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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2005-00065-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2005-00065-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 124 Número único de radicación: 11001-03-27-000-2005-00065-00 Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada y, como consecuencia de lo anterior, ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia de nulidad de 4 de mayo de 2011, proferida por la Sección Primera, dentro del núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00107-01, con respecto a las acusaciones, señaladas (en el acápite de consideraciones) en el primer cargo, contra los artículos 2º, 5º, 7º y 10º del Decreto 4431; y en el segundo cargo, en lo concerniente al artículo 10º del citado Decreto 4431, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUARTO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 125 Número único de radicación: 11001-03-27-000-2005-00065-00 Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-27-000-2005-00065-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-27-000-2005-00065-00
Referencia. Acción de nulidad
Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO

TESIS: SE DECLARA PROBADA, DE OFICIO, LA EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA. EN CONSECUENCIA, DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN LA
SENTENCIA DE NULIDAD DE 4 DE MAYO DE 2011, PROFERIDA POR ESTA
SECCIÓN, DENTRO DEL NÚM. ÚNICO DE RADICACIÓN 11001-03-24-000-
2005-00107-01, RESPECTO A LAS ACUSACIONES SEÑALADAS EN EL
PRIMER CARGO, CONTRA LOS ARTÍCULOS 2º, 5º, 7º Y 10° DEL DECRETO
4431; Y EN EL SEGUNDO CARGO, EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO 10°
DEL CITADO DECRETO 4431. SE DENIEGAN LAS DEMAS SÚPLICAS DE LA
DEMANDA, POR CUANTO LOS PRECIOS INDICATIVOS O ESTIMADOS,
ESTABLECIDOS EN LOS DEMÁS ACTOS ACUSADOS, NO SON ARBITRARIOS O
FICTICIOS, NI MÍNIMOS, NI OBLIGATORIOS. CORRESPONDEN A UNOS
MÉTODOS DE VALORACIÓN, QUE TIENEN SOPORTE EN LA NORMATIVA
INTERNACIONAL Y COMUNITARIA, Y UN CARÁCTER MERAMENTE
INDICATIVO, QUE NO RIÑE CON LA VALORACIÓN ADUANERA, EN TANTO
PERMITEN LA UTILIZACIÓN PRIORITARIA Y SUCESIVA DE LOS MÉTODOS
DEL ACUERDO DE VALORACIÓN DE LA OMC.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

ciudadana ENITH MURILLO DE LOZANO, actuando en su propio

nombre y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo

84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA,

2

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Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO

tendiente a obtener la nulidad de los artículos 2º, 5º, 7º, 10º y 11

del Decreto 4431 de 30 de diciembre de 2004, “Por el cual se

modifica el Decreto 2685 de 1999”, expedido por los Ministerios de

Hacienda y Crédito Público y Comercio, Industria y Turismo; de las

resoluciones núms. 5660 de 5 de julio de 2005, "Por la cual se

modifica parcialmente la Resolución 4240 de 2000"; 05474 de 29 de

junio de 2005, 07908 de 1o. de septiembre de 2005, 08628 de

20 de septiembre de 2005; 08743 de 22 de septiembre de 2005

y 09477 de 12 de octubre de 2005, expedidas por el Director de

Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, en

adelante DIAN, por medio de las cuales se fijan precios indicativos

para calzado, balones y pelotas de P.V.C., medias y calcetines, textiles,

electrodomésticos y gasodomésticos; y el Memorando 00587 de 26

de agosto de 2005, suscrito por el mencionado funcionario.

I.- FUNDAMENTOS DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación del

Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General

sobre Aranceles y Comercio de 1994- Acuerdo sobre Valoración de la

Organización Mundial de Comercio (OMC); Decisión 571 de 12 de

diciembre de 20031, de la Comisión de la Comunidad Andina, en

1
“Valor en Aduana de las Mercancías Importadas”.

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adelante Decisión 571; Resolución Andina 846 de 9 de agosto de

2004, por la cual se adopta el Reglamento Comunitario; Documentos

del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de

Aduanas (OMA); la Resolución 4240 de 2 de junio de 20002, Opinión

Consultiva 2.1. “Aceptabilidad de un precio inferior a los precios

corrientes de mercado para mercancías idénticas”; artículos 2º de la

Ley 58 de 28 de septiembre de 19823, 3º del CCA y normas

nacionales relacionadas y 2º del Decreto 2685 de 1999 (principios

orientadores).

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,

lo siguiente:

Que el Gobierno Nacional en el Decreto acusado invocó las

facultades constitucionales y legales, en especial, las que le confieren

los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y en

desarrollo de las leyes 6ª de 16 de septiembre de 19714 y 7ª de 16

de enero de 19915, para introducir el concepto y forma de los precios

2
“Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999”, expedida por la DIAN.
3
“Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el
Código Contencioso-Administrativo”.
4
“Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los
aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas”.
5
“Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular
el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y
funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo

de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones.”

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indicativos, violando disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de la

OMC (artículos 7.2 y 13), ratificado por el Congreso de la República

mediante la Ley 170 de 15 de diciembre de 19946, normas andinas y

nacionales que lo desarrollan, al obligar a la sustitución del valor

declarado por un precio indicativo fijado de manera oficial e

instaurando como causal de aprehensión y decomiso la declaración de

un precio por debajo del fijado en “resolución”.

Señaló que se han violado los principios generales, contenidos en la

Introducción General el citado Acuerdo, tales como el respeto que

debe existir en una negociación efectuada entre el comprador y el

vendedor en el extranjero, dado que es el “valor de la transacción”

“[…] la primera base para la determinación del valor en aduana […]”.

Por lo tanto, debe entenderse que el elemento fundamental en la

aplicación de este método es el precio realmente pagado o por pagar,

producto de una negociación internacional entre un comprador y un

vendedor.

Que de la revisión de los procedimientos y del análisis de la normas

demandadas, se colige que cuando la Administración, -la DIAN-,

utiliza precios indicativos para determinar la base gravable de las

6
“Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de
Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales
anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino”.

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mercancías importadas, sin considerar los elementos reales de la

negociación, se aparta de los medios señalados en el Acuerdo sobre

Valorización de la OMC, e infringe de manera flagrante el principio de

su Introducción General relativo a: “[…] la necesidad de un sistema

equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las

mercancías que excluya la utilización de valores arbitrarios o ficticios

[…]”.

Indicó que se evidencia la arbitrariedad de la medida de precios

indicativos cuando en el numeral 7 del artículo 172 de la Resolución

4240 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Resolución 5660

de 2005, obliga al importador a sustituir el precio declarado por el

indicativo y a determinar la base gravable con el precio oficialmente

fijado por la DIAN, so pena de no obtener el levante de las

mercancías.

Reiteró que los precios indicativos son arbitrarios, puesto que la

Administración de manera unilateral y sin respeto al debido proceso

obliga al importador a sufragar mayores tributos calculados sobre un

valor fijado por ella, que no corresponde al real de la negociación, sin

darle la oportunidad de aportar pruebas que demuestren que el valor

declarado es el efectivamente pagado o por pagar, lo que vulnera el

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derecho de defensa.

Afirmó que los precios indicativos tienen el carácter de ficticios, por no

corresponder al realmente negociado por el importador para la

mercancía y desconocen su origen y forma de fijación.

Que la Administración está fijando de manera oficial precios indicativos

sin reglamentar la metodología para su determinación, en abierto

desacato del mandato contenido en el segundo inciso del artículo 5º

del Decreto 4431, que le ordena reglamentar la metodología que no

fue expedida en la Resolución 5660 de 2005, ni parece estar contenida

en ninguna otra resolución que haya sido publicada hasta la fecha.

Del artículo 7.2. del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Adujo que el Decreto 4431, las resoluciones acusadas y el

Memorando 00587 de 2005, al fijar valores oficiales, vulneran lo

prescrito en el párrafo 2º del artículo 7º del Acuerdo sobre Valoración

de la OMC, que dice que el valor en aduana no se basará, entre otros,

en valores mínimos ni arbitrarios o ficticios, así como el artículo 45,

párrafo 2º, del Reglamento Comunitario- Resolución 846 de la

Comunidad Andina- y el artículo 7.2. del citado Acuerdo, en

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concordancia con el artículo 193 de la Resolución 4240 de 2000, que

prohíben su utilización.

Estimó que los precios indicativos, en términos prácticos, se comportan

como valores mínimos oficiales, lo cual se desprende del análisis del

literal e) del numeral 5 del artículo 128 del Decreto 2685 de 28 de

diciembre de 19997, incorporado por el artículo 2º del Decreto

4431.

Explicó que con la noción de valores mínimos o precios oficiales

regulados por la norma nacional, se desconocen las nociones básicas y

técnicas tanto del Acuerdo de Valoración de la OMC, como de las

normas andinas, cayendo expresamente en la prohibición del artículo

7.2 del Acuerdo sobre valor.

Resaltó que la diferencia conceptual que existe entre precio de

referencia y valores mínimos oficialmente establecidos (precios

oficiales) queda explicada por la Subdirección Técnica Aduanera de la

DIAN en los Conceptos números 039 de 8 de junio de 2001 y 055 de

23 de agosto del mismo año, emanados de la Subdirección Técnica

Aduanera de la DIAN.

7
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”, expedido por el Presidente de la República.

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Alegó que cuando Colombia aplica el mecanismo de los precios

indicativos hace caso omiso de los compromisos asumidos con la OMC

y la Comunidad Andina y de las normas supranacionales a las que está

obligada.

Del derecho del importador a controvertir en caso de duda de la

Aduana

Señaló que la forma como se están aplicando los precios indicativos,

enfatizada en el Memorando 00587 del Director de Aduanas, induce

de manera errónea a los importadores a realizar los ajustes a sus

precios declarados, tomando como base la diferencia que presente el

precio negociado frente al precio indicativo que ha sido fijado por la

Aduana mediante la resolución, incumpliendo así las obligaciones de los

acuerdos suscritos por Colombia, corriendo el riesgo de ser sancionado

económica o comercialmente.

Anotó que el artículo 1º de la Resolución 5660 de 2005 prevé que

ni aún en la instancia del control posterior le es permitido al importador

aportar pruebas y, por el contrario, el artículo 17, conjuntamente con el

párrafo 6° del Anexo 3 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, otorga

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plenos derechos para exigir al importador pruebas adicionales con el fin

de demostrar que el valor declarado corresponde al realmente pagado

o por pagar al vendedor.

Destacó, sobre el particular, el texto de la Decisión 571, en desarrollo

de los artículos 13 y 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Agregó que pese a que el artículo 172 de la Resolución 4240 de 2000,

modificado por el artículo 2º de la Resolución 5660 de 2005, dice

enmarcarse dentro de las disposiciones del artículo 17 de la Decisión

571, la actuación a la que se refiere el numeral 7 del artículo 172

modificado, se aparta totalmente de sus preceptos, ya que no se

otorga al importador la oportunidad de presentar explicaciones escritas,

documentos y pruebas complementarias, que demuestran que el valor

declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar

de las mercancías importadas.

Estimó que, tratándose de una controversia de valor, el importador

tiene derecho a dirimir la misma en el proceso de importación,

utilizando para el efecto información que puede incluir antecedentes de

valores ya aceptados por la aduana en estudios de valores previos. Así

las cosas, a su juicio, se vulnera el derecho de defensa, que tiene el

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importador, cuando no se le permite presentar explicaciones

complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de

hacer las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que

corresponda.

De la disposición de las mercancías por parte del importador

Cuestionó los artículos 10º y 11º del Decreto 4431, en cuanto

prevén como causal de aprehensión y decomiso la introducción de

mercancías procedentes de las zonas de Régimen Aduanero Especial

con precios por debajo de los precios indicativos.

Estimó que no es concebible que por el hecho de encontrar en una

factura de nacionalización precios declarados por debajo del precio

indicativo, al importador se le castigue con la pérdida de la mercancía

que ha sido adquirida en el mercado interno colombiano bajo un

régimen aduanero especial.

Sostuvo que bajo ninguna circunstancia las normas supranacionales

permiten que por precios bajos una mercancía pueda ser aprehendida o

decomisada, en tanto estas figuras están previstas como castigo para

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situaciones de ilegalidad, que configuran un delito, como el

contrabando abierto.

Advirtió que no se debe perder de vista que, de conformidad con lo

establecido en el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC,

por demoras en la valoración, las cuales surgen por dudas en los

precios declarados, no se puede impedir el levante de las mercancías

por parte del importador y, menos aún, propiciar su aprehensión o

decomiso.

Expresó que las medidas cautelares, impuestas por el artículo 7º del

Decreto 4431 y los artículos 3º y 4º de la Resolución 5660 de

2005, que modifican los artículos 431-1 y 431-2 de la Resolución 4240

de 2000, son violatorias de las normas generales de la valoración

aduanera, pues en la práctica la inmovilización de la mercancía

conduce a una pérdida de la misma, ya que el procedimiento previsto

en el artículo 507 y siguientes del Decreto 2685 puede tardar hasta

tres años.

De los principios rectores de las actuaciones administrativas.

Adujo que la medida de precios indicativos y su aplicación violan los

principios orientadores de las actuaciones administrativas, en especial,

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la economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, contradicción,

eficiencia y justicia, y los principios del Acuerdo sobre Valoración de la

OMC referidos, entre otros, a la necesidad de basarse en un sistema de

valoración equitativo y neutro.

Señaló que el artículo 5º de la Resolución 5660 de 2005 contradice

los principios de economía, celeridad y eficiencia, al aumentar trámites

y ocasionar demoras en la revisión.

Observó que el director de la DIAN asigna funciones a la Subdirección

Técnica Aduanera que no están señaladas en el Decreto 1265 de 13 de

julio de 19998, ni están acordes con la naturaleza de esa dependencia,

pues el aval, a que alude el artículo 5º de la Resolución 5660,

implicaría la realización de nuevos estudios de valor, cuya competencia

la tienen las Divisiones de Fiscalización Aduanera, tal y como lo prevé

el artículo 39 del Decreto 1071 de 26 de junio de 19999.

Indicó que el numeral 7 del artículo 172 de la Resolución 4240 de

2000, modificado por el artículo 2º de la Resolución 5660 de 2005,

vulnera el principio de contradicción, cuando el importador es obligado

8
“Por el cual se organiza internamente y se distribuyen las funciones de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, expedido por el Presidente de la República.
9
“Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Presidente de la República.

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a sustituir el precio de negociación declarado, por el precio fijado como

indicativo, sin oportunidad de discutir, por medios legales las

objeciones presentadas por la Administración al precio declarado.

Que, de la misma manera, se vulneran los principios de imparcialidad y

justicia y la necesidad de un sistema equitativo, neutro y uniforme, que

predica el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, cuando en el

parágrafo 4º del artículo 2º de la Resolución 5660, exonera a las

personas jurídicas reconocidas e inscritas como usuarios aduaneros

permanentes o como usuarios altamente exportadores, de la aplicación

de los precios de referencia estimados o indicativos.

Anotó que también se desconoce el principio de publicidad, cuando la

DIAN fija precios indicativos sin haber reglamentado la metodología, de

que trata el último inciso del artículo 5º del Decreto 4431 y, en

consecuencia, deja al importador en una situación desventajosa por no

conocer cómo han sido determinados los precios, a pesar de estar

obligados a declararlos.

De la doctrina expedida por la DIAN

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Sostuvo que la prohibición del uso de los estudios de valor para

resolver supuestas controversias generadas por la aplicación de los

precios indicativos es una disposición contraria a los conceptos

números 008 de 2 de mayo de 2002, 003 de 5 de febrero de 2003, 013

de 7 de abril de 2003 y 018 de 14 de mayo de 2003, expedidos por la

DIAN.

Manifestó que las resoluciones 0574 de 29 de junio de 2005,

07908 de 1º de septiembre de 2005, 08628 de 20 de

septiembre de 2005, 08743 de 22 de septiembre de 2005 y

09477 de 12 de octubre de 2005, van en contra de la seguridad

jurídica a que tiene derecho el importador, destacada en la Circular de

la DIAN 0175 de 29 de octubre de 2001, cuando disponen que las

controversias de valor que resulten por la aplicación de los precios

indicativos no pueden ser resueltas con fundamento en estudios de

valor, por corresponder a una fecha anterior a la de expedición de las

resoluciones.

Que por este motivo se viola el artículo 158 de la Constitución Política,

sobre unicidad de materia, porque en tratándose de un acto oficial que

fija precios no puede ocuparse de establecer normas.

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Afirmó que el Memorando 00587 de 26 de agosto de 2005 rebasa

el instructivo de la declaración de importación, adoptado por el artículo

1º de la Resolución 12113 de 30 de diciembre de 2004, mediante el

cual se prescriben los formularios para el cumplimiento de las

obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2005, en

tanto que dicho memorando indica que se utilice una casilla para

registrar la diferencia resultante entre el precio negociado en términos

FOB y el precio indicativo, entre otros, fijado oficialmente en el acto

administrativo que corresponda, cuestión de la que no se ocupa el

indicado instructivo.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se opuso

a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su

juicio, carecen de apoyo jurídico.

Sostiene que las normas acusadas, como las apreciaciones hechas

por la actora, están dirigidas contra actos administrativos (decretos),

que si bien es cierto contienen la firma del Presidente de la República,

como la de los ministros, también lo es que le corresponde a la DIAN

asumir su defensa.

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Que los actos acusados fueron expedidos por autoridad competente,

con observancia de los preceptos constitucionales y legales

respectivos y por razones de conveniencia, tendientes a lograr los

fines de un Estado Social de Derecho.

Agregó que las disposiciones acusadas se ajustan a los postulados

contenidos en la normatividad supranacional, pues Colombia está

obligada a respetar dichos postulados.

II.2.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la

DIAN, solicitaron que se denieguen las pretensiones de la demanda

porque carecen de fundamento legal.

Expresaron que el Decreto 4431 fue expedido con fundamento en

las Leyes Marco de Aduanas (Ley 6ª) y de Comercio Exterior (Ley

7ª.), disposiciones que permiten al Gobierno Nacional tomar medidas

para conjurar situaciones adversas a la economía del país,

ocasionados por el comercio exterior.

Que las normas demandadas no son propias del valor de aduanas,

sino instrumentos de control para orientar a los usuarios en la

correcta declaración de sus mercancías.

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Explicaron que el artículo 2º, literal e), del Decreto 4431 hace

parte del artículo 128, numeral 5, del Decreto 2685 de 1999, en lo

atinente a la inspección física antes del levante de la mercancía,

permite la corrección de la declaración, sin perjuicio del proceso de

liquidación oficial de revisión y sin que implique necesariamente una

sanción dentro del proceso de inspección.

Que el artículo 5º ibidem define el precio indicativo y en su inciso

segundo, indica expresamente la forma de determinarlo sin contrariar

el artículo VII del Acuerdo de Valoración Aduanera de la Organización

Mundial de Aduanas.

Que el artículo 7º del decreto demandado (modificatorio del

literal k) del artículo 470 del Decreto 2685) establece las facultades

de fiscalización y control y señala la aprehensión, como medida

cautelar, incluso para cuando se transgredan las normas sobre

precios estimados y precios indicativos.

Anotaron que el artículo 254 del citado Decreto 2685 prevé la

constitución de una póliza para otorgar el levante de la mercancía y

continuar con la investigación del valor.

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Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO

Indicaron que el artículo 10º del Decreto 4431 modificó el numeral

1.20 del artículo 502 del Decreto 2685, como causal de aprehensión,

en el evento en que se introduzcan al territorio nacional mercancías

procedentes de las zonas de régimen aduanero especial, que

incumplan con las normas sobre precios estimados y precios

indicativos.

Precisaron la diferencia existente entre los precios de referencia

(estimados y los indicativos) y la valoración aduanera. “[…] Esta

distinción se basa en los objetivos que cada uno de estos conceptos

se propone pues mientras en la valoración aduanera se busca

determinar la base gravable, el control de los precios de referencia

tiene por objeto corregir las eventuales desviaciones de los precios

declarados [...]”.

Sostuvieron que la incorrecta declaración de los precios hace que se

genere una controversia durante la inspección y para obtener el

levante de la mercancía es necesario que el administrado adelante

cualquiera de estas gestiones, dependiendo si se trata de precios

estimados o precios de referencia: demostración del precio

negociado, constitución de garantía o corrección de la declaración,

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procedimientos avalados en los artículos 13 y 17 del referido

Acuerdo.

Que no se advierte que el artículo 1º de la Resolución 5660 de 5

de julio de 2005 quebrante las normas a que alude la actora, pues

esta norma se refiere a la aplicación del método del último recurso

para determinar el valor de la mercancía, conforme lo establece el

artículo 247 del Decreto 2685, el cual debe regirse por el artículo 7º

del Acuerdo y su nota interpretativa.

Alegaron en lo concerniente a los artículos 10º y 11º del decreto

demandado que tampoco le asiste razón a la actora, dado que,

conforme al literal b) del artículo 2º del citado Decreto, cuando se

presentan dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, el

declarante tiene la oportunidad de presentar los documentos dentro

de los cinco días siguientes a la inspección de la mercancía, que

acrediten que el valor declarado se ajusta a las normas de valoración,

así como, también, puede constituir garantía bancaria o de compañía

de seguros o corregir la declaración en la forma prevista en el acta de

inspección. En consecuencia, si el interesado deja vencer el término u

otra opción prevista no estaría protegido por el texto del artículo 13

de la OMC.

