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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00115-00

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00115-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE 39 Aplicable al caso concreto, considerando que el recurso se interpuso el recurso el 22 de abril de 2026, cuando ya se encontraba vigente tal normativa. «Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites». 25 Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582) Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por Consorcio AGEF Mijitayo contra el laudo arbitral proferido el 24 de marzo de 2026, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR al Consorcio AGEF Mijitayo, parte recurrente en el presente asunto, a pagar las costas, exclusivamente por concepto de agencias en derecho, a favor de Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público, liquidadas en la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia. TERCERO. En firme la providencia, comunicar la presente decisión al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto, por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2026-00115-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo
Convocado: Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico
de Transporte Público— UAE SETP AVANTE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

Temas: LA JUSTICIA ARBITRAL Y SUS CARACTERÍSTICAS / encuentra fundamento en la
Constitución Política — se rige por el principio de habilitación / RECURSO EXTRAORDINARIO DE
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL — es excepcional, restrictivo y extraordinario — no puede ser
utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo
del litigio / CAUSAL SÉPTIMA DE ANULACIÓN / FALLO EN CONCIENCIA O EQUIDAD — no se
configura esta causal cuando el laudo se profiere con fundamento en fuentes de derecho conectadas
con el sentido de la decisión / CAUSAL NOVENA DE ANULACIÓN — la congruencia se verifica en
virtud del contraste entre lo pretendido en la demanda arbitral con lo analizado en el laudo, sin entrar
valorar la fundamentación del tribunal.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la
parte convocante contra el laudo del 24 de marzo de 2026, proferido por el Tribunal
de Arbitraje constituido para dirimir las controversias suscitadas entre la Unidad
Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público —en
adelante, la UAE SETP AVANTE— y el consorcio AGEF Mijitayo —en lo sucesivo,
el consorcio—, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda arbitral.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el recurso extraordinario de anulación se invocaron las causales previstas en los
numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

La parte recurrente —consorcio AGEF Mijitayo— sostuvo, con fundamento en la
causal séptima, que el laudo fue proferido en conciencia, por cuanto el Tribunal
prescindió de la aplicación de normas imperativas, sustituyendo el derecho vigente
por un criterio autónomo. Con sustento en la causal novena, alegó que el laudo
recayó sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, toda vez que el
Tribunal estructuró la totalidad de su razonamiento sobre el incumplimiento
contractual del consorcio y omitió pronunciarse sobre el verdadero objeto del litigio.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda arbitral

Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

Con fundamento en el pacto arbitral contenido en la cláusula 25.3 del contrato No.
004.L.P.N.BID.2019, suscrito el 27 de diciembre de 2019, se integró un tribunal de
arbitraje para conocer de la demanda que el consorcio AGEF Mijitayo interpuso el
17 de diciembre de 2024 en contra de la UAE SETP AVANTE1. La demanda fue
subsanada el 12 de marzo de 20252.

El consorcio formuló las siguientes pretensiones declarativas: (i) que se declare
que con la sanción de multa impuesta por la UAE SETP AVANTE al consorcio se
transgredió el debido proceso; (ii) que se declare la responsabilidad de dicha
entidad por la expedición de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato de
obra pública No. 004-L.P.N.BID.20193; (iii) que se declare que el consorcio cumplió
íntegramente el negocio jurídico aludido; (iv) que se declare la nulidad del acto
administrativo contractual contenido en la resolución de liquidación unilateral del
contrato; y (v) que se declare que la suma de $148’601.723,24 no puede retenerse
al consorcio contratista. Como consecuencia de lo anterior, planteó las siguientes
pretensiones condenatorias, (i) que se condene a la UAE SETP AVANTE a
devolverle al consorcio el monto de $170’836.345,24, suma retenida por concepto
de multa, indexada a la fecha de la demanda; (ii) que se ordene a la entidad el pago
al consorcio de la suma de $170’836.345,24, retenida por concepto de multa —ya
indexada—. A manera de pretensión subsidiaria de las de condena, solicitó (iii)
que se condene a la UAE SETP AVANTE y, en consecuencia, se ordene al gerente
o a quien haga las veces de ordenador del gasto de tal entidad pagar la suma que
el Tribunal encuentre probada como valor retenido por concepto de multa.

2. Contestación de la demanda

La entidad convocada, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda
oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones4.

La UAE SETP AVANTE sostuvo que la deducción de $148.601.723,24, incorporada
en la liquidación unilateral, no constituía una multa sancionatoria sino la aplicación
de la cláusula 49.1. del contrato No. 004-L.P.N.BID.2019. En su consideración, el
consorcio contratista ejecutó actividades contractuales por fuera del plazo
convenido, sin autorización formal de la entidad, y la Resolución No. 284 del 21 de
diciembre de 2022 —por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato—
se expidió dentro del marco legal, con respeto del debido proceso, luego de que el
consorcio guardara silencio frente al proyecto de liquidación bilateral.

1 Índice 3, SAMAI. Certificado A49DD6A73F34825D C361E53923EDEA93 3DCD85DD13607AE4
95A49012295F5C39. Link disponible en el documento. Archivo del link denominado: «2. Solicitud
tribunal arbitramento Mijitayo DEFINITIVA. DICIEMBRE 17».
2 Índice 3, SAMAI. Certificado A49DD6A73F34825D C361E53923EDEA93 3DCD85DD13607AE4
95A49012295F5C39. Link disponible en el documento. Documento disponible en el enlace, con la
denominación: «33. SUBSANACIÓN Solicitud tribunal arbitramento Mijitayo 12 marzo».
3 El objeto del contrato es el siguiente: «CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTACIONAMIENTO,

ATENCIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BÁSICOS DE FLOTA Y CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS (CAMIS) DENOMINADO
PATIO-MIJITAYO PARA LA UAE SETP – AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO».
4 Índice 3, SAMAI. Certificado A49DD6A73F34825D C361E53923EDEA93 3DCD85DD13607AE4
95A49012295F5C39. Link disponible en el documento. Archivo disponible en el link bajo el título:
«61. CONTESTACION DEMANDA PATIO MIJITAYO».

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

Entre otras excepciones, propuso la que denominó «INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL DEL CONSORCIO AGEF MIJITAYO COMO CAUSAL DE
COMPENSACIÓN Y DEDUCCIÓN DE SUMAS EN LA LIQUIDACIÓN», con
fundamento en que, a la fecha de terminación del plazo contractual, el consorcio
AGEF Mijitayo no había culminado las actividades obligatorias, situación que generó
atrasos injustificados e imposibilitó concluir el objeto contractual, lo que, en su
criterio, justificaba la deducción efectuada en la liquidación unilateral conforme a lo
pactado en la cláusula 49.1. del contrato.

3. Primera audiencia de trámite

El 1° de agosto de 20255 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, mediante
la cual el Tribunal se declaró competente para conocer la controversia suscitada
entre las partes, decisión frente a la cual las partes no interpusieron recurso.

4. El laudo arbitral

El Tribunal de Arbitraje profirió laudo el 24 de marzo de 20266, en el cual negó la
totalidad de las pretensiones del consorcio.

La decisión se sustentó en dos conclusiones, a saber: primero, el Tribunal reconoció
la aplicación legítima, razonable y proporcional de la cláusula 49.1. del contrato, así
como la legalidad de la liquidación unilateral con la consecuente validez de las
resoluciones que la expidieron; y segundo, entre otras excepciones, declaró
parcialmente probada la excepción de incumplimiento contractual del consorcio
AGEF Mijitayo como causal de compensación y deducción de sumas en la
liquidación.

Los fundamentos expuestos por el Tribunal para adoptar tales decisiones serán
desarrollados en la parte motiva de esta providencia, en cuanto resulten pertinentes
para resolver las causales de anulación invocadas por el consorcio.

5. El recurso extraordinario de anulación y su trámite

5.1. En la oportunidad legal, la parte convocante —consorcio AGEF Mijitayo—
interpuso recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral del 24 de
marzo de 2026, con fundamento en las causales contempladas en los numerales 7
y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 20127.

5 Índice 3, SAMAI. Certificado A49DD6A73F34825D C361E53923EDEA93 3DCD85DD13607AE4

95A49012295F5C39. Link disponible en el documento. Documento disponible en el enlace: «116.
AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE».
6 Índice 3, SAMAI. Certificado A49DD6A73F34825D C361E53923EDEA93 3DCD85DD13607AE4

95A49012295F5C39. Link disponible en el documento. Archivo del link denominado: «185.LAUDO
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 008-2024».
7 Índice 3, SAMAI. Certificado A49DD6A73F34825D C361E53923EDEA93 3DCD85DD13607AE4

95A49012295F5C39. Link disponible en el documento. Documento del link denominado: «190.
RECURSO ANULACIÓN LAUDO ARBITRAL 008-2024».

