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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00035-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00035-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 68081-33-33-001-2018-00399-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, en un (1) salario mínimo mensual legal vigente para cada una de ellas. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Lesmes Antonio Corredor Trespalacios, identificado con cédula de ciudadanía 10.776.772 y portador de la tarjeta profesional 175.053, para que represente los intereses judiciales de Carlos Mario Zúñiga Velásquez, Nelson Correa Priolo, Iván Darío Cuadrado Zúñiga, Leivis Rosa Licona Zúñiga, Yomaira Cavadia Zúñiga, Wilson Hernán Zúñiga y Sixta Zúñiga Velásquez, en los términos y para los efectos de los poderes que obran en el índice 25 de SAMAI. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2025-00035-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00035-00 (72552)
Recurrentes: Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 6ª del ARTÍCULO 250 DEL CPACA – aparecer,
después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar
– presupuestos para su configuración. DECLARA INFUNDADO – la sentencia objeto de revisión
no reconoció un derecho subjetivo, por lo que no se acreditó el primer presupuesto exigido para
la configuración de la causal invocada.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros contra la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso
de reparación directa radicado con el núm. 68081-33-33-001-2018-00399-01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Aníbal Darío Banqueth Zúñiga permaneció privado de la libertad, en el marco de un
proceso penal que culminó con sentencia absolutoria. Al considerar injusta la
restricción y estimar que se incurrió en error judicial, junto con su núcleo familiar,
demandó en reparación directa a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

El 13 de febrero de 2023, el Juzgado 1° Administrativo de Barrancabermeja negó
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
demandante. El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión denegatoria, al concluir que la restricción de la libertad se ajustó

1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones

procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria, las
cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021,
así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo
306 del primero de los estatutos mencionados.

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a las disposiciones legales vigentes; además, revocó la decisión de no condenar en
costas y, en su lugar, impuso su pago a la parte actora en ambas instancias.

La parte demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, para lo cual señaló
que se materializó la causal 6ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA), es decir,
“[a]parecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar”. A su juicio, se realizó un análisis errado de los medios
probatorios y se interpretó de forma indebida el artículo 90 de la Constitución Política
y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión

El extremo activo narró que Aníbal Darío Banqueth Zúñiga fue privado de la libertad
entre el 12 de diciembre de 2013 y el 4 de noviembre de 2016, en el marco de un
proceso penal que culminó con sentencia absolutoria.

Sostuvo que, el 13 de julio de 2018, junto con su grupo familiar, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, para
que se declarara su responsabilidad por privación injusta de la libertad y error
judicial2.

Señaló que, mediante sentencia de 13 de febrero de 2023, el Juzgado 1°
Administrativo de Barrancabermeja negó las pretensiones de la demanda, porque
consideró que la medida de aseguramiento acató a cabalidad los requisitos legales
previstos en los artículos 297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal3.

Afirmó que, el 15 de febrero de 2023, apeló la decisión, con fundamento en que el
daño antijurídico se derivó de la privación injusta de su libertad, atribuible a la
actuación de las entidades demandadas, al haberse impuesto una medida de
aseguramiento sin que existiera responsabilidad penal demostrada4.

Expuso que, el 27 de febrero de 2023, la parte demandada apeló parcialmente la
decisión, solicitando la condena en costas, a propósito de lo cual puso de presente

2 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“004Demanda”.
3 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“028Sentencia”.
4 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“030RecursoApelación”.
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que la parte demandante resultó vencida y que la entidad incurrió en gastos de
defensa5.

Aseguró que, el 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión adoptada en primera instancia en el sentido de desestimar las
pretensiones de reparación directa, porque concluyó que la privación de la libertad
se ajustó a las exigencias legales; sin embargo, revocó la decisión de no condenar
en costas y, en su lugar, impuso su pago a la parte demandante en ambas
instancias, por resultar vencida en el proceso y acreditarse su causación6.

