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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00082-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00082-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Iván Salas Valdez, contra la sentencia de 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso de reparación directa con radicado 13001-33-33-012-2015-00299-02, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00082-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Demandante: IVÁN SALAS VALDEZ
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Iván
Salas Valdez contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el proceso de reparación directa con radicado 13001-
33-33-012-2015-00299-02, a través de la cual revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El proceso de reparación directa1

1. El 25 de febrero de 2015, los señores Iván Salas Valdez, Glenis María Valdez
Mercado, Yaneth Salas Valdez, Yulieth Salas Valdez, Yucelys Paola Salas Valdez
y Yuleimis Salas Valdez presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se accediera a las siguientes pretensiones:

Primero: Que se declare a la Nación – Fiscalía General de la Nación
administrativamente responsable por el daño antijurídico causado a los
señores Iván Salas Valdez, Glenis María Valdez Mercado, Yucelys
Paola Salas Valdez, Yuleimis Salas Valdez, Yulieth Salas Valdez y (sic)
Yulieth Salaz Valdez, en virtud de la privación injusta de la libertad del
señor Iván Salas Valdez.

2. Como sustento de las pretensiones indicó que el señor Iván Salas Valdez
perteneció a la Infantería Marina desde el 1° de mayo de 1989 hasta enero de 2004,

1
Los antecedentes del proceso de reparación directa se encuentran en formato digital, en la
plataforma SAMAI, en el índice 24.

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

cuando se le dio de baja por su pérdida de capacidad laboral, causada por estrés
postraumático.

3. Mediante proveído del 13 de julio de 2001, la Fiscalía 23 Unidad de Derechos
Humanos inició formalmente la investigación por el delito de homicidio contra los
señores Evelio Enrique Pérez Ruiz y Luis Carlos Pérez Meza, ocurrido el 21 de
junio de 1999, decisión en la que ordenó la vinculación al proceso del señor Salas
Valdez con orden de captura.

4. Surtido el trámite correspondiente, el Juzgado Único Penal del Circuito
especializado de Cartagena profirió sentencia el día 10 de agosto de 2011 mediante
la cual decidió absolver, entre otros, al señor Iván Salas Valdez.

5. La Fiscalía apeló el fallo y el Tribunal Superior del Distrito Judicial confirmó la
decisión en sentencia del 9 de noviembre de 2012. Manifestó la actora que el
proceso penal que se tramitó en contra del señor Salas Valdez duró once años, en
los que estuvo la mayor parte del tiempo privado de su libertad.

6. Una vez se surtió el trámite de primera instancia del proceso de reparación
directa, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena profirió
sentencia el 15 de junio de 20172 mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. El juez de primera instancia indicó que el señor Iván
Salas Valdez fue sometido a la privación de su libertad desde el día 13 de julio de
2001 al 25 de febrero de 2002 y del 21 de abril de 2009 al 19 de agosto de 2011
por ser presuntamente autor del delito de homicidio agravado, hechos frente a los
cuales fue absuelto. Indicó que el régimen aplicable en este tipo de casos es el
objetivo y que en este asunto no se acreditó la configuración de un eximente de
responsabilidad.

7. Contra la anterior decisión, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de
apelación3 en el que manifestó que no se habían configurado los presupuestos para
estructurar la responsabilidad de la demandada porque la medida de
aseguramiento de detención preventiva que se le impuso al señor Iván Salas
Valdez obedeció a razones jurídicamente justificables y que se ajustó a todas las
exigencias sustanciales y formales de la ley.

2
Fls 35 – 44 Cuaderno 03
3
Fls 47 – 61 Cuaderno 03
2

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

8. En auto del 9 de agosto de 20174 el juzgado rechazó el recurso de apelación,
por considerar que se presentó extemporáneamente. Contra esa decisión, la
apoderada de la demandada interpuso recurso de reposición y, en subsidio , de
queja5. Con posterioridad a que se surtiera el traslado a las partes del recurso, en
proveído del 18 de septiembre de 20176, el juzgado negó el recurso de reposición
y se ordenó la reproducción de las piezas procesales necesarias para recurrir en
queja ante el superior.

9. Una vez se dio el trámite correspondiente, el Tribunal Administrativo de Bolívar
resolvió el recurso de queja en auto del 23 de marzo de 20187 en el que consideró
mal degenerado el recurso de apelación, por lo que le ordenó al juzgado darle el
trámite.