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

Con apoyo en la causal séptima —haberse fallado en conciencia o en equidad,
debiendo ser en derecho—, el consorcio solicitó que se anulara el laudo, por cuanto
el Tribunal, al calificar la cláusula 49.1. del contrato como una indemnización
convencional al margen del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, prescindió de la
aplicación de normas imperativas de orden público, sustituyendo el derecho vigente
por un criterio autónomo. Con fundamento en la causal novena —haber recaído el
laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros o no haber decidido
sobre cuestiones sujetas al arbitramento—, solicitó que se corrigiera la decisión, por
cuanto el Tribunal estructuró su razonamiento sobre el incumplimiento contractual
del consorcio AGEF Mijitayo, asunto que no fue sometido a su consideración.

5.2. La UAE SETP AVANTE —parte convocada— descorrió traslado del recurso y
solicitó que se declarara infundado8. En síntesis, frente a la causal contenida en el
numeral séptimo del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, sostuvo que el laudo no
fue dictado en conciencia sino en derecho, señalando que la existencia de una razón
jurídica identificable y debatible descarta, por sí sola, la idea de un fallo en
conciencia.

En cuanto a la causal novena de anulación, sostuvo, en resumen, que el laudo no
incurrió en incongruencia alguna, por cuanto el análisis del incumplimiento
contractual era un asunto introducido a la litis por la propia demanda subsanada.

Por razones metodológicas, los argumentos expuestos como sustento de las
causales de anulación invocadas, así como los planteados por la UT en el escrito
de oposición, serán plasmados en la parte considerativa de esta providencia.

5.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5.4. Mediante auto del 15 de julio de 2026, el Despacho conductor del proceso
admitió el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el consorcio.

II. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de anulación, la Sala analizará los siguientes
aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) objeto de la decisión y problema jurídico
a resolver; (3) la justicia arbitral y sus características; (4) el recurso extraordinario
de anulación: su finalidad y características; (5) las causales invocadas en el recurso
extraordinario de anulación y su solución en el caso concreto; (6) conclusiones; y
(7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

8 Índice 4, SAMAI. Certificado 293BA54B11E167FC 6A7514862DB9EFB0 47E8C42A93B232E8

A1765D428BA26900. Documento denominado «185. Descorre traslado de recurso de anulación
2024 A 0049».

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

A la Sala le corresponde, en única instancia, el conocimiento del presente recurso
extraordinario de anulación, tal como quedó consignado en el auto admisorio del 15
de julio de 20269, de conformidad con el numeral 710 del artículo 149 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el
inciso 3°11 del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, en virtud de los cuales, por una
parte, se dispone que el Consejo de Estado, por medio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas Especiales, conoce en única instancia de los recursos de
anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos
celebrados por una entidad pública; y, por otra parte, se consagra que la Sección
Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer del recurso
extraordinario de anulación formulado contra laudos arbitrales en los que intervenga
una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas.

Así las cosas, dado que este asunto versa sobre un recurso extraordinario de
anulación interpuesto contra un laudo que se expidió en el marco de un proceso
arbitral en el que intervino la UAE SETP AVANTE12, con ocasión del contrato de
obra pública No. 004-L.P.N.BID.2019 que dicha entidad pública suscribió con el
consorcio AGEF Mijitayo el 27 de diciembre de 2019, esta Sección es competente
para conocer, en única instancia, del recurso extraordinario de anulación formulado
contra el laudo arbitral del 24 de marzo de 2026.

2. Objeto de la decisión y problema jurídico a resolver

En los términos del recurso extraordinario de anulación interpuesto por el consorcio
AGEF Mijitayo contra el laudo arbitral, a la Sala le corresponde determinar si tal
decisión se encuentra viciada por las causales de anulación invocadas en los
numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

Al efecto, la Sala realizará una breve conceptualización sobre la justicia arbitral y
sus características, así como sobre la finalidad del recurso extraordinario de
anulación, luego de lo cual abordará el estudio de las causales invocadas en el
recurso extraordinario de anulación y su solución en el caso concreto.

3. La justicia arbitral y sus características

9 Índice 7, SAMAI. Certificado 45EE15299F04BA36 7CE3AE60F15D55D5 E5ED9824F0D6D166
F0C48E5AA0C6E0AB.
10 «Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. (…) 7. Del recurso de

anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por
una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la
materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión».
11 «Artículo 46. Competencia (…) Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo

arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas,
será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado».
12 Mediante el Acuerdo 008 de 2010, expedido por el Concejo Municipal de Pasto, se creó la Unidad

Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público -UAE SETP AVANTE como
una unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y
patrimonio independiente.

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

En el ordenamiento jurídico colombiano, la justicia arbitral encuentra fundamento en
la Constitución Política, cuyo artículo 116 consagra que los particulares pueden ser
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia «en la condición de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en
los términos que determine la ley». En igual sentido, desde el plano legal, el artículo
3 de la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia13, previó que los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de árbitros,
debidamente habilitados por las partes, para proferir fallos en derecho o equidad.

Lo anterior evidencia que la justicia arbitral, tal como lo ha reconocido esta
Corporación14, se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación, toda vez
que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge del acuerdo de
voluntades de las partes en el sentido de sustraer la resolución de sus controversias
del conocimiento de los jueces institucionales o permanentes y habilitar a los
árbitros para decidir sus diferencias. Así lo establece, además, el artículo 1° de la
Ley 1563 de 2012, al definir el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución
de conflictos «mediante el cual las partes difieren a árbitros la solución de una
controversia» relativa a asuntos de libre disposición o autorizados por ley.

Bajo este marco normativo y conceptual, se desprenden los elementos sustanciales
de la justicia arbitral, a saber: (i) el arbitraje tiene como presupuesto esencial el
acuerdo de voluntades de las partes en la controversia —principio de habilitación o
voluntariedad—, de manera que no le resulte obligatorio a alguna de las partes
acudir a esta justicia; (ii) tiene carácter temporal, en cuanto los árbitros ejercen
funciones jurisdiccionales durante el tiempo en que resuelven la controversia que
las partes sometieron a su conocimiento; cumplida esa finalidad, cesa su
investidura, pues «desaparece la razón de ser de su habilitación»15; (iii) es
excepcional, por cuanto no toda controversia puede ser sometida a arbitraje, ni este
desplaza a la jurisdicción permanente del Estado16; (iv) reviste una naturaleza mixta,
que se deriva, por un lado, de que la competencia de los árbitros necesariamente
nace de lo pactado por las partes, en virtud de la autonomía de su voluntad; y, por
otro lado, de que una vez investidos de jurisdicción, ejercen función jurisdiccional
cuyo objeto final se concreta dictando providencias judiciales propiamente dichas
—laudos arbitrales—, lo que deriva en la obligación de cumplir con los mandatos
constitucionales del debido proceso, derecho de defensa e igualdad de las partes17.

13 Ley 270 de 1996.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de septiembre de 2025,

Rad.: 66170.
15 «Una consecuencia importante del papel central de la voluntad autónoma de las partes dentro del

sistema de arbitramento es que la función conferida a los árbitros es transitoria o temporal, ya que
al ser las partes en conflicto las que habilitan a los árbitros para resolver una determinada
controversia, cuando se resuelve el conflicto desaparece la razón de ser de su habilitación» (Corte
Constitucional, SU 147-07, sentencia del 14 de marzo de 2007).
16 Corte Constitucional, SU 147-07, sentencia del 14 de marzo de 2007. Ver también: Juan Pablo

Cárdenas (2019). Módulo Arbitraje Nacional e Internacional. Características constitucionales. p.37.
17 Juan Pablo Cárdenas (2019). Módulo Arbitraje Nacional e Internacional. Características
constitucionales. p. 35 y 36.

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

4. El recurso extraordinario de anulación: su finalidad y características

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, contra el laudo
arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, medio de impugnación de
carácter dispositivo, excepcional y extraordinario, dirigido a controvertir la decisión
contenida en el laudo proferido por un tribunal de arbitramento, en principio, por
errores de procedimiento, con fundamento en las causales taxativas expresamente
consagradas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Por esta razón, tal como lo
ha señalado la Corporación18, los argumentos a partir de los cuales se pretenda
sustentar dicho recurso, que delimitan la competencia del juez de la anulación para
decidir, no se dirigen a atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo (errores
in iudicando), deben ser claros, idóneos y puntuales, a la vez que han de
acompasarse con los supuestos de la causal de anulación que se invoque.

Dado que el proceso arbitral es de única instancia y que el juez del recurso de
anulación no es un superior funcional del tribunal arbitral, el artículo 42 ejusdem, en
su inciso final, prevé que «[l]a autoridad judicial competente en la anulación no se
pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios,
motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal
arbitral al adoptar el laudo». En consecuencia, al juez de la anulación no le es dado
examinar si el tribunal de arbitramento obró de acuerdo con el derecho sustancial,
ni entrar a revisar si hubo un yerro en las conclusiones a las que arribó el panel o
en la valoración de las pruebas.

En la misma línea de lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación19 ha
precisado la naturaleza, la finalidad y las características del recurso extraordinario
de anulación, destacando lo siguiente:

(i) El recurso de anulación es excepcional, restrictivo y extraordinario. No
puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda
reabrir el debate sobre el fondo del litigio.

(ii) Su finalidad consiste en la protección del derecho al debido proceso. Por
tanto, su presentación debe orientarse a cuestionar la decisión arbitral por errores
in procedendo (de procedimiento) y no por errores in iudicando (de la sustancia de
la decisión), proscribiendo al juez de anulación de analizar los razonamientos de los
árbitros en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de
la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria.

