio agotado, en cuanto cuestionan la valoración de las pruebas, y
la interpretación del panel arbitral del rompimiento de la ecuación económica del
contrato en las situaciones invocadas; aspectos ajenos a la órbita competencial del
juez del recurso de anulación. Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso,
en relación con la causal antes analizada.
Costas
2.7. Finalmente, en relación con la condena en costas, EDOS solicitó al juez de
anulación, que se abstuviera de condenar en costas. Pues bien, al respecto, la Sala
precisa que, conforme con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, “si el recurso no
prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido
presentado por el Ministerio Público”. En ese orden, en la medida en que no
prosperaron las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por EDOS, será condenada en costas en su condición de recurrente.
Las agencias de derecho serán liquidadas conforme con el Acuerdo núm. PSAA16-
10554 del cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016), expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, que establece que en los recursos extraordinarios, se
aplica una tarifa de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes
para el referido concepto67.
Así las cosas, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 361 del CGP
y el artículo 5.9 del acuerdo antes mencionado, y dado que no se presentó un hecho
extraordinario en el trámite propio del recurso que hubiese dificultado el proceso con
actuaciones adicionales, ni se observan otros gastos, la Sala fijará a título de costas
procesales por concepto de agencias en derecho el equivalente a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección C de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas contra
el laudo arbitral proferido el diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2024),
por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable
67 ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, artículo 5.9.
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Demandantes: Consorcio Solución Vial ZPA Milán
Composición de la Cámara de Comercio de Dosquebradas – Risaralda, constituido
para dirimir las controversias suscitadas entre dicha empresa y el Consorcio
Solución Vial SPA Milán, en desarrollo del Contrato de Obra Pública núm. 121-2019
del trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de
Dosquebradas. Para ello, se fija, por concepto de agencias en derecho la suma de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta
providencia, a favor del Consorcio Solución Vial ZPA Milán.
TERCERO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de Arbitramento del Centro de
Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas (Risaralda), una vez esta providencia esté en firme.
Notifíquese y Cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
MMOG / GB
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