10. Finalmente, el recurso de apelación se resolvió mediante providencia del 27 de
abril de 2023, por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar 8 en la
que se revocó la decisión de primera instancia.

11. En la referida decisión, la Sala se pronunció frente al impedimento que
previamente planteó el magistrado ponente negándolo, al considerar que no tenía
fundamento. Al resolver el asunto, se determinó que el régimen aplicable era el de
falla en la prestación del servicio al haber culminado el proceso penal con
absolución por indubio pro reo. Indicó que al proceso no se aportó el expediente
penal, de manera que no se contaba con los elementos probatorios necesarios para
realizar el juicio de razonabilidad y proporcionalidad correspondiente a la medida
de aseguramiento que se le impuso al actor.

El recurso extraordinario de revisión

12. El 11 de junio de 2024, el señor Iván Salas Valdez presentó recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso de reparación directa con
radicado 13001- 33-33-012-2015-00299-02.

4
Fl 83 Cuaderno 03.
5
Fls 86 – 98 Cuaderno 03
6
Fls 102 – 103 Cuaderno 03.
7
SAMAI 26
8
Cuaderno Sentencia – Primera Instancia
3

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

13. Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad
originada en la sentencia, por considerar que el Tribunal Administrativo de Bolívar
incurrió en incongruencia porque se profirió una decisión “nacida de un acto
procesal viciado y que atenta contra el debido proceso”.

14. Manifestó que la Fiscalía General de la Nación presentó de manera
extemporánea el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por
lo que, de manera acertada, el juez de primera instancia lo rechazó, decisión que
fue revocada mediante el auto del 23 de marzo de 2018, el cual atentó con la
seguridad jurídica y causó la nulidad de la sentencia de segunda instancia. Al
respecto, indicó que, a partir de esa decisión, se vulneró el debido proceso y que el
trámite dado al recurso de apelación fue ilegal.

16. También alertó sobre la existencia de una nulidad de la sentencia porque el
magistrado ponente de la decisión manifestó a los demás integrantes de la
Corporación su impedimento para resolver el asunto, dado que, cuando fungió
como Juez Administrativo del Circuito de Cartagena, admitió la demanda del
proceso. Sin embargo, a su consideración, erradamente la Sala lo declaró
infundado. Señaló:

Considero de forma muy respetuosa que en el momento de la sentencia sí
existió impedimento fundado y puesto en conocimiento a la sala, y que sí
existía una decisión de fondo como el proyecto de sentencia que
comprometía la imparcialidad del que fungió como ponente. Debió
aceptarse el impedimento y por consiguiente ese acto que solo se conoce
con la sentencia vicia haciendo nula la sentencia (...) La sala de decisión
no le dio el rigor de ley a la solicitud de impedimento formulado por el
magistrado quien consideró que sí existían elementos para la declaratoria
y resolvió ignorando sopesar en mejor forma y con el debido procedimiento
la actuación.

Trámite impartido e intervenciones

17. Mediante auto del 25 de julio de 2024 se inadmitió la demanda para que diera
cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7° y 8° del artículo 162 del CPACA,
so pena de rechazo de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 253
de ese mismo cuerpo normativo (índice 4 SAMAI).

18. Cumplido el requerimiento, en proveído del 15 de noviembre de 2024 se admitió
el recurso extraordinario de revisión. Se ordenó notificar la decisión a la Nación -
Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y al

4

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

Ministerio Público. Las notificaciones se efectuaron en debida forma (SAMAI 10 y
SAMAI 14).

19. En el término de traslado, las partes guardaron silencio (SAMAI 18). En auto
del 7 de mayo de 2025 se requirió al Juzgado 12 Administrativo de Cartagena para
que allegara copia digital de la totalidad del proceso de reparación directa con
radicado 13001- 33-33-012-2015-00299-02 (SAMAI 19)

CONSIDERACIONES

Competencia

20. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 27 de abril de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en atención a lo dispuesto en el 249 del CPACA9, en
concordancia con la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado
establecida en el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 201910.
Caducidad

21. De acuerdo con el inciso primero del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta es de un año,
contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada.