Agregó que, el 6 de octubre de 2023, presentó acción de tutela radicada con el núm.
11001-03-15-000-2023-06111-01, en la que solicitó dejar sin efecto las sentencias
proferidas en el trámite de reparación directa; no obstante, el 12 de enero de 2024,
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
el amparo y, ante la impugnación de la parte actora, el 8 de abril de 2024 la
Subsección B de la Sección Segunda confirmó dicha decisión7.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 2 de julio de 2024, Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros interpusieron recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023
por el Tribunal Administrativo de Santander8.

Invocaron como fundamento la causal 6ª del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo
CPACA), es decir, “[a]parecer, después de dictada la sentencia a favor de una
persona, otra con mejor derecho para reclamar” 9.

En sustento, alegaron que la autoridad judicial incurrió en una valoración errada e
incompleta de las pruebas, al desconocer que el verdadero responsable de los
hechos investigados era otra persona y no el demandante. Añadieron que no se
valoró adecuadamente la sentencia absolutoria proferida por el juez penal ni la
insuficiencia de los elementos de juicio existentes al momento de ordenar su
captura.

Asimismo, sostuvieron que no se interpretó debidamente el artículo 90 de la
Constitución Política ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, por cuanto no se

5 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“031RecursoApelación” y “031RecursoApelación”.
6 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “02SegundaInstancia”,
“001ExpedienteTramiteTAS”, “010_SENTENCIADESEGUNDA”.
7 Índice 8 de SAMAI, Documento “38RECIBEMEMORIAL”, “Subsanación recurso”, Págs. 2 y 3.
8 Índice 2 de SAMAI, Documento “4ED_002ED_RecursoExtraor”. Se precisa que, en un primer

momento, el recurso extraordinario de revisión fue inadmitido mediante auto del 19 de agosto de
2025, debido a que el demandante no invocó ninguna de las causales de revisión previstas en el
CPACA, luego de lo cual, tras haber sido subsanado, se admitió en proveído del 16 de septiembre
siguiente.
9 Índice 8 de SAMAI, Documento “38RECIBEMEMORIAL”, “Subsanación recurso”.

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examinó si la privación de la libertad se apartó de los criterios de legalidad,
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad exigidos para la imposición de medidas
preventivas.

En consecuencia, solicitaron que se revoque la sentencia recurrida y, en su lugar,
se acceda a las súplicas de la demanda de reparación directa.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión y otras actuaciones

El 16 de septiembre de 2025, se admitió el recurso extraordinario de revisión y se
ordenó notificar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10.

3.1. La Procuraduría General de la Nación conceptuó que el recurso extraordinario
de revisión no estaba llamado a prosperar, porque no se configuró la causal 6.ª del
artículo 250 del CPACA, dado que la sentencia recurrida no reconoció derecho
alguno a favor de los demandantes ni compareció un tercero con mejor derecho
para reclamar. Añadió que los recurrentes se limitaron a cuestionar la valoración
probatoria efectuada en el proceso ordinario, aspecto ajeno a la causal invocada 11.

3.2. La Nación – Rama Judicial contestó el recurso extraordinario y se opuso a las
pretensiones, para lo cual señaló que no se configura la causal 6.ª del artículo 250
del CPACA, toda vez que la sentencia cuya revisión se solicita negó las
pretensiones de la demanda y no reconoció derecho alguno. Agregó que el
recurrente pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional para
reabrir el debate ya resuelto12.

3.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre el recurso
extraordinario y solicitó desestimarlo; en ese orden, sostuvo que los argumentos
invocados no guardan correspondencia con las causales taxativas del artículo 250
del CPACA. Añadió que la parte actora busca controvertir el criterio adoptado por
los jueces de instancia sobre la ausencia de responsabilidad estatal, materia ajena
a la naturaleza excepcional de la revisión13.

3.4. La parte recurrente presentó escrito en el que solicitó dejar sin efectos la
condena en costas impuesta en la sentencia de 29 de septiembre de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander14.

3.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

10 Índice 10 de SAMAI, Documento “40Autoqueadmite”.
11 Índice 14 de SAMAI, Documento “Memorial_JF_44Concepto”.
12 Índice 24 de Samai, Documento “66_MemorialWeb_ContestaciOn”.
13 Índice 26 de Samai, Documento “79_MemorialWeb_Recurso-10CONTESTACIONREC”.
14 Índice 25 de SAMAI, Documento “69RECIBEMEMORIAL”.

