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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00131-00

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00131-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Paula Viviana Ruiz Suárez contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 15001-33-33-002-2017-00031- 00/01, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del fallo dictado el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 15001-33-33-002-2017-00031-00/01. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá que profiera sentencia de reemplazo dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado 53 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”. 22 Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486) Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez núm. 15001-33-33-002-2017-00031-00/01, con arreglo a lo consignado en la parte motiva de este proveído. CUARTO: SIN CONDENA en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que profiera el fallo que en derecho corresponda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2025-00131-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez
Demandado: E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 5ª del ARTÍCULO 250 DEL CPACA – nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración. FALTA
DE CONGRUENCIA - se presenta cuando existe disparidad protuberante entre lo pedido, lo
debatido y lo probado. DECLARA FUNDADO – el fallo de segunda instancia inobservó los
limites trazados por la demanda, particularmente modificó el daño reclamado.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Paula Viviana Ruiz Suárez contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de reparación
directa identificado con radicado núm. 15001-33-33-002-2017-00031-00/01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 1 de abril de 2015, Nelson Enrique Ruiz Pérez falleció en las instalaciones de la
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja como consecuencia de un infarto.
Al estimar que su muerte se derivó de una falla en la prestación del servicio médico,
los integrantes de su grupo familiar promovieron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra dicha entidad.

En primera instancia, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Tunja declaró
administrativamente responsable a la entidad demandada, ordenó el
reconocimiento de perjuicios morales y condenó a la llamada en garantía a
reembolsar el monto de la condena impuesta. En segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Boyacá confirmó la declaración de responsabilidad de la E.S.E.

1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones

procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -23 de
septiembre de 2025-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada
por la Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración
normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

Hospital Universitario San Rafael de Tunja, modificó el reconocimiento de perjuicios
morales y revocó la condena impuesta a la llamada en garantía.

El recurso extraordinario de revisión formulado contra la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta en la causal 5ª del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo
sucesivo, CPACA), es decir, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. A juicio de la parte
recurrente, el ad quem vulneró los principios de congruencia y de non reformatio in
pejus.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión

Paula Viviana Ruiz Suárez narró que el 1 de abril de 2015 su padre, Nelson Enrique
Ruiz Pérez, ingresó al servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Universitario San
Rafael de Tunja por presentar “picadas en el corazón” y que, horas después, fue
dado de alta tras ser diagnosticado con “osteocondritis”. Agregó que, transcurrida
aproximadamente media hora desde su egreso, los síntomas reaparecieron, motivo
por el cual acudió nuevamente a la institución hospitalaria, donde falleció como
consecuencia de un infarto.

Sostuvo que el 21 de febrero de 2017, junto con los demás integrantes de su grupo
familiar, ejerció el medio de control de reparación directa contra la E.S.E. Hospital
Universitario San Rafael de Tunja, con el fin de que se declarara su responsabilidad
por la muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez y se le condenara al pago de los
perjuicios correspondientes2.

Resaltó que el 27 de septiembre de 2017 la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael
de Tunja llamó en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros y que dicho
llamamiento fue admitido el 26 de noviembre siguiente por el Juzgado 2°
Administrativo del Circuito de Tunja3.

Señaló que, mediante sentencia del 30 de junio de 2021, el Juzgado 2°
Administrativo del Circuito de Tunja declaró administrativamente responsable a la
entidad demandada, ordenó el reconocimiento de perjuicios morales y condenó a la
llamada en garantía a reembolsar el monto de la condena impuesta4.

2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 3D51E3606E614568
BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928, ubicado en el índice 35 de
SAMAI, páginas 7 a 12.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 3D51E3606E614568

BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928, ubicado en el índice 35 de
SAMAI, páginas 143 a 164.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 0477E252C0E29FA1

1B9F4C110626D794 1FA8F0D3DF3B08A7 1D3455B60358250A, ubicado en el índice 35 de
SAMAI.

2

Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

Afirmó que el 19 de julio de 2021 La Previsora S.A. Compañía de Seguros interpuso
recurso de apelación contra la anterior decisión, en el cual argumentó que la muerte
de Nelson Enrique Ruiz Pérez no se originó en una falla en la prestación del servicio
médico, sino en las complicaciones fisiológicas del paciente; que, en todo caso, no
se tuvo en cuenta la teoría de la pérdida de oportunidad; y que la póliza que
fundamentó el llamamiento en garantía no cubría el evento reclamado5. Agregó que,
en la misma fecha, la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja también
apeló la sentencia del a quo, con el propósito de que La Previsora S.A. Compañía
de Seguros asumiera directamente el pago de la condena6.

Aseguró que el 12 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la declaración de responsabilidad de la E.S.E. Hospital Universitario San
Rafael de Tunja, modificó el reconocimiento de perjuicios morales y revocó la
condena impuesta a la llamada en garantía7.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 23 de septiembre de 2025, Paula Viviana Ruiz Suárez formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Boyacá8.

Para tal efecto, invocó, la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir, “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

Adujo que la providencia cuestionada se encuentra viciada de nulidad, en tanto el
ad quem desbordó los limites previstos en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso (en lo sucesivo, CGP), al no circunscribir su estudio a los
argumentos planteados en los recursos de apelación, sino que, de manera oficiosa,
examinó la pérdida de oportunidad y el reconocimiento de perjuicios morales. En su
criterio, ello vulneró los principios de congruencia y de non reformatio in pejus.

