Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00044-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00044-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2025-00044-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Demandante: WILLIAM DARÍO PINZÓN BARRERA Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA Y JAIRO CASTELLANOS VERDUGO
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son
taxativas y de interpretación restrictiva / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN – CPACA - Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede
recurso de apelación / Principio de congruencia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores
William Darío Pinzón Barrera, actuando a nombre propio y en representación de su
hijo Juan Camilo Pinzón Burgos; Adriana Sofía Pinzón Burgos, María Catalina
Pinzón Saavedra e Irma Lucía Saavedra Díaz, contra la sentencia proferida el 26 de
agosto de 2024 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá,
en el proceso de reparación directa con radicado 15001-33-33-012-207-00045-01,
a través de la cual se modificó parcialmente el fallo de primera instancia que accedió
a algunas de las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte recurrente aseguró que la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en la causal quinta de revisión prevista en el
artículo 250 del CPACA por “falta de congruencia y motivación insuficiente, el
desconocimiento del principio iura novit curia, la vulneración del debido proceso y
de la justicia material, un error manifiesto en la interpretación del derecho aplicable
y, además, la ausencia de recursos ordinarios disponibles para controvertir el fallo,
lo que hace procedente este recurso extraordinario”.
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
II. ANTECEDENTES
El proceso de reparación directa1
1. El 21 de marzo de 2017, el señor William Darío Pinzón Barrera, actuando en
nombre propio y en representación de sus menores hijos María Catalina Pinzón
Saavedra y Juan Camilo Pinzón Burgos; Adriana Sofía Pinzón Burgos e Irma
Lucía Saavedra Díaz presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el municipio de Tunja y el señor Jairo Castellanos
Verdugo con el fin de que se les declarara “administrativa, civil y solidariamente
responsables (…) por las graves lesiones sufridas en el rostro del señor William
Darío Pinzón Barrera, en hechos ocurridos el día 21 de julio de 2015”.
2. Como sustento de las pretensiones indicó que a las 7:00 p.m. del 21 de julio
de 2015, el señor William Darío Pinzón Barrera en compañía de unos amigos
contrataron los servicios del establecimiento “El Camerino CV” para jugar un
partido de fútbol. Al celebrar uno de los goles, el demandante golpeó ligeramente
el marco de la cancha, la cual no estaba correctamente asegurada, por lo que se
vino al piso y el tubo de hierro impactó en el rostro al señor Pinzón Barrera,
causándole graves heridas.
3. Uno de sus compañeros intentó prestarle los primeros auxilios, pero fue
imposible su atención, dado que el establecimiento no contaba con botiquín,
camilla ni elemento alguno para ello. Por lo tanto, llamaron a una ambulancia, la
cual, nunca llegó. En consecuencia, trasladaron al lesionado en el carro personal
al centro médico más cercano. Finalmente, en el Hospital San Rafael de Tunja se
determinó que el señor Pinzón Barrera sufrió de trauma facial lo que le causó
incapacidad laboral por varios meses.
4. En el marco de la audiencia inicial, la juez de primera instancia se pronunció
sobre la excepción previa que planteó el municipio de Tunja correspondiente a la
de “falta de jurisdicción”. A su parecer, el daño ocurrió en el marco de un contrato
comercial que celebró la víctima y el dueño de las canchas sintéticas, de manera
que el incumplimiento se debía analizar ante la jurisdicción civil ordinaria, pues las
lesiones no fueron causadas en virtud de una actividad de naturaleza pública ni
bajo la vigilancia de la entidad territorial.
1 Los antecedentes del proceso de reparación directa se encuentran en formato digital, en la
plataforma SAMAI - 14
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
5. La juez indicó que en el presente asunto había lugar a aplicar la figura del
fuero de atracción, toda vez que las pretensiones también se dirigieron a obtener
la declaración de responsabilidad del municipio de Tunja por faltar a los deberes
de vigilancia, control y seguimiento del establecimiento de comercio “El Camerino
CV”, donde funcionaban unas canchas sintéticas de fútbol, lo que ocasionó el
accidente en el que el señor Pinzón Barrera sufrió graves lesiones. Precisó que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo conoce de las demandas de responsabilidad
extracontractual cuando se vincula una entidad pública. Esa decisión fue objeto
de recurso de reposición y, una vez las partes intervinieron, la juez la confirmó.
6. En la etapa de la fijación de litigio se indicó que “al despacho le corresponde
establecer si le asiste o no algún tipo de responsabilidad al municipio de Tunja y
al señor Jairo Castellanos Verdugo por los hechos ocurridos el 21 de julio de 2015
en el establecimiento de comercio denominado “CAMERINO CV” donde resultó
gravemente afectado en su integridad física el demandante William Darío Pinzón
Barrera. En caso afirmativo, establecer si se estructuró una eximente de
responsabilidad.” Las partes estuvieron de acuerdo.
7. Una vez se surtió el trámite de primera instancia, el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia el 18 de diciembre de
2019 mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Para arribar a dicha conclusión, el juez ad quem indicó que, de cara a la
responsabilidad del municipio de Tunja, tenía la obligación y deber de realizar la
respectiva visita para establecer el acatamiento de las normas de uso de suelo,
derechos de autor, intensidad auditiva y otras más, pero no la de vigilar la actividad
que se desempeñaba en el local. En ese sentido, manifestó que “la actuación de
la administración no fue determinante en la producción del daño antijurídico con
lo cual se rompe el nexo de causalidad, elemento que tiene la identidad suficiente
para liberar de responsabilidad a quien en principio se le imputaron los hechos”.
