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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00136-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00136-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por Yersy Katerine Pardo Rodríguez, Sheley Dallana Pardo Rodríguez, Shirley Tatiana Hernández Díaz, Cielo Stefanny Pardo Mejía, 22 Acuerdo 10554 de 2016. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…). 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. 11 Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885) Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros Rafael Alexis Pardo Hernández, Lucero Mejía Ariza, Rafael Antonio Pardo Morales, Sofía Álvarez Sanabria, Diana Alexandra Pardo Álvarez, Doris Berenice Pardo Álvarez, Nancy Cristina Pardo Álvarez, contra la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente 680013333011201800470-02. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, se fija la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de agencias en derecho, en favor del Hospital Universitario de Santander HUS, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL que actúa bajo la vocería de Fiduciaria Central S. A., el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL2019 (2015-2017) Integrado por Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A. y de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-Fiduagraria S.A., la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM Liquidado, valor que se dividirá en partes iguales entre las entidades demandadas y llamadas en garantía, en el porcentaje que corresponda para cada una de ellas. TERCERO. RECONOCER PERSONERÍA a Felix Alexander Landinez Salguero, identificado con cédula de ciudadanía 80.065.623 y tarjeta profesional 132.254 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la ESE Hospital Universitario de Santander, en los términos del poder conferido. CUARTO. RECONOCER PERSONERÍA a Camilo Andrés Cruz Bravo, identificado con cédula de ciudadanía 80.102.233 y tarjeta profesional 162.400 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00136-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

13 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.

Se resuelve el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto
por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander el 25 de julio de 2024, dentro del expediente
680013333011201800470-02, mediante la cual confirmó la providencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta sentencia porque resuelve el recurso
interpuesto contra una dictada por un tribunal administrativo. El Tribunal
Administrativo de Santander conoció el proceso en segunda instancia en los
términos del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo (en adelante CPACA)1.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda de reparación directa

1. Rafael Alberto Pardo Álvarez, Yersy Kateryne Pardo Rodríguez, Sheley
Dallana Pardo Rodríguez, Shirley Tatiana Hernández Díaz, Cielo Stefanny Pardo
Mejía, Rafael Alexis Pardo Hernández, Lucero Mejía Ariza, Rafael Antonio Pardo
Morales, Sofía Álvarez Sanabria, Diana Alexandra Pardo Álvarez, Doris Berenice
Pardo Álvarez y Nancy Cristina Pardo Álvarez, presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa el 19 de diciembre de 20182 en contra
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC3, Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios USPEC4, para que se declararan patrimonialmente
responsables de la totalidad de daños y perjuicios ocasionados por la pérdida de

1
Según el artículo 153 del CPACA, los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.
2 Samai, radicado 68001333301120180047000, índice 62, archivo 07.2018-470 a.i, subsana.
3 En adelante INPEC.
4 En adelante USPEC.

1

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

oportunidad derivada del tratamiento tardío e inoportuno que brindaron a Rafael
Alberto Pardo Álvarez, así como por la deficiencia en el diagnóstico recibido
durante el tiempo de la privación de la libertad. Solicitaron el reconocimiento y
pago de los perjuicios morales y daño a la familia en suma equivalente a 1200
SMMLV, y por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro
cesante) la suma de $265.578.120,oo.

B. Sentencia de primera instancia

2.El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga,
mediante sentencia del 11 de agosto de 2023, negó las pretensiones de la
demanda.

2.1. En punto a la responsabilidad por la indebida prestación del servicio de
salud por parte de las entidades encargadas de la atención, protección y
vigilancia de reclusos en establecimiento carcelario, advirtió que era necesario
demostrar la falla en el servicio, toda vez que se estudia bajo los mismos
supuestos de la prestación del servicio médico, por tratarse de una obligación de
medio y no de resultado. En el presente asunto no se demostró que la muerte
obedeciera a una falla médica, sino a la delicada enfermedad que padecía Rafael
Alberto Pardo Álvarez.

2.2. Sobre la pérdida de oportunidad concluyó que al señor Pardo Álvarez sí
se le prestó la atención médica requerida, sin que se pudiera advertir que se le
haya privado de la oportunidad para recibir un tratamiento médico integral, y aun
cuando se presentaron inconvenientes frente a su afiliación, se le brindó la
atención médica necesaria, mientras se superó dicho trámite administrativo.

