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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00138-00

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00138-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso. Fijar por concepto de agencias en derecho en única instancia la suma equivalente a $32.166.456, a favor de la parte demandada, la cual se pagará en partes iguales entre Alfredo Enrique Villadiego Lora, Neyla González Romero, Beatriz Duque Morales y Gustavo Morales Cobo. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00138-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Radicación: 11001032600020240013800 (71940)
Demandante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Demandado: GUSTAVO MORALES COBO Y OTROS

Tema: Medio de control de repetición. Régimen jurídico aplicable Ley
678 de 2001. Presupuestos de procedencia. No se probó el pago
de la sentencia condenatoria contra el Estado.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 20051, decide en
única instancia el medio de control de repetición promovido por la Superintendencia
Nacional de Salud contra Gustavo Morales Cobo y otros.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 24 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la nulidad -por falsa motivación- de las Resoluciones No.
01169 y 002112 de 2013, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud y,
en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenó a esa entidad a
reintegrar a Luis Enrique Fernández Vega a un cargo igual o superior al que
ocupaba al momento de su retiro, así como a pagarle los salarios y demás
prestaciones que había dejado de percibir.

Como la Superintendencia Nacional de Salud afirma que pagó una indemnización
por tal concepto, en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda
en contra de Gustavo Morales Cobo, Neyla González Romero, Chaid Franco,
Beatriz Duque Morales y Alfredo Enrique Villadiego Lora, pues considera que

1 Sala Plena Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

fueron los servidores públicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo
incidieron en la producción del daño por el cual fue condenada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 26 de abril de 20192-3, la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante la
Supersalud), mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de
repetición, presentó demanda en contra de Gustavo Morales Cobo, Neyla González
Romero, Chaid Franco, Beatriz Duque Morales y Alfredo Enrique Villadiego Lora,
para que se les declare patrimonialmente responsables del pago de $643.329.134
a Luis Enrique Fernández Vega, realizado en cumplimiento de la sentencia del 24
de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante
Resolución No. 0018889 del 5 de julio de 2012, la Supersalud nombró a Luis
Enrique Fernández Vega en el cargo de profesional especializado grado 20 código
2028 de la planta global, asignado a la Dirección General para la Inspección y
Vigilancia de los Administradores de Recursos de Salud.

Refiere que el 3 de diciembre de 2012, Luis Enrique Fernández Vega tomó posesión
del cargo en comento.

Manifiesta que el 16 de febrero de 2013, la coordinadora Beatriz Duque Morales,
con el aval de la directora general para la inspección y vigilancia de los
administradores de recursos de la salud, Neyla González Romero, le realizó al señor
Fernández Vega una evaluación de desempeño.

Destaca que, en indeterminada fecha, Luis Enrique Fernández Vega presentó
recurso de reposición en contra del resultado de la evaluación de desempeño, el

2 Archivo “1 DEMANDA Y PODER”, expediente digital, Samai.
3 Archivo “5 REFORMA DEMANDA”, expediente digital, Samai.

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

cual fue desatado por el “funcionario Alfredo Villadiego Director General para la
Inspección y Vigilancia de los Administradores de Recurso de Salud”.

Sostiene que mediante Resolución No. 01169 del 15 de julio de 2013, el
Superintendente Nacional de Salud declaró insubsistente del cargo a Luis Enrique
Fernández Vega, con fundamento en “el resultado de la calificación de desempeño
del 64% considerada no satisfactoria”.

Resalta que la anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución No.
002112 del 30 de octubre de 2013.

Refiere que, en fecha indeterminada, Luis Enrique Fernández Vega instauró medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la
nulidad de las Resoluciones No. 01169 del 15 de julio de 2013 y 002112 del 30 de
octubre de esa misma anualidad, expedidas por la Supersalud y, en consecuencia,
a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el reintegro al mismo cargo a
uno superior, el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos que esa
entidad le adeudaba.

Manifiesta que, mediante sentencia del 25 de mayo de 2017 el Juzgado 53
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda.

Señala que, inconforme con la anterior decisión, en fecha indeterminada, Luis
Enrique Fernández Vega interpuso recurso de apelación.

Destaca que a través de sentencia del 24 de mayo de 2018 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad -por falsa motivación- de las
Resoluciones No. 01169 y 002112 de 2013, expedidas por la Supersalud y, en
consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro del señor
Fernández Vega al mismo cargo o a uno superior, el pago de las prestaciones
sociales y demás emolumentos laborales que esa entidad le adeudaba.

Como la Supersalud afirma que pagó una suma de dinero por concepto de la
sentencia judicial mencionada, presentó demanda en ejercicio del medio de control

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

de repetición en contra de Gustavo Morales Cobo, Neyla González Romero, Chaid
Franco, Beatriz Duque Morales y Alfredo Enrique Villadiego Lora señalando que
debían reembolsarle dicho dinero, dado que fueron los servidores públicos que con
su actuar doloso y/o gravemente culposo incidieron en la producción del daño por
el cual fue condenada.

