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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00142-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00142-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y otros contra la 14 Radicación: 11001-03-26-000-2024-00142-00 (71958) Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y otros sentencia de 28 de septiembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2016-00386-00-01/02, en atención a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho, a favor de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada una. Por Secretaría de la Sección Tercera, liquídense los gastos procesales. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00142-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00142-00 (71958)

Demandante: JHONNY ALFREDO PEÑALOZA MOSQUERA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

SENTENCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Jhonny
Alfredo Peñaloza Mosquera y otros contra la sentencia de 28 de septiembre de 2023,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

A. El proceso ordinario

1. El 21 de junio de 2016, los señores Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera,
María Romelia Mosquera, Sabino Aureliano Peñaloza, Marleny Sevillano Perlaza,
Camilo Alexander Mosquera Mosquera, Huber Daniel Peñaloza Vivero, María
Agripina Vivero, Martha Lucía Mosquera Vivero, Alicia Mosquera Vivero, María
Consuelo Mosquera Vivero, Hugo Fernando Mosquera Vivero, Luis Felipe
Mosquera Vivero y Carlos Andrés Mena Mosquera interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación-Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación,
con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de los daños
producidos a raíz de la privación injusta de la libertad que se impuso al señor

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00142-00 (71958)
Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera, desde el 10 de enero de 2012 hasta el 30 de
agosto de 2014. Al proceso le correspondió el radicado 11001-33-43-059-2016-
00386-00-01/02.

2. En sentencia de 22 de agosto de 2022, el Juzgado 59 Administrativo de
Bogotá negó parcialmente las pretensiones de la demanda. Se apoyó en las
sentencias de unificación de 17 de octubre de 2013 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, sobre la
responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad y determinó que el
caso debía analizarse bajo el título subjetivo de responsabilidad de falla del servicio.
Concluyó que la privación alegada no revestía el carácter de injusta, toda vez que
no se acreditó una actuación abiertamente desproporcionada ni la violatoria del
procedimiento legal, porque la medida de aseguramiento era procedente, según los
artículos 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con los
artículos 239, 240, 241 y 365 del Código Penal, que tipifican los delitos1 que fueron
objeto de la investigación. Agregó que una denuncia presentada por una persona
dio lugar a la investigación penal, la cual se corroboró con la versión de un patrullero
que participó en la captura luego de que se hubiera cometido el hurto; además, en
el proceso no se demostró que la medida impuesta hubiera sido desproporcionada,
irrazonable o arbitraria.

3. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Indicó que en el proceso penal no se probó que las medidas no privativas
de la libertad fueran insuficientes para garantizar el debido ejercicio de la justicia,
como señala en el parágrafo 2º del artículo 307 y en el artículo 308 de la Ley 906
de 2004. Explicó que no se construyó la inferencia razonable que exige el
ordenamiento penal para la imposición de la medida de aseguramiento, por cuanto
la Fiscalía no contaba con elementos demostrativos ni argumentativos para
validarla, en especial, frente al delito de porte ilegal de armas, que no contaba con
ningún medio de prueba y, en cuanto al hurto, porque no se identificó el objeto del
supuesto ilícito. Agregó que la Fiscalía no sustentó ni demostró por qué el
investigado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, en tanto no
obraban indicios, lo que constata el error en el que incurrieron las entidades
demandadas. Puso de presente que la Fiscalía continuó con la imposición de la

1
Hurto, hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, así como las
circunstancias de agravación punitiva.

2

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Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

medida a pesar de que solicitó la preclusión de la investigación, además, la decisión
de segunda instancia no guarda relación con la imputación, pues se refirió a un
supuesto fleteo.

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
profirió sentencia de segunda instancia, el 28 de septiembre de 2023, a través de
la cual confirmó la decisión impugnada. Estimó que la absolución del demandante
en el proceso penal no configuraba la responsabilidad del Estado, por cuanto la
medida de aseguramiento fue razonable, dado que existían indicios suficientes para
inferir que podía ser autor de los delitos investigados, en la medida en la que fue
capturado por la Policía Nacional durante una persecución y conducido a un CAI,
donde fue identificado por la víctima del punible.

5. Señaló que se cumplieron los requisitos para la procedencia de la medida de
aseguramiento, a la luz de lo dispuesto en el artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal, puesto que era posible inferir que el capturado había
cometido el hecho investigado, además, que podía constituir un peligro para la
comunidad, por el número y la naturaleza de los delitos investigados -hurto
calificado y agravado y porte ilegal de armas-, según el artículo 310 de esa misma
legislación, punibles que tenían una pena mínima de 4 años, lo que hacía
procedente la medida intramural.