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Afirmaron en cuanto a los artículos 7º del Decreto 4431, 3º y 4º

de la Resolución 5660 de 2005 que no existe vulneración alguna,

puesto que estas disposiciones no son las que establecen la

aprehensión de la mercancía como medida cautelar, sino el Decreto

2686, en sus artículos 470, literal k) y 502.

Manifestaron en relación con el cargo de que las resoluciones

núms. 05474 de 29 de junio de 2005, 07908 de 1º de

septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005,

08743 de 22 de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre

de 2005, expedidas por la DIAN, contrarían los conceptos 008 de 2

de mayo de 2002, 013 de 7 de abril de 2003 y 018 de 14 de mayo de

2003 y la Circular 0175 de 29 de octubre de 2001, que tal acusación

no es cierta, puesto que son disposiciones de igual jerarquía, que se

suceden unas a otras en el tiempo. Lo mismo sucede con el

Memorando 0587 demandado.

Señalaron que tampoco es cierto que el artículo 2º de la

Resolución 5660 de 5 de julio de 2005 vulnere el principio de

contradicción, ya que acorde con el artículo 2º del Decreto 4431

cuando se presentan dudas sobre la veracidad del valor declarado, el

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declarante cuenta con los cinco días siguientes a la inspección de la

mercancía para acreditar que el valor declarado se ajusta a las

normas de valoración.

Puntualizaron que tampoco se desconocen los principios de economía,

celeridad y eficiencia con la Resolución 5660 de 2005, dado que, al

surgir una controversia de valor, hay un trámite que da la

oportunidad al interesado de probar que lo declarado está conforme a

las normas de valoración, para sí obtener el levante de la mercancía y

evitar la medida cautelar de aprehensión.

Expresaron en lo concerniente a la exoneración a las personas

jurídicas reconocidas e inscritas como usuarios aduaneros

permanentes o usuarios altamente exportadores, de someterse al

control de precios de referencia, que esta se deduce del régimen

especial de garantías, previsto en los artículos 31 y 38 del Decreto

2685, pues según las calidades y requisitos exigidos a estos

declarantes, ellos deberán prestar una garantía global para responder

por el pago de los tributos aduaneros y de las obligaciones y

responsabilidades establecidas en las normas aduaneras.

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Indicaron, en lo que tiene que ver con la presunta violación del

artículo 5º de la Resolución 5660 de 2005, en cuanto la DIAN le

asignó funciones a la Subdirección Técnica Aduanera, que no le

corresponden, que es muy claro que de conformidad con los

numerales 1 a 8 y 15 del artículo 24 del Decreto 1265 de 1999, las

funciones de esa dependencia tienen estrecha relación con la

valoración aduanera y en estas disposiciones se apoya la resolución

demandada.

Estimaron que no existe violación alguna por parte de las

disposiciones acusadas, ya que sus regulaciones guardan estrecha

relación entre sí, toda vez que se refieren al valor FOB declarado de

la mercancía frente al precio de referencia o precio indicativo y su

incidencia en la autorización de levante, la aprehensión y el decomiso

de la mercancía y los trámites de importación.

Sostuvieron que el “Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII

del Acuerdo General de Aranceles Aduanero y de Comercio de 1994”

no es un “marco rígido”, una norma fija, e inflexible de aplicación

inmediata y prevalente en términos absolutos, dado que él permite a

los países miembros a expedir sus normas de valoración de derecho

interno, en las que incluyan o excluyan algunos elementos del valor

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en aduana, según los términos INCOTERMS. Es decir, permite

determinar algunos elementos para delimitar los costos en que

puedan incurrir tanto el importador como el exportador.

Que el citado acuerdo, en la parte III (trato especial diferenciado,

artículo 20) establece unas cláusulas, que favorecen a los países en

vía de desarrollo. Asimismo, que permite a los países miembros

señalar en sus legislaciones las disposiciones para que atiendan sus

particularidades.

Advirtieron que la Decisión 571, norma marco para los países

miembros, señala aspectos distintos a los del Acuerdo, permitiendo

que este resulte más flexible para la libre movilidad de las

mercancías.

Precisaron que de acuerdo con lo expuesto por la actora las normas

acusadas violan los principios de valoración en aduana, haciendo

énfasis en los métodos de tal valoración, equivocado enfoque, pues

no se trata de discutir sobre normas de valoración aduanera. Valorar

es un proceso técnico, mediante el cual se establece la base gravable

sobre la cual se determinan los tributos aduaneros que deben ser

cancelados.

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Que la metodología definida en el Acuerdo, en las normas andinas y

en la legislación interna, señala los procedimientos, el orden en que

se aplican, los requisitos y la forma de soportar estos.

Que las normas demandadas se sustentan en los estudios previos,

realizados por la División de Valoración de la Subdirección Técnica

Aduanera de la DIAN y se encuentran conformes con el Acuerdo en

referencia, en cuanto son disposiciones de control, cuyo objetivo es

prevenir y corregir las distorsiones que se presentan en los precios

declarados.

Alegaron que la actora distorsiona el sentido del “valor de

transacción” y pretende acuñar el concepto de la fuerza del mercado

como principio, el cual no existe en las disposiciones del Acuerdo.

Que no es entonces con la defensa de la economía de mercado como

puede abordarse la acusación de las normas de control aduanero y

así afirmar que estas transgreden los principios de valoración en

aduanas, pues no se trata de fijar los “precios de mercado” como si

fuera una transacción en el mercado interno del país importador, sino

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de verificar la correcta aplicación de las normas de valoración de

mercancías importadas.

Reiteraron que las normas demandadas no son de valoración

aduanera sino de control, pues procuran corregir las posibles

distorsiones en la declaración de los precios de aduana. En el

contexto del comercio exterior es la administración aduanera la

encargada de ejercer los controles y, en especial, el valor de las

mercancías importadas; que así lo establece el artículo 17 del

Acuerdo, en concordancia con el numeral 6 del Anexo III de las Notas

Interpretativas.

Afirmaron que las normas acusadas no disponen valores en aduanas

mínimos, arbitrarios o ficticios, sino que lo único que han hecho es

adoptar medidas tendientes a evitar la incorrecta declaración de los

precios y, asegurar el debido recaudo de los tributos aduaneros.

Estimaron sobre la supuesta violación de los artículos 11 del Acuerdo

de valor, 17 de la Decisión 571, 51, 52 y 53 de la Resolución 846,

que se colige de los dispersos argumentos de la demanda, que en la

legislación aduanera se prevé tanto la devolución de tributos

aduaneros (artículo 548 y siguientes del Decreto 2685), como la

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liquidación oficial de revisión de valor (artículo 514 ibidem), por lo

que del procedimiento descrito en las disposiciones acusadas no se

puede deducir que haya penalización en contra del administrado. Lo

que queda probado es el cabal cumplimiento al debido proceso, tal y

como lo dispone el artículo 29 de la Constitución Política.

Manifestaron que la demandante se aparta del sentido general de la

legislación aduanera y limita el análisis de las normas acusadas, sin

tener en cuenta que ellas son modificatorias del ordenamiento

aduanero, artículo 254 del Decreto 2685, al dar la posibilidad de

constituir una póliza para cuando exista controversia de valor.

Aclararon que no se observa transgresión alguna al artículo 13 del

Acuerdo, que dispone la constitución de garantías para no impedir el

levante de mercancías y por un monto proporcional al valor de los

tributos aduaneros discutidos, lo que es a todos luces conforme al

Acuerdo.

Señalaron con respecto a la supuesta violación de la Opinión Consultiva

Núm. 2.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC que no alcanza

la categoría de proposición jurídica completa que determine el sentido

en que se pronunció el Comité. La metodología que sigue la DIAN para

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la determinación y aplicación de los precios no incluye los precios del

mercado.

Aclararon que el artículo 14 de la Decisión 571 se refiere a que de

conformidad con el artículo 17 del Acuerdo y del párrafo del Anexo III

del mismo, los países miembros de la Comunidad Andina están

facultados para hacer los controles necesarios para que los valores

declarados sean correctos. En esas circunstancias, las normas

demandadas adoptan medidas tendientes a evitar desviaciones en las

declaraciones del valor en aduanas.

Anotaron que el artículo 15 ibidem prevé que las administraciones

aduaneras tienen la responsabilidad de la valoración; y que los

controles pueden ser previos a la importación, durante la importación

o posteriormente.

Adujeron que la Comunidad Andina tiene sus propios mecanismos

para dirimir sus conflictos. Mediante la Decisión 425 de 1997

estableció el procedimiento administrativo de la Secretaría General y

en el literal c) del artículo 1º el procedimiento para la expedición de

resoluciones y la revisión de estos actos.

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Que la Resolución 710 de la Secretaría General, en su artículo 2º,

concede a Colombia un plazo máximo de quince días para levantar la

restricción prevista en ella, para las importaciones originarias de los

demás países miembros.

Que, en cumplimiento de la citada resolución, la DIAN expidió las

resoluciones 02905 y 6115 para los precios estimados e indicativos,

en las que se restringe su aplicación a mercancías originarias de

países extraños a la subregión, lo que significa que cuando existan

restricciones al comercio intrasubregional, es competente la

Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones y sus

decisiones obligan al Gobierno que emitió la medida.

Concluyeron que el Acuerdo del Valor no establece restricciones, sino

que, por el contrario, permite a los países establecer los mecanismos

tendientes a controlar el valor en aduanas.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en

lista, probatoria y alegaciones.

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IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa

en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las

pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia, lo siguiente:

Señaló que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4431, que

modificó el Decreto 2685, con fundamento en el artículo 189,

numerales 11 y 25 de la Constitución Política y en las leyes 6º y 7º

de 1991, para introducir el concepto y forma de aplicación del precio

de referencia o precio indicativo, así como su incidencia en la

autorización de levante, la aprehensión de la mercancía y los trámites

de importación.

En cuanto a la vulneración de las normas internacionales, indicó que

el Decreto 4431 regula, en los artículos 2º, 5º, 7º, 10º y 11º, lo

relativo al valor declarado de la mercancía frente al precio de

referencia o precio indicativo, así como su incidencia en la

autorización de levante, la aprehensión de la mercancía y los trámites

de importación.

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Expresó que la DIAN expidió el Decreto 4431, como un mecanismo

de control, no con miras a “fijar los precios de mercado”, sino para

efectos de verificar la correcta aplicación de las normas de valoración

de mercancías importadas y poder corregir las posibles distorsiones

en la declaración de los precios de la aduana, como lo dispone el

artículo 17 del Acuerdo de la OMC, que señala que “[…] Ninguna de

las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un

sentido que restrinja o ponga el derecho de las administraciones de

comprobar la veracidad o exactitud de toda información, documento

o declaración presentados a efectos de valoración en aduana […]”.

Que estas verificaciones resultan procedentes cuando se duda sobre

la veracidad o exactitud del valor declarado, aún en aplicación del

valor de transacción, así lo dispone la Decisión 6.1. del Comité de

Valoración en Aduana de mayo de 1995 y la Decisión Consultiva 10.1

del Comité Técnico de Valoración, en la cual se afirma que toda

información que resulte inexacta está en contradicción con las

intenciones del Acuerdo y la Decisión 19.1, que prevé que los

derechos y obligaciones de las administraciones de aduana e

importadores dependerán de las leyes y reglamentos nacionales.

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Que la DIAN allegó el documento titulado “Metodología para la

determinación y aplicación de precios estimados”, en la cual se

establece que el precio estimado es un mecanismo adoptado para

acopiar información relativa al valor de productos sensibles a la

economía nacional.

Anotó que se trata, entonces, de valores de referencia y no de

valores en aduanas mínimos, ni arbitrarios o ficticios, como lo adujo

la actora.

Mencionó que el precio indicativo, de conformidad con lo previsto en

el artículo 237 del Decreto 2685, se define como “[…] aquel precio de

referencia establecido mediante acto administrativo expedido por la

Dirección de Aduanas, para ser utilizado como mecanismo de control

de los precios FOB declarados, según el país de origen o el tipo de

mercancías importadas o introducidas al territorio nacional, conforme

a lo previsto en el presente decreto […]”.

Adujo que la DIAN se limita a fijar un referente para efectos de

ejercer el control sobre la mercancía importada, lo que no significa

que el precio indicativo sea asimilable a un precio oficial y tampoco

puede inferirse que no establezca la metodología, pues la misma

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disposición acusada entra a disponer en el inciso segundo, artículo

5º, en cuanto a la reglamentación de la metodología, que esta debe

corresponder a la información de los precios del mercado

internacional y no contrariar lo dispuesto en el artículo 7º del Acuerdo

de Valoración Aduanera de la Organización Mundial de Comercio-

OMC.

Sostuvo que conforme a los artículos 2º, 3º, 4º y 15º de la Decisión

571, en desarrollo de los artículos 13 y 17 del Acuerdo sobre

Valoración de la OMC, en ningún momento los actos acusados

obligan al importador a sustituir el precio “declarado” por el

“indicativo”, sino que para efectos del control, que corresponde a las

autoridades aduaneras, se cuente con un precio de referencia,

previamente establecido, sujeto a los precios del mercado

internacional, razón por la cual no constituye un valor en aduana

mínimo, ni un valor arbitrario o ficticio, porque está señalado previa y

objetivamente para evitar que el precio de valor en aduana resulte

por debajo de los precios internacionales del mercado y no se liquide

el impuesto como no corresponde.

Que tampoco le asiste razón a la demandante cuando afirma que al

fijar un precio de referencia se obliga a determinar la base gravable

con el precio oficialmente fijado por la DIAN, so pena de no obtener

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el levante de las mercancías, puesto que claramente la disposición

señala que el importador cuenta con cinco días para efectuar las

correcciones y aclaraciones a que haya lugar.

Anotó que los precios indicativos no son arbitrarios, ya que la DIAN

respetó el debido proceso, en cuanto tuvo en cuenta criterios

objetivos, como lo es, el precio del mercado internacional, y no

desconoció el artículo 7º del Acuerdo de la OMC, porque no puede

para el efecto establecer criterios arbitrarios o ficticios.

Que en ningún momento puede ello significar que al importador le

compete sufragar mayores tributos calculados sobre un valor fijado

por la Administración, que no corresponda al real de la negociación,

porque en todo caso se le da la oportunidad de aportar pruebas que

demuestren que el valor declarado es el efectivamente pagado o por

pagar y no desconoce los precios del mercado internacional, que

puedan afectar los tributos del país que recibe la importación.

Alegó que el hecho consistente en que el precio indicativo no

corresponda al realmente negociado por el importador para la

mercancía, no significa que el precio sea ficticio y desconozca su

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origen y forma de fijación, pues el propósito es el de ejercer un

control sobre el pago de los tributos frente a la mercancía declarada.

Expresó que, en ese contexto, la DIAN fija precios indicativos acorde

con una metodología objetiva (precios de mercado internacional),

razón por la cual el referente no resulta ni ficticio, ni arbitrario, con lo

cual no se contraría el contenido del inciso segundo del artículo 5º

del Decreto 4431. Dicha reglamentación fue señalada en la

Resolución 05560 de 2005, que es la que se ocupa de la aplicación de

los precios indicativos.

Advirtió que el Decreto 4431, la Resolución 5660 de 2005, las

resoluciones mediante las cuales se fijan los precios

indicativos y el Memorando 00587 de 2005, al fijar valores, no

vulneran lo prescrito en el párrafo 2º del artículo 7º del Acuerdo

sobre Valoración de la OMC, tampoco el artículo 45, párrafo 2°, del

Reglamento Comunitario, ni el artículo 193 de la Resolución 4240 de

2000, en concordancia con el artículo 7.2. del citado acuerdo, por

cuanto no emplean criterios ficticios o arbitrarios, que en efecto se

encuentran prohibidos por dicha normativa. Tal prohibición de

carácter supranacional no ha sido levantada por un acto

administrativo derivado de una norma nacional, ni tampoco la

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autoridad administrativa la ha modificado unilateralmente por la

autoridad administrativa.

Señaló que no le asiste razón a la demandante al aducir que los actos

acusados desconocen los artículos 7º y 45 del Acuerdo sobre

Valoración de la OMC, dado que el precio del valor en aduana debe

fijarse de acuerdo con lo establecido en dicho Acuerdo y el método

establecido en dicha disposición y las demás que la reglamentan.

Que lo cierto es que la DIAN, en los actos acusados, se limita a fijar

unos precios “de referencia”, acordes con los precios de mercado

internacional, para efectos de ejercer el control de su competencia

sobre las mercancías introducidas al país, ajustándose a los

parámetros previstos en la normativa internacional.

Afirmó que con fundamento en el artículo 17 de la Decisión 571 y el

artículo 2º, literal b), del Decreto 4431, siempre que surjan

dudas respecto de la veracidad o exactitud sobre el valor declarado,

el declarante está facultado para presentar, dentro de los cinco días

siguientes a la inspección de la mercancía, los documentos

necesarios, con el objeto de acreditar que el valor declarado se ajusta

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al valor de la mercancía, acorde con lo previsto en el artículo 13 del

Acuerdo en mención.

Precisó que el importador podrá efectuar el levante de la mercancía si

existiesen dudas sobre su valor, siempre y cuando constituya una

garantía que ampare la mercancía, ante la posibilidad de que se

establezcan mayores valores, por concepto de valor de aduana y se

incremente la base gravable.

Que, en estos términos, tratándose de una controversia de valor, el

importador tiene derecho a dirimir la misma en el proceso de

importación y, por lo tanto, no se vulnera el derecho a la defensa,

pues la ley permite presentar explicaciones complementarias, así

como documentos u otras pruebas, con el fin de hacer las debidas

comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda.

Mencionó que conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 2º

del mismo Decreto, cuando se presenten dudas sobre la veracidad o

exactitud del valor declarado, el declarante está facultado para

presentar los documentos que acrediten que el valor declarado se

ajusta a las normas de valoración, o constituir garantía bancaria o de

seguros o corregir la declaración; luego solo en el evento que no se

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aplique esta normativa habrá lugar a la aprehensión y decomiso de la

mercancía, ya que el descuido del administrado no puede imputársele

a la Administración, alegando que se le desconoce el debido proceso

y el derecho de defensa.

Puntualizó que la norma acusada no está impidiendo el levante de las

mercancías por parte del importador, ni menos propicia su

aprehensión o decomiso, y sí se ajusta a la normativa y disposiciones

que para efectos de control de su ingreso ha establecido la DIAN, en

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.

Que, igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 234

del Decreto 2685, el importador puede enmendar los errores

cometidos frente al valor declarado, objetar la aprehensión y legalizar

la mercancía.

Manifestó en relación con la medida cautelar de aprehensión de la

mercancía que esta no fue adoptada por el decreto acusado, dado

que la misma ya estaba prevista en el Decreto 2685, en su artículo

470, literal k), según el cual es función de fiscalización y control de la

DIAN “tomar las medidas cautelares necesarias para la debida

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conservación de la prueba incluyendo la aprehensión de la

mercancía”.

Sostuvo que no es cierto que el artículo 2º de la Resolución 5660

acusada viole el principio de contradicción, pues de acuerdo con el

artículo 2º del Decreto 4431 cuando se presentan dudas sobre la

veracidad o exactitud del valor declarado, el declarante tiene la

oportunidad de presentar los documentos, dentro de los 5 días

siguientes a la inspección de la mercancía, que acreditan que el valor

declarado se ajusta a las normas de valoración.

Que tampoco puede afirmarse que las disposiciones acusadas

contrarían los principios de economía, celeridad y eficiencia, pues si

existe una controversia de valor, la ley establece el trámite, el cual da

oportunidad al interesado de demostrar que el precio declarado está

acorde con las normas de valoración y así poder obtener el levante de

la mercancía y evitar la medida cautelar de aprehensión.

Indicó que la exoneración a las personas jurídicas reconocidas e

inscritas como usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente

exportadores, de someterse al control de precios de referencia, se

deduce del Régimen Especial de Garantías, que está previsto en el

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Decreto Ley 2685, artículos 31 y 38, toda vez que dadas las calidades

y requisitos que se exigen para este tipo de declarantes, los mismos

deben prestar una garantía global para responder por el pago de los

tributos aduaneros y de las obligaciones y responsabilidades,

previstas en las normas aduaneras.

Frente a la violación que se predica del artículo 5º de la

Resolución núm. 5660 de 2005, porque a juicio de la actora la

DIAN atribuye funciones a la Subdirección Técnica Aduanera que no

le corresponden, afirmó que de acuerdo con el artículo 24 del Decreto

1265 de 13 de julio de 199910, las atribuciones de dicha dependencia

guardan estrecha relación con la valoración aduanera.

Con relación al argumento de que las resoluciones acusadas

contrarían los conceptos 008 de 2 mayo de 2002, 013 de 7 abril de

2003 y 018 de 14 de mayo de 2003, anoto que, como lo señaló la

Sección Primera en el auto admisorio de la demanda, no es

procedente realizar análisis de legalidad entre normas de igual

jerarquía.

10
“Por el cual se organiza internamente y se distribuyen las funciones de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, expedido por el Presidente de la República.

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Finalmente, estimó que no se desconoció el principio de “unidad de

materia”, pues los actos demandados coinciden en regular lo

relacionado con el valor declarado de la mercancía, en relación con el

precio de referencia o precio indicativo y sus efectos frente a la

autorización de levante, aprehensión, decomiso de la mercancía y los

trámites de importación.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal,

en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas

comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó11:

“[…] 1.3. Desarrollando un análisis de la posición o jerarquía del
Ordenamiento Jurídico Andino, este Tribunal ha manifestado que
dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los
ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las
Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias
transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco
ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el
Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países
Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho
internacional.