Textualmente, la parte demandante solicitó como pretensiones principales:
“PRIMERA: Que se declare que los demandados GUSTAVO ENRIQUE MORALES
COBOS y CHAID FRANCO, obraron con dolo, al expedir la Resolución No. 001169
de 2013, mediante la cual se declaró insubsistente al señor Luis Enrique Fernández
Vega y la Resolución No. 002112 del 30 de octubre de 2013, por medio de la cual
se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución No 001169 de 2013,
las cuales fueron declaradas nulas por haber incurrido en falsa motivación (…).
SEGUNDA: Que se declare que, los demandados ALFREDO ENRIQUE
VILLADIEGO; NEYLA GONZÁLEZ ROMERO y BEATRIZ DUQUE MORALES,
obraron con dolo, al haber realizado la calificación de desempeño del señor Luis
Enrique Fernández Vega de manera errónea y contraria a la realidad, la cual fue
base para la expedición de la Resolución No. 001169 de 2013 (…)”.

Seguidamente, la parte demandante solicitó como pretensiones subsidiaras:
“PRIMERA: Que se declare que los demandados CHAID FRANCO y GUSTAVO
ENRIQUE MORALES COBOS, obraron con culpa grave, al aprobar y expedir
respectivamente, la Resolución No. 001169 de 2013, mediante la cual se declaró
insubsistente al señor Luis Enrique Fernández Vega y la Resolución No. 002112 del
30 de octubre de 2013, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición
(…). SEGUNDA: Que se declare que, los demandados ALFREDO ENRIQUE
VILLADIEGO; NEYLA GONZÁLEZ ROMERO y BEATRIZ DUQUE MORALES,
obraron con culpa grave, al haber realizado la calificación de desempeño del señor
Luis Enrique Fernández Vega de manera errónea y contraria a la realidad (…) la
cual fue base para la expedición de la Resolución No. 001169 de 2013, por medio
de la cual se declaró insubsistente al empleado de carrera Fernández Vega, y
posteriormente fue declarada nula por haber incurrido en falsa motivación (…)”.

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

2. Contestación

El 13 de diciembre de 20194, el Tribunal Administrativo de Antioquia5 admitió la
demanda y ordenó su notificación a los demandados, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.

2.1. Alfredo Enrique Villadiego Lora6 contestó la demanda y su reforma oponiéndose
a las pretensiones. En sustento, manifestó que no actuó con dolo y/o culpa grave,
pues la demanda se limitó a señalar que fue el director que tomó una decisión
administrativa, pero sin indicar en qué consistió la ilicitud de su proceder. Por lo
anterior, propuso las excepciones que denominó “falta de causa lícita para actuar”,
“falta de legitimidad por pasiva” y “ausencia de los presupuestos que determinan la
responsabilidad del medio de control judicial de repetición”.

2.2. Neyla González Romero7 contestó la demanda y su reforma oponiéndose a las
pretensiones, pues indicó no haber actuado con dolo y/o culpa grave. De hecho,
textualmente refirió: “no se visualiza que dentro del libelo se hayan aportado
pruebas o existan elementos de juicio, que demuestren dentro del proceso que mi
poderdante haya incurrido en una conducta dolosa o gravemente culposa, en la
actuación de sus funciones públicas, cuando ejercía como directora general de la
Superintendencia Nacional de Salud”. Por último, propuso las excepciones que
denominó “falta de causa lícita para actuar”, “falta de legitimidad por pasiva” y
“ausencia de los presupuestos que determinan la responsabilidad del medio de
control judicial de repetición”.

2.3. Beatriz Duque Morales8 contestó la demanda y su reforma oponiéndose a las
pretensiones. En sustento, indicó no haber actuado con dolo y/o culpa grave, pues

4 Archivo “002AdmisionDemandaNotificacionesOtros.pdf”, págs. 12 a 19, expediente digital, Samai.
5 Archivo “003ED_58_AUTOQUEREMITE_250.pdf”, expediente digital, Samai. Por auto del 1 de abril

de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró su falta de competencia por el factor y
subjetivo y remitió las diligencias en el estado en que se encontraban al Consejo de Estado.
6 Archivos “009 20210920ContestaDemandaApoderadaDeAlfredoEnriqueVilladiego.pdf” y
“010ED_20230209ContestaRefo.pdf”, expediente digital, Samai.
7 Archivos “010 20210920ContestaDemandaApoderadaDeNeylaGonzalezRomero.pdf” y
“009ED_20230209ContestaRefo.pdf”, expediente digital, Samai.
8 Archivos “01120211006ContestaDemandaApoderadaDeBeatrizDuqueMorales.pdf” y
“012ED_20230217ContestaRefo.pdf”, expediente digital, Samai.

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mientras estuvo vinculada a la Supersalud no tuvo “facultades para asignar
compromisos laborales al señor Fernández Vega, pues ella fungió como asesora,
código 1020 o como coordinadora del grupo de entidades territoriales, por lo que no
tenía asignada la competencia o función de evaluación del desempeño y menos la
condición de jefe inmediata del señor Fernández Vega”. Por último, propuso las
excepciones que denominó “incumplimiento del presupuesto procesal de pago
efectivo de la condena”, “no se acreditó la calidad de agente del Estado de mi
representada y su conducta determinante para la condena”, “inexistencia de dolo o
culpa grave atribuible a mi poderdante", “carencia de competencia funcional de la
demandada frente a los hechos determinantes de la sentencia condenatoria” y la
genérica.