6. Por último, precisó que aunque la sentencia resultó absolutoria, ello no
implicaba que la medida impuesta hubiera carecido de fundamento; por el contrario,
se pudo demostrar que se basó en los elementos probatorios recaudados que
permitían inferir su posible participación en los ilícitos.

B. El recurso extraordinario de revisión

7. El 2 de octubre de 2024, los señores Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera,
María Romelia Mosquera, Sabino Aureliano Peñaloza, Marleny Sevillano Perlaza,
Camilo Alexander Mosquera Mosquera, Huber Daniel Peñaloza Vivero, María
Agripina Vivero, Martha Lucía Mosquera Vivero, Alicia Mosquera Vivero, María
Consuelo Mosquera Vivero, Hugo Fernando Mosquera Vivero, Luis Felipe
Mosquera Vivero y Carlos Andrés Mena Mosquera instauraron recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023,

3

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Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-
2016-00386-02. Elevaron la siguiente pretensión:

Solicito a los honorables consejeros que conforman la sala de decisión que
revisen la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso de la referencia y en
consecuencia declaren nula la decisión. Para que la corporación demandada
pueda rehacer el fallo teniendo en consideración el problema jurídico planteado
como fundamental en este recurso extraordinario o reemplazándolo por un fallo
que atienda favorablemente las pretensiones de la demanda que inició el
proceso ordinario contencioso administrativo.

8. Invocaron la causal quinta de revisión que contempla la siguiente hipótesis:
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

9. Como sustento, señalaron que el Tribunal no se pronunció «sobre el
problema jurídico que significa si la parte demandada tomó una decisión
abiertamente ilegal al omitir los requisitos que le exigen los artículos 308 y 307
parágrafo 2º para tomar la decisión de imponer o no medida de aseguramiento».

10. Con lo anterior, en su criterio, la sentencia faltó al principio de congruencia y
resulta carente de motivación, «por la ausencia de decisión sobre un problema
jurídico fundamental para la resolución del caso», consistente en la falta de
requisitos legales para imponer y mantener la medida de aseguramiento.
Manifestaron que dicha omisión vulneró su derecho al debido proceso «en
particular el derecho a que las decisiones judiciales sean motivadas, tornándose
así la decisión en nula».

C. Trámite impartido

11. En proveído de 12 de mayo de 2025 se inadmitió la demanda para que la
parte demandante indicará de forma precisa y razonada la causal de revisión que
planteaba (índice 4 SAMAI).

12. Cumplido el requerimiento (índice 8 SAMAI), mediante auto de 7 de julio de
2025 se admitió la demanda. En la misma decisión se ordenó requerir al juzgado
de primera instancia para que aportara copia digital del proceso de reparación

4

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Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

directa con radicado 11001-33-43-059-2016-00386-00/01/02 (índice 10 SAMAI).
Las notificaciones se efectuaron en debida forma (índice 15 SAMAI).

13. El 29 de julio de 2025, el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá allegó el
enlace para acceder al proceso ordinario (índice 21 SAMAI).

14. Durante el término de traslado se pronunció la Fiscalía General de la Nación.
Indicó que la intención de la parte demandante es convertir el recurso extraordinario
de revisión en una tercera instancia para revivir el debate de la responsabilidad
estatal que se surtió en el proceso de reparación directa, lo que resulta
improcedente; recordó que este mecanismo tampoco es el indicado para debatir la
comprensión jurídica del juez natural, por lo que solicitó desestimar el recurso
(índice 22 SAMAI).

15. La Rama Judicial también intervino en el proceso para solicitar que se niegue
el recurso. Consideró que la sustentación de la demanda no encuadra en la causal
quinta de revisión, en tanto le correspondía a los demandantes aportar en el
proceso ordinario los elementos probatorios necesarios para acreditar su defensa.
Agregó que la decisión cuestionada tuvo soporte legal, probatorio y jurisprudencial,
y puntualizó en que la finalidad del recurso extraordinario de revisión no es
controvertir la decisión del juez natural ni corregir los errores de apreciación de los
hechos y/o de las pruebas en que hubiera podido incurrir, pues eso equivaldría a
convertir este mecanismo judicial en un juicio de legalidad (índice 23 SAMAI).

16. El Ministerio Público no se pronunció.

17. Se prescindió de la etapa probatoria toda vez que las partes no elevaron
solicitudes dirigidas a acreditar o desestimar la causal de revisión propuesta. En la
demanda y en los escritos de contestación se solicitó tener en cuenta el expediente
del proceso ordinario, el cual, aunque no constituye prueba en estricto sentido, sí
resulta necesario para adoptar decisión de fondo y obra en el plenario.