1.4. Por lo expuesto, en el caso de autos la Corte Consultante debe
aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales
e internacionales, y sólo aplicar estas en los casos en que la norma
comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas
no contravengan el Derecho Comunitario.

11 Proceso 125-IP-2015.

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1.5. En el asunto concreto es aplicable la normativa de la OMC
comunitarizada, es decir, aquella incluida por la propia normativa
andina como integrante del ordenamiento jurídico comunitario
(artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 571). En consecuencia, la Corte
Consultante deberá aplicar dicha normativa multilateral de
conformidad con la interpretación armónica que de la misma haga el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esto es de suma
importancia, ya que el Tribunal de Justicia debe lograr, por vía de
interpretación, una armonización entre la normativa andina y la
multilateral comunitarizada sobre la base de los principios
fundamentales que guían el ordenamiento comunitario andino.

[…]

1.10. Efectivamente, la autoridad para adelantar una investigación
por restricción o gravamen en el comercio subregional es la
Secretaría General de la Comunidad Andina (artículo 46 de la
Decisión 425). Es un procedimiento que se adelanta bajo el sistema
de solución de controversias comunitario.

[…]

2.3. Los métodos para determinar el valor en aduana o base
imponible para la recaudación de los derechos e impuestos a la
importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre
Valoración en Aduanas de la OMC y la normativa comunitaria sobre la
materia, son seis: i) valor de transacción de las mercancías
importadas; ii) valor de transacción de mercancías idénticas; iii) valor
de transacción de mercancías similares; iv) valor deductivo; v) valor
reconstruido y vi) último recurso.

2.4. El primer método se conoce como el “principal”, y los cinco
restantes como los “secundarios”. Esto es así porque el primero
pretende determinar el precio realmente pagado o por pagar de las
mercancías importadas (valor de transacción), mientras que los
restantes consagran otros parámetros de manera subsidiaria, es
decir, se aplican en su orden ante la imposibilidad de establecer el
valor de transacción.

2.5. El método de transacción opera sobre el valor declarado por el
importador. Cuando la administración tenga dudas en relación con el
valor declarado, los datos o documentos presentados, deberá aplicar
el procedimiento de la duda razonable determinado en los artículos
17 de la Decisión 571 y 51 de la Resolución 846 de la Secretaría
General de la Comunidad Andina, como sigue:

2.5.1. Solicitar al importador explicaciones, documentos y pruebas
complementarias, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en

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el artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Para esto la
autoridad aduanera le enviará una comunicación escrita al
importador, informándole los motivos que tiene para dudar y le
otorgará un plazo razonable para que conteste.

2.5.2. Si el importador no responde en el plazo señalado, la
administración determinará el valor de aduana de las mercancías
utilizando los métodos secundarios en su orden.

2.5.3. Si el importador responde, pueden ocurrir dos cosas:

2.5.3.1. Que la inexactitud o la duda sea subsanada o aclarada. En
este evento, la administración admite el valor declarado.

2.5.3.2. Que la inexactitud o la duda no sea subsanada o aclarada. En
este evento, la administración determinará el valor de aduana de las
mercancías utilizando los métodos secundarios en su orden.

2.5.4. En cualquiera de los dos escenarios, la administración debe
tomar una decisión definitiva que será notificada al importador
mediante un acto motivado.

2.6. Para realizar una adecuada inspección de los valores declarados
por el importador en el marco de lo anteriormente mencionada, la
administración está facultada para realizar todos los controles e
investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que se
encuentran los controles previos y durante el despacho, así como los
posteriores a la importación (artículos 14 y 15 de la Decisión 571).

[…]

2.8. Es muy importante tener en cuenta que las aduanas deban
prever todas las condiciones técnicas y normativas para realizar los
controles aduaneros, lo que implica mantener a importador informado
de los aspectos técnicos y legales cuando así lo solicite, tal y como lo
establecen los artículos 7 y 16 del Acuerdo sobre Valoración de la
OMC.

2.9. Como quiera que en el proceso interno las partes se refieren al
mecanismo de constitución de garantías, el Tribunal encuentra
necesario aclarar que los artículos 13 del Acuerdo sobre Valoración de
la OMC y 51 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, instauran la figura de “las garantías” con el
objetivo de que, ante la demora por parte de la administración en
relación con la valoración aduanera, el importador pueda retirar sus
mercancías previa constitución de una garantía suficiente, de
conformidad con la previsión que para el efecto establezca cada país
miembro. Las normas consagran que dichas garantías pueden

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constituirse mediante cualquier medio que permita salvaguardar el
pago de los derechos de aduana.

[…]

2.11. Es muy importante tener en cuenta que el ordenamiento
jurídico debe generar un adecuado equilibrio de derechos. Por esta
razón le da prerrogativas de actuación y control a las autoridades
aduaneras, pero al mismo tiempo genera condiciones que permitan el
despacho ágil de la mercadería.

[…]

2.13. El Tribunal resalta la prerrogativa de medidas cautelares debe
estar en armonía con un sistema de garantías que permita que el
importador pueda gozar de manera ágil de su mercadería. Si bien la
aduana debe salvaguardar el pago de los valores aduaneros, también
debe garantizar que el importador goce de sus mercaderías de una
manera ágil y expedita.

[…]

3.3. En este escenario, el Tribunal abordará el tema propuesto,
estableciendo claramente la operatividad de los precios de referencia
o indicativos en el ordenamiento comunitario andino, advirtiendo
desde ya que sólo son pertinentes en el marco del método del último
recurso, y una vez se hayan agotados los cinco métodos de
valoración aduanera.

[…]
3.6. Lo anterior quiere decir que en el marco del Método del Último
Recurso se proscribe la utilización de valores de aduana mínimos,
arbitrarios o ficticios, cuya definición podría plasmarse de la siguiente
manera:

3.6.1. Valores de aduana mínimos. Son aquellos que establece un
valor fijo de piso para determinar la base gravable, sin tener en
cuenta un estudio real de mercado que pudiera llevar a considerar
razonablemente otro tipo de valor más bajo.

3.6.2. Valores arbitrarios o ficticios. Son valores antojadizos o
utilizados para la valoración sin que se constituyan como piso, ya que
se presentan como cantidades fijas.

3.7. En consecuencia, es muy importante advertir que el método de
último recurso debe basarse en criterios razonables y no en
parámetros mínimos, arbitrarios o ficticios.

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[…]
3.8. No obstante lo anterior, la normativa comunitaria sí permite los
llamados “precios de referencia o indicativos”, utilizados en el marco
del método del último recurso (artículo 46 literal 1 del Reglamento
Comunitario a la Decisión 571). El Reglamento Comunitario define los
precios de referencia de la siguiente manera:

“Artículo 2. Definiciones.
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el
Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en la Decisión 571 y en el
presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones, como
complemento de las ya contenidas en dicho Acuerdo.

(…)
Precios de referencia: Precios de carácter internacional de
mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración,
tomados de fuentes especializadas tales como libros, revistas,
catálogos, listas de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de
importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana
y los tomados de los bancos de datos de la aduana incluidos los
precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor.

(…)”

3.9. De conformidad con la normativa citada, los precios de
referencia son utilizados como un instrumento de soporte para la
implementación del método de último recurso. Es una herramienta
indicativa para la administración, cuya función es dar aviso de
problemas en los valores declarados. Pueden ser determinados de
múltiples fuentes internacionales, tal y como lo indica la definición
comunitaria, inclusive de datos tomados de los bancos de datos de la
aduana.
[…]
3.11. Ahora bien, el artículo 53 del Reglamento Comunitario
estableció algunas características de los precios de referencia para
que puedan operar dentro del sistema aduanero, que se pueden
sintetizar de la siguiente manera:

3.11.1. Deben responder la situación del mercado internacional
en un período determinado de tiempo. Para que sean válidos y
vigentes deben corresponder a la realidad del mercado. Esto quiere
decir que dichos precios deben ser revisados periódicamente de
conformidad con la naturaleza de los productos y las alteraciones de
los mercados. En este sentido, los precios de referencia deben ser lo
más cercano posible a la factura comercial, ya que de lo contrario
deberían actualizarse para poderse utilizar.

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Para la revisión y actualización de los precios de referencia, la
administración puede acudir, de ser necesario, a “índices de precios o
de inflación del país de exportación o de origen de la fuente y
alimentando permanentemente los bancos de datos que al efecto
estén establecidos.

3.11.2. No pueden esconder valores mínimos, arbitrarios o
ficticios. No se pueden convertir en una tasación de precios oficiales.

3.11.3. Deben ser usados con carácter indicativo. Esto quiere
decir que deben ser el punto de partida para el análisis de valoración,
así como un soporte que sustente la duda sobre el valor declarado,
pero de ninguna manera pueden sustituir el valor declarado. De todos
modos, la autoridad debe utilizar criterios razonables para la
aplicación del método del último recurso.

3.11.4. Podrá ser aplicado para la liquidación del monto de las
garantías que deban constituirse para otorgar el levante de las
mercancías, de conformidad con lo señalado en el artículo 61
del Reglamento.

3.11.5. Es una herramienta subsidiaria o suplementaria. Se
debe utilizar como instrumento para la valoración una vez que se
hayan agotados los otros cinco métodos de valoración aduanera, es
decir, sólo es plausible en el marco del método del último recurso. Su
utilización debe tener en cuenta la situación de mercado de los países
miembros de la comunidad andina (numeral 5 del artículo 53 de la
Resolución 846 de la Secretaría General).

3.12. De conformidad con lo manifestado, la Corte Consultante
deberá establecer si los “precios de referencia” a los que se refieran
los actos acusados cumplen con las características señaladas en la
presente providencia, para así establecer su concordancia con la
normativa comunitaria andina.

[…]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de los artículos

2º, 5º, 7º, 10º y 11 del Decreto 4431 de 30 de diciembre de

2004, “Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999”, expedido

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por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Comercio,

Industria y Turismo; de las resoluciones núms. 5660 de 5 de julio

de 2005, "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4240 de

2000"; 05474 de 29 de junio de 2005, 07908 de 1º de

septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005;

08743 de 22 de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre

de 2005, expedidas por el Director de Aduanas de la DIAN, por medio

de las cuales se fijan precios indicativos para calzado, balones y pelotas

de P.V.C., medias y calcetines, textiles, electrodomésticos y

gasodomésticos; y el Memorando 00587 de 26 de agosto de 2005,

emanado del mencionado funcionario.

CUESTIÓN PREVIA

De manera preliminar, la Sala debe señalar que si bien es cierto que

el Decreto 4431 fue derogado y modificado por el Decreto 111 de

21 de enero de 201012, conforme lo puso de presente la DIAN en los

alegatos de conclusión, también lo es que aquél, durante su vigencia,

produjo efectos jurídicos, razón por la cual procede estudiar su

legalidad. La posición en torno a que el acto administrativo que dejó

de regir puede ser controlado en su legalidad, ha sido sostenida

pacíficamente por la Corporación, en los siguientes términos:

12
“Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Presidente de la República.

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"[…] en cuanto al tema de la sustracción de materia la Sala
Plena del Consejo de Estado prohijó durante mucho tiempo la
aplicación de la teoría de la sustracción de materia,
tratándose de actos que han sido derogados o sustituidos por
otros, o que han dejado de regir, o, que produjeron todos sus
efectos. Se consideró que en tales eventos resultaría inútil e
inocuo un pronunciamiento de mérito, por cuanto al haber
desaparecido el acto de la vida jurídica, surgía la sustracción
de materia y por consiguiente, la sentencia adolecería de falta
de objeto práctico. Sin embargo, dicha tesis tuvo algunas
variantes, en el sentido de considerar que, dado que el acto
administrativo pudo haber producido efectos durante su
vigencia, es menester un pronunciamiento de fondo sobre su
legalidad. Este último criterio ha sido mayoritario a partir de
la Sentencia de Sala Plena del 14 de enero de 1.991,
CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente, Dr. Carlos Gustavo
Arrieta Padilla. A partir del fallo de 1.991 antes citado, la
jurisprudencia de esta Corporación ha optado por el fallo de
mérito cuando quiera que el acto administrativo examinado
haya desaparecido del universo jurídico por derogatoria
[…]".13

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos, contra las

normas acusadas, de la siguiente manera:

. NORMAS DEMANDADAS

Las disposiciones acusadas del Decreto núm. 4431 de 30

diciembre de 2004, son del siguiente tenor:

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2001, C.P. Olga Inés Navarrete, núm. único de radicación 3531. Reiterada en sentencia de 11
de febrero de 2016, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00.

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“DECRETO 4431 DE 2004
(Diciembre 30)

Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las
facultades constitucionales y legales y en especial las que le
confieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política de Colombia y en desarrollo de las Leyes
6ª de 1971 y 7ª de 1991 y oído el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior,

DECRETA:

[…]

ARTÍCULO 2°. Autorización de levante. Modifícase el
numeral 5 del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el artículo 13° del Decreto 1232 de 2001 y por
el Decreto 1161 de 2002, el cual quedará así:

La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los
siguientes eventos:

"5. Cuando practicada inspección aduanera física o
documental, se suscite una controversia de valor en razón a
que:

a) El valor declarado es inferior al precio de referencia, y el
declarante dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica
de dicha diligencia presente los documentos que acrediten
que el valor declarado se ajusta a las normas de valoración, o
constituye garantía bancaria o de compañía de seguros, en los
términos y condiciones señalados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, o corrige la declaración de
importación con base en el acta de inspección;

b) El inspector, con base en datos objetivos y cuantificables,
tuviere dudas de la veracidad o exactitud del valor declarado
y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
práctica de dicha diligencia, presente los documentos que
acrediten que el valor declarado se ajusta a las normas de
valoración, o constituye garantía bancaria o de compañía de
seguros, en los términos y condiciones señalados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o corrige la
declaración en la forma prevista en el acta de inspección;

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c) El valor FOB declarado, a pesar de estar dentro del rango
de los precios estimados se encuentra por debajo del margen
superior y el declarante, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la práctica de dicha diligencia, presente los
documentos que acreditan que el valor declarado se ajusta a
las normas de valoración, o constituye garantía bancaria o de
compañía de seguros en los términos y condiciones señalados
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; o
corrige con base en el precio del margen superior del rango
de los precios estimados;

d) El valor FOB declarado está por debajo del margen inferior
de los precios estimados y el declarante, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, constituye
garantía bancaria o de compañía de seguros en los términos y
condiciones señalados por la DIAN; o corrige con base en el
precio del margen superior del rango de los precios
estimados;

e) El valor FOB declarado está por debajo de los precios
indicativos establecidos por el Director de Aduanas y el
declarante dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica
de dicha diligencia, corrige la declaración de importación y
paga los tributos aduaneros con base en el precio indicativo
en los términos y condiciones señalados por la DIAN,
debiéndose en todo caso remitir las diligencias a la División de
Fiscalización Aduanera con el fin de que se adelante el
proceso de liquidación oficial de revisión de valor
correspondiente.

Cuando se cumpla con lo previsto en el presente numeral, no
se causará sanción alguna durante el proceso de inspección.

Parágrafo 1º. Lo señalado en los literales c), d) y e) no se
aplicará a las mercancías introducidas por el Puerto Libre de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y por la Zona de
Régimen Aduanero Especial de Leticia".

Parágrafo 2°. En los eventos contemplados en los literales a),
b), c) y d) el funcionario aduanero deberá generar la
controversia de valor respectiva, cuando a ello hubiere lugar,
sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que puedan
generarse por la omisión de tal hecho.

[…]

ARTÍCULO 5°. Definiciones para efectos de la aplicación
de las normas sobre valoración aduanera. Adiciónase el

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artículo 237 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el
Decreto 1161 de 2002, con la siguiente definición:

"Precio indicativo. Es aquel precio de referencia establecido
mediante acto administrativo expedido por la Dirección de
Aduanas, para ser utilizado como mecanismo de control de los
precios FOB declarados, según el país de origen o el tipo de
mercancías importadas o introducidas al resto al territorio
nacional, conforme a lo previsto en el presente decreto.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
reglamentará la metodología para la determinación de los
precios indicativos, de forma tal que correspondan a
información de los precios del mercado internacional y no
contraríen lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo de
Valoración Aduanera de la Organización Mundial de Comercio
OMC".

[…]

ARTÍCULO 7°. Facultades de Fiscalización y Control.
Modifícase el literal k) del artículo 470 del Decreto 2685 de
1999, modificado por el artículo 4° del Decreto 1161 de 2002,
el cual quedará así:

"k) Tomar las medidas cautelares necesarias para la debida
conservación de la prueba, incluyendo la aprehensión de la
mercancía.

Cuando se encuentre mercancía declarada por debajo de los
precios indicativos o del margen inferior de los precios
estimados, se adoptarán las medidas cautelares a que se
refiere el presente literal, las cuales se mantendrán hasta que
culmine el procedimiento administrativo sancionatorio para la
expedición de liquidaciones oficiales".

[…]

Artículo 10. Adiciónanse los siguientes numerales al
artículo 50214 del Decreto 2685 de 1999:

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías:

14
“[…] ARTICULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la
aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: (Numeral
1. modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001) […]”.

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1. En el Régimen de Importación:

"1.20. Cuando se introduzcan al resto del territorio
aduanero nacional mercancías procedentes de las
Zonas de Régimen Aduanero Especial, bajo la
modalidad de envíos o de viajeros, con precios por
debajo de los precios indicativos o del margen inferior
de los precios estimados establecidos por la Dirección
de Aduanas".

1.25. Cuando dentro de los términos a que se refiere el
numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de
los procesos de control posterior se determine que los
documentos soporte presentados no corresponden con la
operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos
los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo
artículo no se presentaron en debida forma los documentos
soporte que acreditan que no se encuentra incurso en
restricción legal o administrativa.

1.26. Cuando se encuentren mercancías de prohibida
importación en el territorio aduanero nacional.

ARTÍCULO 11. Modifícase el artículo 502-1 del Decreto 2685
de 1999 en el siguiente sentido:

“Artículo 502-1. Improcedencia de la Corrección de la
Factura de Nacionalización y de la Legalización. Cuando
se aprehenda la mercancía por los eventos previstos en el
Numeral 1.20 del artículo 502 del presente decreto no
procederá la corrección de la Factura de Nacionalización, ni la
legalización de la mercancía.

[…]”.

CARGOS CONTRA EL DECRETO 4431

En el primer cargo, se alegó que que el Gobierno Nacional, en el

Decreto acusado, al introducir el concepto y forma de los precios

indicativos violó los artículos 7.2 y 13 del Acuerdo sobre Valoración

de la OMC, así como el principio general contenido en la Introducción

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General del citado Acuerdo, relativo a: “[…] la necesidad de un

sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las

mercancías que excluya la utilización de valores arbitrarios o ficticios

[…]”.

Asimismo, se adujo que al fijar dichos precios indicativos en el

referido decreto se determinaron unos precios arbitrarios, ficticios,

mínimos oficiales, violatorios del debido proceso y del derecho de

defensa, de las normas supranacionales, así como del artículo 45,

párrafo 2º, del Reglamento Comunitario- Resolución núm. 846 de la

Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones- y del

artículo 7.2. del citado Acuerdo, en concordancia con el artículo 193 de

la Resolución 4240 de 2000, que prohíben su utilización, dado que la

Administración, de manera unilateral, obliga al importador a sufragar

tributos calculados sobre un valor fijado por ella, que no corresponde al

real de la negociación, sin darle la oportunidad de aportar pruebas que

demuestren que el valor declarado es el efectivamente pagado o por

pagar.

El segundo cargo se refiere a que los artículos 10º y 11º del

Decreto 4431 no son ajustados a derecho, en cuanto prevén como

causal de aprehensión y decomiso la introducción de mercancías

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procedentes de las zonas de Régimen Aduanero Especial con precios

por debajo de los precios indicativos y por cuanto con ello se castiga o

sanciona al importador, que las ha adquirido en el mercado interno

colombiano bajo un régimen aduanero especial.

Que, además, las medidas cautelares impuestas por el artículo 7º del

Decreto 4431 son violatorias de las normas generales de la valoración

aduanera, pues en la práctica la inmovilización de la mercancía

conduce a una pérdida de la mercancía.

El tercer cargo es el atinente a que se desconoce el principio de

publicidad, cuando la DIAN fija precios indicativos sin haber

reglamentado la metodología de que trata el último inciso del artículo

5º del Decreto 4431 y, en consecuencia, deja al importador en una

situación de desventaja por no conocer cómo han sido determinados

los precios, a pesar de estar obligados a declararlos.

Sobre el particular, cabe advertir que mediante sentencia de 4 de

mayo de 201115, proferida dentro del expediente con núm. único de

radicación 11001-03-24-000-2005-00107-01, incoado en ejercicio de

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo

de 2011, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00107-
01.

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la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, se denegó la

pretensión de la demanda relativa a la declaratoria de nulidad de los

artículos 2°, 5°, 7° y 10° del Decreto núm. 4431 de 2004,

expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y

Comercio, Industria y Turismo.

El proceso que culminó con la citada sentencia de 4 de septiembre de

2016 produjo efectos erga omnes, pero sólo en relación con la causa

petendi juzgada.

Por lo tanto, la Sala, antes de entrar a considerar el fondo del asunto,

estima necesario analizar de oficio si en este caso se presenta el

fenómeno jurídico de la cosa juzgada.

En relación con la cosa juzgada, el artículo 175 del CCA, en

concordancia con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, en

adelante CPC, hoy artículo 303 del Código General del Proceso,

prevén lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 175. COSA JUZGADA. La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de
cosa juzgada "erga omnes".

