Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00028-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00028-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2026-00028-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S. -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Tema: Caducidad como causal de anulación del laudo. El alcance del deber de
interponer recurso de reposición en contra del auto donde el tribunal arbitral resuelve
sobre su competencia; fallo en conciencia, extra1 o citra petita2.
1. La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -en adelante ONAC o
recurrente- en contra del laudo arbitral del 21 de octubre de 2025, proferido por
un Tribunal que sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, por las controversias suscitadas en desarrollo del contrato
de acreditación n.° 14-OIN-013, suscrito con el Organismo de Inspecciones
Técnicas S.A.S. –en lo que sigue OITEC u opositor– mediante el cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda3.
SÍNTESIS
2. La controversia arbitral se generó alrededor del retiro de la acreditación
otorgada por el ONAC al OITEC, bajo el contrato n.° 14-OIN-013. El último solicitó
que se declarara el incumplimiento contractual como consecuencia de la decisión
y le indemnizaran los perjuicios. El panel arbitral accedió y reconoció la pérdida
de oportunidad y el lucro cesante reclamados. El laudo fue controvertido por el
ONAC en esta sede por las causales previstas en los numerales 2, 7 y 9 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consistentes en “la caducidad del medio de
control de controversias contractuales”; fallo en conciencia, y ser extra o citra
petita. El recurso se desestimará.
ANTECEDENTES
La demanda arbitral
3. El OITEC4 pidió que se declare5:
1 Fuera de lo pedido.
2 Omisión de resolver.
3 Prosperaron las pretensiones n.° 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1.5, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 y 5.3.3 de la
demanda reformada. Las demás fueron denegadas. Ver: Índice 002 SAMAI, enlace:
2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 3, PDF n.° 44.
4 La demanda se presentó el 5 de diciembre 2023, vía electrónica. Índice 002 SAMAI, enlace:
2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal, PDF n.° 009.
5 La demanda inicial fue corregida motu proprio por el demandante e inadmitida a través del auto n.° 3 del
22 de febrero de 2024. Una vez subsanada fue admitida el 12 de marzo siguiente (auto n.° 5). Índice y
enlace ibid, c. ppal, PDF’s 001, 040, 041, 54 y 56.
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
(i) que fue celebrado el contrato de acreditación n.° 14-OIN-013 (5.1.16); (ii) la
incorporación a éste de las Reglas de Servicio de Acreditación RAC-3.0-01, V8 y
de sus documentos complementarios de la sección 5.1 (5.1.2); (iii) que el retiro
de la acreditación impidió el desarrollo de sus actividades y tuvo naturaleza
sancionatoria (5.1.3 y 5.1.4); (iv) el incumplimiento del ONAC por el retiro de la
acreditación al OITEC (5.2.17) o, en subsidio, que lo hizo culposamente (5.2.1.S);
(v) que lo último constituyó abuso de posición dominante y de los derechos de la
contratante (5.2.2 y 5.2.3); (vi) la ilegalidad del retiro de la acreditación (5.2.4); y
(vii) la responsabilidad del ONAC (5.2.5).
4. Como condenas solicitó:
(i) Daño emergente por $950.000.000 (5.3.18); lucro cesante por $780.000.000
(5.3.2) y pérdida de oportunidad por $2.150.000.000 (5.3.3); (ii) la indexación de
esas cantidades (5.3.4); (iii) los daños inmateriales (5.3.5 sin precisar valor); (iv)
los perjuicios materiales causados después de la demanda (5.3.6), en la
modalidad de daño emergente (5.3.7), (tampoco se indicaron montos); (v) los
intereses moratorios (5.3.8); y (vi) las costas, expensas (5.3.9) y agencias en
derecho (5.3.10).
5. En el acápite de los hechos, narró que, en el 2014, acudió ante el ONAC para
solicitar que, en el marco de sus funciones legales y reglamentarias, le otorgara
la acreditación para realizar las inspecciones de ascensores, escaleras y puertas
eléctricas, la que le fue aprobada por el Consejo de Acreditación a través del
certificado n.° 14-OIN-013 del 16 de octubre del referido año y aceptada con la
firma del contrato identificado con igual numeración y sin fecha9.
6. Sostuvo que en el contrato se acordó una vigencia hasta el 15 de octubre de
2017, con la posibilidad de renovación por periodos de cinco años. Para esto
último, se pactó que el ONAC debía realizar una evaluación anual al OITEC, para
determinar si seguía cumpliendo las condiciones de la acreditación (“artículo”10
8).
7. Explicó que entre 2015 y 2019, el OITEC superó tales valoraciones e, incluso,
le renovaron su contrato de acreditación por cinco años más, es decir, hasta el
15 de octubre de 2022.
6 Contenidas en un título rotulado con el numeral 5.1 “DECLARATIVAS Y CONSTITUTIVAS
SOBRE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES”.
7 Insertas en el numeral 5.2 denominado “DECLARATIVAS Y CONSTITUTIVAS SOBRE EL
RETIRO DE ACREDTACIÓN SUFRIDO POR LA CONVOCANTE”.
8 Las que siguen son parte del numeral 5.3 llamado “PRETENSIONES DE CONDENA”.
9 El ONAC advertía, al remitir el texto del contrato a los solicitantes de la acreditación, que se
“entenderá como adquirida la condición de acreditado, una vez haya recibido el ONAC las
copias del contrato firmadas y publicado en el certificado de acreditación en la sección del
Directorio de Acreditados de la página web del ONAC” (SAMAI índice 2-
ED_RecursodeanulaciónTR(.pdf)-02PRUEBAS-001_DEMANDA-001_DEMANDA, anexo n.°
60).
10 Esa denominación se les dio a las cláusulas.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
8. Informó que el 28 de diciembre de 2020, el ONAC inició una evaluación de
vigilancia por quejas de los usuarios en los servicios prestados por el OITEC.
Dicho procedimiento finalizó satisfactoriamente el 24 de mayo de 2021.