2.4. Gustavo Morales Cobo9 contestó la demanda y su reforma oponiéndose a las
pretensiones, pues la parte actora no acreditó el pago de la condena, la calidad de
servidor público y tampoco la conducta dolosa y/o gravemente culposa. En efecto,
textualmente sostuvo: “En lo que se enuncia no se realiza una adecuada descripción
de la conducta del señor Superintendente Nacional de Salud, no se especifica qué
es lo que se le reprocha, ni tampoco se especifican las circunstancias de tiempo,
modo y lugar. Menos se concreta en cuál de las dos (2) categorías (dolo o culpa
grave) se enmarcaría el supuesto comportamiento reprochable, con lo cual se está
desconociendo que se trata de categorías completamente excluyentes y que no
pueden predicarse a la vez respecto de una especifica actuación de un individuo en
un contexto histórico determinado”.

Por último, propuso las excepciones que denominó “incumplimiento del presupuesto
procesal de pago efectivo de la condena”, “no se acreditó la calidad de agente del
Estado de mi representada y su conducta determinante para la condena”,
“inexistencia de dolo o culpa grave atribuible a mi poderdante", “el demandado
cumplió con el deber que le correspondía dada su condición de Superintendente
Nacional de Salud y la naturaleza del asunto presentado a su consideración”,
“inexistencia de responsabilidad por el hecho de la presunción de la buena fe”,

9 Archivo “013 20211019ContestaDemandaApoderadaDeGustavoMoralesCobo.pdf” y
“013ED_20230217ContestaRefo.pdf”.

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“incumplimiento de las funciones por parte del comité de conciliación de la
Superintendencia Nacional de Salud” y la genérica.

2.5. Chaid Franco no contestó la demanda10.

3. Trámite

3.1. El 22 de septiembre de 202311, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
celebró la audiencia inicial, en la cual se realizó el saneamiento del proceso, se
decretaron pruebas y se fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio el a quo señaló que se
circunscribiría a determinar si se ¿Encuentra probado que la condena impuesta a la
Superintendencia Nacional de Salud, a favor del señor Luis Enrique Fernández
Vega, tuvo causa en dolo o culpa grave de los señores Chaid Franco Gómez y
Gustavo Morales Cobo, en la aprobación y expedición respectivamente de las
Resoluciones 001169 de 15 de julio y 002112 de 30 de octubre de 2013, y de los
señores Alfredo Villadiego Lora, Neyla González Romero y Beatriz Duque, en la
calificación del desempeño fundamento de las citadas resoluciones, contrastadas
las razones en que se fundamenta la declaratoria de falsa motivación, o asume
insuficiente para estructurar el elemento subjetivo, contrastado el manual de
calificación de desempeño para los empleados nombrados en periodo de prueba, y
la órbita funcional de cada uno de los accionados?

Condicionado a que la respuesta al anterior interrogante sea favorable a la activa:
¿Es procedente condenar a los señores Chaid Franco Gómez, Gustavo Morales
Cobo, Alfredo Villadiego Lora, Neyla González Romero y Beatriz Duque, a pagar
solidariamente a favor de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, (-) la
suma de $465.664.510 por concepto de indemnización; (-) el monto de
$142.110.200 por pago de salud y pensión, y (-) la suma de $35.554.424 por pago
de cesantías, con el respectivo ajuste de valor o procede modular conforme a los
hechos probados o condenar en abstracto?

10 Archivo “050ED_45_AUTOFIJAFECHApdf.pdf”, expediente digital, Samai.
11 Archivo “054ED_049_AUDIENCIApdf.pdf”, expediente digital, Samai.

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

4. Alegatos de conclusión

El 22 de septiembre de 202312, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Supersalud13, Gustavo Morales Cobo14, Beatriz Duque Morales15 y Neyla
González Romero16 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las
contestaciones a esta.

4.2. Chaid Franco, Alfredo Enrique Villadiego Lora y el Ministerio Público guardaron
silencio17.

5. Remisión por competencia

5.1. Encontrándose el asunto al despacho para proferir sentencia, mediante auto
del 1 de abril de 202418, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró su falta
de competencia por el factor subjetivo para conocer del medio de control de
repetición, dado que el demandado Gustavo Morales Cobo ostentaba la calidad de
Superintendente Nacional de Salud para la fecha de los hechos y, según lo
dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 201119, le corresponde
al Consejo de Estado conocer en única instancia las demandas de repetición

12 Archivo “054ED_049_AUDIENCIApdf.pdf”, expediente digital, Samai.
13 Archivo “059ED_054_RECIBEMEMORIALES.pdf”, expediente digital, Samai.
14 Archivo “055ED_050_RECIBEMEMORIALES.pdf”, expediente digital, Samai.
15 Archivo “056ED_051_RECIBEMEMORIALES.pdf”, expediente digital, Samai.
16 Archivo “061ED_056_RECIBEMEMORIALES.pdf”, expediente digital, Samai.
17 Archivo “062ED_057ALDESPACHOPAR_PAS.pdf”, expediente digital, Samai.
18 Archivo “003ED_58_AUTOQUEREMITE_250.pdf”, expediente digital, Samai.
19 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. (sin las modificaciones

introducidas por la Ley 2080 de 2021) “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la
distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos: (…) 13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien
haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento
Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General
de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República,
magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del
Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades
del orden nacional.”

