Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00164-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00164-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00164-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
19 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00164-00 (72211)
Recurrentes: Dayanis Ramírez Valencia y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00164-00 (72211)
Recurrentes: DAYANIS RAMÍREZ VALENCIA Y OTROS
Asunto: Causal 5ª del artículo 250 del CPACA ─ nulidad originada en la
sentencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de reparación directa
No. 18001-23-33-003-2015-00182-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Pastora Valencia Ramírez y su grupo familiar presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, solicitando la
reparación de los perjuicios causados por la muerte de los señores Jairo
Ramírez Cotacio y Arcenio Valencia Arias, y por el desplazamiento forzado del que
adujeron ser víctimas. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia de seis (6) de septiembre de dos
mil veintitrés (2023). Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó la
causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
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Recurrentes: Dayanis Ramírez Valencia y otros
II. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa No. 18001-23-
33-003-2015-00182-01.
1.1 El siete (7) de julio de dos mil quince (2015)1, Pastora Valencia Ramírez,
Dayanis Ramírez Valencia, Leidy Ramírez Valencia, Deybar Ramírez Valencia y
Cindy Ramírez Valencia (integrantes del primer grupo familiar), y Ciro Valencia Arias
y Elcira Ramírez de Valencia (miembros del segundo grupo familiar), de forma
conjunta y mediante apoderado judicial formularon demanda de reparación directa
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, la Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, solicitando la indemnización de los
perjuicios derivados de la muerte de los señores Jairo Ramírez Cotacio y Arsenio
Valencia Arias, y del desplazamiento forzado del que, según adujeron, fueron
víctimas.
Luego de plantear sendas consideraciones sobre lo que denominaron hechos
históricos de violencia sistemática en los departamentos del Caquetá y del Cauca,
reseñaron la situación fáctica relacionada con cada grupo familiar, así:
a. La señora Pastora Valencia Ramírez y su grupo familiar, conformado por su
compañero permanente Jairo Ramírez Cotacio y por sus hijos en común
Deybar, Leydy, Cindy y Dayanis Ramírez Valencia, residían en la vereda “Las
Delicias”, zona rural del municipio de Curillo (Caquetá), en donde eran
poseedores de los predios “El Porvenir”, “Las Delicias”, “Las Suizas” y “El
Playón”, en los cuales se dedicaban a actividades agrícolas y de pastoreo de
ganado y bestias.
Luego de recibir constantes amenazas por parte de grupos armados ilegales,
el ocho (8) de junio de dos mil dos (2002) les fueron hurtadas alrededor de
sesenta y cinco (65) reses, por lo cual presentaron una denuncia que no motivó
la adopción de medidas de protección. Señalaron que, debido a la persistencia
de las intimidaciones, el veintisiete (27) de agosto de dos mil dos (2002) se
vieron obligados a abandonar sus fincas y a venderlas a un precio
irrisoriamente bajo.
1 La fecha de radicación consta a folio 2 del PDF “01CuadernoPrincipal1.pdf”, archivo
“17ProcesoFiscoEsanaeado”, enlace obrante en el memorial “2
51_MemorialWeb_01RespuestaRequerimientoJ04AdmFLA(.pdf) NroActua 31”, índice 31 de SAMAI.
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Afirmaron que desde el año dos mil tres (2003) el señor Jairo Ramírez Cotacio
tuvo que desplazarse continuamente entre los departamentos del Caquetá y de
Cauca como consecuencia de las amenazas recibidas; finalmente, el primero
(1°) de abril de ese mismo año las FARC lo retuvo ilegalmente y estuvo
desaparecido por más de ocho (8) años, hasta que sus restos fueron
identificados en el municipio de Patia (Cauca).
b. Por su parte, en cuanto al segundo grupo familiar, indicaron que el señor
Arsenio Valencia Arias (QEPD), hermano del accionante Ciro Valencia Arias y
tío de la demandante Pastora Valencia Ramírez, se desempeñaba como
concejal del municipio de Puerto Rico (Caquetá) como militante del movimiento
político Unión Patriótica (UP), hasta que el nueve (9) de enero de mil
novecientos ochenta y ocho (1988) fue asesinado como parte del plan del
exterminio de los integrantes del citado movimiento.
Aseguraron que Ciro Valencia Arias fue objeto de constantes amenazas, razón
por la que él y su grupo familiar, conformado por su esposa Elcira Ramírez de
Valencia y sus hijos Pastora (accionante en el primer grupo familiar), Ismelda,
Cirley, Yaneth y Leonidas Valencia Ramírez, se desplazaron hasta la vereda
“La Cabaña” ubicada en el municipio de Piamonte (Cauca), hechos que fueron
puestos en conocimiento de la Personería Municipal de Popayán el siete (7) de
marzo de dos mil tres (2003).
En este contexto, los demandantes alegaron la falla en el servicio de las entidades
demandadas debido a que no protegieron la vida e integridad de los señores Jairo
Ramírez Cotacio y Arsenio Valencia Arias y en tanto omitieron adoptar las medidas
de protección necesarias para evitar el desplazamiento de los grupos familiares
accionantes, pese a las difíciles condiciones de orden público del departamento del
Caquetá y aunque era un hecho notorio la violencia sistemática que allí se ejercía
contra sus pobladores2.
1.2 El treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020) el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Florencia desestimó la excepción de falta de legitimación en la causa
2 Demanda a folios 1 a 46 del PDF “01CuadernoPrincipal1.pdf”, archivo “17ProcesoFiscoEsanaeado”
del índice 101 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Florencia, expediente 18001-23-33-003-
2015-00182-01.