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4. Cuestión previa

Encontrándose el proceso para proferir decisión sobre el recurso extraordinario de
revisión, los magistrados Nicolás Yepes Corrales y William Barrera Muñoz
presentaron manifestación conjunta de impedimento para conocer del presente
asunto, por considerar configuradas las causales previstas en los numerales 1.º y
2.º del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicables por remisión del
artículo 130 del CPACA.

Los impedimentos fueron resueltos mediante auto del 18 de junio de 2026, en el
que se declaró fundada la causal prevista en el numeral 2.º del artículo 141 del CGP
y, en consecuencia, se apartó a los magistrados del conocimiento del presente
asunto. Asimismo, se declaró conformada la Sala con los magistrados designados
para decidir el recurso extraordinario de revisión15.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala seguirá el siguiente
orden: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) cuestión previa, (4)
hechos probados, (5) análisis de configuración de la causal de revisión
extraordinaria, (6) conclusión, (7) costas y (8) reconocimiento de personería.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24916 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1317 del Acuerdo 080 de 201918, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 202419, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander.

1.2. De acuerdo con el artículo 24820 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso
extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión

15 Índice 49 de SAMAI. Documento “106Autoqueresuel”.
16 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
17 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
18 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
19 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
20 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
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de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que se
encuentra debidamente ejecutoriada.

1.3. Al tenor del artículo 25121 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión se
formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 12 de octubre de 2023 quedó
ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 4.11.); y (ii) el 2 de julio de 2024
el demandante interpuso el recurso extraordinario de revisión, es decir, dentro del
año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.

1.4. Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros se encuentran legitimados en la causa
para interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungieron como parte
activa en la demanda de reparación directa resuelta el 29 de septiembre de 2023
por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 6° del artículo 250 del CPACA, es decir, si después de dictada la
sentencia a favor de una persona apareció otra con mejor derecho para reclamar lo
decidido en aquella.

3. Cuestión previa

El 14 de octubre de 2025, la parte recurrente allegó un escrito en el que solicitó dejar
sin efectos la condena en costas impuesta en la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, al señalar que sus
poderdantes carecen de capacidad económica y patrimonial para asumir ese pago.
Asimismo, informó que la jurisdicción coactiva de la Fiscalía General de la Nación
habría iniciado el cobro respectivo y advirtió posibles irregularidades en su trámite22.

Al respecto, la Sala estima oportuno recordar, en cuanto a los requisitos del recurso
extraordinario de revisión, que el artículo 25223 del CPACA dispone que este debe
contener, entre otros aspectos, la exposición de los hechos y omisiones que le

21 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 6° los
recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
22 Índice 25 de SAMAI, Documento “69RECIBEMEMORIAL”.
23 “Artículo 252. Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá

contener:
1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que
el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer”.
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sirven de fundamento, así como la indicación precisa y razonada de la causal
invocada.

A su vez, el artículo 25324 ibidem establece que, si el recurso no reúne los referidos
requisitos, será inadmitido y se concederá a los recurrentes un término de cinco (5)
días para subsanar los defectos advertidos. Una vez admitido, este se notificará a
la otra parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días
siguientes, precisando expresamente que no procede la reforma del recurso y que,
en ningún caso, su trámite suspende el cumplimiento de la sentencia.

A la vista de lo anterior, en el presente asunto se tiene que la demanda de revisión
extraordinaria fue presentada el 2 de julio de 2024, mediante escrito en el que se
expuso como fundamento la inconformidad de los recurrentes con la valoración
fáctica y jurídica de la sentencia recurrida; sin embargo, no se identificó ni se
sustentó de manera expresa alguna de las causales previstas en el artículo 250 del
CPACA.

En ese orden, el 19 de agosto de 2025, el despacho sustanciador inadmitió el
recurso extraordinario de revisión, para que, entre otros, los recurrentes indicaran
de manera precisa y razonada la causal invocada25. En cumplimiento de lo anterior,
el 26 de agosto de 2025, los recurrentes presentaron escrito de subsanación en el
que especificaron que la causal invocada es la 6.ª del artículo 250 del CPACA,
reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial26.