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promovidas, entre otros, contra los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional.

En ese orden, el a quo remitió el conocimiento del asunto a esta Corporación,
conservando validez toda la actuación.

5.2. Mediante auto del 24 de febrero de 202520, el Consejo de Estado avocó
conocimiento del presente asunto “en el estado en que se encuentra, esto es,
agotada la etapa de alegaciones, previa a proferir sentencia”.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)21 y el inciso 1° del
artículo 7 de la Ley 678 de 200122.

20 Archivo “127Autoqueavoca_71940pdf.pdf”, expediente digital, Samai.
21 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio

con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de
repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”
22 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá

de la acción de repetición.”

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En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437
de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda 23, en sus
artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos
de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de
doble instancia.

De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del
CPACA24 el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de
repetición que el Estado ejerce contra los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional.

En este sentido, atendiendo a la calidad de Gustavo Morales Cobo como
representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional, como lo es
la Supersalud25, se concluye que esta Corporación es competente para decidir de
fondo el presente proceso, en única instancia.

23 Por tratarse de una demanda promovida el 1 de marzo de 2018, esto es, con posterioridad al 2 de

julio de 2012, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en
el CPACA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la mencionada normatividad, a
cuyo tenor: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo
se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP),
en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar
que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se
gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento
en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
24 El artículo 149 del CPACA, sin la modificación contenida en el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021,

dispuso lo siguiente: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 13. De la
repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces,
Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación,
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la
Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de
los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior
Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional (se
destaca).
25 Decreto 1080 de 2021 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de

Salud. ARTÍCULO 1. Naturaleza. La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter
técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente.”

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Radicado: 11001032600020240013800 (71940)
Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

Respecto de Neyla González Romero, Chaid Franco, Beatriz Duque Morales y
Alfredo Enrique Villadiego Lora, quienes se alega ejercieron cargos en la
Supersalud, debe aclararse que, si bien ninguno ejerció la representación de la
misma, la Sala tiene competencia26-27 para pronunciarse sobre ellos a efectos de
que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda
corresponder a los demandados respecto de las condenas impuestas al ente
demandante, propósito que se cumple al atender el mandato del legislador,
conforme al cual “(…) si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será
competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía”28.

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 200129, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 30, el medio

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de junio de 2020, Rad.

46047: “Atendiendo a la calidad de la señora Gloria Lucía Álvarez Pinzón, quien para la época de
los hechos descritos en la demanda se desempeñó como representante legal de la CAR -entidad del
orden nacional-, dada su condición de Directora General, cabe concluir que a esta Corporación le
asiste competencia para decidir de fondo, en única instancia, el presente proceso de repetición.
Es importante aclarar que, si bien la señora Lilian Alexandra Hurtado Buitrago no ostentaba ningún
cargo de los que hace mención el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 , se conocerá
de la demanda de repetición formulada en su contra para efectos de que exista unidad de criterio en
el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder a las demandadas respecto de las
condenas impuestas al ente demandante, propósito que se cumple al atender el mandato del
legislador, conforme al cual “…si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será
competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía” .
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de noviembre de 2021, Rad.

64488: “En el caso que ocupa, el Despacho encuentra que es competente para conocer de la
pretensión incoada, como quiera que la misma se ejerce con ocasión de las actuaciones que realizó
uno de los demandados en calidad de director de la Corporación Autónoma Regional de Caldas-
Corpocaldas. En consecuencia, la competencia sobre este asunto recae en esta Corporación por la
calidad del demandado de mayor jerarquía y porque la entidad demandante, de la cual fue su
representante legal, es del orden nacional.” También ver Subsección B, sentencia del 11 de octubre
de 2021, Rad. 49153; Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, Rad. 50424 y Subsección B,
sentencia del 6 de junio de 2021, Rad. 45625.
28 Artículo 7, parágrafo 2º, de la Ley 678 de 2001: “Parágrafo 2º. Si la acción se intentara en contra

de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor
jerarquía.”
29 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter

patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte
del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”.
30 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al

disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.

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de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra
el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya
dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u
otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita
declarar Gustavo Morales Cobo, Neyla González Romero, Chaid Franco, Beatriz
Duque Morales y Alfredo Enrique Villadiego Lora patrimonialmente responsables del
pago de $643.329.134, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 24 de mayo de
2018.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la
demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal31.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general32, estableció unos plazos para poder ejercer

31 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción33, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al

declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
33 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos

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ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure34 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 35,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de
julio de 201236, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)37. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,

34 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
35 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
36 La demanda de repetición se presentó el 26 de abril de 2019.
37 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.