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por pasiva que había sido propuesta por las entidades demandadas, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Como sustento de lo anterior, el juzgado precisó que mediante auto de once (11) de
abril de dos mil dieciséis (2016) se rechazó la demanda en relación con las
pretensiones planteadas por la muerte del señor Jairo Ramírez Cotacio, por haber
operado el fenómeno de la caducidad, limitando el debate a lo relacionado con el
desplazamiento forzado del que adujeron haber sido víctimas los demandantes3.
A continuación, desestimó la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, bajo la consideración de que las demandadas estaban facultadas para actuar
dentro de esta causa porque a ellas se les atribuía la alegada falla en el servicio.
Decantado lo anterior, el juzgado consideró que, si bien el daño alegado estaba
debidamente probado, no se demostró que éste fuera imputable a las entidades
accionadas, toda vez que no se probó que hubieren incumplido su deber de
protección o que los demandantes les hubieren informado sobre el riesgo que
sufrían, de ahí que no pudiera asegurarse que estas conocían la situación y que
omitieron adoptar las medidas respectivas. Además, indicó que tampoco se probó
que los demandantes hubieren intentado retornar y que no se hubieren prestado las
medidas de seguridad o protección para el efecto.
En consecuencia, consideró que no podía concluirse la existencia de una falla en el
servicio por omisión. Por lo demás, condenó en costas y agencias en derecho a la
parte demandante4.
1.3 Inconformes con esta decisión, los demandantes formularon recurso de
apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para lo cual,
en términos generales, insistieron en que sí se configuró una falla del servicio
imputable a las demandadas, debido a que ellas omitieron adoptar las medidas de
protección necesarias para prevenir un daño que no estaban obligados a soportar.
En concreto, sostuvieron que, en su providencia, el juez de primera instancia:
3 Es de advertir que solo hubo pronunciamiento expreso sobre la muerte del señor Jairo Ramírez
Cotacio y que, como se anotó, se precisó que solo se admitía lo relativo a la indemnización de
perjuicios derivada del desplazamiento forzado. Auto admisorio disponible a folios 226 a 230 del PDF
“01CuadernoPrincipal1.pdf”, archivo “17ProcesoFiscoEsanaeado”, índice ibidem.
4 Folios 3 a 25 del PDF “04Cuadernoprincipal3”, archivo “17ProcesoFiscoEsanaeado” del índice
ibidem.
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i) Desconoció el bloque de constitucionalidad aplicable al desplazamiento
forzado, que indica que el Estado es responsable por estos hechos;
ii) No analizó adecuadamente el daño antijurídico, en especial porque no
estudió si los demandantes tenían el deber de soportar ese daño;
iii) Ignoró que el Estado tiene la posición de garante frente a crímenes de lesa
humanidad y que las entidades demandadas sí tenían conocimiento de los
hechos, porque era notoria, generalizada y sistemática la violencia que se
vivía en el departamento del Caquetá, a pesar de lo cual dichas entidades
no efectuaron ninguna acción tendiente a garantizar los derechos de los
demandantes;
iv) No aplicó adecuadamente el título de imputación invocado, ya que las
demandadas no aportaron prueba, siquiera sumaria, del cumplimiento de
sus deberes, en tanto el a quo analizó la acción de las demandadas pese
a que lo que se alegó fue la omisión en el cumplimiento de los deberes;
v) Se apartó del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado
sobre responsabilidad por desplazamiento forzado y respecto de los
conceptos de contexto distal y proximal que adquieren relevancia
tratándose de estos asuntos;
vi) Profirió una decisión incongruente, porque en la demanda se alegó la falla
en el servicio que quedó debidamente probada; y
vii) Decidió imponer condena en costas, pese a que los accionantes no
actuaron con temeridad5.
1.4 Mediante sentencia de seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el
Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó la decisión denegatoria de
pretensiones.
Como sustento de su decisión, el ad quem precisó que el único aspecto apelado fue
el relacionado con la posibilidad de atribuir el daño alegado a las demandadas, a
título de falla en el servicio. En este sentido, señaló que, de acuerdo, con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando se alega la omisión en el cumplimiento
de los deberes se debe acreditar que las amenazas o situaciones que afectaban a
las partes fueron puestas en conocimiento de las autoridades de forma previa, pues
si bien existe un deber de protección por parte de las autoridades, ello “no implica la
omnipresencia de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional”.
5 Folios 31 a 58 del PDF citado.
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En este contexto y después de examinar el material probatorio, el Tribunal concluyó
que los demandantes no denunciaron las amenazas de las que adujeron ser víctimas
con anterioridad a los hechos que originaron el alegado desplazamiento, lo que
impidió activar las rutas y acciones respectivas, y que la denuncia presentada por el
hurto de las reses no llevaba a inferir un riesgo en ese sentido. Además, señaló que
las pruebas no permitían establecer las características de tiempo, modo y lugar en
que las que habría ocurrido el desplazamiento y que las afirmaciones efectuadas en
torno a este tema resultaban contradictorias.
Por lo demás, señaló que, aunque el hecho dañoso pudo haberse producido por
razones del conflicto armado, ello era insuficiente para endilgar responsabilidad a las
demandadas, pues las autoridades no conocían de las denuncias relacionadas sobre
tales hechos, en tanto no existían condiciones extraordinarias que los tornaran
previsibles. Así, consideró que, aunque el contexto puede ser utilizado como indicio,
resulta insuficiente, por sí solo, para la atribución de responsabilidad, razón por la
que la sentencia de primera instancia debía ser confirmada6.