2.3. Señaló que CAPRECOM, con ocasión de la entrada en liquidación, a partir
del 31 de marzo de 2016, perdió su función aseguradora, de manera que no
existen obligaciones que puedan reclamarse en contra suya, toda vez que los
hechos discutidos sucedieron a partir de agosto de 2016, cuando se encontraba
a cargo el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL5.

C. Sentencia objeto del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

3. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 25 de julio de
2024 confirmó la sentencia denegatoria, tras considerar que no se acreditó la
responsabilidad administrativa por la omisión en su deber de prestación del
servicio de salud o la causación de la pérdida de oportunidad alegada.
Adicionalmente, respecto al cumplimiento de los deberes del INPEC, no se
acreditó que en su calidad de garante hubiese limitado o restringido el acceso a

5 Samai, radicado 68001333301120180047000, índice 224, archivo
296_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 224.

2

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

los servicios médicos tendientes a que se garantizara el derecho fundamental a
la salud del recluso, motivo por el cual no existe atribución de responsabilidad.

3.1. Concluyó que sí se le prestó la atención médica que fue ordenada por los
galenos especialistas con ocasión al diagnóstico de cáncer de estómago y
esófago que le fue dictaminado al señor Pardo Álvarez, sin que se advierta que
las entidades accionadas hubiesen omitido su deber en la debida prestación del
servicio de salud. Adicionalmente, afirmó que tampoco se configuraron los
elementos constitutivos de la pérdida de oportunidad, en la medida que no se
demostró que si al paciente se le hubiese realizado algún examen, practicado
algún procedimiento o brindado un tratamiento médico en específico, se habría
prolongado su vida o mejorado su condición de salud6.

D. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

4. El 14 de agosto de 2024, la parte demandante interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia por considerar que la providencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente
680013333011201800470-02 contraría las sentencias de unificación proferidas
por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2013,
dentro del expediente radicado núm. 34460, M. P. Enrique Gil Botero y la del 28
de agosto de 2014 dictada en el del proceso 26251, M.P. Jaime Orlando
Santofimio. Igualmente solicitó la aplicación del precedente contenido en la
sentencia 41001-23-31-0000-2006-00933-01 (46495), proferida el 2 de agosto de
2018, por la Subsección A de la Sección Tercera, para que se revoquen las
sentencias y se acceda a las pretensiones de la demanda.

4.1. Transcribió apartes de la sentencia del 28 de agosto de 2014 radicado
26251, relacionados con la omisión en la ejecución de medidas de protección
necesarias respecto de la víctima que se encontraba recluida en un centro de
reeducación por tratarse de un menor infractor consumidor de sustancias
alucinógenas, para afirmar que en el presente asunto el INPEC y la USPEC son
responsables del daño sufrido por el señor Pardo Álvarez producto de la falla por
pérdida de oportunidad que le restó la posibilidad de recuperar su salud y de
prolongar su existencia en condiciones dignas. Afirmó que las demandadas
debían garantizar la entrega y suministro de medicamentos y el alimento
suplementario morfina, haloperidol, dexametaxona así como el tratamiento
oportuno, lo que no ocurrió porque pasaron más de cuatro (4) meses sin
quimioterapias ni radioterapias.

4.2. En relación con la sentencia del 25 de septiembre de 2013 radicado 36460
señaló que se entiende desconocida respecto del tope indemnizatorio de los
perjuicios morales sufridos con ocasión de la falla en el servicio por pérdida de

6 Samai, expediente 68001333301120180047002, índice 28, archivo 17Sentencia de
Se_1120180047002MECGRDP(.pdf) NroActua 28.

3

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Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

oportunidad, materializada en el tratamiento tardío que se le brindó a Rafael
Alberto Pardo Álvarez por la deficiencia en el diagnóstico mientras estuvo privado
de la libertad en centro carcelario a partir de mayo de 2015 hasta abril de 2017.

4.3. Solicitó la aplicación del precedente contenido en la sentencia del 2 de
agosto de 2018, radicado 410012331000200600933-01, en el que el Consejo de
Estado definió el origen del daño antijurídico en la pérdida de oportunidad y
endilgó responsabilidad a los demandados a partir de la omisión en el
seguimiento, control y el cuidado necesario al recluso, el cual de haberse
realizado no le habría hecho perder la oportunidad de recuperarse y de prolongar
su existencia7.

E. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

5. El recurso se inadmitió el 9 de mayo de 2025, para que se subsanara, en el
sentido de indicar de manera precisa y detallada las razones con base en las
cuales las sentencias de unificación fueron, a su juicio, desconocidas por el fallo
acusado8.

6. La parte demandante subsanó el recurso, mediante escrito presentado el 20
de mayo de 20259.

7. Mediante providencia del 24 de junio de 2025, se admitió el recurso , previa
advertencia de que “no se tendrá en cuenta para el análisis de fondo de la
censura extraordinaria la sentencia expedida el 2 de agosto de 2018 en el
expediente radicación número 410001-23-31-000-2006-00933-01 (46.495), por
cuanto dicho fallo no cumple con los presupuestos previstos en el artículo 270
del CPACA para ser considerado de unificación, toda vez que fue proferido por
la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación”10.

8. El auto admisorio ordenó notificar al INPEC, a la USPEC, al Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado, a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, al Consorcio Fondo de Atención en Salud
PPL 2015 (conformado por las sociedades Fiduprevisora SA, Fiduagraria SA), a
la ESE Hospital Universitario de Santander, al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

9. La Procuraduría Delegada de Intervención 6. Primera ante el Consejo de
Estado intervino mediante escrito del 9 de julio de 2025, a través del cual solicitó
que se declare infundado el recurso, por cuanto los argumentos pretenden abrir
de nuevo el debate de hechos y pruebas, comoquiera que se citaron apartes de

7 Samai, gestión otros despachos 68001333301120180047002, índice 32, archivo
19_MemorialWeb_Recurso-08RecursoExtraordina y radicado 110010326000202400136-00, índice 9,
archivo 5_MemorialWeb_Otro-18SubsanacionRecurs.
8 Samai, índice 5.
9 Samai, índice 9.
10 Samai, índice 11.

4

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Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

la sentencia de unificación que no corresponden a la razón de la decisión o reglas
de unificación sino de los hechos probados, motivo por el que los cargos del
recurrente carecen de sustento, máxime cuando la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander no condenó y, por lo tanto, no hay liquidación de
perjuicios morales, para entrar a establecer si las sentencias invocadas debían
aplicarse o no en el caso concreto11.

10. El Hospital Universitario de Santander HUS manifestó que las providencias
que se citan como contrariadas hacen referencia a supuestos fácticos distintos;
en la sentencia radicado 36460, se trató de una omisión total de atención médica
que conllevó la muerte de una persona privada de la libertad, sin que mediara
acción alguna por parte del Estado para evitarla, mientras que, en el presente
proceso el paciente recibió atención inmediata y continua desde el ingreso al HUS
hasta su fallecimiento. Ahora, en el caso 26251 se discutía una falla en la
prestación de servicios de salud derivados de negligencias sistemáticas en la red
de atención penitenciaria que impidieron diagnóstico y tratamiento oportuno, lo
que no se presentó en relación con el HUS, cuya actuación fue ajena a los
trámites administrativos previos a su ingreso12.

11. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente advirtió que se
incumplió el requisito de subsidiaridad en tanto que lo alegado en el recurso
extraordinario no fue objeto de reparo en la apelación. Advirtió que el
desconocimiento de la sentencia 36460 depende de que en la sentencia objeto
del recurso extraordinario se haya declarado la responsabilidad de la
Administración, lo cual no ocurrió. Lo mismo ocurre respecto de la sentencia de
unificación 26251 en la que se fija una regla relacionada con el reconocimiento y
liquidación de perjuicios morales partiendo de la existencia de un daño o de una
falla probada13.

12. El Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL que
actúa bajo la vocería de Fiduciaria Central S. A., manifestó que las dos
sentencias que se alegan como desconocidas: (i) no guardan relación alguna con
la población privada de la libertad cobijada por el modelo de atención en salud
creado mediante la Ley 1709 de 2014 y (ii) los hechos y pretensiones de dichas
sentencias de unificación no versan sobre falla de servicio bajo el régimen de
responsabilidad subjetiva, aplicable al caso bajo estudio conforme a la unificación
de jurisprudencia del Consejo de Estado, pues no se está cuestionando el
funcionamiento anormal o diligente de la administración penitenciaria en el
cumplimiento de sus deberes, sino la presunta falla del servicio derivada de la
prestación de servicios médicos, motivo por el que el recurso no está llamado a
prosperar14.