(iii) Excepcionalmente, el juez de la anulación podrá corregir o adicionar el
laudo, pero solo cuandoquiera que prospere las causales de anulación previstas en

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2023, Rad.:

70190, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de agosto de 2024, Rad.:

70968, M.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 18 de enero de 2019, Rad.: 62476, M.P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 23 de abril de 2018, Rad.: 59731, M.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas; sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 59067, M.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas; sentencia del 31 de agosto de 2015, Rad.: 53585, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

los numerales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, por no haberse
decidido la totalidad de los asuntos sometidos al conocimiento de los árbitros o por
haberse pronunciado sobre aspectos que no estuvieron sujetos a la decisión de los
mismos, así como por haberse concedido más de lo pedido.

(iv) Las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el
«principio dispositivo», según el cual el recurrente enmarcará su recurso dentro de
las causales taxativas de la ley, al paso que ello también define el derrotero y la
competencia del juez de la anulación, debiendo limitarse a resolver sobre lo
planteado en la formulación y sustentación del recurso. En consecuencia, «no le
está permitido suponer lo manifestado por el impugnante para tratar de establecer
la causal que invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en
la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar de plano el
recurso cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las señaladas en
la ley»20.

(v) El recurso de anulación supone una carga de sustentación, la cual exige
al recurrente demostrar —con apoyo en las causales taxativas de la ley— las
razones por las que el laudo incurre en el vicio alegado. De este modo, será la
cadena argumentativa la que estructure la causal aducida, y no el mero nombre o
denominación que le asigne el accionante.

En atención a su naturaleza formal, y dado que se encuentra circunscrito al examen
de errores in procedendo, el recurso no constituye una segunda instancia ni una
nueva oportunidad para reabrir el debate sobre el fondo de la controversia. Por
tanto, el juez se pronunciará exclusivamente sobre las causales invocadas por el
recurrente, taxativas y previstas en la ley, sin que resulte procedente análisis
oficioso por parte del juez de anulación, al menos tratándose de arbitraje nacional.

5. Las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación y su
solución en el caso concreto

5.1. Causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012

5.1.1. Lo alegado en el recurso respecto de esta causal

El consorcio sostuvo que el Tribunal, al resolver el asunto efectivamente sometido
a su conocimiento, vulneró su derecho de defensa, porque omitió de manera
deliberada la aplicación de los artículos 86 de la Ley 1474 de 2011, 17 de la Ley
1150 de 2007 y 29 de la Constitución Política, normas imperativas y de orden público
que gobiernan la materia. Anotó que, en su lugar, el Tribunal construyó una
categoría jurídica propia —la distinción entre «indemnización por daños y
perjuicios» y «multa sancionatoria»— para eludir la aplicación de dichas

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de agosto de 2024, Rad.:

70968, M.P. Nicolás Yepes Corrales.

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disposiciones y sustituir el derecho vigente por un criterio autónomo, lo que
configuraba un fallo en conciencia.

Afirmó que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 era de aplicación imperativa, pues
la UAE SETP AVANTE, en su condición de entidad pública descentralizada del
orden municipal, se encuentra sometida al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y, por consiguiente, ninguna cláusula contractual ni tampoco
el reglamento del Banco Interamericano de Desarrollo —en adelante, BID—
contaban con la virtualidad de desplazar esa garantía de rango constitucional.

Señaló que lo pactado en la cláusula 49.1. del contrato No. 004-L.P.N.BID.2019
hacía referencia, en realidad, a una actuación sancionatoria, con independencia de
la denominación que la entidad le asignara. Lo anterior, por cuanto: (i) fue adoptada
mediante un acto administrativo unilateral —Resolución No. 284 de 2022—; (ii)
produjo una deducción coercitiva del pago adeudado al contratista; y (iii) fue
impuesta por decisión exclusiva de la entidad, sin acuerdo bilateral. En criterio del
recurrente, esos tres elementos configuran el ejercicio del imperium del Estado y no
el de la autonomía privada. Añadió que el propio laudo reconoció que «cuando la
entidad estatal ejerce su potestad unilateral se desplaza hacia el terreno del
imperium del Estado, donde operan límites constitucionales y garantías
reforzadas», lo que hacía inexplicable la inaplicación del artículo 86.

Argumentó que el régimen del BID no podía desplazar las garantías
constitucionales. Para el efecto, indicó que la Corte Constitucional, en sentencia C-
249 de 2004, precisó que el sometimiento a los reglamentos de organismos
multilaterales opera dentro de los linderos de la ley colombiana, de modo que dichos
reglamentos no pueden suprimir las garantías del artículo 29 Superior frente a
actuaciones administrativas sancionatorias. Esto, aunado al hecho de que el artículo
20 de la Ley 1150 de 2007 solo habilita la aplicación de los reglamentos del
organismo multilateral al proceso de formación y ejecución del contrato, pero en
manera alguna significa que el ejercicio de potestades administrativas unilaterales
quede exento de las garantías imperativas del ordenamiento jurídico colombiano.

Al hilo de lo anterior indicó que, de acuerdo con la sentencia C-499 de 2015 de la
Corte Constitucional —que declaró exequible el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011—, la facultad de cuantificar y deducir perjuicios derivados del incumplimiento
contractual constituye el ejercicio de la potestad sancionatoria, compatible con el
artículo 29 Superior, siempre que se ejerza en un procedimiento que garantice
audiencia previa, contradicción probatoria y posibilidad real de defensa. Indicó que
la propia Sección Tercera de esta Corporación21 —sentencia citada por el laudo—
estableció que los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011
son desarrollos legislativos del derecho al debido proceso en el marco de la gestión
contractual, y que su desconocimiento vicia la actuación. Para el recurrente, el
hecho de que el Tribunal Arbitral hubiera citado esa sentencia para luego inaplicarla

21 Haciendo referencia a la sentencia del 1° de julio de 2020, Rad.: 48945, M.P. Jaime Enrique

Rodríguez Navas.

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demuestra que su decisión no fue el resultado de un análisis en derecho, sino de la
sustitución del derecho vigente por un criterio propio.

En opinión del consorcio —parte convocante—, la omisión total del procedimiento
consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 estaba acreditada en el
expediente arbitral a través de tres medios de convicción: el testimonio de Lizeth
Chávez Guerrero, funcionaria jurídica de la convocada, quien declaró que para
aplicar la cláusula 49.1. no se adelantó ningún procedimiento sancionatorio previo;
el testimonio de Fernando Zura, director de la interventoría, quien reconoció que no
se adelantó actuación administrativa formal previa; y la declaración de parte de
Fabián Leonardo Torrado Álvarez, representante del consorcio AGEF Mijitayo,
quien señaló que nunca recibió pliego de cargos, traslado formal de presunto
incumplimiento ni comunicación alguna que indicara la apertura de un procedimiento
sancionatorio.

Finalmente, resaltó que la inaplicación del artículo 86 ibidem era manifiesta, pues
se verificaba sin dificultad en el propio texto del laudo. El Tribunal transcribió la
norma, analizó su contenido, reconoció que consagra garantías constitucionales,
pero, acto seguido, la declaró inaplicable sobre la base de una distinción —
indemnización versus sanción— que el ordenamiento jurídico colombiano no
establece. Ello equivale, a su juicio, a abandonar el derecho positivo de manera
ostensible.

5.1.2. Oposición de la UAE SETP AVANTE frente a la causal 7ª de anulación

La UAE SETP AVANTE se opuso a la prosperidad de esta causal, afirmando que el
laudo no fue dictado en conciencia sino en derecho, pues el Tribunal no resolvió
bajo su íntima convicción sino a partir de una calificación jurídica del contrato y de
su régimen aplicable. Expuso que la inconformidad del consorcio radicaba en que
el Tribunal no acogió su tesis sobre la obligatoriedad del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, pero que resolver en contra de los planteamientos de una parte no equivale
fallar en conciencia, y que lo que la parte recurrente denominaba «sustitución del
derecho vigente por un criterio propio» no era más que la inconformidad con una
interpretación jurídica adversa a sus intereses.

Puso de presente que el laudo contaba con una motivación jurídica y probatoria
suficiente, por cuanto abordó expresamente el régimen jurídico aplicable al contrato
financiado con recursos del BID, la autonomía de la voluntad, las previsiones de la
cláusula 49.1, la ejecución dentro o fuera del plazo contractual, la liquidación del
contrato y la validez de la resolución que liquidó el contrato, lo que evidencia un
razonamiento en derecho y no una decisión en conciencia.

Manifestó que el hecho de que el laudo haya concluido que la cláusula 49.1. del
contrato correspondía a una estipulación contractual de daños y perjuicios y no a
una multa sancionatoria no lo convierte en un fallo en conciencia, añadiendo que la
anterior es una interpretación jurídica que pertenece al fondo del litigio, y que con el
recurso se cuestiona el análisis del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la calificación

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de la cláusula arriba referida y la valoración de las pruebas sobre la ejecución
contractual.