2. El recurso extraordinario de revisión
El veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)7, a través de apoderado
judicial, Pastora Valencia Ramírez, Dayanis Ramírez Valencia, Leidy Ramírez
Valencia, Deybar Ramírez Valencia y Cindy Ramírez Valencia8 formularon recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de
dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Caquetá, alegando la
configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación”. Como sustento de lo anterior, se
plantearon los siguientes argumentos:
i. Falta de congruencia interna y externa del fallo
6 PDF “2_180012333003201500182011SENTENCIASEGUN20231026185203”, archivo ZIP
“5ED_EXPTRIBUN_EXPEDIENTEDIGITALzip(.zip) NroActua 2”, índice 2 de SAMAI.
7 PDF “2ED_COMUNICACI_RVNOTIFICACIONRECURS”, índice 2 SAMAI.
8 Aunque en el líbelo inicial se incluyeron los señores Ciro Valencia Arias y Elcira Ramírez de Valencia
como recurrentes, en el escrito de subsanación se reconoció que estas personas fallecieron antes de
la presentación del recurso, de manera que esta herramienta extraordinaria no fue admitida frente a
ellos (auto de 21 de mayo de 2025, índice 11 de SAMAI).
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Los recurrentes sostienen que la sentencia incurrió en una “FALTA DE
CONGRUENCIA EN LO PEDIDO, LO PROBADO, LO ALEGADO Y LA RATIO
DECIDENDI Y EL DECISUM” (mayúsculas en original), por cuanto, a su juicio, las
condiciones de la demanda, lo planteado en el curso del proceso y el hecho de
alegarse una violación a los derechos humanos les imponía a las autoridades
judiciales acceder a las pretensiones planteadas. En este sentido, aseguraron que:
• El asunto debió resolverse atendiendo la “Constitución Política, la
jurisprudencia nacional e internacional, las convenciones y tratados
internacionales ratificados por Colombia”, las normas sobre derechos
humanos de las víctimas y el precedente jurisprudencial contenido en las
sentencias de la Corte Constitucional ─no precisa cuáles─ que ha
determinado que los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia
que hacen parte del bloque de constitucionalidad, son garantías que deben
ser aplicadas por las autoridades judiciales;
• No se resolvieron adecuadamente los argumentos del recurso de apelación,
pues se “exculpa la responsabilidad del Estado, al señalar que los recursos y
presencia de las entidades demandadas resultan limitadas”;
• Las autoridades judiciales aplicaron un régimen de responsabilidad diferente
al invocado, “implicando (sic) el quebrantamiento del debido proceso entre las
partes, pues no atendieron los parámetros señalados por la jurisprudencia
nacional e internacional y la doctrina, contrariando las formas propias de cada
juicio, y de manera particular, desbordando la competencia del juez para
decidir sobre asuntos respecto de los cuales no se solicitó, no se planteó, no
se discutió y no se probó.”;
• No se valoró que el Estado debía “prevenir, evitar, atenuar y/o repeler el hecho
dañoso que trajo como consecuencia el desplazamiento forzado de los
núcleos familiares recurrentes”, así como otorgar una protección mínima sus
asociados; y
• El Tribunal excedió su competencia pues “agravó” la situación de los
demandantes al imponer cargas probatorias adicionales.
ii. Desconocimiento y violación al derecho de acceso a la administración de
justicia
Con similares argumentos a los ya expuestos, la parte recurrente asegura que la
sentencia objeto de revisión resulta nula porque desconoció tanto las normas
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internacionales como nacionales que contemplan el acceso a la administración de
justicia como un derecho. Para sustentar lo anterior, citó varias disposiciones de
tratados de derechos humanos y de la Constitución Política para concluir que el
“acceso efectivo a la justicia no puede asegurarse sobre la base de criterios inciertos
acerca de la manera como se pueden hacer valer las pretensiones. De ahí que si la
jurisprudencia de un órgano de cierre, en un momento determinado señaló un
derrotero y este es seguido por el usuario de la administración de justicia en materia
de la acción pertinente para demandar, no puede luego sorprenderse a este último,
con abruptos cambios jurisprudenciales, que en últimas comprometan el núcleo
esencial de su derecho fundamental de libre acceso a la jurisdicción”.
iii. Violación directa de la Constitución Política y del bloque de constitucionalidad
Para los recurrentes el Tribunal Administrativo del Caquetá desconoció la
Constitución Política y los tratados de derechos humanos que, a su juicio, imponían
a la autoridad judicial acceder a las pretensiones de la demanda, en amparo de los
derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado.
En este sentido aseguraron que la providencia desconoció: i) el derecho a la
reparación integral que tienen las víctimas de graves violaciones de derechos
humanos; ii) la dignidad humana, iii) el catálogo de derechos fundamentales que se
ve afectado por el fenómeno del desplazamiento forzado, y iv) los parámetros en
materia de protección de las víctimas del desplazamiento, tales como el principio de
favorabilidad y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
iv. Desconocimiento de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
buena fe
Después de definir los citados principios, los recurrentes afirman que estos fueron
transgredidos por la falta de aplicación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, los lineamientos
de las Naciones Unidas sobre el derecho a las víctimas a ser reparadas y la lucha
contra la impunidad, los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de
1977 y las disposiciones del derecho internacional humanitario.
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En consecuencia, solicitó dejar sin efectos las decisiones de instancia y que se
ordene la expedición de una providencia en la que se tenga en cuenta que los
“medios de prueba demuestran la vulneración de los derechos humanos y los
derechos fundamentales de los núcleos familiares recurrentes, bajo los lineamientos
y parámetros establecidos para la época en que se presentó el medio de control de
reparación directa, con el fin de garantizar el derecho al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad, a los principios de seguridad jurídica y legalidad y demás
derechos vulnerados.”9.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), el Despacho inadmitió
el recurso10. Corregidos los yerros advertidos, éste fue admitido mediante auto de
veintiuno (21) de mayo de ese mismo año y se ordenó la notificación personal de esta
decisión a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a la Policía
Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, así como al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)11.