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empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código
General del Proceso (CGP)38, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 306 del primero de los estatutos mencionados39.

Ahora bien, en los eventos en los que la norma aplicable es el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del
numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de control
de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al del pago
de la condena o conciliación o, a más tardar, desde el día siguiente al del
vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago
correspondiente.40

Cabe recordar que el plazo para el pago será de 10 meses si el proceso en el que
se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del
CPACA41_42.

38 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP
entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la
norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el
respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto
de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
39 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto

del 21 de mayo de 2021, Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00070-00 (51260)B y 81001-
33-33-002-2014-00468-00 (acumulado): “De conformidad con lo anterior, para brindar seguridad
jurídica y que no se postergue la caducidad en el tiempo, el término de caducidad del medio de
control de repetición (...) inicia a partir del día siguiente de la fecha de pago o a más tardar del
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. Es decir que, el
inicio del conteo del término de caducidad se supedita a lo primero que suceda en el tiempo, (i) bien
sea el día siguiente en que la entidad realizó el pago dentro del plazo previsto, o (ii) en caso de que
la entidad no hubiera cumplido con el pago dentro del plazo legal, se iniciará la contabilización del
término al vencimiento de este.”
41 “Artículo 192. “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las Entidades Públicas.

Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30)
días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de
dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada […].”
42 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de marzo de 2018, Rad.: 59245. En el

mismo sentido, véase, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 6 de
diciembre de 2017, Rad.: 50192 y del 30 de agosto de 2018, Rad.: 55661.

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En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 24 de mayo de 201843, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las Resoluciones
No. 01169 y 002112 de 2013, quedó ejecutoriada el 30 de julio de 2018, según da
cuenta la constancia expedida por ese Tribunal44; ii) que según lo dicho en la
demanda, la Supersalud realizó el pago de la condena el 27 de diciembre de 201845;
iii) que el plazo de los 10 meses para cumplir la conciliación judicial se cumplió el
31 de mayo de 2019; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y v)
que la demanda se presentó el 26 de abril de 201946-47, esto es, dentro de los dos
años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla
de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis48.

4.1. La Supersalud49 se encuentra legitimada en la causa por activa, toda vez que
esta última entidad fue condenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante sentencia del 24 de mayo de 201850 al pago de prestaciones sociales y
demás emolumentos dejados de percibir por Luis Enrique Fernández Vega, desde

43 Pág. 281 a 332 del Archivo “PRUEBAS 2.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
44 Pág. 337 del Archivo “PRUEBAS 2.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
45 Archivo “PRUEBAS 3.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
46 Archivo “1 DEMANDA Y PODER”, expediente digital, Samai.
47 Archivo “5 REFORMA DEMANDA”, expediente digital, Samai.
48 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa

corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
49 Decreto 1080 de 2021 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de

Salud. ARTÍCULO 1. Naturaleza. La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter
técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente.”
50 Pág. 281 a 332 del Archivo “PRUEBAS 2.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.

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su desvinculación hasta su efectivo reintegro, en cuyo efecto afirma que pagó la
suma de $643.329.134.

4.2. Gustavo Morales Cobo, Neyla González Romero, Chaid Franco, Beatriz Duque
Morales y Alfredo Enrique Villadiego Lora están legitimados en la causa por pasiva,
pues según la demanda fueron los agentes estatales que con su conducta dolosa
y/o gravemente culposa causaron el daño por el cual la Supersalud fue condenada
a pagar una suma de dinero a Luis Enrique Fernández Vega.

De hecho, está demostrado con la certificación expedida por el Director de Talento
Humano de la Supersalud, que Gustavo Enrique Morales Cobo fue Superintendente
Nacional de Salud desde el 22 de octubre de 2012 hasta el 3 de noviembre de
201451; que Alfredo Enrique Villadiego Lora era para la fecha de los hechos, el
Director General para la Inspección y Vigilancia de los Administradores de Recursos
de Salud (E), y en tal calidad resolvió el recurso de reposición presentado por Luis
Enrique Fernández Vega contra “la evaluación de desempeño, correspondiente al
periodo de prueba (…)”52; que Chaid Franco era el Secretario General de la
Supersalud, pues en tal calidad expidió la Resolución No. 002247 de 2013, por
medio de la cual se le reconoció a Luis enrique Fernández Vega “el pago de
prestaciones de un ex funcionario público” 53; que Neyla González Romero era para
el 21 de diciembre de 2012, la Directora General de Calidad y de Prestación de
Servicio de Salud (E) de la Supersalud, y en tal calidad presentó un memorando al
área de talento humano sobre la “concertación de compromisos laborales y
comportamentales” acordado con Luis Enrique Fernández Vega54; y, que Beatriz
Duque Morales fue la funcionaria de la Supersalud que “elaboró, revisó y era la
responsable” del memorando No. 3-2013-007203 del 3 de mayo de 201355, por
medio del cual se corrigió la evaluación de desempeño de Luis Enrique Fernández
Vega. Adicionalmente, también fue la funcionaria de la Supersalud que envío al