Además, reprochó la valoración probatoria efectuada para sustentar la reducción
del monto a reconocer por concepto de perjuicios morales. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia enjuiciada y, en su lugar, confirmar la decisión proferida por el
Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Tunja.

5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A4BF23DA6058EA87

A365FE3CAEFEA552 3856BB85B2A4FAD3 674F19465B288EE7, ubicado en el índice 35 de
SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 767F5816CC668B89

00BDAF6794874ACA A221AB46905A019C 17DFF3026F683120, ubicado en el índice 35 de
SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digital con certificado 9F0EEE51D98830CF
4B71B9A41ED7B278 D37A2A9555ECE0E3 B7286FF3F8C107BE, ubicado en el índice 15 de
SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa.
8 Documento contenido en el expediente digital con certificado 4BD01A5E4CCCB5B2
701CCE0300F3F429 2756B5A668645281 72F5FFE82C66A5D4, ubicado en el índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 11 de diciembre de 2025 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se
ordenó notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado9.

3.1. El Ministerio Público manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá no
transgredió el principio de congruencia y, por el contrario, actuó dentro del ámbito
de competencia que le correspondía en función de los recursos de apelación
interpuestos. No obstante, consideró que el ad quem vulneró el debido proceso de
los demandantes al incurrir en un defecto fáctico, por lo que estimó procedente
declarar fundado el recurso extraordinario10.

3.2. La E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Boyacá profirió la sentencia recurrida en ejercicio de la
competencia atribuida por la ley y con sujeción a las normas aplicables11.

3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión
y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24912 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1313 del Acuerdo 080 de 201914, modificado por el

9 Documento contenido en el expediente digital con certificado FC28193C61D9FAD0
52018954C29738C1 56F5FB08742B14FB 20A80EB493BA42A4, ubicado en el índice 4 de SAMAI.
También, se ordenó comunicar la decisión a los demás integrantes de la parte demandante y a la
llamada en garantía.
10 Documento contenido en el expediente digital con certificado B967F350297EE7A8
32E232DBEF5F0797 A8CC3D07FE11543C 43E24050505D9A59, ubicado en el índice 25 de
SAMAI.
11 Documento contenido en el expediente digital con certificado F0D0206B5129193F
8D7B004C4BEF60C4 128C32B76A34FD7C FBF2E25A4945DED4, ubicado en el índice 26 de
SAMAI.
12 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
13 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

artículo 1º del Acuerdo 434 de 202415, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá en segunda instancia.

1.2. De acuerdo con el artículo 24816 del CPACA, el presente recurso
extraordinario es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de una
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá que se encuentra
debidamente ejecutoriada.

1.3. Al tenor del artículo 25117 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 25 de septiembre
de 2024 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.12.); y (ii) el 23
de septiembre de 2025 el recurrente interpuso el recurso extraordinario de revisión,
es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.

1.4. Paula Viviana Ruiz Suárez se encuentra legitimada en la causa para
interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungió como demandante en
el proceso de reparación directa resuelto el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal prevista en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA, esto es, si existe nulidad originada en la sentencia
proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por
la supuesta vulneración de los principios de congruencia y de non reformatio in
pejus.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

15 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
16 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
17 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, la
recurrente contaba con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

3.1. El 1 de abril de 2015, Nelson Enrique Ruiz Pérez falleció en las instalaciones
de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja como consecuencia de un
infarto18.

3.2. El 21 de febrero de 2017, Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas, María Isolina
Pérez Jiménez, Paula Viviana Ruiz Suárez, Jerson Andrés Ruiz Suárez, Felix
Antonio Ruiz Pérez, Anyi Milena Ruiz Pérez, Jhon Jairo Ruiz Pérez y Ana Maritza
Ruiz Pérez presentaron la demanda de reparación directa radicada con el número
15001-33-33-002-2017-00031-00/01, contra la E.S.E. Hospital Universitario San
Rafael de Tunja, con el fin de que se declarara su responsabilidad patrimonial por
la muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez y se le condenara al pago de las siguientes
sumas: (i) $1.500.000 por concepto de daño emergente; (ii) 600 SMLMV19 a título
de perjuicios morales; y (iii) 400 SMLMV por concepto de daño a la salud o a la vida
de relación para cada uno de los actores20.

3.3. El 27 de septiembre de 2017, la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja contestó la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones
formuladas por los actores. Consideró que no se probó el daño antijurídico ni la falla
en el servicio, pues el menoscabo reclamado fue resultado de las complicaciones
propias, imprevisibles e irresistibles de la patología que presentó Nelson Enrique
Ruiz Pérez. Agregó que los médicos tratantes cumplieron estrictamente con las
guías y protocolos médicos, en plena observancia de los principios establecidos en
los artículos 48 y 49 de la Constitución, en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1011
de 200621.

3.4. El 27 de septiembre de 2017, la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja llamó en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con fundamento
en las pólizas de responsabilidad civil identificadas con los números 1004102,
1005447 y 100572922.