8. Frente a la responsabilidad del señor Jairo Castellanos Verdugo, manifestó
que en los términos que se indicó en la audiencia inicial, esta jurisdicción era la
competente para pronunciarse y resolverla en aplicación del fuero de atracción,
porque se presentó demanda tanto contra una entidad estatal como en contra del
particular. Destacó que en este caso se debía establecer la responsabilidad de
carácter extracontractual por el hecho de las cosas y que en el proceso se acreditó
que el establecimiento “El Camerino CV” es de propiedad del demandado, por lo
que las porterías y todos los elementos que lo componían, estaban bajo su guarda
“por ello frente a los daños generados por aquellas cosas, el llamado a responder
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
o reparar dicho daño, obligación que se desprende de la presunción de
responsabilidad”. Al analizar la forma en que ocurrieron los hechos, señaló que se
probó que el señor William Darío Pinzón Barrera también contribuyó con el daño,
porque al celebrar el gol se sujetó del pórtico, lo que incidió en que éste se cayera,
adicional a la ineficiencia del sistema de seguridad y estabilización de la portería,
propiciaron la caída, de éste de manera, concluyó que se verificó la “concurrencia
de culpas”.
9. Contra la anterior decisión, la parte actora y el señor Jairo Castellanos
Verdugo presentaron recurso de apelación.
10. La parte actora señaló que el municipio de Tunja también era responsable
del daño que se le causó al señor William Darío Pinzón Barrera porque no ejecutó
sus labores de vigilancia y control sobre el establecimiento de comercio “Camerino
CV” desde que abrió al público y, a pesar de que debió ejercer como primera
autoridad de policía exigiéndole al propietario tomar las medidas para que redujera
el riesgo de un accidente pero no lo hizo, todo lo cual llevó a que se produjera la
caída de la portería, con el agravante de que no contó con los elementos
necesarios para atender la emergencia, tales como, botiquín, camilla,
paramédicos. También solicitó desestimar la teoría de la concurrencia de culpas,
porque la obligación del empresario era de tipo objetivo, de manera que éste debió
reducir cualquier tipo de peligro que podía causar su establecimiento de comercio
lo que suponía que la cancha debía estar correctamente anclada y asegurada, lo
que no ocurrió en el presente asunto.
11. Por su parte, el señor Castellanos Verdugo indicó que el presente asunto
corresponde a la jurisdicción ordinaria y que se trató de un tema de
responsabilidad civil contractual, pero, erradamente, al proceso se le aplicaron
las normas de la responsabilidad civil extracontractual. Señaló que se probó la
culpa exclusiva de la víctima quien le dio mal uso a los bienes que contrató para
ejercer la actividad deportiva, adicional a que no se acreditó la supuesta
deficiencia en los arcos de las canchas.
12. El recurso de apelación se resolvió mediante providencia del 26 de agosto
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión
No. 2 en la que revocó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a
algunas de las pretensiones de la demanda.
13. Para arribar a esa decisión, el Tribunal manifestó que se acreditó que el
establecimiento de comercio “El Camerino CV” era un espacio de propiedad
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
privada, en particular, del señor Jairo Castellanos Verdugo, por lo que no estaba
bajo la administración del municipio de Tunja, ni tampoco sujeto a la prestación
de un servicio público de tipo recreativo o cultural que hiciera responsable a la
entidad territorial de los daños ocasionados en sus instalaciones. Adicionalmente,
destacó que los entes municipales y distritales ejercen el control y vigilancia de
los establecimientos comerciales, pero no respecto de las normas de seguridad
de los elementos para el desarrollo de su objeto social, por lo que, de haberse
causado un daño, sería responsabilidad únicamente del respectivo propietario.
14. Sobre la responsabilidad del particular demandado, indicó que esta
jurisdicción sí estaba facultada para estudiar la imputación que se le realizó,
porque la parte actora demandó no sólo al municipio de Tunja por falla en la
prestación del servicio, en razón a la supuesta omisión de sus deberes de
vigilancia y control como autoridad de policía, sino que también solicitó declarar
responsable al señor Jairo Castellanos Verdugo al ser el propietario del
establecimiento de comercio en el que ocurrió el daño, como quiera que “era su
obligación mantener debidamente empotrado o anclado el arco de las canchas
sintéticas y de conservar en perfecto estado las instalaciones en las que prestaba
sus servicios”. Añadió que, en la audiencia inicial, en la etapa de excepciones, se
resolvió la denominada como “falta de jurisdicción” declarándola no probada, en
aplicación del fuero de atracción; de manera que, pese a que se determinó que el
municipio de Tunja carecía de legitimación en la causa por pasiva material, era
procedente asumir el análisis de la responsabilidad civil del señor Castellanos
Verdugo.
15. Manifestó que se acreditó que el señor William Darío Pinzón Barrera celebró
un contrato verbal de servicio de carácter comercial con el señor Jairo
Castellanos Verdugo, y que el daño se causó en el marco de la responsabilidad
de carácter contractual, entre dos particulares. Dado que, durante todo el debate
judicial se planteó una responsabilidad de tipo extracontractual, en virtud del
principio de congruencia, “no hará pronunciamiento alguno frente a la
responsabilidad civil contractual que pudo haberse generado entre el demandante
WILLIAM DARIO PINZÓN BARRERA y aquel por el posible incumplimiento de las
obligaciones del contrato verbal de servicios de carácter comercial por el uso de
la cancha de futbol, generadora del daño alegado, al ser un planteamiento ajeno
a la litis en esta instancia”, por lo que revocó la sentencia de primera instancia y
negó las pretensiones de la demanda formuladas en contra del particular.