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Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

III. CONSIDERACIONES

D. Competencia

18. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 28 de septiembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de lo dispuesto en el artículo
249 del CPACA2, de conformidad con la distribución de negocios al interior del
Consejo de Estado que prevé el artículo 133 del Acuerdo No. 80 de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

E. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario

19. De acuerdo con el primer inciso del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es
de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada.

20. En el presente asunto, se cuestiona la sentencia de 28 de septiembre de 2023,
la cual se notificó por medios electrónicos el 5 de octubre de 2023, de modo que
quedó ejecutoriada el 12 de octubre siguiente, conforme a lo dispuesto en los

2
Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos».
3
Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones.
“Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo
se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
(…)
Sección Tercera:
(…)
10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los
tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”.

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Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

artículos 2054 y 3025 del CGP, por lo que el plazo para instaurar la demanda vencía
el 13 de octubre de 2024.

21. Como el recurso extraordinario de revisión se radicó el 2 de octubre de 2024
se concluye que fue oportuno.

F. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

22. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

23. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por
resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva
decisión, ajustada a la ley.

24. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, y tampoco comporta una oportunidad para subsanar las
falencias en las que se hubiere podido incurrir en el proceso ordinario 6. Su estudio
se restringe a las causales taxativamente establecidas por el legislador; por
consiguiente, no puede ser empleado como una tercera instancia para reabrir el
debate probatorio o interpretativo.

25. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con
precisión cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación

4
Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. «La notificación electrónica de las providencias
se someterá a las siguientes reglas: (…)
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. (…)».
5
Artículo 302. Ejecutoria. «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. (…)
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
6
Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.

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Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en
orden a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio
alegado7.

G. Caso concreto

26. El recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar, por las
razones que pasan a exponerse.

27. Los demandantes señalaron que la sentencia examinada se encuentra
incursa en nulidad, por cuanto no resolvió uno de los cuestionamientos centrales
de la demanda y del recurso de apelación, consistente en la ilegalidad de la medida
de aseguramiento impuesta al señor Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera por el
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 307, parágrafo 2º y 308 del Código
de Procedimiento Penal. En su criterio, esa omisión torna la decisión en
incongruente y carente de motivación.

28. Esta Corporación ha considerado que la causal quinta de revisión tiene
cabida cuando se configura al menos una de las causales de nulidad procesal
establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso. También se ha
admitido que la violación del derecho al debido proceso estatuido en el artículo 29
de la Constitución Política8 puede dar lugar a la nulidad de la sentencia, sólo en los
específicos casos que ha identificado esta Corporación.

29. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de
votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra,

7
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-
00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad.
2014-01303-00(REV).
En el mismo sentido, consultar Corte Constitucional, sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-
739 de 2001.

8

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otros

ultra o infra petita.

30. El principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 281 del
Código General del Proceso. Su finalidad es delimitar el contenido de las decisiones
judiciales para que se profieran de acuerdo con los argumentos y alcance de las
peticiones y excepciones formuladas por las partes, de modo que exista identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente aducidas,
salvo que la ley otorgue facultades o competencias oficiosas al juzgador.

31. Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte
motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la
decisión contenida en la parte resolutiva de la providencia se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda, en su contestación o en el recurso
interpuesto. Se ha indicado, así, que:

El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma que
se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del
juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto
interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre
el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los
artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con el 305
del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos en
que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con
el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse, además, que
conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda...’. La
congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir
entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas,
probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión
plasmada en la parte resolutiva de la sentencia9.

32. La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal,
para precisar lo siguiente:

[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente, es su
obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis de
fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente, el juez tiene a su cargo
el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por cuanto,
su decisión, de ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de
2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección
Segunda– Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.

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otros

funcionario considera que pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron
establecer en el curso de la actuación procesal10.

33. En cuanto a la la ausencia de motivación, como causal de nulidad originada
en la sentencia, la jurisprudencia ha indicado que ésta se configura en los eventos
de carencia absoluta de pronunciamiento sobre las razones de hecho o de derecho
que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se sustenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas.

34. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 20 de octubre
de 201411, expuso, al respecto, lo siguiente:

La Corte Suprema de justicia en algunas decisiones y tal como se expuso en
líneas anteriores referentes a la jurisprudencia de esta Corporación, ha
considerado que la falta de motivación de la sentencia constituye una causal
de nulidad de la misma, pero dicha falta de motivación requiere:

“(…) que aquella sea total o radical. Por mejor decirlo, es posible que en
un caso dado a los razonamientos del juzgador les quepa el calificativo
de escasos o incompletos, sin que por tal razón sea dable concluir que la
sentencia adolece de carencia de motivación (…)”12.