18 Registro civil de defunción e informe pericial de necropsia; documentos contenidos en el
expediente digitalizado con certificado 3D51E3606E614568 BE995E2FCFE39C33
B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928, ubicado en el índice 35 de SAMAI, páginas 14 a 19 y
51.
19 (i) 100 SMLMV para Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas, padre de la víctima; (ii) 100 SMLMV para

María Isolina Pérez Jiménez, madre de la víctima; (iii) 100 SMLMV para Paula Viviana Ruiz Suárez,
hija de la víctima; (iv) 100 SMLMV para Jerson Andrés Ruiz Suárez, hijo de la víctima; (v) 50 SMLMV
para Felix Antonio Ruiz Pérez, hermano de la víctima; (vi) 50 SMLMV para Anyi Milena Ruiz Pérez,
hermana de la víctima; (vii) 50 SMLMV para Jhon Jairo Ruiz Pérez, hermano de la víctima; y (viii) 50
SMLMV para Ana Maritza Ruiz Pérez, hermano de la víctima.
20 Escrito de demanda; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

3D51E3606E614568 BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928, ubicado en
el índice 35 de SAMAI, páginas 7 a 12. Inicialmente, la demanda fue inadmitida mediante auto del
17 de marzo de 2017 y debidamente subsanada el 22 de marzo de la misma anualidad.
21 Contestación de la demanda; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

3D51E3606E614568 BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928, ubicado en
el índice 35 de SAMAI, páginas 66 a 71.
22 Demanda de llamamiento en garantía; documento contenido en el expediente digitalizado con

certificado 3D51E3606E614568 BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928,
ubicado en el índice 35 de SAMAI, páginas 143 y 144.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

3.5. El 16 de noviembre de 2017, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Tunja
admitió el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada23.

3.6. El 16 de febrero de 2018, La Previsora S.A. Compañía de Seguros contestó la
demanda y el llamamiento en garantía. En cuanto a la primera, solicitó desestimar
las súplicas, al argumentar que la prestación del servicio médico fue adecuada y
oportuna, y que el fallecimiento del paciente no guardó relación con la atención
brindada por la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, sino que obedeció
a las condiciones preexistentes y a la evolución natural de su estado de salud24.

3.7. El 30 de octubre de 2018, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Tunja
llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA y, entre otras
determinaciones, fijó el litigio de la siguiente manera: “[c]orresponde al Despacho
establecer ¿si la muerte del señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (QEPD) el primero de
abril de 2015 en la ESE Hospital San Rafael de Tunja le es atribuible a esta entidad
por la atención médica prestada. […]”. Las partes se mostraron conformes con esta
decisión25.

3.8. Mediante sentencia del 30 de junio de 2021, el Juzgado 2° Administrativo del
Circuito de Tunja accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el daño antijurídico —la muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez — era
imputable a la entidad demandada a título de falla en la prestación del servicio
médico. En consecuencia, declaró la responsabilidad patrimonial de la E.S.E.
Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la condenó al pago de los perjuicios
morales reclamados, suma que ordenó fuera reembolsada por la llamada en
garantía26.

3.9. El 19 de julio de 2021, La Previsora S.A. Compañía de Seguros interpuso
recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, en el cual solicitó su
revocatoria, con fundamento en que: (i) el material probatorio acreditaba la
adecuada atención brindada a la víctima por la entidad demandada, lo que impedía
imputarle el daño antijurídico; (ii) la atribución de responsabilidad se sustentó en un
dictamen pericial que no cumplía los requisitos previstos en el CGP; (iii) el a quo no
tuvo en cuenta la teoría de la pérdida de oportunidad al momento de reconocer y
tasar los perjuicios morales, ni la falta de certeza del daño; y (iv) no resultaba
procedente condenar a la llamada en garantía a reembolsar la obligación impuesta,

23 Auto del 16 de noviembre de 2017; documento contenido en el expediente digitalizado con
certificado 3D51E3606E614568 BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928,
ubicado en el índice 35 de SAMAI, páginas 161 a 164.
24 Contestación de la demanda y del llamamiento en garantía; documento contenido en el expediente

digitalizado con certificado 3D51E3606E614568 BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372
BD1AE6415C54B928, ubicado en el índice 35 de SAMAI, páginas 183 a 192.
25 Acta audiencia inicial; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

3D51E3606E614568 BE995E2FCFE39C33 B7C7749462F89372 BD1AE6415C54B928, ubicado en
el índice 35 de SAMAI, páginas 254 a 260.
26 Sentencia de primera instancia; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

0477E252C0E29FA1 1B9F4C110626D794 1FA8F0D3DF3B08A7 1D3455B60358250A, ubicado en
el índice 35 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

en la medida en que las pólizas de seguro solo cubrían los eventos reclamados
durante su vigencia, circunstancia que no ocurrió en el caso concreto27.

3.10. El 19 de julio de 2021, la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja
formuló alzada contra la decisión del a quo, con el propósito de que, en caso de no
prosperar los argumentos de la aseguradora, se ordenara a esta asumir
directamente el pago de la condena28.

3.11. El 12 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó
la declaración de responsabilidad de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja, modificó el reconocimiento de perjuicios morales, en el sentido de fijarlos en
40 SMLMV para cada uno de los hijos de la víctima -Paula Viviana Ruiz Suárez y
Jerson Andrés Ruiz Suárez-, y revocó la condena impuesta a la llamada en garantía.

Para el efecto, estimó que Nelson Enrique Ruiz Pérez perdió la oportunidad de
sobrevivir con ocasión de la falla en el servicio médico prestado por la entidad
demandada. En consecuencia, ante la ausencia de certeza sobre el porcentaje de
la pérdida de la oportunidad, reconoció, en virtud del principio de equidad, el 40%
del monto establecido por la jurisprudencia para los casos de muerte, a favor de los
hijos de la víctima29.

3.12. El 25 de septiembre de 2024 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 12
de septiembre de la misma anualidad por el Tribunal Administrativo de Boyacá30.