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
El recurso extraordinario de revisión
16. El 26 de marzo de 2025, el señor William Darío Pinzón Barrera, actuando a
nombre propio y en representación de su hijo Juan Camilo Pinzón Burgos; Adriana
Sofía Pinzón Burgos, María Catalina Pinzón Saavedra e Irma Lucía Saavedra
Díaz, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el
26 de agosto de 2024 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, en el proceso de reparación directa con radicado 15001-33-33-012-207-
00045-01. En su recurso se indicó que se configuró la nulidad de la sentencia en
virtud de lo siguiente:
1. Falta de congruencia y motivación insuficiente: La demanda de
reparación directa presentada el 27 de marzo de 2017 (sic) no se limitó
exclusivamente a la responsabilidad extracontractual, sino que también
incluyó la responsabilidad contractual derivada del contrato verbal de
prestación de servicios celebrado entre WILLIAM DARÍO PINZÓN
BARRERA y el señor JAIRO CASTELLANOS VERDUGO, propietario del
establecimiento "El Camerino CV". La omisión del Tribunal al desconocer
este aspecto fundamental del caso vulnera el principio de congruencia de
las sentencias, lo que constituye un vicio grave en la fundamentación del
fallo.
2. Desconocimiento del principio iura novit curia: El Tribunal tenía la
obligación de calificar correctamente los hechos y aplicar el derecho
vigente, independientemente de cómo hubiesen sido formuladas las
pretensiones por las partes. La decisión de restringir su análisis
exclusivamente a la responsabilidad extracontractual, omitiendo el
estudio de la responsabilidad contractual claramente presente en los
hechos, constituye un desconocimiento grave de este principio y una
motivación errónea del fallo.
3. Vulneración del debido proceso y de la justicia material: La decisión
del Tribunal, al excluir la responsabilidad contractual del demandado y
negar el análisis de la relación jurídica existente entre las partes, privó al
demandante de la posibilidad de obtener una reparación integral por los
perjuicios sufridos el 21 de julio de 2015, cuando una de las porterías de
la cancha sintética cayó sobre su cuerpo, causándole lesiones graves.
Esta omisión resulta en una afectación sustancial al debido proceso y a
la garantía de justicia material.
4. Error manifiesto en la interpretación del derecho aplicable: La
sentencia recurrida incurre en una indebida aplicación de la normativa
procesal y sustantiva, ya que el contrato verbal de servicios no puede ser
ignorado en el análisis de la responsabilidad del demandado. La errónea
valoración de este aspecto demuestra que la decisión estuvo
fundamentada en una motivación defectuosa y en un razonamiento
jurídico incorrecto.
5. Falta de recursos ordinarios disponibles como prerrequisito para la
interposición del recurso extraordinario de revisión (…).
17. Señaló que el señor Pinzón Barrera había presentado directamente una acción
de tutela contra el referido fallo como quiera que en el escrito de la demanda no se
había privilegiado ningún tipo de responsabilidad -contractual/extracontractual-. La
Sección Segunda declaró la improcedencia de la tutela porque consideró que los
argumentos que presentó el accionante encuadraban con los requisitos de
procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, específicamente, en el numeral
quinto.
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
18. Manifestó que se configuró la causal número 5 del artículo 250 del CPACA dado
que los vicios previamente señalados viciaron de nulidad la decisión, lo que imponía
el deber de ser subsanado por esta Corporación a través de este recurso.
Trámite impartido e intervenciones
19. Mediante auto del 3 de junio de 2025 se admitió el recurso extraordinario de
revisión. Se ordenó notificar la decisión al municipio de Tunja, al señor Jaime
Castellanos Verdugo y al Ministerio Público. Las notificaciones se efectuaron en
debida forma (SAMAI 4 y 8). El señor Jaime Castellanos Verdugo no contestó la
demanda y el Ministerio Público tampoco intervino en el proceso.
20. En el término de traslado, el municipio de Tunja señaló que no había razón para
declarar la nulidad de la sentencia del 26 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá porque no se incurrió en incongruencia alguna y
la motivación para arribar a la decisión de denegar las pretensiones fue acertada,
adicional a que no desconoció el principio de Iura Novit Curia. Agregó que se
acreditó que las lesiones del señor Pinzón Barrera fueron generadas en el marco
de un contrato de naturaleza privada que celebró con el dueño de las canchas de
fútbol “Camerino CV”, establecimiento de comercio que probó cumplir con la
normatividad para su funcionamiento en relación con el uso de suelos, licencia de
construcción y matricula mercantil, todo lo cual se escapa de la responsabilidad del
municipio de Tunja. Finalmente, destacó que no se probó que el Municipio hubiera
omitido dar cumplimiento a sus obligaciones de inspección, control y vigilancia ni
ninguna de las normas que erradamente citó la parte actora en su demanda (SAMAI
15).
21. Se prescindió del período probatorio por cuanto no existían solicitudes
probatorias dirigidas a demostrar o desvirtuar la causal de revisión invocada.
Además, se verificó que el expediente del proceso ordinario -necesario para decidir
el asunto- podía ser consultado en la plataforma SAMAI.
CONSIDERACIONES
Competencia
22. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 26 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
Administrativo de Boyacá en atención a lo dispuesto en el 249 del CPACA 2, en
concordancia con la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado
establecida en el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 2019, modificado por el Acuerdo
434 de 20243.
Caducidad
23. De acuerdo con el inciso primero del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta es de un año,
contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada. En
el presente caso, la demanda radicada el 26 de marzo de 2025 resulta oportuna,
toda vez que la sentencia que se acusa fue proferida el 26 de agosto de 2024.
Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial
24. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
25. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión,
ajustada a la ley.
26. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser
2 Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativo».
3 Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones.
«Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Tercera:
(…)
10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los
tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección».
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.
27. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y
exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden
a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado4.
Alcance de la causal quinta de revisión
28. La causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA ha
sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior de esta Corporación, en la
medida en que su redacción no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a
la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de
establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le ha encomendado
al juez la función de establecer su alcance.
29. Se ha sostenido que la providencia es nula por las causales de nulidad procesal
establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios5 que afectan
la validez, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31 de mayo de 2011 6,
como pasa a exponerse:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia7, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta8, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión9 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
4 Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia
de 8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
5 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre
de 2005, rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección
Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-
00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, Rad. REV-080».
8 «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
1998, Rad. REV-093».
9 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.
REV-1998-00170».
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adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación10.
30. Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso
estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política 11 genera la nulidad de la
sentencia, conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte
Constitucional12 y en los específicos casos que ha identificado esta Corporación.
31. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de
votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra,
ultra o infra petita.
32. En cualquier caso, le corresponde al juez definir si la situación analizada
quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa
juzgada de la decisión.
Principio de congruencia
33. El principio de congruencia- invocado en este recurso extraordinario-, por su
parte, se encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso.
Su finalidad es delimitar el contenido de las decisiones judiciales, para que éstas se
profieran de acuerdo con los argumentos y alcance de las peticiones y excepciones
formuladas por las partes, de modo que exista identidad jurídica entre lo resuelto y
las pretensiones y excepciones oportunamente aducidas, salvo que la ley otorgue
facultades o competencias oficiosas al juzgador.
34. Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte
motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la
decisión contenida en la parte resolutiva de la providencia se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda, en su contestación o en el recurso
10
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de
2005, Rad. REV-062».
11
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad.
2017-00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
rad. 2014-01303-00(REV).
12 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
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Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
interpuesto. Se ha indicado, así, que:
El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en
los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con
el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas
pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe
olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva
‘deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
pretensiones de la demanda...’. La congruencia interna, está referida a la
armonía y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales
derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en
la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la
sentencia13
35. La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal,
para precisar lo siguiente:
[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por
consiguiente, es su obligación explicar las razones por las cuales no se
ocupará del análisis de fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente,
el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica
demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede
fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser, pero que
las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación
procesal14.
36. En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa y/o
interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones y
fundamentos de la demanda, o los argumentos del recurso.
37. En cualquier caso, le corresponde al juez definir si la situación analizada
quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa
juzgada de la decisión.
Caso concreto
38. Le corresponde a la Sala determinar si respecto de la sentencia proferida el
26 de agosto de 2024 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, en el proceso de reparación directa con radicado 15001-33-33-012-2017-
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de
2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección
Segunda– Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
14 Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la
sentencia T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
00045-01 se configuró la causal quinta de revisión por haberse determinado que no
era procedente analizar la responsabilidad civil contractual del señor Jairo
Castellanos Verdugo, al considerar que dicho planteamiento era ajeno a la litis.
39. Al estudiar la controversia que se dirimió en el proceso ordinario, encuentra
la Sala que no le asiste razón a la accionante, porque conforme a las pretensiones
del recurrente, realmente efectuó un cuestionamiento y crítica al juicio jurídico que
adelantó el Tribunal Administrativo para resolver el caso, pero, ello no quiere decir
que la decisión adolezca de nulidad, ni mucho menos que vulnere el principio de
congruencia por las razones que se proceden a explicar:
40. Conforme se indicó en los antecedentes de esta providencia, en ese proceso
se perseguía la declaración de la responsabilidad extracontractual del Estado en
contra del municipio de Tunja y, de manera concomitante, se solicitó la
responsabilidad de naturaleza extracontractual en relación con el particular Jairo
Castellanos Verdugo de la manera en que lo encontró acreditado el fallador de
segunda instancia.
41. Para esclarecer este punto, es necesario remitirse no sólo a las pretensiones
de la demanda, sino al desarrollo del juicio de imputación que realizó la parte actora,
así como las normas que citó para endilgarle responsabilidad al particular. Al
respecto:
I.PRETENSIONES
Que se declare ADMINISTRATIVA, CIVIL y SOLIDARIAMENTE
RESPONSABLES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUNJA, representada
por el Señor Alcalde Municipal PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA y/o quien
haga sus veces; Y AL SEÑOR JAIRO CASTELLANOS VERDUGO, en su
calidad de persona natural, por las GRAVES LESIONES SUFRIDAS EN
EL ROSTRO DEL SEÑOR WILLIAM DARIO PINZON BARRERA, en
hechos ocurridos el día 21 de julio de 2015.
Daño antijurídico.
Daño, que los ACTORES, que aquí son el señor WILLIAM DARIO PINZON
BARRERA, sus HIJOS y CÓNYUGE, no están en la obligación de soportar,
toda vez que se trata de una OMISIÓN AL DEBER DE CUIDADO Y
SEGURIDAD por parte del demandado JAIRO CASTELLANOS
VERDUGO al no mantener debidamente aseguradas (al piso) las canchas
que ofrece para servicio del público y OMISIÓN AL DEBER DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD por parte de ALCALDÍA MUNICIPAL DE
TUNJA, al no mantener supervisión sobre los establecimientos de
comercio abiertos al público, obligación ésta que le asiste a las
DEMANDADAS a realizar sobre los citados escenarios abiertos al público
máxime si se tiene en cuenta que dichos escenarios generan un lucro a su
favor. Luego genera una obligación de reparar de manera integral, de
conformidad con lo establecido en el Art. 90 Constitucional y el precedente
Judicial del H. Consejo de Estado.