51 Archivo “CERTIFICACION VINCULACION Y FUNCIONES.pdf” que se encuentra dentro del
archivo “PRUEBA No. 1” de la carpeta denominada “031ED_13_RECIBEMEMORIALES_.zip”,
expediente digital, Samai.
52 Págs. 177 a 204 del Archivo “PRUEBAS 1.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
53 Págs. 27 a 29 del Archivo “003PruebasAllegadasDemanda.pdf”, expediente digital, Samai.
54 Págs. 108 del Archivo “PRUEBAS 1.pdf” de la carpeta denominada
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
55 Pág. 171 a 172 del Archivo “093ED_26_RECIBEMEMORIALES_.pdf”, expediente digital, Samai.

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señor Fernández Vega las directrices56 para elaborar informes conforme los
compromisos adquiridos por este último.57

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el pago de la condena como presupuesto de
procedencia del medio de control de repetición se encuentra o no acreditado en el
asunto.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.

7. Régimen jurídico aplicable al caso

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la CN señala que “en el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”.

56 Pág. 110 del Archivo “093ED_26_RECIBEMEMORIALES_.pdf”, expediente digital, Samai.
57 A propósito de la prueba de la calidad de servidor o ex servidor público, la Subsección A de la

Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 29 de octubre de 2018 57, sostuvo: “En el
expediente reposa la copia auténtica de la Resolución No. 0-0335 del 16 de febrero de 2006, a través
de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Rodrigo de Jesús Monsalve Araque,
acto administrativo que fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que
condujo a que se condenara a la Fiscalía General de la Nación a pagar una suma de dinero, monto
por el cual dicha entidad presentó la demanda de repetición objeto de estudio. En lo que aquí
interesa, conviene señalar que dicha resolución fue suscrita por el ahora demandado, Mario Germán
Iguarán Arana, en su condición de Fiscal General de la Nación, razón por la cual el mencionado
señor, para ese entonces, ostentaba la calidad de agente estatal, cumpliéndose así este tercer
presupuesto.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2018, Rad.: 47932.).
También ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre
de 2022, rad: 62552: “si bien no reposa copia de la posesión de Rosalba Valero Sánchez como
Personera de Villavicencio o certificación que indique el tiempo durante el cual desempeñó dicho
cargo, lo cierto es que la calidad de la demandada como servidora o ex servidora pública para el
momento de los hechos está demostrada, pues se acreditó que en ejercicio del cargo (Personera de
Villavicencio) suscribió los oficios relacionados anteriormente y fue a quien Lilia Stella Sánchez
Rodríguez le solicitó no desvincularla de la entidad.”

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Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de
carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público,
así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar
al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto.

La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la
acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando
aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual
que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del
agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto
a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos
procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción
y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad,
oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y
determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con
fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso58.

Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en
contra de la Supersalud ocurrieron en el año 2013 (año en que se expidieron las
Resoluciones Nos. 001169 y 02112 que declararon y confirmaron, respectivamente,
la insubsistencia del cargo de Luis Enrique Fernández Vega)59, el régimen vigente
aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin
que para los efectos pueda tenerse en cuenta la modificación introducida por la Ley
2195 de 202260, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento
de los hechos.

58 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23

de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.
59 Págs. 55 a 59 del Archivo “093ED_26_RECIBEMEMORIALES_.pdf”, expediente digital, Samai.
60 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra

la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

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8. El caso concreto

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación61, para la procedencia del medio
de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación
reparatoria a cargo del Estado; ii) el pago de la obligación reparatoria; iii) que el
demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que
ejerza o haya ejercido funciones públicas; y iv) que la conducta dolosa y/o
gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se
condenó al Estado.

En este sentido, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos
para la procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración
de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no
será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende,
declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a
la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó.

8.1. La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante

El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que
formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma
de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia
debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza
judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto 62, tal
y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 200163.

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de

noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
62Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,

Rad.:56284.
63 “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra

del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente

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En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante
sentencia del 24 de mayo de 201864, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la nulidad -por falsa motivación- de las Resoluciones No. 01169 y 002112
de 2013, expedidas por la Supersalud y, en consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a favor de Luis Enrique Fernández Vega el
reintegro al mismo cargo a uno superior, el pago de las prestaciones sociales y
demás emolumentos laborales que esa entidad le adeudaba. Asimismo, que dicha
providencia quedó ejecutoriada el 30 de julio de 2018, según da cuenta la
constancia expedida por ese Tribunal65.

8.2. El pago de la obligación reparatoria

Como tercer elemento para que proceda la repetición, la entidad pública debe
acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por
una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier
otra forma de terminación de conflictos.