22. En el presente caso, se cuestiona la sentencia proferida el 27 de abril de 2023,
la cual se notificó a través de mensaje de datos enviado el 5 de junio siguiente. Esta
información se corrobora al revisar las actuaciones del proceso ordinario
registradas en la plataforma de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la

9
Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativo».
10
Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las
secciones. «Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así:
(…)

Sección Tercera:
(…)
10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los
tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección».
5

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

Rama Judicial11. Así, se advierte que la notificación de la sentencia recurrida se
entendió surtida el 7 de junio de 2023, en atención a lo dispuesto en el numeral 22
del artículo 205 del CPACA, y quedó debidamente ejecutoriada el 13 de junio de
2023, conforme al artículo 302 del CGP, de modo que la oportunidad para
presentar la demanda transcurrió entre el 14 de junio de 2023 y el 14 de junio de
2024. Como el recurso extraordinario de revisión se radicó el 11 de junio de 202412,
se concluye que fue oportuno

Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

23. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

24. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión,
ajustada a la ley.

25. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser
empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.

26. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y
exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden
a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado13.

11
Consulta realizada en el proceso ordinario de reparación directa con radicado 13001-33-33-012-
2015-00299-02
12
SAMAI, Índice 2
13
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
6

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

Alcance de la causal quinta de revisión

26. La causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA ha
sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior de esta Corporación, en la
medida en la que su redacción no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a
la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de
establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le ha encomendado
al juez la función de establecer su alcance.

27. Se ha sostenido que la providencia es nula por las causales de nulidad procesal
establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios14 que afectan
la validez, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31 de mayo de 2011 15,
como pasa a exponerse:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia16, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta17, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión18 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación19.

28. Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso
estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política20 genera la nulidad de la

14
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de
2005, rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera,
sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-
00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
16
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, Rad. REV-080».
17
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
1998, Rad. REV-093».
18
«Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.
REV-1998-00170».
19
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de
2005, Rad. REV-062».
20
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
7

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

sentencia, conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte
Constitucional21 y en los específicos casos que ha identificado esta Corporación.

29. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de
votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra,
ultra o infra petita.

30. El principio de congruencia- invocado en este recurso extraordinario-, por su
parte, se encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso.
Su finalidad es delimitar el contenido de las decisiones judiciales, para que éstas
se profieran de acuerdo con los argumentos y alcance de las peticiones y
excepciones formuladas por las partes, de modo que exista identidad jurídica entre
lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente aducidas, salvo que la
ley otorgue facultades o competencias oficiosas al juzgador.

31. Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte
motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la
decisión contenida en la parte resolutiva de la providencia se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda, en su contestación o en el recurso
interpuesto. Se ha indicado, así, que:

El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en
los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con
el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas
pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe
olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva
‘deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
pretensiones de la demanda...’. La congruencia interna, está referida a la

sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad.
2017-00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
rad. 2014-01303-00(REV).
21
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
8

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

armonía y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales
derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en
la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la
sentencia22

32. La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal,
para precisar lo siguiente:

[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente,
es su obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis
de fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente, el juez tiene a su
cargo el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por
cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho
funcionario considera que pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron
establecer en el curso de la actuación procesal23.

33. En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando falta
al principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa y/o
interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones y
fundamentos de la demanda, o los argumentos del recurso.

34. En cualquier caso, le corresponde al juez definir si la situación analizada
quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa
juzgada de la decisión.

Caso concreto

35. El recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar, por las
razones que pasan a exponerse.

36. La controversia que plantea la parte demandante versa sobre la supuesta
nulidad de la que adolece la decisión de segunda instancia fundamentada en un
acto procesal previo a la sentencia, específicamente el auto del 23 de marzo de
2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar que decidió el
recurso de queja. El ahora recurrente, consideró equivocado y nulo ese proveído,
porque, a su parecer, debió confirmar el rechazo al recurso de apelación que
presentó la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de primera instancia.

37. Ciertamente, del estudio detallado de las pretensiones, la Sala observa que el

22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de
2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección
Segunda– Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
23
Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la
sentencia T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
9

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

recurso extraordinario de revisión realmente no está dirigido contra la sentencia
que puso fin al proceso, sino contra el auto referenciado y, toda su inconformidad
gira en torno de éste, circunstancia que no cumple con las exigencias de los
postulados de la norma que regula esta causal de revisión – numeral quinto del
artículo 250 del CPACA.