12
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
(…) no son daños que están obligados a soportar, por cuanto deviene de
hechos dañinos, imputables a las DEMANDADAS que fueron LAS
CAUSANTES DEL DAÑO, EN TANTO FUE LA FALTA AL DEBER DE
CUIDADO, LA OMISIÓN AL DEBER DE SEGURIDAD por parte del
demandado JAIRO CASTELLANOS VERDUGO, Y LA AUSENCIA DE
VIGILANCIA Y CONTROL de los establecimientos abiertos al público por
parte de ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUNJA
Imputación
(…) se puede probar que la CAUSA FÍSICA, del DAÑO Consistente en
LAS GRAVES LESIONES PERSONALES sufridas por el señor WILLIAM
DARIO PINZON BARRERA, fue precisamente LA FALTA AL DEBER DE
CUIDADO, LA OMISIÓN AL DEBER DE SEGURIDAD por parte del
demandado JAIRO CASTELLANOS VERDUGO, y LA AUSENCIA DE
VIGILANCIA Y CONTROL de los establecimientos abiertos al público por
parte de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUNJA, control que debía haberse
ejercido sobre el establecimiento abierto al público EL CAMERINO CV.
El señor JAIRO CASTELLANOS VERDUGO en calidad de dueño tanto del
predio (en ese entonces), como del establecimiento de comercio
denominado EL CAMERINO CV, tiene la obligación de mantener
debidamente asegurado, empotrado o anclado el arco de las canchas
sintéticas y de conservar en perfecto estado las instalaciones donde presta
sus servicios en dichos escenarios deportivos, así mismo debe tener todos
los elementos básicos de seguridad como lo son: los extintores, camillas,
botiquín, enfermería, cilindros de oxígeno etc., elementos con los que no
contaba dicho establecimiento comercial para el día 21 de julio de 2015,
fecha en que ocurrieron los hechos y como resultado de la violación AL
DEBER DE CUIDADO, que se constituyen el hecho dañino se ocasiono el
daño antijurídico cómo lo son las graves lesiones sufridas por el señor
WILLIAM DARIO PINZON BARRERA.
(…)
Desde estos escenarios, es claro que en este caso se encuentra
demostrada la responsabilidad de LAS DEMANDADAS, toda vez que el
daño antijurídico fue producto de la FALTA AL DEBER DE CUIDADO, LA
OMISIÓN AL DEBER DE SEGURIDAD por parte del demandado JAIRO
CASTELLANOS VERDUGO, Y LA AUSENCIA DE VIGILANCIA Y
CONTROL de los establecimientos abiertos al público por parte de la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUNJA, deberes que deben ser cumplidos
tanto por la ALCALDÍA por ser la encargada de preservar la seguridad de
la comunidad y el señor JAIRO CASTELLANOS VERDUGO por ser el
dueño del establecimiento y no prestar el adecuado mantenimiento de los
implementos que ofrece al público (en éste caso las canchas sintéticas).
(…)
El señor JAIRO CASTELLANOS VERDUGO identificado con C.C. No.
7'225.200 en su calidad de propietario (en ese entonces) del
establecimiento de comercio y del inmueble donde funciona las
instalaciones de las canchas deportivas de futbol, incurrió en las siguientes
omisiones que ocasionaron el daño:
1. FALTA AL DEBER DE CUIDADO y LA OMISIÓN AL DEBER DE
SEGURIDAD, ya que es su obligación de mantener debidamente
asegurado, empotrado o anclado el arco de las canchas sintéticas y de
conservar en perfecto estado las instalaciones donde presta sus servicios
en dichos escenarios deportivos, con el fin de prevenir que ocurran hechos
tan graves como el que nos ocupa, que no solamente causó daño físico,
sino que también causó daño moral y daño a la vida en familia de mis
representados.
2. Así mismo su DESCUIDO Y OMISIÓN al no tener todos los elementos
básicos de seguridad y atención de accidentes como lo son: los extintores,
camillas, botiquín, enfermería, cilindros de oxígeno etc., elementos con los
13
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
que no contaba dicho establecimiento comercial para el día 21 de julio de
2015.
3. Otro hecho dañino es la ausencia de prestar auxilio a la víctima, ya que el
establecimiento de comercio no cuenta con una persona preparada
(enfermera) para que actúe como primer respondiente al momento de
ocurrir un accidente como el presentado, ya que la víctima tuvo que ser
llevada al centro de salud más cercano por sus compañeros sin haber
recibido ningún tipo de asistencia médica, ya que además de que no
contaban con la persona preparada para realizarla, tampoco contaban con
los implementos necesarios (Botiquín - Camilla) para que su compañero
de juego HÉCTOR ALBERTO CASTRO SÁNCHEZ en su calidad de
enfermero del colegio le pudiera haber prestado los primeros auxilios.
Normas especiales que fueron transgredidas por las demandadas:
(…) Ahora, el señor JAIRO VERDUGO CASTELLANOS es responsable
por los daños que ocasionen las cosas que están bajo su guarda y
custodia, de conformidad con lo establecido en el art. 2356 del C.C.
"...la teoría general de la responsabilidad por el hecho de las cosas
inanimadas fue fundamentada por la doctrina francesa en la anónima frase,
"se es responsable por el hecho de las cosas que tenemos bajo guarda", y
entre nosotros susceptible de estructurarse con mayor desahogo con
fundamento en el artículo 2356 del c. c., cuyo preámbulo reza: "Por
regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia
de otra persona, debe ser reparado por ésta"; y luego da algunos
ejemplos que se refieren incuestionablemente a hechos de cosas
inanimadas. El fundamento de la presunción de culpa erigida por el artículo
2356, en términos...quien quiera que tenga la guarda jurídica de una cosa
inanimada está en la obligación de vigilarla convenientemente, para evitar
que escapada a su control se torne en fuente de perjuicios para terceros..."
