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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2006-00036-00

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2006-00036-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo 1 del Decreto 3168 del 24 de agosto de 2007, proferido por el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de la Protección Social, en tanto incluye los gastos de inversión dentro de los costos de supervisión y control pagaderos por los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 79 Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos 11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00 Demandante: Germán González Parra Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 9 de marzo de 2023.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-27-000-2006-00036-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de marzo de 2023

1

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Actor: Germán González Parra.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de la Protección Social,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tesis: No son nulos los actos emitidos para el cobro de la tasa en los referidos años
por no estar comprendido el valor ordenado por ese concepto en la Ley de
Presupuesto.
No deben ser declarados nulos por vulnerar norma superior los actos administrativos
que determinaron los costos de supervisión y control de la tasa que se debía cancelar
a la Superintendencia Nacional de Salud para las vigencias de los años 2002, 2004,
2005, 2006 y 2007, si el valor de la tasa es superior al asignado en las
correspondientes partidas presupuestales.
No son nulos por vulnerar norma superior los actos mediante los cuales se determinó
el costo de la tasa de vigilancia y control pagadera a la SuperSalud, si esos dineros
tienen destinación específica y los excedentes de su recaudo son utilizados como
recursos de endeudamiento de la Nación mediante la suscripción de TES clase B.
Es cierto que en el acto administrativo que definió los costos de vigilancia y control de
la Superintendencia Nacional de Salud para el año 2007, se incluyó como variable los
gastos de inversión.
Es nulo el acto administrativo que definió los costos de vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud para el año 2007, si incluye como variable los
gastos de inversión.
No son nulos los decretos por medio de los cuales se fijan los costos de vigilancia y
control de la SuperSalud, si el coste de los no aportantes de dicha tasa es asumido
por las entidades vigiladas y no por el Gobierno Nacional.

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2

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

No son nulos los decretos que determinan el costo de la tasa de vigilancia y control de
la SuperSalud por vulneración del artículo 98 de la Ley 488 de 1998, si en concepto
del Procurador General de la Nación en demanda de inconstitucionalidad de la Ley de
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, se concluyó que se estaba
cobrando por tal concepto montos significativamente superiores a los costos reales de
la vigilancia y supervisión de la citada entidad, que existían dineros presupuestados
como ingresos que no tenían sustento de gasto y que no debían incluirse en el
presupuesto de la siguiente vigencia fiscal los excedentes financieros resultantes de
la no ejecución del año inmediatamente anterior.

SENTENCIA – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir en única instancia las demandas instauradas en ejercicio de
la acción de nulidad promovidas por el señor German González Parra contra los
artículos 1 y 2 de los Decretos 2787 de 20011 y 3237 de 20022 y en contra de los
artículos 1 de los Decretos 1076 de 20043, 148 de 20054, 1873 de 20065, 3168 de
20076 y 2000 de 20087, todos expedidos por los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de la Protección Social.

I. LAS DEMANDAS

1.1. Pretensiones

1.1.1. En el proceso identificado con número de radicado 11001 03 27 000 2006 00036
00 (en adelante 2006 00036), el demandante formuló las siguientes pretensiones:

1
“Por el cual se establecen los costos de Supervisión y control de la Superintendencia de Nacional de
Salud”
2
“Por el cual se establecen los costos de Supervisión y control de la Superintendencia de Nacional de
Salud para el año 2003”
3
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
para el ejercicio de sus funciones para el año 2004.”
4
“Por el cual se establece la tasa, se fija la tarifa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud para
el ejercicio de sus funciones para el año 2005.”
5
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
para el ejercicio de sus funciones en el año 2006.”
6
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
para el ejercicio de sus funciones en el año 2007”
7
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
para el ejercicio de sus funciones en el año 2008”

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3

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

“DECLARACIONES

1º. Que se declare la nulidad de los artículos primero y segundo del Decreto
2787 de 2001 “Por el cual se establecen los costos de supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud”.

Tales artículos establecen:

(…)

2º. Que se declare la nulidad de los artículos primero y segundo del Decreto
3237 de 2002 “Por el cual se establecen los costos de supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud para el año 2003”.

Tales artículos establecen:

(…)

3º Que se declare la nulidad del artículo primero del Decreto 1076 de 2004
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud para el ejercicio de sus funciones para el año 2004”

Dicho artículo establece:

(…)

4º Que se declare la nulidad del artículo primero del Decreto 148 de 2005 “Por
el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia Nacional
de Salud para el ejercicio de sus funciones para el año 2005”

Dicho artículo establece:

(…)

5. Que se declare la nulidad del artículo primero del Decreto 1873 de 2006,
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud para el ejercicio de sus funciones en el año 2006”

Dicho artículo establece:

(…)”8 (Negrillas dentro del texto).

1.1.2. En el expediente identificado con número de radicado 11001 03 24 2008 00060
00, formuló las siguientes peticiones:

“DECLARACIONES

1º Que se declare la nulidad del artículo primero del Decreto 3168 de 2007
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud para el ejercicio de sus funciones en el año 2007

8
Folios 2 a 8 del Cuaderno Principal

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4

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Dicho artículo establece:

(…)”9 (negrillas dentro del texto).

1.1.3. En el proceso con número de radicado 11001 03 24 2008 00386 00, esgrimió
las pretensiones que pasan a transcribirse:

“DECLARACIONES

1. Que se declare la nulidad del artículo primero del Decreto 2000 de 2008
“Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud para el ejercicio de sus funciones en el año 2008”

Dicho artículo establece:

(…)” 10

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. Las disposiciones censuradas en el proceso 2006 00036 son del siguiente
tenor:

A. Artículos 1º y 2º del Decreto 2787 de 2001:

“Artículo 1º. Costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional
de Salud. Para efectos del inciso 1º del artículo 2º del Decreto 1405 de 1999, se
establecen los costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de
Salud, para la vigencia fiscal del año 2002 en la suma de catorce mil seiscientos
cincuenta y seis millones setecientos setenta y un mil ciento siete pesos moneda
legal ($14.656.771.107.00), los cuales se han determinado teniendo en cuenta las
actividades directas o indirectas de cada una de las direcciones funcionales en que
se organiza y la asignación porcentual a cada clase de tales entidades.