Por otro lado, indicó que la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 exige que la circunstancia aparezca de manera
manifiesta, evidente y protuberante en el laudo, sin que su verificación requiera un
estudio complejo. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, sostuvo que
si el cargo solo puede sostenerse reconstruyendo el debate contractual,
reinterpretando la cláusula 49.1., discutiendo el alcance del artículo 86 de la Ley
1474 de 2011, revisando testimonios y valoraciones probatorias, no se está ante un
vicio manifiesto sino ante una controversia de fondo que el recurrente pretende
revivir bajo la apariencia de esta causal.

En similar sentido, advirtió que la parte recurrente pretende equiparar una supuesta
inaplicación normativa con un fallo en conciencia, planteamiento que, a su juicio,
resulta improcedente, toda vez que la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha precisado que la decisión equivocada no equivale a un fallo
en conciencia, ni el desacuerdo de una parte con la motivación del laudo configura
la causal, y que no procede analizar por esta vía violaciones indirectas a la norma
sustancial por errores de hecho o de derecho en la valoración probatoria, pues tales
aspectos son errores in iudicando, ajenos al recurso extraordinario de anulación.

Por último, apuntó que el mismo recurso extraordinario de anulación revela su
improcedencia, dado que en dicho escrito se afirma que el Tribunal «concluyó que
la cláusula 49.1. era una simple indemnización por daños y perjuicios» y que, con
base en ello, negó las pretensiones, lo que deja claro que el recurrente sí identificó
una razón jurídica del laudo. De este modo, la conclusión de que la cláusula 49.1.
del contrato es una indemnización contractual y no una multa sometida al
procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, es prueba de un razonamiento
jurídico que permite descartar la idea de un fallo en conciencia.

Por todo lo anterior, solicitó que se declarara infundada la causal de anulación
invocada.

5.1.3. Consideraciones de la Sala

5.1.3.1. El numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 consagra como causal
de anulación la siguiente: «Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser
en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo».

Sobre el particular, ha de señalarse que el artículo 1°22 de la Ley 1563 de 2012
dispone que el arbitraje en derecho constituye la regla general aplicable en aquellas

22 «En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones
administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración,
desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades
excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho».

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controversias que surjan con ocasión de un contrato estatal. Por lo mismo, en estos
casos, el legislador previó expresamente la anulación del laudo cuando, habiéndose
proferido en derecho, se dicta en conciencia o en equidad.

El fallo en conciencia o equidad, en línea con lo esgrimido por la Corte Constitucional
en su sentencia SU-173 de 201523, se configura cuando el árbitro resuelve según
su íntima convicción o su sentido de equidad, prescindiendo del ordenamiento
jurídico, en un asunto que debía decidirse conforme a derecho. La causal exige,
además, que el vicio aparezca manifiesto en el laudo, esto es, que sea perceptible
en el propio texto de la providencia.

En relación con el contenido y los límites de la causal, la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha decantado una línea que conviene reseñar. De una parte, ha
precisado que la causal del fallo en conciencia opera cuando el tribunal de
arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o
probatorio, de ahí que «para que el laudo sea considerado en derecho deberá
fundamentarse en las fuentes de derecho o, en sentido negativo, será fallo en
conciencia y no en derecho, el que no se fundamente en fuente alguna de
derecho»24. Por otra parte, se ha fijado un umbral al señalar que la sola referencia
a las fuentes del derecho no es suficiente para predicar que un laudo ha sido dictado
en derecho, sino que menester que la norma indicada esté conectada con el sentido
de la decisión, hasta el punto de que no pueda calificarse como absolutamente
descontextualizada o con el simple propósito de dar apariencia de ser una decisión
en derecho25.

A partir de esa construcción, la Corporación26 ha sintetizado los supuestos de esta
causal, en los siguientes términos: «para que exista una decisión en conciencia, se
necesita que (i) la decisión no sea en derecho (entendido este último como todas
aquellas fuentes jurídicas de las que se vale cualquier juez en su actividad judicial),
(ii) o se funde exclusivamente en la equidad (aunque bien pudiera distinguirse del
fallo en conciencia) o (iii) no se consideren las pruebas. Igualmente, (iv) hay
limitaciones para determinar la ocurrencia de la causal en estudio, en tanto no es
posible calificar la decisión de errada o deficiente o de revisar las interpretaciones
de los árbitros, como cuando se solicita la verificación de una vía de hecho, distinta
a la que supone un fallo en conciencia, o la revisión de los motivos».

En cuanto al tercer elemento —el que atañe al supuesto de que no se consideren
pruebas—, el Consejo de Estado ha resaltado que «se exige del laudo su
fundamentación en las pruebas legalmente aportadas al proceso»27, de modo que,

23 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, Rad.:
55852, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 32896, M.P. Mauricio

Fajardo Gómez.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, Rad.:

55852, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. También en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia del 4 de mayo de 2022.
27 Ibidem.

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si no hay fundamento probatorio, o sin justificación se desconoce o se aparta de las
pruebas, se estará frente a una decisión claramente subjetiva de los árbitros. Con
todo, ha delimitado el alcance de ese reproche para diferenciarlo de un mero error
de valoración, indicando en dicho sentido que «[s]e trata de defectos evidentes,
como lo son la ausencia de fundamentos probatorios o, como lo ha precisado la
jurisprudencia, que aun cuando exista un análisis probatorio, el laudo se aparte por
completo y sin justificación de lo que las pruebas señalan, es decir, un abandono
absoluto del material probatorio».

De lo anterior se sigue que, en el marco de esta causal, el juez de la sede de
anulación se circunscribe a constatar objetivamente la ausencia de fundamento
jurídico o probatorio, sin que le sea dado calificar el acierto de la decisión ni revisar
la interpretación o el análisis jurídico del panel arbitral. Sobre esa base, la Sala
destaca las siguientes conclusiones que se derivan de la causal estudiada28: (i) que,
tratándose de contratos estatales, el laudo deberá proferirse en derecho; (ii) que el
laudo en conciencia está proscrito del ordenamiento jurídico colombiano, mientras
que el laudo en equidad está permitido —siempre que la controversia objeto del
arbitraje sea entre particulares—; (iii) que un laudo que se apoya en fuentes de
derecho conectadas con el sentido de la decisión es un fallo en derecho, aunque la
parte juzgue equivocada su fundamentación, pues el error en la aplicación o la
interpretación del derecho es in iudicando; (iv) que cuando el reproche es
probatorio, no basta con que la valoración se estime parcial, incompleta o
insuficiente; se requiere su ausencia total, o el abandono absoluto e injustificado del
material probatorio.

Conforme con lo expuesto, el examen de esta causal se contrae a constatar,
objetivamente, (i) si el laudo referenció fuentes de derecho, se apoyó en normas
vigentes y aplicables y las vinculó para resolver la controversia o si, por el contrario,
resolvió los asuntos según su íntima convicción o su sentido de equidad; y (ii) si el
laudo valoró las pruebas aportadas al proceso o si, por el contrario, se aparta sin
justificación o desconoce estas.

5.1.3.2. A partir de lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso la causal
séptima de anulación no tiene vocación de prosperidad, tal como pasa a explicarse,
siguiendo al efecto el mismo orden de los argumentos presentados por el recurrente.

• En primer lugar, el consorcio AGEF Mijitayo afirmó que el artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011 era de aplicación imperativa e ineludible para la parte convocada,
en su condición de entidad pública sometida a la Ley 80 de 1993, y que ninguna
cláusula contractual ni reglamento del BID podía desplazar la garantía de rango
constitucional que es el debido proceso. Al respecto, la Sala estima que este
reproche no evidencia un fallo en conciencia, sino un cuestionamiento frente al
fondo de la decisión arbitral, lo que no es permitido en sede de anulación.

28 Elementos que, en su mayoría, se encuentran recogidos en el Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2022, Rad.: 68890, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.

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En efecto, la misma parte recurrente reconoce que el laudo cuestionado examinó el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y lo consideró inaplicable en el caso concreto,
de lo cual se desprende que lo realmente alegado por la convocante es que el
Tribunal se equivocó al hacer esa calificación, pues en su consideración el laudo
debió concluir que dicha norma sí era aplicable y que, al estimar lo contrario,
desconoció su rango imperativo. Lo anterior, desde luego, no representa la ausencia
de fundamento jurídico, sino que evidencia la discrepancia del consorcio con la
interpretación llevada a cabo por el panel arbitral en el laudo, lo que constituye un
aspecto in iudicando vedado al juez de la anulación.

Para justificar lo expuesto, se destacan los apartes del laudo en los que se examinó
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y se argumentó la razón de su no aplicación,
partiendo del análisis del régimen aplicable del contrato en discusión, en atención a
que fue suscrito por el BID, y de las previsiones estipuladas por las partes
contratantes, en concreto de la cláusula 49.1.29 del negocio jurídico (se transcribe
in extenso, por su pertinencia para la resolución del cargo):

«125. (…) el contenido y alcance de las disposiciones contractuales se estudiarán
teniendo en cuenta que existe un régimen jurídico especial por parte de los
organismos internacionales de financiación, en este caso el BID, dentro del cual
se consagró especialmente la cláusula 49.1 cuya definición en relación con su
naturaleza jurídica es uno de los asuntos fundamentales para decidir la
controversia, y en los temas relativos al régimen de liquidación, se analizarán las
disposiciones contractuales igualmente y las normas del ordenamiento jurídico
colombiano que son aplicables en forma complementaria y concordante.