Del título de imputación
Para el señor CASTELLANOS VERDUGO es objetivo, cómo guardián y
explotador de la cosa (cancha de fútbol) FALTA A LA OBLIGACIÓN DE
SEGURIDAD Y AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO, ESTO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL Y LA
JURISPRUDENCIA, SOBRE LA RESPONSABILIDAD POR LOS
HECHOS DE LAS COSAS.
42. Según se observa, en la demanda, la parte actora imputó responsabilidad al
señor Jairo Castellanos Verdugo, por faltar a su “deber de cuidado”. Resulta
importante señalar que no se estaba realizando ningún tipo de imputación de cara
a un incumplimiento del contrato, sino que todo se circunscribió al marco de la
responsabilidad extracontractual del particular.
43. Efectivamente, la demandante se centró en la causación de una conducta
culposa por faltar a ese deber de cuidado y a prestar la seguridad correctamente y
se refirió al capítulo de la “Responsabilidad común por los delitos y las culpas”
del Código Civil, porque en el aparte en que invocó las normas que sustentaban
sus argumentos, citó textualmente el artículo 2356 según el cual “por regla general
todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser
reparado por ésta”.
44. Advierte la Sala que, a pesar de que en las pretensiones indicó generalmente
que se debía declarar la responsabilidad del señor Jairo Castellanos Verdugo,
14
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
desde el punto de vista jurídico, acudió a figuras tanto del derecho penal como del
derecho civil, referentes a la “falta del deber de cuidado” y a la culpabilidad en el
marco de un juicio de responsabilidad extracontractual.
45. No obstante, en el hecho octavo de la demanda de reparación directa se indicó
que “El día 21 de Julio de 2015, aproximadamente a las 7:00 pm, el señor WILLIAM
DARIO PINZÓN BARRERA en compañía de otros docentes de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SANTIAGO DE TUNJA, contrataron los
servicios de EL CAMERINO CV CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, la cual se
encuentra ubicada en la Transversal 2 N. 63 a 40 barrio Santa Ana - TUNJA-
BOYACÁ, con la finalidad de poder mantenerse saludables y recrearse jugando un
partido de Fútbol.”
46. Para esta Sala es relevante señalar que la existencia de una relación contractual
fue mencionada por la parte demandante, quien relató que el señor William Darío
Pinzón Barrera, en compañía de otros docentes, había contratado los servicios del
establecimiento público “El Camerino CV” con el fin de jugar un partido de fútbol; sin
embargo, esa sola mención no imponía al tribunal realizar el estudio de la
responsabilidad bajo la óptica contractual, porque esto habría implicado la
modificación de la causa petendi.
47. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en indicar que los dos regímenes
de responsabilidad civil tienen diferencias significativas y no cuentan con un
elemento esencial común, adicional a que para la acreditación de cada uno de los
elementos que los componen, requiere un esfuerzo jurídico completamente
diferente. Sobre el particular15:
Nuestro ordenamiento de derecho privado distingue entre la responsabilidad
contractual y la extracontractual, lo que impone una limitación al momento
de resolver los litigios que se fundan en uno u otro régimen, pues los
elementos que hay que probar en ambos tipos de acción son funcional y
estructuralmente distintos.
(…)
Entre los dos regímenes de la responsabilidad civil, en suma, no hay ni
puede haber un "elemento sustancial común", salvo el hecho demasiado
abstracto de que ambos regímenes producen obligaciones jurídicas, lo cual
es tan general e impreciso que no permite llenar el déficit teórico ni
solucionar los casos prácticos que han de decidirse bajo uno u otro estatuto.
Entre la responsabilidad extracontractual y la contractual no existe
ningún elemento "esencial" común.
Los defensores de la tesis de la unidad de la responsabilidad civil afirman
que entre la responsabilidad contractual y la extracontractual existen unos
elementos "esenciales" comunes (el daño, la culpa y la relación de
causalidad entre ambos), que siempre están presentes en ambos
15 Corte Suprema de Justicia. Radicado No. SC 780 – 2020 M.P. Ariel Salazar Ramírez
15
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
regímenes, de suerte que las distinciones entre éstos son "accesorias" o
despreciables, por lo que es indiferente si el juez aplica uno u otro instituto
para la solución de un caso concreto.
Lo anterior es inadmisible, por las siguientes razones:
i) Entre ambos regímenes no hay ningún elemento "esencial" común.
ii) Las diferencias entre los dos sistemas no son irrelevantes o accesorias
sino principales.
iii) No es posible desconocer la fuerza vinculante de los contratos y sus
limitaciones o extensiones en materia de indemnización de daños
producidos con ocasión del contrato cuando la ley delega esa facultad a los
particulares; pero tampoco pueden desconocerse las previsiones legales
imperativas en materia de indemnización de perjuicios cuando ellas escapan
a la potestad de las regulaciones privadas.
iv) Para que la decisión judicial sea motivada, razonada y susceptible de
corrección mediante los recursos pertinentes, debe fundarse en una
proposición jurídica que arroje una única conclusión, pues sólo así a casos
iguales les corresponderán soluciones iguales en derecho. Escoger entre un
régimen u otro está absolutamente prohibido por la condición de
operatividad del sistema jurídico.