Artículo 2º. Los costos establecidos en el artículo anterior se distribuirán de la
siguiente manera:

% de los
Entidades vigiladas Total ($)
costos
Entidades Promotoras de Salud 18.61 2.728.155.123
Empresas Solidarias de Salud 14.18 2.078.370.714
Empresas Sociales del Estado 10.33 1.513.341.907
Instituciones Prestadoras de Servicios 8.22 1.205.162.696
Departamentos 8.15 1.194.904.090
Municipios y Distritos Capitales 6.78 993.965.132
Beneficencias y loterías 6.78 993.965.132

9
Visible a folios 6 a 7 del Cuaderno acumulado del proceso 2008 00060.
10
Visible a folio 84 del Cuaderno acumulado del proceso 2008 00386

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5

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Fosyga 4.56 668.877.242
Cajas de Compensación Familiar 4.48 656.114.143
Concesionarios apuestas permanentes 3.84 563.540.542
Productores privados de licores 3.27 479.616.223
Empresas de medicina prepagada 2.48 362.869.927
Etesa 2.25 330.157.190
Entidades adaptadas 1.66 243.959.693
Licoreras departamentales 1.47 214.993.090
Operadores juegos intermedios 0.95 139.192.957
Compañías de seguros 0.92 134.385.069
Productores nacionales de cerveza 0.54 78.483.408
Concesionarios de licores 0.39 57.401.601
Fondo-cuenta de productos extranjeros 0.13 19.315.230
TOTAL 100.00 14.656.771.107”

B. Artículos 1º. y 2º del Decreto 3237 de 2002:

“Artículo 1º. Costos de supervisión y control de la superintendencia nacional
de salud. Para efectos del inciso 1º del artículo 2º del Decreto 1405 de 1999, se
establecen los costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de
Salud, para la vigencia fiscal del año 2003 en la suma de once mil cuatrocientos
dos millones setecientos nueve mil ochocientos veintinueve pesos moneda legal
($11.402.709.829.00), los cuales se han determinado teniendo en cuenta las
actividades directas e indirectas de cada una de las direcciones operativas en que
se organiza y la asignación porcentual a cada clase de entidades vigiladas.

Artículo 2°. Los costos establecidos en el artículo anterior se distribuirán de la
siguiente manera:

Entidades vigiladas % de los costos Total ($)
Aportantes
Entidades Promotoras
22.22 2.533.682.124
de Salud
Administradoras del
7.31 833.538.088
Régimen Subsidiado
Emp. Sociales del
8.65 986.334.400
Estado e IPS Públicas
IPS Privadas 10.04 1.144.832.067
Departamentos 7.61 867.746.218
Municipios y Distritos
4.59 523.384.381
Capitales
Cajas de Compensación
2.47 281.646.933
Familiar
Concesionarios
3.76 428.741.890
apuestas permanentes
Productores privados de
0.84 95.782.763
licores
Empresas de medicina
8.72 994.316.297
prepagada
Etesa 1.63 185.864.170
Entidades adaptadas 1.58 180.162.815

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6

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Licoreras
1.95 222.352.842
departamentales
Operadores de juegos 1.68 191.565.525
Compañías de seguros 0.66 75.257.885
Productores nacionales
1.60 182.443.357
de cerveza
Concesionarios de
0.20 22.805.420
licores
Fondo-cuenta de
0.14 15.963.794
productos extranjeros
No Aportantes 14.35 1,636,288,860
Total 100.00 11.402.709.829”

C. Artículo 1º del Decreto 1076 de 2004:

“Artículo 1°. Costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional
de Salud. Para efectos del inciso 1° del artículo 2° del Decreto 1405 de 1999, se
establecen los costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de
Salud, para la vigencia fiscal del año 2004 en la suma dieciséis mil seiscientos
noventa y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta
y un pesos ($16.698.994.441,00) moneda corriente. Dichos costos se han
determinado teniendo en cuenta las actividades directas e indirectas de cada una
de las unidades operativas en que está organizada la entidad, y la asignación
porcentual a cada clase de entidades vigiladas, es la siguiente:

Clases de Porcentaje de
entidades participación de Valor de los costos (en $)
vigiladas los costos
Aportantes
Entidades
Promotoras de 23,49 3.922.593.794,00
Salud
Administradoras del
Régimen 6,33 1.057.046.348,00
Subsidiado
Empresas Sociales
del Estado e IPS 9,36 1.563.025.880,00
Públicas
IPS Privadas 9,83 1.641.511.154,00
Departamentos 7,91 1.320.890.460,00
Municipios y
5,12 854.988.515,00
distritos
Cajas de
Compensación 3,18 531.028.023,00
Familiar
Concesionarios y
operadores de
2,82 470.911.643,00
apuestas
permanentes
Productores
privados de licores,
0,86 143.611.352,00
vinos, aperitivos y
similares

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7

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Empresas de
Medicina Prepagada
y Servicios de 8,76 1.462.831.913,00
Ambulancia
Prepagados
Etesa 1,94 323.960.492,00
Entidades
adaptadas al 1,58 263.844.112,00
sistema
Licoreras
1,72 287.222.704,00
departamentales
Operadores de
1,41 235.455.822,00
juegos
Compañías de
0,60 100.193.967,00
seguros
Productores
nacionales de 1,53 255.494.615,00
cerveza
Concesionarios de
0,32 53.436.782,00
licores
Fondo-cuenta de
productos 0,15 25.048.492,00
extranjeros
Total aportantes 86,91 14.513.096.069,00
No aportantes 13,09 2.185.898.372,00
TOTAL 100,00 16.698.994.441,00”

D. Artículo 1º del Decreto 148 de 2005:

“Artículo 1°. Costos de supervisión y control de la Superintendencia
Nacional de Salud. Para efectos de lo previsto en el inciso 1° del artículo 2° del
Decreto 1405 de 1999, se establecen los costos de supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal del año 2005, en la
suma diecisiete mil seiscientos diecisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil
ciento treinta y cinco pesos ($17.617.439.135) moneda corriente. Dichos costos se
han determinado teniendo en cuenta los factores que signifiquen actividades
directas e indirectas de la Superintendencia Nacional de Salud, resultando la
siguiente asignación porcentual a cada clase de entidad vigilada:

APORTANTES

Porcentaje de
Clases de entidades Valor de los costos
Participación de los
vigiladas (Cifras en pesos)
costos
Entidades Promotoras de
22.46 3.956.821.503.00
Salud
Administradoras del Régimen
6.45 1.136.926.554.00
Subsidiado
Empresas Sociales del Estado
7.87 1.386.875.045.00
e IPS Públicas
IPS Privadas 8.44 1.487.319.306.00
Departamentos 6.24 1.099.750.042.00

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8

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Municipios y Distritos 7.5 1.321.838.598.00
Cajas de Compensación
4.59 807.852.116.00
Familiar
Concesionarios y Operadores
2.60 458.131.389.00
de Apuestas Permanentes
Productores Privados de
Licores, Vinos, Aperitivos y 1.00 176.444.521.00
Similares
Empresas de Medicina
Prepagada y Servicios de 8.94 1.574.278.453.00
Ambulancia Prepagados
Etesa 2.08 366 505.882 00
Entidades Adaptadas al
1.18 207.409.809.00
Sistema
Licoreras Departamentales 1.67 294.074 202.00
Operadores de Juegos 1.46 256.554.117.00
Compañías de Seguros 0.81 142.165.954.00
Productores Nacionales de
1.62 285.672.082.00
Cerveza
Concesionarios de Licores 0.33 58.814.840.00
Fondo Cuenta de Productos
0.14 25.206 390 00
Extranjeros
Total Aportantes 85.38 15.042.640.775.00
No Aportantes 14.62 2.574.798.360.00
TOTAL 100.00 17.617.439.135.00”

E. Artículo 1º del Decreto 1873 de 2006

“Artículo 1°. Costos de supervisión y control de la Superintendencia
Nacional de Salud. Para efectos de lo previsto en el inciso 1° artículo 2° del
Decreto 1405 de 1999, se establecen los costos de supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal del año 2006, en la
suma Veintidós mil trescientos veintiún millones quinientos treinta y siete mil
quinientos setenta y cinco pesos ($22.321.537.575) moneda corriente. Dichos
costos se han determinado teniendo en cuenta los factores que signifiquen
actividades directas e indirectas de la Superintendencia Nacional de Salud,
resultando la siguiente asignación porcentual a cada clase de entidad vigilada:

Aportantes
Clases de entidades Porcentaje de parti- Valor de los costos
vigiladas cipación de costos (Cifras en pesos)
Entidades Promotoras
24.68 5.508.253.713
de Salud
Administradoras del
10.29 2.296.031.665
Régimen Subsidiado
Empresas Sociales del
6.81 1.520.772.564
Estado e IPS Públicas
IPS Privadas 7.65 1.707.236.801
Departamentos 7.98 1.781.506.411
Municipios y Distritos 4.69 1.047.116.765

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Cajas de
Compensación 0.47 103.848.026
Familiar
Concesionarios y
Operadores de
7.20 1.606.381.753
Apuestas
Permanentes
Productores Privados
de Licores, Vinos, 0.88 197.092.115
Aperitivos y Similares
Empresas de Medicina
Prepagada y Servicios
8.62 1.924.230.373
de Ambulancia
Prepagados
Etesa 1.58 351.696.878
Entidades Adaptadas
0.51 114.832.065
al Sistema
Licoreras
1.40 313.555.637
Departamentales
Operadores de
1.10 246.187.815
Juegos
Compañías de
0.70 155.772.039
Seguros
Productores
Nacionales de 1.32 295.638.172
Cerveza
Concesionarios de
0.28 62.711.127
Licores
Fondo-Cuenta de
0.12 26.876.197
Productos Extranjeros
Total aportantes 86.28 19.259.740.116
No aportantes 13.72 3.061.797.459
Total 100.00 22.321.537.575

Parágrafo. El valor del costo asignado a los concesionarios y operadores de
apuestas permanentes, incluye mil millones de pesos ($1.000.000.000), para la
financiación, en la vigencia 2006, de las interventorías que se realizarán a los
contratos de concesión y los estudios de mercado del juego de apuestas
permanentes, establecidas en el artículo 5° del Decreto 3535 de 2005.”

1.2.2. El artículo 1º del Decreto 3168 de 2007 que fue demandado en el proceso 2008
00060 es del siguiente tenor:

“Artículo 1°.Costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de
Salud. Para los efectos de lo previsto en el inciso 1° artículo 2° del Decreto 1405
de 1999, se establecen los costos de supervisión y control de la Superintendencia
Nacional de Salud para la vigencia fiscal del año 2007, en la suma Veinticinco mil
trescientos cincuenta y un millones seiscientos un mil doscientos setenta y ocho
pesos ($25.351.601.278,00) moneda corriente. Dichos costos se han determinado
teniendo en cuenta los factores que signifique actividades directas e indirectas de
la Superintendencia Nacional de Salud, resultando la siguiente asignación
porcentual a cada clase de entidad vigilada:

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Clases de Porcentaje
Valor de los costos
entidades participación de los
(cifras en pesos)
vigiladas costos
EPS Régimen
20,99 5.322.020.354
Contributivo
EPS Régimen
17,67 4.479.938.036
Subsidiado
Entidades
Adaptadas al 0,45 114.885.878
Sistema
Empresas de
medicina y
8,94 2.266.321.281
ambulancia
prepagada
Departamentos 6,16 1.562.113.378
Municipios y
3,53 894.987.933
Distritos
Clases de Porcentaje
Valor de los costos
entidades participación de los
(cifras en pesos)
vigiladas costos
IPS privadas 6,88 1.745.102.159
ESE y Hospitales
5,45 1.382.710.324
Públicos
CCF (no
administran
0,11 29.029.066
Régimen
Subsidiado)
Compañías de
0,21 52.780.121
Seguros
Concesionarios de
Apuestas 6,74 1.709.595.771
Permanentes
Operadores de
0,99 251.811.360
juegos
Etesa 1,42 359.730.514
Fondo cuenta de
Productos 0,14 35.973.051
Extranjeros
Productores
Nacionales de 0,99 251.811.360
Cerveza
Productores
Privados de
Licores, Vinos, 0,78 197.851.783
Aperitivos y
similares
Concesionarios de
0,21 53.959.577
Licores
Licoreras
1,14 287.784.411
Departamentales
Total Aportantes 82,83 20.998.406.357
No Aportantes 17,17 4.353.194.921
TOTAL 100.00 25.351.601.278

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Parágrafo. El valor del costo asignado a los concesionarios de apuestas
permanentes, incluye mil ciento setenta millones de pesos ($1.170.000.000), para
la financiación, en la vigencia 2007, de las interventorías a los contratos de
concesión y los estudios de mercado del juego de apuestas permanentes,
establecidos en los artículos 2° y 5° del Decreto 3535 de 2005.”