A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine la actora aportó las
siguientes pruebas:

8.3.1. Copia de la Resolución No. 010949 del 28 de noviembre de 201866, proferida
por Ginna Fernanda Rojas Puertas en calidad de secretaria general de la
Supersalud “por la cual se reconoce y ordena el pago de las diferencias salariales y
las prestacionales sociales y económicas, ordenada judicialmente a un funcionario
de la Superintendencia Nacional de Salud”, en la que se reconoció a favor de Luis
Enrique Fernández Vega, la suma de $328.584.510.

culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente
culposa, la reparación patrimonial”.
64 Pág. 281 a 332 del Archivo “PRUEBAS 2.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
65 Pág. 337 del Archivo “PRUEBAS 2.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
66 Págs. 128 a 132 del Archivo “003PruebasAllegadasDemanda.pdf”, expediente digital, Samai.

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

8.3.2. Documento con logo de Bancolombia que da cuenta que el 27 de diciembre
de 201867 se realizó un abono a la cuenta ahorros de Davivienda No.
0570008970234111 a nombre de “Luis Enrique Ferna” por la suma de $293.030.086
cuyo estado es “por aplicar en entidad de ach”. De ello da cuenta el referido
comprobante el cual no está firmado, de hecho, el contenido del referido documento
es el siguiente:

8.3.3. Copia del documento de fecha 25 de enero de 201968, denominado SIIF
Nación “orden de pago presupuestal de gastos – Comprobante”, que da cuenta que
el 26 de diciembre de 2018 se expidió la “orden de pago presupuestal No.
420601418” por un “valor bruto de 430.110.086. Valor deducciones. 137.080.000.
Valor neto. 293.030.086” y que el tercero de dicha orden de pago es Luis Enrique
Fernández Vega. No obstante, dicho documento no está firmado, de hecho, su
contenido es el siguiente:

67 Archivo “PRUEBAS 3.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.
68 Archivo “PRUEBAS 3.pdf” que se encuentra dentro del archivo
“015ED_5REFORMADEMANDAzip.zip”, expediente digital, Samai.

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

Ahora bien, es menester poner de presente que el artículo 142 de la Ley 1437 de
2011, dispone que “(…) cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el
certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en
el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el
proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”.

Lo anterior no significa que se establezca una tarifa legal para acreditar el pago de
la condena, pues en los procesos de repetición el pago efectivo de la obligación
reparatoria por parte de la entidad demandante puede acreditarse a través de

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cualquier medio de prueba, en tanto permita concluir que la obligación ha sido
efectivamente satisfecha.

Ahora bien, de conformidad con las pruebas anteriormente expuestas, se evidencia
que no se acreditó que la Supersalud pagó la suma reconocida en virtud de la
sentencia del 24 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En efecto, se tiene que la Resolución No. 010949 del 28 de noviembre de 2018
(prueba 8.3.1), no acredita el pago de la obligación reparatoria, pues se limita a
ordenar el reconocimiento y pago a favor de Luis Enrique Fernández Vega de la
suma de $328.584.510, sin que de su contenido pueda inferirse que dicho pago se
hubiere realizado efectivamente.

Por otro lado, al analizar el documento con membrete de Bancolombia (prueba
8.3.2) se advierte que el estado de la transacción allí realizada es “por aplicar en
entidad de ach”, es decir, se desconoce si el abono realmente fue recibido, pues
bien pudo acontecer que la transacción fuera rechazada o devuelta. En otras
palabras, dicho documento no demuestra en grado de certeza que el abono
realizado a la cuenta del señor Luis Enrique Fernández fuera recibido de forma
satisfactoria y que el estado de la transacción reflejara el “pago”.

En ese orden, al efectuar el análisis sobre el documento de fecha 25 de enero de
2019, denominado SIIF Nación “orden de pago presupuestal de gastos –
Comprobante” (prueba 8.3.3), se observa que no contiene datos de los que se
pueda inferir que la entidad pública realizó el pago, pues dicho documento: i) no
está suscrito por un funcionario público [v.gr pagador, tesorero u otro servidor
público] y ii) no registra aceptación por parte del beneficiario.

Así, comoquiera que la norma mencionada exige “el certificado del pagador,
tesorero, o servidor público que cumpla tales funciones en la cual conste que la
entidad realizó el pago”, para que el documento mediante el cual se pretende probar
la realización del aludido pago debe ofrecer a lo menos certeza de que quien
suscribe el certificado es el pagador, tesorero o un funcionario público de la entidad

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pagadora y que este funcionario tiene asignadas, en las normas que rigen la
entidad, las funciones que lo habilitan para pagar, lo que impide que un documento
apócrifo, carente de certeza de su autoría, pueda servir para acreditar el pago que
se pretende repetir, como tampoco podría servir un documento suscrito por una
persona que no acredite poseer las funciones de pagar o de emitir tales
certificaciones en la medida en que ambas circunstancias deben cumplirse.