4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Paula
Viviana Ruiz Suárez contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, con fundamento en la causal consagrada en
el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por las siguientes razones:

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

27 Escrito de apelación; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
A4BF23DA6058EA87 A365FE3CAEFEA552 3856BB85B2A4FAD3 674F19465B288EE7, ubicado
en el índice 35 de SAMAI.
28 Escrito de apelación; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

767F5816CC668B89 00BDAF6794874ACA A221AB46905A019C 17DFF3026F683120, ubicado en
el índice 35 de SAMAI.
29 Sentencia de segunda instancia; documento contenido en el expediente digital con certificado

9F0EEE51D98830CF 4B71B9A41ED7B278 D37A2A9555ECE0E3 B7286FF3F8C107BE, ubicado
en el índice 15 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa.
30 El fallo fue notificado mediante correo electrónico el 18 de septiembre de 2024, por lo que quedó

ejecutoriado el 25 de septiembre siguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 203 del CPACA
y 302 del CGP. Índices 19 y 20 de SAMAI de la segunda instancia de reparación directa.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”31.

En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA
dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con

31 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

4.2. En el presente caso, la recurrente fundamentó su solicitud en la causal prevista
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo de
revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia; (ii)
que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta32.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado33 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 CGP, al paso que las segundas, al no estar determinadas
por la ley, deben interpretarse restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos
específicos que la jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado y que, por
regla general, no comprenden nulidades procesales acaecidas en una etapa previa
a la sentencia.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal 5ª de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;

32 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa34.

Además, esta Corporación35 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,
siempre y cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación36, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.

Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 37,

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de

2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
37 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.

11001-03-15-000-2024-04477-00.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
para que las partes puedan subsanar sus omisiones.

Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia38 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior39.

Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 40, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.

4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que, con ocasión de la
muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez, los integrantes de su núcleo familiar
ejercieron el medio de control de reparación directa, con el objeto de que se
declarara la responsabilidad patrimonial del Estado y se ordenara el pago de los
perjuicios causados. En el curso del trámite, el Juzgado 2° Administrativo del
Circuito de Tunja accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, al
resolver los recursos de apelación interpuestos por la entidad demandada y la
llamada en garantía, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la declaración
de responsabilidad, modificó el reconocimiento de perjuicios y revocó la condena
impuesta a la llamada en garantía (hechos probados 3.2., 3.8. y 3.11.).

De manera que el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo
dictado el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
efectivamente, se dirige contra la decisión que pone fin al proceso de reparación
directa y respecto de la cual no procede el recurso de apelación.

En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 5ª de revisión, debido a una vulneración de los

38 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.

Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.

11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
40 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.

No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

principios de congruencia y de non reformatio in pejus, al haberse proferido una
decisión con fundamento en argumentos que no fueron propuestos en la apelación.

4.4. En primer lugar, debe precisarse que el medio de control de reparación directa
fue ejercido el 21 de febrero de 2017, razón por la cual se rigió por las disposiciones
del CPACA y, de manera supletoria, por el CGP, en virtud del principio de
integración normativa.

De conformidad con el artículo 281 del CGP, la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que el Código prevé y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. Igualmente, esta normativa
prohíbe condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda, o por causa diferente a la invocada. Sin embargo,
cuando lo pedido por el demandante excede lo probado, el inciso 3º ibidem ordena
que el reconocimiento atienda únicamente a aquello que quedó plenamente
demostrado.

A su turno, el artículo 320 del CGP dispone que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, mientras que el artículo 328 ibidem
establece que el juez de segunda instancia debe pronunciarse exclusivamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio. En consecuencia, el ad quem no puede modificar aspectos
de la sentencia que no fueron objeto de impugnación, salvo que ello resulte
necesario en atención a la íntima relación con los puntos cuestionados. No obstante,
cuando ambas partes apelan toda la sentencia, el superior está facultado para
resolver sin limitaciones.

Adicionalmente, el juez de segunda instancia debe ceñirse al principio de non
reformatio in pejus, en virtud del cual no puede agravar, empeorar o desmejorar la
situación definida mediante la sentencia de primera instancia a favor del apelante
único.

En suma, al momento de dictar sentencia, el juez debe salvaguardar la unidad
temática entre lo solicitado en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que
originan la controversia, y la respectiva contestación. Además, en segunda
instancia, debe limitar su decisión al ámbito del recurso de apelación, examinando
la providencia únicamente frente a los reparos concretos formulados por el apelante
y pronunciándose exclusivamente sobre esos argumentos, sin extenderse a
aspectos no impugnados, salvo que exista una íntima relación con los puntos
cuestionados o que deba adoptar decisiones de oficio; asimismo, su actuación se
encuentra sujeta al principio de non reformatio in pejus, lo que implica que no puede
agravar la situación del apelante único, y debe, en todo caso, mantener coherencia
con los hechos, pretensiones y excepciones debatidos en el proceso, sin exceder lo
pedido ni lo probado.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

En este sentido, el principio de congruencia emerge como una garantía procesal
que delimita el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y, por tanto, la decisión
del juez. Esta congruencia de la providencia debe ser interna y externa. La primera,
se relaciona con la armonía entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo,
mientras que la segunda responde a la concordancia entre la decisión contenida en
la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las partes en la demanda y en
el escrito de contestación.

La falta de congruencia habilita la formulación del recurso extraordinario de revisión
y, siempre que se encuentre acreditada, es razón suficiente para infirmar la decisión
censurada, toda vez que la consonancia del fallo se constituye como garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el desarrollo del trámite
judicial.

Empero, no cualquier reparo sobre este aspecto estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso41. Por ejemplo, dicha irregularidad se configura
cuando el demandado resulta condenado por cantidad superior a la pedida, es decir
ultra petita, por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en esta, esto es extra petita, o cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, lo que resulta infra, citra o minus petita42.

