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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00016-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00016-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por Empresas Públicas de Urrao E.S.P. contra el laudo arbitral proferido el 21 de octubre de 2025, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. LEVANTAR la suspensión de la ejecución del laudo arbitral. TERCERO. CONDENAR a Empresas Públicas de Urrao E.S.P., parte recurrente en el presente asunto, a pagar las costas a favor de la Unión Temporal Urrao Iluminado, liquidadas en la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia. CUARTO. En firme la providencia, comunicar la presente decisión a la Cámara de Comercio de Medellín, Centro de Arbitraje y Conciliación, por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2026-00016-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2026-00016-00 (73945)
Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado
Convocado: Empresas Públicas de Urrao E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

Temas: LA JUSTICIA ARBITRAL Y SUS CARACTERÍSTICAS / encuentra fundamento en la
Constitución Política — se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación / RECURSO
EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL — es excepcional, restrictivo y
extraordinario — no puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda
reabrir el debate sobre el fondo del litigio / CAUSAL QUINTA DE ANULACIÓN — ausencia de decreto
o práctica de pruebas / CAUSAL SÉPTIMA DE ANULACIÓN / FALLO EN CONCIENCIA O EQUIDAD
— no se configura esta causal cuando el laudo se profiere con fundamento en fuentes de derecho
conectadas con el sentido de la decisión y con apoyo en el material probatorio / CAUSAL NOVENA
DE ANULACIÓN — la congruencia se verifica cotejando la parte resolutiva con las pretensiones, no
con las estipulaciones del contrato.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la
parte convocada contra el laudo del 21 de octubre de 2025, proferido por el Tribunal
de Arbitraje constituido para dirimir las controversias suscitadas entre la Unión
Temporal Urrao Iluminado —en adelante, la UT— y las Empresas Públicas de Urrao
E.S.P. —en lo sucesivo, EPU—, mediante el cual accedió a las pretensiones de la
demanda arbitral y negó las súplicas de la demanda de reconvención.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el recurso extraordinario de anulación se invocaron las causales previstas en los
numerales 5, 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

La parte recurrente —EPU— sostuvo, en lo que atañe a la causal quinta, que el
tribunal arbitral dejó de practicar pruebas documentales legalmente decretadas, lo
que privó de soporte fáctico real a la decisión. Con fundamento en la causal séptima,
alegó que el laudo fue proferido en conciencia, por cuanto se apoyó en tesis
carentes de sustento normativo expreso y prescindió de una valoración probatoria
completa del acervo documental y testimonial del proceso. A partir de la causal
novena, señaló que el laudo concedió pretensiones económicas por cuantías que
excedieron los límites trazados por la convocante en su demanda, con lo que se
configuraría un fallo ultra petita.

De manera subsidiaria, el recurrente solicitó la declaratoria oficiosa de nulidad
absoluta del contrato No. 004 de 2023.

Radicado: 11001-03-26-000-2026-00016-00 (73945)
Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado

II. ANTECEDENTES

1. Demanda arbitral

Con fundamento en el pacto arbitral contenido en la cláusula decimosexta del
contrato No. 004 suscrito el 26 de mayo de 2023, se integró un tribunal de arbitraje
para conocer de la demanda que la UT interpuso el 4 de septiembre de 2024 en
contra de EPU.

Las pretensiones fueron las siguientes: (i) que se declare que EPU incumplió el
contrato No. 004 de 20231; (ii) que se ordene a EPU constituir la fiducia en los
términos que contemplan las cláusulas novena y décima del negocio jurídico objeto
de controversia; (iii) que a EPU se le ordene pagar a favor de la demandante la
suma de $825’183.912, correspondiente al valor de las facturas adeudadas por los
meses de ejecución del contrato; (iv) que se condene a EPU y a favor de la UT al
pago de intereses de mora a la máxima tasa legal permitida, desde la fecha de
vencimiento de cada una de las facturas pendientes de pago; subsidiariamente, que
se condene a EPU y a favor de la UT al pago de las actualizaciones, reajustes e
intereses moratorios según la Ley 80 de 1993, a partir del vencimiento de cada una
de las facturas descritas previamente; y (v) que se ordene a EPU continuar con el
pago oportuno de las prestaciones pactadas con la UT, con base en el modelo
financiero regulado por la CREG y en lo estipulado en las cláusulas novena y décima
del contrato objeto de la controversia2.

2. Demanda de reconvención

La parte convocada contestó la demanda3 interpuesta en su contra, oponiéndose a
las súplicas. Además, presentó demanda de reconvención4, con las siguientes
pretensiones: (i) declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito y omisión de la
autorización de vigencias futuras y falta de acreditación de experiencia habilitante
del proponente adjudicatario del contrato No. 004 de 2023; (ii) declarar que el
negocio jurídico en cuestión corresponde a un contrato de concesión; (iii) declarar
que la UT es responsable de los daños patrimoniales causados a EPU, con ocasión
de la presentación de su propuesta en el proceso de selección, la celebración y
ejecución del contrato objeto de controversia; y (iv) declarar que EPU no debe
asumir ningún pago en razón de las restituciones mutuas a la UT.

1 El objeto del contrato es el siguiente: «CONTRATAR EL SISTEMA DE OPERACIÓN CON
INVERSION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUIDAS LAS
ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, REPOTENCIACIÓN
(MODERNIZACIÓN), ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
E L MUNICIPIO DE URRAO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por un término de VEINTICINCO
25 AÑOS». Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0
47E8C42A93B232E8 A1765D428BA26900. Documento llamado «161. 2024 A 0049 Laudo Final».
2 Índice 4, SAMAI. Certificado 19674F8CAC344F07 469166A6BDD50E00 B8444559D5121963

78E34CAB86C0FBB4.
3 Índice 4, SAMAI. Certificado B9EDE7B71A3D05C6 20CED4D5AD32056F 6F540166AB25B32D

2371F84BF67B8352. Documento llamado «1 Contestaci漃Ān demanda V2».
4 Índice 4, SAMAI. Certificado C264AD339DE8BF94 4D41D1F63A88CBC7 7E4B8A01D080BE8C

14F5E24263EAF79B. Documento llamado «2 Demanda de reconvenci漃Ān V1».

2

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Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado

3. Primera audiencia de trámite y etapa probatoria

3.1. El 22 de abril de 20255 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, mediante
la cual el Tribunal se declaró competente para conocer la controversia planteada en
la demanda arbitral, así como en la de reconvención y sus respectivas
contestaciones, decisión frente a la cual las partes no interpusieron recurso.

3.2. A continuación, el Tribunal se pronunció sobre las pruebas solicitadas tanto por
la UT como por EPU: dispuso tener en cuenta las pruebas documentales aportadas
«con el valor que la ley les asigna»; decretó testimonios por parte y parte; decretó
un interrogatorio de parte, entre otros medios de prueba. Seguidamente, el Tribunal
fijó fecha para la práctica de tales pruebas.

3.3. Una vez practicadas las pruebas, mediante auto del 3 de julio de 20256 se
declaró cerrado el periodo probatorio, sin que las partes presentaran recursos contra
esta providencia.

4. El laudo arbitral y la solicitud de aclaración

4.1. El Tribunal de Arbitraje profirió laudo el 21 de octubre de 2025 7, por medio del
cual accedió a las pretensiones de la demanda principal interpuesta por la UT y
negó las súplicas de la demanda de reconvención que presentó EPU.

Concretamente, tal como se observa en la parte resolutiva del laudo, el Tribunal: (i)
declaró que EPU incumplió el contrato No. 004 de 2023 —cláusulas novena y
décima— y su otrosí No. 001; (ii) como consecuencia de lo anterior, ordenó a EPU
constituir la fiducia prevista en esas cláusulas; (iii) condenó a tal entidad a pagar a
la UT convocante la suma de $1.000’749.052, que, según la parte motiva,
comprende el capital adeudado ($734’443.459) y los intereses de mora
($266’305.593) liquidados hasta la fecha del laudo; (iv) ordenó a EPU continuar con
el pago oportuno de las prestaciones pactadas, conforme con el modelo financiero
regulado por la CREG y con el contrato No. 004 de 2023; y (v) negó las pretensiones
de la demanda de reconvención interpuesta por EPU.

Los fundamentos expuestos por el Tribunal para adoptar tales decisiones serán
desarrollados en la parte motiva de esta providencia, en cuanto resulten pertinentes
para resolver las causales de anulación invocadas por EPU.

5 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8
A1765D428BA26900. Documento llamado: «087. 32. 2024 A 035 Acta No 6 (contiene Auto No 12 y
13 Primera Audiencia de Trámite) (2).»
6 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900. Documento llamado: «132. TRIBUNAL DE ARBITRAJE URRAO Acta No 11 (
Auto No 20 cierra periodo prbatorio)»
7 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900.

3

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Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado

4.2. EPU presentó solicitud de aclaración frente al laudo8. En lo que resulta relevante
para resolver el recurso extraordinario de anulación, pidió que se precisaran las
tasas de interés moratorio, las fechas de inicio de la mora de cada una de las
facturas y las fechas de corte empleadas para liquidar la condena del ordinal tercero.
Las restantes peticiones incluidas en la solicitud de aclaración, se refirieron al
alcance de los documentos contractuales para los pagos futuros, a los criterios de
tasación de las agencias en derecho y a los efectos fiscales derivados de la tipología
del contrato.

4.3. Mediante auto 26 del 5 de noviembre de 20259, el Tribunal negó la totalidad de
las solicitudes, al considerar que no recaían sobre verdaderos motivos de duda de
la parte resolutiva ni evidenciaban errores susceptibles de corrección y que, más
bien, perseguían reabrir el debate de fondo y modificar el sentido de lo decidido.

5. El recurso extraordinario de anulación y su trámite

5.1. En la oportunidad legal, EPU —parte convocada— interpuso recurso
extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, con fundamento en las causales
contempladas en los numerales 5, 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 10.