48. Así las cosas, para efectos de demostrar esas diferencias, por una parte, la
responsabilidad civil contractual, según lo ha verificado la Corte Suprema de
Justicia16 “encuentra su fundamento en el «título 12 del libro cuarto» del Código
Civil, que regula lo atinente al «efecto de las obligaciones», perfilándose así una
institución distinta a la denominada «responsabilidad civil por los delitos y las
culpas» a la que se refiere el «título 34 del libro cuarto» del citado ordenamiento;
tesis acogida por esta Corporación desde hace aproximadamente un siglo,
siguiendo el criterio de la doctrina y jurisprudencia francesa, a partir del cual se
define aquella, en sentido amplio, como la obligación de resarcir el daño sufrido
por el «acreedor» debido al incumplimiento del «deudor» de obligaciones con
origen en el «contrato». Así mismo, existe consenso que ante el «incumplimiento
contractual», el «acreedor» en procura de la protección del derecho lesionado, está
facultado para pedir el «cumplimiento de la obligación», o la «resolución del
convenio», además de manera directa o consecuencial, el resarcimiento del daño
irrogado por la insatisfacción total o parcial de la «obligación», o por su defectuoso
cumplimiento”.
49. En contraposición, la responsabilidad civil extracontractual cuenta con
elementos estructurales indiscutiblemente diferentes que deben ser alegados y
probados; sobre este asunto, en la sentencia del 7 de marzo de 2019 la Corte
Suprema de Justicia17, se indicó:
El título XXXIV del Código Civil regula el régimen de la «responsabilidad
común por los delitos y las culpas», cuyo sustento es el principio general
concerniente a que todo daño ocasionado debe repararse. En ese
sentido, al tenor del artículo 2341 ibídem, «[e]l que ha cometido un delito
o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin
16 Corte Suprema de Justicia. Radicado No. SC 7220-2015 M.P. Álvaro Fernando García Restrepo
17 Corte Suprema de Justicia. Radicado No. SC 665 – 2016 M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
16
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito
cometido». Para el éxito de la pretensión indemnizatoria soportada en la
citada disposición, es menester que el reclamante acredite la existencia
de los elementos estructurales de la responsabilidad endilgada, esto es,
el daño, la culpa del obligado a responder y el nexo de causalidad
entre ellos.
50. A partir de todo este estudio, es claro que la sola mención que hizo el
demandante sobre el contrato que celebró con el dueño del establecimiento de
comercio “El Camerino CV” no modificó lo que realmente pretendió a lo largo del
juicio en este proceso, esto es, la declaración de la responsabilidad civil
extracontractual del demandado, cimentado siempre en el capítulo que desarrolla
este tipo de responsabilidad.
51. Sin duda alguna, esta diferencia desconoció los fundamentos, elementos y
diferenciaciones de la responsabilidad que desarrolló la Corte Suprema de Justicia
de cada uno de estos dos regímenes, según la cual, el juzgador cuenta con esa
limitación clara al momento de resolver el problema jurídico, por lo que en el caso
objeto de estudio, el demandante debió encaminar su ejercicio probatorio a
demostrar los elementos de la responsabilidad contractual, lo cual omitió por creer
que se trataba de una responsabilidad civil extracontractual. De manera que el
análisis de la responsabilidad bajo la óptica contractual habría significado una clara
modificación de los hechos objeto del debate, y no una correcta calificación jurídica
de la situación fáctica que fue ampliamente debatida y probada
52. Así las cosas, encuentra esta Sala que el Tribunal Administrativo de Boyacá
cumplió a satisfacción con el principio de congruencia al determinar que no se probó
la configuración de una responsabilidad civil de tipo extracontractual, y la
imposibilidad de pronunciarse respecto de la responsabilidad contractual que pudo
haberse generado por el posible incumplimiento de las obligaciones del contrato
verbal de servicios de carácter comercial por el uso de la cancha de fútbol,
generadora del daño alegado, por ser un planteamiento ajeno a lo que se solicitó y
se debatió.
53. La providencia señalada garantizó el derecho fundamental al debido proceso a
las partes en el proceso judicial, en el sentido de que al juez de la causa solo le
resultaba permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y
lo excepcionado dentro del mismo, sin que le fuera posible proferir sentencia por
fuera de lo que se solicitó, que lo fue la responsabilidad civil extracontractual. En
ese mismo sentido, tampoco estaba obligada a acudir a la figura de “iura novit curia”
para ajustar esas pretensiones de índole extracontractual a las de una
responsabilidad contractual, porque no contaba con los elementos de juicio
17
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
para hacer esa adecuación.
54. Citando una providencia de esta Subsección18, “La expresión ‘iura novit curia’
significa ‘el juez conoce el derecho’ y su alcance como principio se traduce en el
deber de aplicar las normas adecuadas para resolver los conflictos, aun cuando no
hubieren sido invocadas por las partes; por eso, su límite natural está dado por el
principio de congruencia, el cual, a su vez, constituye garantía del derecho al debido
proceso”. Entonces, al juez le corresponde la aplicación correcta del derecho, sin
que, en manera alguna, ello signifique una vulneración del debido proceso de
la contraparte, en la medida en que en dicha labor el juez debe ajustarse a la
causa petendi invocada en la demanda19. Ciertamente, la aplicación del principio
iura novit curia debe ajustarse al marco procesal que se planteó en el proceso de
cara a las partes, el objeto y la causa. En ese sentido, el fallador únicamente puede
resolver sobre estos puntos y, en este caso particular, según se demostró
exhaustivamente, no existió imputación alguna de tipo contractual frente al particular
demandado. En consecuencia, el juez que conoció del asunto sólo estaba habilitado
para pronunciarse y resolver respecto del objeto planteado en la demanda y que se
debatió a lo largo del proceso, por lo que correctamente concluyó que no se probó
la configuración de una responsabilidad civil de tipo extracontractual.