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2025, el despacho ponente admitió el
recurso extraordinario de revisión y concedió a los demandados el término de diez
(10) días, para los fines de que trata el artículo 253 del CPACA27.

En consecuencia, para efectos de la presente decisión no se tendrá en cuenta el
escrito presentado el 14 de octubre de 2025 ni se abordará lo allí expuesto, por
cuanto no integra el recurso extraordinario de revisión en los términos en que fue

24 “Artículo 253. Trámite. Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión

del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se
concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos. […].
Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio Público para
que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan pruebas.
Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la reforma
del recurso de revisión.
Parágrafo. En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la
sentencia.” (Destacado fuera del texto).
25 Índice 4 de SAMAI, Documento “33Autoqueinad”. Asimismo, se solicitó remitir el poder conferido

por el profesional del derecho para acudir ante esta instancia extraordinaria y acreditar el
cumplimiento del deber que preceptúa el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022.
26 Índice 8 de SAMAI, Documento “38RECIBEMEMORIAL”. De igual forma, aportaron el poder y

acreditaron que los recurrentes enviaron una copia del recurso y sus anexos al canal digital de las
demandadas.
27 Índice 10 de SAMAI, Documento “40Autoqueadmite”.

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formulado y admitido, habida cuenta de que no es posible su reforma por expresa
prohibición del artículo 253 ibidem28.

4. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

4.1. El 24 de octubre de 2013, la Fiscalía Primera de Estructura de Apoyo de
Barrancabermeja, con ocasión del homicidio de Jesús Alberto Paba Pérez29 y la
indagación preliminar iniciada contra Aníbal Darío Banqueth Zúñiga, solicitó expedir
orden de captura en contra de este último, por la presunta comisión de los delitos
de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego30.

4.2. El 29 de octubre de 2013, el Juzgado 1.° Penal Municipal con funciones de
control de garantías de Barrancabermeja, expidió la respectiva orden de captura31.

4.3. El 12 de diciembre de 2013, Aníbal Darío Banqueth Zúñiga fue capturado y
puesto a disposición de las autoridades judiciales, que adelantaron el proceso penal
en su contra32.

4.4. Desde el 12 de diciembre de 2013 y hasta el 4 de noviembre de 2016, Aníbal
Darío Banqueth Zúñiga permaneció privado de la libertad en establecimiento
carcelario33.

4.5. El 6 de febrero de 2017, el Juzgado 1.° Penal del Circuito de Barrancabermeja
absolvió a Aníbal Darío Banqueth Zúñiga de los delitos por los que fue acusado, con
fundamento en el principio in dubio pro reo, al considerar que se acreditó la
materialidad del delito, pero no su autoría ni responsabilidad. Asimismo, ordenó a la
Fiscalía continuar la investigación “contra desconocidos” para determinar el
verdadero autor de los ilícitos34.

28 En este sentido, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C, sentencia de 24 de marzo de 2026, Exp. 71377; y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de diciembre de 2025,
Exp. 71831.
29 Registro Civil de Defunción e Informe Pericial de Necropsia. Índice 76 de SAMAI, Documento

“90RECIBEMEMORIAL”, “6808133300120180039900”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,
“004Demanda”, Págs. 76 y 71 a 75, respectivamente.
30 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “6808133300120180039900”,

“01PrimeraInstancia”, “C01Principal”, “004Demanda”, Págs. 225 a 226.
31 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “6808133300120180039900”,

“01PrimeraInstancia”, “C01Principal”, “004Demanda”, Págs. 223 a 226, 232 y 233.
32 Boleta de detención núm. 76. Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”,

“6808133300120180039900”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”, “008CDFolio492”,
“03Respuesta”.
33 Boleta de libertad núm. 449. Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”,

“6808133300120180039900”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”, “008CDFolio492”,
“03Respuesta”.
34 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “6808133300120180039900”,

“01PrimeraInstancia”, “C01Principal”, “004Demanda”, Págs. 16 a 29.
8

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00035-00 (72552)
Recurrentes: Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros

4.6. El 13 de julio de 2018, Aníbal Darío Banqueth Zúñiga, Cecilia del Carmen
Zúñiga Velásquez, Carlos Mario Zúñiga Velásquez, Nelson Correa Priolo, Iván Darío
Cuadrado Zúñiga, Leivis Rosa Licona Zúñiga, Yomaira Cavadia Zúñiga, Wilson
Hernán Zúñiga y Sixta Zúñiga Velásquez presentaron demanda de reparación
directa, radicada con el núm. 68081-33-33-001-2018-00399-00, contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama
Judicial, solicitando que se declarara su responsabilidad por la privación injusta de
la libertad y el presunto error judicial35.