11 Samai, índice 27.
12 Samai, índice 30.
13 Samai, índice 31, archivo 51_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-8CONTESTACIONRECU.
14 Samai, índice 32, archivo 54_MemorialWeb_Otro-PronunciamientoRecu

5

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Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

13. El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL2019 (2015-2017)
Integrado por Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A. y de la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-Fiduagraria S.A.,
solicitó que se declare improcedente o infundado el recurso en atención a que: i)
no existe contradicción efectiva con las sentencias de unificación invocadas; ii) la
situación fáctica no encaja dentro del estándar fijado por el precedente del
Consejo de Estado; iii) no se ha acreditado ni imputado debidamente una falla
del servicio al Consorcio y iv) el recurso constituye una reiteración de argumentos
ya desestimados por el tribunal, sin satisfacer las exigencias del recurso
extraordinario15.

14. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC afirmó que
los recurrentes no explicaron de manera precisa cómo los principios específicos
de protección reforzada a menores y los criterios de liquidación de perjuicios
asociados a ese contexto particular fueron desconocidos o contrariados por la
sentencia del Tribunal. Advirtió que la subsanación del mecanismo no logró
articular cómo la situación fáctica del presente caso (adulto con cáncer) se
enmarca en los parámetros específicos y principios unificados en la sentencia
26251 sobre menores infractores, más allá de una mención general a la falla del
servicio y pérdida de la oportunidad. Lo mismo ocurre con la sentencia 36460 la
cual es relevante cuando el daño antijurídico tiene su origen en la comisión de
una conducta punible, aplicando para la indemnización el artículo 97 del Código
Penal16.

15. El Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM Liquidado,
señaló que la decisión recurrida no desconoció precedente vinculante ni
contradice la jurisprudencia de unificación, sino que se inscribe dentro del
ejercicio de la autonomía funcional del juez contencioso administrativo, quien
valoró con libertad y responsabilidad las pruebas allegadas al proceso. Y
concluyó que no se estructuraron los presupuestos fácticos ni jurídicos
necesarios para declarar la responsabilidad del Estado. Advirtió que no existe un
yerro interpretativo, ni una indebida aplicación del precedente, ni mucho menos
una contradicción frente a las decisiones de unificación invocadas por el
recurrente, sino que el fallo impugnado constituye una decisión razonable,
coherente, armónica con la doctrina de la Sección Tercera y respetuosa del
principio de autonomía judicial, lo que refuerza la improcedencia del recurso
extraordinario17.

16. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

15 Samai, índice 33, archivo 58_MemorialWeb_Otro-1100103260002024.
16 Samai, índice 34, archivo 59_MemorialWeb_Respuesta-202400136Pronunciam.
17 Samai, índice 36, archivo 62_MemorialWeb_Respuesta-11001032600020240013.

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Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

II. CONSIDERACIONES

F. Procedencia y oportunidad del recurso

17. El recurso cumple los requisitos de los artículos 257 y 261 del CPACA, toda
vez que: i) se interpuso en contra de una sentencia de segunda instancia
proferida por un tribunal administrativo; ii) las pretensiones de la demanda
superan los 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de
interposición del recurso ,y iii) fue oportuno, en tanto que la sentencia se notificó
por correo electrónico el 30 de julio de 202418, el recurso se interpuso y sustentó
el 14 de agosto siguiente, esto es, dentro del término legal de 10 días19.

G. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Generalidades

18. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 256 y siguientes del CPACA,
el recurso de unificación de jurisprudencia que procede contra las sentencias
dictadas en única instancia y en segunda instancia por los tribunales
administrativos busca “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su
aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que
resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso,
reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.

19. Se trata entonces de un mecanismo de unificación jurisprudencial de
naturaleza correctiva, dado el momento en el que interviene el Consejo de Estado
para enmendar el error en que incurrió una providencia de única o segunda
instancia dictada por un tribunal administrativo con desconocimiento de la regla
unificada que respecto de determinada materia haya establecido la Corporación.

20. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha manifestado:

la sección segunda, ha indicado que el recurso estudiado es un mecanismo de
unificación jurisprudencial de naturaleza correctiva, toda vez que el momento en
que le corresponde emitir un pronunciamiento al Consejo de Estado es posterior
al de expedición del fallo ejecutoriado por el órgano judicial competente. En ese
orden, con éste se busca enmendar la posición que se fijó en una sentencia que
ha adquirido firmeza y que ha sido dictada en única o segunda instancia por un
tribunal administrativo, con el propósito de que se acompase con lo que el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo haya establecido sobre
la materia de que se trate en una sentencia de unificación. Esto denota la
importancia que el legislador quiso imprimirle al precedente vertical, empero como
referente del principio de seguridad jurídica e igualdad procesal.20

18 Samai, gestión otros despachos 68001333301120180047002, índice 30.
19 Samai, gestión otros despachos 68001333301120180047002, índice 32.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de agosto de 2022,

expediente 11001-03-25-000-2017-00151-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

21. Los requisitos sobre su procedencia están sometidos a la cuantía, a la
oportunidad, a la legitimación y a la causal exclusiva de desconocer o contrariar
una sentencia de unificación. En ese orden de ideas, no se trata de una tercera
instancia en la que pueda reabrirse el debate probatorio o jurídico sobre las
cuestiones analizadas en el proceso ordinario que presuntamente inobservó la
jurisprudencia unificada de esta Corporación, sino de un mecanismo procesal
extraordinario que habilita la intervención del órgano de cierre, para anular
aquellas providencias que desconozcan las reglas jurídicas previamente
establecidas.

22. Así las cosas, “El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no
conforma una unidad con el proceso judicial de origen. En consecuencia, su
trámite se debe entender como una nueva actuación y ha de estar reglada por la
ley vigente al tiempo de su interposición”.21

H. Caso concreto

23. Los recurrentes alegan que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander del 25 de julio de 2024, objeto del presente recurso extraordinario,
contrarió lo dispuesto en las sentencias de unificación proferidas por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el 25 de septiembre de 2013 dentro del
expediente radicado núm. 34460, con ponencia del magistrado Enrique Gil
Botero y la del 28 de agosto de 2014 dictada en el proceso 26251, magistrado
ponente Jaime Orlando Santofimio. Adicionalmente, la parte recurrente solicitó la
aplicación del precedente contenido en la sentencia expedida por la Subsección
A de la Sección Tercera el 2 de agosto de 2018, en el radicado 41001-23-31-
0000-2006-00933-01 (46495).

24. Al respecto la Sala advierte, tal como quedó consignado en el auto admisorio,
que el análisis del presente recurso extraordinario se circunscribirá a establecer
si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 25 de julio
de 2024 se opuso o contrarió las reglas de unificación establecidas en las
providencias del 25 de septiembre de 2013 radicado 34460, y la del 28 de agosto
de 2014 dictada dentro del proceso 26251.

25. Lo anterior, por cuanto la sentencia del 2 de agosto de 2018 proferida dentro
del expediente 410001-23-31-000-2006-00933-01 (46.495) no tiene la naturaleza
de sentencia de unificación, exigida para la procedencia del recurso, toda vez
que fue proferida por la Subsección A y no por la Sala Plena de esta Sección o
por la Sala de lo Contencioso Administrativo.

21 Corte Constitucional, Sentencia T-308 del 11 de agosto de 2023, proferida dentro del expediente T-

9.298.912.

8

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

26. Aclarado lo anterior, la Sala analizará, en primer lugar, la sentencia del 25 de
septiembre de 2013 radicado 34460, para lo cual resulta necesario transcribir la
regla de unificación con miras a establecer el alcance de la misma y a partir de
ello determinar si constituye un precedente que debía observar el Tribunal
Administrativo de Santander al momento de resolver el recurso de apelación
dentro del proceso de reparación directa llevado a cabo por la pérdida de
oportunidad en la prestación de los servicios de salud requeridos por el señor
Rafael Alberto Pardo Álvarez.

27. La regla de unificación se estableció en los siguientes términos:

Primero. Unifícase la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en relación con el tope indemnizatorio de los perjuicios morales en escenarios en
los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene su origen en una conducta
punible, en los términos del artículo 97 de la ley 599 de 2000, y frente a la
obligación a cargo de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares de
efectuar el seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en providencias en las que
se juzgue la grave violación a derechos humanos, imputables a la Fuerza Pública.