Con apoyo en la causal quinta —haberse dejado de practicar una prueba decretada
sin fundamento legal— y en la séptima —haberse fallado en conciencia—, EPU
solicitó que se anulara el laudo arbitral. Con fundamento en la causal novena, que
encuadró como fallo extra y ultra petita, pidió que se corrigiera y modificara la
decisión, por cuanto se «concedieron pretensiones económicas y accesorias por
cuantías y conceptos que exceden los límites objetivos trazados por la parte
convocante». De manera subsidiaria, solicitó que se declarara de oficio la nulidad
absoluta del contrato No. 004 de 2023, con sustento en el artículo 1742 del Código
Civil, y que se corrigiera la doctrina expuesta en el laudo en cuanto a la naturaleza
de los contratos de alumbrado público y la exigencia de vigencias futuras.

5.2. La UT —parte convocante— descorrió traslado del recurso y solicitó que se
declarara infundado11. En síntesis, sostuvo que el recurso extraordinario de
anulación procede únicamente por los motivos taxativos previstos en la ley, de orden
procesal, y que no constituye una segunda instancia, por lo que no puede fundarse
en el desacuerdo con la fundamentación jurídica ni con la valoración probatoria del
laudo, según los términos del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. Añadió que las

8 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900.
9 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900. Documento llamado «169. 2024 A 035 Acta No 17 (Auto No 26 resuelve
solicitudes)».
10 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900. Documento llamado «180. Recurso Extraordinario de Anulación».
11 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900. Documento llamado «185. Descorre traslado de recurso de anulación 2024 A
0049».

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Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado

peticiones subsidiarias del recurrente —la declaratoria oficiosa de nulidad del
contrato y la corrección de la doctrina del laudo— son ajenas al objeto del recurso.

Por razones metodológicas, los argumentos expuestos como sustento de las
causales de anulación invocadas, así como los planteados por la UT en el escrito
de oposición, serán plasmados en la parte considerativa de esta providencia.

5.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5.4. Mediante auto del 6 de mayo de 2026, el Despacho conductor del proceso
admitió el recurso extraordinario de anulación interpuesto por EPU, y, a solicitud de
dicha entidad, suspendió el cumplimiento del laudo arbitral recurrido.

II. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de anulación, la Sala analizará los siguientes
aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) objeto de la decisión y problema jurídico
a resolver; (3) la justicia arbitral y sus características; (4) el recurso extraordinario
de anulación: su finalidad y características; (5) las causales invocadas en el recurso
extraordinario de anulación y su solución en el caso concreto; (6) levantamiento de
la suspensión del laudo arbitral; y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

A la Sala le corresponde, en única instancia, el conocimiento del presente recurso
extraordinario de anulación, tal como quedó consignado en el auto admisorio del 6
de mayo de 202612, en la medida en que una de las partes de la controversia
derivada del contrato No. 004 de 2023 —que se resolvió con el laudo arbitral del 21
de octubre de 2025— ostenta la naturaleza de una entidad pública —Empresas
Públicas de Urrao—13. Esto encuentra sustento en lo dispuesto en el numeral 714
del artículo 149 del CPACA y en el inciso 3°15 del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012.

12 Índice 7, SAMAI. Certificado 45EE15299F04BA36 7CE3AE60F15D55D5 E5ED9824F0D6D166

F0C48E5AA0C6E0AB.
13 Entidad creada inicialmente como establecimiento público de carácter municipal, por el Acuerdo

018 de 1990 expedido por el Concejo Municipal de Urrao y transformada posteriormente, a través
de los Acuerdos 067 de 1995 y 085 de 2011, en Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden
municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y
generación de energía eléctrica, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
14 «Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. (…) 7. Del recurso de

anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por
una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la
materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión».
15 «Artículo 46. Competencia (…) Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo

arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas,
será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado».

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2. Objeto de la decisión y problema jurídico a resolver

En los términos del recurso extraordinario de anulación interpuesto por EPU contra
el laudo arbitral, a la Sala le corresponde determinar si tal decisión se encuentra
viciada por las causales de anulación invocadas en los numerales 5, 7 y 9 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

Lo anterior, no sin antes realizar una breve conceptualización sobre la justicia
arbitral y sus características, así como también sobre la finalidad del recurso
extraordinario de anulación.

3. La justicia arbitral y sus características

En el ordenamiento jurídico colombiano, la justicia arbitral encuentra fundamento en
la Constitución Política, cuyo artículo 116 consagra que los particulares pueden ser
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia «en la condición de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en
los términos que determine la ley». En igual sentido, desde el plano legal, el artículo
3 de la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia16, previó que los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de árbitros,
debidamente habilitados por las partes, para proferir fallos en derecho o equidad.

Lo anterior da cuenta de que la justicia arbitral, tal como lo ha dicho esta
Subsección17, se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación, toda vez
que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge del acuerdo de
voluntades de las partes en el sentido de sustraer la resolución de sus controversias
del conocimiento de los jueces institucionales o permanentes y habilitar a los
árbitros para decidir sus diferencias. Lo relativo a la voluntariedad, sustentado en la
autonomía de las partes, se ratifica con la definición consagrada el artículo 1° de la
Ley 1563 de 2012 sobre el arbitraje, consistente en que es un mecanismo alternativo
de solución de conflictos «mediante el cual las partes difieren a árbitros la solución
de una controversia» relativa a asuntos de libre disposición o autorizados por ley.

Bajo este marco normativo y conceptual, se desprenden los elementos sustanciales
de la justicia arbitral, a saber: (i) el arbitraje tiene como presupuesto esencial el
acuerdo de voluntades de las partes en la controversia —principio de habilitación o
voluntariedad—, de manera que no le resulte obligatorio a alguna de las partes
acudir a esta justicia; (ii) tiene carácter temporal, en cuanto los árbitros ejercen
funciones jurisdiccionales durante el tiempo en que resuelven la controversia que
las partes sometieron a su conocimiento; cumplida esa finalidad, cesa su

16 Ley 270 de 1996.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de septiembre de 2025,

exp.66170.

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investidura, pues «desaparece la razón de ser de su habilitación»18; (iii) es
excepcional, por cuanto no toda controversia puede ser sometida a arbitraje, ni este
desplaza a la jurisdicción permanente del Estado19; (iv) reviste una naturaleza mixta,
integrada por una dimensión contractual —derivada del principio de habilitación— y
una dimensión procesal, que determina su sometimiento al marco legal y a las
garantías fundamentales del debido proceso, de defensa y acceso a la
administración de justicia.

4. El recurso extraordinario de anulación: su finalidad y características

El recurso extraordinario de anulación es de carácter dispositivo y de causales
taxativas, contenidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuestión que implica,
tal como lo ha señalado la Corporación20, que los argumentos a partir de los cuales
se pretenda fundamentar dicho recurso deben ser claros, idóneos y puntuales, los
cuales deben acompasarse con los supuestos de la causal de anulación que se
invoque, porque ello delimita la competencia del juez de la anulación para decidir.

A su vez, en cuanto a las limitaciones del juez de la anulación, el artículo 42
ejusdem, en su inciso final, prevé que «[l]a autoridad judicial competente en la
anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o
modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo».

En la misma línea de lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación21 ha
precisado la naturaleza, la finalidad y las características del recurso extraordinario
de anulación, destacando lo siguiente:

(i) El recurso de anulación es excepcional, restrictivo y extraordinario. No
puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda
reabrir el debate sobre el fondo del litigio.

(ii) Su finalidad consiste en la protección del derecho al debido proceso. Por
tanto, su presentación debe orientarse a cuestionar la decisión arbitral por error in
procedendo (de forma) y no por errores in iudicando (de la sustancia de la decisión),
proscribiendo al juez de anulación de analizar los razonamientos de los árbitros en
cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión
por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria.

18 «Una consecuencia importante del papel central de la voluntad autónoma de las partes dentro del

sistema de arbitramento es que la función conferida a los árbitros es transitoria o temporal, ya que
al ser las partes en conflicto las que habilitan a los árbitros para resolver una determinada
controversia, cuando se resuelve el conflicto desaparece la razón de ser de su habilitación.» (Corte
Constitucional, SU 147-07, sentencia del 14 de marzo de 2007).
19 Corte Constitucional, SU 147-07, sentencia del 14 de marzo de 2007. Ver también: Juan Pablo

Cárdenas (2019). Módulo Arbitraje Nacional e Internacional. Características constitucionales. p.37.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2023, exp.

70190.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de agosto de 2024, Exp.

70968; sentencia del 18 de enero de 2019, Exp. 62476; sentencia del 23 de abril de 2018, Exp.
59731; sentencia del 19 de julio de 2017, Exp. 59067; sentencia del 31 de agosto de 2015,
Exp.53585.

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(iii) Las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el
«principio dispositivo», según el cual el recurrente limitará su recurso dentro de las
causales taxativas de la ley, al paso que ello también marca el derrotero y la
competencia del juez de la anulación. En consecuencia, «no le está permitido
suponer lo manifestado por el impugnante para tratar de establecer la causal que
invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación
y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar de plano el recurso cuando
las causales que se aduzcan no correspondan a las señaladas en la ley»22.

(iv) El recurso de anulación supone una carga de sustentación la cual exige
al recurrente demostrar —con apoyo en las causales taxativas de la ley— las
razones por las que el laudo incurre en el vicio alegado. De este modo, será la
cadena argumentativa la que estructure e invoque la causal aducida, y no el mero
nombre o denominación que le asigne el accionante.

En atención a su naturaleza formal, y dado que se encuentra circunscrito al examen
de errores in procedendo, el recurso no constituye una segunda instancia ni una
oportunidad para reabrir el debate sobre el fondo de la controversia. Por tanto, el
juez se pronunciará exclusivamente sobre las causales invocadas por el recurrente,
taxativas y previstas en la ley, sin que resulte procedente análisis oficioso por parte
del juez de anulación, al menos tratándose de arbitraje nacional.