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada
"erga omnes" pero sólo en relación con la "causa
petendi" juzgada.

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La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de
reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada
frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma
causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes; la proferida en procesos de
restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere
intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su
favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de
una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial,
distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos
en lo pertinente los decretos reglamentarios […]”.

“ […] ARTÍCULO 332.- La sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre
vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los
demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas
para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la
cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las
comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de
revisión […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Esta Corporación ha explicado, acerca de la declaratoria de la cosa

juzgada, en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:

“[…] Así las cosas, corresponde definir sobre la manera cómo
opera la cosa juzgada en virtud de los fallos de simple nulidad,
con miras a determinar si la misma se configura en el caso
concreto.

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(…)

Sobre el concepto de Cosa Juzgada la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia de 17 de junio de 2017, indicó
lo siguiente:

“[…] El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba
regulado en los artículos 332 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el
siguiente: (…)

En relación con el fenómeno de la cosa juzgada, esta
Corporación ha indicado que:

“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la
cosa juzgada, cabe advertir que se le ha
asimilado al principio del <<non bis in
ídem>> y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de
cualquiera de los medios aceptados por la ley,
no vuelvan a ser debatidos en otro juicio
posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las
partes por cuanto lo decidido tiene carácter
vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de
plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada
comprende todo lo que se ha disputado […]”

También ha señalado que:

“[…] Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte
Constitucional que es una cualidad inherente a las
sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas
resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias,
lo que hace que el asunto sobre el cual ellas
deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni
dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre
las mismas partes y que persiga igual objeto.

El fin primordial de este principio radica en
impedir que la decisión en firme sea objeto de
nueva revisión o debate, o de instancias
adicionales a las ya cumplidas, o que se
reabra el caso judicial dilucidado mediante el
fallo que reviste ese carácter, con total
independencia de su sentido y alcances,
dotando de estabilidad y certeza las
relaciones jurídicas y dejando espacio libre

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para que nuevos asuntos pasen a ser
ventilados en los estrados judiciales.

La cosa juzgada responde a la necesidad social y
política de asegurar que las controversias llevadas
a conocimiento de un juez tengan un punto final y
definitivo, a partir del cual la sociedad pueda
asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada.

El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando
mediante decisión de fondo, debidamente
ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la
oportunidad de pronunciarse sobre la causa
petendi juzgada en proceso posterior.

Como tal, dicha figura jurídica impide que se
expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo
asunto, dada su previa definición o juzgamiento a
través de providencias en firme, en clara
salvaguarda de la seguridad jurídica […]”

Tanto el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil
como el artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo fueron derogados por el Código General
del Proceso (Artículo 303) y por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Artículo 189).

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Sección B, en la
sentencia del 19 de abril de 2012, Magistrado Ponente:
Fredy Ibarra Martínez, analizó la existencia del fenómeno
de la cosa juzgada bajo los lineamientos de los artículos
332 del Código de Procedimiento Civil y 175 del Código
Contencioso Administrativo, normas aplicables a la
controversia, por lo que le corresponde a la Sala verificar
si, a la luz de dichas disposiciones legales, se configuró o
no tal fenómeno.

La doctrina ha indicado que para que opere este
fenómeno se requiere de la presencia de los siguientes
elementos:

“[…] 1.- Que se adelante un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia
dictada. Si en el primer proceso la sentencia no
está ejecutoriada, no opera la excepción de cosa
juzgada sino la de pleito pendiente, que es previa y

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cuyos requisitos son fundamentalmente los mismos
de la excepción de cosa juzgada; sólo se
diferencian en que el pleito pendiente supone la no
terminación del primer proceso, en tanto que la
cosa juzgada, al basarse en el fallo ejecutoriado,
parte de la finalización de aquel, tal como ya se
explicó al estudiar la excepción previa.

2.- Que ese nuevo proceso sea entre unas mismas
partes, o, como lo anota el art. 332, que “haya
identidad jurídica de partes (…)

3.- Que el nuevo proceso verse sobre un
mismo objeto (art. 332). Tal como lo dice con
particular acierto la Corte, “el objeto de la
demanda consiste en las prestaciones o
declaraciones que se reclaman a la justicia”,
que son precisamente los puntos sobre los
cuales versa la parte resolutiva de la
sentencia; Devis señala que el “objeto del
proceso lo constituye el derecho reconocido,
declarado o modificado por la sentencia, en
relación con una cosa o varias cosas
determinadas, o la relación jurídica declarada
según el caso”.

Ampliamente tratado por la doctrina debido a su
importancia, el concepto de objeto del proceso
resulta esencial entre otros muchos aspectos para
precisar la existencia de la cosa juzgada;
numerosas son las teorías que pretenden explicar
cuál es la noción, y vívido ejemplo de ellos son las
posiciones de la Corte Suprema de Justicia y de
uno de los redactores del Código, pues mientras la
entidad que se encuentra en las pretensiones, el
segundo lo ubica en la sentencia.

En realidad las dos posiciones son acertadas
porque el objeto del proceso no sólo se
encuentra en las pretensiones, lo cual
equivale a aceptar que igualmente debe
buscarse en los hechos en que aquellas se
apoyan, sino también en lo decidido en la
sentencia y es por eso que en orden a precisar
si existe el mismo objeto en el nuevo proceso
deben estudiarse los hechos, pretensiones y
sentencia del anterior para confrontarlo con
los hechos y pretensiones del segundo a fin

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de precisar si existe identidad y, caso de
darse los otros requisitos, declarar la
existencia de la cosa juzgada.

4. Que el nuevo proceso se adelante por la
misma causa que originó el anterior. La causa
es la razón por la cual se demanda; los
motivos que se tienen para pedir al Estado
determinada sentencia. Esos motivos, por
disposición del art. 76, deben aparecer
expresados en toda demanda y surgen de los
hechos de ella por cuanto de su análisis es
como se puede saber si en verdad existe
identidad de causa […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la
cosa Juzgada se estructura a partir de dos premisas, una
objetiva relacionada con el objeto y la causa de la
controversia, y otra subjetiva relativa a los sujetos que
intervienen en un proceso. Así lo ha precisado la Sala Plena
del Consejo de Estado, entre otras, en sentencia de veintiséis
(26) de julio de dos mil cinco (2005), señaló:

“[…] La institución de la cosa juzgada, como lo ha
reiterado esta Corporación, está sujeta a dos límites: el
objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que versó el
debate y la causa petendi de la prestación, y el subjetivo,
que tiene que ver con las personas que fueron parte en el
proceso. Así mismo, la cosa juzgada se predica de los
puntos que han sido materia expresa de la decisión de
una sentencia y sólo puede extenderse a aquellos que por
ser consecuencia necesaria o depender
indispensablemente de ella, se reputan tácitamente
decididos. Los principios tutelares de esta institución
jurídica son los establecidos en el artículo 332 del Código
de Procedimiento Civil, los cuales son aplicables al
proceso contencioso administrativo, por remisión expresa
del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
Según el artículo 332 ibídem, cabe plantear la cosa
juzgada con éxito solo si concurren los tres elementos
señalados en ella, esto es, que en ambos procesos exista
identidad de partes, de objeto y de causa. La
jurisprudencia y la doctrina han señalado que la identidad
de partes no es física sino jurídica, lo cual explica la
previsión del inciso segundo del precitado artículo, al
entender que hay identidad de partes cuando los del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de
los que figuraron en el primero o causahabientes suyos

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por acto intervivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda. Así mismo la jurisprudencia ha dicho
que este tercer requisito, denominado límite
subjetivo de la institución de la cosa juzgada, no
tiene aplicación alguna en los procesos contencioso
administrativos de nulidad, pues las sentencias que
sobre ellos recaiga tienen un valor erga omnes,
como lo establece el artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo, lo cual implica que son
oponibles a cualquier demandante que pretende,
por los mismos motivos, iniciar nuevamente el
debate judicial. Además, en estos procesos la parte
actora no promueve la acción en interés particular,
sino en interés del orden jurídico […]”16.

En cuanto al límite subjetivo, los efectos de la cosa
juzgada son por regla general inter-partes, con excepción
de las decisiones que producen efectos erga omnes, caso
en el cual los mismos son oponibles de manera general.

En el caso de las sentencias que sean emitidas en procesos que
se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativos, los efectos de las mismas se encuentran
delimitados en el artículo 189 del CPACA, que sobre el particular
determina:

“Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un
proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La
que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes, pero solo en relación con la
causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad
de las medidas que se revisen en ejercicio del control
inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes
solo en relación con las normas jurídicas superiores frente
a las cuales se haga el examen […]” (Negrillas fuera del
texto)

De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que
decrete la nulidad de un acto administrativo tiene efectos erga
omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho acto no
resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite
su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias
en las que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa
juzgada solo recaen sobre la causa petendi, razón por la

16 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero
ponente doctora Ana Margarita Olaya Forero,
Radicación Nro. 11001-03-15-000-1999-00217-01(REV); actor: Roberto Hermida Izquierdo,
demandado: Ministerio De Hacienda y Crédito Público.

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cual es posible que respecto de los actos que son objeto de la
decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben
tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en la
sentencia que negó la pretensión nugatoria […]”17 (Las negrillas
y subrayas fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se tiene que la identidad de objeto implica

que la demanda debe versar sobre la misma pretensión frente a la

cual se predica la cosa juzgada, habida cuenta que se haya accedido

o no a las pretensiones de nulidad.

Por su parte, el requisito de la identidad de causa petendi se refiere a

que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, deben

tener un origen en común, es decir, que se sustenten en los mismos

supuestos fácticos, en el marco de una providencia que haya

denegado la nulidad. El motivo de la demanda debe ser igual al

inicialmente propuesto.

En cuanto a la identidad jurídica de las partes, la Sala reitera que es

un requisito que no tiene incidencia alguna en los procesos de

nulidad, por cuanto las sentencias allí proferidas producen efectos

erga omnes, lo cual implica que son oponibles a cualquier

demandante que pretenda, por los mismos motivos, iniciar

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2015-02253-01, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.

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nuevamente el debate judicial. Adicionalmente, en estos procesos la

acción es promovida no en procura de un interés particular, sino en

defensa del orden jurídico y la legalidad objetiva.

Bajo los anteriores parámetros, es claro que la declaración de la

excepción de cosa juzgada resulta procedente, en los casos de

nulidad, cuando se verifica la configuración, en el nuevo debate

jurídico planteado, de cada uno de los presupuestos referidos a la

identidad de objeto y de causa petendi, respecto de la sentencia

debidamente ejecutoriada proferida en un proceso anterior.

En el proceso que culminó con la citada sentencia de 4 de mayo de

2011 la demanda fue presentada, en ejercicio de la acción de nulidad

del artículo 84 del CCA, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad

de los artículos 2°, 5°, 7° y 10° del Decreto núm. 4431 de 2004.

Y como quedó reseñado ab initio, en el presente asunto la actora

presentó demanda, en ejercicio de la misma acción, con el objeto de

obtener la nulidad de los citados artículos 2º, 5º, 7º y 10º del

Decreto 443118.

18
Asimismo, la actora presentó demanda, con el objeto de obtener la nulidad del artículo 11 del Decreto
4431.

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Así pues, en el presente caso se da la identidad del objeto

demandado, toda vez que las disposiciones atacadas de ilegalidad,

tanto en la sentencia de 4 de mayo de 2011, como en la que es

objeto de la presente demanda, corresponden a los artículos 2º, 5º,

7º y 10º del Decreto 4431.

Como normas violadas en la sentencia de 4 de mayo de 2011,

proferida dentro del expediente núm. único de radicación 11001-03-

24-000-2005-00107-01, se indicaron el Acuerdo relativo a la

Aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles y

Comercio de 1994 - Acuerdo sobre Valoración de la Organización

Mundial de Comercio (OMC) y sus principios y reglas (así como su

artículo 7.2), el Decreto núm. 2685 de 1999 y la Resolución núm.

4240, la Resolución núm. 846 de la Secretaría General de la

Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 571 y la Opinión núm.

2.1 del Comité Técnico de Valoración de la Aduana de la OMC.

En el presente caso, la actora adujo la violación de las mismas

normas.

En aquella oportunidad, como en la presente, se propusieron como

cargos de la demanda el atinente a que con la creación de los precios

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indicativos, establecidos en el decreto acusado, el Gobierno Nacional

determinó un valor en aduana mínimo, ficticio y arbitrario, que viola

el debido proceso y del derecho de defensa, que vulnera el marco

normativo nacional e internacional, así como el principio general

contenido en la Introducción General del citado Acuerdo, relativo a:

“[…] la necesidad de un sistema equitativo, uniforme y neutro de

valoración en aduana de las mercancías que excluya la utilización de

valores arbitrarios o ficticios […]”, y el relativo a que el citado decreto

al establecer como causal de aprehensión y decomiso, la introducción

de mercancías procedentes de las zonas de Régimen Aduanero

Especial con precios por debajo de los precios indicativos, castiga o

sanciona al importador que las ha adquirido en el mercado interno

colombiano bajo un régimen aduanero especial.

Que, además, las medidas cautelares, impuestas por el artículo 7º del

Decreto 4431 son violatorias de las normas generales de la valoración

aduanera.

Dichos cargos fueron resueltos, en los siguientes términos:

“[…] Las normas demandadas de los Decretos núms. 1161 de
2002 y 4431 de 2004, respectivamente, crearon lo que
denominaron precios estimados y precios indicativos
como mecanismo de control de los precios FOB para el

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ingreso de las mercancías al territorio nacional
aduanero, los cuales definieron:

El precio indicativo, como aquel precio de referencia
establecido en términos de márgenes o rangos mediante acto
administrativo expedido por la Dirección de Aduanas, para ser
utilizado como mecanismo de control de los precios FOB
declarados por las mercancías importadas o introducidas al
resto del territorio nacional y,

El precio estimado, como aquel precio de referencia
establecido mediante acto administrativo expedido por la
Dirección de Aduanas, para ser utilizado como mecanismo de
control de los precios FOB declarados, según el país de origen
o el tipo de mercancías importadas o introducidas al resto al
territorio nacional.

Señala la parte actora que con la creación de dichos
precios el Gobierno Nacional determinó un valor en
aduana mínimo, ficticio y arbitrario que vulnera el
marco normativo nacional e internacional, que en
materia de valoración de mercancías se ha establecido,
imponiendo un valor objetivo e incontrovertible para
quien nacionaliza bienes extranjeros y estableciendo
una penalización que va en contravía de la buena fe que
debe presumirse del importador.

El Estatuto Aduanero Colombiano, en relación con el valor en
aduana de las mercancías ha establecido:

“ARTICULO 247. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL VALOR EN
ADUANA.
Los métodos para determinar el valor en aduana según el
Acuerdo19 son los siguientes:

Método del "Valor de Transacción". Se regirá por lo dispuesto
en los artículos 1o. y 8o. del Acuerdo y sus Notas
Interpretativas.

Método del "Valor de Transacción de Mercancías Idénticas".
Se regirá por el artículo 2 del Acuerdo y su Nota
Interpretativa.

Método del "Valor de Transacción de Mercancías Similares".
Se regirá por el artículo 3 del Acuerdo y su Nota
Interpretativa.

19
Se refiere, según el artículo 237 del Decreto 2635 de 1999, al ACUERDO SOBRE VALORACIÓN DE LA
OMC, contenido en la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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Método "Deductivo". Se regirá por el artículo 5o. del Acuerdo
y su Nota Interpretativa.

Método del "Valor Reconstruido". Se regirá por el artículo 6o.
del Acuerdo y su Nota Interpretativa.

Método del "Último Recurso". Se regirá por el artículo 7o. del
Acuerdo y su Nota Interpretativa.

ARTICULO 248. APLICACIÓN SUCESIVA DE LOS MÉTODOS DE
VALORACIÓN.
Cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las
reglas del Método del valor de Transacción, se determinará
recurriendo sucesivamente a cada uno de los Métodos
siguientes previstos en el Acuerdo, hasta hallar el primero que
permita establecerlo, excepto cuando el importador solicite y
obtenga de la autoridad aduanera, autorización para la
inversión del orden de aplicación de los métodos de valoración
"Deductivo" y del "Valor Reconstruido"20.

De conformidad, con lo dispuesto en estas normas, es claro
que la legislación Colombiana, en relación con el valor en
aduana de la mercancía importada, se rige, por lo menos
formalmente, de acuerdo con los compromisos internacionales
que ha adquirido, los cuales priman sobre la legislación
interna21.

Dado que la parte demandante se refiere en todos sus cargos
a la violación de normas internacionales, globales o
subregionales, se entrará en su análisis:

CARGOS PROPUESTOS EN LA DEMANDA:

Como quedó reseñado, tales cargos son los siguientes:

Violación del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VII del Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 –GATT.

20
El Acuerdo de valor dispone que “En el evento que utilizando el procedimiento anterior no sea posible
determinar el valor en aduana de la mercancía, será posible la aplicación de cualquier otro criterio
razonable, siempre y cuando no viole los principios y las disposiciones generales del Acuerdo de Valor”.
21
La Corte Constitucional en sentencia C-276 de 22 de julio de 1993, ha explicado que una vez
perfeccionado el tratado internacional, se establece una regla de conducta obligatoria para los Estados,
plasmada en el principio Pacta Sun Servanta, que es un principio de seguridad, de justicia y de moral
internacionales.

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Sobre el particular, como bien lo advirtieron las entidades
demandadas, los actores se limitan a hacer unos comentarios,
sobre el valor en aduana que consideran como “la primera
base imponible regulada uniformemente a nivel mundial”, se
refieren a la necesidad de contar con una base unificada,
racional, precisa, objetiva y justa a nivel mundial, que evite
abusos, discrecionalidades y arbitrariedades por parte de la
Administración, a principios y valores contenidos en el
Acuerdo de Valor, que deben ser tenidos en cuenta, como
son: que el sistema debe ser equitativo, sencillo,
uniforme y neutro, a las consultas con el administrado,
al proceso transparente y sin penalización, el examen
de las circunstancias de la venta, sin penalización.

En este ítem también se refieren los demandantes a los 6
métodos de valoración en aduana, que como ya se vio están
contenidos en nuestra legislación interna, artículos 247 y
248 del Decreto 2685 de 1999 y a Tratados
Internacionales a los cuales ha adherido o ratificado
Colombia, sobre los cuales aducen que son obligatorios,
entre ellos, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT), el que establece la Organización Mundial de Comercio
(OMC), Acuerdos de los Países Miembros de la Comunidad
Andina, tratado que creó la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio ALADI, que aprobó el artículo 7° del Acuerdo
de Valoración de la OMC y a la Notas Interpretativas del
Acuerdo de Valor, para señalar que son aplicables a nuestra
legislación, pero no explican, por qué o de qué manera las
normas demandadas violan estos instrumentos, es decir, que
no se precisa el alcance del concepto de la violación.

Sin embargo, a efectos de referirse a los demás cargos,
que tienen que ver con las normas nacionales e
internacionales sobre valor en la aduana, la Sala
analizará el contexto general de éstas, partiendo de la
premisa, como lo señaló la Interpretación Prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en caso de
presentarse discordancias entre el Derecho Comunitario
Andino y el Derecho Interno Colombiano, prevalece el
primero; al igual que al presentarse discrepancias entre el
Derecho Comunitario y las demás normas de derecho
internacional, prima el Derecho Comunitario.

La Decisión 571 de la Comunidad Andina (folio 16)
remite, para todos los efectos legales de la valoración
aduanera, a la aplicación del Acuerdo de Valoración de la OMC
por parte de los Países Miembros. Reza la norma, en lo
pertinente:

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“Capítulo I. Ámbito de aplicación
Artículo 1.- Base legal. Para los efectos de la valoración
aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se
regirán por lo dispuesto en el texto del «Acuerdo relativo a la
Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994», en adelante
llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC anexo a esta
Decisión, por la presente Decisión y su Reglamento
Comunitario que al efecto se adopte mediante Resolución de
la Secretaría General.
Capítulo II.- Determinación del valor en aduana
Artículo 2.- Valor en Aduana. El valor en aduana de las
mercancías importadas será determinado de conformidad con
los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo
sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas
Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales
del mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su reglamento.
Artículo 3.- Métodos para determinar el valor en
aduana.
De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre
Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor
en aduana o base imponible para la percepción de los
derechos e impuestos a la importación son los siguientes:
1.Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías
importadas
2.Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías
idénticas
3.Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías
similares
4.Cuarto Método: Método del Valor Deductivo
5.Quinto Método: Método del Valor Reconstruido
6. Sexto Método: Método del “Último Recurso”
Artículo 4.- Orden de aplicación de los métodos.
Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo I del
Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos
señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el
orden allí indicado.
El valor de transacción de las mercancías importadas es
la primera base para la determinación del valor en
aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que
se cumplan los requisitos para ello.
El orden de aplicación de los métodos señalados en los
numerales 4 y 5 del artículo anterior puede ser
invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la
Administración Aduanera.
Capítulo V. Controles Aduaneros
Artículo 14.- Facultad de las Aduanas de los Países
Miembros de la Comunidad Andina.