1.2.3. El artículo 1º del Decreto 2000 de 2008 que fue demandado en el proceso 2008
00386 es del siguiente tenor:

“Artículo 1°. Costos de supervisión y control de la Superintendencia
Nacional de Salud. Para efectos de lo previsto en el inciso 1° artículo 2° del
Decreto 1405 de 1999, se establecen los costos de supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal del año 2008,
susceptibles de ser financiados con los recursos provenientes del cobro de la tasa
anual a cargo de las entidades vigiladas, en la suma de Veintiocho mil uno millones
novecientos veinticuatro mil trescientos noventa y dos pesos ($28.001.924.392)
moneda corriente. Dichos costos se han determinado teniendo en cuenta los
factores que signifiquen actividades directas e indirectas de la Superintendencia
Nacional de Salud, resultando la siguiente asignación porcentual a cada clase de
entidad vigilada:

Clases de Porcentaje de Valor de los costos
entidades vigiladas participación de los (Cifras en pesos)
costos

EPS Régimen 24,45% 6.845.542.312
Contributivo.

EPS Régimen 16,79% 4.702.269.723
Subsidiado

Entidades 0,71% 197.482.218
Adaptadas al
Sistema

Empresas de 6,47% 1.811.751.735
medicina y
ambulancia
prepagada

Regímenes de 1,93% 540.614.216
excepción

Departamentos 7,66% 2.144.388.092

Clases de entidades Porcentaje de Valor de los costos
vigiladas participación de los (Cifras en pesos)
costos

IPS privadas 6,30% 1.763.030.554

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

ESE y Hospitales 7,63% 2.135.536.365
Públicos

CCF (no administran 0,58% 162.610.420
Régimen Subsidiado)

Compañías de 0,29% 81.305.210
Seguros

Concesionarios de 6,25% 1.749.891.747
Apuestas
Permanentes

Operadores de juegos 1,85% 518.710.076

Etesa 0,73% 203.796.735

Fondo Cuenta de 0,17% 48.697.755
Productos Extranjeros

Productores 0,24% 68.418.334
Nacionales de
Cerveza

Productores Privados 1,53% 429.559.815
de Licores, Vinos,
Aperitivos y similares

Concesionarios de 0,70% 195.730.097
Licores

Licoreras 1,23% 343.240.596
Departamentales

Total Aportantes 85,50% $23.942.576.000

No Aportantes tasa 14,50% $ 4.059.348.392

TOTAL 100.00% $28.001.924.392

Parágrafo. El valor del costo asignado a los concesionarios de apuestas
permanentes, incluye mil ciento diez millones de pesos ($1.110.000.000), para la
financiación, en la vigencia 2008, de las interventorías a los contratos de concesión
y los estudios de mercado del juego de apuestas permanentes, establecidos en los
artículos 2° y 5° del Decreto 3535 de 2005.”

1.3. Normas violadas y concepto de violación en el proceso identificado con
número de radicado 2006-00036.

Como normas infringidas el demandante invocó los artículos 48 y 345 de la
Constitución Política, 98 de la Ley 488 de 1998, 11, 15 y 21 del Decreto 111 de 1996

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

y 2 del Decreto 1405 de 1999, el Decreto 1405 de 1999 y los Decretos 1076 de 2004
y 148 de 2005.

En el concepto de violación expresó lo siguiente:

1.3.1. En el acápite denominado como “violación del artículo 345 de la
Constitución Nacional (Sic) y a las normas del presupuesto”, mencionó que, de
acuerdo con la anotada norma constitucional, no está permitido que las entidades
públicas reciban dineros distintos a los señalados en la respectiva ley de presupuesto.
Consideró que era ilegal que mediante un decreto reglamentario se estableciera que
éstas pudieran recibir un ingreso superior al que les fue asignado en las
correspondientes partidas presupuestales.

Mencionó que el artículo 11 del Decreto 111 de 1996 define cómo se compone el
Presupuesto General de la Nación y adujo que, para el caso en particular, la
Superintendencia Nacional de Salud tiene como ingresos corrientes los aportes
nacionales y los recursos propios de la tasa fijada en el artículo 98 de la Ley 488 de
1998.

Adujo que el valor de los ingresos corrientes de la Superintendencia fijados en las
correspondientes Leyes de presupuestos eran inferiores a los que fueron asignados
en las disposiciones demandadas y trajo a colación el siguiente cuadro comparativo
entre los ingresos corrientes definidos en las partidas presupuestales y el monto
determinado en los actos enjuiciados:

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

1.3.2. Sobre la “violación de los artículos 98 de la Ley 488 de 1998 y 2 del Decreto
405 de 1999 el monto asignado en las normas demandadas no corresponde a los
gastos de supervisión en que incurre la Superintendencia Nacional de Salud. Violación
del artículo 15 de Decreto 111 de 1996”, luego de aludir al contenido de las dos
primeras normas y a la sentencia C-455 de 1994, expedida por la Corte Constitucional,
aseguró que, para la asignación de la tasa a favor de la Superintendencia Nacional de
Salud, era obligatorio establecer los costos en que incurre la respectiva entidad pata
desempeñar la función de vigilancia y control.

Arguyó que, conforme con el artículo 15 del Decreto 111 de 1996, los costos y gastos
de una entidad deben ser calculados e incorporados en el Presupuesto Nacional pero
que, sin embargo, las asignaciones de la tasa establecidas en las disposiciones
demandadas eran superiores a las autorizadas como gasto en el presupuesto y no
coincidían con las proyecciones realizadas en la citada normatividad.