3.2. Dentro del término de traslado, se presentaron las siguientes intervenciones:
3.2.1 La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad del recurso
extraordinario por considerar que se está utilizando este mecanismo como una
tercera instancia para cuestionar la labor probatoria y argumentativa de la
decisión del Tribunal, a fin de obtener una decisión favorable a sus intereses,
lo que es ajeno a la naturaleza de este recurso12.
3.2.2 Por su parte, mediante Concepto 078 de 2025 el Ministerio Público solicitó
que se declare infundado el recurso propuesto, con la precisión de que la única
sentencia que puede ser objeto de esta herramienta judicial es la proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá en segunda instancia y no la expedida
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia.
9 PDF “4ED_EXPTRIBUN_ESCRITORECURSOEXTRAO” del índice 2 de SAMAI.
10 Índice 4 de SAMAI.
11 Índice 11 de SAMAI. En dicha providencia se encontró que el recurso se formuló de forma oportuna,
teniendo en cuenta que la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada 13 de febrero de 2024 y
que el recurso se presentó el 21 de noviembre de ese mismo año.
12 PDF “42_MemorialWeb_Recurso-10CONTESTACIONREC(.pdf) NroActua 23”, índice 23 de
SAMAI.
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Sobre los cargos planteados, afirmó que la providencia del ad quem no vulneró
el principio de congruencia, ya que se pronunció sobre todos los puntos
planteados en el recurso de apelación, y que el alegado desconocimiento del
precedente y del bloque de constitucionalidad no permiten sustentar la
prosperidad del recurso, pues la forma en la que los jueces aplican el derecho
no es causal de revisión. Además, señaló que el Tribunal expuso de manera
clara y precisa las razones por las que correspondía negar las pretensiones
resarcitorias, en tanto la flexibilización probatoria propia de estos procesos no
impone acceder automáticamente a ellas, como parece entenderlo la parte
recurrente.
Por lo demás, señaló que los argumentos de la parte actora están dirigidos a
reabrir la controversia de la reparación, aspecto ajeno a este recurso, y que la
gravedad de los hechos denunciados no justifica que deba volver a surtirse en
sede extraordinaria el debate ya agotado ante los jueces competentes 13.
3.3. Mediante auto de dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025), el Despacho
dispuso tener como prueba los documentos aportados por la parte recurrente y
ordenó la remisión íntegra del expediente de reparación directa No. 18001-23-33-
003-2015-00182-01, el cual fue enviado de manera digital por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia14.
3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para
adoptar la decisión que en derecho corresponda15.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA16, en concordancia
con el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el artículo
13 PDF “Memorial_JF_32Concepto(.pdf) NroActua 22” del índice 22 de SAMAI.
14 El auto de pruebas obra a índice 25 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copia de
las sentencias proferidas por las instancias, registros civiles, el recurso de apelación presentado en
el proceso ordinario, algunas piezas del expediente ordinario de reparación directa y la constancia de
ejecutoria de la sentencia recurrida. Finalmente, el expediente digital del proceso de reparación
directa fue puesto en conocimiento de las partes, sin que efectuaran manifestación alguna (índices
31 a 33 de SAMAI).
15 Índice 34 de SAMAI.
16 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
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1º del Acuerdo 434 de 2024 ─Reglamento Interno de la Corporación17─, esta
Subsección es competente para resolver el presente recurso extraordinario de
revisión.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá el seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023),
dentro del proceso de reparación directa No. 18001-23-33-003-2015-00182-01, se
encuentra incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto
es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la
parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. // De los recursos de revisión contra
las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”.
17 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)
Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección.”.
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sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico18,
siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley19.
De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de
Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario20.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que “[c]omo|
dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada,
las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter
excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente
previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera
instancia.”21 (Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en
la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia
o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría
la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad
jurídica.
18 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado”.
19 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-
2012-00231-00.
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.”
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda,
de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro,
que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del
Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición22.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”23.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se
materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es de tal
magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no
presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta24.
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla
general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado
11001-03-15-000-2017-02519-00.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado
11001-33-31-035-2008-00180-01.
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-
00894-00.
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legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia’”25. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado
la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el
que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer
la nulidad en el curso del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia26: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el segundo,
relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la
vulneración del artículo 29 Superior27.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas
en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del
Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo,
a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto
en la garantía del debido proceso28, lo cual excluye la posibilidad de formular, por
esta vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la
valoración probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación29 y a modo enunciativo, una nulidad
originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001-03-15-000-2015-02493-00.
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-1998-00157-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia
del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-
02342-00, y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia del 1° de octubre de
2019, radicado 11001-03-15-000-2013-02216-00.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
11001-03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida
por la Sala Especial de Decisión No. 10, radicado 11001-03-15-000-2012-00230-00.
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-01415-00.
29 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 5, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-2009-00494-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de abril de 2015, radicado 2008-35319-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado,
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procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede acaecer
en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó
por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece
firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un
número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio de
non reformatio in pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro
del proceso; v) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción;
vi) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas;
vii) cuando el demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; viii)
cuando la sentencia carece totalmente de motivación, o ix) cuando la sentencia
carece de congruencia interna o externa.
Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe indicarse que, la
congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que se
refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de
la sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su
contestación30, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las competencias
oficiosas que la ley otorga al juzgador31. Lo anterior, con fundamento en el artículo
281 del Código General del Proceso32 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ,
aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-
04345-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019,
radicado 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-00325-00, y Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-
15-000-2019-00894-00.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-00838-00.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
32 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
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Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum apellatum”,
en las sentencias de segunda instancia la incongruencia “también se patentiza
cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso
(pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del
derecho sustancial controvertido.”33.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una
causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no
se resuelve algún asunto debidamente planteado34. De fondo, la razón por la cual
procede la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de
congruencia es porque el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho,
está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la
contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda
instancia, por lo indicado en el recurso de apelación, sin perjuicio de los asuntos
intrínsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada35.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado, que
el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el
recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad
procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el análisis
del caso concreto.
5. Caso concreto
Conforme con lo explicado en el acápite que precede, corresponde establecer si en
la situación objeto de estudio se materializan los supuestos para la procedencia de
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001-02-03-000-2012-02126-00 N° interno SC4415-2016.
34 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, radicado 76001-23-24-
000-1997-04345-01.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
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la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5.1. Para empezar, debe precisarse que, a pesar de que los recurrentes dirigen el
recurso contra las sentencias proferidas tanto por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Florencia como por el Tribunal Administrativo del Caquetá, lo cierto es que esta
herramienta extraordinaria solo resulta procedente frente a esta última, en atención
a que la decisión del juzgado sí era pasible del recurso de apelación ⎯el cual fue,
de hecho, interpuesto por los entonces demandantes⎯, como quiera que fue dictada
en un proceso con doble instancia.
Por su parte, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el seis
(6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) no era susceptible de impugnación,
porque esta decisión se produjo, precisamente, al resolver la alzada formulada por
los hoy recurrentes dentro del proceso de reparación directa, surtiendo así las
instancias que previó la ley para esa herramienta judicial.
En ese sentido, el recurso extraordinario de revisión resulta procedente solo frente a
la decisión adoptada por el Tribunal.
5.2. De otra parte, en cuanto a la sustentación de la alegada causal de nulidad
originada en la sentencia, la parte recurrente afirma que la decisión alegada resulta
incongruente tanto en su aspecto interno como en el externo y que con ella se
desconoció el derecho al acceso a la administración de justicia, la Constitución
Política, el bloque de constitucionalidad y los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe, vicios que habrían tenido lugar con la expedición de
la sentencia acusada, de manera que resulta posible adelantar su estudio de fondo.
5.3. Pues bien, de acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente,
se advierte que:
• La parte actora presentó demanda de reparación directa en la que solicitaron
la indemnización de los perjuicios causados por la muerte de los señores Jairo
Ramírez Cotacio y Arsenio Valencia Arias y por el desplazamiento forzado del
que adujeron fueron víctimas, para lo cual alegaron la falla en el servicio por
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omisión en la prestación de los deberes de protección y cuidado por parte de
las autoridades demandadas36.
• En el auto admisorio de la demanda, el juzgado administrativo de primera
instancia precisó que la demanda únicamente se admitiría para resolver lo
relativo al alegado desplazamiento forzado que habrían sufrido los
demandantes, decisión que no fue objeto de recurso alguno y que, en
consecuencia, delimitó la controversia que se adelantó en el proceso de
reparación37.
• En la contestación de la demanda, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones alegando que no
estaban demostradas las circunstancias relacionadas con el desplazamiento
forzado38; por su parte, la Policía Nacional alegó que no podía predicarse falla
en el servicio, porque no había prueba de que se hubieren puesto en
conocimiento las amenazas de las que eran víctimas los grupos familiares
demandantes39. Finalmente, la Fiscalía General señaló que se atenía a lo que
resultara probado en el proceso, pero propuso, entre otras, la excepción de
inexistencia de un deber incumplido40.
• En ese contexto, en la audiencia inicial se indicó que el problema jurídico a
resolver se centraría en “determinar si el presunto desplazamiento forzado de
que fueron víctimas las familias VALENCIA RAMÍREZ y VALENCIA ARIAS,
se puede endilgar a las entidades demandas y por ende deben serle
resarcidos los perjuicios por los que reclama, o si por el contrario se trató de
hechos aislados a las Entidades demandadas, configurándose el eximente de
responsabilidad denominado de hecho de un tercero.” (mayúsculas en
36 Folios 1 a 46 del PDF “01CuadernoPrincipal1.pdf”, archivo “17ProcesoFiscoEsanaeado”, índice 101
de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Florencia, expediente 18001-23-33-003-2015-00182-
01.
37 Así, en el auto admisorio del proceso ordinario se indicó: “TERCERO: ADMITIR la pretensión de
DESPLAZAMIENTO FORZADO presentada por el medio de control de REPARACIÓN DIRECTA por
parte de PASTORA VALENCIA RAMÍREZ Y OTROS, a través de apoderado judicial ha promovido
medio de control de REPARACION DIRECTA en contra de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN Y OTRO” (mayúsculas en original). Folios 226 a 230 del PDF ibidem.
38 Folios 278 a 289 del PDF ibidem.
39 Folio 318 a 354 del PDF ibidem.
40 Folios 251 a 264 del PDF ibidem.
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original); según consta en el acta de dicha diligencia, esa decisión quedó
ejecutoriada y en firme41.