5. Las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación y su
solución en el caso concreto

5.1. Causal de anulación prevista en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012

5.1.1. Lo alegado en el recurso respecto de esta causal

El recurrente circunscribió la referida causal a la falta de práctica de pruebas
documentales legalmente decretadas. Sostuvo que, si bien el laudo tuvo como
pruebas los documentos aportados por las partes, esa afirmación se refería al
decreto de las pruebas y no a su práctica, la cual, en su criterio, no fue completa.

Adujo que la falta de práctica de esos documentos se tradujo en su ausencia de
valoración, con infracción del artículo 176 del CGP, desconociendo el mandato
jurídico recogido en el principio de comunidad y unidad de prueba. En su criterio, el
laudo sacrificó esa regla al no practicar materialmente pruebas documentales
esenciales, lo que derivó en un fallo carente de soporte fáctico real.

Reconoció que el numeral 5 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 exige, como
presupuesto de procedibilidad, haber alegado la omisión oportunamente mediante
el recurso de reposición. No obstante, planteó una distinción que, a su juicio, lo

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de agosto de 2024, Exp.

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releva de esa carga al tratarse de una prueba documental. En su consideración, la
práctica de este medio de prueba no se satisface con su mero decreto ni con su
incorporación formal al expediente, sino que depende de la valoración intelectiva
del juzgador, acto que solo adquiere existencia jurídica en el cuerpo del laudo. De
ahí que este medio de prueba específico se diferencie de la testimonial, la
declaración de parte o el dictamen pericial —cuya práctica se evidencia durante la
etapa probatoria—, y su omisión solo resultaría verificable al conocerse la valoración
contenida en el laudo y, por tanto, no le era posible cumplir con el requisito de
procedencia exigido en el numeral 5 del artículo 41 arriba referenciado.

Sobre esa base, la recurrente desarrolló la censura en tres argumentos. En el
primero, relativo a la naturaleza del contrato, afirmó que no se practicaron las
pruebas que evidenciaban el modelo financiero, los estudios previos, el pliego de
condiciones definitivo y la propuesta del contratista, cuya «valoración de dicho
acervo probatorio permitía concluir de manera ineluctable que el negocio jurídico,
cuya nulidad fue planteada, corresponde material y jurídicamente a un contrato de
concesión». A su juicio, el Tribunal prescindió de la práctica de los documentos que
revestían de los componentes financieros, que evidenciaban la explotación a la que
hace referencia el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y que, por tanto, esa práctica
habría derivado en una conclusión distinta a la cual llegó el laudo.

En el segundo, atinente a la nulidad absoluta del contrato, adujo la falta de práctica
de pruebas documentales relacionadas con la experiencia habilitante y con la
capacidad financiera del contratista. Al respecto, señaló que un análisis minucioso
de la prueba documental no practicada, relacionada con la experiencia del
adjudicatario, permitía concluir que la experiencia específica exigida no se había
cumplido, pues el pliego de condiciones exigía que se tomaran en cuenta los
porcentajes de participación que se haya tenido dentro de figuras asociativas como
uniones temporales o consorcios. En este sentido, reprochó las pruebas valoradas
en el laudo, pues «resulta completamente incoherente reconocer como experiencia
válida, la experiencia obtenida de un contrato que fue judicialmente declarado nulo,
es como pretender reconocer como experiencia válida, aquella que vulneró el
ordenamiento jurídico, aquí nace entre otros elementos de este recurso de rectificar
la doctrina a través de la sentencia que resuelva esta solicitud de anulación».

En el tercero, invocó la ausencia de práctica de la prueba documental relacionada
con el incumplimiento del contratista. Frente a esto, advirtió una fundamentación
etérea y genérica, sustentada en referencias imprecisas a actas de avance,
obviando el examen de los informes de interventoría que denotan la inexistencia de
seguimiento a la inversión inicial y la falta de control integral sobre la instalación de
luminarias por parte del personal idóneo exigido en el pliego de condiciones. En este
sentido, extrañó la práctica de la prueba documental, relacionada con el
incumplimiento del contrato, sobre la propuesta técnica y económica, el modelo
financiero, los informes de interventoría, los testimonios y declaración de parte del
director de interventoría y el representante legal de la UT.

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Finalmente, sostuvo que el laudo incurrió en una contradicción lógica y jurídica, pues
su parte resolutiva ordenó continuar los pagos con fundamento en el modelo
financiero regulado por la CREG y en el contrato, pese a haber pretermitido la
práctica de la prueba documental que contiene dicho modelo. Aclaró que no
perseguía una nueva valoración probatoria, sino demostrar que el laudo se apartó
de la realidad procesal al no fundarse en la integridad del acervo decretado.

5.1.2. Oposición de la UT frente a esta causal de anulación

Frente a la causal en particular, la UT advirtió que la censura de la parte recurrente
—aunque presentada bajo el ropaje de una omisión en la práctica de la prueba—
era, en realidad, una inconformidad con la valoración que el árbitro hizo del material
probatorio. En esa dirección, y en términos generales, señaló que de la propia
literalidad del recurso se desprende que el verdadero reparo de EPU recaía sobre
la apreciación intelectiva del juzgador, no sobre el acopio o incorporación de los
documentos al expediente. Con apoyo en una sentencia del Consejo de Estado23,
recordó que la causal quinta no tiene por objeto reabrir debates probatorios ni
cuestionar la valoración efectuada por el panel arbitral, y que la apreciación
defectuosa de las pruebas no constituye esta causal de anulación. Por lo anterior,
solicitó que el cargo fuera declarado infundado.

5.1.3. Consideraciones de la Sala

5.1.3.1. El numeral 5 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 consagra como causal
de anulación la siguiente: «Haberse negado el decreto de una prueba pedida
oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin
fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente
mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión».

De su tenor se desprende que la causal ampara el derecho a la prueba en sus fases
de decreto y de práctica, y que su prosperidad está supeditada a la concurrencia de
cuatro requisitos, a saber: (i) que se haya negado el decreto de una prueba pedida
oportunamente, o que se haya dejado de practicar una prueba decretada; (ii) que la
negativa o la omisión carezca de fundamento legal; (iii) que la omisión se hubiere
alegado oportunamente mediante el recurso de reposición; y (iv) que la prueba
pretermitida pudiera tener incidencia en la decisión.

Precisado esto, conviene señalar que la ausencia de cualquiera de estos requisitos
releva a la Sala de examinar el cargo y conduce a declarar infundado el mismo. En
otras palabras, se destaca que estos requisitos son concurrentes.

En adición a lo anterior, ha de advertirse que el estudio de esta causal no constituye
ni significa una instancia adicional para reabrir el debate probatorio. Se resalta,
entonces, que el recurso de anulación no autoriza al juez a revisar la apreciación

23 Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, Exp. 36838.

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que el tribunal arbitral hizo del material probatorio, pues el juez de anulación no
puede calificar ni modificar las valoraciones probatorias contenidas en el laudo. De
ahí que la inconformidad con la forma en que los árbitros valoran o aprecian una
prueba constituya un error in iudicando, ajeno a los linderos del recurso.

5.1.3.2. La Sala anticipa que la causal invocada no está llamada a prosperar. De un
lado, el recurrente no satisfizo el presupuesto de procedibilidad de la causal —la
previa reclamación de la omisión mediante el recurso de reposición—; del otro, lo
que el recurso censura no es el decreto ni la práctica de las pruebas documentales,
sino su valoración, aspecto ajeno a esta causal y al recurso de anulación.

En cuanto a lo primero, revisado el recurso extraordinario, la Sala constata que el
recurrente no alegó por la vía de la reposición que se hubiese omitido la práctica de
una prueba durante el trámite arbitral. Incluso, se destaca que EPU reconoció
expresamente esa exigencia legal y presentó argumentos pretendiéndose relevarse
de ella con una distinción dogmática, según la cual la práctica de la prueba
documental solo se materializaría con su valoración en el cuerpo del laudo. Es,
precisamente, esa justificación la que revela el verdadero objeto del recurso
extraordinario de anulación respecto de esta causal, y es que el recurrente al haber
sostenido que la omisión que alega solo resultaba verificable una vez conocida la
apreciación contenida en el laudo, admite que lo que ataca no es la falta de práctica
de la prueba del proceso, sino la valoración que de ella hizo el Tribunal.

En efecto, la práctica de la prueba se realiza en la etapa probatoria del proceso y,
por lo mismo, resulta controvertible en la misma sede. Es por esto que es
completamente exigible, ante cualquiera de los medios de prueba, que la ausencia
de su decreto o práctica sea impugnada en esta sede, caso contrario a lo ocurrido
en la valoración de la prueba, que, como el mismo recurrente identificó, solamente
es expresada en la sentencia o en el laudo y que, por la misma naturaleza del
recurso de anulación, está exenta de alegato en contra.

Para el caso sub examine, si lo censurado fuese verdaderamente un defecto en el
decreto o en la práctica de los documentos, el recurrente habría contado con la
oportunidad procesal para reclamarlo ante el propio Tribunal Arbitral. Que no lo haya
hecho, y que sustente esa inactividad en que la «práctica» solo se consumaría con
la valoración, confirma que lo reprochado es la apreciación probatoria y no una
omisión en la práctica de la prueba. Lo anterior se hace aún más evidente cuando,
en el desarrollo del recurso, la parte procede a citar el artículo 176 del CGP, que es
precisamente la norma que regula la apreciación de la prueba, no su práctica.

Adicionalmente, la Sala advierte que los documentos a los que se alude en el cargo
de anulación fueron aportados e incorporados al expediente24. No se está, pues,
ante una prueba decretada y dejada de practicar, sino ante documentos
efectivamente incorporados, pero que, a juicio del recurrente, su valoración en el
laudo fue insuficiente. Siendo así, la inconformidad planteada constituye un alegato

24 De conformidad con lo dispuesto en el acápite 3.1. de los Antecedentes.

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sobre la valoración de las pruebas, lo que, por mandato del inciso final del artículo
42 de la Ley 1563 de 2012, está sustraído al conocimiento del juez de la anulación,
a quien no le es dado calificar ni modificar las valoraciones probatorias del Tribunal.