9. Afirmó que, en agosto de 2021, a través del radicado n.° 202150050032511,
el ONAC le comunicó al aquí opositor que necesitaba información adicional para
la evaluación ya finalizada, petición que fue atendida el 17 de agosto siguiente.
10. Precisó que el 21 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico, el
ONAC le informó a la contratista que su coordinadora sectorial constató la
certificación de plataformas, cuando lo autorizado era para otros elementos y, por
consiguiente, recomendaba el retiro de la acreditación. En consecuencia, le
otorgó tres días para pronunciarse, oportunidad en la que el OITEC se defendió.
11. Sostuvo que el 14 de octubre de 2021, por medio del acta del Comité de
Acreditación n.° 2021-055-OIN, el ONAC acogió en su totalidad el concepto
emitido por la coordinadora sectorial.
12. Señaló que apeló dicha decisión y el 18 de noviembre de 2021 fue confirmada
por el ONAC.
13. Refirió que el 15 de diciembre de 2021, el Juzgado 43 Penal del Circuito tuteló
los derechos fundamentales del opositor y suspendió provisionalmente el retiro
de la acreditación por cuatro meses, mientras se adelantaban las acciones
judiciales pertinentes en contra de la ONAC. Dicha decisión fue revocada el 6 de
mayo de 2022, por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.
14. El 26 de mayo de 2022 se le retiró la acreditación al OITEC, tal como el ONAC
lo publicó en su página web.
Las contestaciones de la demanda
15. El ONAC, como oposición a las pretensiones y hechos, afirmó que sus
funciones no eran administrativas, sino de atestación de las calidades y las
competencias de los organismos evaluadores de la conformidad (OEC) de un
producto o servicio, de acuerdo con los reglamentos técnicos y las normas del
derecho privado y, por consiguiente, sus manifestaciones no son actos
administrativos, sino decisiones particulares, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia11.
16.También adujo que el OITEC, por su actividad comercial, debía conocer de
todas las regulaciones técnicas aplicables. Desde el diligenciamiento de la
solicitud de acreditación manifestó el conocimiento de los requisitos, las reglas y
los gastos en que debía incurrir para ello.
11 Cita las sentencias C-219 de 2015 de la Corte Constitucional, y del 6 de abril de 2017, exp.
23-41-000-2016-00533-01 (ACU), M.P. Rocío Araujo Oñate.
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Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
17. Informó que durante el 2020 se presentaron varias quejas en contra del
opositor, que se reflejaron en el informe de evaluación del 7 de julio de 2021, sin
que se le hubiera puesto en conocimiento o dado traslado de estas, como lo
estableció el documento PR-4.4-01, versión 8.
18. Precisó que además de las quejas, el contratista no explicó la mala utilización
del símbolo del ONAC, que lo identificada como acreditado, al ofertar servicios
no autorizados.
19. Sostuvo que el OITEC prestó sus servicios de acreditación para plataformas,
cuando lo autorizado era para ascensores.
20. Además, la decisión definitiva fue conocida por la referida sociedad y la
recurrió.
22. Propuso como excepción previa la caducidad, toda vez que la terminación del
contrato de acreditación se produjo el 1º de diciembre de 2021, fecha en la que
se notificó la decisión que resolvió la apelación frente al retiro de la acreditación,
y la demanda se presentó dos años después, el 5 de diciembre de 2023.
23. Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA)12, al contestar el llamamiento
en garantía del ONAC13, afirmó que las conductas profesionales inapropiadas o
por el desobedecimiento de una orden de autoridad configuraban causal de
exclusión. En todo caso, debía limitarse cualquier condena a las coberturas de la
póliza.
Las alegaciones finales
24. Las partes rindieron sus alegaciones en el mismo sentido de sus
intervenciones iniciales14. El Ministerio Público conceptuó que, salvo las
pretensiones 5.1 y 5.1.2, relativas a la declaratoria de la celebración del contrato
de acreditación y la integración de las normas técnicas al mismo, las demás
debían denegarse, comoquiera que la actuación del ONAC estuvo justificada en
el incumplimiento del OITEC15.
El laudo que se solicita anular
25. El 21 de octubre de 202516 se dictó el laudo en el que, respecto a las
pretensiones declarativas y constitutivas sobre la relación contractual entre las
partes, se accedió a las 5.1.1 (numeral 1º), 5.1.2 (numeral 2º), 5.1.3 (numeral 3º)
y 5.1.4 (numeral 4º)17. En las declarativas y constitutivas negó las 5.2.1 (numeral
12 En escrito separado, pero en la misma fecha de la contestación de la demanda, el ONAC llamó en
garantía a Seguros Generales Suramericana S.A., en el marco de la póliza n.° 0771004-7, en la que
aseguradora se obligó a cubrir y amparar el riesgo de responsabilidad civil profesional causado por el
ONAC, como asegurado frente a terceros afectados. Aunque este fue rechazado, finalmente fue admitido
y SURA se limitó a adherirse al resultado del procedimiento arbitral (Índice 2 SAMAI, enlace:
2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal, PDF n.° 68, 90, 95 y 99.
13 Índice 2 SAMAI, enlace: 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 2, PDFs n.° 005 y 008.
14 Índice 2 SAMAI, enlace: 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 3, PDFs n.° 037 y 041.
15 Índice 2 SAMAI, enlace: 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 2, PDF n.° 043.
16 Índice 2 SAMAI, enlace: 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 2, PDF n.° 44.
17 Frente a este mismo grupo de pretensiones, en el numeral 5º de la parte resolutiva se dispuso: “Declarar
imprósperas las excepciones “Inexistencia de incumplimiento a cargo de ONAC: garantía del debido
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Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
6º), 5.2.2, 5.2.3 (numeral 8º), 5.3.1, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 y 5.38; accedió a las
5.2.5 (numeral 7º) y 5.3.2 (numeral 11) y 5.3.3 (numeral 12), y en los numerales
8º y 9º desestimó unas excepciones18.