4.7. Mediante sentencia de 13 de febrero de 2023, el Juzgado 1.° Administrativo de
Barrancabermeja negó las pretensiones de la demanda. En sustento, expuso que
la detención de Aníbal Darío Banqueth Zúñiga estuvo sustentada en los elementos
materiales probatorios recaudados en el proceso penal, los cuales justificaban la
imposición de la medida de aseguramiento conforme a criterios de legalidad,
razonabilidad y proporcionalidad36.

4.8. El 15 de febrero de 2023, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
insistiendo en que debía declararse la responsabilidad patrimonial del Estado, por
cuanto la medida de aseguramiento se sustentó en pruebas insuficientes para inferir
razonablemente su autoría o participación en los delitos investigados37.

4.9. El 27 de febrero de 2023, la parte demandada apeló parcialmente la decisión,
solicitando que se condenara en costas a la parte actora, al considerar que las
pretensiones de la demanda fueron negadas y que la entidad incurrió en gastos de
defensa38.

4.10. El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó
la decisión denegatoria dictada por el juez de primera instancia39, al considerar que
la absolución en el proceso penal no implicaba el carácter injusto de la privación de
la libertad, debido a que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos de
legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Así, explicó que las pruebas
recaudadas, en especial la declaración de un testigo presencial, permitían inferir
razonablemente la posible participación de Aníbal Darío Banqueth Zúñiga en los
delitos investigados y justificaban la necesidad de la medida por el peligro que
representaba para la sociedad. Asimismo, revocó la decisión de no condenar en

35 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“004Demanda”.
36 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“028Sentencia”.
37 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“030RecursoApelación”.
38 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “01PrimeraInstancia”, “C01Principal”,

“031RecursoApelación” y “031RecursoApelación”.
39 Al respecto, es preciso indicar que, el 6 de octubre de 2023, Aníbal Darío Banqueth Zúñiga

presentó acción de tutela en la que solicitó que se dejaran sin efecto las sentencias proferidas en el
trámite de la reparación directa; el 12 de enero de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo; y el 8 de abril de 2024, la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación confirmó la decisión. Índice 2 de SAMAI,
Documentos “9ED_007ED” y “10ED_008ED”.
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costas y, en su lugar, impuso su pago a cargo de la parte demandante en ambas
instancias, al acreditarse su causación y resultarle desfavorable la decisión40.

4.11. El 12 de octubre de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander41.

5. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por
Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros contra la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, con fundamento
en la causal consagrada en el numeral 6.° del artículo 250 del CPACA, por las
siguientes razones:

5.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

40 Índice 35 de SAMAI, Documento “90RECIBEMEMORIAL”, “02SegundaInstancia”,
“001ExpedienteTramiteTAS”, “010_SENTENCIADESEGUNDA”.
41 El fallo fue notificado mediante correo electrónico el 5 de octubre de 2023, por lo que, conforme a

lo dispuesto en los artículos 205 del CPACA y 302 del CGP, quedó ejecutoriado el 12 de octubre
siguiente. Índice 18 de SAMAI, segunda instancia del proceso de reparación directa identificado con
radicado núm. 68081-33-33-001-2018-00399-01.
10

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Recurrentes: Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”42.

En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la
procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

5.2. En el presente caso, se encuentra acreditado que, con ocasión de su privación
de la libertad, Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y su grupo familiar ejercieron el medio
de control de reparación directa para que el Estado fuera declarado responsable y
condenado al pago de los perjuicios reclamados. En el curso del trámite, el Juzgado
1° Administrativo de Barrancabermeja negó las pretensiones de la demanda y, al
resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó la decisión apelada (hechos probados 4.6. a
4.9.), siendo esta última providencia la que se cuestiona por vía del recurso
extraordinario de revisión que aquí se resuelve.