Es que la importancia de tal certificación es medular en el proceso de repetición, en
la medida en que tal documento es una declaración de conformidad con la realidad
institucional, emitida por funcionario público, en tanto acredita hechos, situaciones
o actos que ocurren en la entidad en la que el funcionario presta sus funciones, de
donde las certificaciones apócrifas o suscritas por funcionario incompetente, en la
medida en que no sirven para acreditar el hecho del pago que se pretende probar e
impide a la entidad recuperar lo pagado por causa de una sentencia o conciliación
fruto de una actuación dolosa o gravemente culposa de quien ejercía o ejerce
funciones públicas causantes de tal erogación, implica a su vez el incumplimiento
de los deberes funcionales de quien debió suscribir el documento acreditativo del
pago o de quien no teniendo la función de pagar o certificar lo emite.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante,
a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de
los elementos estructurales del medio de control de repetición.

Así las cosas, se reitera, que al tratarse de una demanda de repetición, la carga
de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los
requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del
Estado; el pago de la obligación reparatoria; la calidad de servidor o ex servidor
público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado y
que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño

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antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub
examine.

Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello
auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente
concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera
buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las
partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para
suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico
procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la
debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan
a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.

En el presente expediente se encuentra tal desinterés de la parte demandante de
ofrecer al plenario la ilustración probatoria de las afirmaciones de la demanda, que
se impide al juez de instancia completar el material probatorio en la medida en que
no se trata en este caso de llenar vacíos probatorios, de lograr compensar aspectos
que permanecieron oscuros por ausencia de alguna prueba o de superar alguna
condición o situación de la parte que propone la litis, sino de una ausencia probatoria
más profunda que implica dejar sin fundamento alguno la proposición judicial
contenida en la demanda. De suplirse tal desidia en la iniciativa probatoria se
rompería el aludido equilibrio procesal que propugna la Sala.

Por último, debe advertirse que la decisión que aquí se adopta no es ajena a la
posición de la Subsección C69, pues en un caso de similares características al que
aquí se discute, se determinó que el pago de la condena no se había demostrado,
de hecho, en esa oportunidad el fundamento de la negativa de las pretensiones fue
el siguiente:

“(…) Sin embargo, se tiene que las pruebas aportadas al presente proceso no dan
cuenta que la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta pagó la
condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 30 de
junio de 2015, pues solo acreditan pagos que habrían de realizarse en el futuro.

69 Esta postura no es ajena a la Sala, pues en casos análogos ha adoptado igual criterio. Cfr. Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2021, Rad: 65917.

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En efecto, al analizar la prueba denominada “comprobante de egreso No. 23679”,
se observa que no contiene datos de los que se pueda inferir que la entidad pública
realizó el pago, pues dicho documento: i) no está suscrito por un funcionario público
[v.gr pagador, tesorero u otro servidor público]; ii) no registra información de la
entidad o dependencia que realiza la transacción; iii) no registra aceptación por
parte del beneficiario y; vi) expresamente dice que las sumas de dinero “serán
giradas al Dr. Emilio Rivera Jaimes, apoderado judicial”, lo que de suyo comporta
un hecho futuro del que se desconoce su concreción. Lo mismo ocurre con la
Resolución No. 968 del 24 de junio de 2016, mediante la cual la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta resuelve dar “cumplimiento a las sentencias
judiciales proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Cúcuta del día 11 de septiembre de 2013, modificada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander (…) dentro del proceso de reparación directa
(…) impetrado por Inés Cobaría y otros” (hecho probado 8.3.1), pues del contenido
de aquella solo se deduce que existe una obligación por cumplir pero no que se
encuentra satisfecha.”

En suma, al evidenciar que la parte demandante no probó uno de los elementos
para la procedencia del medio de control de repetición, como lo es el pago de la
condena, se denegarán las pretensiones de la demanda.

9. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

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4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas a la parte demandante, debido a que
fue la parte vencida en el proceso y su liquidación se hará de manera concentrada
por la secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en los términos del
artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto
por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación
las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en procesos de única instancia, de conformidad con lo
establecido en los numerales 370 y 471 del artículo 366 del Código General del
Proceso, en concordancia con el artículo 5, numeral 1.1. del Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para el momento de la presentación de la
demanda72, según el cual tratándose de procesos declarativos que se surten en
única instancia la tarifa de agencias en derecho será de hasta el quince por ciento
(15%) de las pretensiones.

En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el cinco por
ciento (5%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y
cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte
vencedora73. Como las pretensiones se estimaron en $643.329.134 la parte

70 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos

judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de
los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas,
el juez los regulará
71 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
72 La demanda se presentó el 26 de abril de 2019.
73 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

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Demandante: Superintendencia Nacional de Salud

demandante (Supersalud) pagará la suma de $32.166.456, en partes iguales entre
Alfredo Enrique Villadiego Lora, Neyla González Romero, Beatriz Duque Morales y
Gustavo Morales Cobo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8
del Código General del Proceso.

Fijar por concepto de agencias en derecho en única instancia la suma equivalente
a $32.166.456, a favor de la parte demandada, la cual se pagará en partes iguales
entre Alfredo Enrique Villadiego Lora, Neyla González Romero, Beatriz Duque
Morales y Gustavo Morales Cobo.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas
las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF

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