26. La oportunidad para demandar la computó desde el 8 de marzo de 2022,
momento del retiro efectivo de la acreditación, es decir, cuando el ONAC lo
publicó en su página y hasta cuando el contratista expidió permisos. Además,
como el inicio de los derechos y obligaciones derivados del contrato de
acreditación era, según éste, desde la publicación del certificado en la web del
ONAC, usó el mismo rasero para su terminación. Como la demanda fue
presentada el 4 de diciembre de 2023, concluyó que la caducidad no operó.
27. Sostuvo que el aquí opositor incumplió el contrato de acreditación,
comoquiera que certificó actividades para las que no fue autorizado; sin embargo,
el ONAC hizo lo propio al pretermitir dar a la queja n.° 1300 el trámite debido,
posponiendo su atención hasta una evaluación posterior. Esto último llevó a que
se prolongara injustificadamente la terminación, hasta el punto de que al OITEC
se le violó el debido proceso “que implícitamente incluye el derecho de ser oído
en tiempo oportuno, presentar pruebas y obtener una decisión dentro de un plazo
razonable”.
28. En torno a la imputación al OITEC, de expedir en el año 2019 cuatro
certificaciones por fuera del alcance de su acreditación, afirmó que no justificaba
el retiro de la acreditación ni la terminación del contrato; se configuró un
incumplimiento de las obligaciones del ONAC, porque las consecuencias que
impuso no fueron proporcionales con lo imputado a su contratista.
29. Señaló que las actuaciones del coordinador sectorial del ONAC, relativas a la
sustanciación de los hallazgos y la recomendación del retiro de la acreditación
proceso de la Convocante”, “Incumplimiento imputable a la Convocada” y “La Convocante no puede alegar
a su favor su propia culpa”.
18 Sobre el particular, resolvió: “Sexto: Negar la pretensión 5.2.1 y acceder a su subsidiaria 5.2.1.S y a la
pretensión 5.2.4 de la demanda reformada y, en ese sentido, declarar que el ONAC incumplió
culposamente el Contrato de Acreditación al retirar la acreditación de OITEC desatendiendo su obligación
de aplicar las normas contenidas en las Reglas del Servicio de Acreditación; y declarar la ilegalidad del
retiro de acreditación de que fue objeto OITEC, por haber incurrido el ONAC en el incumplimiento del
Contrato de Acreditación en los términos de la pretensión 5.2.1.S. // Séptimo. Acceder a la pretensión 5.2.5
de la demanda deformada de OITEC y, en ese sentido, declarar que ONAC es responsable de los daños
que haya sufrido OITEC como consecuencia del retiro ilegal de su acreditación que hayan quedado
probados en el proceso. // Octavo. Negar las pretensiones 5.2.2 y 5.2.3 de la reforma de la demanda. //
Noveno. Declarar que prosperan las excepciones “Inexistencia de abuso del derecho por parte de ONAC”
y “Inexistencia de abuso de la posición de dominio de ONAC”. // Décimo. Declarar impróspera las
excepciones “Las excepciones relativas a la competencia del Tribunal”, “ONAC no debía agotar el
procedimiento administrativo”, “Del debido proceso en los procedimientos contractuales adoptados por
ONAC”, “La aplicación del procedimiento de las normas internacionales excluye la aplicación del CPACA”,
“Inexistencia de la obligación de indemnizar perjuicios” y “excepción genérica” propuestas por el ONAC. //
Undécimo. Acceder a la pretensión 5.3.2 de la demanda reformada y, en ese sentido condenar al ONAC
a pagar a OITEC la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($37.538.799) a título de lucro cesante, en los
términos de las consideraciones expuestas en la parte motiva. // Duodécimo. Acceder a la pretensión 5.3.3
de la demanda reformada y, en ese sentido condenar al ONAC a pagar a OITEC la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($469.902.169) a título de pérdida de oportunidad, en los términos de las
consideraciones expuestas en la parte motiva. // Decimotercero. Negar las pretensiones 5.3.1, 5.3.4, 5.3.5,
5.3.6, 5.3.7. y 5.3.8 de la reforma de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de este
laudo”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
del OITEC, no estaban dentro de sus funciones.
30. De las solicitudes de condenas, analizada la prueba pericial aportada por la
convocante, dijo que “no logró probar el monto o cuantía” del daño proveniente
de la imposibilidad del OITEC de ejecutar sus labores de acreditación. Sin
embargo, “con base en las pruebas practicadas en este proceso, el Tribunal
únicamente identificó dos (2) categorías de daños que deben ser objeto de
indemnización en favor del convocante: la pérdida de oportunidad y el lucro
cesante”.
31. Sobre la pérdida de oportunidad, después de hacer el análisis de varias
pruebas documentales, concluyó “con un importante grado de certeza, que a la
Convocante le sería renovada su acreditación, de no ser por la terminación
anticipada de la acreditación, lo cual ya fue suficientemente analizado en otro
aparte de este laudo”.
32. Después determinó el porcentaje de probabilidad de que el ONAC le renovara
la acreditación al OITEC. Para el efecto, revisó un total de 649 carpetas, que
correspondían al mismo número de trámites, en ellos se limitó a los documentos
relacionados con evaluaciones y seguimientos de contratos como el suscrito con
el OITEC. Así, examinó 300 documentos, contenidos en 162 carpetas, de las
cuales 39 decisiones eran de renovación. Analizadas estas últimas, arrojó que se
aprobaron el 97.43% de tales solicitudes, porcentaje que utilizó para liquidar la
pérdida de oportunidad.
33. Más adelante, llevó a cabo el estudio de las utilidades dejadas de percibir,
con base en los estados financieros de los años 2017 a 2021. Dicho ejercicio
arrojó un valor de $482’297.207, al que le aplicó el porcentaje de probabilidad de
renovación arriba referido. En consecuencia, la suma por concepto de pérdida de
oportunidad la fijó en $469’902.169.
34. En relación con el lucro cesante, reconoció el periodo comprendido entre el
26 de mayo y el 15 de octubre de 2022, fechas que corresponden a la de la
pérdida de la acreditación y al día del vencimiento de la vigencia de esta última,
respectivamente. Este intervalo fue igual a 4.67 meses. La utilidad promedio
mensual, calculada a precios de octubre de 2025, con los datos arrojados en el
estudio de la pérdida de oportunidad, la determinó en $8’038.287, que
multiplicados por los 4.67 meses, le arrojó un valor por lucro cesante de
$37’538.799.