• En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia consideró que, aunque estaba probado el desplazamiento forzado,
no estaba demostrado que ese daño resultara imputable a las demandadas
por omisión en el desarrollo de sus funciones. Lo anterior, debido a que no se
acreditó que los demandantes hubieren puesto en conocimiento de las
autoridades la existencia de amenazas en su contra, ni que éstas hubieren
desatendido los deberes de protección o seguridad. Ante el incumplimiento de
la carga probatoria exigible a la parte actora, el juzgado concluyó que las
pretensiones formuladas debían ser negadas42.
• Inconformes con tal determinación, los hoy recurrentes formularon recurso de
apelación, en el que presentaron sendas y extensas consideraciones
tendientes a que la sentencia del a quo fuera revocada, aduciendo, en
resumen: i) el desconocimiento del bloque de constitucionalidad aplicable al
crimen de lesa humanidad de desplazamiento forzado; ii) la falta de análisis
del daño antijurídico; iii) la inobservancia de la posición de garante del Estado
frente a crímenes de lesa humanidad; iv) la falta de aplicación adecuada del
título de imputación invocado; v) el desconocimiento del precedente de la
Sección Tercera del Consejo de Estado sobre responsabilidad por
desplazamiento forzado; vi) la existencia de una decisión incongruente, y vii)
la imposición de condena en costas, pese a que no actuaron con temeridad43.
• Concedido y admitido el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo del
Caquetá asumió el estudio del asunto y dictó sentencia en la que fijó los
siguientes problemas jurídicos: “a) ¿las entidades demandadas incurrieron en
alguna omisión? b) ¿le asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a
las entidades demandadas por el desplazamiento forzado del que fueron
víctimas los demandantes?”.
41 Acta disponible en los folios 86 a 106 del PDF “02CuadernoPrincipal2.pdf”, archivo
“17ProcesoFiscoEsanaeado” del índice 101 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Florencia.
Expediente 18001-23-33-003-2015-00182-01.
42 Folios 1 a 25 del PDF “01CuadernoPrincipal3.pdf”, archivo “17ProcesoFiscoEsanaeado” del índice
101 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Florencia, expediente 18001-23-33-003-2015-
00182-01.
43 Folios 31 a 58 del PDF “02CuadernoPrincipal2.pdf”, archivo “17ProcesoFiscoEsanaeado” del índice
101 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Florencia. Expediente 18001-23-33-003-2015-
00182-01.
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• Para resolverlos, el ad quem expuso algunas consideraciones sobre el
régimen de falla probada en el servicio ─que fue el invocado por la parte
actora─, precisando que, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, para su
prosperidad en estos casos debe acreditarse que “las amenazas y situaciones
relacionadas con dicho delito, fueron puestas en conocimiento de las
autoridades de forma previa, para que estas pudieran desplegar acciones
positivas en aras de evitar el desplazamiento”, en tanto, si bien las entidades
demandadas tienen un deber de protección mínima, ello “no implica la
omnipresencia de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional, menos de
forma abstracta como lo plantea la parte actora en el primer punto de su
recurso, sino que dicha garantía de protección se hace latente, cuando se
solicitan las mismas, las autoridades conocen de las amenazas o, en razón
de especiales circunstancias como la grave alteración al orden público”.
Analizadas las pruebas obrantes en el proceso, el Tribunal concluyó que:
“PASTORA VALENCIA RAMÍREZ y CIRO VALENCIA junto a sus núcleos
familiares, no denunciaron las amenazas de que eran víctima con
anterioridad a los hechos que originaron el alegado desplazamiento.
Ello significa que, como lo alegaron en sus oficios la Policía Nacional, el
Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, e incluso, al ser oficiada,
la Unidad Nacional de Protección, no se activaron rutas de protección para
prevenir el fatal desenlace, pues dichas Entidades desconocían el riesgo de
desplazamiento alegado por los actores en su demanda.
Tampoco, VALENCIA RAMÍREZ denunció debidamente el desplazamiento de
que fue víctima ante las autoridades, pues esta priorizó el fallecimiento de su
compañero permanente JAIRO RAMÍREZ COTACIO como hecho
victimizante, sin ahondar en las características de tiempo, modo y lugar en
qué ocurrió el insuceso.” (Negritas en original).
Además, señaló que en el caso del núcleo familiar de Pastora Valencia
Ramírez, no había claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las cuales ocurrieron los hechos cuya reparación se pretendía, pues lo
afirmado en la demanda presentaba contradicciones con otras declaraciones
rendidas ante diversas autoridades, y que, en lo referente al grupo familiar del
señor Ciro Valencia, no se aportaron pruebas sobre como ocurrieron los
hechos.
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Igualmente, el Tribunal consideró que la denuncia del hurto de las reses no
resultaba suficiente para entender que se había informado a las autoridades
sobre el riesgo de desplazamiento, debido a que “una cosa es haber
denunciado el hurto de reses -delitos contra los bienes y el patrimonio, y otra
muy distinta el desplazamiento ahora alegado -delitos de lesa humanidad- que
no pueden preverse por no encontrarse relacionados.”.
Asimismo, con fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado44, señaló
que aunque el desplazamiento alegado pudo haberse producido por razones
del conflicto armado, ello era insuficiente para endilgar responsabilidad a las
demandadas en tanto ellas “(i) no conocían de denuncias relacionadas con el
desplazamiento de los actores; (ii) no debían haberlo previsto pues no se
trataba de un hecho notorio -contrario a lo afirmado en la demanda-, y
además; (iii) no existían situaciones extraordinarias o especiales que hicieran
previsibles los hechos por los cuales se demanda -como en la sentencia45 a
la cual se hizo referencia en el recurso de alzada, en la cual, las autoridades
públicas tuvieron conocimiento previo de que el hecho se iba a producir,
porque así había sido advertido por los grupos al margen de la Ley-. En ese
sentido cabe recordar que, si bien el contexto puede ser considerado como
un indicio respecto de la previsibilidad del hecho y de su conocimiento, el
mismo por sí solo no es suficiente para enrostrarle responsabilidad de la
Administración.”.