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Según lo establecido en el Artículo 17 del Acuerdo sobre
Valoración de la OMC, considerado de manera conjunta con lo
establecido en el párrafo 6 del Anexo III del mismo, las
Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la
Comunidad Andina, tienen el derecho de llevar a cabo los
controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar
que los valores en aduana declarados como base imponible,
sean los correctos y estén determinados de conformidad con
las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la
OMC.
Artículo 15.- Control del Valor en Aduana.
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, las
Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad
general de la valoración, la que comprende, además de los
controles previos y durante el despacho, las
comprobaciones, controles, estudios e investigaciones
efectuados después de la importación, con el objeto de
garantizar la correcta valoración de las mercancías
importadas”.

De las disposiciones anteriores se colige, que la Comunidad
Andina remitió al Acuerdo de Valor de la OMC, para efectos de
la valoración aduanera y lo incluyó como anexo de la citada
Decisión 571 de 2003 (folio 24).

Luego la norma Comunitaria, en relación con la
valoración en Aduana, es la misma internacional,
porque aquella remite a ésta; y el margen de los
precios estimados e indicativos a que se alude en los
actos acusados, corresponde a unos métodos de
valoración que, a su vez, tienen soporte en la normativa
internacional y comunitaria a que se refiere la Decisión
571 de 2003.

En efecto, cabe precisar que el Acuerdo de Valor de la OMC,
en sus artículos 13 y 17 dispone:

“Artículo 13
Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las
mercancías importadas resultase necesario demorar la
determinación definitiva de ese valor, el importador de las
mercancías podrá no obstante retirarlas de la Aduana si,
cuando así se le exija, presta una garantía suficiente en forma
de fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago
de los derechos de aduana a que puedan estar sujetas en
definitiva las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse
en la legislación de cada Miembro”.
“Artículo 17

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Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo
podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga
en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas
de comprobar la veracidad o la exactitud de toda
información, documento o declaración presentados a
efectos de valoración en aduana”22.(Negrillas fuera de
texto)

El artículo 17 transcrito tiene una Nota Interpretativa, que es
de obligatorio cumplimiento, en el Anexo III del citado
Acuerdo (folio 50), que señala:

“6. El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá
ser necesario que las Administraciones de Aduanas procedan
a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de
toda información, documento o declaración que les sean
presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo
reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con
objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor
declarados o presentados a las autoridades aduaneras en
relación con la determinación del valor en aduana son
completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes
y procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con
la plena cooperación de los importadores en esas
investigaciones”.

Conforme puede observarse a folio 29, el artículo 7° del
Acuerdo de Valor, indica que “si el valor en aduana de las
mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a
los dispuesto en los artículos 1° a 6° inclusive (se refieren a
los 6 métodos de valoración de la OMC y de la Comunidad
Andina, antes expuestos), dicho valor se determinará
según criterios razonables, compatibles con los
principios y las disposiciones generales de este Acuerdo
y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de
datos disponibles en el país de importación”. (se resalta)

22
El anexo III del Acuerdo, numeral 6 (folio 50), sobre esta disposición trae una nota interpretativa, que
es de obligatorio cumplimiento, que dice:
“6. El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de
Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información,
documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo
reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los
elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la
determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y
procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en
esas investigaciones.

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Este mismo artículo 7° dispone que el valor en aduana no se
puede basar en:

“a) el precio de venta en el país de importación de mercancías
producidas en dicho país;
b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de
valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles;
c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país
exportador;
d) un costo de producción distinto de los valores
reconstruidos que se hayan determinado para mercancías
idénticas o similares de conformidad con el artículo 6;
e)el precio de las mercancías vendidas para exportación;
f) valores en aduana mínimos;
g) valores arbitarios o ficticios.
… .”

Ahora bien, al examinar el documento elaborado por la
Dirección de Aduanas Colombiano, “Metodología para la
Determinación y Aplicación de Precios Estimados” que
obra a folios 400 a 411 del expediente, que en lo pertinente
se aplica también para los precios indicativos según lo
explicaron las entidades demandadas, se advierte que, el
director de la DIAN sobre la base de las normas nacionales e
internacionales transcritas, para fijar dichos precios tiene en
cuenta:

“1.3 PRECIOS ESTIMADOS
Como se ha expresado el precio de referencia ha sido
definido en la legislación colombiana como:

‘El precio establecido por la Dirección de Aduanas, tomado
con carácter indicativo para controlar durante el proceso de
inspección, el valor declarado para mercancías idénticas o
similares. También serán considerados precios de referencia
los incorporados al banco de datos de la Aduana como
resultado de los estudios de valor, así como los tomados de
otras fuentes especializadas’.

Con estos mismos criterios y propósitos fueron
establecidos los precios estimados, los cuales se definen
como:

‘PRECIOS ESTIMADOS: Son precios de referencia definidos
en términos de márgenes o rangos mediante acto
administrativo expedido por la Dirección de Aduanas, para ser
utilizados como mecanismo de control de los precios FOB
declarados por las mercancías importadas o introducidas al

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resto del territorio nacional’. (art. 2 del Decreto 1161 que
modificó el artículo 237 del Decreto 2685 de 1999)

Como puede observarse, su objetivo es servir de base de
comparación para efectos de control, lo que ratifica la
posición de Colombia frente a los precios negociados y
a lo establecido en el Acuerdo, es decir, reconoce y
respeta la neutralidad con que debe determinarse la
base gravable de las mercancías y utiliza para este fin
la técnica señalada en el Acuerdo de Valoración del
GATT de 1994.
….
2. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS ESTIMADOS

Para esto, se parte de la definición de unas variables que
permiten seleccionar aquellos productos que cumplen con la
condición de ser sensibles al contrabando técnico. Para estas
variables se solicita la información estadística relativa a
importaciones, la cual es sometida a un análisis utilizando la
técnica estadística de Pareto u otra, que permita establecer
para este tipo de producto cuáles subpartidas son las más
afectadas por la subfacturación. Una vez definidas, se inicia la
recopilación de la información necesaria para elaborar el acto
administrativo que contiene los precios estimados.

Este proceso requiere no solo encontrar determinados rangos
de productos, sino los niveles máximo y mínimo de precios a
los que normalmente se negocian los productos allí
agrupados. Para tal determinación, se recopila información, se
analiza y evalúa técnicamente y se definen los rangos y
márgenes que serán utilizados. El procedimiento se cumple
con la participación de representantes de usuarios internos,
externos y del área técnica de la Aduana, dependencia que
finalmente produce el proyecto para la firma del director de
Aduanas.

2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
….
Teniendo en cuenta que el procedimiento no sólo consiste en
determinar los precios a los que negocian algunos productos,
sino además en establecer los rangos que recogen al grupo de
productos similares por características y precios, el proceso
de búsqueda de información se ha dividido en dos partes:

2.1.1 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para este ejercicio la fuente fundamental de información han
sido los conocedores por excelencia del producto, es decir, los

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importadores, comercializadores o productores. La elección de
quienes deben suministrar la información se realiza eligiendo
los miembros más representativos de la población. Para este
fin, se ha solicitado, bien a través de entrevistas, reuniones o
solicitud escrita, información sobre precios y la mejor forma
de agrupar la mercancía considerando sus características.

Esta labor puede conllevar a la elaboración de varios
proyectos y a la celebración de múltiples reuniones hasta
lograr un resultado que consulte las necesidades de
clasificación, agrupación y definición de precios de los
productos.
... .
2.1.2 INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS

Las fuentes de datos de precios pueden reflejarse en:

Proveedores, importadores, sociedades de intermediación
aduanera (agentes de aduana), firmas comercializadoras,
revistas especializadas, bases de datos de la DIAN o del
Ministerio de Comercio Exterior, INTERNET u otras. Con la
utilización de las bases de datos de importación, se tienen en
cuenta los precios declarados por los importadores de acuerdo
con las negociaciones realizadas, logrando de esta manera,
una participación indirecta en el proceso de todos lo
importadores.
2.2 INFORMACIÓN SOLICITADA.

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
….
2.2.2 PRECIOS
….

2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
El análisis de la información se realiza en varios
sentidos:
• Conformación de rangos con las descripciones
reportadas.
….
• Establecer la consistencia de los precios
reportados.
….
• Asignar precios a los niveles de rangos.
….

2.4 CONSTRUCCIÓN DE RANGOS Y ASIGNACIÓN
DE PRECIOS.
….

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2.5 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ACTO
ADMINISTRATIVO.
….

3. APLICACIÓN DE LOS PRECIOS ESTIMADOS.
Como se ha manifestado a través del documento, estos
precios son de referencia y se utilizan como tales durante la
diligencia de inspección; en consecuencia, siempre actúan
como parámetros, como un espejo frente al cual se comparan
los precios declarados y cuando difieren de ellos, pero
ubicados por debajo de los mismos, se formula la controversia
de valor, la cual se resuelve por los medios establecidos, es
decir demostración o garantía.

En particular los precios de referencia fijados en términos de
precios estimados tienen el siguiente tratamiento:
• Cuando los precios estimados están en el nivel superior
del rango o por encima de él, normalmente no se formula la
controversia de valor y se otorga levante de la mercancía si
se cumplen los demás requisitos establecidos por las normas
nacionales.
• Cuando el precio FOB declarado se encuentra dentro
del rango, se formula controversia de valor con el ánimo de
establecer si el precio corresponde con el tipo de producto
negociado y con el pago que realizó o se realizará. La
controversia se resuelve en el mismo momento o dentro de
los cinco días siguientes a su formulación, bien con la
demostración o bien con la presentación de la garantía por el
pago de los tributos en discusión.
Cuando el valor declarado está por debajo del nivel inferior …
se permite demostrar el precio, pero sólo en el control
posterior, razón por la que se plantea la posibilidad de
constitución de garantía o de efectuar una corrección de la
declaración.
La decisión de cómo proceder es siempre del importador,
quien sólo en casos excepcionales, cuando por estar seguro
de que el precio declarado no corresponde a una negociación
realizada dentro de las prácticas normales de comercio, se
acoge al proceso de corrección inmediata y no a la
constitución de garantía, situación, que como se ha dicho, no
impide la demostración en el control posterior del precio
negociado. Cuando el estudio refleja este hecho, no se hace
efectiva la garantía y en consecuencia no se cobran mayores
tributos o sanciones y si el importador ha corregido, se
procede a la devolución de los mayores tributos cancelados

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Así las cosas, los precios estimados y los precios
indicativos regulados por las normas acusadas, son
mecanismos de referencia, para el control de la
declaración de las mercancías que se importan al país,
para inducir a los declarantes para que ésta sea
correcta y no constituyen métodos adicionales o
mecanismos que contradigan las normas
internacionales.

La parte actora se limitó a afirmar que los actos
acusados violaban normas internacionales, porque
determinaron precios fijos, teóricos, neutros, abusivos,
arbitrarios o discriminatorios; por el contrario, para la
Sala, de la Metodología transcrita que usa la Dirección
de Aduanas se observa que con los precios estimativos
e indicativos de valor en aduana, lo que se busca es que
los mismos no sean ficticios, en perjuicio de la
economía y la competencia nacional e internacional,
sino que reflejen la realidad, que es lo consagrado en
las normas internacionales.

En consecuencia, en la medida en que la creación de los
precios estimativos y los indicativos, no contrarían la
normativa nacional e internacional, como ya se
observó, es apenas lógico que las demás normas del
Decreto núm. 2685 de 1999 se adecuaran a este
cambio, como en efecto se hizo con los actos que los
actores consideraron ilegales.

Respecto a la aducida violación del artículo 7°, literal
f), del Acuerdo de Valor transcrito antes y del artículo
45, literal f), de la Resolución 846 de la Comunidad
Andina23, que adecua la norma internacional a los
Países Miembros de la CAN, parten del supuesto de que
lo que dice el importador es lo cierto y que la

23 Artículo 45. 1. Prohibiciones. No obstante la flexibilidad permitida en la aplicación del “Último
Recurso” o la posibilidad de utilizar criterios razonables, este hecho no podrá interpretarse en el sentido
de utilizar procedimientos arbitrarios que sean contrarios a los principios y disposiciones del Acuerdo
sobre Valoración de la OMC y del artículo VII del GATT.
2. El valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en:
a) el precio de venta en el Territorio Aduanero Comunitario de mercancías producidas en dicho
país;
b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más alto de dos
valores posibles;
c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador;
d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para
mercancías idénticas o similares de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo sobre Valoración
de la OMC.
e) el precio de las mercancías vendidas para exportación a un país distinto del Territorio
Aduanero Comunitario.
f) valores en aduana mínimos;
g) valores arbitarios o ficticios..”

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Administración no debe ejercer sus facultades de
control y fiscalización sobre el valor en aduana
declarado, olvidando que el artículo 17 del Acuerdo de Valor,
ya transcrito, prevé que ninguna de las disposiciones de este
instrumento internacional podrá interpretarse en el sentido
que restrinja el derecho de la Administración de Aduanas de
comprobar la veracidad o exactitud de toda información, lo
cual es explicado en la Nota Interpretativa transcrita y por la
Opinión Consultiva núm. 10.1 del Comité Técnico de
Valoración en Aduana de la OMC (folio 116), que en respuesta
a la pregunta de si el Acuerdo exige que las Administraciones
Aduaneras se fíen de una documentación fraudulenta, adujo:
“Según el Acuerdo las mercancías importadas deben valorarse
sobre la base de los elementos de hecho reales. … . Cabe
observar a este respecto que el artículo 17 del Acuerdo y el
párrafo 6 del anexo III hacen hincapié en el derecho de las
Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la
exactitud de toda información, documento o declaración
presentados a efectos de valoración en aduana. De ello se
deduce que no puede exigirse a una Administración que se fíe
de una documentación fraudulenta”

Para la Sala, al fijar la Administración los precios estimativos
e indicativos en aduana, sobre la base de una metodología,
que como se dijo, no es arbitraria, sino real, pues obedece a
criterios claramente determinados, no presume la mala fe,
sino descarta una duda razonable que las normas
comunitarias e internacionales admiten. En todo caso, el
importador dispone de las herramientas de que tratan
los artículos 504 a 521 del Estatuto Tributario y del
Código Contencioso Administrativo para desvirtuar la
aplicación del método tanto ante la Administración
como ante esta Jurisdicción, mediante procedimientos
reglados, aún en el caso de que la mercancía sea
aprehendida, luego no queda sin posibilidad de
defenderse mediante un debido proceso.

Aduce la parte actora que las normas acusadas violan
los artículos 11 del Acuerdo de valor, 17 de la Decisión
571 de la Comunidad Andina, 51, 52 y 53 de la
Resolución 846 ídem, y 8° de la Decisión 226 de la ALADI.

El artículo 11 del Acuerdo de Valor establece:

“1. En relación con la determinación del valor en aduana, la
legislación de cada Miembro deberá reconocer un derecho de
recurso, sin penalización, al importador o a cualquier otra
persona sujeta al pago de los derechos.

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2. Aunque en primera instancia el derecho de recurso sin
penalización se ejercite ante un órgano de la Administración
de Aduanas o ante un órgano independiente, en la legislación
de cada Miembro se preverá un derecho de recurso sin
penalización ante una autoridad judicial
3. Se notificará al apelante el fallo del recurso y se le
comunicarán por escrito las razones en que se funde aquél.
También se informará de los derechos que puedan
corresponderle a interponer otro recurso”.

El artículo 17 de la Decisión 571 de la CAN, dispone:

“Cuando le haya sido presentada una declaración y la
Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la
veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o
documentos presentados como prueba de esa declaración, la
Administración de Aduanas solicitará a los importadores
explicaciones escritas, documentos y pruebas
complementarios, que demuestren que el valor declarado
representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por
las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las
disposiciones del artículo 8° del Acuerdo sobre Valoración de
la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se
determinará en aplicación del método del Valor de
Transacción, por falta de respuesta del importador a estos
requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean
idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud
del valor en la forma antes prevista”.

Los artículos 51, 52 y 53 de la Decisión 846 ídem, se refieren
a las dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado,
al retiro de las mercancías si se presta una garantía
suficiente, los documentos probatorios y la utilización de los
precios de referencia vigentes, para lo cual se remiten al
Acuerdo de Valor.

Como ya se observó, la metodología utilizada busca llevar
al establecimiento de precios reales, luego los precios
de referencia estimados o indicativos no son estáticos
ni teóricos.

[…]

Contrario a lo afirmado en la demanda, ninguna de las
disposiciones acusadas establece sanción alguna, pues
ni la aprehensión de las mercancías, ni la prestación de

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una garantía para retirarlas, constituyen sanción o
penalización, pues se trata de medidas cautelares;
además, las normas acusadas no violan los derechos de
defensa, contradicción y debido proceso que tiene el
importador, como ya quedó establecido en párrafos
anteriores.

Respecto de la violación del artículo 13 del Acuerdo de
Valor, no es cierto, como lo afirman los actores, que
esta norma disponga que la máxima imposición que
puede recaer en el importador en una controversia de
valor sea la constitución de una garantía para que
pueda retirar la mercancía mientras se resuelve, pues
dicha norma, precisamente, consagra la constitución de
la garantía para facilitar el levante.

Tampoco las normas acusadas violan lo contemplado en
la Opinión Consultiva núm. 2.1 del Comité Técnico de
Valoración en Aduana de la OMC (folio 106), porque
según la metodología utilizada, la determinación del
precio en aduana no incluye los precios del mercado.

Los artículos 14 y 15 de la Decisión 571 de la CAN, se
refieren, respectivamente, a la aplicación del artículo 17 del
Acuerdo de Valor de la OMC entre los Países Miembros y a la
responsabilidad de sus Administraciones Aduaneras respecto
del control y fiscalización previa, durante y posterior a la
importación, por lo tanto la Sala se remite a lo ya explicado,
para afirmar que no se violaron estas disposiciones, sino que,
por el contrario, la Comunidad Andina reafirma la facultad y
obligación que tiene la Administración.

Según los actores, se viola el artículo 72 del Acuerdo de
Cartagena porque se lesiona el principio de la libre circulación
de mercancías por el sólo hecho de exigir el sometimiento a
procedimientos como la inmovilización y aprehensión de
mercancías.

Al respecto, cabe precisar, que dicha disposición señala que el
Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar
los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan
sobre la importación de productos originarios del territorio de
cualquier País Miembro.

Para la Sala el Acuerdo de Valor, no engendra en si mismo
una restricción, sino una norma de control y fiscalización que
corresponde al ejercicio de las facultades de las autoridades
aduaneras. Si bien es cierto que existen Resoluciones, como

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las que citan los actores, expedidas por la Comunidad Andina
(folios 230 y siguientes), que dentro de sus facultades dirime
conflictos, no lo es menos que ellas se refieren a casos muy
concretos y particulares en que ha considerado que los
precios estimados fijados por Colombia para una importación
de calzado originario del Ecuador, fueron discriminatorias y,
por lo tanto, restringieron el comercio intrasubregional,
empero ello en manera alguna se traduce en la prohibición
general de la fijación de precios estimados como referencia de
valor en aduana. Las Resoluciones a que aluden los actores,
lo que sí ponen de manifiesto es que siempre estarán a salvo
los derechos de los importadores cuando haya una indebida
aplicación de un método de valoración.

Finalmente, sobre la supuesta violación del imperativo de
coherencia sistémica de nuestro ordenamiento, porque según
la parte demandante, no la hay entre los precios de
transferencia y los precios en aduana, estima la Sala que el
cargo no tiene vocación de prosperidad, pues el mismo parte
de la premisa de la fijación de precios arbitraria, caprichosa e
irreal, que, como ya se analizó anteriormente frente a otra
censura, no tiene sustento jurídico alguno.

Así pues, para la Sala la parte actora no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de que gozan los actos acusados,
razón por la cual deben denegarse las súplicas de la
demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, los cargos de la demanda que fueron

estudiados en la sentencia de 4 de mayo de 2011, esto es, la

violación del Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994- Acuerdo sobre

Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sus

principios y reglas, el Decreto núm. 2685 de 1999 y la Resolución

núm. 4240, la Resolución núm. 846 de la Secretaría General de la

Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 571 y la Opinión núm.

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2.1 del Comité Técnico de Valoración de la Aduana de la OMC y el

concepto de violación, coinciden con la misma causa petendi del

primer cargo, contra los artículos 2º, 5º, 7º y 10º del Decreto

4431, y del segundo cargo, en lo concerniente a los artículos 7º y

10º del citado Decreto 4431, que plantea la actora, en este

proceso.

De tal manera que se cumplen los supuestos fácticos del artículo 175

del CCA, en la medida en que existe identidad de objeto y de causa

petendi, razón por la cual debe declararse probada la excepción de

cosa juzgada y estarse a lo dispuesto en la sentencia de 4 de mayo

de 2011, (Expediente núm. único de radicación 11001-03-24-000-

2005-00107-01), proferida por la Sección Primera de esta

Corporación, respecto de las acusaciones señaladas (en este acápite)

en el primer cargo, contra los artículos 2º, 5º, 7º y 10º del

Decreto 4431; y en el segundo cargo, en lo concerniente a los

artículos 7º y 10º del citado Decreto 4431, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Ahora, frente al segundo cargo, relativo a que el artículo 11º del

Decreto 4431 no está ajustado a derecho, en cuanto prevé como

causal de aprehensión y decomiso la introducción de mercancías

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procedentes de las zonas de Régimen Aduanero Especial con precios

por debajo de los precios indicativos y por cuanto con ello se castiga o

sanciona al importador, las consideraciones expuestas en la citada

sentencia de 4 de mayo de 2011 aparecen válidas para demostrar la

legalidad de dicha disposición, teniendo en cuenta que este cargo fue

sustentado en idénticos términos a como se hizo sobre el cargo

formulado por la actora en contra del artículo 10º del citado decreto.