El recurso de anulación
35. El 18 de diciembre de 202519, el ONAC interpuso el recurso extraordinario de
anulación en contra de las decisiones del laudo, por las causales previstas en los
numerales 2, 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
36. En torno a la caducidad (causal 2), sostuvo que, como se definió en el trámite
arbitral, la naturaleza del ONAC es la de una entidad pública y, en atención al
19 Ibid., PDF n.° 54.
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Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
carácter contractual de la controversia, son aplicables las reglas del literal j) del
numeral 2º del artículo 164 del CPACA, en especial la relativa a los contratos no
sometidos al trámite liquidatorio, pues por estar sujeto al régimen de derecho
privado no la hacía aplicable. Terminado el contrato el 1º de diciembre de 2021,
cuando el ONAC notificó su decisión definitiva de retiro de la acreditación del
OITEC, el plazo máximo para demandar venció el 4 de diciembre de 2023,
mientras que la demanda se presentó el 5 de ese año y mes.
36. Adujo que el cómputo de la caducidad no estaba sujeto a la fecha de
publicación en la página del ONAC de la decisión de terminación del contrato,
porque, de acuerdo con el literal citado, empieza a correr desde el día siguiente
al de la terminación del contrato por cualquier causa. En todo caso, se trata de
una publicidad con efectos frente a terceros. Además, en los “artículos”20 8º y 9º
del contrato se acordó la “cancelación”21 o terminación del contrato, incluso, por
una de las partes, con la debida notificación a la otra.
37. La revocatoria de la sentencia de tutela en segunda instancia22 comportó que
se “mantuvo vigente el retiro de la acreditación y terminación del contrato el 18
de noviembre de 2021 y comunicada el 1 de diciembre de 2021”. De manera que,
como el término de caducidad, no está sujeto al arbitrio de ninguna de las partes
y solo puede suspenderse en aquellos casos previstos por el legislador, “es
evidente que el trámite de la acción constitucional de tutela no afecta la
contabilización del plazo de caducidad reglada en la ley”.
38. El cargo de fallo en conciencia (causal 7) lo fundamentó (i) en los
razonamientos del tribunal respecto de la responsabilidad contractual atribuida al
ONAC, (ii) la indemnización de perjuicios y (iii) la omisión de señalar la norma
procesal aplicable para el cumplimiento de la condena.
39. En relación con (i) el incumplimiento del ONAC, estimó contradictorio que se
dijera que el OITEC incumplió el contrato y, sin ningún fundamento, se predicara
lo mismo del ONAC por el solo hecho de la demora en el traslado de la queja que
dio origen a la decisión cuestionada. La coordinadora sectorial sí estaba
habilitada para recaudar toda la información necesaria encaminada a fundar el
retiro de la acreditación, pero, sin ninguna explicación, se afirmó en el laudo que
el equipo evaluador era el único habilitado para dicho fin.
40. En punto de (ii) los perjuicios por pérdida de oportunidad, imputó deficiencias
en la valoración probatoria al no considerar el dictamen de contradicción aportado
por el ONAC, que arrojaba un balance diferente al que determinó el laudo sobre
ganancias y pérdidas de cada ejercicio financiero anual. Aunque el estado de
resultados del año 2021 fue negativo, a través de un ejercicio sin fundamento
probatorio, el panel arbitral redujo el valor de las pérdidas; alegó que “incurrió en
20 Así se los denomina en el contrato.
21 Ibid.
22 El fallo de primera fue del 15 de diciembre de 2021 y proferido por el Juzgado 43 Penal del
Circuito, mientras que el de segunda es del 6 de mayo de 2022, por parte del Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Penal. Precisa advertir que la acción se dirigió en contra de los actos de
terminación del contrato de acreditación, con el fin de dejarlos sin efectos o suspenderlos.
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Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
la misma deficiencia probatoria anteriormente mencionada, toda vez que esa
liquidación parte de la base del nulo análisis y soporte probatorio de la supuesta
existencia de “gastos atípicos” durante el año 2021”.
41. Frente a (iii) la omisión del tribunal de indicar que la sentencia debía cumplirse
en los términos del artículo 192 del CPACA, en razón a la naturaleza pública de
la demanda, se configuró otra falencia que dio lugar a un fallo en conciencia.
42. Estimó que se concedió más de lo pedido por pérdida de oportunidad (causal
9), toda vez que se estimó en $2.150’000.000, suma que equivalía al 50% de las
utilidades estimadas, pero el tribunal las reconoció por el total.
43. Por último, adujo que, el no citarse el artículo 192 ejusdem, también
configuraba un fallo citra petita.
Traslado del recurso y manifestaciones
44. El 24 de diciembre de 2025, conforme al artículo 40 de la Ley 1563 de 2012,
la secretaria del Tribunal corrió traslado del recurso de anulación al OITEC y al
Ministerio Público, por el término de 15 días hábiles23.
45. El 19 y 21 de enero de 2026, el Ministerio Público y el OITEC,
respectivamente, se pronunciaron en cuanto a la solicitud de anulación24.
46. El Ministerio Público estimó que la demanda se presentó oportunamente,
porque, aunque el contrato de acreditación finalizó el 1º de diciembre de 2021,
fecha de notificación de la decisión definitiva, el término para demandar iniciaba
a correr desde el día dos del mismo mes y año, fecha en la que el OITEC presentó
una acción de tutela que, en primera instancia, amparó provisionalmente el
derecho fundamental al trabajo de los empleados de OITEC, por un término de
cuatro meses, mientras se ejercían las acciones judiciales correspondientes. Por
lo tanto, la terminación del contrato se hizo efectiva el 26 de mayo de 2022,
cuando el ONAC la publicó en su página web y como la demanda se radicó el 5
de diciembre de 2023, fue oportuna.