Bajo el ropaje de una omisión en la práctica de unas pruebas documentales, el
recurrente lo que en realidad pretende es una nueva apreciación del acervo
probatorio y, con ella, una conclusión distinta sobre la tipología del contrato, la
nulidad absoluta del acuerdo de voluntades y lo relacionado con el incumplimiento,
aspecto que desborda el objeto del recurso extraordinario de anulación.

En consecuencia, la causal de anulación invocada no prospera, comoquiera que el
recurrente dirigió su censura contra la valoración probatoria, en contravía a lo
dispuesto en el inciso final del artículo 4225 de la Ley 1563 de 2012.

5.2. Causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012

5.2.1. Lo alegado en el recurso respecto de esta causal

El recurrente sustentó esta causal en la sentencia T-131 de 2021 de la Corte
Constitucional y en un par providencias de la Sección Tercera del Consejo de
Estado26. Sobre esa base, afirmó que en el laudo arbitral se percibe una ausencia
de fundamento jurídico que sustente lógicamente la decisión por haberse apartado,
en su criterio, del régimen imperativo constitucional (artículo 122), administrativo
(Ley 489 de 1998), presupuestal (Decreto 115 de 1996) y de contratación pública.

Desarrolló la censura bajo dos perspectivas, a saber: (i) que la fundamentación del
laudo se sitúa por fuera del ordenamiento jurídico; y (ii) que el laudo no cuenta con
un análisis probatorio completo.

(i) En cuanto a la fundamentación por fuera del ordenamiento jurídico, el
recurrente aludió a tres tesis que, en su criterio, constituyen la ratio decidendi del
laudo y carecen de fundamento jurídico expreso.

En la primera tesis, transcribió el aparte del laudo según el cual el ordenamiento
jurídico habilita a los municipios para prestar el servicio de alumbrado público a
través de sus empresas de servicios públicos, mediante la figura de la
descentralización funcional o por servicios, de modo que bastaba con que la
convocada gozara de capacidad, según su objeto estatutario, para prestar el
servicio. Frente a ello reprochó, de un lado, que para el laudo bastara la capacidad
de la entidad y, por otra parte, que no fuera necesario un acuerdo municipal de
autorización —por fuera de un convenio o contrato interadministrativo— para prestar

25 «Artículo 42. Trámite del recurso de anulación. La autoridad judicial competente en la anulación

no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios,
motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al
adoptar el laudo» (se resalta).
26 Sentencia del 12 de abril de 2024 (exp. 68.168), y del 4 de mayo de 2022 (exp. 66.723).

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el servicio mediante una entidad descentralizada. Al respecto, la parte recurrente
aclaró que no perseguía una nueva valoración, sino mostrar que esas tesis carecen
de sustento normativo. Conforme con la autonomía administrativa de la Ley 489 de
1998, no basta la capacidad, sino que se requiere un acto jurídico de traslado de
competencias. Además, manifestó que el laudo arbitral no tuvo en cuenta «ni una
sola vez» el Decreto 115 de 1996 sobre el régimen presupuestal de las empresas
industriales y comerciales del Estado, incluidas las vigencias futuras; y que la misma
decisión arbitral no citó ninguna disposición ni sentencia de unificación que avalara
una descentralización «de pleno derecho».

En la segunda tesis, transcribió el aparte del laudo según el cual los contratos
estatales de naturaleza especial se perfeccionan mediante el esquema de oferta-
aceptación, en los términos del artículo 864 del Código de Comercio, cuando son
consensuales; que las vigencias futuras no constituyen un requisito de
perfeccionamiento; y que, en este caso, no se requerían las vigencias futuras,
porque la remuneración provenía del impuesto de alumbrado público, de destinación
específica conforme con el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, según lo previsto
en la cláusula novena del contrato y en el aparte de financiación del pliego. Para la
parte recurrente, esos argumentos son «lógicamente coherentes, pero vacíos
jurídicamente», y seguidamente adujo que, aunque EPU se rija por el derecho
privado en materia contractual, el procedimiento para conformar su voluntad de
contratar está contenido en su manual de contratación. Así, a su juicio, la tesis de
la oferta-aceptación es una manera de evadir el manual, cuyos artículos 14 y 20
(procedimiento de selección por solicitud pública de ofertas) transcribió. Como
sustento también de la segunda tesis, el recurrente añadió que la situación más
gravosa es que el laudo se apartó del contrato, pues la cláusula décima fija las
reglas presupuestales y la metodología CREG de remuneración, y al desconocer
ese pacto y aplicar de plano la tasa de interés del artículo 884 del Código de
Comercio, el Tribunal habría derogado de facto las reglas de pago acordadas,
sustituyéndolas por una sanción moratoria ajena a la lex contractus, afirmando que
ello «confirma el exceso de poder (extra petita) y la decisión en conciencia».

La tercera tesis planteada como sustento de este cargo se dividió en dos partes: (i)
detalló la falta de práctica y valoración de la prueba documental relativa a la
ejecución del contrato —en específico, el pliego definitivo, propuesta y modelo
financiero—. Para el efecto, transcribió el aparte del laudo según el cual los
reproches de incumplimiento relativos al flujo financiero a 25 años y al equipo de
trabajo se fundan en criterios de evaluación, asignación de puntaje y desempate
que se agotan en el procedimiento de selección y no se integran al contrato, por lo
que no es admisible estructurar un incumplimiento a partir de cláusulas del pliego
de alcance precontractual. Para el recurrente, tal postura adoptada en el laudo
arbitral contraviene la doctrina del Consejo de Estado27 sobre la naturaleza del
pliego el cual, tras la adjudicación, se incorpora al clausulado contractual. Calificó
de «antinomia insalvable» la coexistencia de esa tesis con la del perfeccionamiento
por oferta-aceptación, y la describió como una escisión dogmática y un acto de

27 Al respecto, citó la sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 25642.

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voluntarismo judicial mediante el cual el árbitro habría derogado el principio de
integración normativa y la fuerza vinculante del pliego; y (ii) el recurrente, en este
punto, se refirió a lo ya expuesto en el recurso sobre la causal quinta en materia de
pruebas documentales decretadas y no practicadas. Para sintetizar, presentó un
cuadro de las pruebas documentales que, a su juicio, fueron valoradas solo
parcialmente. Adujo que la prueba testimonial y la declaración de parte no fueron
valoradas en su integridad, pese a contener confesiones del representante legal de
la UT, del director de la interventoría y del señor Armando Gutiérrez, lo que significa
una infracción del artículo 176 del CGP por el laudo.

En relación con la nulidad absoluta, sostuvo que no se valoró la totalidad de los
documentos sobre la experiencia habilitante y la capacidad financiera del
proponente (con referencia al artículo 1741 del Código Civil), y que el laudo descartó
esa valoración con apoyo en la teoría de los actos propios, sin considerar que tales
omisiones podrían dar lugar a conductas penalmente relevantes.

En relación con el incumplimiento, afirmó que se echó de menos la confesión del
representante legal de la UT sobre la falta a lo dispuesto en la oferta del pliego,
transcribiendo el interrogatorio en el que aquel reconoció que el personal «ha tenido
movimientos». Además, mencionó la gravedad de la ausencia del ingeniero
electricista en la ejecución del contrato, conforme con la Ley 51 de 1986 y sobre
todo en la etapa de inversión inicial y transcribió los testimonios del gerente de EPU
—quien manifestó no advertir la conformación del equipo ni los avales del ingeniero
electricista— y del director de la interventoría —quien expresó que el equipo se
cambió, pero con aprobación de la interventoría y cumpliendo los requisitos de los
pliegos, y que el ingeniero inicialmente propuesto no se presentó—.

Con fundamento en todo lo anterior, concluyó que el laudo no se fundó en la realidad
del expediente sino en la convicción personal del árbitro, quien habría sustituido la
prueba —confesión y documentos técnicos— por la voluntad de preservar el
negocio jurídico, y solicitó que se anulara por haberse fallado en conciencia.

5.2.2. Oposición de la UT frente a esta causal de anulación

La UT solicitó que el cargo fuera despachado desfavorablemente. Como punto de
partida, señaló que los argumentos que EPU presentó para sustentar esta causal
reproducían, en gran medida, los mismos planteamientos ya expuestos al sustentar
la causal quinta, lo que evidenciaba que el verdadero propósito del recurrente no
era la identificación de un vicio de nulidad del laudo, sino la búsqueda de una
segunda instancia para reversar una decisión con la que simplemente discrepaba.

Frente al contenido de la causal, la UT hizo suyos los mismos pronunciamientos
jurisprudenciales que el recurrente había invocado en su recurso28, por considerar
que dichos fallos expresan con precisión la distinción entre un fallo en derecho y un

28 La sentencia T-131 de 2021 de la Corte Constitucional y las providencias de la Sección Tercera,

Subsección B, del Consejo de Estado del 12 de abril de 2024 (Exp. 68.168) y del 4 de mayo de 2022
(Exp. 66.723).

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fallo en conciencia, distinción que, en su criterio, resultaba desfavorable para la
postura del recurrente. A continuación, la UT se pronunció sobre cada una de las
tesis que EPU formuló como sustento del cargo:

En primer lugar, la UT sostuvo, frente a la titularidad del servicio de alumbrado
público y régimen presupuestal, que la argumentación de EPU carecía de fidelidad
con el contenido real del laudo, pues el recurrente había extraído apartes de las
páginas 41 y 42 del fallo sin advertir que dicho fragmento correspondía al estudio
de la pretensión de nulidad absoluta del contrato. La UT destacó que, en ese
apartado, el laudo analizó amplia y fundadamente el régimen jurídico aplicable 29, y
que también se apoyó en jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de
Estado y de la Corte Suprema de Justicia, así como en la doctrina especializada.
Con sustento en todo ese material, el árbitro concluyó que el municipio de Urrao
estaba habilitado para contratar, a través de EPU, las actividades de administración,
operación y mantenimiento del alumbrado público, y que el contrato No. 004 de 2023
no adolecía de nulidad absoluta por objeto ilícito. A juicio de la UT, la inconformidad
de EPU con esa conclusión no configuraba un fallo en equidad, sino una
discrepancia con una decisión adoptada en derecho.