Es decir, el citado artículo 11º cuestionado no establece sanción

alguna, pues ni la aprehensión de las mercancías, ni la prestación de

una garantía para retirarlas, constituyen sanción o penalización, dado

que se trata de medidas cautelares.

Además, se reitera que cuando la Administración fija los precios

estimativos o indicativos en aduana, señalados en la norma acusada,

sobre la base de una metodología, estos no son arbitrarios, ni

ficticios, sino reales, pues obedecen a criterios claramente

determinados y descartan una duda razonable que las normas

comunitarias e internacionales admiten, aunado a que los artículos 14

y 15 de la Decisión 571 de la Comunidad Andina, se refieren,

respectivamente, a la aplicación del artículo 17 del Acuerdo de Valor

de la OMC entre los Países Miembros y a la responsabilidad de las

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Administraciones Aduaneras respecto del control y fiscalización

previa, durante y posterior a la importación, función que permite

acudir a la aplicación de medidas cautelares en el marco de la

controversia de valor.

En todo caso, se reitera que el importador dispone de las

herramientas de que tratan los artículos 504 a 521 del Estatuto

Tributario y del CCA para desvirtuar la aplicación del método (para

determinar el valor en aduana de la mercancía) tanto ante la

Administración como ante esta Jurisdicción, mediante procedimientos

reglados, aún en el caso de que la mercancía sea aprehendida.

Y en cuanto al tercer cargo, atinente a que se desconoce el principio

de publicidad, cuando la DIAN fija precios indicativos sin haber

reglamentado la metodología, de que trata el último inciso del artículo

5º del Decreto 4431, la Sala debe señalar que no se desconoció

dicho principio, pues la DIAN, a través de la Resolución 05560 de

2005, dio a conocer la reglamentación relativa a la aplicación de los

precios indicativos, la cual a su vez se fundamenta en el documento

“Metodología para la Determinación y Aplicación de Precios

Estimados”, que en lo pertinente se aplica también para los precios

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indicativos, conforme se puso de presente en la sentencia antes

citada.

Vale la pena recordar24 que los precios estimativos e indicativos en

aduana, sobre la base de una metodología, que fija la Administración,

son mecanismos de control de referencia para el control de la

declaración de las mercancías que se importan al país, que reflejan la

realidad, no son ficticios y ratifican la posición de Colombia frente a

los precios negociados, en cuanto reconocen y respetan la neutralidad

con que debe determinarse la base gravable de las mercancías y

utilizan para este fin la técnica señalada (los 6 métodos de valor de

mercancías en aduana) en el Acuerdo de Valoración.

Por consiguiente, no prosperan los cargos segundo y tercero,

formulados contra el Decreto 4431.

. NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 5660 DE 2005

La citada Resolución es del siguiente tenor:

“[…] RESOLUCION 5660 DE 2005
(julio 5)
Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
4240 del 2 de junio de 2000.

24
Así lo señaló la citada sentencia de 4 de mayo de 2011.

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El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales,

En uso de las facultades conferidas en el literal i) del artículo
19 del Decreto 1071 de 1999 y el Decreto 2685 de 1999,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modifícase el inciso 3° del artículo 171 de la
Resolución 4240 de 2000, el cual quedará así:
"El precio tomado como base de valoración para la mercancía
a la que se le determina el valor en aduana, en aplicación del
método del Último Recurso, es, en el caso de los estimados,
el registrado en el nivel superior del rango y en los de los
precios de referencia y los precios de referencia indicativos, el
fijado en el correspondiente acto administrativo".

Artículo 2°. Modifícase parcialmente el artículo 172 de la
Resolución 4240 de 2000, el cual quedará así:
"Artículo 172. Controversias. Durante la diligencia de
inspección aduanera en el proceso de importación, la
controversia de valor puede ser originada por cualquiera de
las situaciones descritas a continuación, en las cuales se
actuará de la manera prevista en el numeral respectivo,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 128 del
Decreto 2685 de 1999 y 17 de la Decisión Andina 571:

1. Cuando no se presente la Declaración Andina del Valor o
esta no corresponda a la mercancía declarada o a las
declaraciones de importación, corrección, legalización o
modificación de la declaración de que se trate, sólo se
autorizará el levante si el declarante, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección,
presenta la Declaración Andina del Valor respectiva,
debidamente diligenciada y paga las sanciones que
correspondan.

Cuando la Declaración Andina del Valor no esté completa y
correctamente diligenciada, no tenga los datos del declarante
o no se encuentre firmada, sólo se otorgará el levante si el
declarante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
práctica de la inspección presenta la Declaración Andina del
Valor debidamente diligenciada.

2. Cuando no se presenten los documentos soporte de
cualquiera de los elementos conformantes del valor en
aduana o tales documentos no estén vigentes, sólo se
autorizará el levante si el declarante, dentro de los cinco (5)

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días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección,
presenta los originales en debida forma.

Si los documentos soporte no reúnen los requisitos legales, en
especial los establecidos en los artículos 187 y 188 de esta
resolución, sólo se autorizará el levante si el declarante
acredita las omisiones o inexactitudes, mediante la
certificación de quien expidió el documento, siempre y cuando
dicha certificación no conlleve la reducción de la base
gravable. En ausencia de tal acreditación, también podrá
autorizarse el levante, si dentro del mismo lapso el declarante
constituye una garantía en la forma dispuesta en el artículo
527 de esta resolución.

Cuando los citados documentos presenten borrones,
enmendaduras o muestra de alguna adulteración, sólo se
autorizará el levante si dentro de los cinco (5) días siguientes
a la práctica de la inspección, el declarante constituye una
garantía en la forma prevista en el artículo 527 de esta
resolución.

3. Cuando la controversia se origine en razón a que el valor
FOB declarado es inferior al precio de referencia, sólo se
autorizará el levante, si dentro de los cinco (5) días siguientes
a la práctica de la diligencia de inspección, el declarante
aporta los documentos que acrediten que el valor declarado
como base gravable representa la cantidad total
efectivamente pagada o por pagar, con los ajustes de que
trata el artículo 8 del Acuerdo, constituye una garantía en la
forma dispuesta en el artículo 523 de esta resolución o corrige
el precio declarado con el precio de referencia que
corresponde al producto importado o con el precio real de
negociación, siempre que sea superior al de referencia.

4. Cuando dentro de la documentación presentada para
revisión e inspección de la mercancía, el inspector encuentra
algún dato que le haga dudar razonablemente de la veracidad
o exactitud del valor declarado, formulará la controversia y
sólo se autorizará el levante si, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la práctica de la diligencia, el declarante acredita
que la base gravable representa la cantidad total
efectivamente pagada o por pagar con los ajustes de que
trata el artículo 8° del acuerdo o corrige la Declaración en la
forma prevista en el artículo 168 de la presente resolución o
constituye una garantía conforme a lo dispuesto en los
artículos 523 o 527 de esta Resolución, según corresponda.

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5. Cuando la controversia se origine en razón a que el valor
FOB declarado, está dentro del rango de los precios estimados
y por debajo del margen superior, sólo se autorizará el
levante si, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica
de la diligencia, el declarante presenta los documentos que
acrediten que el valor declarado como base gravable,
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar
con los ajustes de que trata el artículo 8 del Acuerdo o
constituye una garantía en la forma dispuesta en el artículo
523 de esta resolución o corrige el precio declarado con el
precio del nivel superior al cual corresponde el producto
importado o con el precio real de negociación, siempre que
sea superior al de dicho nivel.

6. Cuando la controversia se origine en razón a que el valor
FOB declarado está por debajo del margen inferior de los
precios estimados, sólo se autorizará el levante si, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia, el
declarante corrige la Declaración de Importación o constituye
garantía en la forma dispuesta en el artículo 523 de esta
Resolución. La corrección del precio declarado se hará al
precio del nivel superior al cual corresponde el producto
importado o al precio real de negociación, siempre que sea
superior al de dicho nivel.

7. Cuando la controversia se origine en razón a que el valor
FOB declarado está por debajo del precio indicativo,
establecido por el Director de Aduanas para el producto que
corresponda, sólo se autorizará el levante si, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia, el
declarante corrige el precio declarado con el precio indicativo
que corresponda al producto importado o con el precio real de
negociación, siempre que sea superior al indicativo.

8. Cuando la controversia se origine en razón a que el precio
consignado en la factura o en cualquiera de los demás
elementos conformantes del valor en aduana, resulten
ostensiblemente bajos, sólo se autorizará el levante si, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia, el
declarante constituye una garantía en la forma dispuesta en el
artículo 523 de esta resolución o corrige el precio declarado
con el precio de referencia o con el precio real de negociación,
siempre que sea superior al de referencia utilizado para
formular la controversia.

Las sanciones resultantes de las infracciones que se
configuren se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 521 del Decreto 2685 de 1999. Cuando se cumpla con

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lo previsto en el inciso segundo del numeral 1 o en los
numerales 3 y 5 a 8 de este artículo, no se causará sanción
alguna durante el proceso de inspección.

En todo caso, al otorgarse el levante de una mercancía
respecto de la cual se haya configurado una controversia de
valor, el inspector debe tener certeza de que las pruebas
aportadas por el importador o declarante son veraces y
suficientes para corroborar que el precio realmente pagado o
por pagar corresponde al declarado por el importador. De lo
contrario, se deberá exigir la constitución de una garantía en
los términos previstos en los artículos 523 o 527 de la
presente Resolución, según el caso.

Parágrafo 1°. Los documentos que acreditan el precio
efectivamente pagado o por pagar, son todos aquellos que
demuestran el pago que por la mercancía importada se haya
efectuado o va a efectuar el comprador al vendedor. Dichos
documentos son la Declaración de Cambio, comprobantes o
abonos bancarios, carta de crédito, órdenes de compra, notas
u órdenes de pedido, confirmación de pedidos o contrato de
compraventa, entre otros. Estos mismos documentos podrán
ser utilizados en los estudios o investigaciones de fiscalización
aduanera.

Parágrafo 2°. El funcionario aduanero deberá generar la
controversia de valor respectiva cuando hubiere lugar a ella,
de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, so pena de
incurrir en las sanciones disciplinarias que puedan generarse
por la omisión de tal hecho.

Parágrafo 3°. Cuando el importador haya constituido
garantía para obtener el levante o haya corregido la base
gravable a partir del precio de referencia establecido, el
funcionario inspector deberá remitir, en el menor tiempo
posible a través de su jefe inmediato, fotocopia de la
Declaración de Corrección, de la documentación aportada por
el importador y de la garantía a la División de Fiscalización
Aduanera, para el correspondiente estudio de valor.

Parágrafo 4°. Las personas jurídicas reconocidas e inscritas
como Usuarios Aduaneros Permanentes o como Usuarios
Altamente Exportadores, no están sometidas al control de los
precios de referencia, estimados o indicativos.

Artículo 3°. Modifícanse los incisos 1° y 2° del artículo 431-1
de la Resolución 4240 de 2000, los cuales quedarán así:

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"Artículo 431-1 Imposición de la medida cautelar de la
inmovilización y aseguramiento de la mercancía.

Si en ejercicio del control posterior el funcionario de la
División de Fiscalización Aduanera o de la dependencia
competente, advierte que en la Declaración de Importación se
han consignado precios por debajo de los indicativos o del
margen inferior de los precios estimados, deberá inmovilizar y
asegurar la mercancía correspondiente, mediante acta
motivada en la que indique su descripción, el precio unitario,
precio total declarado y el sustento legal de la inmovilización.
El acta deberá notificarse siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 563 del Decreto 2685 de 1999.

La mercancía inmovilizada será almacenada en las bodegas o
depósitos que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para el efecto, mientras se surte el procedimiento
consagrado en el artículo 507 y siguientes del Decreto 2685
de 1999, para la formulación de liquidación oficial de revisión
del valor. El procedimiento culmina con la formulación de la
Liquidación Oficial de Revisión del Valor, cuando no se
acredite que el valor declarado se ajusta a las normas de
valoración o con el archivo del expediente y la devolución de
la mercancía inmovilizada respecto de la cual se adoptó la
medida cautelar".

Artículo 4°. Modifícase el artículo 431-2 de la Resolución
4240 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 431-2 Aprehensión y Decomiso de mercancías
procedentes de Zonas de Régimen Aduanero
Especial. De conformidad con lo previsto en el artículo 502-1
del Decreto 2685 de 1999, si en ejercicio del control posterior
el funcionario de la División de Fiscalización Aduanera o de la
Dependencia competente, constata en la Factura de
Nacionalización, de mercancías procedentes de Zonas de
Régimen Aduanero Especial bajo la modalidad de envíos o de
viajeros, precios por debajo de los indicativos o del margen
inferior de los precios estimados, ordenará su aprehensión y
decomiso según procedimiento establecido en los artículos
504 y siguientes del Decreto 2685 de 1999 y demás
disposiciones concordantes".

Artículo 5°. Comprobación del precio pagado o por pagar. La
utilización de los estudios de valor como medio de prueba del
precio realmente pagado o por pagar, en el control previo,
sólo podrá ser válida en los casos en los cuales el respectivo
estudio haya recibido el aval de la Subdirección Técnica

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Aduanera y siempre que se trate de mercancía idéntica
amparada por la misma negociación, realizada bajo iguales
hechos y circunstancias.
[…]”.

CARGOS CONTRA LA RESOLUCIÓN 05660 DE 2005

El primer cargo se refiere a que se evidencia la arbitrariedad de la

medida de precios indicativos, cuando en el artículo 2º de la

Resolución 5660 de 2005, obliga al importador a sustituir el precio

declarado por el indicativo y a determinar la base gravable con el

precio oficialmente fijado por la DIAN.

Que, asimismo, se vulnera lo prescrito en el párrafo 2º del artículo 7º

del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que prevé que el valor en

aduana no se basará, entre otros, en valores mínimos ni arbitrarios o

ficticios, así como el artículo 45, párrafo 2º, del Reglamento

Comunitario- Resolución 846 de la Comunidad Andina-, al fijar valores

oficiales.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 23 de

mayo de 201325, que prohijó la citada sentencia de 4 de mayo de

2011, en la que esta Sección precisó lo siguiente con respecto a los

precios estimados o indicativos y sus diferencias con los precios

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo
de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación11001-03-24-000-2003-00204-01.

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obligatorios:

“[…] Pues bien, a fin de abordar el estudio de legalidad
propuesto, es pertinente recalcar la obligatoriedad que para
Colombia rige en materia de la aplicación del Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio GATT, la cual emana del texto del
Acuerdo de Marrakech, en el que se lee que el mismo es
vinculante para sus Miembros26, y como tal, este fue
incorporado a las legislaciones interna y subregional,
mediante la Ley 179 de 1994 y la Decisión 326 de la CAN,
respectivamente. Ahora, el GATT, como uno de los
Acuerdos comerciales de la OMC, es de obligatorio
cumplimiento para Colombia, siendo el acápite de
Valoración Aduanera, integrante de aquel.

En concordancia con lo anterior el Título VI del Decreto 2685
de 1999 sobre Valoración Aduanera, remite en su artículo
247 a los métodos de valoración señalados en el
Acuerdo, de forma tal que tanto la administración como
los importadores, han de dar estricta observancia a lo
allí señalado para efectos de establecer el valor de las
mercancías objeto de tráfico internacional.

Los artículos 247 y 248 del Estatuto Aduanero, preceptúan los
métodos de valoración aduanera, acogiendo el Código de
Valor del GATT de 1994 así:

“Artículo 247. Métodos para determinar el valor en aduana.

Los métodos para determinar el valor en aduana según el
Acuerdo son los siguientes:

Método del "Valor de Transacción". Se regirá por lo dispuesto
en los artículos 1° y 8° del Acuerdo y sus Notas
Interpretativas.

26
El artículo 2.2., del Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del
Comercio dispone:
“Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en
adelante “Acuerdos Comerciales Multilaterales”) forman parte integrante del presente Acuerdo y son
vinculantes para todos sus Miembros”.
Por su parte, el artículo 22.1. del Acuerdo de Valoración del GATT señala:
“Cada Miembro se asegurará de que, a más tardar en la fecha de aplicación de las disposiciones del
presente Acuerdo para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. (Subrayado fuera de texto).

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Método del "Valor de Transacción de Mercancías Idénticas".
Se regirá por el artículo 2 del Acuerdo y su Nota
Interpretativa.

Método del "Valor de Transacción de Mercancías Similares".
Se regirá por el artículo 3 del Acuerdo y su Nota
Interpretativa.

Método "Deductivo". Se regirá por el artículo 5° del Acuerdo y
su Nota Interpretativa.

Método del "Valor Reconstruido". Se regirá por el artículo 6°
del Acuerdo y su Nota Interpretativa.

Método del "Último Recurso". Se regirá por el artículo 7° del
Acuerdo y su Nota Interpretativa.

Artículo 248. Aplicación sucesiva de los métodos de
valoración.

Cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las
reglas del Método del valor de Transacción, se determinará
recurriendo sucesivamente a cada uno de los Métodos
siguientes previstos en el Acuerdo, hasta hallar el primero que
permita establecerlo, excepto cuando el importador solicite y
obtenga de la autoridad aduanera, autorización para la
inversión del orden de aplicación de los métodos de valoración
"Deductivo" y del "Valor Reconstruido". (Subrayado fuera de
texto).

Así las cosas, y dado que las listas de precios oficiales o
mínimos no constituyen un método de los previstos en el
Acuerdo para efectos de establecer el valor de las mercancías
importadas, resulta necesario partir de la conceptualización
de aquellos, para así revelar su eventual uso en el marco de
los medios de control y/o fiscalización con que cuenta la
autoridad aduanera, según indicaron las entidades
demandadas, pues el reparo legal en cuanto su utilización no
implica la imposibilidad de la administración para comprobar
la veracidad del valor declarado por el usuario, en los
términos del artículo 17 del Acuerdo de Valor del GATT27.

Pues bien, el precio oficial, era definido por el texto del
anterior artículo 237 del Estatuto Aduanero como “el

27
“Artículo 17
Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o
ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud
de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”.

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precio o valor fijado por la Dirección de Aduanas
mediante resolución, para efectos de determinar la
base gravable, el cual será de obligatorio
cumplimiento”. (Subrayado fuera de texto). Nótese que lo
característico de éste estribaba en su obligatoriedad de forma
tal que, si el valor en aduana declarado por el importador
resultaba inferior a aquel, debía necesariamente corregir la
declaración de importación para adoptar el precio oficial
indicado por la DIAN y con fundamento en él liquidar los
tributos aduaneros. Fue este sistema el que, según se anotó,
sobrevino prohibido para Colombia, dada la expiración de la
reserva formulada ante la OMC, que le permitía dar uso a los
precios oficiales, frente a determinadas subpartidas
arancelarias, hasta el 30 de abril del año 200328.

Ahora, el precio de referencia y el estimado, contaban
con la siguiente definición según los términos
estipulados en el artículo 237, en su versión vigente para
la época de la demanda29:

“Precio de referencia: El precio establecido por la Dirección de
Aduanas, tomado con carácter indicativo para controlar
durante el proceso de inspección, el valor declarado para
mercancías idénticas o similares. También serán considerados
precios de referencia los incorporados al banco de datos de la
Aduana como resultado de los estudios de valor, así como los
tomados de otras fuentes especializadas.

“Precio estimado: Es aquel precio de referencia establecido en
términos de márgenes o rangos mediante acto administrativo
expedido por la Dirección de Aduanas, para ser utilizado como
mecanismo de control de los precios FOB declarados por las
mercancías importadas o introducidas al resto del territorio
nacional”. (Subrayado fuera de texto).

[…]

Sobre la posible utilización de los precios de referencia, es
pertinente traer a colación lo señalado en Sentencia de esta
Sección de 04 de mayo de 2011, Exp. No. 2005-00107-01,
M.P. Dra. Maria Elizabeth García, en la que se puntualizó lo
siguiente:
[…]

28
A folios 180 a 182 del expediente obra el documento G/VAL/26 de 18 de mayo de 2000, en el que
consta la Decisión de la OMC relativa a la reserva formulada por Colombia, de conformidad con el
párrafo 2 del Anexo III del Acuerdo.
29
El artículo 237 del Estatuto Aduanero fue modificado por los Decretos 4431 de 2004 y 111 de 2010.

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No obstante, es de recibo prohijar en el presente proceso los
razonamientos de legalidad que la jurisprudencia invocada
esboza, al encontrar ambos procesos una correspondencia
conceptual en lo que hace a los planteamientos jurídicos que
llevan a admitir el uso de precios de referencia y/o
estimados bajo la condición de que estos sirvan
únicamente a manera de guía para el control del valor
declarado de las mercancías importadas, según se
señaló.

En este orden, y habiendo esclarecido la facultad de acudir a
los precios de referencia con fines indicativos, obsérvese que
existe una diferencia sustancial entre el precio oficial y
los precios de referencia y/o estimados, consistente en
que aquel es de obligatorio cumplimiento, mientras que
estos últimos, se recalca, sirven como simple pauta
para efectos del control del valor declarado. Así, los
precios de referencia y estimados resultarán contrarios a las
disposiciones superiores invocadas por la actora en la medida
en que estos impliquen obligatoriedad para el usuario, pues
ello equivaldría a la no utilización prioritaria y sucesiva de los
métodos del Acuerdo de Valoración, sino a la aplicación
directa de los valores establecidos por la administración
aduanera.