42 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.

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Recurrentes: Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros

En consecuencia, se advierte que el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra el fallo dictado el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, se dirige contra la decisión que pone fin al proceso de reparación directa
y respecto de la cual no procede el recurso de apelación.

Resta determinar, por tanto, si se configura la causal de revisión invocada en el
presente asunto, consistente en que, con posterioridad a la sentencia recurrida
aparezca otra persona con mejor derecho para reclamar que aquella en cuyo favor
se profirió dicho fallo.

5.3. Los recurrentes fundamentan su recurso en la causal prevista en el numeral 6.º
del artículo 250 del CPACA, que establece como motivo de revisión que aparezca
“después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho
para reclamar”.

Para la estructuración de esta causal deben concurrir los siguientes presupuestos:
(i) que se haya proferido una sentencia a favor de una determinada persona y (ii)
que, una vez ocurrido esto, se acredite que existe una persona con mejor derecho
para reclamar43.

En otras palabras, para la configuración de la referida causal se requiere que la
sentencia cuya revisión se solicita hubiese reconocido a favor de determinada
persona un derecho y que, posteriormente al fallo, otra persona, que no participó en
el proceso originario, acredite que le asiste mejor derecho para reclamar que aquella
a favor de la cual se reconoció un derecho subjetivo44.

En ese sentido, la causal supone que lo que está en discusión es la “titularidad” del
derecho45, por lo que la acreditación del primer presupuesto, aunque necesaria, no
resulta suficiente para su prosperidad, pues debe demostrarse, además, la
existencia de un tercero con mejor derecho para reclamar respecto de aquella
persona a favor de la cual fue proferida la sentencia cuya revisión se pretende46.

Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que quienes no acreditaron
la calidad de parte dentro del proceso en el que actuaron como demandantes no
pueden subsanar esa falencia a través del recurso extraordinario de revisión, dada
su naturaleza eminentemente procedimental47.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 26 de marzo de 2025, Exp. 71387 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de noviembre de 2017, Exp. 46558.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de febrero de

2019, Exp. 11001-03-15-000-2015-00546-00.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de julio de 2015,

Exp. 11001-03-15-000-2004-00178-01
46 Ibidem.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 27 de junio de 2012, Exp. 36316.
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Recurrentes: Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros

En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que la causal permite corregir
errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia
cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia
distinta, como lo es la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado
con la sentencia cuestionada48.

Asimismo, el requisito consistente en que el hecho sea sobreviniente al fallo
presupone que aparezca una persona con mejor derecho a reclamar, esto es, que
tal calidad, sea en efecto, posterior a la sentencia y no derivarse de ella o del
proceso judicial del que esta última es producto49.

Al respecto, la jurisprudencia ha ejemplificado la aplicación de esta causal, al
señalar que puede presentarse, por ejemplo, cuando “una viuda concurra frente a
los hijos del causante al solicitar la sustitución pensional” o “habiéndose reconocido
a un hijo menor, con posterioridad concurran otros menores reclamando la cuota
parte de una misma prestación pensional”50.

5.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que los recurrentes
fundamentan la causal de revisión objeto de estudio en que: (i) la sentencia recurrida
valoró de forma errada e incompleta las pruebas, al desconocer que otra persona
era la responsable de los hechos investigados; (ii) no valoró adecuadamente la
sentencia absolutoria ni la insuficiencia de los elementos de juicio que sustentaron
la captura; y (iii) interpretó indebidamente el artículo 90 de la Constitución Política y
el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al omitir el análisis sobre la legalidad,
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento.

Ahora bien, conforme a los lineamientos jurisprudenciales expuestos en
precedencia, se advierte que los hechos alegados en el recurso no satisfacen los
requisitos exigidos para ser analizados bajo la causal 6.ª del artículo 250 del
CPACA, toda vez que, como pasa a exponerse, los cuestionamientos formulados
por los recurrentes no se encaminan a demostrar los presupuestos de la causal en
comento, sino que se dirigen a controvertir la valoración probatoria y el análisis
jurídico efectuado por el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia
recurrida.