4.5. Descendiendo al caso concreto, se advierte que la parte demandante formuló
cuatro (4) pretensiones en la demanda de reparación directa: una de carácter
declarativo, encaminada a obtener la declaración de responsabilidad de la E.S.E.
Hospital Universitario San Rafael de Tunja por la muerte de Nelson Enrique Ruiz
Pérez, y las demás de naturaleza condenatoria, dirigidas al reconocimiento de
perjuicios materiales (daño emergente), morales y por daño a la salud o a la vida de
relación (hecho probado 3.2.).

Por su parte, al contestar la demanda, la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael
de Tunja y La Previsora S.A. Compañía de Seguros se opusieron a la totalidad de
las pretensiones, al sostener que no se acreditaron el daño antijurídico ni la falla en
el servicio, pues el deceso obedeció a complicaciones propias, imprevisibles e
irresistibles de la patología presentada por Nelson Enrique Ruiz Pérez, y que la

41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

sentencias del 7 de abril de 2015 y del 2 de febrero de 2016, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2013-
00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2020, Rad. No. 11001-
03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Rad. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de Decisión.

Sentencia de 4 de agosto de 2023. Rad No. 11001-03-15-000-2022-04218-00; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de
diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2023-00116-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial de Decisión, sentencia del 3 de marzo de 2025, Rad.
No. 11001-03-15-000-2023-04267-00.

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

atención médica brindada se ajustó a las guías y protocolos aplicables, siendo
oportuna y adecuada (hechos probados 3.3. y 3.6.).

En primera instancia, tanto en la audiencia inicial como en la sentencia, el Juzgado
2° Administrativo del Circuito de Tunja delimitó el objeto del litigio en torno a
establecer si la muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez le era atribuible a la E.S.E.
Hospital Universitario San Rafael de Tunja con ocasión de la atención médica que
le fue prestada por dicha entidad (hechos probados 3.7. y 3.8.).

Con fundamento en ello, el a quo tuvo por acreditado el daño consistente en la
muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez, tras valorar la historia clínica y su
transcripción, el informe pericial de necropsia, el estudio histológico y el registro civil
de defunción.

Posteriormente, abordó el análisis de la imputación y concluyó que el servicio
médico de urgencias prestado por la E.S.E. Universitario Hospital Universitario San
Rafael de Tunja no fue adecuado, por cuanto: (i) se omitió agotar oportunamente
los recursos técnicos y científicos disponibles en un hospital de tercer nivel, de
conformidad con la sintomatología del paciente, en particular, al no practicarse los
exámenes indicados en las guías médicas para casos de dolor torácico con factores
de riesgo; (ii) no se evidenció la realización de un examen físico completo; (iii) el
diagnóstico inicial de osteocondritis fue errado, al desconocer las guías que
imponían descartar, en primer lugar, patologías de mayor gravedad; y (iv) el
tratamiento ordenado resultó inapropiado, en la medida en que enmascaró el
síndrome coronario en curso y permitió su evolución hasta un estado irreversible.

En consecuencia, declaró la responsabilidad de la E.S.E. Hospital Universitario San
Rafael de Tunja por la falla en la prestación en el servicio médico de urgencias que
ocasionó la muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez y la condenó al pago de perjuicios
morales a favor de los demandantes, así:

Adicionalmente, ordenó a la llamada en garantía reembolsar el valor de la
indemnización impuesta en dicha providencia (hecho probado 3.8.).

Contra esta decisión, La Previsora S.A. Compañía de Seguros y la E.S.E. Hospital
Universitario San Rafael de Tunja interpusieron recurso de apelación.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

En particular, La Previsora S.A. Compañía de Seguros sostuvo que el juez de
primera instancia efectuó una valoración parcial del acervo probatorio, lo que
condujo a declarar, de manera equivocada, la responsabilidad de la entidad
demandada. Alegó que los medios de convicción demostraban que la atención
médica brindada a Nelson Enrique Ruiz Pérez fue adecuada, conforme a sus signos
vitales y sintomatología, y se ajustó a los criterios de prudencia, diligencia y cuidado
exigibles en el caso. Añadió que el a quo sustentó su decisión exclusivamente en el
dictamen pericial rendido por Claudia Patricia Barreto Soler, pese a que este no
cumplía los requisitos prescritos en el artículo 226 del CGP. Igualmente, señaló que
se reconocieron perjuicios morales sin considerar la teoría de la pérdida de
oportunidad ni la falta de certeza del daño, pues era necesario acreditar la existencia
de una probabilidad real de que, de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima
habría conservado la expectativa de obtener un beneficio o evitar el detrimento.
Finalmente, resaltó que las pólizas adquiridas por la entidad demandada no cubrían
el evento que dio lugar a la demanda (hecho probado 3.9.).

Por su parte, la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja solicitó que, en
caso de no prosperar el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, se
ordenara a esta asumir directamente el pago de la condena impuesta en su contra
(hecho probado 3.10.).

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá fijó como problema
jurídico determinar si la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja era
administrativa y extracontractualmente responsable por la muerte de Nelson
Enrique Ruiz Pérez y, de ser así, si debía reparar los perjuicios en los términos
solicitados en la demanda, así como establecer si la llamada en garantía debía
asumir el pago de la condena.

En ese contexto, inició con la exposición del marco normativo y jurisprudencial de
la responsabilidad extracontractual del Estado, en particular por daños derivados de
la prestación de servicios médicos asistenciales, así como de la pérdida de
oportunidad como daño autónomo y de los seguros bajo la modalidad claims made
y sus efectos en la vigencia del contrato.