Lo anterior supone, entonces, que los precios de referencia
y/o estimados no han de utilizarse con vocación de
obligatoriedad, pues como lo indica, además, la
interpretación prejudicial allegada a este proceso, los
mismos “tienen un carácter meramente indicativo que
no riñe con la valoración aduanera, como sí lo hacen los
valores mínimos oficialmente establecidos que tienen
un carácter obligatorio”. (Subrayado fuera de texto).

En este orden, y siguiendo los planteamientos del fallo
prohijado, se vislumbra que las normas demandadas del
Decreto 1161 del 2002 no transgreden la normativa sobre
valoración aduanera del GATT ni las Decisiones Andinas 378 y
379, pues de la lectura de las mismas se infiere que al
suscitarse la respectiva controversia de valor, el importador
cuenta con la posibilidad legal de allegar los documentos que
demuestran que el valor declarado es el precio pagado o por
pagar aunque el mismo no coincida con el precio de
referencia, lo cual constata que al usuario no le es menester
proceder, imperiosamente, a su adopción. Asimismo, puede
constituir la garantía prevista en la normativa acusada, en
caso de aprehensión de la mercancía, mientras se surte el
respectivo proceso de determinación de valor, lo cual halla

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fundamento legal en el artículo 13 del Acuerdo de Valoración
Aduanera30. Ello demuestra que el precio estimado, tal como
se halla regulado en las normas demandadas del Decreto
1161 de 2002, no es obligatorio para el usuario, por lo que es
improcedente declarar su nulidad.

[…]

De otro lado, no sobra hacer referencia a lo señalado por la
sentencia prohijada en el sentido que los precios de referencia
no pueden considerarse como ficticios al consultar fuentes de
valores de mercado internacionales, según señalaron las
partes demandadas, sin que la demandante refutara tal
afirmación en la oportunidad procesal pertinente31.
[…]
En este orden, no sobra insistir en que no resulta de recibo
frente al Acuerdo de Valor, el imponer la adopción del precio
de referencia o estimado de que se trate, pues ello equivaldría
a equipararlo a un precio oficial o mínimo. Al contrario, el
importador debe contar con la oportunidad efectiva de
demostrar que el precio declarado es o fue el realmente
pagado o por pagar, aunque no coincida con el de referencia;
y, si no es el método del valor de transacción el
utilizable, se ha de dar aplicación a los demás hasta
llegar al del último recurso, el cual sí admite la
invocación de precios estimados pero sólo, se reitera,
habiéndose descartado los anteriores métodos
señalados por el Acuerdo.

Del mismo modo, es de reiterar que en los términos de la
interpretación prejudicial allegada a este proceso, “el objetivo
principal de los controles aduaneros en materia de valoración
es garantizar la utilización del valor de transacción (método
principal); verificar la aplicación correcta de los métodos
secundarios de valoración cuando éstos deban utilizarse; y,
prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, tales
como, la utilización de valores teóricos o estimados, o
sencillamente fraudulentos”.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

30
Artículo 13.
“Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resultase
necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías podrá no
obstante retirarlas de la Aduana si, cuando así se le exija, presta una garantía suficiente en forma de
fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago de los derechos de aduana a que puedan
estar sujetas en definitiva las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de cada
Miembro”. (Subrayado fuera de texto).
31
A folios 313 a 321 del expediente obran alegatos de conclusión de la parte demandante.

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En virtud de lo señalado en la sentencia antes transcrita, debe

advertirse que los precios oficiales se diferencian de los precios de

referencia y/o estimados o indicativos, en que aquellos son de

obligatorio cumplimiento, mientras que estos sirven como simple pauta

para efectos del control de valor declarado, permiten la utilización

prioritaria y sucesiva de los métodos del Acuerdo de Valoración, no

han de utilizarse con vocación de obligatoriedad y “tienen un

carácter meramente indicativo que no riñe con la valoración

aduanera, como sí lo hacen los valores mínimos oficialmente

establecidos que tienen un carácter obligatorio”.

Igualmente, se debe puntualizar que el importador debe contar con la

oportunidad efectiva de demostrar que el precio declarado es o fue el

realmente pagado o por pagar aunque no coincida con el de

referencia; y, si no es el método del valor de transacción el utilizable,

se ha de dar aplicación a los demás hasta llegar al del último

recurso, el cual sí admite la invocación de precios estimados

pero solo habiéndose descartado los anteriores métodos

señalados por el Acuerdo.

En el caso bajo examen, el artículo 1º de la Resolución núm.

05560 hace referencia a la utilización de precios estimados, para

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determinar el valor de la mercancía, en aplicación del método del

Último Recurso, el cual según el artículo 247 del Decreto 2685 se

regirá por el artículo 7º del Acuerdo de Valor y su nota interpretativa.

Los precios estimados, a que alude la norma acusada, son de posible

utilización y tienen soporte en la normativa internacional y

comunitaria a que se refiere la Decisión 571, bajo los estrictos

parámetros señalados en la respectiva definición, esto es, que sirvan

únicamente a manera de guía para fines de control del valor de las

mercancías importadas y en aplicación del método de valoración

del Último Recurso.

Al ser precios estimados no han de utilizarse con vocación de

obligatoriedad y de sustituir el precio declarado, conforme lo adujo la

actora, pues los mismos “tienen un carácter meramente

indicativo que no riñe con la valoración aduanera”, en tanto

permiten la utilización prioritaria y sucesiva de los métodos del

Acuerdo de Valoración de la OMC.

Se deben “[…] utilizar como instrumento para la valoración una vez

que se hayan agotados los otros cinco métodos de valoración

aduanera, es decir, sólo es plausible en el marco del método del

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último recurso […]”, conforme se precisó en la Interpretación

Prejudicial rendida en este proceso.

Además, no puede perderse de vista que el artículo 7° del Acuerdo de

Valor de la OMC, indica que si el valor en aduana de las mercancías

importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los

artículos 1° a 6° inclusive (se refieren a los 6 métodos de valoración

de la OMC y de la Comunidad Andina, antes expuestos en las citadas

sentencias), dicho valor se determinará según criterios

razonables, compatibles con los principios y las disposiciones

generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994,

sobre la base de datos disponibles en el país de importación”.

En efecto, el importador cuenta con la oportunidad efectiva de

demostrar que el precio declarado es o fue el realmente pagado o por

pagar aunque no coincida con el de referencia y si no es el método

del valor de transacción el utilizable, ha de dar aplicación a los demás

hasta llegar al del Último Recurso, el cual, se reitera, sí admite la

invocación de precios estimados, pero sólo habiéndose descartado los

anteriores métodos señalados por el Acuerdo.

Por lo tanto, los referidos precios estimados no son arbitrarios, ni

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mínimos, ni ficticios, ni son valores oficiales, ni violan el párrafo 2º del

artículo 7º del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que establece que

el valor en aduana no se basará, entre otros, en valores mínimos ni

arbitrarios o ficticios, así como tampoco el artículo 45, párrafo 2º,32 del

Reglamento Comunitario- Resolución 846 de la Comunidad Andina-,

habida cuenta de que no son obligatorios y corresponden a unos

métodos de valoración que tienen soporte en la normativa

internacional y comunitaria, en tanto con estos precios estimados se

busca es que los mismos no sean ficticios, en perjuicio de la

economía y la competencia nacional e internacional, sino que reflejen

la realidad y lo previsto en las normas internacionales.

El segundo cargo se refiere a que se violó el principio de

contradicción y el derecho de defensa del importador, cuando en el

artículo 2º de la Resolución 5660 de 2005 se obliga a éste a

sustituir el precio declarado por el indicativo y a determinar la base
32
“[…] Artículo 45. 1. Prohibiciones. No obstante la flexibilidad permitida en la aplicación del “Último
Recurso” o la posibilidad de utilizar criterios razonables, este hecho no podrá interpretarse en el sentido
de utilizar procedimientos arbitrarios que sean contrarios a los principios y disposiciones del Acuerdo
sobre Valoración de la OMC y del artículo VII del GATT.
2. El valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en:
a) el precio de venta en el Territorio Aduanero Comunitario de mercancías producidas en dicho país;
b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más alto de dos valores
posibles;
c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador;
d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para
mercancías idénticas o similares de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo sobre Valoración de la
OMC.
e) el precio de las mercancías vendidas para exportación a un país distinto del Territorio Aduanero
Comunitario.
f) valores en aduana mínimos;
g) valores arbitarios o ficticios. […]” (Las negrillas fuera de texto).

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gravable con el precio oficialmente fijado por la DIAN, so pena de no

obtener el levante de las mercancías, sin darle la oportunidad de

presentar explicaciones escritas, documentos y pruebas

complementarias, que demuestran que el valor declarado representa la

cantidad total realmente pagada o por pagar de las mercancías

importadas.

Se alegó, además, que las medidas cautelares impuestas por los

artículos 3º y 4º de la Resolución en referencia son violatorias

de los principios y normas generales sobre valoración aduanera, pues

en la práctica la inmovilización de la mercancía conduce a una

pérdida de la misma.

Al respecto, la Sala considera que el artículo 2º de la Resolución

núm. 05660 no transgrede el principio de contradicción ni el derecho

de defensa del importador, pues de su lectura, se infiere que al

suscitarse la respectiva controversia de valor, el importador cuenta

con la posibilidad legal de allegar los documentos que demuestran

que el valor declarado como base gravable representa el precio

pagado o por pagar aunque el mismo no coincida con el precio de

referencia, lo cual constata que al usuario no le es menester

proceder, imperiosamente, a su adopción, en tanto prevé que dentro

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de los cinco días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección

aduanera en el proceso de importación puede presentar la

Declaración Andina del Valor debidamente diligenciada y/o los

documentos que acrediten que el valor declarado se ajusta a las

normas de valoración, o corregir la declaración de importación.

Asimismo, el importador puede constituir la garantía bancaria

conforme a lo dispuesto en los artículos 52333 o 52734 de la

Resolución núm. 4240, mientras se surte el respectivo proceso de

determinación de valor, lo cual halla fundamento legal en el artículo

13 del Acuerdo de Valoración Aduanera35.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que el mismo artículo 2º de la

Resolución 05660 señala que “[…] En todo caso, al otorgarse el

levante de una mercancía respecto de la cual se haya configurado

una controversia de valor, el inspector debe tener certeza de que las

33
“[…] ARTÍCULO 523. GARANTÍA POR CONTROVERSIA DE VALOR. Para efectos de lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, la garantía deberá constituirse por el cien por
ciento (100%) de los tributos aduaneros que pudiesen causarse por la diferencia entre el valor declarado
por el importador y el precio determinado según lo previsto en el artículo 172 de la presente resolución,
por el funcionario competente durante la diligencia de inspección [...]”.
34 “[…] ARTÍCULO 527. GARANTÍA POR DEMORAS EN LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA DEL VALOR. Para

efectos de lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo de Valoración de la OMC, cuando no sea posible
aceptar o determinar el valor en aduana definitivo, la garantía se constituirá por el doscientos por ciento
(200%) de los tributos aduaneros declarado […]”.
35
Artículo 13.
“Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resultase
necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías podrá no
obstante retirarlas de la Aduana si, cuando así se le exija, presta una garantía suficiente en forma de
fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago de los derechos de aduana a que puedan
estar sujetas en definitiva las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de cada
Miembro”. (Subrayado fuera de texto).

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pruebas aportadas por el importador o declarante son veraces y

suficientes para corroborar que el precio realmente pagado o por

pagar corresponde al declarado por el importador […].”

Ello, en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo de

Valor de la OMC36, que establece que ninguna de las disposiciones de

este instrumento internacional podrá interpretarse en el sentido que

restrinja el derecho de la Administración de Aduanas de comprobar la

veracidad o exactitud de toda información, lo cual es explicado en la

Nota Interpretativa37, que es de obligatorio cumplimiento, en el

Anexo III del citado Acuerdo, y por la Opinión Consultiva núm. 10.1

del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC.38

Y de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Decisión 571 de la

CAN, que se refieren, respectivamente, a la aplicación del artículo 17
36
“[…] ARTÍCULO 17. Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un
sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la
veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de
valoración en aduana […]”.
37
“[…] El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones
de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información,
documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo
reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los
elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la
determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y
procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en
esas investigaciones […]”.
38
En la referida Nota Explicativa se indicó:
“[…] Según el Acuerdo la mercancías importadas deben valorarse sobre la base de los elementos de
hecho reales. … . Cabe observar a este respecto que el artículo 17 del Acuerdo y el párrafo 6 del anexo
III hacen hincapié en el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la
exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana.
De ello se deduce que no puede exigirse a una Administración que se fíe de una documentación
fraudulenta […]”.

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del Acuerdo de Valor de la OMC entre los Países Miembros y a la

responsabilidad de sus Administraciones Aduaneras respecto del

control y fiscalización previa, durante y posterior a la

importación, función que permite la toma de dichas medidas

cautelares.

Frente a este punto, es del caso traer a colación lo señalado por la

Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto

sostuvo:

“[…] Para realizar una adecuada inspección de los valores
declarados por el importador en el marco de lo anteriormente
mencionada, la administración está facultada para
realizar todos los controles e investigaciones
necesarias para el efecto, dentro de los que se
encuentran los controles previos y durante el despacho,
así como los posteriores a la importación (artículos 14 y
15 de la Decisión 571) […]” (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).

En todo caso, el importador, como se dijo anteriormente, dispone de

las herramientas de que tratan los artículos 504 a 521 del Estatuto

Tributario y del CCA para desvirtuar la aplicación del método tanto

ante la Administración como ante esta Jurisdicción, mediante

procedimientos reglados, aún en el caso de que la mercancía sea

aprehendida, luego no queda sin posibilidad de defenderse mediante

un debido proceso.

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Ahora, en cuanto al argumento de la actora, consistente en que las

medidas cautelares impuestas por los artículos 3º y 4º de la

Resolución 5660 en referencia son violatorias de los principios y

normas generales sobre valoración aduanera, la Sala observa que no

le asiste razón dado que no son estas disposiciones las que prevén la

inmovilización y la aprehensión de la mercancía como medida

cautelar, sino que es el Decreto 2685, en sus artículos 50239 y 470,

literal k)40, desarrollado por aquellos, el que alude a que es función

de fiscalización y control de la DIAN “tomar las medidas cautelares

necesarias para la debida conservación de la prueba incluyendo la

aprehensión de la mercancía”41.

Igualmente, cabe mencionar que es permitido acudir a la aplicación

de medidas cautelares en el marco de la controversia de valor, en los

términos del artículo 13 del Acuerdo de Valor del GATT, sin que de la

cuestionada disposición se deduzca que el usuario requiera acoger el

precio estimado o de referencia correspondiente.

39
“[…] ARTICULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la
aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: […]”
40
“[…] ARTICULO 470. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL. Dentro de las facultades de
fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá:
[…]
k) Tomar las medidas cautelares necesarias para la debida conservación de la prueba, incluyendo la
aprehensión de la mercancía. Cuando se encuentre mercancía declarada por debajo de los precios
indicativos o del margen inferior de los precios estimados, se adoptarán las medidas cautelares a que se
refiere el presente literal, las cuales se mantendrán hasta que culmine el procedimiento administrativo
sancionatorio para la expedición de liquidaciones oficiales […]”.
41
Así se señaló en la providencia de 8 de febrero de 2007, por medio de la cual negó la suspensión
provisional de los actos demandados en este proceso, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 2005-
00065).

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El tercer cargo es el concerniente a que a través del artículo 5º de

la Resolución 5660 de 200542 la DIAN asigna funciones a la

Subdirección Técnica Aduanera que no están señaladas en el Decreto

1265 de 13 de julio de 199943, ni están acordes con la naturaleza de

esa dependencia y que dicha disposición contradice los principios de

economía, celeridad y eficiencia, al aumentar trámites y ocasionar

demoras en la revisión.

Para la Sala este cargo no tiene vocación de prosperar, toda vez que

dicha disposición se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo

24 del Decreto 1265, “Por el cual se organiza internamente y se

distribuyen las funciones de la Unidad Administrativa Especial

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, en atención a que las

funciones a que dicha dependencia le corresponden desarrollar tienen

estrecha relación con la valoración, aspecto previsto en el citado

artículo 5º demandado44.

En efecto, el artículo 24 prevé, en lo pertinente, lo siguiente:
42
“[…] Artículo 5°. Comprobación del precio pagado o por pagar. La utilización de los estudios de valor
como medio de prueba del precio realmente pagado o por pagar, en el control previo, sólo podrá ser
válida en los casos en los cuales el respectivo estudio haya recibido el aval de la Subdirección Técnica
Aduanera y siempre que se trate de mercancía idéntica amparada por la misma negociación, realizada
bajo iguales hechos y circunstancias […]”.
43
“Por el cual se organiza internamente y se distribuyen las funciones de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, expedido por el Presidente de la República.
44
Así se señaló en la antes citada providencia de 8 de febrero de 2007 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza martelo, núm. único de
radicación 2005-00065).

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Número único de radicación: 11001-03-27-000-2005-00065-00
Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO

“ARTÍCULO 24 SUBDIRECCIÓNTÉCNICA ADUANERA.
Conforme a las políticas e instrucciones del Director General y
del Director de Aduanas, son funciones de la Subdirección
Técnica Aduanera, para ejercerlas directamente o a través de
sus Divisiones de Valoración y Origen, de Arancel y de
Laboratorio, las siguientes:

1. Planear, dirigir, supervisar y evaluar las actividades
técnicas en materia de clasificación arancelaria, valoración
aduanera, normas de origen y análisis físico y químico de las
mercancías.

2. Asesorar a la Entidad y demás Instituciones del Estado, en
la definición y aplicación de políticas en materia de
nomenclatura arancelaria, valoración aduanera, normas de
origen y análisis físico y químico de las mercancías.

3. Promover el cumplimiento voluntario por parte de los
usuarios de sus obligaciones aduaneras y prevenir su
infracción.

4. Interpretar normas y absolver consultas en materia de
nomenclatura arancelaria, valoración aduanera, análisis
físico y químico de las mercancías y normas de origen.

5. Elaborar estudios en materia de clasificación arancelaria,
valoración aduanera, normas de origen y análisis físico y
químico de las mercancías, así como producir los análisis y
recomendaciones correspondientes.

6. Estudiar y proyectar los actos administrativos relacionados
con valoración aduanera, clasificación arancelaria, normas
de origen y análisis físico y químico de las mercancías.

7. Mantener actualizado el sistema de información aduanera
en materia arancelaria, de origen, de valoración aduanera y
de análisis físico y químico de las mercancías.

8. Diseñar programas de control para su ejecución en las
Administraciones, en materia de clasificación arancelaria,
valoración aduanera, normas de origen y análisis físico y
químico de las mercancías […]” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto).

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Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO

Además, no se advierte que se violen los principios de economía,

celeridad y eficiencia, a través de la norma acusada de la Resolución

5660 de 2005, dado que si existe una controversia de valor

necesariamente debe haber un trámite que da la oportunidad al

interesado de demostrar que lo declarado está conforme a las normas

de valoración, para así obtener el levante de la mercancía y evitar la

medida cautelar de la aprehensión.

El cuarto cargo hace referencia a que se vulneran los principios de

imparcialidad y justicia y la necesidad de un sistema equitativo, neutro

y uniforme, que predica el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, cuando

en el parágrafo 4º del artículo 2º de la Resolución 5660, exonera

la aplicación de los precios de referencia estimados o indicativos a las

personas jurídicas reconocidas e inscritas como usuarios aduaneros

permanentes o como usuarios altamente exportadores.

Al respecto, la Sala estima que no se vulneran los principios antes

indicados, por cuanto la exoneración de las personas jurídicas

reconocidas e inscritas como usuarios aduaneros permanentes o

usuarios altamente exportadores, de someterse al control de los

precios de referencia, estimados o indicativos, se deduce del Régimen

Especial de Garantías que está previsto en el Decreto 2685, en sus

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Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO

artículos 31 y 38, toda vez que dadas las calidades y requisitos que se

exigen para este tipo de declarantes, los mismos deben prestar una

garantía global para responder por el pago de los tributos aduaneros y

de las obligaciones y responsabilidades previstas en las normas

aduaneras, de la siguiente manera:

“[…] ARTICULO 31. RÉGIMEN DE GARANTÍAS. Los
Usuarios Aduaneros Permanentes deberán constituir y
entregar a la autoridad aduanera, dentro de los quince
(15) días siguientes a la ejecutoria del acto
administrativo en que se otorga el reconocimiento e
inscripción, una garantía bancaria o de compañía de
seguros en los términos que indique la autoridad
aduanera, cuyo objeto será garantizar el pago de los tributos
aduaneros y de las sanciones a que haya lugar por el
incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
consagradas en este Decreto.

El monto de la garantía será determinado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y no podrá ser superior al
cinco por ciento (5%) del valor FOB de las importaciones y
exportaciones realizadas durante los doce (12) meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de
reconocimiento e inscripción […]” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto).

“[…] ARTICULO 38. RÉGIMEN DE GARANTÍAS. Los
Usuarios Altamente Exportadores deberán constituir y
entregar a la autoridad aduanera, dentro de los quince
(15) días siguientes a la ejecutoria del acto
administrativo en que se otorga el reconocimiento e
inscripción, una garantía global, bancaria o de
compañía de seguros, en los términos que indique la
autoridad aduanera, cuyo objeto será garantizar el pago de
los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar
por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
consagradas en este Decreto.

El monto de la garantía será determinado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y no podrá ser superior al
cinco por ciento (5%) del valor FOB de las importaciones y

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exportaciones realizadas durante los doce (12) meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de
reconocimiento e inscripción.