6.2. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) Y LA NO CONSAGRACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

126. El régimen jurídico que gobierna y regula el contrato se encuentra establecido
por las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID) y, en dicha
estructura normativa y en el contrato no se prevé la remisión al procedimiento
administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
Esta norma dispone: [en el laudo se transcribió de manera completa dicha norma]

127. Como se puede observar, este procedimiento administrativo se concibe bajo
el posible incumplimiento por parte de un contratista en un contrato estatal. Su
thelos se concreta en la garantía del debido proceso frente a la potestad que tiene
la entidad estatal para imponer las sanciones, las multas y la cláusula penal. En
general, en este tipo de previsiones es necesario regular en detalle las formas y
ritualidades que encaucen el ejercicio de ese poder de imperio o autoritas que
ejercen las entidades públicas, cuando de manera unilateral, tienen la posibilidad
de declarar un incumplimiento y derivar del mismo las citadas consecuencias (…).

129. En definitiva, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no es una mera
herramienta para sancionar al contratista, sino una garantía estructural frente al
ejercicio del poder unilateral del Estado en el ámbito contractual. Si bien la

29 «49. Liquidación por daños y perjuicios. 49.1. El contratista deberá indemnizar al contratante por

daños y perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC [condiciones especiales del
contrato], por cada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fecha prevista de
terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el monto estipulado en las CEC.
El contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al contratista. El
pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del contratista».

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administración conserva la facultad de declarar el incumplimiento e imponer multas
o hacer efectiva la cláusula penal sancionatoria, dicha potestad sólo es legítima
cuando se ejerce dentro de un procedimiento previamente definido, que asegure
audiencia, contradicción, motivación y posibilidad real de defensa.

6.2.1. La autonomía de la voluntad y la previsión de deducción de una
indemnización

130. La autonomía de la voluntad permite a las partes acordar previsiones de
deducción frente al retardo en el cumplimiento de las obligaciones de los
contratantes. En efecto, si una parte no cumple sus obligaciones dentro del plazo
previsto en el contrato, es posible, que a título de indemnización o sencillamente
como una consecuencia ante el simple retardo, la otra parte realice una deducción
en el pago al que estaba obligada. Lo anterior puede tener varios objetivos, entre
ellos, resarcir o indemnizar de manera objetiva el daño o perjuicio causado por el
mayor tiempo que debe esperar para que le sean cumplidas las obligaciones por
el otro contratante, y en tal virtud, le sean satisfechos los derechos derivados del
contrato (…) 134. En este orden de ideas, es indispensable trazar una línea
divisoria clara entre las deducciones que encuentran fundamento en la autonomía
de la voluntad y aquellas que se insertan en el ejercicio de potestades públicas de
autoridad. No toda consecuencia económica derivada del incumplimiento
contractual tiene naturaleza sancionatoria ni activa el régimen propio del poder
punitivo estatal. Cuando las partes acuerdan mecanismos de ajuste o deducción
como condición para el pago, se mantienen en el ámbito de la igualdad negocial y
del derecho privado. Sin embargo, cuando la entidad estatal impone multas o hace
efectiva la cláusula penal sancionatoria en ejercicio de una facultad unilateral
prevista en la ley y en el contrato, se desplaza hacia el terreno del imperium del
Estado, donde operan límites constitucionales y garantías reforzadas.

135. Las deducciones o condiciones para el pago derivadas del no cumplimiento
oportuno de las obligaciones por parte del otro contratante no son sanciones y son
diferentes de las multas o la cláusula penal como sanción, que en materia de
contratación pública permiten el ejercicio del poder de imperio o autoridad del
Estado, y por este motivo, pueden ser impuestas y ejecutadas unilateralmente por
parte de la entidad estatal al contratista que incumple con sus obligaciones (…)
139. Las deducciones a título de indemnización previa o en general una cláusula
penal compensatoria, no ostenta una naturaleza sancionatoria y se encuentra en
el plano de la igualdad entre los contratantes, así no es necesario adelantar los
procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para imponer multas o
cláusulas penales a título de sanción (…) 142. Cuando la deducción opera como
mecanismo indemnizatorio previamente acordado en un plano de igualdad
negocial, no se activa el poder punitivo del Estado ni el aparato garantista propio
del debido proceso sancionador. 143. Sin embargo, cuando la administración
ejerce su potestad unilateral para imponer multas o hacer efectiva la cláusula penal
sancionatoria como consecuencia del incumplimiento contractual, se sitúa en el
ámbito del ius puniendi administrativo, aun en su modalidad sui generis.

6.2.2. Las previsiones contenidas en la cláusula 49.1 del contrato N° 004-
L.P.N.BID.2019.

146. Las partes de manera expresa acordaron una indemnización que operaba de
manera automática, en forma objetiva, sin un procedimiento que debiera
realizarse, sino que frente al retraso o simple tardanza operaba una deducción en
el pago. Así, para resarcir el daño por parte de un contratante, se estima
previamente y consagra una consecuencia consistente en la ya mencionada
deducción que permite resarcir el daño (…) 148. Por el contrario, salvo las
afirmaciones del convocante, que pretende modificar la naturaleza indemnizatoria
de la citada cláusula, no existe una prueba que dé cuenta con anterioridad a la
suscripción del contrato que las partes tuvieron la intención de prever una sanción,

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o que entendieron que las deducciones correspondían a un procedimiento
sancionatorio como el que se adelanta cuando se consagran multas. Una
interpretación sistemática del contrato no puede desconocer que el régimen
jurídico que lo gobernó es el del BID, y en tal virtud, no se aplican las disposiciones
del régimen administrativo sancionatorio previsto en los contratos estatales sujetos
al derecho público.

149. Dentro del régimen del BID y las previsiones del contrato, precisamente
existen otras cláusulas que establecen multas con carácter sancionatorio como se
evidencia en la disposición contractual 49.3. Así, la interpretación sistemática del
contrato permite confirmar claramente que existen disposiciones contractuales
diferenciadas plenamente, aquellas que previeron deducciones automáticas a
título de indemnización de daños y perjuicios (49.1), y otras que previeron multas
a título de sanción y la remisión a un procedimiento (49.3) (…) 151. Con base en
las anteriores reflexiones no es posible acceder a la pretensión del convocante que
busca modificar la naturaleza indemnizatoria de la cláusula 49.1 y afirmar que se
trató de una sanción, desconociendo además el régimen jurídico que es el del BID,
que establece un sistema de riesgos, consecuencias y consideraciones propias».

Los pasajes citados demuestran que la decisión del Tribunal fue el resultado de un
razonamiento jurídico estructurado que condujo a una conclusión diferente a la que
el recurrente pretendía. Se observa que existió una argumentación clara, expresa y
suficiente sobre por qué no resultaba aplicable el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
en el caso en concreto, en lo que atañe a la deducción en el pago efectuada al
consorcio en virtud de la cláusula 49.1. del contrato, con lo cual se excluye la
posibilidad de un fallo en conciencia.

En ese sentido, el laudo se pronunció expresamente sobre la naturaleza de la
cláusula 49.1., para señalar que aquella se refería a una indemnización automática
de origen convencional —sin procedimiento previo—, ajena al régimen
sancionatorio. Esta consideración, aunado al estudio en punto al régimen del
contrato, le permitió concluir al Tribunal que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
no aplicaba al caso sub examine, en la medida en que esta norma regula eventos
específicos del régimen sancionatorio. En adición a lo anterior, el laudo sostuvo que
no existía prueba que diera cuenta, con anterioridad a la suscripción del contrato,
que las partes con lo previsto en esa cláusula tuvieron la intención de prever una
sanción, «o que entendieron que las deducciones correspondían a un procedimiento
sancionatorio como el que se adelanta cuando se consagran multas», al punto que,
con el fin de zanjar la discusión de que lo pactado en la cláusula 49.1. no
correspondía a una deducción en el pago a título de sanción, los árbitros realizaron
una interpretación sistemática del negocio jurídico, para concluir que en otra
cláusula, concretamente la 49.3. del contrato, se previó una multa a título de sanción
con la remisión a un procedimiento.

Todo esto para señalar que lo alegado por la parte recurrente —en el sentido de
que el laudo no aplicó el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011—, lejos de configurar
un fallo en conciencia, muestra una inconformidad con los razonamientos de los
árbitros y el análisis de fondo a partir del cual concluyeron que no había lugar a
tener en cuenta esa disposición.

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• En segundo lugar, en su recurso el consorcio sostuvo que la cláusula 49.1.
era materialmente una actuación sancionatoria —por haber sido impuesta mediante
acto administrativo unilateral, haber producido una deducción coercitiva y haber sido
adoptada sin acuerdo bilateral—, con independencia de la denominación que le
asignara la entidad. Como se observa, este reproche lo que plantea es que el
Tribunal calificó incorrectamente la naturaleza jurídica de la cláusula 49.1., dado que
debió considerarla una sanción y no una indemnización. Se trata, entonces, de una
discrepancia que se dirige contra el fondo del laudo, pues cuestiona la interpretación
jurídica que el Tribunal adoptó respecto de una estipulación contractual, no la
ausencia de fundamento jurídico en la decisión.