En esa línea, trajo a colación el siguiente cuadro comparativo:

Resaltó que, la Superintendencia Nacional de Salud históricamente tampoco gastaba
en supervisión y vigilancia los recursos que fueron otorgados en los actos enjuiciados,
como daba cuenta el oficio con número de radicado NURC 8022-1-5409 del 23 de
junio de 2006, expedido por el entonces Secretario General de la Superintendencia de
Salud, y refirió al siguiente cuadro:

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

1.3.3. Según el artículo 48 de la Constitución Política, cualquier suma de dinero
que se encuentre a cargo de las instituciones de seguridad social tiene una destinación
específica, conforme a lo dicho en la sentencia SU – 480 de 1997 y C-152 de ese
mismo año, ambas expedidas por la Corte Constitucional.

Indicó que la Superintendencia Nacional de Salud ha tenido excedentes de tesorería
que se encuentran invertidos en Títulos de Deuda Pública (en adelante TES) clase B,
por lo que, a su juicio, los valores que han sido cobrados en exceso por dicha entidad
producto de la asignación de la tasa se encuentran en esa clase de títulos,
desconociendo así la condición de parafiscalidad de esos dineros.

Agregó que, incluso en el presupuesto del año 2006, fueron autorizadas unas
transferencias previo concepto de la Dirección General de Presupuesto Nacional, sin
que para esos efectos exista algún tipo de sustento, máxime cuando la aludida
Superintendencia no se encontraba habilitada para transferir esos recursos y, por el
contrario, lo que se demostraba con esa actuación era que lo que se pretendía era la
apropiación de esas sumas.

Aseveró que, para la expedición de los actos enjuiciados, no se tuvieron en cuenta los
recursos de los no aportantes de las funciones de supervisión, vigilancia y control de
la aludida Superintendencia, desconociendo con ello, el Decreto 1405 de 1999 y los
Decretos 1076 de 2004 y 148 de 2005, normas éstas que determinaron que dichos
costos deben ser asumidos por el Gobierno Nacional, en tanto esos dineros han venido
siendo pagados por las entidades vigiladas a través de la tarifa excesiva fijada en los
actos enjuiciados.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

1.3.4. De la “violación del principio de homeostasis presupuestal y desequilibrio
del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, afirmó que dicho principio se
encuentra previsto en el artículo 21 del Decreto 111 de 1996 y señaló que el
crecimiento del presupuesto de rentas debe guardar congruencia con el crecimiento
de la economía, de manera tal que no se genere un desequilibrio, pero que en los
actos censurados se determinaron incrementos superiores a los de la economía en
desconocimiento del referido principio, sin ningún fundamento fáctico.

Añadió que, según la información otorgada por el entonces Secretario General de la
Superintendencia Nacional de Salud en el oficio NURC 8015-2-91474, se dejó
constancia que esa entidad para el año 2005 ejecutó como gasto cerca de once mil
doscientos treinta y cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos
veinticinco pesos ($ 11.235.885.725), y que, pese a ello, el Decreto 1873 para el año
2006, aumentó al doble los recursos de la vigencia anterior. Es decir, lo ejecutado en
2005 fue la mitad de lo asignado en el Decreto 1873 de 2006, lo cual trasgrede el
principio de homeostasis y demuestra que no existe fundamento fáctico para decretar
tan significativo incremento.

Mencionó que, aunque dichos incrementos no tienen la connotación de afectar la
economía nacional, sí pueden romper sustancialmente el equilibrio económico del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, desconociendo en últimas, lo que, a
su juicio, es la finalidad de la supervisión y vigilancia a cargo de esa entidad.

Tras citar la sentencia C-731 del 2000, expedida por la Corte Constitucional, anotó que
la asignación de los recursos de la tasa por encima del crecimiento de la economía ha
supuesto que los integrantes del citado sistema reduzcan sus ingresos de forma
injustificada, en razón a que se han visto abocados a pagar una tasa con cuantías
superiores a las autorizadas por la Ley y cuyos montos exceden a los que realmente
se requiere.

Alegó que, de un comparativo de los costos reales y los asignados a las entidades
vigiladas por la tasa a favor de la Superintendencia de Salud en los años 2005 y 2006,
se pueden notar diferencias significativas, pues, a modo de ejemplo, los
Concesionarios y Operadores de Apuestas Permanente padecieron un aumento de
setecientos cinco por ciento (705%), mientras que, para las Cajas de Compensación

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Familiar, se disminuyó en un veintinueve por ciento (29%). Agregó que, en términos
generales, para el año 2006, la tasa había incrementado doscientos cincuenta y tres
por ciento (253%) en relación con el costo real de las funciones de supervisión,
vigilancia y control de la entidad para el 2005.

1.4. Normas violadas y concepto de violación en el proceso identificado con
número de radicado 2008 0006011

Como normas infringidas el demandante reiteró que fueron desconocidos los artículos
48 y 345 de la Constitución Política, 98 de la Ley 488 de 1998, 11, 15 y 21 del Decreto
111 de 1996 y 2 del Decreto 1405 de 1999, el Decreto 1405 de 1999 y los Decretos
1076 de 2004 y 148 de 2005.

En el concepto de violación explicó lo que se sintetiza a continuación.

I.4.1. Sobre el cargo de “violación al artículo 345 de la Constitución Nacional (Sic) y a
las normas del presupuesto”, iteró los argumentos señalados en el punto 1.3.1. de esta
providencia y agregó que, de acuerdo con la Ley 1110 de 200612, el presupuesto
autorizado para la Superintendencia Nacional de Salud era de veinte mil novecientos
noventa y ocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil pesos ($20.998.443.000)
pero que, desconociendo ello, en el Decreto demandado se asignó a dicha entidad,
por cuenta de la tasa de vigilancia, la suma de veinticinco mil trescientos cincuenta y
un millones seiscientos un mil doscientos setenta y ocho pesos ($25.351.601.278), por
lo que se habían otorgado un monto de cuatro mil trescientos cincuenta y tres millones
ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta y ocho pesos ($4.353.158.278), por
encima de lo presupuestado.

I.4.2. Volvió a plantear los mismos argumentos del cargo de “violación de los artículos
98 de la Ley 488 de 1998 y 2 del Decreto 405 de 1999 el monto asignado en las normas
demandadas no corresponden a los gastos de supervisión en que incurre la
Superintendencia Nacional de Salud. Violación del artículo 15 de Decreto 111 de
1996”, visto en el punto 1.3.2. de este proveído, y adicionó que, de acuerdo con la

11
Visible a folios 75 a 97 del Cuaderno acumulado.
12
“Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.”

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

página web de la citada Superintendencia, para el año 2006, los gastos de
funcionamiento de la misma ascendieron a catorce mil seiscientos millones setecientos
dos mil doscientos cincuenta y un pesos ($14.600.702.251), pero que, con la suma
que le fue asignada en el acto enjuiciado, esa entidad había tenido un incremento del
setenta y tres por ciento (73%) en relación con su gasto real, ello pese a que sólo había
ejecutado el sesenta y cuatro por ciento (64%) de su presupuesto en la vigencia
anterior, por lo que, aseguró que no era necesario dicho aumento.