Cuando el Usuario Altamente Exportador sea además Usuario
Aduanero Permanente, la garantía global constituida en
calidad de este último, cubrirá el pago de los tributos
aduaneros y de las sanciones a que haya lugar por el
incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
consagradas en este Decreto para los Usuarios Altamente
Exportadores […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo tanto, los cargos contra la referida Resolución núm. 5660

tampoco prosperan.

. NORMAS DEMANDADAS: RESOLUCIONES NÚMS. 05474 DE 29
DE JUNIO DE 2005, 07908 DE 1º DE SEPTIEMBRE DE 2005,
08628 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005; 08743 DE 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2005 Y 09477 DE 12 DE OCTUBRE DE 2005 Y EL
MEMORANDO 00587 DE 26 DE AGOSTO DE 2005.

Para el efecto, se transcriben los siguientes apartes de citadas

resoluciones y memorando acusados:

RESOLUCIÓN NÚM. 05474 DE 29 DE JUNIO DE 2005

“[…] RESOLUCION 05474 DE
(29 JUN. 2005)
Por la cual se establecen Precios Indicativos

EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS,

En ejercicio de sus facultades y en especial las establecidas en
los artículos 23 del Decreto 1071 de 1999 y 237 del Decreto
2685 de 1999,

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Actora: ENITH MURILLO DE LOZANO

RESUELVE:

Artículo 1. Fijar los siguientes Precios Indicativos para
calzado, en términos FOB, país de origen y/o procedencia de
China o Panamá […]”.

RESOLUCIÓN NÚM. 07908 DE 1o. DE SEPTIEMBRE DE 2005

“[…] RESOLUCION 07908 DE
(1 SEPT. 2005)
Por la cual se establecen Precios Indicativos

EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS,

En ejercicio de sus facultades y en especial las establecidas en
los artículos 23 del Decreto 1071 de 1999 y 237 del Decreto
2685 de 1999,

RESUELVE:

Artículo 1. Fijar los siguientes Precios Indicativos para balones
y pelotas de PVC, país de origen y/o procedencia, China o
Panamá […]”.

RESOLUCIÓN NÚM. 08628 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005
“[…] RESOLUCION 08628 DE
(20 SEPT. 2005)
Por la cual se establecen Precios Indicativos

EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS,

En ejercicio de sus facultades y en especial las establecidas en
los artículos 23 del Decreto 1071 de 1999 y 237 del Decreto
2685 de 1999,

RESUELVE:

Artículo 1. Fijar los siguientes Precios Indicativos para medias
y calcetines, en términos FOB, país de origen y/o procedencia
de Corea del Sur, Corea del Norte, China, Hong Kong, India,
Indonesia, Malasia, Pakistán, Panamá, Tailandia y Taiwán
[…]”.

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RESOLUCIÓN NÚM. 08743 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005
“[…] RESOLUCION 08743 DE
(22 SEPT. 2005)
Por la cual se establecen Precios Indicativos

EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS,

En ejercicio de sus facultades y en especial las establecidas en
los artículos 23 del Decreto 1071 de 1999 y 237 del Decreto
2685 de 1999,

RESUELVE:

Artículo 1. Fijar los siguientes Precios Indicativos para
textiles, en términos FOB, país de origen y/o procedencia de
Corea del Sur, Corea del Norte, China, Hong Kong, India,
Indonesia, Malasia, Pakistán, Panamá, Tailandia y Taiwán
[…]”.

RESOLUCIÓN NÚM. 09477 DE 12 DE OCTUBRE DE 2005
“[…] RESOLUCION 09477 DE
(12 OCT. 2005)
Por la cual se establecen Precios Indicativos

EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS,

En ejercicio de sus facultades y en especial las establecidas en
los artículos 23 del Decreto 1071 de 1999 y 237 del Decreto
2685 de 1999,

RESUELVE:

Artículo 1. Fijar los siguientes Precios Indicativos, en términos
FOB, país de origen y/o procedencia, China o Panamá para los
siguientes electrodomésticos y gasodomésticos […]”.

MEMORANDO NÚM. 00587 DE 26 DE AGOSTO DE 2005.

“[…]

DE: DIRECTOR DE ADUANAS

PARA: Administradores Especiales, Locales y Delegadas de

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Aduanas.
Administradores Locales de Impuestos y Aduanas. Jefes de las
Divisiones Técnica Aduanera, Fiscalización Aduanera y/o
Tributaria y Aduanera. Servicio de Aduanas y Servicio al
Comercio Exterior. Importadores, Sociedades de
Intermediación Aduanera y demás usuarios aduaneros.

ASUNTO: Precios de referencia
[…]

Con el fin de agilizar el procedimiento de control durante la
diligencia de inspección y simplificar la solución de las
controversias que puedan formularse en aplicación de lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 128 del Decreto 2568
de 1999, reglamentado por el artículo 172 de la Resolución
4240 de 2000 y las respectivas modificaciones […] el
importador, si así lo decide, podrá presentar antes que la
autoridad aduanera le genere controversia, la declaración de
importación debidamente ajustada al precio de referencia,
indicativo o estimado que corresponda.

Para el efecto, la diferencia resultante entre el precio
negociado en términos FOB y el precio de referencia indicado
en el acto administrativo que corresponda, se registrará en la
casilla “Ajuste Valor USD” de la declaración de importación;
esto sin perjuicio de que el inspector envíe a control posterior
la declaración con todos los documentos soportes aportados
por el importador, para que a través de un estudio de valor se
determine el precio realmente pagado o por pagar por la
mercancía y el correspondiente valor en aduana, de lo cual se
derivará el acto administrativo que decide de fondo […]”.

CARGOS CONTRA LAS RESOLUCIONES NÚMS. 05474 DE 29 DE
JUNIO DE 2005, 07908 DE 1o. DE SEPTIEMBRE DE 2005, 08628
DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005; 08743 DE 22 DE SEPTIEMBRE
DE 2005 Y 09477 DE 12 DE OCTUBRE DE 2005 Y EL
MEMORANDO NÚM. 00587 DE 26 DE AGOSTO DE 2005.

El primer cargo se refiere a que las citadas resoluciones acusadas

y el Memorando 00587 de 2005, al fijar valores oficiales, vulneran

lo prescrito en el párrafo 2º del artículo 7º del Acuerdo sobre

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Valoración de la OMC, que señala que el valor en aduana no se basará,

entre otros, en valores mínimos ni arbitrarios o ficticios, así como el

artículo 45, párrafo 2º, del Reglamento Comunitario- Resolución 846

de la Comunidad Andina-, al fijar valores oficiales.

En los artículos 1º de las resoluciones acusadas se fijan los

precios indicativos para calzado, balones y pelotas de P.V.C., medias

y calcetines, textiles, electrodomésticos y gasodomésticos.

Los precios indicativos, a que aluden las resoluciones acusadas, son

de posible utilización y tienen soporte en la normativa internacional y

comunitaria a que se refiere la Decisión 571, bajo los estrictos

parámetros señalados en la respectiva definición, esto es, que sirvan

únicamente a manera de guía para fines de control del valor de las

mercancías importadas, y en aplicación del método de valoración

del Último Recurso.

Conforme lo precisó la Interpretación prejudicial, rendida en este

proceso, estos precios “[…] son utilizados como un instrumento de

soporte para la implementación del método de último recurso. Es una

herramienta indicativa para la administración, cuya función es dar

aviso de problemas en los valores declarados. Pueden ser

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determinados de múltiples fuentes internacionales, tal y como lo

indica la definición comunitaria, inclusive de datos tomados de los

bancos de datos de la aduana […]”.

Se deben “[…] utilizar como instrumento para la valoración una vez

que se hayan agotados los otros cinco métodos de valoración

aduanera, es decir, sólo es plausible en el marco del método del

último recurso […]”.

Al ser precios indicativos no han de utilizarse con vocación de

obligatoriedad y de sustituir el precio declarado, conforme lo adujo la

actora, pues los mismos “tienen un carácter meramente

indicativo que no riñe con la valoración aduanera”, en tanto

permiten la utilización prioritaria y sucesiva de los métodos del

Acuerdo de Valoración de la OMC.

Además, no puede perderse de vista que el artículo 7° del Acuerdo de

Valor de la OMC, indica que si el valor en aduana de las mercancías

importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los

artículos 1° a 6° inclusive (se refieren a los 6 métodos de valoración

de la OMC y de la Comunidad Andina, antes expuestos en las citadas

sentencias), dicho valor se determinará según criterios

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razonables, compatibles con los principios y las disposiciones

generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994,

sobre la base de datos disponibles en el país de importación”.

En efecto, el importador cuenta con la oportunidad efectiva de

demostrar que el precio declarado es o fue el realmente pagado o por

pagar aunque no coincida con el indicativo y si no es el método del

valor de transacción el utilizable, ha de dar aplicación a los demás

hasta llegar al del Último Recurso, el cual, se reitera, sí admite la

invocación de precios indicativos, pero sólo habiéndose descartado los

anteriores métodos señalados por el Acuerdo.

En consecuencia, los precios indicativos regulados por las

resoluciones acusadas, “[…] son mecanismos de referencia, para el

control de la declaración de las mercancías que se importan al país,

para inducir a los declarantes para que esta sea correcta y no

constituyen métodos adicionales o mecanismos que contradigan las

normas internacionales […]”.45

No son arbitrarios, ni mínimos, ni ficticios, ni son valores oficiales, ni

violan el párrafo 2º del artículo 7º del Acuerdo sobre Valoración de la

45
Así se precisó en la citada sentencia de 4 de mayo de 2011, proferida por esta Sección.

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OMC, que prevé que el valor en aduana no se basará, entre otros, en

valores mínimos ni arbitrarios o ficticios, así como tampoco el artículo

45, párrafo 2º,46 del Reglamento Comunitario- Resolución 846 de la

Comunidad Andina-, habida cuenta que no son obligatorios y

corresponden a unos métodos de valoración que tienen soporte en la

normativa internacional y comunitaria, en tanto con estos precios

indicativos se busca es que los mismos no sean ficticios, en perjuicio

de la economía y la competencia nacional e internacional, sino que

reflejen la realidad y lo previsto en las normas internacionales.

Ahora, en cuanto al Memorando 00587 de 2005, la Sala tampoco

observa la aducida violación a la normativa internacional y

comunitaria, toda vez que el mismo hace referencia al precio de

referencia, indicativo o estimado, los cuales, como se dijo

anteriormente, no son obligatorios y corresponden a unos métodos de

valoración que tienen soporte en la normativa internacional y

46
“[…] Artículo 45. 1. Prohibiciones. No obstante la flexibilidad permitida en la aplicación del “Último
Recurso” o la posibilidad de utilizar criterios razonables, este hecho no podrá interpretarse en el sentido
de utilizar procedimientos arbitrarios que sean contrarios a los principios y disposiciones del Acuerdo
sobre Valoración de la OMC y del artículo VII del GATT.
2. El valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en:
a) el precio de venta en el Territorio Aduanero Comunitario de mercancías producidas en dicho país;
b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más alto de dos valores
posibles;
c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador;
d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para
mercancías idénticas o similares de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo sobre Valoración de la
OMC.
e) el precio de las mercancías vendidas para exportación a un país distinto del Territorio Aduanero
Comunitario.
f) valores en aduana mínimos;
g) valores arbitarios o ficticios. […]” (Las negrillas fuera de texto).

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comunitaria, “tienen un carácter meramente indicativo que no riñe

con la valoración aduanera”, máxime cuando el mismo acto indica

que su utilización es optativa por parte del importador, cuando al

efecto señala:

“[…] Con el fin de agilizar el procedimiento de control durante
la diligencia de inspección y simplificar la solución de las
controversias que puedan formularse en aplicación de lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 128 del Decreto 2568
de 1999, reglamentado por el artículo 172 de la Resolución
4240 de 2000 y las respectivas modificaciones […] el
importador, si así lo decide, podrá presentar antes que la
autoridad aduanera le genere controversia, la declaración de
importación debidamente ajustada al precio de referencia,
indicativo o estimado que corresponda […]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).

El segundo cargo consiste en que las resoluciones 0574 de 29 de

junio de 2005, 07908 de 1º de septiembre de 2005, 08628 de

20 de septiembre de 2005, 08743 de 22 de septiembre de 2005

y 09477 de 12 de octubre de 2005 acusadas, van en contra de la

seguridad jurídica a que tiene derecho el importador, destacada en la

Circular de la DIAN 0175 de 29 de octubre de 2001, y de los conceptos

núms. 008 de 2 de mayo de 2002, 013 de 7 de abril de 2003 y 018 de

14 de mayo de 2003, cuando disponen que las controversias de valor

que resulten por la aplicación de los precios indicativos no pueden ser

resueltas con fundamento en estudios de valor, por corresponder a una

fecha anterior a la de expedición de las resoluciones.

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Que por este motivo se viola el artículo 158 de la Constitución Política,

sobre unicidad de materia, porque en tratándose de un acto oficial que

fija precios no puede ocuparse de establecer normas.

Sobre el particular, la Sala considera que según la sentencia T-502 de

27 de junio de 200247, proferida por la Corte Constitucional, “[…] La

seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del

Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos

generales supone una garantía de certeza […]”.

Las referidas resoluciones al establecer que “[…] las controversias de

valor suscitadas en aplicación de los precios fijados en el presente

acto administrativo48, no pueden ser resueltas con fundamento en los

estudios de valor realizados con antelación a la expedición de esta

resolución […]” en manera alguna están prohibiendo el uso de los

estudios de valor para resolver las controversias de valor, sino que

están precisando que los estudios de valor anteriores a la expedición

de esas resoluciones no pueden ser tenidos en cuenta.

47
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T- 502 de 27 de junio de 2002, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, núm. único de radicación T-554767.
48
En los actos administrativos (las resoluciones núms. 0574 de 29 de junio de 2005, 07908 de 1º
de septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005, 08743 de 22 de septiembre de
2005 y 09477 de 12 de octubre de 2005 acusadas) se fijan los precios indicativos para calzado,
balones y pelotas de P.V.C., medias y calcetines, textiles, electrodomésticos y gasodomésticos.

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Al hacer dicha precisión, lo que evidencia la Sala, de acuerdo con lo

preceptuado en dichas resoluciones, es que el importador tiene

certeza de cuáles son los estudios de valor que no pueden ser tenidos

en cuenta para resolver las controversias de valor; y que, contrario a

lo alegado por la actora, dichas disposiciones garantizan el principio

de seguridad jurídica, en tanto el importador puede identificar aquello

que el ordenamiento jurídico no permite.

Asimismo, la Sala estima que las resoluciones acusadas, en

referencia, tampoco contrarían los conceptos núms. 008 de 2 de mayo

de 2002, 013 de 7 de abril de 2003 y 018 de 14 de mayo de 2003, en

tanto que estos admiten que el importador aporte pruebas cuando se

presenten controversias de valor, sin especificar cuáles estudios de

valor no serán tenidos en cuenta o que los anteriores a determinada

fecha pueden ser resultar válidos.

Y en lo concerniente a la violación del artículo 158 de la Constitución

Política, sobre unidad de materia, tampoco se observa la violación,

dado que este principio solamente es aplicable a la Ley, la Ordenanza

Departamental o el Acuerdo Municipal o Distrital y no a los decretos,

resoluciones y memorando, como los demandados en el presente

proceso.

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Frente a este asunto, la Sección Primera en la sentencia de 11 de

agosto de 201649 señaló lo siguiente:

“[…] el Principio de Unidad de Materia es aplicable a los
proyectos de actos jurídicos generales, impersonales y
abstractos, vale decir, la Ley, la Ordenanza
Departamental o el Acuerdo Municipal o Distrital),
emanados de una corporación colegiada de elección
popular, esto es, Congreso, Asambleas y Concejos […]”
(Negrillas y subrayas del texto).

No obstante que el referido principio no es aplicable a este caso, se

debe advertir que las regulaciones contenidas en los actos acusados

guardan estrecha relación entre sí, toda vez que se refieren al valor

declarado de la mercancía frente al precio estimado o precio indicativo.

El cuarto cargo es el atinente a que la forma como se están aplicando

los precios indicativos, enfatizada en el Memorando núm. 00587 del

director de Aduanas, induce de manera errónea a los importadores a

realizar los ajustes a sus precios declarados, tomando como base la

diferencia que presente el precio negociado frente al precio indicativo

que ha sido fijado por la Aduana mediante la resolución, incumpliendo

así las obligaciones de los acuerdos suscritos por Colombia.

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de agosto
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2008-00394-
01.

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120

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Que, además, el citado Memorando rebasa el instructivo de la

declaración de importación, adoptado por el artículo 1º de la Resolución

12113 de 30 de diciembre de 2004, mediante el cual se prescriben los

formularios para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y

cambiarias correspondientes al año 2005, en tanto que dicho

memorando indica que se utilice una casilla para registrar la diferencia

resultante entre el precio negociado en términos FOB y el precio

indicativo, entre otros, fijado oficialmente en el acto administrativo que

corresponda, cuestión de la que no se ocupa el indicado instructivo.

Conforme se puso de presente anteriormente, el Memorando núm.

00587 de 26 de agosto de 2005 se refiere es a la presentación de la

declaración de importación ajustada al precio de referencia, indicativo o

estimado, cuya aplicación no es obligatoria, tiene soporte en la

normativa internacional y comunitaria, y un carácter meramente

indicativo, para el control de la declaración de las mercancías que se

importan al país, durante la diligencia de inspección aduanera, que no

riñe con la valoración aduanera y, en tal sentido, no se contraría o

incumple la normativa de los acuerdos suscritos por Colombia, esto

es, el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, ni la norma comunitaria.

Al respecto, vale la pena reiterar que lo señalado en ese Memorando

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es de aplicación facultativa por parte del importador y que no ha

de utilizarse con vocación de obligatoriedad y de sustituir el precio

declarado. En efecto, el mismo preceptúa lo siguiente:

“[…] Con el fin de agilizar el procedimiento de control durante
la diligencia de inspección y simplificar la solución de las
controversias que puedan formularse en aplicación de lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 128 del Decreto 2568
de 1999, reglamentado por el artículo 172 de la Resolución
4240 de 2000 y las respectivas modificaciones […] el
importador, si así lo decide, podrá presentar antes que la
autoridad aduanera le genere controversia, la declaración de
importación debidamente ajustada al precio de referencia,
indicativo o estimado que corresponda […]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).

Ahora, el citado Memorando no rebasa el instructivo de la declaración

de importación, adoptado por el artículo 1º de la Resolución 12113 de

30 de diciembre de 2004, “por el cual se prescriben los formularios

para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias

correspondientes al año 2005 y se fijan los precios de venta al público”,

habida cuenta que el cuestionado Memorando se refiere a precios de

referencia, indicativos o estimados, los cuales no son considerados

precios oficiales obligatorios y es de aplicación facultativa por parte del

importador, con el fin de agilizar el procedimiento de control durante

la diligencia de inspección y simplificar la solución de las

controversias que puedan formularse en aplicación de lo dispuesto en

el numeral 5 del artículo 128 del Decreto 2568 de 1999,

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reglamentado por el artículo 172 de la Resolución 4240 de 2000 y las

respectivas modificaciones, mientras que la Resolución 12113 de 30

de diciembre de 2004 prescribe los formularios para el cumplimiento de

las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2005,

de manera oficial, en sus artículos 1º a 4º.

En consecuencia, no prosperan los cargos contra las resoluciones

núms. 05474 de 29 de junio de 2005, 07908 de 1o. de

septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005;

08743 de 22 de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre

de 2005 y el Memorando núm. 00587 de 26 de agosto de 2005.

En conclusión, debe declararse probada, de oficio, la excepción de

cosa juzgada y, como consecuencia de ello, estarse a lo resuelto en la

sentencia de nulidad de 4 de mayo de 2011, proferida por la Sección

Primera, dentro del núm. único de radicación 11001-03-24-000-

2005-00107-01, con respecto a las acusaciones señaladas (en este

acápite de consideraciones) en el primer cargo, contra los artículos

2º, 5º, 7º y 10º del Decreto 4431; y en el segundo cargo, en lo

concerniente al artículo 10º del citado Decreto.

Asimismo, aparece evidente que el Decreto 4431 (en cuanto a las

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acusaciones formuladas, en este acápite, en los cargos segundo, en

lo referente al artículo 11º del citado Decreto 4431 y tercero,

contra el mismo), las resoluciones núms. 05660 de 5 de julio de

2005; 05474 de 29 de junio de 2005, 07908 de 1o. de

septiembre de 2005, 08628 de 20 de septiembre de 2005;

08743 de 22 de septiembre de 2005 y 09477 de 12 de octubre

de 2005; y el Memorando 00587 de 26 de agosto de 2005,

acusados, expedidos por el director de Aduanas de la DIAN, no

merecen reproche alguno sobre su juridicidad, razón por la cual debe

mantenerse incólume la presunción de legalidad que los ampara.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa

juzgada y, como consecuencia de lo anterior, ESTÉSE A LO

RESUELTO en la sentencia de nulidad de 4 de mayo de 2011,

proferida por la Sección Primera, dentro del núm. único de radicación

11001-03-24-000-2005-00107-01, con respecto a las acusaciones,

señaladas (en el acápite de consideraciones) en el primer cargo,

contra los artículos 2º, 5º, 7º y 10º del Decreto 4431; y en el

segundo cargo, en lo concerniente al artículo 10º del citado

Decreto 4431, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

CUARTO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

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QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del

Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el

expediente previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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