28. Revisada la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2013 en el radicado
34460, la Sala advierte que en ella se estableció la aplicación de las disposiciones
contenidas en el artículo 97 del Código Penal, para efectos de la valoración y
cuantificación del daño inmaterial en los casos en los que este tenga origen en
una conducta punible. Con base en lo anterior, la Sala concluyó que:

no es necesario para que el juez de lo contencioso administrativo aplique el referido
precepto, que haya sido el Estado directamente a través de sus agentes quien
haya cometido el ilícito; a contrario sensu, la exigencia legal, según el criterio
trazado por la Corte Constitucional, se refiere a que el daño sea producto única y
exclusivamente de una conducta punible.

29. En ese orden de ideas, la sentencia que se alega desconocida estableció una
regla de unificación en el marco de un proceso de responsabilidad
extracontractual del Estado, derivada de una conducta punible, de manera que
“cuando la fuente del daño no se origine en el delito, el dispositivo legal no tendrá
aplicación”, por cuanto ese es el requisito que establece el artículo 97 del Código
Penal para la indemnización por daños. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala
advirtió que como la responsabilidad extracontractual del Estado puede provenir
del quebrantamiento de una obligación administrativa, de la falla en el servicio o,
de un hecho punible, el requisito para que se pueda aplicar el artículo 97 del
Código Penal como parámetro para la liquidación del perjuicio inmaterial, es que
el daño antijurídico provenga de un delito.

30. La Sala observa que la sentencia objeto del recurso extraordinario de
unificación no encontró configurada la falla en el servicio alegada, ni la pérdida
de oportunidad, motivo por el que denegó las pretensiones de la demanda.

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Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

31. Así las cosas, para la Sala es claro que la providencia reprochada no
desconoció ni contrarió la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013,
por cuanto la regla allí establecida habilita la imposición de una condena por
concepto del perjuicio inmaterial en cuantía superior a la establecida en la
jurisprudencia, en los casos en los que se declare la responsabilidad del Estado
por los daños derivados de una conducta ilícita.

32. Ahora bien, la sentencia del 28 de agosto de 2014 dictada dentro del
expediente 26251, fijó la siguiente regla de unificación:

QUINTO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sala en cuanto a la reparación de los
perjuicios inmateriales, concretamente sobre i) el perjuicio moral - el perjuicio moral
en caso de muerte y ii) el perjuicio por afectación de bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados.

33. En relación con dicha regla, al igual que en el supuesto de la sentencia
anterior, la Sección estableció criterios para cuantificar el perjuicio moral en caso
de muerte y el perjuicio inmaterial derivado de la vulneración de bienes o
derechos amparados por convenciones y la Constitución, como una medida de
reparación no pecuniaria, ante el desconocimiento de dichos estándares; de ahí
que su observancia está supeditada a que se declare la responsabilidad del
Estado, a partir de lo cual, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del
caso y las afectaciones a las que se hubiere sometido a la víctima, habrá lugar a
indemnizar este perjuicio como garantía del derecho a la reparación integral de
la víctima.

34. Para la Sala, es claro que los reparos de los demandantes son un reproche a
la valoración probatoria y jurídica efectuada por el tribunal de segunda instancia,
por no encontrar responsables a las demandadas de los daños antijurídicos
alegados, más que encontrar contrariadas o desconocidas las reglas de
unificación, lo que hace improcedente la prosperidad del mecanismo procesal,
por cuanto el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como
finalidad la aplicación uniforme del derecho en temas en los que la Sala ya ha
establecido criterios de unificación, de manera que su única causal de
procedencia es que el fallo impugnado contraríe o se oponga a una regla de
unificación del Consejo de Estado.

35. Ello es así, por cuanto en el escrito de subsanación, los demandantes se
concentraron en insistir en la falla en el servicio por la pérdida de oportunidad
derivada de la supuesta omisión en la garantía del tratamiento oportuno a la
víctima directa, estudio que impondría necesariamente reabrir el debate
probatorio y jurídico para revisar el análisis que realizó el tribunal, lo cual haría
de este mecanismo extraordinario una tercera instancia, que desconocería su
finalidad y la competencia del Consejo de Estado. Por lo anterior, el recurso se
desestimará.

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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

I. Conclusión

36. En ese orden de ideas, dado que la sentencia de segunda instancia fue
denegatoria de las pretensiones de la demanda, en tanto que no se acreditó la
responsabilidad del Estado, en el presente caso no había lugar a aplicar las
reglas de unificación que se alegaron desconocidas.