Pese a lo anterior, en posterior decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil13 (recurso extraordinario de revisión), consideró que la
motivación debe ser precisa, completa, adecuada y debe tener conexidad con
la decisión adoptada y, de otro lado, de aceptarse que cualquier consideración
incorporada en la sentencia tenga el alcance de colmar la exigencia de
motivación, así sea ésta escueta o parca, pero al fin y al cabo motivación, sería
bastante difícil encontrar una sentencia huérfana de argumentos cuya validez
pudiese ser enjuiciada14. Adicionalmente, dicha sentencia sostuvo que la falta
de motivación de la sentencia constituía un defecto generador de nulidad de la
providencia.

(…)

Y es que motivar la sentencia implica que se justifique la decisión conforme a
la ley existente para el momento de los hechos objeto de debate, por cuanto no
es de recibo que el juez, argumente o sustente su fallo empleando normas
inexistentes, o incluso normas que estando en plena vigencia no sean
aplicables al caso, sobre todo cuando se encuentran de por medio aspectos
sustanciales y no procesales.

10
Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la
sentencia T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rad. 2003-00944-01(34612), M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa; posición reiterada por la Subsección A de la misma Sección, en
sentencia de 1° de agosto de 2016, rad. 2003-00942-02(34664), M.P. Hernán Andrade Rincón.
12
“Corte Suprema de Justicia de 29 de abril de 1988. Inversiones inmobiliarios Movifoto Ltda., contra
Banco de Comercio”.
13
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 2008,
expediente: 1100-0203-000-2004-00729-01. Recurso de revisión. M.P Edgardo Villamil Portilla”.
14
“SANABRIA SANTOS, Henry. Nulidades en el proceso civil. Universidad Externado de Colombia.
Segunda edición. Abril de 2011. Página 145 y 146”.

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Demandantes: Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y
otros

35. De acuerdo con lo anterior, la sentencia de segunda instancia sí puede
adolecer de nulidad cuando carece de coherencia externa y/o interna, o cuando
omite resolver los aspectos inherentes a la impugnación. No obstante, ninguno de
esos supuestos se presentó en el caso concreto.

36. Es verdad que en el proceso ordinario, tanto en la demanda como en el
recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, los accionantes
manifestaron que las entidades demandadas desconocieron lo dispuesto en los
artículos 307, parágrafo 2º15 y 30816 del Código de Procedimiento Penal al solicitar
e imponer la medida de aseguramiento.

37. Sobre ese reproche, es preciso tener en cuenta que el parágrafo 2º del
artículo 307 no estaba en vigor para cuando se impuso y se revocó la medida de
aseguramiento17, toda vez que esa disposición fue adicionada por el artículo 1º18 de
la Ley 1760 de 2015 y modificada por el artículo 1º de la Ley 1786 de 2016, de
suerte que sólo hasta el 1º de julio de 2016 entró en vigencia.

38. En todo caso, la controversia relacionada con la falta de requisitos para la
imposición de la medida de aseguramiento fue absuelta por el Tribunal

15
Artículo 307. Medidas de aseguramiento. «Son medidas de aseguramiento:
(…)
Parágrafo 2º. Adicionado por la Ley 1760 de 2015 y modificado por la Ley 1786 de 2016. Las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita
pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan
insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento».
16
Artículo 308. Requisitos. «El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la
Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos
legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya
el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
Parágrafo 1º. Adicionado por el artículo 2 de la Ley 1760 de 2015. La calificación jurídica provisional
contra el procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la
justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el
imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El Juez de Control de
Garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para
decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta
punible que se investiga».
17
La medida de aseguramiento permaneció vigente desde el 10 de enero de 2012 hasta el 30 de
agosto de 2014.
18
Esta disposición entraría a regir el 6 de julio de 2016; sin embargo, fue modificada con antelación
por el artículo 1º de la Ley 1786 de 2016, el cual está vigente desde el 1º de julio de 2016.

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otros

Administrativo de Cundinamarca, cuando analizó la razonabilidad de esa medida:

23. En el caso, se considera que la medida de aseguramiento dictada en contra
del señor Jhony Alfredo Peñaloza Mosquera fue razonable: al inicio del proceso
penal había indicios suficientes para inferir que él podía ser autor o partícipe
del delito investigado, dado que fue capturado por la policía y conducido al CAI,
donde fue identificado por la víctima como uno de los responsables del hurto.