Seguidamente, procedió al análisis de imputación y coligió que el diagnóstico dado
a Nelson Enrique Ruiz Pérez contravino la lex artis y las guías médicas aplicables,
en tanto no se practicó, como medida inicial, un electrocardiograma para descartar
una patología cardiovascular y, en su lugar, se emitió un diagnóstico residual de
osteocondritis sin sustento clínico suficiente. Asimismo, consideró que el
tratamiento ordenado fue inadecuado, lo que permitió la progresión del proceso
isquémico hasta derivar en un infarto agudo de miocardio.

En ese mismo sentido, sostuvo que Nelson Enrique Ruiz Pérez perdió la
oportunidad de recuperar su salud como consecuencia de la omisión en el
diagnóstico oportuno y en la prestación adecuada del tratamiento requerido. Con
fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

sentencia de primera instancia, salvo en lo relativo al reconocimiento de perjuicios
y a la condena impuesta a la llamada en garantía.

En relación con los perjuicios morales, explicó que no se allegó prueba del
porcentaje de “truncamiento” de la expectativa de evitar la muerte, lo que
evidenciaba un déficit de información médica, científica o técnica que impedía
establecer con certeza la magnitud de la pérdida de oportunidad. No obstante,
sostuvo que, al encontrarse acreditado dicho daño, resultaba procedente su
reparación con fundamento en el principio de equidad, dado que se había cercenado
una posibilidad real de recuperación de la salud o de preservación de la vida. Por
consiguiente, fijó el monto indemnizatorio a favor de Paula Viviana y Jerson Andrés
Ruiz Suarez, hijos de la víctima, en un 40% de lo establecido por la jurisprudencia
para los casos de muerte.

En cuanto al llamamiento en garantía, concluyó que, si bien el hecho dañoso ocurrió
durante la vigencia de la póliza, el tipo de seguro contratado exigía que la
reclamación se presentara dentro del mismo periodo, requisito que no se cumplió
en el caso concreto, por lo que negó las pretensiones formuladas contra La
Previsora S.A. Compañía de Seguros (hecho probado 3.11.).

4.5.1. De conformidad con lo anterior, se advierte que la demanda de reparación
directa se fundamentó en la muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez y no en la pérdida
de oportunidad de sobrevivir como daño autónomo, planteamiento que no fue objeto
de reproche por parte del extremo pasivo del litigio y, además, fue acogido por el
juez de primera instancia. Sin embargo, en sede de apelación, la aseguradora
introdujo este último aspecto al cuestionar tanto la acreditación del daño como el
reconocimiento de perjuicios morales.

A pesar de que el Tribunal Administrativo de Boyacá enunció como problema
jurídico: “establecer si la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja e[ra] administrativa y
extracontractualmente responsable por la muerte del señor Nelson Enrique Ruiz
Pérez […]”, en la sentencia de segunda instancia sustituyó dicho daño por la pérdida
de oportunidad, lo que incidió de manera determinante en la liquidación de los
perjuicios morales.

Al respecto, es pertinente recordar que la pérdida de oportunidad ha sido definida
como un daño autónomo y refiere a todos aquellos eventos en los que una persona
se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una
ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue frustrado por el hecho de
un tercero, lo que genera dos situaciones: por un lado, la incertidumbre de saber si
el efecto beneficioso se habría producido o no, y, por otro, la certeza consistente en
que se cercenó de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja
patrimonial43.

43 Sobre la pérdida de oportunidad, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad. No. 05001-23-26-000-1995-00082-
01; reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

De modo que, acorde con la jurisprudencia consolidada de esta Sección, para que
se configure la pérdida de oportunidad como daño indemnizable deben concurrir los
siguientes requisitos: (i) la certeza respecto de la existencia de una oportunidad que
se pierde, aunque esta envuelva un componente aleatorio; (ii) la imposibilidad
definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento; y (iii) que la víctima se
hubiese encontrado en una situación potencialmente apta para pretender la
consecución del resultado esperado.

En ese orden, la pérdida de oportunidad constituye un daño autónomo, dotado de
elementos estructurales propios que lo caracterizan y lo diferencian del daño
consistente en la muerte de la víctima. En otras palabras, la muerte de una persona
y la pérdida de oportunidad de sobrevivir o de mejorar la salud configuran daños
distintos, autónomos e independientes, que no resultan equivalentes ni
intercambiables. Por consiguiente, si bien el juez no se encuentra atado a la
calificación jurídica que las partes otorguen a los hechos y puede aplicar las normas
que estime pertinentes para resolver el caso concreto, tiene vedado modificar la
causa petendi o sustituir el daño alegado en la demanda, pues ello desconoce el
principio de congruencia, que exige correspondencia entre la decisión judicial y los
hechos y pretensiones de la demanda.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha precisado que
los hechos constituyen la causa petendi de la demanda, en cuanto delinean el
fundamento fáctico del derecho reclamado, delimitan el objeto del litigio y fijan el
alcance de la decisión judicial, por lo que deben ser materia del debate probatorio y
del pronunciamiento judicial en estricta consonancia con lo alegado. Por su parte,
los fundamentos de derecho pueden ser interpretados o adecuados por el juez, en
aplicación del principio iura novit curia, sin que ello afecte la congruencia del fallo44.

En la misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que no
es admisible que el juez analice un daño diverso al alegado en la demanda, ni
siquiera al amparo del principio iura novit curia, pues este no habilita la modificación
de la causa del litigio, la cual, en materia de responsabilidad del Estado, comprende,
entre otros elementos, el daño cuya reparación se solicita45.