I.4.3. Asimismo, iteró los reproches expuestos en el cargo de desconocimiento al
artículo 48 de la Constitución Política y al principio de homeostasis presupuestal y
desequilibrio en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, vistos en el punto
1.3.3. y 1.3.4. de esta sentencia.

I.4.4. Por otro lado, en el cargo denominado “la tasa a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud establecida en el artículo 98 de Ley 488 de 1998 es para sufragar
los costos de supervisión y control. El cálculo de la tasa no debe incluir los dineros
destinados para inversión”, afirmó que era ilegal que la citada entidad incluyera los
costos de inversión para el cálculo de la tasa, aspecto éste que fundamentó en el oficio
NURC 8022-10300234 del 14 de noviembre de 2007, en el que la entonces Secretaría
General de la Superintendencia de Salud le informó que la diferencia que encontró el
demandante, frente a la apropiación del gasto asignado en el Decreto 3168 de 2007 y
el definitivo que fue publicado en la página WEB de esa Superintendencia, se debe a
que no tuvo en cuenta el valor apropiado para los gastos de inversión.

Finalmente, trajo a colación la sentencia expedida el 31 de enero de 1997 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del expediente identificado con número
7300, y señaló que dicho caso se asemejaba al presente asunto, en razón a que allí
se declaró la nulidad de un acto administrativo en el que la Superintendencia Bancaria
cobraba a título de contribución los gastos de inversión en los que incurría esa entidad.

1.4.5. Entre tanto, en el cargo que denominó como “el concepto 4295 de 2007 del
Procurador General de la Nación. Existen evidencias de la vulneración de la Ley por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud”, expuso que el Ministerio Público, en
concepto 4295 de 2007, que fue rendido dentro del trámite de la demanda por
inconstitucionalidad D-6683, expresó que los montos que eran cobrados por esa

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19

Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

entidad por concepto de la tasa prevista en el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, eran
ilegales, debido a que eran superiores a los gastos de funcionamiento de esa entidad,
y pasó a transcribir in extenso dicho pronunciamiento.

Concluyó que en dicho concepto se indicó que: (i) no fueron incluidos en el
presupuesto del año siguiente los excedentes financieros resultantes de la ejecución
del presupuesto del año inmediatamente anterior, (ii) se estaban cobrando por
concepto de la tasa de vigilancia sumas muy superiores a los costos reales de la
vigilancia y supervisión, (iii) hay presupuestados dineros de ingresos que no tienen
ningún gasto que lo sustente, y (iv) existen recursos de la seguridad social invertidos
en TES a pesar de las necesidades de ese sector.

1.5. Normas violadas y concepto de violación en el proceso identificado con
número de radicado 2008 0038613

Como vulneradas el demandante nuevamente señaló que se desconocieron los
artículos 48 y 345 de la Constitución Política, 98 de la Ley 488 de 1998, 11, 15 y 21
del Decreto 111 de 1996 y 2 del Decreto 1405 de 1999, el Decreto 1405 de 1999 y los
Decretos 1076 de 2004 y 148 de 2005. Asimismo, adicionó como infringido el Decreto
1280 de 2008.

1.5.1. Volvió a esgrimir los reparos del cargo de “violación de los artículos 98 de la Ley
488 de 1998 y 2 del Decreto 405 de 1999 el monto asignado en las normas
demandadas no corresponde a los gastos de supervisión en que incurre la
Superintendencia Nacional de Salud. Violación del artículo 15 de Decreto 111 de
1996”, que fueron sintetizados en el punto 1.3.1. de esta providencia.

Adicionalmente, mencionó que, para el año 2007, el gasto de funcionamiento de la
citada Superintendencia ascendió a trece mil cuatrocientos trece millones novecientos
cuarenta y dos mil trescientos noventa y nueve pesos ($13.413.942.399), mientras que
en el acto enjuiciado asignó por ese concepto una suma de veintiocho mil un millones
novecientos veinticuatro mil trescientos noventa y dos pesos ($28.001.924.392), es
decir, un incremento del doscientos ocho por ciento (208%), en relación con el gasto

13
Visible a folios 83 a 105 del Cuaderno acumulado.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

real del año anterior. Asimismo, dijo que, para el año 2007, dicha entidad no ejecutó el
cuarenta y ocho por ciento (48%) de su presupuesto, por lo que era claro que no
necesitaba un nuevo aumento.

1.5.2. Reiteró el cargo de violación del artículo 48 de la Carta Política, que fue
sintetizado en el punto 1.3.3. de este proveído, e indicó que el parágrafo del artículo
3º del Decreto 1280 de 2008 determinó que los recursos de la Superintendencia de
Salud son parafiscales y de destinación específica y sus excedentes deben ser
deducidos del valor a cobrar de la tasa en el siguiente año.

En esa medida, argumentó que, según comunicación del 3 de julio de 2008, expedida
por la Directora General del Presupuesto Público Nacional Ministerio de Hacienda, los
excedentes de dicha Superintendencia superaban los diecisiete mil seiscientos
veinticinco millones de pesos ($17.625.000.000), los cuales fueron destinados para la
compra de una nueva sede de esa entidad, por lo que, a su juicio, los recursos que
habían sobrado de la tasa fueron usados para fines distintos a la supervisión y control,
ignorando la condición de parafiscalidad de esos dineros.

Sostuvo que el Gobierno Nacional ha cobrado a los vigilados una tasa mayor a la
presupuestada, por lo que la Superintendencia demandada tenía recursos que cubrían
su funcionamiento y se generaba un excedente sin justificación legal alguna.

1.5.3. Frente al desconocimiento del principio de homeostasis presupuestal, expuso
una vez más sus reproches y alegó que el incremento del valor de la tasa previsto en
el acto enjuiciado era superior que el crecimiento de la economía y de la inflación real
proyectada para los años 2007 y 2008, y que las cifras dispuestas en el acto
demandado no guardaban relación con las sumas realmente ejecutadas por esa
Superintendencia en su presupuesto.