Dicho en otras palabras, no se evidencia un supuesto fáctico nuevo que configure
la hipótesis normativa invocada, sino una mera discrepancia con la decisión
adoptada, pretendiéndose reabrir el debate probatorio y jurídico propio de las
instancias ordinarias, lo cual resulta improcedente en sede de revisión
extraordinaria, dado su carácter excepcional y restrictivo.

48 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009, Exp. D-7485.
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de febrero de

2015, Exp. 11001-03-15-000-1999-01188-01.
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de diciembre de

2010, Exp. 11001-03-15-000-2008-00480-00 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de marzo de 2017, Exp. 76001-
23-31-000-2007-00980-01.
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5.5. Como se indicó en precedencia, el primer requisito para el estudio de fondo de
la causal consiste en que se haya proferido sentencia a favor de una determinada
persona. En el presente caso, dicho supuesto no se encuentra satisfecho, pues la
sentencia cuya revisión se solicita no reconoció derecho subjetivo alguno a favor de
los demandantes, sino que confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa. En otras palabras, no existe un titular favorecido
por la decisión judicial que pueda ser desplazado por la eventual aparición de un
tercero con mejor derecho, lo cual impide, desde este primer presupuesto, la
configuración de la causal invocada.

Sobre este aspecto, al analizar el caso en que, como aquí sucede, se cuestiona por
vía de la causal 6ª de revisión extraordinaria una sentencia denegatoria de las
pretensiones, esta Corporación ha señalado que en tal evento “es evidente que no
se configura el primero de los requisitos de la referida causal, dado que […] no existe
una sentencia a favor de una persona”51, “pues aquella no reconoció derecho
subjetivo alguno”52, “el supuesto fáctico esgrimido por el recurrente no encuadra
dentro de la causal alegada, toda vez que en el presente asunto la sentencia
recurrida no declaró la existencia de derecho alguno, pues tanto en primera como
en segunda instancia se negaron las pretensiones”53.

En ese orden, al no acreditarse el primer presupuesto requerido para la
configuración de la causal 6.ª del artículo 250 del CPACA, no hay lugar a examinar
el segundo, relativo a la existencia de una persona con mejor derecho para
reclamar, en la medida que este supone, necesariamente, el reconocimiento previo
de un derecho subjetivo en la sentencia objeto de revisión.

Tal como ha indicado esta Corporación, cuando no se acredita “el primer supuesto
que se requiere para la configuración de la causal invocada, por cuanto la sentencia
cuya revisión se solicita no reconoció derechos en favor de persona alguna”, ello
“permite desechar el segundo supuesto que exige la causal en comento, porque
<<es imposible que exista otra persona con mejor derecho>> cuando, como acaba
de verse, no se reconocieron derechos en el fallo proferido en el proceso
primigenio”54.

5.6. Así las cosas, la Sala advierte que las consideraciones expuestas por los
recurrentes no satisfacen la carga argumentativa exigida para sustentar la causal
invocada en sede del recurso extraordinario de revisión, a propósito de lo cual
conviene resaltar, como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de
esta Corporación, que quien interpone un recurso extraordinario de revisión debe

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 22 de noviembre de 2017, Exp. 46558.
52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de febrero de

2019, Exp. 11001-03-15-000-2015-00546-00.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 21 de noviembre de 2013, Exp. 11001-33-31-007-2007-00449-01.
54 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de febrero de

2019, Exp. 11001-03-15-000-2015-00546-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00035-00 (72552)
Recurrentes: Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros

sustentar la causal invocada con claridad, precisión y suficiencia, de forma que los
fundamentos expuestos correspondan estrictamente a los supuestos taxativos
previstos en la ley para su procedencia55.

Aunado a lo anterior, se itera, los argumentos esgrimidos por los recurrentes
tampoco se acompasan con la finalidad del recurso extraordinario de revisión, en
tanto se orientan a cuestionar la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas
adoptadas por el juez natural del proceso respecto de la privación de la libertad, lo
cual evidencia que su propósito es reabrir el debate decidido en la sentencia
recurrida y no acreditar los supuestos excepcionales previstos en la causal 6.ª del
artículo 250 del CPACA.