En segundo lugar, en relación vigencias futuras y perfeccionamiento del contrato, la
UT señaló que EPU sacó nuevamente del contexto el contenido del laudo, pues la
argumentación impugnada correspondía al estudio que el árbitro hizo de la
pretensión de nulidad por omisión de la autorización de vigencias futuras. Indicó
que, para resolver ese punto, el laudo se apoyó en el Estatuto General de
Contratación Pública, en el artículo 864 del Código de Comercio, en el artículo 350
de la Ley 1819 de 2016, en la sentencia C-225 de 2017 de la Corte Constitucional
y de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Añadió que, contrario a lo sostenido
por EPU en el recurso de anulación, el árbitro sí se pronunció sobre los documentos
contractuales —específicamente, la cláusula novena del contrato 004 de 2023 y la
página 16 de los pliegos definitivos— y que, además, valoró distintos medios de
prueba tales como el testimonial. Con apoyo en esas fuentes, el árbitro concluyó
que el contrato no adolecía de nulidad por ausencia de vigencias futuras. Agregó
que, para reforzar la solidez jurídica de esa postura, durante el proceso se citaron
sentencias del Consejo de Estado, como referentes del tratamiento jurisprudencial
de los contratos de alumbrado público y la exigencia de vigencias futuras. En criterio
de la UT, la queja de EPU sobre la ausencia de referencia al Decreto 115 de 1996
no acreditaba un fallo en equidad, sino una diferencia sobre la norma que debía
aplicarse, lo que constituye un asunto de fondo sustraído al juez de la anulación.

En tercer lugar, la UT rechazó que existiera la contradicción lógico-jurídica que EPU
denominó «antinomia insalvable». Sostuvo que el contexto del laudo citado por la
parte recurrente era totalmente ajeno a su planteamiento, pues el árbitro —al indicar
que los criterios de evaluación, asignación de puntaje y desempate se agotan en el

29 Con apoyo en los artículos 6, 1519, 1521, 1523 y 1740 del Código Civil, el artículo 899 del Código

de Comercio, los artículos 31, 32 y 44 a 49 de la Ley 80 de 1993, el artículo 31 de la Ley 142 de
1994, el artículo 2.2.3.6.1.2 del Decreto 1073 de 2015 modificado por el Decreto 943 de 2018, y el
artículo 12 del Decreto Ley 1333 de 1986.

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procedimiento de selección y no se integran al contrato— se refería a puntos
específicos relativos al incumplimiento de disposiciones precontractuales, no a una
negación general de la fuerza vinculante del pliego. En ese sentido, la UT trascribió
el aparte final de dicho razonamiento, en el que el árbitro concluyó que la convocada
no había cumplido la carga probatoria para demostrar los cargos de incumplimiento
imputados a la UT, con sustento en el artículo 167 del CGP. Para la UT, ese
razonamiento era una decisión en derecho, fundada en el régimen legal de la carga
de la prueba, y no una expresión de la íntima convicción del árbitro.

Como conclusión sobre la causal séptima, la UT solicitó que el recurso fuera
declarado infundado, toda vez que los argumentos presentados por el Tribunal
obedecieron a una argumentación jurídica fundada.

5.2.3. Consideraciones de la Sala

5.2.3.1. El numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 consagra como causal
de anulación la siguiente: «Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser
en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo»

Sobre el particular, ha de señalarse que el artículo 1°30 de la Ley 1563 de 2012
dispone que el arbitraje en derecho constituye la regla general aplicable en aquellas
controversias que surjan con ocasión de un contrato estatal. Por lo mismo, en estos
casos, el legislador previó expresamente la anulación del laudo cuando, habiéndose
proferido en derecho, se dicta en conciencia o en equidad.

El fallo en conciencia o equidad, en línea con lo esgrimido por la Corte Constitucional
en su sentencia SU-173 de 201531, se configura cuando el árbitro resuelve según
su íntima convicción o su sentido de equidad, prescindiendo del ordenamiento
jurídico, en un asunto que debía decidirse conforme a derecho. La causal exige,
además, que el vicio aparezca manifiesto en el laudo, esto es, que sea perceptible
en el propio texto de la providencia.

En relación con el contenido y los límites de la causal, la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha decantado una línea que conviene reseñar. De una parte,
precisó que «para que el laudo sea considerado en derecho deberá fundamentarse
en las fuentes de derecho o, en sentido negativo, será fallo en conciencia y no en
derecho, el que no se fundamente en fuente alguna de derecho»32. Por otra parte,
se ha fijado un umbral al señalar que la mínima referencia que se haga de las
fuentes del derecho permite predicar un arbitraje en derecho, siempre que ese
mínimo esté conectado con el sentido de la decisión, hasta el punto de que no pueda

30 «En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones
administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración,
desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades
excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho».
31 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, Exp. 55852.

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calificarse como absolutamente descontextualizada o con el simple propósito de dar
apariencia de ser una decisión en derecho33.

A partir de esa construcción, la Corporación34 sintetizó los supuestos de esta causal
en los siguientes términos: «para que exista una decisión en conciencia, se necesita
que (i) la decisión no sea en derecho (entendido este último como todas aquellas
fuentes jurídicas de las que se vale cualquier juez en su actividad judicial), (ii) o se
funde exclusivamente en la equidad (aunque bien pudiera distinguirse del fallo en
conciencia) o (iii) no se consideren las pruebas. Igualmente, (iv) hay limitaciones
para determinar la ocurrencia de la causal en estudio, en tanto no es posible calificar
la decisión de errada o deficiente o de revisar las interpretaciones de los árbitros,
como cuando se solicita la verificación de una vía de hecho, distinta a la que supone
un fallo en conciencia, o la revisión de los motivos».

En cuanto al tercer elemento —el que atañe al supuesto de que no se consideren
pruebas—, el Consejo de Estado precisó que «se exige del laudo su
fundamentación en las pruebas legalmente aportadas al proceso»35, de modo que,
si no hay fundamento probatorio, o sin justificación se desconoce o se aparta de las
pruebas, se estará frente a una decisión claramente subjetiva de los árbitros. Con
todo, delimitó el alcance de ese reproche para diferenciarlo de un mero error de
valoración, así «Se trata de defectos evidentes, como lo son la ausencia de
fundamentos probatorios o, como lo ha precisado la jurisprudencia, que aun cuando
exista un análisis probatorio, el laudo se aparte por completo y sin justificación de lo
que las pruebas señalan, es decir, un abandono absoluto del material probatorio».

De lo anterior se sigue que el límite esencial de esta causal es que el juez de la
sede de anulación se circunscribe a constatar objetivamente la ausencia de
fundamento jurídico o probatorio, sin que le sea dado calificar el acierto de la
decisión. Sobre esa base, la Sala destaca las siguientes conclusiones que se
derivan de la causal estudiada36: (i) que, tratándose de contratos estatales, el laudo
deberá proferirse en derecho; (ii) que el laudo en conciencia está proscrito del
ordenamiento jurídico colombiano, mientras que el laudo en equidad está permitido
—siempre que la controversia objeto del arbitraje sea entre particulares—; (iii) que
un laudo que se apoya en fuentes de derecho conectadas con el sentido de la
decisión es un fallo en derecho, aunque la parte juzgue equivocada su
fundamentación, pues el error en la aplicación o la interpretación del derecho es in
iudicando; (iv) que cuando el reproche es probatorio, no basta con que la valoración
se estime parcial, incompleta o insuficiente; se requiere su ausencia total, o el
abandono absoluto e injustificado del material probatorio.

Conforme con el marco expuesto, el examen de esta causal se contrae a (i)
constatar, objetivamente, si el laudo referenció fuentes de derecho, se apoyó en

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Exp. 32896..
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, Exp. 55852.

También en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022.
35 Ibidem.
36 Elementos que, en su mayoría, se encuentran recogidos en el Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2022, Exp. 68890..

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normas vigentes y aplicables y las vinculó para resolver el asunto o si, por el
contrario, resolvió los asuntos según su íntima convicción o su sentido de equidad;
o (ii) valoró las pruebas aportadas al proceso o si, por el contrario, se aparta sin
justificación o desconoce estas. Esto, sin que le corresponda a la Sala calificar la
fundamentación ni revisar la interpretación del tribunal.

5.2.3.2. A partir de lo anterior, la Sala advierte que la causal séptima de anulación
no tiene vocación de prosperidad, por las siguientes razones.

En cuanto al primer argumento planteado. El recurrente reprochó que para el laudo
basta la capacidad de la entidad para prestar el servicio de alumbrado a través de
sus empresas de servicios públicos, y consideró que era cuestionable la omisión de
un acuerdo municipal de autorización. Igualmente resaltó que, conforme con la
autonomía administrativa de la Ley 489 de 1998, no bastaba la capacidad, sino que
se requería un traslado de competencias. Además, el laudo arbitral no tuvo en
cuenta «ni una sola vez» el Decreto 115 de 1996 sobre el régimen presupuestal de
las empresas industriales y comerciales del Estado, incluidas las vigencias futuras;
y que el laudo no citó ninguna disposición o jurisprudencia que avalara una
descentralización «de pleno derecho».

Al respecto, se advierte que el laudo arbitral, al estudiar sobre la titularidad de la
prestación del servicio de alumbrado público por EPU, se apoyó en el artículo 209
de la Constitución Política, en los artículos 7 y 68 de la Ley 489 de 1998, estudió y
citó jurisprudencia del Consejo de Estado37 y de la Corte Constitucional38 que se
refiere sobre la prestación de servicios a cargo de municipios por parte de sus
entidades descentralizadas, citó el artículo 2.2.3.6.1.2. del Decreto 1073 de 2015,
encargado de regular la prestación del servicio de alumbrado público y, finalmente,
aludió a los estatutos de EPU, en su artículo 4°, reconociendo su capacidad para la
prestación del servicio señalado. En particular, el Tribunal expuso lo siguiente:

«La Constitución Política, en su artículo 209, estableció la descentralización,
delegación y desconcentración como mecanismos para el desarrollo de la función
pública. A partir de ello, la Ley 489 de 1998, en sus artículos 7º, 68 y
subsiguientes, reguló la figura de la descentralización administrativa.