47. Señaló que no hay fallo en conciencia porque se cuestionaron las
valoraciones probatorias que no son del alcance del recurso y se analizaron todos
los documentos y dictámenes aportados. Descartó que el fallo fuera ultra o citra
petita, pues las condenas se ajustaron al monto de las pretensiones. En su
concepto, la inclusión del artículo 192 del CPACA en la parte resolutiva de laudo,
la entendió cumplida cuando se resolvieron las aclaraciones, adiciones y
correcciones, porque en sus consideraciones se aceptó que era aplicable.
48. Por último, el pronunciamiento del OITEC no será tenido en cuenta por
extemporáneo. Como lo advirtió el ONAC, en su escrito del 22 de enero de
23 Ibid., PDF n.° 57.
24 Ibid., PDFs n.° 58 a 63.
8
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
202625, el término máximo vencía el 19 de ese mes y año26, pero el OITEC lo
presentó dos días después.
El trámite ante el Consejo de Estado
49. Con providencia del 24 de febrero de 202627 se admitió el recurso
extraordinario de anulación y se suspendieron los efectos del laudo. El 15 de abril
siguiente se resolvió un recurso de reposición confirmando la decisión28.
CONSIDERACIONES
50. Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, para resolver
se seguirá el siguiente orden: (i) los presupuestos procesales, (ii) problemas
jurídicos y tesis; (iii) análisis de las causales de anulación que se invocan; (iv) la
solución al caso concreto, en función de los cargos formulados; (v) conclusiones;
y (vi) el régimen de la condena en costas en el presente trámite.
Los presupuestos procesales
51. La Sala se referirá a (i) la jurisdicción y competencia de la Corporación para
conocer del proceso, y (ii) la oportunidad en la presentación del recurso.
Jurisdicción y competencia
52. A esta jurisdicción le corresponde el conocimiento del presente asunto, con
fundamento en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el
numeral 7º del artículo 104 del CPACA; se trata de una controversia en la que
intervino una entidad pública, el ONAC, condición que quedó expuesta en el auto
admisorio del recurso y en el que se resolvió la reposición en su contra.
53. La Sección Tercera es competente para conocer en única instancia, de
conformidad con el numeral 7 del artículo 149 del CPACA29, el mentado inciso
tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012.
Oportunidad y traslado del recurso
54. El auto que resolvió las solicitudes de aclaración y adición contra el laudo
impugnado fue notificado el 7 de noviembre de 202530. Los 30 días hábiles
siguientes culminaron el 14 de enero de 2026 y el recurso fue radicado el 18 de
25 Ibid., PDF n.° 64 y 65.
26 Ello comoquiera que el 24 de diciembre de 2025 se corrió traslado a las partes y se envió el mensaje de
datos a los correos correspondientes del OITEC y del Ministerio Público (PDF n.° 53). Entonces, en los
términos del inciso 2º del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012, se entendió recibida en tal fecha. Desde el
día siguiente hábil, 26 de diciembre de 2025 hasta el 19 de enero de 2006 corrió el término para presentar
oposiciones.
27 Índice n.° 0005.
28 Índice n.° 20.
29 “El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. Del recurso
de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una
entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia”.
30 Índice 002 SAMAI, 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 3, PDF n.° 50.
9
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
diciembre de 202531, por lo que fue oportuno.
Problemas jurídicos y tesis
55. La Subsección responderá el siguiente interrogante en punto de la caducidad:
¿se cumplió la exigencia del inciso 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 para
alegar esa causal de anulación?
56. No se repuso el auto de la primera audiencia donde se definió la competencia
y se difirió el análisis de la caducidad al laudo, por lo tanto, no se agotó el requisito
y no puede alegarse la causal en esta sede.
57. En relación con el fallo en conciencia se definirá ¿si lo constituyó declarar el
incumplimiento del ONAC y condenarlo por la pérdida de oportunidad y el lucro
cesante y, además, el no indicar la norma procesal para el cumplimiento del
laudo?
58. Para la Sala tales argumentos no dan lugar a un fallo en conciencia, sino que
se dirigen a revisar el fondo del laudo. Además, la omisión de citar una norma
procesal de obligatorio cumplimiento no se adecua a la causal en comento.
59. Finalmente, en cuanto al fallo extra o citra petita se establecerá si ¿la
condena por lucro cesante desbordó lo pedido en la demanda? y si ¿la omisión
de citar el artículo 192 del CPACA en la parte resolutiva dio lugar a un laudo que
no resolvió íntegramente lo pretendido?
60. La tesis será que se laudó dentro de lo pedido y no constituye una decisión
citra petita el no referir expresamente una norma procesal de orden público.
ANÁLISIS DE LOS CARGOS DE ANULACIÓN FORMULADOS CONTRA EL
LAUDO
La caducidad de la acción32
61. Para resolver sobre este punto, se analizará si se interpuso el recurso de
reposición contra el auto en el que el tribunal asumió competencia por los mismos
motivos que fundan la causal.
El cumplimiento del requisito para alegar la causal de anulación
62. El inciso 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 impone señalar en la
reposición contra el auto de asunción de competencia los motivos que se
plantean en sede de anulación para alegar la causal de caducidad.
63. Mediante auto n.° 30 del 28 de marzo de 2025, el tribunal asumió la
competencia. En esta oportunidad, se difirió el estudio de la caducidad para el
31 Ibid., PDF n.° 54.
32 Así se denomina a esta causal, en el numeral 1º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
laudo, al considerar que el estado del proceso impedía resolver dicha excepción.
El panel arbitral dijo33:
“Frente al particular el tribunal manifiesta que en esta instancia del proceso no
cuenta con elementos suficientes para resolver de plano sobre la caducidad de
la acción. Por lo tanto y en aplicación del principio pro actione, desarrollado por
el Consejo de Estado para garantizar el acceso a la administración de justicia,
el tribunal aplazará la decisión de la caducidad hasta el laudo”.