44 Específicamente se refirió a la sentencia: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña
Plata Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023 Radicación: 05001-23-31-000-2012-00653 01 (62866) Actor:
Armando Trujillo Barrientos y otros Demandado: Nación – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de reparación directa”.
45 Cita en original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., enero
veintiséis (26) de dos mil seis (2006) Radicación número: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B
Actor: JESUS EMEL JAIME VACCA Y OTROS Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA Y
OTROS. “(…) Se concluyó de las pruebas que obran en el expediente, que la incursión paramilitar en
La Gabarra no sólo era previsible, por haber sido anunciada públicamente por el jefe de esa
organización criminal, sino que, además, fue conocida por la autoridad policiva de la región, que
abusando de sus funciones contribuyó a la producción del hecho. E igualmente puede considerar que
en consideración al número de integrantes de la organización criminal que se desplazaron hasta el
lugar y los medios a través de los cuales hicieron ese desplazamiento, el hecho pudo ser resistible,
con los efectivos militares que se encontraban en la región y con los que al mismo hubieran podido
llegar si la voluntad estatal hubiera estado encaminada a confrontar eficazmente esa incursión, falta
de interés que se hizo evidente con las sucesivas masacres y homicidios selectivos cometidos en la
región del Catatumbo, inclusive en el mismo corregimiento de La Gabarra, con posterioridad al
desplazamiento de que trata este proceso. El Estado no puede seguir afirmando su legitimidad si no
cuenta con los medios necesarios para proteger la vida, honra y bienes y demás derechos de la
población, o peor aún si contando con ellos no los pone al servicio de esa causa de manera eficaz,
en circunstancias que son ampliamente conocidas y controlables (…)”.
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En este contexto, el Tribunal concluyó que “no se probó ni siquiera de forma
sumaria que las Entidades demandadas hubieran tenido responsabilidad en
los hechos relacionados con el desplazamiento de CIRO VALENCIA ARIAS y
PASTORA VALENCIA RAMÍREZ, porque como se indicó líneas atrás, no
fueron advertidos de tal situación, no se trataba de un hecho previsible y,
además, no se dieron circunstancias excepcionales o especiales que hicieran
del hecho uno de su conocimiento”, por lo que la sentencia de primera
instancia debía ser confirmada.
Finalmente, la autoridad de segunda instancia precisó que la imposición de
condena en costas ya no exige la verificación de la intención de la parte, pues
rige un sistema objetivo valorativo bajo el cual “la parte actora debió ser
condenada en sede de primera instancia -lo cual fue motivo de reproche- y,
debe ser condenada en esta instancia al habérsele resuelto de forma
desfavorable el recurso.”.
Así las cosas, analizado lo ocurrido en el proceso ordinario, la Sala advierte que,
contrario a lo sostenido por la parte actora, la providencia del seis (6) de septiembre
de dos mil veintitrés (2023) no puede reputarse incongruente ni en su aspecto interno
ni en el externo.
En cuanto a la congruencia interna, el análisis de la sentencia acusada muestra que
hay coincidencia entre la parte resolutiva y la fundamentación utilizada, pues las
consideraciones expuestas por el Tribunal estuvieron orientadas a desestimar los
argumentos de la impugnación y fue en ese sentido que se dictaron las órdenes
correspondientes.
Respecto a la congruencia externa, la Subsección encuentra que también hay
coincidencia entre lo alegado y lo fallado, toda vez que la autoridad de segunda
instancia resolvió el asunto de acuerdo con lo debatido por las partes en el trámite
del proceso ordinario y, en especial, frente a lo cuestionado en el recurso de
apelación.
Así, se observa que el Tribunal analizó el asunto puesto a su consideración
examinando si, tal y como se había alegado por la parte actora, las entidades
demandadas eran responsables del daño alegado. Para ello expuso consideraciones
sobre el régimen de falla probada del servicio y encontró que no estaba demostrada
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la alegada omisión que fue atribuida; también examinó lo relativo al contexto como
sustento de la responsabilidad para concluir que si bien este elemento resulta
indicativo no es suficiente, por sí solo, para imputar el desplazamiento forzado sufrido
por los demandantes a las autoridades demandadas. Igualmente, revisó las pruebas
obrantes en el proceso y señaló que no existía claridad sobre las condiciones en las
que se habría producido el hecho dañoso; por lo demás, resolvió el cargo relativo a
las costas y explicó las razones por las que el hecho de no haber actuado con
temeridad no enervaba dicha condena.
Como puede observarse, la decisión del ad quem respondió a todos los aspectos
alegados en el curso del proceso ordinario de reparación directa y, expresamente,
en el recurso de apelación, de manera que existe conformidad entre lo decidido y el
debate planteado.
En este contexto, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá
el seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) no puede reputarse
incongruente, pues en ella se adelantó el análisis del caso no solo de cara a lo
planteado por las partes, sino también conforme al material probatorio obrante en el
expediente, tal y como correspondía.
Lo que muestra la argumentación vertida en el recurso es que, a juicio de la parte
recurrente, la mera alegación de haber sido víctimas de desplazamiento forzado
imponía a la autoridad de segunda instancia acceder automáticamente a las
pretensiones de la demanda, fundado en el entendimiento subjetivo de los
reclamantes sobre el marco normativo internacional y constitucional relacionado con
el tema, lo cual no se relaciona realmente con el principio de congruencia y con su
violación como sustento de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino que
constituye un reproche de fondo de la decisión adoptada.