38. En el contexto del recurso extraordinario de revisión, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sido pacífica en indicar que la causal quinta del artículo 250 del
CPACA únicamente procede cuando la nulidad sea originada en una sentencia
que ponga fin al proceso. Un ejemplo de ello, las consideraciones que se
plasmaron en el fallo del 11 de diciembre de 2024, en el que la Subsección C 24
dispuso lo siguiente:

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal
demanda, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la
sentencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin
embargo, debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en
los que se considera que se ha configurado una “nulidad originada en la
sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado
de contenido esta disposición25. Así, esta Corporación ha señalado que esa
condición se refiere a situaciones “originadas en la misma sentencia
recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión,
por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva
propia de la actuación”26.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
esto implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia,
es decir, que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes,
y ii) que la anomalía es de tal magnitud que configura un defecto insanable
de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión
adoptada hubiese sido distinta27. Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar
como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en
una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades
procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento
Civil [hoy, artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio
del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio
las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia’”28.

24
Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 11 de diciembre de
2024. Rad No. 70355. M.P. Nicolás Yepes Corrales.
25
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020,
radicado 11001-03-15-000-2017-02519-00.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019,
radicado 11001-33-31-035-2008-00180-01.
27
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018,
radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-
00996-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de
diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019- 00894-00
28
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02493-00.
10

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

39. En los mismos términos, en reciente sentencia, esta Subsección indicó: la Sala
Plena del Consejo de Estado29 ha manifestado, entre otras cosas, que para su
estructuración el vicio debe configurarse al momento mismo de la expedición de la
sentencia, de modo que no es procedente controvertir circunstancias que
acaecieron con anterioridad a ésta y que debieron ser alegadas cuando
ocurrieron30.

40. En lo que respecta, puntualmente, a la causal quinta de revisión, si bien se ha
admitido la violación del derecho al debido proceso, entre los escenarios que
pueden conllevar a la nulidad de la sentencia, su interpretación está restringida a
los supuestos que ha contemplado la jurisprudencia, partiendo del hecho de que
este es únicamente procedente contra la sentencia que puso fin al proceso y no
contra decisiones que se tomó en el trámite de este.

41. Incluso, para el sub exámine, la Sala observa que a la parte actora sí se le
respetó el debido proceso durante el trámite ordinario y, con especial consideración,
en la etapa procesal que dio lugar al recurso de queja, momento procesal el cual
consideró origen de la nulidad de la sentencia.

42. Ciertamente, del estudio del expediente, se observa lo siguiente: una vez la
apoderada judicial de la entidad demandada presentó recurso de reposición y en
subsidio de queja en contra de la providencia del 9 de agosto de 2017, mediante la
cual se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación, la Secretaría del
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena corrió traslado a la parte
contraria -el ahora recurrente-, por el término de tres días -del 28 al 30 de agosto de
201731-, conforme a lo previsto en los artículos 242 del CPACA y 110 y 319 del CGP.

43. En dicha oportunidad, el apoderado de los demandantes presentó memorial,
únicamente, con el propósito de que le expidieran copia de la providencia judicial
con la “nota de ejecutoriada”32.

29
Ver, entre otras, las siguientes providencias: de 20 de abril de 2004, expediente con número
de radicado 11001-03-15-000- 1996-0132-01, de 18 de octubre de 2005, expediente con
número de radicado 11001-03-15- 000-2000-00239-00, de 7 de febrero de 2006, expediente
con número de radicado 11001-03-15-000-1997- 00150-00, de 9 de marzo de 2010,
expediente con número de radicado 1100103150002002-1024-01 y de 31 de mayo de 2011,
expediente con número de radicado 1100103150002008-00294-00.
30
Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 5 de febrero de 2024.
Rad No. 69.429 M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
31
Fl 99 cuaderno 03 primera instancia.
32
Fl 101 cuaderno 03 primera instancia.
11

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

44. Con posterioridad, en auto del 18 de septiembre de 201733, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cartagena denegó el recurso de reposición y ordenó
la reproducción de las piezas procesales necesarias para dar trámite al recurso de
queja. Adicionalmente, advirtió que no era posible acceder a la solicitud de la parte
actora por cuanto la decisión no se encontraba ejecutoriada.

45. Por lo tanto, según obra el certificado del registro de la Rama Judicial 34, el
Tribunal Administrativo de Bolívar, previo a resolver el recurso de queja, corrió
traslado a las partes, el día 10 de noviembre de 2017, según lo dispuesto en el
artículo 353 del CGP, sin que la parte actora se hubiera pronunciado al respecto.

46. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió el recurso de queja en
el auto del 23 de marzo de 2018, mediante el cual consideró mal denegado el
recurso de apelación que presentó la Fiscalía General de la Nación, decisión frente
a la cual no procede recurso, conforme al artículo 243A, numeral 4 del CPACA35.

47. Según este recuento, es evidente que el recurrente sí contó con las
oportunidades para pronunciarse frente al trámite del recurso de queja que presentó
la Fiscalía General de la Nación y, ante el cual, no adujo ningún tipo de argumento
para que el Tribunal Administrativo de Bolívar corroborara la decisión de primera
instancia que le resultaba a favor de sus intereses.

48. A partir de la lectura integral del recurso extraordinario de revisión que presentó
el señor Iván Salas Valdez, particularmente, de las pretensiones que planteó, se
puede concluir que la inconformidad que formula únicamente compromete el trámite
de la queja, porque, a su parecer, se le vulneró el debido proceso, pero es solo con
posterioridad a la expedición de la sentencia que manifiesta su inconformidad, como
fundamento de la nulidad de esta.

49. En otros términos, no existió reproche alguno frente a la decisión de segunda
instancia, pues, en según sus palabras, ésta fue producto “de un acto procesal
viciado y que atenta contra el debido proceso”, esto es, el auto del 23 de marzo de
2018, que resolvió el recurso de queja que presentó la Fiscalía General de la Nación.

33
Fl 103 cuaderno 03 primera instancia
34
Fl 106 cuaderno 03 primera instancia
35 Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios. No son susceptibles
de recursos ordinarios las siguientes providencias: (…) 4. Las que decidan los recursos de
apelación, queja y súplica”.

12

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

50. Por todo lo anterior, resulta infundado el recurso extraordinario frente a esa
pretensión, porque, se insiste, la causal de nulidad se debe originar únicamente en
la sentencia que puso fin al proceso y, no en una decisión procesal previa, frente
a la cual, la parte contó con todas las garantías para manifestar su inconformidad.

51. Tampoco está llamado a prosperar el segundo argumento del recurrente, según
el cual, la decisión adolece de nulidad porque al ponente se le negó el impedimento
que manifestó para resolver el asunto. Considera la Sala que en ese evento sí se
cumplió con el debido proceso, que procuró garantizar la independencia e
imparcialidad del funcionario judicial, asunto distinto es que la Sala del Tribunal
Administrativo de Bolívar, consideró que el magistrado estaba facultado para
pronunciarse de fondo sobre el asunto36.

52. En consecuencia, considera la Sala que los reproches de la parte recurrente no
se subsumen en ninguna de las hipótesis que recoge la causal quinta de revisión.

Condena en costas

53. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente».

54. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte,
que sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.

55. En el caso concreto, la parte demandada no intervino en el proceso y tampoco
se generaron gastos, por lo que no hay lugar a proferir condena en costas.

36
El recurrente manifestó sobre este asunto que “Existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso contra la - que no procede recurso de apelación sobre el impedimento alegado por el
magistrado ponente al momento de dictar sentencia” El tribunal desarrolló este punto en los
siguientes términos: Sea oportuno indicar, que, el Magistrado Ponente dentro del presente asunto,
Doctor JOSÉ RAFAEL GUERRERO LEAL, manifestó a los demás integrantes de esta Sala de
Decisión, su impedimento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 numeral 2 del C.G.P.,
debido a que fungiendo como Juez en el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, al
admitir la presente demanda. Ahora bien, a criterio de esta Sala, la causal de impedimento a cuyo
estudio se somete en el sub examine, se contrae al evento de que, al mismo Juez encargado de
dictar sentencia en primera instancia, le corresponda el estudio del mismo proceso en el trámite de
la segunda instancia. Por consiguiente, la Sala declaró infundado el impedimento formulado por el
ponente, dado que, en el caso que nos ocupa, no profirió una decisión de fondo que comprometa
su imparcialidad para decidir este asunto en el trámite de la segunda instancia.”
13

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00082-00 (71433)
Actor: Iván Salas Valdez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Subsección A, Sección Tercera administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Iván Salas Valdez, contra la sentencia de 27 de abril de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso de
reparación directa con radicado 13001-33-33-012-2015-00299-02, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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