64. Contra la anterior decisión, el OITEC interpuso recurso de reposición al
estimar que sí existían elementos para pronunciarse y declarar su no
ocurrencia34. En el traslado de esta impugnación, el ONAC manifestó que,
aunque estaba de acuerdo con la decisión de aplazar el estudio del presupuesto
procesal para el fallo, insistió en que la caducidad se verificó el 1º de diciembre
de 202335.
65. El Ministerio Público manifestó que estaba de acuerdo con la decisión 36.
66. El ONAC interpuso recurso de reposición, pero en relación con la falta de
competencia del panel arbitral para determinar la naturaleza de los actos del
ONAC. Además, reiteró que estaba de acuerdo con aplazar la decisión de la
caducidad37.
67. El tribunal, al resolver la caducidad, confirmó su decisión de diferir su
resolución, así38:
“El tribunal encontró que para poder arribar a una decisión final y
suficientemente informada al respecto deberá efectuar la correspondiente
valoración probatoria y argumental dentro del proceso y es por ello que
confirmará su decisión”.
68. En sede arbitral, en la primera audiencia de trámite, el tribunal decide sobre
su competencia39, en un auto40. En su contra debe interponerse el recurso de
reposición, amparado en las causales respectivas, como requisito de
procedibilidad para iniciar la vía extraordinaria de anulación.
69. En el caso en estudio, el ONAC no atacó esa decisión para alegar, como lo
hizo su contraparte, que sí existían pruebas y reabrir el debate sobre la
33 Minuto 0:11:20, índice n.° 2, 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf), carpeta 03, audios y videos,
carpeta 004primeradetrámite20250328.
34 Minuto 0:13:16, ibid.
35 Minuto 0:15:44, ibid.
36 Minuto 0:16:54, ibid
37 Minuto 0:17;11, ibid
38 Minuto 0:26:14, ibid.
39 Se desprende que estos aspectos se deben resolver en este momento, según lo dispuesto
en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
40 Artículo 30 ibid.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
configuración de la caducidad41.
70. Además, la controversia giraba en torno a cuestiones estrictamente
jurídicas relacionadas con la terminación de la autorización otorgada por el
ONAC, la naturaleza de dicha actuación, las normas procesales aplicables, la
incidencia de las sentencias de tutela en la oportunidad para demandar y la
determinación del momento inicial y final del término de caducidad. Se trataba,
por tanto, de un debate de derecho y no de una incertidumbre fáctica acerca
de los elementos necesarios para verificar la configuración de ese fenómeno
procesal.
71. En ese contexto, tal como lo hizo el OITEC, el ahora censor contaba con la
posibilidad procesal de interponer oportunamente el recurso de reposición y
plantear, en esa oportunidad, la extemporaneidad de la demanda. De hecho,
la discusión que propone en esta sede corresponde a los mismos
cuestionamientos jurídicos que pudo haber formulado entonces, sin que para
ello fuera necesaria actividad probatoria adicional o el esclarecimiento de
hechos sobrevinientes.
72. Tampoco puede considerarse satisfecho el requisito de procedibilidad con
las manifestaciones realizadas al descorrer el traslado de la impugnación
formulada por la contraparte, quien sí cuestionó la decisión de diferir el análisis
de la caducidad.
73. Ello es así porque dicha manifestación no constituye un recurso. En efecto,
el ONAC se limitó a expresar su conformidad con la decisión adoptada respecto
de la caducidad, sin formular una auténtica impugnación encaminada a obtener
su revocatoria o modificación. Tan cierto es lo anterior que, cuando se le otorgó
la oportunidad de interponer el recurso de reposición, se limitó a cuestionar la
falta de competencia del panel arbitral para determinar la naturaleza de los actos
del ONAC y a reiterar su acuerdo con el aplazamiento de la decisión sobre la
caducidad.
74. De otro lado, tampoco le corresponde al juez de la anulación introducir
excepciones no previstas por el legislador frente al mandato expreso que exige
el agotamiento previo del requisito de procedibilidad para la invocación de la
causal de anulación alegada. Admitir lo contrario supondría desconocer una
exigencia legal claramente establecida y vaciar de contenido el presupuesto
procesal diseñado para habilitar su examen en esta sede.
75. En consecuencia, no se advierte que la carga de agotar oportunamente el
mecanismo procesal previsto para cuestionar la decisión resulte irrazonable o
desproporcionada. Por el contrario, se trata de una exigencia legítima,
claramente definida por el ordenamiento y plenamente susceptible de
cumplimiento por la parte interesada, máxime cuando los elementos necesarios
para formular la objeción eran conocidos desde el trámite arbitral y existió una
41 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de diciembre de
2018, exp. 60716, M.P. Guillermo Sánchez Luque.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
oportunidad procesal específica para plantearla.
76. Así las cosas, dado que la parte recurrente no agotó dicho requisito, carecía
de habilitación procesal para invocar la causal en estudio y, por consiguiente, el
cargo no está llamado a prosperar y debe desestimarse.
El laudo en conciencia
77. El laudo en conciencia se verifica cuando no está fundado en derecho,
entendido este último como todas aquellas fuentes aceptadas por nuestro
ordenamiento jurídico y de las que se vale cualquier juez en su actividad judicial.
Así, en esta sede corresponde determinar la falta absoluta de argumentos, sin
que sea posible calificar la decisión de errada o deficiente o de revisar las
interpretaciones de los árbitros o sus motivos fundantes42.
El análisis de la causal
78. La Sala de entrada advierte que los cuestionamientos formulados por el
recurrente se dirigen a controvertir la valoración jurídica y probatoria efectuada
por el tribunal arbitral, como las conclusiones alcanzadas en torno a la
configuración y cuantificación de los perjuicios reconocidos. Admitir un examen
de esa naturaleza implicaría transformar el recurso extraordinario de anulación
en un mecanismo de revisión integral del mérito del laudo arbitral,
desnaturalizando el carácter excepcional y restringido del control judicial previsto
en la Ley 1563 de 2012.
79. La supuesta contradicción al sostener al mismo tiempo que el OITEC y el
ONAC incumplieron el contrato, es un argumento improcedente para alegar un
fallo en conciencia, si se tiene en cuenta que ello exigiría la valoración y análisis
de la decisión de fondo, cuando en esta sede el juez debe limitarse a los errores
de forma (in procedendo43).