Cabe destacar, en todo caso, que el laudo abordó expresamente esta consideración
—concretamente en el párrafo 134, transcrito atrás—, distinguiendo entre las
deducciones en el pago fundadas en la autonomía de la voluntad y aquellas que se
insertan en el ejercicio de potestades públicas de autoridad, y, de esa manera,
precisando que «Las deducciones a título de indemnización previa o en general una
cláusula penal compensatoria, no ostenta una naturaleza sancionatoria y se
encuentra en el plano de la igualdad entre los contratantes, así no es necesario
adelantar los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para imponer
multas o cláusulas penales a título de sanción» (subrayas fuera del texto original).

Entonces, la calificación que el Tribunal adoptó respecto de la cláusula 49.1. del
contrato objeto de estudio está fundada en una distinción jurídica expresamente
desarrollada y sustentada. De este modo, que la parte recurrente no comparta tal
conclusión de los árbitros, no convierte el laudo en un fallo en conciencia.

Conviene aquí recordar que, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Sección, no procede fundar el recurso de anulación por la causal de fallo en
conciencia en la circunstancia de que el tribunal de arbitramento haya interpretado
de manera incorrecta el contrato sometido a la controversia. En estos casos, «las
cláusulas pactadas constituyen derecho o ley para las partes, de suerte que, al
interpretarse y aplicarse tales cláusulas a la solución del conflicto en el proceso
arbitral, aun si tal ejercicio se realiza en un sentido diferente al que las partes le
pretendieron dar, no es posible invocar la causal de fallo en conciencia para solicitar
la anulación del laudo»30 .

• En tercer lugar, en cuanto al argumento de la parte recurrente según el cual
el régimen del BID no podía desplazar garantías constitucionales como la del debido
proceso, la Sala de Subsección considera que con dicho planteamiento también se
cuestiona un aspecto de fondo del laudo31, mostrando una divergencia
interpretativa, mas no que en la decisión arbitral haya habido una ausencia de

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 2022, Rad.: 66091, M.P.

María Adriana Marín.
31 En el considerando 148 del laudo, basado en una interpretación sistemática, los árbitros

sostuvieron que no se podía desconocer el régimen jurídico que gobernó el contrato dado que fue
suscrito por el BID y, en tal virtud, no resultaban aplicables las disposiciones del régimen
administrativo sancionatorio previstos en los contratos sujetos a derecho público.

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fundamento jurídico o que estuviera sustentada en la convicción íntima y personal
de los árbitros, cuestión que de ninguna manera configura un fallo en conciencia.

Lo mismo sucede con los argumentos que la convocante formuló con sustento en
la sentencia C-499 de 2015 de la Corte Constitucional —según la cual la facultad
de cuantificar y deducir perjuicios derivados del incumplimiento contractual
constituye el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado— y en la sentencia
dictada el 1° de julio de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado32 —que
estableció que los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011
son desarrollos legislativos del debido proceso en la gestión contractual—.

Ciertamente, con tales referentes jurisprudenciales la parte convocante cuestiona
que el laudo desconoció la garantía constitucional del debido proceso, mostrando
discrepancias con la conclusión a la que arribó el laudo, cuando lo que debió
acreditar es que la decisión arbitral prescindió de todo fundamento jurídico, pues
esto último es lo que tiene potencialidad de configurar un fallo en conciencia.

De todas maneras, tal como se desprende de los apartes citados del laudo, se
insiste que el Tribunal concluyó que la cláusula 49.1. del contrato no activaba el
régimen sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 que exigía
el respeto por las garantías constitucionales. Esta conclusión, sustentada y
desarrollada jurídicamente, no configura un fallo en conciencia.

Como se anotó en precedencia, el fallo en conciencia solo se puede entender
configurado por el alejamiento manifiesto del derecho vigente o la absoluta
prescindencia de las normas jurídicas que gobiernan el caso concreto, de ahí que
la anulación del laudo impugnado no se puede fundar en yerros cometidos por el
juez al hacer el ejercicio hermenéutico sobre la ley, pues el propio ordenamiento
jurídico —artículo 42 de la Ley 1563 de 2012— le impone al juez de la anulación
abstenerse de revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de
arbitramento para dilucidar si son correctos o no.

No está de más señalar que, en lo que atañe a la sentencia del Consejo de Estado
del 1° de julio de 2020, referenciada por la parte recurrente, se advierte que en el
propio recurso de anulación se reconoció que el Tribunal la citó y la examinó en sus
consideraciones, lo que desvirtúa la causal que el recurrente pretende acreditar. Y
es que si la parte convocante sostuvo que el laudo analizó dicho antecedente
jurisprudencial, simultáneamente no puede sostenerse que aquel careció de
fundamento jurídico. Precisamente, la causal séptima prevista en el artículo 41 de
la Ley 1563 de 2012 exige una ausencia manifiesta de fundamento jurídico, no la
aplicación de ese fundamento con un resultado adverso al recurrente.

• En cuarto y último lugar, frente a lo alegado en el recurso consistente en que
la omisión total del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
estaba acreditada en el expediente con los testimonios de Lizeth Chávez Guerrero,

32 Rad.: 48945, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Fernando Zura y la declaración de parte de Fabián Leonardo Torrado Álvarez, la
Sala de Subsección advierte que este argumento no tiene vocación de prosperidad
bajo la causal séptima de anulación, pues la convocante no señala que hubo una
ausencia total de valoración probatoria, sino una valoración y análisis que juzga
equivocados.

Al respecto, se precisa que en el laudo se valoraron los tres medios de pruebas
señalados33, extrayendo de aquello conclusiones ligadas con la decisión del fallo.

Frente al testimonio de Fernando Zura, en el laudo se tuvo en cuenta lo que aquel
señaló en relación con el cumplimiento del contrato, de cuyos dichos se extrajo que
el contratista había avanzado en un 96%. En virtud de la valoración de esta prueba
y del conjunto de las otras, los árbitros concluyeron que el consorcio no cumplió
íntegramente el negocio jurídico, de modo que no era posible acceder a la
pretensión que la convocante formuló en ese sentido34. Por otra parte, con apoyo
en el testimonio de Lizeth Chávez Guerrero y en la declaración de parte de Fabián
Leonardo Torrado Álvarez35, cuyas afirmaciones fueron estudiadas en el marco de

33 En cuanto al testimonio de Lizeth Chávez, en el laudo se sostuvo: «169. En relación con ello, es

pertinente recordar el testimonio de Lizeth Chavez Guerrero, quien declaró sobre este punto: ‘Se
revisa con el equipo técnico y jurídico un acta de liquidación bilateral, esta acta se remite al contratista
sin embargo yo creo que hicimos uno o dos intentos sino más con el contratista, pero no obtuvimos
respuesta alguna frente a la liquidación bilateral...” (…) 170. Como se manifestó igualmente en la
declaración de la testigo Lizeth Chavez Guerrero, mediante oficios del 15 de noviembre de 2022 y
del 23 de noviembre de 2022, la UAE SETP AVANTE, remitió al Consorcio Agef Mijitayo, el borrador
del acta de liquidación para revisión y suscripción, así como se le informó sobre el derecho a dejar
salvedades» (…) «179. Por su parte, en el interrogatorio de parte formulado al Ingeniero Fabian
Torrado, respecto de los pendientes de obra, respondió: Pregunta: “Diga cómo es cierto, si o no, que
el Consorcio Agef Mijitayo fue advertido por la interventoría sobre atrasos reiterados y pendientes de
obra” Respuesta: “Si, es cierto.”»
34 Sobre el particular, esto se señaló en el laudo: «201. En igual sentido, el Ingeniero Luis Fernando