Entre las modalidades de descentralización administrativa se encuentra la
descentralización por servicios. La jurisprudencia constitucional ha
caracterizado esta figura en los siguientes términos: “i) corresponde a una de las
formas de descentralización administrativa, que implica el otorgamiento de
competencias o funciones a entidades públicas no territoriales y diferentes del
Estado que se crean para ejercer una actividad especializada en forma autónoma;
(ii) su existencia se justifica en la necesidad que tiene la administración de
especializar y tecnificar el cumplimiento de ciertas funciones, y en la realidad de
que, en ciertos casos, por razones de conveniencia pública las mismas están
llamadas a ser ejercidas dentro de un régimen de competencia o de concurrencia
con los particulares; y (iii) comporta la existencia de personas dotadas de
autonomía jurídica, patrimonial y financiera, articuladas administrativa y

37 Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia de 22 de febrero de 2023, rad. 2496.
38 Sala Plena, sentencia C-314 de 2021, 16 de septiembre de 2021.

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funcionalmente con el Estado, a las cuales se les asignan por la ley potestades
jurídicas específicas”

(…)

Ahora bien, la figura de la descentralización cobra relevancia en el marco de la
prestación de servicios y la ejecución de obras a cargo de los municipios. En
relación con ello, el artículo 12 del Decreto Ley 1333 de 1986 ha establecido: “La
atención de las funciones, la prestación de los servicios y la ejecución de las obras
a cargo de los Municipios se hará directamente por éstos, a través de sus oficinas
y dependencias centrales o de sus entidades descentralizadas, o por otras
personas en razón de los contratos y asociaciones que para el efecto se celebren
o constituyan”. (Subrayado por fuera de texto).

En el mismo sentido, en relación con la prestación del servicio de alumbrado
público, el artículo 2.2.3.6.1.2. del Decreto 1073 de 2015, modificado por el
Decreto 943 de 2018, dispuso que:

“Los municipios o distritos son los responsables de la prestaci漃Ān del servicio de
alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de
empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de
alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el
fin de lograr un gasto financiero y energético responsable (…)»39 (se resalta).

Lo anterior, desde luego, evidencia una apreciación del Tribunal de numerosas
fuentes del derecho que lo llevaron a concluir que la convocada contaba con plena
atribución para prestar el servicio. Existe, pues, fundamento jurídico conectado con
la decisión motivada el laudo. Así las cosas, la Sala señala que el hecho de que el
recurrente estime que, además de todas las normas arriba mencionadas por el
laudo, se requería un acto jurídico de traslado de competencias, o que la decisión
arbitral debió aplicar el Decreto 115 de 1996, plantea una controversia sobre la
norma aplicable y su interpretación, no una decisión desprovista de sustento.

Exigir que el laudo cite la norma exacta o jurisprudencia específica confunde la
ausencia de sustento con el fundamento que la parte juzga insuficiente. Por lo
anterior, el reproche alegado en estos términos no prospera.

En relación con el segundo planteamiento en el recurso. El recurrente recriminó que
el laudo afirmara que los contratos estatales, regidos por régimen especial, se
perfeccionan mediante oferta-aceptación, pues esto desconocía el mismo manual
de contratación de EPU. En el mismo sentido se pronunció respecto de la afirmación
del Tribunal sobre la no constitución de vigencias futuras, reprochando que el laudo
hubiese omitido la referencia al Decreto 115 de 1996, en su artículo 21. Por último,
señaló que la situación más gravosa es que el laudo se apartó del contrato, pues la
cláusula décima fijaba las reglas presupuestales y la metodología CREG de
remuneración, y al desconocer ese pacto se habría derogado de facto las reglas de
pago acordadas, sustituyéndolas por una sanción moratoria ajena a la lex
contractus, afirmando que ello «confirma el exceso de poder (extra petita) y la
decisión en conciencia».

39 Índice 4, SAMAI. Certificado Laudo Arbitral, p. 40 y 41.

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Se destaca que las anteriores consideraciones del Tribunal, que son reprochadas
por el recurrente, corresponden a valoraciones del árbitro, fundadas en derecho y
conectadas con la conclusión y la decisión allegada. El laudo se refiere al artículo
864 del Código de Comercio en relación con el perfeccionamiento del contrato; cita
jurisprudencia del Consejo de Estado40 que fija la definición de vigencias futuras;
alude al artículo 350 de la Ley 1819 de 2016 para hacer el estudio de la
remuneración por concepto del impuesto de alumbrado público; estudia lo
contemplado en el pliego de condiciones acerca de la financiación del contrato;
analiza el negocio jurídico, en su cláusula novena, relacionada con la remuneración
del contratista, y valora la prueba testimonial practicada en el proceso41.

Para el efecto, se resalta el análisis efectuado por el Tribunal sobre estos puntos:

«Por su parte, las vigencias futuras, definidas como "autorizaciones para
comprometer gastos con cargo a apropiaciones de años fiscales
subsiguientes a aquel para el que se aprueba el presupuesto26”, no
constituyen un requisito de perfeccionamiento aplicable a los contratos estatales
—sometidos o no al EGCAP—. Además, el ordenamiento jurídico no exige la
apropiación de vigencias futuras para financiar contratos que tengan por objeto la
prestación del servicio de alumbrado público. En consecuencia, la hipótesis de no
autorización para la apropiación de vigencias futuras en el marco de este tipo de
contratos no se enmarca en ninguna de inexistencia y mucho menos de nulidad
previstas en el régimen civil y comercial, esto es, falta de capacidad, vicio del
consentimiento, objeto o causa ilícita.

Adicional a ello y, de acuerdo con la cláusula novena del contrato objeto de estudio,
en el caso concreto, la remuneración a Unión Temporal sería recaudada del
impuesto de alumbrado público, que tiene destinación específica, en los términos
del artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, a saber:

“ARTÍCULO 350. Destinaci漃Ān. El impuesto de alumbrado público como actividad
inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a la prestación,
mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado
público, incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento,
expansión y desarrollo tecnológico asociado.

PARÁGRAFO. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán
complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación ornamental
y navideña en los espacios públicos”.

En este sentido, la financiación del contrato no requería el compromiso de
vigencias futuras, por cuanto: (i) existe mandato legal expreso que señala que el
impuesto de alumbrado público como actividad inherente al servicio de energía
eléctrica, se destina exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y
ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo
suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo
tecnológico asociado y; (ii) Desde los documentos previos al contrato, tal como

40 Al respecto, cita la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, del 13 de abril de 2016, exp. 42565.
41 Se hace referencia expresa a la audiencia de práctica de pruebas, testimonio Carlos Andrés

Montoya.

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lo es el pliego de condiciones, se estableció que la fuente de financiación del
contrato debía provenir del impuesto de alumbrado público.»42 (se resalta).

Todo lo anterior deja claro que la decisión adoptada por el Tribunal respecto de las
vigencias futuras, las reglas presupuestales y la metodología de remuneración
encuentra fundamento jurídico, es decir, no está desprovisto de él, lo que queda en
evidencia con la transcripción de los apartes del laudo, en el cual se hizo alusión a
normas jurídicas y a su sustento probatorio. La omisión de citar el Decreto 115 de
1996 o un mayor desarrollo del manual de contratación no equivale a una carencia
de fundamento, sino que remite a la norma que el recurrente considera aplicable.

Es así como, contrario a lo alegado en el recurso extraordinario de anulación, no se
evidencia una ausencia de aplicación de fuentes del derecho, o un fallo fundado en
la íntima convicción del juez, sino que, más bien, se constata que la solicitud de la
parte recurrente se encaminó a que se valore el análisis efectuado por el tribunal, lo
cual, en virtud del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, no le es posible al juez de la
anulación. Por lo anterior, este argumento tampoco prospera.

En lo que respecta al tercer cargo del recurso. El recurrente sostuvo que la postura
del laudo —que alega que los elementos de flujo financiero contenidos en el pliego
de condiciones se agotan en el procedimiento de selección— es contraria a la fijada
por el Consejo de Estado. Calificó de «antinomia insalvable» la coexistencia de esa
tesis con la del perfeccionamiento por oferta-aceptación, y la describió como una
«escisión dogmática».

En lo relativo al contenido del pliego de condiciones, cabe señalar que el laudo
expuso una razón para descartar los reproches relativos al flujo financiero a 25 años
y al equipo de trabajo, pues los encuadró como criterios de evaluación, asignación
de puntaje y desempate que se agotan en el procedimiento de selección y no se
integran al contrato. En específico, expuso un racionamiento directo:

«En este contexto, los puntos 1 y 2 se fundamentan en el incumplimiento de
disposiciones relacionadas con criterios de evaluación, asignación de puntaje y
criterios de desempate. A diferencia de lo señalado en el escrito de contestación,
estas disposiciones se agotan en el procedimiento de selección del contratista: no
se integran al contrato, en la medida en que no fijan su contenido ni determinan
las condiciones de ejecución. En consecuencia, no resulta admisible estructurar un
posible incumplimiento a partir de cláusulas del pliego de condiciones, cuyo
alcance se limita a la fase precontractual»43.

De acuerdo con lo anterior, la Sala constata que el laudo dio una razón conectada
con el expediente. El reproche no recae sobre la inexistencia de pronunciamiento,
sino sobre el valor jurídico y alcance otorgado por el Tribunal al pliego de
condiciones. Por lo mismo, la «antinomia insalvable» que predica el recurrente —
entre el perfeccionamiento por oferta-aceptación y el carácter precontractual de los

42 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8
A1765D428BA26900. Laudo Arbitral, p.44.
43 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900. Laudo Arbitral, p.76.