En efecto, la Sala observa que las censuras planteadas por la parte actora están
orientadas a controvertir la forma en la que el fallador de segunda instancia resolvió
el asunto sometido a su consideración, imputándole omisión en la aplicación de
normas y fuentes jurídicas que, a juicio de los recurrentes, eran las que
obligatoriamente debían utilizarse para resolver la demanda y que llevaban, en su
criterio, a tener que acceder a las pretensiones formuladas.
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En ese sentido, lo que se acusa es, realmente, la labor interpretativa y valorativa que
adelantó el Tribunal Administrativo del Caquetá, lo cual no solo resulta ajeno a la
causal de nulidad originada en la sentencia por incongruencia, sino también a la
naturaleza misma del recurso extraordinario de revisión, que no está previsto como
una instancia adicional para continuar el debate surtido en el proceso ordinario.
La jurisprudencia de esta Corporación, de forma unánime, ha precisado que el
recurso extraordinario de revisión no puede ser usado para ejercer un control de
legalidad o de idoneidad sobre la motivación utilizada por las diversas autoridades
judiciales en las decisiones que adoptan, pues su propósito no es la corrección de la
argumentación utilizada en la decisión cuestionada, en tanto la autoridad judicial está
facultada para, dentro de su autonomía e independencia, establecer las
disposiciones normativas aplicables al asunto sometido a su consideración y fijar su
alcance de cara a lo probado en el proceso respectivo46.
Así las cosas, la aplicación e interpretación de las normas que el ad quem usó para
efectos de adoptar su decisión, es un asunto que la jurisprudencia ha excluido de la
causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, que no puede estar
fundada en si “se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma
indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas
estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.”47.
Similar conclusión cabe respecto de la alegada incongruencia por desconocimiento
del precedente sobre desplazamiento forzado, asunto que no tiene relación con la
figura de la congruencia de la providencia y que la jurisprudencia de esta Corporación
ha descartado como causal de revisión, habida cuenta que está íntimamente ligado
con la argumentación que la autoridad judicial plantea para resolver los asuntos a su
cargo48.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2024,
radicación 11001-03-26-000-2023-00144-00 (70335).
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de febrero de 2014,
radicación 47001-23-31-000-2009-00301-01 (41859). Esta tesis fue reiterada en providencia del 19
de septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda, radicación 11001-03-
25- 000-2020-00702-00, por la Subsección C de la Sección Tercera en sentencia de 19 de mayo de
2025, radicación 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728) y por la Sala Especial de Decisión N° 16
en sentencia del 14 de julio de 2025, radicación 11001-03-15-000-2023-05903-00.
48 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de
octubre de 2005, radicación 11001-03-15-000-2003-00794-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicación 11001-03-15-000-2012-
01026-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 13, sentencia del 7 de abril de 2015,
radicación 1001-03-15-000-2013-02724-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2,
sentencia de 4 de agosto de 2020, radicación 11001- 03-15-000-2016-03553-00; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de agosto de 2022, radicación 11001-03-26-000-
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Y esta misma consideración cabe respecto de los cargos denominados
“desconocimiento y violación al derecho de acceso a la administración de justicia”,
“violación directa de la Constitución Política y del bloque de constitucionalidad”, y
“desconocimiento de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena
fe”, pues ellos también están dirigidos a cuestionar la forma en la que el Tribunal
abordó el análisis del caso concreto, las normas y pronunciamientos
jurisprudenciales en los que el ad quem fundó sus consideraciones y las
conclusiones a las llegó, con lo cual se está utilizando indebidamente esta
herramienta extraordinaria como una instancia adicional para volver a plantear la
discusión sobre lo que ya fue debatido y definido en el proceso ordinario.
Ello explica el por qué gran parte de los argumentos del recurso de revisión coinciden
con los que sustentaron el recurso de apelación presentado en el proceso ordinario
y que la pretensión principal aquí planteada sea la expedición de una decisión
favorable a las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa.
En todo caso, debe advertirse que el hecho de que existan providencias en las que
también se haya discutido la reparación de los perjuicios causados por cuenta del
desplazamiento forzado y se hayan resuelto favorablemente las pretensiones
resarcitorias, no implica que en todos los asuntos donde se alegue haber sufrido ese
daño deba siempre accederse a lo reclamado, pues ello dependerá de que la
autoridad judicial advierta acreditados todos los elementos de la responsabilidad
estatal en el caso concreto, con fundamento en el material probatorio que obre en el
expediente respectivo.
5.4. Así las cosas, por todo lo anteriormente expuesto, la Sala debe concluir que el
presente recurso resulta infundado, en tanto no se advierte la configuración de la
causal de nulidad alegada.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya estaba en vigencia la Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las
2018-00064-00; (61330); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de
octubre de 2025, radicación 11001-03-26-000-2024-00125-00 (71831); Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2026, radicación 11001-03-26-000-2024-00079-
00 (71416).
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costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha
legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General
del Proceso.
Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación,
teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código General
del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente debe aparecer
que se causaron “y en la medida de su comprobación”49.
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los
parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, “[p]or el cual se
establecen las tarifas de agencias en derecho” proferido por el Consejo Superior de
la Judicatura50, la Sala condenará por ese concepto a la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) en favor de esa entidad, atendiendo a
la naturaleza, duración y complejidad del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023) por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de reparación
directa No. 18001-23-33-003-2015-00182-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán ser
liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 188 y 255 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto, inclúyase por
49 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
50“ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: // (…) 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V”.
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concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (smlmv) en favor de la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
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