80. En cuanto a la falta de sustento de las actuaciones del coordinador sectorial
del ONAC, el tribunal llamó la atención de la competencia para sustanciar
hallazgos y recomendar el retiro de la acreditación. Para arribar a esta conclusión,
en el laudo se analizó el numeral 5º del Procedimiento de Toma Decisión que
reguló la Acreditación de Organismos Evaluadores de Conformidad (PR-3-4-01),
el cual citó in extenso (pp. 98 y 99). De su lectura consideró que no se
desprendían las referidas atribuciones.
81. Entonces, existió fundamentación y, además, se citó la referencia normativa
que se consideró aplicable, sin que se pueda juzgar como acertada o no, puesto
que esto implicaría un pronunciamiento sobre cuestiones in iudicando44.
82. Tampoco podría calificarse en esta sede si la demora en el traslado de la
queja que dio origen a la decisión cuestionada era suficiente para tener la
42 Artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.
43 Durante el trámite.
44 En el fondo del asunto.
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Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
conducta del ONAC como incumplida, porque esto impone una revisión de fondo
de dicha argumentación, lo cual es improcedente en esta sede. Con todo, se
observa una decisión motivada.
83. En efecto, en la decisión cuestionada se constata que se imputó
incumplimiento al ONAC por “pretermitir su obligación de darle a la Queja 1300,
referida a hechos ocurridos en septiembre de 2019 y conocidos por ONAC en
marzo de 2020, el trámite que le era propio (traslado a OITEC y atención
inmediata, mediante el Comité de Evaluación o inclusive a través de una
evaluación extraordinaria) y en su lugar aplazar su atención hasta la etapa dos
de la siguiente evaluación de seguimiento, que vino a tener lugar entre enero y
julio de 2021”.
84. Para el panel arbitral dicha falencia era sustantiva comoquiera que “entre la
fecha en la que el ONAC tuvo conocimiento de la supuesta infracción a la que se
refiere la Queja 1300 (marzo de 2020), y las fechas en la que este Organismo
informó de su existencia de la misma a OITEC (enero de 2021) y hasta cuando
el Comité de Acreditación adoptó la decisión de retiro de la acreditación en
primera instancia (14 de octubre de 2021) transcurrió un período inusitadamente
largo e injustificado, lo cual constituye para el Tribunal una violación del debido
proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política, que
implícitamente incluye el derecho de ser oído en tiempo oportuno, presentar
pruebas y obtener una decisión dentro de un plazo razonable”.
85. También sostuvo “que el incumplimiento atribuido a OITEC, consistente en
haber expedido en el año 2019 cuatro certificaciones por fuera del alcance de su
acreditación, no justificaba el retiro de la acreditación y la consecuente
terminación del Contrato de Acreditación. Por ello, dicho acto constituye un
incumplimiento contractual por parte de ONAC, por haber sido adoptado en
contravención a las normas reglamentarias aplicables el Contrato (en particular
a las Reglas del Servicio de Acreditación), y también por ser violatorio del debido
proceso contractual en cuanto a la necesaria proporcionalidad”.
86. Como se observa, tales argumentos fueron explicados de manera amplia, con
base en el procedimiento que los árbitros consideraron aplicable y con las
pruebas que estimaron pertinentes. En esa medida, existe fundamentación
jurídica y probatoria, que confirma la improcedencia del cargo alegado.
87. En la pérdida de oportunidad se imputaron varias deficiencias al valorar el
dictamen de contradicción aportado por el ONAC, que arrojaba un balance
diferente al que determinó el laudo sobre ganancias y pérdidas de cada ejercicio
financiero anual y, además, se echó de menos las explicaciones y fundamentos
de los supuestos “gastos atípicos”.
88. En las páginas 138 a 140 se refirió en detalle la prueba pericial de
contradicción y se individualizaron sus principales conclusiones. Enseguida, en
el estudio particular de la pérdida de oportunidad, se volvió frente a ese dictamen
(p. 147), con el fin de apoyarse en él para negar unos componentes dentro del
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
perjuicio referido (p. 149). Lo anterior pone en evidencia que el elemento
probatorio que refiere el recurrente no se obvió, sino que fue valorado. Luego, la
inconformidad del recurso se dirige a cuestionar el sentido de la valoración de
esa prueba.
89. El tribunal, después de descartar el dictamen de la parte convocante, para lo
que se valió del peritaje de contradicción de la convocada, analizó varias pruebas
documentales y concluyó “con un importante grado de certeza, que a la
Convocante le sería renovada su acreditación, de no ser por la terminación
anticipada de la acreditación, lo cual ya fue suficientemente analizado en otro
aparte de este laudo”.
90. Más adelante, estudió las utilidades dejadas de percibir, con base en los
estados financieros de los años 2017 a 2021. Este ejercicio arrojó un valor de
$482’297.207, al que le aplicó el porcentaje de probabilidad de renovación del
97.43%, que determinó de una muestra voluminosa de solicitudes de la misma
naturaleza. En consecuencia, la suma por concepto de pérdida de oportunidad
fue de $469’902.169.
91. Lo expuesto pone de presente la existencia de un análisis y valoración de las
pruebas; distinto es que no sea en el sentido pretendido por el recurrente.
92. En torno al balance financiero del año 2021 del OITEC -el cual arrojaba un
resultado negativo y que, según el ONAC, fue reducido sin fundamento
probatorio-, debe precisarse que dicho reproche se dirigió a lo realizado por el
panel arbitral para determinar el monto de la pérdida de oportunidad, que fijó en
la suma de $469’902.169.
93. Para el efecto, tomó el promedio de utilidades obtenidas por el OITEC en el
periodo 2017 al 2021. En el último año, el balance financiero fue negativo (-
$623’502.300). El tribunal lo ajustó por la necesidad de descontarle los gastos
por honorarios y adecuaciones -se relacionaron las pruebas de sus montos entre
2017-2021-, en la medida que eran extraordinarios o atípicos, pues en dicho año
(2021) se incrementaron en 1.403,2%, en comparación con los anteriores (p.