1.5.4. En cuanto al cargo llamado “la tasa a favor de la Superintendencia Nacional de
Salud establecida en el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 es para sufragar los costos
de supervisión y control. El cálculo de la tasa no debe incluir los dineros destinados
para la inversión”, reiteró los argumentos descritos en el punto 1.4.4. de esta
providencia y reprochó una vez más que se hubieren destinado recursos de los

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

excedentes de la citada Superintendencia para la compra de un edificio para su nueva
sede.

1.5.5. Finalmente, trajo nuevamente de manera textual su inconformidad sobre “el
concepto 4295 de 2007 del Procurador General de la Nación. Existen evidencias de la
vulneración de la Ley por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”, que fue
resumido en el punto 1.4.5. de esta providencia.

II. CONTESTACIONES DE LAS DEMANDAS

2.1. El Ministerio de la Protección social contestó la demanda en el proceso 2006
00036 oponiéndose a las pretensiones14, bajo los siguientes argumentos:

2.1.1. Afirmó que era menester aludir a la diferencia entre rentas parafiscales y las
tasas, indicando que las primeras tienen como esencia la destinación específica de los
dineros, por lo que no hacen parte del presupuesto nacional; mientras que las
segundas, son aquellos gravámenes mediante los cuales el Estado cobra un precio
por un bien o servicio ofrecido y con él cubre los gastos de funcionamiento y las
provisiones para la autorización y crecimiento de la inversión. Agregó que en el caso
de las tasas de vigilancia y control de la Superintendencia de Salud su sistema y
método fue definido por la Ley 488 de 1998.

Sostuvo que las contribuciones parafiscales son gravámenes obligatorios que tienen
el carácter de remuneración de un servicio prestado por el Estado, que afectan a un
grupo determinado de ciudadanos y que tienen una destinación específica en cuanto
se utilizan para el beneficio del sector económico que soporta tal gravamen, no se
someten a las normas de ejecución presupuestal y son administradas por órganos que
hacen parte del mismo renglón económico.

Sobre la naturaleza de la anotada tasa, dijo que la misma era: (i) constitucional, pues
el artículo 338 de la Constitución Política definió que a través de una Ley, las
autoridades estaban habilitadas para fijar esa clase de tributos con el objeto de
recuperar los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios

14
Visible a folios 42 a 63 del Cuaderno del Tribunal.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

que proporcionen, (ii) anual, pues debía ser pagada de esa forma por las personas
obligadas a cancelar dicho tributo, (iii) sus sujetos pasivos¸ de acuerdo con el artículo
98 de la Ley 488 de 1998, eran todas la entidades de derecho público o privadas y sin
ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y las loterías, que estuvieran bajo
la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, y (iv) el hecho generador de
dicho tributo era la actividad de inspección y vigilancia ejercidas por la citada
Superintendencia.

Resaltó que el carácter de la anotada tasa era: (v) retributivo, pues su finalidad estaba
dirigida a pagar los costos en que incurría esa entidad por la prestación del
mencionado servicio a sus vigilados, aspecto éste que fundamentó citando la
sentencia C-465 de 1993, expedida por la Corte Constitucional, y (vi) sistémico e
independiente de la liquidación, en la medida que el artículo 98 de la Ley 488 de 1998
fijo un sistema y método para la liquidación, el cual se funda “en que el monto global a
distribuir por clase de entidades vigiladas, es uno solo que se reparte de acuerdo al
número de vigilados y a la participación del activo total de la entidad vigilada con
respecto del activo total del sector. De tal forma que en el cambio de alguna de estas
variables respecto de un sujeto, incide en el peso y ponderación de todas las
entidades”15, norma ésta que, aseguró, fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C – 731 de 2000.

Arguyó que el sistema adoptado para fijación de la tasa se encuentra previsto en el
Decreto 1405 de 1999, los decretos anuales y las resoluciones pertinentes. Aseveró
que dichas normas reglamentarias han sido avaladas por decisiones de la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en una sentencia cuya fecha de emisión
no identificó de la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente
número 2001 00026, y en los fallos C-183 de 1997 y C-1179 de 2001, ambos emitidos
por la Corte Constitucional.

2.1.2. Respecto a la legalidad de la tasa, indicó que varias de las normas a las que
hizo mención el accionante ya fueron revisadas por Jueces de la República y que el
Decreto 1405 de 1999, por medio del cual se reglamentó el sistema y método para la
fijación de la tasa de la citada Superintendencia, fue declarado ajustado a la Ley.

15
Visible a folio 260 del expediente acumulado número 2006 00036.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.2. Por otro lado, en el proceso 2008 00060, la anotada cartera ministerial
respondió el libelo introductorio con base en el siguiente análisis16:

2.2.1. Propuso la excepción de inepta demanda, debido a que en dicho escrito no
había sido expuesto ningún argumento dirigido a reflejar la disparidad de la disposición
censurada con la Ley 488 de 1998 ni con la Ley 1110 de 2006, respecto a los gastos
e ingresos de la Superintendencia Nacional de Salud.

2.2.2. Expresó que, al comparar los reproches del escrito demandatorio con la norma
que fijó el Presupuesto General de la Nación para el año 2007, se podía evidenciar
que se habían respetado en todos sus términos los ingresos asignados a esa entidad.

Indicó que en el artículo 1 del Decreto 3168 de 2007 (acto acusado en ese proceso)
fueron mencionados los no aportantes de la tasa y que ello permite evidenciar que el
valor adicional asignado en la Ley 1110 de 2006, esto son, cuatro mil trescientos
cincuenta y tres millones ciento noventa y cuatro mil novecientos veintiún pesos ($
4.353.194.921), no serían asumidos por las entidades vigiladas como aseguró el
accionante, sino que esos dineros serán financiados con recursos de la Nación, quien
pagará dos mil quinientos cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil
doscientos setenta y ocho pesos ($ 2.546.558.278), y con recursos de capital por mil
ochocientos seis millones seiscientos mil pesos ($ 1.806.600.000).

2.2.3. Dijo que no fueron vulneradas las normas superiores invocadas en la demanda
y que la mayoría de cargos versan sobre la aplicación de las disposiciones enjuiciadas,
por lo que no obedecían a la confrontación de ésta con la normatividad que fue
señalada como infringida.