Así, resulta evidente la intención de replantear una discusión ya agotada dentro del
proceso ordinario, propósito que desborda la naturaleza excepcional y restrictiva del
recurso extraordinario de revisión, el cual no constituye una instancia adicional para
reabrir debates jurídicos y probatorios definidos en una providencia amparada por
la cosa juzgada.

En consecuencia, al no acreditarse los presupuestos exigidos por la causal 6ª del
artículo 250 del CPACA, invocada por la parte recurrente, la Sala declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.

6. Conclusión

Como resultado del estudio del recurso planteado, la Sala concluyó que no se
configura la causal de revisión establecida en el numeral 6.° del artículo 250 del
CPACA, comoquiera que la providencia cuestionada negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa y no reconoció derecho subjetivo alguno susceptible
de ser reclamado por un tercero. En consecuencia, no se verifica el presupuesto
esencial de la causal invocada, pues no existe un derecho previamente declarado
que pueda ser desplazado por un tercero con mejor derecho.

A la vista de los argumentos expuestos por los recurrentes, lo que pudo observarse
es que se dirigen a controvertir el análisis y la valoración probatoria efectuada por
el Tribunal Administrativo de Santander, lo que resulta improcedente en el marco
del recurso extraordinario de revisión, dado que no se trata de una instancia
adicional del medio de control de reparación directa. El recurso de revisión no está
concebido para reabrir el debate probatorio ni para cuestionar la interpretación
jurídica del fallador, sino para atender hipótesis excepcionales expresamente
previstas en la ley.

7. Costas

55Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 24 de marzo de 2026, Exp. 71377.
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Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo con la modificación introducida por dicha ley.

El inciso final del artículo 25556 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021, dispone que si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión se condenará en costas y perjuicios al recurrente.

Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.

En lo atinente a las agencias en derecho, al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrieron la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de
la Nación (apartados 3.2. y 3.3.), la Sala impondrá condena por este concepto por
la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de cada
uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 557 del Acuerdo No. PSAA16-
10554 de 201658.

8. Reconocimiento de personería

En atención al memorial visible en el índice 25 de SAMAI59, por cumplir los requisitos
legales previstos en el artículo 74 del Código General del Proceso, la Sala
reconocerá personería al abogado Lesmes Antonio Corredor Trespalacios,
identificado con cédula de ciudadanía número 10.776.772 y portador de la tarjeta
profesional número 175.053 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar
judicialmente a Carlos Mario Zúñiga Velásquez, Nelson Correa Priolo, Iván Darío
Cuadrado Zúñiga, Leivis Rosa Licona Zúñiga, Yomaira Cavadia Zúñiga, Wilson
Hernán Zúñiga y Sixta Zúñiga Velásquez, en los términos y para los fines del poder
conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

56 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se

declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
57 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20

S.M.M.L.V. […]”.
58 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
59 Al respecto, es preciso indicar que el Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de septiembre

de 2025, reconoció personería al abogado Lesmes Antonio Corredor Trespalacios para representar
judicialmente a Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y Cecilia del Carmen Zúñiga Velásquez, y requirió a
los demás recurrentes para que allegaran el poder otorgado para actuar dentro del presente trámite
(índice 10 de SAMAI).
16

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00035-00 (72552)
Recurrentes: Aníbal Darío Banqueth Zúñiga y otros

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa identificado
con radicado núm. 68081-33-33-001-2018-00399-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en
la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en
cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Fiscalía General
de la Nación y Rama Judicial, en un (1) salario mínimo mensual legal vigente para
cada una de ellas.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Lesmes Antonio Corredor
Trespalacios, identificado con cédula de ciudadanía 10.776.772 y portador de la
tarjeta profesional 175.053, para que represente los intereses judiciales de Carlos
Mario Zúñiga Velásquez, Nelson Correa Priolo, Iván Darío Cuadrado Zúñiga, Leivis
Rosa Licona Zúñiga, Yomaira Cavadia Zúñiga, Wilson Hernán Zúñiga y Sixta Zúñiga
Velásquez, en los términos y para los efectos de los poderes que obran en el índice
25 de SAMAI.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Conjuez Conjuez

SP2

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