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criterios de calificación— no traduce una contradicción manifiesta que prive de
soporte a la decisión, sino una discrepancia con la interpretación del árbitro sobre
el alcance del pliego, propia del terreno sustancial del análisis que escapa del
análisis en sede de anulación. Se reitera, entonces, que el recurso de anulación no
corresponde a una segunda instancia en la cual se examinen los fundamentos del
laudo impugnado.

Por último, el recurrente considera que la prueba testimonial y la declaración de
parte no fueron valoradas en su integridad, pese a contener confesiones del
representante legal de la UT y del director de la interventoría. Sostuvo que,
conforme con el artículo 10 de la Ley 51 de 1986, la UT estaba obligada a contar
con un ingeniero electricista en su nómina permanente, y que la declaración de parte
del representante legal de la UT acreditaba que el contrato se ejecutó sin ese
profesional; que dicha omisión constituía un incumplimiento de orden público que
legitimaba la excepción de contrato no cumplido, y que el laudo validó
indebidamente la remuneración del contratista sin valorar las pruebas documentales
que habrían acreditado —o desvirtuado— esa situación. Sostuvo, igualmente, que
no se valoró la totalidad de los documentos sobre la experiencia habilitante y la
capacidad financiera del proponente, y que el laudo descartó esa valoración con
apoyo en la teoría de los actos propios, sin considerar que tales omisiones podrían
dar lugar a conductas penalmente relevantes. En el caso sub examine, el propio
recurrente aportó un cuadro en el que relaciona las pruebas documentales
valoradas en el laudo, y reconoció que los testimonios y la declaración de parte
fueron practicados. Su reproche, así, no recae sobre la inexistencia de valoración,
sino sobre su resultado y su extensión —que califica de incompletos—, lo que
constituye un error in iudicando vedado al juez de la anulación.

Sobre el particular, ha de señalarse que el laudo arbitral, al momento de analizar el
alegado incumplimiento por el cambio en el equipo de trabajo, valoró las pruebas
testimoniales del director de la interventoría44, se refirió a los testimonios del
secretario de gobierno del municipio de Urrao45, de la siguiente manera:

«Ahora bien, con independencia de lo señalado previamente, respecto del cargo
relacionado con el cambio de personal, resulta preciso señalar que la planeación
de un contrato — especialmente cuando su duración es extensa— debe gozar de
dinamismo. En este sentido, es razonable que el equipo de trabajo cambie durante
la ejecución del contrato. Al respecto, Mauricio Escobar Restrepo —Director de la
Interventoría del Alumbrado Público del Municipio de Urrao— señal漃Ā: “La han
cambiado [al equipo de profesionales propuesto por la Unión Temporal Urrao
Iluminado], pero la han cambiado con la aprobación de la interventoría y
cumpliendo todos los requisitos de los pliegos. Un contrato a 25 años, imagínese
que fueran las mismas personas los 25 años, yo creo que hasta hayan muerto”
55»46.

44 Se hace referencia expresa a la audiencia de práctica de pruebas, testimonio Mauricio Escobar

Restrepo.
45 Se hace referencia expresa a la audiencia de práctica de pruebas, testimonio Carlos Andrés

Montoya.
46 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900. Laudo Arbitral, p.76.

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En este sentido, existe, pues, valoración expresa. Que el recurrente le atribuya un
mérito distinto —y estime que el cambio, o la ausencia del ingeniero electricista,
configuraba un incumplimiento— supone discrepar de la apreciación probatoria, no
acreditar su inexistencia.

En síntesis, el laudo se fundó en fuentes de derecho conectadas con el sentido de
la decisión y en la valoración del material probatorio. No se configura, por tanto, el
fallo en conciencia, y el cargo no prospera.

5.3. Causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012

5.3.1. Lo alegado en el recurso respecto de esta causal

El recurrente sustentó la causal en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, tras considerar que el Tribunal desbordó su competencia funcional al
conceder pretensiones económicas y accesorias por cuantías y conceptos que
exceden los límites trazados por la convocante en su demanda y por el contrato,
con vulneración del principio de congruencia externa.

En primer lugar, alegó una extralimitación cuantitativa. Para ello, cotejó la pretensión
tercera de la demanda —que pedía el pago de facturas por valor de $825.183.912—
con el ordinal tercero de la parte resolutiva —que ordenó pagar $1.000.749.052—,
y sostuvo que el laudo otorgó un quantum superior en $175.565.140, sin
fundamento legal que habilitara tal incremento oficioso. A su juicio, ello configura un
fallo ultra petita que transgrede el principio dispositivo, por carecer el juzgador de
potestad para reconocer, motu proprio, valores no reclamados.

En segundo lugar, cuestionó la condena de intereses. Transcribió la pretensión
cuarta —pago de intereses de mora «a la máxima tasa legal permitida», desde el
vencimiento de cada factura y conforme al hecho 27 de la demanda— y su
subsidiaria —actualizaciones e intereses moratorios según la Ley 80 de 1993—, y
adujo que ambas ceden frente a la cláusula décima del contrato, que fija el régimen
aplicable al incumplimiento y al desequilibrio financiero mediante remedios
específicos (transferencias, ampliación del plazo, ajuste del tributo o apropiaciones
presupuestales) y no mediante la aplicación de intereses comerciales. Sostuvo que,
al imponer la tasa del artículo 884 del Código de Comercio, el Tribunal desbordó lo
pactado y lo pedido, mejorando oficiosa e injustificadamente la posición del
demandante y reformando el contrato.

Por último, argumentó que el laudo reformó el régimen de pagos y de
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pues el laudo sustituyó la
metodología CREG —incorporada como regla contractual— y la regla sobre el
incumplimiento por una liquidación judicial fundada en facturas cuyo soporte técnico
no fue verificado, al no haberse practicado el modelo financiero ni los informes de
interventoría. Sostuvo que el árbitro carece de facultades para reformar el contrato

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o crear un régimen de remuneración ajeno al pactado en las cláusulas novena y
décima, y que ese proceder configura un fallo extra petita —al decidir sobre la
modificación del régimen de pagos, que no fue sometida a su decisión— y ratifica,
a la vez, el fallo en conciencia.

5.3.2. Oposición de la UT frente a esta causal de anulación

La UT inició por destacar que el recurso extraordinario no fue claro ni siquiera si el
fallo adolece de ultra o extra petita. Empezó por contrastar lo solicitado por la parte
convocante en su demanda arbitral con lo reconocido en el resuelve del laudo. En
el mismo sentido, procedió a compartir el raciocinio del laudo respecto de las cifras
a las que aduce el recurrente, además de citar una providencia de la Corte Suprema
de Justicia en la que se precisa que el análisis de la causal novena es objetivo y
consiste en una simple comparación entre lo pedido y lo resuelto, sin que el juez de
la anulación pueda adentrarse en los fundamentos y razones de fondo del fallo.

En consecuencia, sostuvo que el cargo no estaba llamado a prosperar, pues lo que
EPU planteaba bajo el ropaje de una incongruencia era, en realidad, una
discrepancia con la liquidación y con los fundamentos jurídicos del laudo, asuntos
propios de un recurso de apelación y ajenos al recurso extraordinario de anulación.

5.3.3. Consideraciones de la Sala

5.3.3.1. El numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 consagra como causal
de anulación: «Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de
los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones
sujetas al arbitramento».

La causal recoge las tres modalidades de incongruencia: (i) el fallo extra petita —
cuando el laudo recae sobre aspectos no sometidos a la decisión—, (ii) el fallo ultra
petita —cuando concede más de lo pedido— y (iii) el fallo citra o mínima petita —
cuando omite pronunciarse sobre cuestiones sujetas al arbitramento—.

El examen de la causal es objetivo y se corresponde con el principio de congruencia,
prevista en el artículo 281 del CGP: «Congruencias. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda (…) No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta»

Es así como la jurisprudencia47, en desarrollo de la causal referida, ha reconocido
que el método básico para asegurar la congruencia de las decisiones proferidas en
un laudo consiste en confrontar las pretensiones del convocante y las decisiones
adoptadas en el laudo. Así, no se concede más de lo pedido —y, por tanto, no se
configura la causal— cuando lo otorgado formó parte de las proposiciones del
trámite arbitral por haber sido objeto de solicitud expresa en la demanda.

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2022, Exp.

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5.3.3.2. La Sala anticipa que esta causal de anulación no está llamada a prosperar,
en tanto la parte resolutiva del laudo es congruente con las pretensiones de la
demanda arbitral interpuesta por la UT.

La convocante formuló dos pretensiones en lo respectivo a la condena a EPU. La
pretensión tercera48 de la demanda arbitral solicitó el pago de las facturas que
ascendían a $825.183.912 «al momento de presentación de la demanda»; suma
que, según el propio laudo, se integraba por el capital adeudado —$734.443.459—
y los intereses liquidados a esa fecha por la convocante. En la cuarta pretensión49
solicitó la condena al pago de los intereses de mora «a la máxima tasa legal
permitida, desde la fecha de vencimiento de cada una de las facturas».

Dentro de su análisis, el Tribunal evidenció que la convocante había liquidado de
manera errónea los intereses de varias facturas, por no considerar sus fechas de
vencimiento, y los corrigió a la baja respecto del cálculo inicialmente presentado50.
Hecha esa corrección, liquidó los intereses de mora hasta el corte del laudo —21
de octubre de 2025— y fijó la condena definitiva en los siguientes conceptos: capital,
$734.443.459; intereses de mora, $266.305.593; para un total de $1.000.749.052.

De lo anterior se desprende que no existe un incumplimiento al principio de
congruencia. Primero, el capital reconocido en el ordinal tercero del laudo —
$734.443.459— coincide exactamente con el capital pedido en la pretensión tercera
de la demanda. Segundo, la diferencia entre los $825.183.912 de la pretensión
tercera y los $1.000.749.052 de la condena —esto es, $175.565.140— corresponde,
en su integridad, a los intereses de mora causados entre la fecha de la demanda y
la del laudo, que fueron expresamente solicitados en la pretensión cuarta.