Zura Morillo, Ingeniero Civil, Director de Interventoría del Patio Taller Mijitayo, expresó con relación
al cumplimiento del contrato, lo siguiente: ‘A esa fecha del 15 de octubre de acuerdo la verificación
que nosotros hicimos, haciendo un barrido de todas las actividades, se logró establecer que el
contratista tenía un avance del 96%’ (…) 210. En tales condiciones, con las pruebas documentales
y testimoniales arrimadas al expediente, declarado expresamente por la entidad Convocada el
incumplimiento del Contratista Consorcio AGEF AVANTE40, como se encuentra acreditado en el
proceso, no resulta procedente acceder a la pretensión 1.3. en el sentido de declarar que el
Contratista “cumplió íntegramente” el Contrato, por lo cual esta petición será negada».
35 En cuanto al testimonio de Lizeth Chávez, en el laudo se sostuvo: «169. En relación con ello, es

pertinente recordar el testimonio de Lizeth Chavez Guerrero, quien declaró sobre este punto: ‘Se
revisa con el equipo técnico y jurídico un acta de liquidación bilateral, esta acta se remite al contratista
sin embargo yo creo que hicimos uno o dos intentos sino más con el contratista, pero no obtuvimos
respuesta alguna frente a la liquidación bilateral...’ (…) 170. Como se manifestó igualmente en la
declaración de la testigo Lizeth Chavez Guerrero, mediante oficios del 15 de noviembre de 2022 y
del 23 de noviembre de 2022, la UAE SETP AVANTE, remitió al Consorcio Agef Mijitayo, el borrador
del acta de liquidación para revisión y suscripción, así como se le informó sobre el derecho a dejar
salvedades» (…) «179. Por su parte, en el interrogatorio de parte formulado al Ingeniero Fabian
Torrado, respecto de los pendientes de obra, respondió: Pregunta: ‘Diga cómo es cierto, si o no, que
el Consorcio Agef Mijitayo fue advertido por la interventoría sobre atrasos reiterados y pendientes de
obra” Respuesta: ‘Si, es cierto’. (…) 190. De acuerdo con todo lo expuesto, la pretensión 1.2 que
busca la declaratoria de “responsabilidad” de la UAE AVANTE en la expedición del acto
administrativo de liquidación unilateral del contrato del 21 de diciembre de 2022, será negada por
cuanto no se demostró la inculpación que se atribuye a la entidad Convocada, no siendo clara la
forma como fue presentada la pretensión, por cuanto alude a un sustantivo que se refiere a la
obligación de responder por algo, sin que se presentara evidencia de que la Convocada deba
responder por nada distinto que por la expedición del acto administrativo demandado, el que ni

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la pretensión consistente en la declaratoria de responsabilidad por la expedición de
la resolución que liquidó unilateralmente el contrato —que fue negada—, la justicia
arbitral sostuvo que la actuación de la administración fue la expresión de la
autonomía de la voluntad de la entidad sobre el contratista, sin que se pudiera
advertir alguna responsabilidad de la convocada por ello, máxime porque la
demanda fue imprecisa.

Lo anterior, pone en evidencia que los medios de prueba indicados fueron valorados
por los árbitros y utilizados para adoptar las respectivas determinaciones, y que, si
bien no se tuvo en cuenta el alcance que la convocante pretendió darles y que
insiste en sede de anulación —que se omitió el procedimiento previsto en el artículo
86 de la Ley 1474 de 2011—, ello obedeció a que en el laudo se descartó de entrada
la aplicación del procedimiento consagrado en el aludido artículo, tal como se
observa en sus apartados 146 y 149 —transcritos líneas atrás—, con lo cual es claro
que los árbitros no adoptaron una decisión sobre una convicción personal. Por lo
demás, la Sala reitera que el recurso de anulación no es una instancia para
cuestionar la apreciación de los medios probatorios arrimados al proceso. Así, la
circunstancia de que dicha valoración sea adversa a los intereses de la parte
recurrente no configura la causal de anulación de fallo en conciencia, pues esto más
bien configuraría un supuesto error de apreciación probatoria (in iudicando), el cual
es ajeno a este recurso extraordinario conforme con el Estatuto de Arbitraje.

De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala concluye que el laudo no se dictó en
conciencia sino en derecho, ya que se fundó en fuentes jurídicas conectadas con la
decisión adoptada, y valoró el material probatorio recaudado.

Finalmente, los reproches del recurrente apuntan a cuestionar la interpretación del
Tribunal sobre la naturaleza de la cláusula 49.1 y su relación con el régimen
sancionatorio del Estatuto de Contratación, lo que constituye en su integridad un
debate de fondo, lo que descarta la configuración de la causal de anulación.

En consecuencia, no se configura la causal 7ª de anulación.

5.2. Causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012

5.2.1. Lo alegado en el recurso respecto de esta causal

El recurrente sostuvo que el Tribunal decidió un problema jurídico sustancialmente
distinto al que le fue sometido a su consideración, pues en lugar de pronunciarse
sobre la validez del procedimiento adoptado por la entidad al aplicar la cláusula 49.1.
—que era, en su criterio, el único asunto sub judice—, estructuró la totalidad de su
razonamiento sobre el incumplimiento contractual del consorcio, aspecto que no
hizo parte de las pretensiones de la demanda ni fue planteado por la UAE SETP
AVANTE como demanda de reconvención.

siquiera fue determinado salvo en la fecha de su emisión, de ahí la labor interpretativa de la demanda
por este Tribunal».

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Afirmó que el thema decidendi estaba estrictamente delimitado, toda vez que «Las
pretensiones declarativas 1.1, 1.2, 1.4 y 1.5, y las pretensiones de condena 2.1 y
2.2 de la demanda subsanada» sometieron al Tribunal una sola cuestión: la
ilegalidad de la actuación de la convocada por haber prescindido del procedimiento
administrativo previo que garantiza el derecho de defensa del contratista. No se
solicitó «al Tribunal pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento del
contrato». Seguidamente, manifestó que el Tribunal resolvió aspectos que no le
fueron sometidos a su decisión, pues centró sus consideraciones en examinar si el
consorcio había cumplido sus obligaciones contractuales, analizando porcentajes
de avance físico, informes de interventoría y balance de obra, cuestión que no se
pidió en la demanda y, con todo, se convirtió en el fundamento real de la decisión.

Señaló que el vicio se agravaba porque UAE SETP AVANTE no formuló demanda
de reconvención. Conforme con lo previsto en el artículo 31 del Estatuto de Arbitraje,
este era el mecanismo idóneo para que la parte convocada invocara pretensiones
propias; al no haberla formulado, el incumplimiento del contratista no era una
pretensión autónoma dentro del proceso sino, en el mejor de los casos, un
argumento defensivo enmarcado en las excepciones de mérito.

Invocó jurisprudencia para sostener que la causal novena opera cuando los árbitros
resuelven asuntos que las partes no sometieron a su conocimiento o cuando la
motivación y la resolución del laudo se construyen sobre una pregunta jurídica
diferente a la formulada, aunque los árbitros crean estar respondiendo la misma.
Así las cosas, adujo que en este caso la diferencia entre la pregunta del consorcio
—de carácter procedimental y garantista— y la que el Tribunal se respondió —de
carácter sustancial y de fondo sobre el cumplimiento— no admitía equívocos.

Finalmente, el consorcio concluyó que el Tribunal desbordó el marco de las
pretensiones y de las excepciones, al convertir un argumento defensivo en el eje
central del laudo y omitir el análisis del verdadero objeto del litigio, lo que representa
un vicio de incongruencia. Con fundamento en la causal novena, solicitó que se
procediera a corregir o adicionar el laudo para que se pronunciara sobre la cuestión
efectivamente sometida al arbitramento, relativa a la violación del debido proceso
por omisión del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

5.2.2. Oposición de la UAE SETP AVANTE frente a esta causal de anulación

La UAE SETP AVANTE se opuso a la prosperidad de esta causal, para lo cual
manifestó que el laudo no incurrió en incongruencia alguna, por cuanto el análisis
del incumplimiento contractual del consorcio no era un asunto ajeno a la litis sino
una cuestión expresamente introducida por la propia demanda subsanada y por las
excepciones de mérito formuladas en la contestación.

Afirmó que el cumplimiento contractual del consorcio fue expresamente introducido
al debate arbitral por la propia convocante en la demanda subsanada,
concretamente mediante la pretensión declarativa 1.3., en virtud de la cual solicitó

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que se declarara que el consorcio contratista había cumplido íntegramente el
contrato No. 004-L.P.N.BID.2019. A su juicio, esa pretensión obligaba al Tribunal a
examinar si el contratista cumplió o no sus obligaciones dentro del plazo contractual,
sin que fuera posible decidirla sin analizar la ejecución del contrato. En
consecuencia, cuando el Tribunal examinó el cumplimiento contractual no resolvió
un asunto extraño a la litis sino una cuestión que el propio convocante sometió a su
conocimiento.

Anotó que el estudio del incumplimiento también ingresó al debate por la vía de las
excepciones de mérito formuladas en la contestación de la demanda, en particular
la denominada «Incumplimiento contractual del Consorcio AGEF Mijitayo como
causal de compensación y deducción de sumas en la liquidación», sustentada en
que el contratista incurrió en atrasos injustificados y ejecución extemporánea de la
obra. Indicó que para alegarlas como medio de defensa no se requería demanda de
reconvención, pues esta solo sería exigible si la convocada hubiera pretendido una
condena autónoma a su favor, lo que no ocurrió.

En su consideración, el Tribunal no condenó al consorcio en virtud de una
pretensión autónoma enmarcada en la contestación de la demanda, sino que
simplemente negó las pretensiones de la demanda y declaró probadas varias
excepciones de mérito, manteniéndose así dentro del marco de la litis. Concluyó
que lo que el Consorcio presentaba como extra petita era, en realidad, la resolución
de una pretensión propia y de excepciones expresamente planteadas, de modo que
el recurso no demostraba incongruencia del laudo arbitral sino inconformidad del
recurrente con el sentido de la decisión.

Por todo lo anterior, la UAE SETP AVANTE solicitó que se declarara infundada la
causal novena.

5.2.3. Consideraciones de la Sala

5.2.3.1. El numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 consagra como causal
de anulación: «Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de
los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones
sujetas al arbitramento».