25. De ahí que no se comparta el argumento del apelante, cuando indicó que
la imposición de la medida restrictiva de la libertad no cumplió con los requisitos
para su procedencia. Como quedó dicho, la captura del demandante y su
posterior identificación por parte de la víctima, justificaba aplicar el artículo 308
del Código de Procedimiento Penal19, pues era posible inferir que había
cometido el hecho investigado.

26. Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 310 del Código de
Procedimiento Penal20, vigente para el momento de los hechos, resultaba
razonable inferir que el demandante podía constituir un peligro para la
comunidad, dado el número y la naturaleza de delitos investigados.

27. Igualmente, los delitos imputados – hurto calificado y agravado y porte ilegal
de armas - tienen una pena mínima de más 4 años de prisión, por lo que la
medida de reclusión intramural también procedía21

39. Como se observa, el ad-quem estimó que la medida de detención en
establecimiento carcelario fue razonable, porque se soportó en indicios sobre la
comisión del hecho investigado y su autoría -la captura producida durante una
persecución policial y el reconocimiento del autor del delito por parte de la víctima,
y para los operadores de la justicia era dable entender que el imputado constituía
un peligro para la sociedad, lo que habilitaba su imposición, a la luz de lo dispuesto
en los artículos 308, 310 y 313 del Código de Procedimiento Penal 22, en su

19
«L. 906/2004, art. 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General
de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos
legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos
(…). Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima».
20
«L. 906/2004, art. 310 – antes de la modificación introducida por la Ley 1760 de 2015 - Para
estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad será suficiente
la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la
detención preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente
alguna de las siguientes circunstancias: El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de
los mismos».
21
«L. 906/2004, art. 313. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos
señalados en el artículo procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los
siguientes casos: (…) En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista
por la ley sea o exceda de cuatro (4) años».
22
El artículo 308 disponía que podía imponerse medida de aseguramiento cuando hubiera evidencia
razonable de la autoría del investigado en la comisión del delito, siempre que el imputado
constituyera un peligro para la sociedad, para lo cual resultaba suficiente la gravedad y modalidad
de la conducta punible, conforme al artículo 310. Además, por la pena concebida para los delitos
investigados era viable la detención preventiva en establecimiento carcelario, en virtud de lo
establecido en el artículo 313.

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redacción vigente para el momento de los hechos.

40. Lo expuesto resulta suficiente para sostener que la sentencia revisada se
encuentra debidamente motivada y no omitió pronunciarse sobre los aspectos de
disenso plasmados en el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia
de primera instancia, en tanto, se ocupó de analizar el cumplimiento de los
requisitos legales para la imposición de la medida de aseguramiento, para el
momento de los hechos, y con base en ello sustentó la inexistencia de una falla del
servicio imputable a las entidades accionadas.

41. El debate que proponen los recurrentes, con el que pretenden el estudio del
caso a la luz de normas legales posteriores para suscitar un nuevo análisis
probatorio y jurídico del asunto resuelto en el proceso de reparación directa resulta,
a todas luces, improcedente en el marco del recurso extraordinario de revisión, en
el que está vedado «discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada
relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que
dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna23; no resulta acertado plantear
cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una apreciación
errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en
que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma
jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal 24.

42. Aceptar lo contrario, llevaría a convertir este mecanismo judicial, de por sí
excepcional, en una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o la
discusión jurídica que fue zanjada en el proceso ordinario, con miras a establecer
una nueva postura frente al caso que ya fue resuelto por el juez natural y que
culminó con decisión amparada por el efecto de cosa juzgada.

43. Por las razones expuestas, se declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906,
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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H. Condena en costas

44. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente».

45. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.

46. En el caso concreto, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación
contestaron la demanda y expusieron argumentos dirigidos a que se declarara
infundado el recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, se impondrá, en
su favor, agencias en derecho.

47. Para establecer el monto de las agencias en derecho, la Sala se remite a lo
establecido en el artículo 5º, numeral 9º, del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto
de 2016, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
que dispuso la tarifa de agencias en derecho para los recursos extraordinarios, en
cuantía de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

48. Atendiendo a la naturaleza del proceso y la gestión desarrollada por los
profesionales del derecho que ejercieron la representación legal de las entidades
demandadas, se tasará a su favor, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta
providencia, para cada una.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Jhonny Alfredo Peñaloza Mosquera y otros contra la

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sentencia de 28 de septiembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de reparación
directa con radicado 11001-33-43-059-2016-00386-00-01/02, en atención a las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de
agencias en derecho, a favor de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, para cada una.

Por Secretaría de la Sección Tercera, liquídense los gastos procesales.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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