No hubo, entonces, reconocimiento de concepto o suma alguna que no hubiera sido
pedida. Antes bien, el Tribunal redujo el cálculo de intereses que traía la convocante.
El propio recurrente lo reconoció así en su solicitud de aclaración, al admitir que la
condena del ordinal tercero «incluye capital e intereses moratorios calculados por el
Tribunal hasta el 21 de octubre de 2025».

Sentado lo anterior, no se configura el fallo ultra petita. Esta modalidad de
incongruencia exige que el laudo conceda más de lo pedido, lo que se establece

48 «Que se ordene pagar a EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO E.S.P. y a favor de la UNION

TEMPORAL URRAO ILUMINADO las siguientes facturas, que ascienden a un valor total de
ochocientos veinticinco millones ciento ochenta y tres mil novecientos doce pesos ($825.183.912),
las cuales se adeudan por los meses de ejecución del contrato de Operación con Inversión Nro. 004
del 26 de mayo de 2023, por parte del contratista tal y cómo a continuación se describe»
49 «Que se condene a EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO E.S.P. y a favor de UNION TEMPORAL

URRAO ILUMINADO al pago de los intereses de mora a la máxima tasa legal permitida, desde la
fecha de vencimiento de cada una de las facturas que contienen el capital descrito en el numeral
anterior y tal como se describe en el hecho 27 de esta demanda.»
50 «Sin embargo, el Tribunal al realizar el cálculo, se encontró con que, con respecto a algunas

facturas, el conteo de los intereses se realizó de manera errónea, toda vez que, no se tuvo en cuenta
la fecha de vencimiento de esta; en ese orden de ideas, el cálculo correcto con los intereses de mora
calculados a la fecha es el siguiente:» En este sentido, mientras que el demandante solicitó la suma
de $90.740.452 por concepto de intereses de mora, el Tribunal reconoció el valor de $88.017.848.

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mediante el cotejo objetivo de la parte resolutiva con las pretensiones. El recurrente,
sin embargo, edifica su reproche sobre una comparación equivocada, confrontando
el valor total de la condena —que comprende capital e intereses— con la sola
pretensión tercera, como si esta correspondiera únicamente a capital, cuando lo
cierto es que los intereses fueron objeto de la pretensión cuarta. Contrastado cada
concepto con su respectiva pretensión —capital con capital e intereses con
intereses—, no se advierte exceso alguno.

Tampoco prospera el reproche en cuanto se sustenta en la presunta discordancia
entre la condena y la cláusula décima del contrato. La incongruencia que sanciona
el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 se verifica cotejando la decisión
con las pretensiones y las excepciones, no con las estipulaciones del contrato.
Sostener que el Tribunal aplicó la tasa del artículo 884 del Código de Comercio, en
lugar del régimen de la cláusula décima no plantea una falta de correspondencia
entre lo resuelto y lo pedido, sino una eventual disconformidad entre el laudo y el
contrato. Su examen supondría determinar si el Tribunal interpretó correctamente
las cláusulas contractuales y si, al hacerlo, las desconoció o «derogó». Lo anterior
significaría, entonces, un juicio sobre la interpretación y el fondo de la decisión, que
constituye un error in iudicando. La causal de incongruencia no es la vía para ese
reproche.

En consecuencia, el cargo no prospera.

5.4. Peticiones subsidiarias: solicitud de declaratoria oficiosa de nulidad
absoluta y corrección doctrinal

5.4.1. Lo solicitado por EPU en el recurso

De manera subsidiaria a las causales de anulación, el recurrente solicitó que se
declarara de oficio la nulidad absoluta del contrato No. 004 de 2023, con fundamento
en el artículo 1742 del Código Civil. Sostuvo que el contrato no cumplió los requisitos
y las formalidades establecidas en el pliego de condiciones de la Invitación Pública
de Ofertas No. 001 de 2023, supuesto que, a su juicio, encuadra en la causal de
nulidad prevista en el artículo 1741 del Código Civil. Precisó que la nulidad había
sido planteada en la contestación de la demanda, en la demanda de reconvención
y en los alegatos de conclusión.

Junto con esta petición de nulidad absoluta, el recurrente formuló una segunda
petición subsidiaria, en el sentido de que se corrigiera la doctrina jurídica del laudo
en punto a la naturaleza de los contratos de alumbrado público y a la exigencia de
vigencias futuras, con el fin de sentar jurisprudencia que impidiera eludir, bajo las
tesis de la «atipicidad contractual» y la «destinación específica», las normas
imperativas de disciplina presupuestal.

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Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado

5.4.2. Oposición de la UT frente a las peticiones subsidiarias

La UT señaló que lo solicitado por el recurrente como peticiones subsidiarias son
asuntos ya resueltos en el laudo. Además, resaltó que el juez de anulación no tiene
competencia para resolver los mismos. Respecto de la nulidad, este fue un aspecto
que ya adquirió la calidad de cosa juzgada por el juez natural, esto es, el Tribunal
arbitral, situación que dejaría sin posibilidad de pronunciamiento a la Corporación.
Por lo mismo, solicitó despachar desfavorablemente frente a estas peticiones.

5.4.3. Consideraciones de la Sala

Para empezar, la Sala destaca que el recurso de anulación de laudos arbitrales es
un medio de impugnación de carácter excepcional y de naturaleza especial, que
tiene por objeto controvertir un laudo arbitral por errores de procedimiento
establecidos expresamente en la ley; no constituye una segunda instancia dentro
del proceso arbitral ni da lugar a revisar el fondo del litigio. Así se desprende, con
toda claridad, de los artículos 41 y 42 de la Ley 1563 de 2012, que circunscriben la
revisión del juez de la anulación a las causales contenidas en el primero de ellos, y
prohíben expresamente cualquier pronunciamiento sobre los asuntos del fondo de
la controversia. Las disposiciones anteriormente citadas constituyen normas de
orden público y de obligatorio cumplimiento, no susceptibles de disposición por las
partes o de inaplicación de los jueces.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que existen normas imperativas, de
obligatoria aplicación, que le impiden al juez de anulación pronunciarse sobre
asuntos del fondo del litigio, y que delimitan su competencia a la decisión, única y
exclusivamente, de las causales de anulación previstas en la ley. Por ello, la
decisión que adopte el juez del recurso no puede reemplazar o sustituir la que
pronunció el tribunal de arbitramento.

El estudio sobre la validez de un negocio jurídico, que resulta ser el objeto de
controversia en un litigio, es, sin dudas, un asunto propio del fondo del litigio que no
guarda relación con yerros de índole procesal. En ese sentido, no es procedente
para el juez de anulación pronunciarse sobre este asunto, ni a petición de parte ni
de manera oficiosa.

En suma, cabe señalar que en el presente caso la validez del contrato No. 004 de
2023 ya fue analizado por el Tribunal Arbitral, con apoyo en las instituciones y el
ordenamiento jurídico aplicable, concluyendo en que el contrato era válido. Con esto
en consideración se advierte que, más que un alegato in procedendo, la petición de
«nulidad de oficio» evidencia, en realidad, una inconformidad con los fundamentos
y la decisión del laudo, enmarcándose en un error in iudicando.

Por lo anterior, la Sala desestima la solicitud de declaratoria oficiosa de nulidad
absoluta del contrato No. 004 de 2023.

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00016-00 (73945)
Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado

Finalmente, en cuanto a la segunda petición subsidiaria —corrección de la doctrina
jurídica en materia de naturaleza contractual y vigencias futuras—, la Sala advierte
que tampoco tiene cabida por cuanto no constituye una causal de anulación y, por
lo mismo, excede el objeto del recurso extraordinario de anulación previsto en los
artículos 41 y 42 de la Ley 1563 de 2012.

6. Levantamiento de la suspensión del laudo arbitral

Mediante el auto admisorio del 6 de mayo de 2026, la Sala suspendió el
cumplimiento del laudo arbitral del 21 de octubre de 2025, hasta tanto se decidiera
el presente recurso extraordinario de anulación.

Como se declarará infundado el recurso interpuesto por EPU, se procede a levantar
dicha suspensión.

7. Condena en costas

El artículo 43 de la Estatuto de Arbitraje dispone que, en caso de que el recurso no
prospere, se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido
presentado por el Ministerio Público.

Como en este caso no prospera el recurso presentado por Empresas Públicas de
Urrao E.S.P., la Sala condenará en costas.

Las agencias en derecho se tasan de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
PSAA16-1055451 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en atención a la complejidad y la duración de la actuación que adelantó
la vencedora. En lo que tiene que ver con los recursos extraordinarios, las agencias
en derecho deben fijarse entre 1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
según lo dispuso el artículo 5.9 del referido Acuerdo.

Por lo anterior, se tiene en cuenta que en el recurso se invocaron tres causales de
anulación, junto con unas peticiones subsidiarias, y que la parte convocante
intervino de manera activa —descorriendo traslado del recurso extraordinario de
anulación—, de manera que las agencias en derecho se fijan en cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

En mérito de lo expuesto, se

51 Aplicable al caso concreto, considerando que el recurso se interpuso el recurso el 4 de diciembre

de 2025, cuando ya se encontraba vigente tal normativa. «Artículo 2. Criterios. Para la fijación de
agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas
y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites».

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00016-00 (73945)
Convocante: Unión Temporal Urrao Iluminado

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por Empresas Públicas de Urrao E.S.P. contra el laudo arbitral proferido el
21 de octubre de 2025, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. LEVANTAR la suspensión de la ejecución del laudo arbitral.

TERCERO. CONDENAR a Empresas Públicas de Urrao E.S.P., parte recurrente en
el presente asunto, a pagar las costas a favor de la Unión Temporal Urrao Iluminado,
liquidadas en la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de la presente providencia.

CUARTO. En firme la providencia, comunicar la presente decisión a la Cámara de
Comercio de Medellín, Centro de Arbitraje y Conciliación, por conducto de la
Secretaría de la Sección Tercera.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
CT4

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