55. Finalmente, la Sala considera que este asunto no se asemeja al que
previamente se resolvió en sentencia del 11 de julio de esta anualidad20, en el cual
se decidió un recurso extraordinario de revisión que interpuso la compañía Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A. en contra de la sentencia proferida el 23 de
marzo de 2023, por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de reparación directa con radicado
110013343062-2016-00684-02.
56. En esa oportunidad, se estableció que en la demanda de reparación directa,
adicional al estudio de responsabilidad extracontractual de las entidades públicas
demandadas, también se pretendió un estudio sustancial de un contrato privado de
transporte. En la sentencia de primera instancia, el juez administrativo se pronunció
tanto sobre las pretensiones principales –responsabilidad extracontractual–, como
18Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de 2021, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez, Exp. 47.255.
19 “La expresión ‘iura novit curia’ significa ‘el juez conoce el derecho’ y su alcance como principio se
traduce en el deber de aplicar las normas adecuadas para resolver los conflictos, aun cuando no
hubieren sido invocadas por las partes; por eso, su límite natural está dado por el principio de
congruencia, el cual, a su vez, constituye garantía del derecho al debido proceso”. Sección Tercera
del Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez,
Exp. 47.255.
20 Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A. Sentencia del 11 de julio de 2025.
Radicado No. 70.311
18
Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
de las pretensiones subsidiarias –contrato privado de transporte-, pero bajo las
reglas de la responsabilidad extracontractual. Contra la decisión, la parte actora
presentó recurso de apelación.
57. Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal confirmó la decisión del a quo,
bajo los siguientes argumentos: “en sede de primera instancia sí se resolvieron las
pretensiones subsidiarias, cuestión diferente es que no se abordaron bajo las reglas
del contrato de transporte privado, sino como se dejó indicado, bajo los supuestos
de la conducta extracontractual de los particulares demandados”. Señaló que debía
confirmar la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones, porque no
estaba facultado para «analizar de fondo los argumentos del recurso de
apelación, por inoperancia del fuero de atracción frente a las pretensiones
subsidiarias”
58. Concluyó que no debía dar aplicación a los postulados del artículo 168 del
CPACA según el cual, en caso de falta de jurisdicción, o competencia, el juez
ordenará remitir el expediente al competente, porque la parte actora no presentó
una demanda contractual de naturaleza privada, sino una demanda de reparación
directa con pretensiones subsidiarias las cuales, según indicó, fueron estudiadas y
resueltas bajo dicha óptica.
59. Una vez se surtió el trámite del recurso extraordinario de revisión, esta Sala
indicó que se debía infirmar la decisión. Lo anterior, porque la conducta adecuada
que debió encaminar el Tribunal al determinar su falta de jurisdicción para resolver
las pretensiones subsidiarias era: invalidar parcialmente el fallo de primera instancia
y remitir el expediente al juez civil competente para que se pronunciara sobre ellas,
según el artículo 138 del CGP. De manera que, en esa oportunidad, el debate giró
en torno a la falta de competencia del Tribunal, el cual no ordenó la remisión del
asunto a la jurisdicción correspondiente, cercenando el derecho de acceso a la
administración de justicia de la parte a quien finalmente no se le resolvieron
las pretensiones.
60. Distinto es que, en este caso, sí se resolvieron a suficiencia las pretensiones
del demandante. Ciertamente, el debate giró en torno a la aplicación del principio
de congruencia de la decisión que se tomó, pues en virtud del fuero de atracción
que se estudió y resolvió en la audiencia inicial, la Jurisdicción Contencioso
Administrativo asumió la competencia plena de todo el asunto y se pronunció sobre
todas y cada una de las pretensiones, de fondo, sólo que bajo el estudio de cada
una de estas, se determinó que no era correcto adelantar un juicio de tipo
extracontractual cuando se había probado la existencia de un contrato en la relación
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Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
entre el demandante y el señor Jairo Castellanos Verdugo.
61. En consecuencia, considera la Sala que los reproches de la parte recurrente no
se subsumen en ninguna de las hipótesis que recoge la causal quinta de revisión
y, por el contrario, se trató de un juicio jurídico en contra de la decisión que, de
manera razonada y fundamentada, profirió el Tribunal Administrativo de Boyacá.
62. Por todas las razones anteriores, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario interpuesto.
Condena en costas
63. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente».
64. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte,
que sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
65. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en
el artículo 5, numeral 9 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone que la tarifa de agencias en derecho, tratándose de recursos
extraordinarios, debe oscilar entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
66. En el caso concreto, el municipio de Tunja actuó a través de apoderado, para
contestar la demanda. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión
desarrollada por el profesional del derecho, se tasará a favor del ente demandado,
por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente.
67. En cuanto al señor Jairo Castellanos Verdugo se tiene que, a pesar de
habérsele notificado del proceso en comunicación del 13 de junio de 2025, éste no
intervino en el proceso, por lo que no hay lugar a proferir condena en costas a su
favor.
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Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)
Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Subsección A, Sección Tercera administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por los señores William Darío Pinzón Barrera, actuando a nombre
propio y en representación de su hijo Juan Camilo Pinzón Burgos; Adriana Sofía
Pinzón Burgos; María Catalina Pinzón Saavedra e Irma Lucía Saavedra Díaz,
contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por la Sala de Decisión No. 2
del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso de reparación directa con
radicado 15001-33-33-012-207-00045-01
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; FIJAR como agencias
en derecho a cargo de la parte recurrente y a favor del municipio de Tunja la suma
equivalente de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia. Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
21
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