Subsección C, sentencias del 28 de junio y del 4 de octubre de 2023, Rad. Nos. 25000-23-36-000-2012-00740-
03 y 25000-23-36-000-2017-01397-03, respectivamente.
44 “[…] los hechos son la causa petendi de la demanda, en cua[n]to configuran la causa jurídica en

que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y por eso, desde el punto de vista procesal,
su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos
de la controversia y por lo tanto el alcance de la sentencia, y deben ser objeto del debate durante el
proceso, para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones
de la demanda, ya que respecto de ellos debe pronunciarse el juzgador, en perfecta congruencia
[…]. Los fundamentos de derecho, por su parte, están constituidos por las normas jurídicas en las
que cree el demandante encontrar el fundamento de sus pretensiones y respecto de ellos es posible,
como principio general, que el juez pueda interpretarlos o adecuarlos al caso en estudio; por eso se
afirma que el juez debe “aplicar el derecho” cualquiera que sea la norma que lo contenga, haya sido
o no citada o alegada por la parte y sin necesidad de probarla toda vez que no constituyen su causa
petendi y no inciden en el principio de la congruencia de la sentencia.[…]”. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decisión del 14 de febrero de 1995, Rad. No. S-123.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 13 de julio de 2022, Rad. No. 54001-23-31-000-2001-01915-02.

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

De igual forma, se ha dejado claro que no le es dable al juez ni a las partes modificar
la causa petendi mediante alegaciones formuladas por fuera de las oportunidades
procesales legalmente previstas, esto es, la demanda, su corrección o adición,
escenarios en los cuales se define la extensión, contenido y alcance de la
controversia y se garantiza el derecho de contradicción de la contraparte. Es así
que “los hechos y las pretensiones de la demanda permiten delimitar el objeto
alrededor del cual debe girar el debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre
los cuales ha de recaer el pronunciamiento judicial final, es decir, constituyen pilares
fundamentales que garantizan el ejercicio, entre otros, del derecho de acción y,
correlativamente, de contradicción y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar de
manera congruente con lo pretendido en la demanda y su fundamento y, por eso,
no pueden ser modificados o adicionados por fuera de las oportunidades legalmente
previstas para ese propósito”46.

A partir de lo anterior, se ha recordado que el juez de segunda instancia debe
adoptar su decisión de forma congruente con la demanda, la sentencia y el recurso
de apelación, de modo que no le es permitido abordar cuestiones nuevas
planteadas en la alzada que no hubiesen sido propuestas desde el inicio del trámite,
pues ello comportaría una vulneración del derecho fundamental al debido proceso47.

Así, si bien el juez cuenta con la facultad-deber de interpretar integralmente el
escrito de demanda para determinar el verdadero sentido y alcance de la protección
judicial requerida, dicha potestad no puede servir de fundamento para alterar sus
elementos estructurales ni para desbordar los contornos que delimitan la
controversia48.

Bajo ese derrotero, la Sala concluye que la sentencia recurrida vulneró el principio
de congruencia al sustituir el daño cuya reparación fue solicitada en la demanda —
la muerte de Nelson Enrique Ruiz Pérez— por uno distinto, esto es, la pérdida de
oportunidad de sobrevivir, circunstancia que modificó de manera sustancial la causa
petendi y repercutió directamente en la determinación de los perjuicios reconocidos.
La incongruencia no radica en que dicho aspecto hubiese sido mencionado en la
alzada, sino en que el Tribunal Administrativo de Boyacá acogió ese planteamiento
y edificó su decisión sobre un daño autónomo que nunca fue invocado por la parte
demandante, lo que generó una discrepancia evidente entre lo pedido, lo debatido
y lo resuelto.

No se desconoce que la variación de la causa petendi tuvo origen en el recurso de
apelación interpuesto por La Previsora S.A. Compañía de Seguros; sin embargo,
dicha alteración solo se materializó cuando el Tribunal Administrativo de Boyacá
acogió ese planteamiento, sin advertir que ello implicaba modificar sustancialmente

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, Rad. No. 05001-23-31-000-2003-00985-01.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 12 de diciembre de 2022, Rad. No. 05001-23-33-000-2012-00576-01.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 19 de agosto de 2016, Rad. No. 25000-23-36-000-2015-02529-01.

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

los términos en los que había sido planteada la controversia. Al hacerlo, desconoció
los límites fijados por la demanda y comprometió la observancia de las garantías
inherentes al debido proceso y al derecho de contradicción de la parte demandante,
con vulneración del principio de congruencia que debe presidir toda decisión judicial.

En consecuencia, al haberse desbordado los límites fijados por la demanda y
haberse proferido una decisión fundada en un daño distinto del reclamado, el cargo
de revisión está llamado a prosperar. En tal virtud, se infirmará la sentencia recurrida
y se ordenará al Tribunal Administrativo de Boyacá dictar una sentencia de
reemplazo, con estricto respeto por la causa petendi y el principio de congruencia
que rige la función jurisdiccional.

Conviene precisar que la conclusión anterior no comporta reproche alguno frente a
la facultad del Tribunal Administrativo de Boyacá de acoger los argumentos
expuestos por La Previsora S.A. Compañía de Seguros en el recurso de apelación,
ni supone extender el recurso extraordinario de revisión como una instancia
adicional orientada a corregir el acierto de las decisiones judiciales. Lo que se
cuestiona no es la valoración o la aceptación de una determinada tesis jurídica, sino
el hecho de que, al asumirla, se modificó sustancialmente el objeto del litigio
mediante el examen de un daño diferente del invocado en la demanda.