La causal recoge las tres modalidades de incongruencia: (i) el fallo extra petita —
cuando el laudo recae sobre aspectos no sometidos a la decisión—; (ii) el fallo ultra
petita —cuando concede más de lo pedido—; y (iii) el fallo citra, infra o mínima petita
—cuando omite pronunciarse sobre cuestiones sujetas al arbitramento—.

El examen de la causal es objetivo y se corresponde con el principio de congruencia,
previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), a cuyo tenor: «La
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda (…) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta»

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Es así como, en desarrollo de la causal referida, la jurisprudencia36 ha señalado
que, en virtud del principio de congruencia, como todo juez, los árbitros están
obligados a observar los límites definidos por las partes en las pretensiones y
excepciones, sin perjuicio de las reglas que consagran facultades para adoptar
ciertas decisiones de manera oficiosa. Asimismo, ha reconocido que el método
básico para asegurar la congruencia de las decisiones proferidas en un laudo
consiste en confrontar lo pedido por las partes y las decisiones adoptadas en el
laudo37. Así, no se concede más de lo pedido —y, por tanto, no se configura la
causal— cuando lo otorgado formó parte de las proposiciones del trámite arbitral
por haber sido objeto de solicitud expresa en la demanda.

5.2.3.2. La Sala anticipa que esta causal de anulación no está llamada a prosperar,
según pasa a estudiarse.

El recurrente sostuvo que el Tribunal centró su análisis en el cumplimiento
contractual del consorcio, asunto que no constituía el problema jurídico objeto de
decisión ni fue planteado en ninguna de las pretensiones formuladas en la demanda
arbitral.

Al respecto, la Sala advierte que en la pretensión declarativa 1.3. de la demanda
arbitral —ya subsanada— se lee: «Se DECLARE que el consorcio AGEF MIJITAYO
cumplió íntegramente el contrato de obra pública No. 004- L.P.N BID 2019» (se resalta).

Por tanto, le asiste razón a la UAE SETP AVANTE al señalar que para decidir esa
pretensión era imprescindible examinar si el consorcio ejecutó o no sus obligaciones
dentro del plazo contractual. Fue precisamente ese análisis el que el Tribunal
desplegó en la sección 6.5. del laudo para concluir, en el considerando 210, que no
había encontrado acreditado el cumplimiento íntegro y que, por el contrario, existían
pruebas que demostraban que el consorcio no cumplió a cabalidad sus obligaciones
contractuales:

«210. En tales condiciones, con las pruebas documentales y testimoniales
arrimadas al expediente, declarado expresamente por la entidad Convocada el
incumplimiento del Contratista Consorcio AGEF AVANTE, como se encuentra
acreditado en el proceso, no resulta procedente acceder a la pretensión 1.3. en
el sentido de declarar que el Contratista “cumplió íntegramente” el Contrato,
por lo cual esta petición será negada» (se resalta).

En línea con lo anterior, se destaca que la parte convocada, en su contestación de
la demanda, propuso la excepción de mérito que denominó «INCUMPLIMIENTO

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 2022, Rad.: 66091, M.P.

María Adriana Marín.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2022, Exp.

68829. Al respecto, esta Subsección ha señalado que, cuando se invoca la causal 9ª de anulación,
el juez del recurso de anulación debe constatar formalmente «que el laudo se ajuste estrictamente a
las peticiones de las partes, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión» (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2018, Rad.: 59216, M.P. Guillermo
Sánchez Luque).

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CONTRACTUAL DEL CONSORCIO AGEF MIJITAYO COMO CAUSAL DE
COMPENSACIÓN Y DEDUCCIÓN DE SUMAS EN LA LIQUIDACIÓN», que en el
ordinal segundo de la parte resolutiva del laudo se declaró probada parcialmente,
«únicamente en cuanto al reconocimiento del incumplimiento contractual
alegado, precisando que dicho incumplimiento no constituye, en sí mismo, una
causal de compensación, conforme a lo analizado en la parte considerativa» 38.

Contextualizado lo anterior, el análisis efectuado en el laudo arbitral en torno al
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
consorcio era consecuencia natural tanto de la pretensión declarativa 1.3. de la
demanda arbitral como de la excepción de mérito formulada por la UAE SETP
AVANTE, de ahí que ello no era un punto ajeno a la litis, como lo pretende hacer
ver la recurrente. En consecuencia, no puede predicarse una incongruencia entre lo
pedido y lo decidido, pues la pretensión declarativa 1.3. de la demanda se despachó
negativamente, tras advertirse que el consorcio AGEF Mijitayo incumplió, en
consonancia con lo cual, a su vez, se declaró probada la excepción de mérito
referida que formuló la parte convocada.

Finalmente, en lo que respecta al argumento consistente en que el Tribunal omitió
resolver el verdadero asunto sometido a su consideración, pues desplazó su análisis
hacia el incumplimiento, omitiendo pronunciarse sobre la violación del debido
proceso derivada de la ausencia del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, la Sala destaca que este reproche tampoco puede prosperar.

En efecto, tal como quedó expuesto en precedencia y puede apreciarse a partir de
los apartes del laudo transcritos líneas atrás en esta providencia, la sección 6.2. del
laudo arbitral se ocupó de manera extensa del «régimen jurídico del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la no consagración de un procedimiento
administrativo sancionatorio», examinando con detalle el alcance del artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011 y las razones por las cuales no resultaba aplicable tratándose
de la deducción prevista en la cláusula 49.1. del contrato en cuestión. Resulta
evidente, entonces, que el laudo sí se pronunció de manera expresa sobre el punto
que echa de menos el recurrente, vale decir, en torno a si existía la obligación de
observar un procedimiento que salvaguardara el debido proceso, derivando en una
conclusión contraria a la solicitada por el recurrente.

En síntesis, el análisis del cumplimiento contractual que el Tribunal desplegó en el
laudo no fue un desbordamiento del marco de la litis. Antes bien, constituyó la
consecuencia necesaria de lo debatido en el proceso arbitral. De este modo, el
reproche planteado en el recurso extraordinario de anulación al amparo de la causal
que se examina, más que identificar un vicio de incongruencia, pretende volver

38 Esto se lee en el ordinal segundo de la parte resolutiva del laudo: «SEGUNDO. DECLARAR que

prospera parcialmente la excepción cuarta denominada (4ª) “Incumplimiento contractual del
Consorcio AGEF Mijitayo como causal de compensación y deducción de sumas en la liquidación”,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, únicamente en cuanto al
reconocimiento del incumplimiento contractual alegado, precisando que dicho incumplimiento no
constituye, en sí mismo, una causal de compensación, conforme a lo analizado en la parte
considerativa».

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sobre el fondo de la controversia, evidenciando una inconformidad con los
razonamientos del Tribunal, lo cual no puede ser estudiado en esta sede.

En consecuencia, se advierte que no prospera el cargo formulado en el recurso con
fundamento en la causal 9ª de anulación.

6. Conclusiones

En las condiciones analizadas, se concluye que no hay lugar a declarar fundado el
recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral del 24 de
marzo de 2026, proferido por el Tribunal de Arbitraje que resolvió las controversias
suscitadas entre la UAE SETP AVANTE y el consorcio AGEF Mijitayo, puesto que
los reproches formulados por el recurrente con apoyo en la causal 7ª de anulación
no se enmarcan en ella, y la incongruencia alegada, como fundamento de la causal
9, no tuvo ocurrencia en el caso analizado.

7. Condena en costas

El artículo 43 de la Estatuto de Arbitraje dispone que, en caso de que el recurso no
prospere, se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido
presentado por el Ministerio Público.

Como en este caso no prospera el recurso presentado por el Consorcio AGEF
Mijitayo, la Sala lo condenará en costas.

Las agencias en derecho se tasan de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
PSAA16-1055439 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en atención a la complejidad y la duración de la actuación que adelantó
la vencedora. En lo que tiene que ver con los recursos extraordinarios, las agencias
en derecho deben fijarse entre 1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
según lo dispuso el artículo 5.9 del referido Acuerdo.

Por lo anterior, se tiene en cuenta que en el recurso se invocaron dos causales de
anulación y que la parte convocada intervino de manera activa —descorriendo
traslado del recurso extraordinario de anulación—, de manera que las agencias en
derecho se fijan en cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

39 Aplicable al caso concreto, considerando que el recurso se interpuso el recurso el 22 de abril de

2026, cuando ya se encontraba vigente tal normativa. «Artículo 2. Criterios. Para la fijación de
agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas
y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites».

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Radicado: 11001-03-26-000-2026-00115-00 (74582)
Convocante: Consorcio AGEF Mijitayo

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por Consorcio AGEF Mijitayo contra el laudo arbitral proferido el 24 de
marzo de 2026, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR al Consorcio AGEF Mijitayo, parte recurrente en el presente
asunto, a pagar las costas, exclusivamente por concepto de agencias en derecho, a
favor de Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte
Público, liquidadas en la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia.

TERCERO. En firme la providencia, comunicar la presente decisión al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto, por conducto de la
Secretaría de la Sección Tercera.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

CT4

26

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