163).
94. Para ello, cotejó los gastos correspondientes al periodo 2017-2020 con los de
2021 (pp. 161 a 163) y sustrajo la diferencia, la cual la restó al balance financiero
de 2021 y quedó en la suma -280’962.713 y ya no en los -$623’502.300 iniciales.
Esto impactó en el promedio de utilidades obtenidas entre 2017-2021 y, por
consiguiente, el monto de la indemnización reconocida.
95. De lo expuesto se tiene que se trató de una decisión explicada y fundada en
un análisis probatorio del panel arbitral, lo cual significó, como es natural, valorar
unas pruebas con otras y otorgarle el peso correlativo para sustentar la decisión,
con el resultado arriba expuesto. Entonces, la Sala no puede, como lo pretende
en el recurso, revisar el acierto o error de este ejercicio, puesto que ello impone
un estudio de fondo de los fundamentos y las conclusiones del laudo, hasta el
punto de que al final se las calificaría o descalificaría.
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Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
96. Respecto de la valoración del lucro cesante, el recurrente adujo defectos
similares. En efecto, en el recurso se alegó que se “incurrió en la misma
deficiencia probatoria anteriormente mencionada, toda vez que esa liquidación
parte de la base del nulo análisis y soporte probatorio de la supuesta existencia
de “gastos atípicos” durante el año 2021”. Por tanto, es suficiente con remitirse a
los argumentos ya expuestos para desestimar el cargo.
97. En cuanto a la omisión de señalar el plazo para el cumplimiento de la
sentencia de condena, al no indicar en su parte resolutiva el artículo 192 del
CPACA, es un motivo que no se encuadra en un fallo en conciencia, sino en el
contenido de la parte resolutiva y su coherencia con lo pedido y argumentado,
cargo que se analizará más adelante.
El laudo extra y citra petita
98. El recurrente señaló que se concedió más de lo pedido por pérdida de
oportunidad, toda vez que esta se estimó en $2.150’000.000, suma que equivalía
al 50% de las utilidades del OITEC, pero el tribunal las reconoció por el ciento por
ciento. En la demanda reformada se pidió sobre el perjuicio señalado45:
“5.3.3. Condene al ONAC a resarcir el perjuicio que causó a OITEC por la
pérdida de oportunidad derivada de las utilidades que no percibirá al no poder
aplicar a una segunda renovación de su acreditación, equivalentes a dos mil
ciento cincuenta millones de pesos ($2.150.000.000) o el mayor valor que sea
demostrado en el proceso”.
99. La pretensión no estableció rangos de valores, porque se empleó la fórmula
“o el mayor valor que sea demostrado en el proceso”, razón por la cual el panel
arbitral bien podía moverse dentro de ese marco. Con todo, en la parte resolutiva
no se desbordó la cuantía arriba indicada, en tanto por concepto de pérdida de
oportunidad se condenó a la suma de $469’902.169. Ahora, aun cuando en el
juramento estimatorio se dijo que la suma de $2.150.000.000 correspondía “al
50% de las utilidades de la sociedad”, la forma como quedó plasmada la
pretensión daba la posibilidad de decidir cómo se hizo y, en todo caso, la condena
no superó el monto de la pretensión ni del juramento estimatorio (artículo 206 del
CGP).
100. De otro lado, el recurrente insistió en la omisión de señalar en la parte
resolutiva el artículo 192 ídem, lo cual, a su juicio, configuraba un fallo citra petita.
La Sala observa que, al resolver las solicitudes de aclaración del laudo, el panel
arbitral se pronunció expresamente sobre el particular46. En consecuencia,
decidió y los fundamentos no son pasibles de revisión en esta sede, por ello se
negará el cargo en estudio.
45 Índice 002 SAMAI, enlace: 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 2, PDF n.°
015.
46 Ver: Índice 002 SAMAI, enlace: 2ED_RecursodeanulacionTr(.pdf) NroActua 2, c. ppal 3, PDF
n.° 50.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
101. En la forma expuesta también se impone negar este cargo.
102. Ante la desestimación del recurso se impone levantar la medida de
suspensión del laudo decretada en el auto del 24 de febrero de 202647,
confirmada el 15 de abril siguiente48.
Conclusiones
103. No se cumplió el requisito del inciso 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 –interponer el recurso de reposición contra el auto que asumió la
competencia y difirió el análisis de caducidad- para alegar la caducidad en esta
sede.
104. Los argumentos del laudo en conciencia se dirigen a revisar el fondo del
laudo, el cual está sustentado en las reglas de derecho y en las pruebas
aportadas. No es fundamento de la causal la omisión de citar una norma procesal
de obligatorio cumplimiento.
105. El tribunal decidió dentro de lo pedido y al resolver sobre las aclaraciones
se pronunció respecto de todos los asuntos.
Costas
106. En línea con el artículo 43 de la Ley 1563, si el recurso no prospera se
condenará en costas al recurrente. La Sala impondrá la condena por concepto
de agencias en derecho a la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legal
mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, teniendo
en cuenta las tarifas establecidas por el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
107. La liquidación de las costas se hará por Secretaría.
108. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia en contra del
laudo arbitral del 21 de octubre de 2025, proferido por un Tribunal en el marco de
las controversias suscitadas en desarrollo del contrato de acreditación n.° 14-
OIN-013, con base en las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia ONAC. Por Secretaría de la Sección se liquidarán y se incluirá por
concepto de agencias en derecho, la suma de cinco (5) salarios mínimos legales
47 Índice n.° 0005.
48 Índice n.° 20.
17
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00028-00 (74024)
Recurrente: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia–ONAC-
Opositor: Organismo de Inspecciones Técnicas S.A.S -OITEC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO: LEVANTAR la medida de suspensión del laudo decretada en el auto
del 24 de febrero de 2026, confirmada el 15 de abril siguiente.
CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia y aprobada la liquidación de las costas,
DEVOLVER, por conducto de la Secretaría, el expediente al Centro Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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