Esta explicación resulta particularmente relevante, pues no puede perderse de vista
que el recurso extraordinario de revisión no está previsto para ejercer un control de
legalidad, corrección o suficiencia de la argumentación empleada por los jueces al
adoptar sus decisiones49. Su finalidad tampoco consiste en mejorar, complementar
o reemplazar la motivación de la providencia cuestionada, sino que, por el contrario,
se trata de verificar la configuración de las causales expresamente señaladas en la
ley.

En ese contexto, el examen efectuado se limitó a establecer si se materializó la
causal de revisión invocada por la recurrente, esto es, la nulidad originada en la
sentencia como consecuencia del desconocimiento del principio de congruencia,
hipótesis que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido como una de las
manifestaciones que pueden dar lugar a la prosperidad del recurso extraordinario
de revisión.

4.5.2. También, cabe aclarar que el referido desconocimiento no se originó en el
pronunciamiento efectuado por el Tribunal Administrativo de Boyacá respecto del
reconocimiento de perjuicios morales, puesto que la jurisprudencia ha sostenido
que, cuando se apela un aspecto global de la sentencia —como la declaración de
responsabilidad—, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que
integran esa dimensión, aunque no hayan sido objeto de reparo expreso, dentro de

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 19 de mayo de 2025, Rad. No. 11001-03-26-000-2023-00191-00.

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

los cuales se encuentra el reconocimiento de perjuicios como consecuencia directa
de aquella50.

De igual manera, se advierte que, contrario a lo señalado por la recurrente, el
Tribunal Administrativo de Boyacá no vulneró el principio de non reformatio in pejus.

Dicho principio constituye una manifestación de lo dispuesto en el artículo 31 de la
Constitución Política, según el cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta
cuando el condenado sea apelante único”. En desarrollo de este mandato, la
jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el recurso de apelación
materializa el derecho de impugnación de las decisiones judiciales y que, en
consecuencia, el juez de segunda instancia no puede empeorar, agravar o
desmejorar la situación jurídica definida en el fallo de primer grado cuando quien
recurre es el único apelante51.

En ese sentido, la prohibición de reformar la providencia en perjuicio del apelante
únicamente opera cuando la impugnación ha sido promovida por una sola parte
interesada. Esta noción comprende no solo los eventos en los que existe una única
apelación desde una perspectiva formal, sino también aquellos en los que, pese a
haberse formulado varios recursos, estos provienen de sujetos que integran un
mismo extremo de la litis o persiguen un interés sustancialmente coincidente,
hipótesis en la cual tales impugnaciones deben considerarse, materialmente, como
una apelación única52.

En el sub examine, si bien concurrieron dos apelantes, a saber, la E.S.E. Hospital
Universitario San Rafael de Tunja y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, ambos
persiguen un interés común dentro del proceso, por lo que, en principio, podrían ser
considerados apelantes únicos desde una perspectiva material. No obstante, aún
bajo dicha premisa, la garantía invocada por la recurrente no resulta aplicable al
caso concreto, en consideración a que, para que se configurara una vulneración del
principio de non reformatio in pejus, era necesario que la parte cuya situación
jurídica resultó afectada hubiese ostentado la condición de apelante única y que la
decisión de segunda instancia hubiera desmejorado la posición obtenida en el fallo
de primer grado. Ninguno de esos presupuestos concurre en este asunto, pues la
parte demandante no interpuso recurso de apelación y, por ende, no tuvo la calidad
de apelante única.

Finalmente, se recuerda que el recurso extraordinario de revisión no constituye una
tercera instancia ni fue concebido para reabrir el debate probatorio propio del
proceso de reparación directa. En consecuencia, no resulta procedente efectuar una

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 6 de abril de 2018, Rad. No. 05001-23-31-000-2001-03068-01.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de

junio de 2010, Rad. No. 73001-23-31-000-1998-03901-01; y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2013, Rad.
No. 52001-23-31-000-1999-00782-01.
52 Ibidem.

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Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

nueva valoración del acervo probatorio, pues ello desconocería los principios de
autonomía e independencia del juez natural de la causa, sana crítica y cosa juzgada.

5. Conclusión

La Sala encuentra configurada la causal de revisión establecida en el numeral 5°
del artículo 250 del CPACA, toda vez que el cargo formulado por la recurrente puso
de presente la existencia de una nulidad originada en la sentencia proferida el 12
de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

En efecto, se acreditó la vulneración del principio de congruencia, en tanto la
decisión cuestionada desbordó los límites fijados por la demanda al modificar el
daño reclamado en el libelo introductorio.

6. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del CPACA con la modificación introducida por dicha ley.

El inciso final del artículo 25553 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021, dispone que, si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Bajo
ese entendido, esta Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Paula Viviana Ruiz Suárez contra la sentencia proferida el 12 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de
reparación directa identificado con radicado núm. 15001-33-33-002-2017-00031-
00/01, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del fallo dictado el 12 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de reparación
directa identificado con radicado núm. 15001-33-33-002-2017-00031-00/01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá que profiera sentencia
de reemplazo dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado

53 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se

declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2025-00131-00 (73486)
Recurrente: Paula Viviana Ruiz Suárez

núm. 15001-33-33-002-2017-00031-00/01, con arreglo a lo consignado en la parte
motiva de este proveído.

CUARTO: SIN CONDENA en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
Administrativo de Boyacá, para que profiera el fallo que en derecho corresponda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

CAOP/HASH

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