J. Costas

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del CPACA, procede la
condena en costas al recurrente, cuando el recurso sea desestimado. No
obstante responder dicha imposición a un criterio objetivo, el artículo 365 del
Código General del Proceso (aplicable por remisión expresa del art. 188 del
CPACA) prevé su procedencia siempre y cuando se demuestren causadas y en
la medida de su comprobación.

38. En el caso se causaron agencias en derecho en favor del Hospital
Universitario de Santander HUS, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL
que actúa bajo la vocería de Fiduciaria Central S. A., el Consorcio Fondo de
Atención en Salud PPL2019 (2015-2017) Integrado por Fiduciaria La Previsora
S.A. – Fiduprevisora S.A. y de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
S.A.-Fiduagraria S.A., la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
USPEC y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM Liquidado,
en cuanto presentaron escrito de oposición del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, a través de los apoderados judiciales que
constituyeron para que adelantaran las gestiones dentro del proceso ante esta
Corporación. En consecuencia, en atención al número de entidades que
presentaron sus escritos de oposición, la Sección fijará tres (3) smlmv22 a cargo
de la parte recurrente, suma que se dividirá en partes iguales entre las entidades
que intervinieron en el presente proceso.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por Yersy Katerine Pardo Rodríguez, Sheley Dallana
Pardo Rodríguez, Shirley Tatiana Hernández Díaz, Cielo Stefanny Pardo Mejía,

22 Acuerdo 10554 de 2016. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…). 9.

Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.

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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

Rafael Alexis Pardo Hernández, Lucero Mejía Ariza, Rafael Antonio Pardo
Morales, Sofía Álvarez Sanabria, Diana Alexandra Pardo Álvarez, Doris Berenice
Pardo Álvarez, Nancy Cristina Pardo Álvarez, contra la sentencia del 25 de julio
de 2024 proferida por Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente
680013333011201800470-02.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, se fija
la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de agencias en derecho, en favor del Hospital Universitario de
Santander HUS, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, el
Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL que actúa bajo
la vocería de Fiduciaria Central S. A., el Consorcio Fondo de Atención en Salud
PPL2019 (2015-2017) Integrado por Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora
S.A. y de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-Fiduagraria
S.A., la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de CAPRECOM Liquidado, valor que se dividirá en
partes iguales entre las entidades demandadas y llamadas en garantía, en el
porcentaje que corresponda para cada una de ellas.

TERCERO. RECONOCER PERSONERÍA a Felix Alexander Landinez Salguero,
identificado con cédula de ciudadanía 80.065.623 y tarjeta profesional 132.254
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la ESE
Hospital Universitario de Santander, en los términos del poder conferido.

CUARTO. RECONOCER PERSONERÍA a Camilo Andrés Cruz Bravo,
identificado con cédula de ciudadanía 80.102.233 y tarjeta profesional 162.400
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la ESE
Subred Integrada de Servicios de Salud SurOccidente, en los términos del poder
conferido.

QUINTO. RECONOCER PERSONERÍA a Martha Isabel Garzón Serrano,
identificada con cédula de ciudadanía 1098751301 y tarjeta profesional 293.607
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada sustituta del
Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL que actúa bajo
la vocería de Fiduciaria Central S. A., en los términos del poder conferido.

SEXTO. RECONOCER PERSONERÍA a Celia Flor Ortega Trocha, identificada
con cédula de ciudadanía 1051886100 y tarjeta profesional 219.275 del Consejo
Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada del Consorcio Fondo de
Atención en Salud PPL2019 (2015-2017) Integrado por Fiduciaria La Previsora
S.A. – Fiduprevisora S.A. y de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
S.A.-Fiduagraria S.A., en los términos del poder conferido.

SÉPTIMO. RECONOCER PERSONERÍA a Flor Ángela Torres Narváez,
identificada con cédula de ciudadanía 1010192557 y tarjeta profesional 310.008

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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00136-00 (71885)
Demandantes: Lucero Mejía Ariza y otros

del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, en los términos del poder
conferido.

OCTAVO. RECONOCER PERSONERÍA a Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo,
identificada con cédula de ciudadanía 1085897821 y tarjeta profesional 212.712
y a Gabriel Ricardo Cardozo de los Ríos, identificado con cédula de ciudadanía
1117549519 y tarjeta profesional 387.676 del Consejo Superior de la Judicatura,
para actuar como apoderados principal y sustituto del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de CAPRECOM Liquidado, en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN

AUSENTE CON EXCUSA FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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