2.2.4. Por otro lado, reiteró los argumentos sobre la naturaleza de la tasa de vigilancia
de la Superintendencia Nacional de Salud y sus diferencias con los recursos
parafiscales que fueron resumidos en el punto 2.1.1. de esta providencia.

16
Visible a folios 164 a 178 del expediente acumulado número 2008 00060.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.2.5. Agregó que el principio de programación integral es uno de los vértices del
Presupuesto Nacional y que se encuentra contemplado en el artículo 17 del Decreto
111 de 1996, esto es, la norma que compila las Leyes orgánicas del presupuesto,
según el cual, las disposiciones de esa naturaleza deben contemplar simultáneamente
los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y
administrativas demanden como necesarios para su operación. Alegó que en un
eventual escenario en el que no se pague la tasa enjuiciada, la Superintendencia
Nacional de Salud no contaría con recursos para desempeñar su labor, en tanto que
no puede contratar el personal idóneo para esos efectos.

Añadió que esa Superintendencia apenas se ubica en el quinto (5º) lugar de
financiación de los organismos de control, esto es, detrás de los recursos otorgados a
las Superintendencias de Notariado y Registro, Financiera, de Sociedades y de
Servicios Públicos Domiciliarios.

2.2.6. Resaltó que, con la expedición de la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 1018 de
2008, la Superintendencia Nacional de Salud, además de las labores de vigilancia y
control de ese ramo, quedó encargada de ejercer las siguientes actividades: (i)
conciliaciones, (ii) función jurisdiccional en temas relacionados con la salud, y (iii)
defensoría del usuario en salud en coordinación con la Defensoría del Pueblo; y que,
si bien la financiación a esta última potestad fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-037 de 2008, lo cierto era que la función, como tal,
continuaba vigente y se consideró ajustada al ordenamiento jurídico, de ahí que fuera
necesario el incremento del presupuesto de gastos de esa entidad.

Dijo que, por ende, era infundado el cargo de vulneración del principio de homeostasis,
debido a que el Decreto enjuiciado fue sometido a la respectiva Ley anual de
presupuesto y porque, de acuerdo con el principio de programación integral, es
necesario que los recursos estén acordes con las funciones desplegadas por la
entidad.

2.3. A su vez, en el expediente 2008 00386, el anotado Ministerio dio respuesta al
escrito demandatorio en los siguientes términos 17:

17
Visible a folios 148 a 160 del expediente acumulado número 2008 00386.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.3.1. Propuso la excepción de inepta demanda bajo argumentos similares a los
expuestos en el numeral 2.2.1. de este proveído y agregó que no existía ninguna
disparidad entre la Ley 1169 de 2007, que determinó el presupuesto anual de esa
entidad para el año 2008, y la disposición enjuiciada, pues esta última observó los
lineamientos señalados por el Legislador para la fijación el sistema y método de la tasa
en observancia del Decreto 1405 de 1999, y atendió los parámetros de la programación
presupuesta dispuestos en el Decreto 111 de 1996.

2.3.2. Arguyó que el accionante consultó de forma errada la página de la
Superintendencia Nacional de Salud, pues utilizó el presupuesto de la vigencia fiscal
del año 2007 para comparar las cifras autorizadas en el acto enjuiciado, cuando debió
hacerlo con las dispuestas para el 2008; por lo que, aseguró, ese error conducía a que
todos los reproches del líbelo introductorio no fueran válidos debido a que se fundaban
en premisas que no eran ciertas.

Seguidamente, reiteró en idénticos términos los reproches esbozados en el proceso
2008 00060.

2.4. Mediante memorial radicado el 27 de mayo de 2008, la Superintendencia
Nacional de Salud dio contestación a la demanda en el proceso 2006 00036 00, en
los siguientes términos18:

2.4.1. Indicó que el accionante confunde las funciones de vigilancia y control del
Sistema de Seguridad Social con las relacionadas con la expedición del presupuesto
de dicho Sistema, pues frente a esta última, esa Superintendencia no tiene
competencias.

2.4.2. Posteriormente, pasó a pronunciarse sobre la diferencia de las tasas y los
recursos parafiscales, bajo similares argumentos a los señalados por el Ministerio de
la Protección Social y que fueron resumidos en el punto 2.1.1. de esta providencia.

18
Visible a folios 275

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.4.3. Sobre la legalidad de la tasa, reiteró que varias de las normas a las que hizo
mención el accionante en el escrito introductorio, ya habían sido revisadas
constitucional y legalmente. Asimismo, iteró que el Decreto 1405 de 1999, por el cual
se reglamenta el sistema y método para la fijación anual de la tasa de esa
Superintendencia, fue considerado ajustado a la Ley.

Mencionó que la Jurisprudencia también ha reconocido que las tasas son los costos
que debe pagar el contribuyente por la prestación del servicio y aludió a las sentencias
del 31 de agosto de 2006 y del 24 de enero de 2007, proferidas por la Sección Primera
del Consejo de Estado dentro de los procesos identificados con número 11001 03 27
000 2002 01060 01 y 25000 23 27 000 2004 02212 01. Así como a tres (3) fallos
proferidos por la Sección Cuarta de esta Corporación dentro de los procesos con
número de radicado 2007 00028 01, 2007 00026 01 y 2007 00042 01.

Dijo que en una demanda de inconstitucionalidad promovida por el ciudadano García
Lara, se reprochó que esa Superintendencia cobraba por concepto de la tasa un monto
superior al costo real de la vigilancia y control, pero que dichos reparos fueron
desvirtuados por la Corte Constitucional en sentencia C-666 de 2007.

2.4.4. Planteó la excepción que denominó como de “legalidad de la actuación”,
esgrimiendo que esa entidad ha actuado en ejercicio de sus facultades legales y
reglamentarias, contenidas en la Ley 1122 de 2007, el artículo 98 de la Ley 488 de
1998 y los Decretos 1018 de 2007, 3168 de 2007, 1405 de 1999 y 1580 de 2002,
respectivamente, que, entre otras, le permiten liquidar y recaudar la tasa por
inspección y vigilancia.

Aseguró que los actos enjuiciados fueros emitidos al amparo del artículo 98 de la Ley
488 de 1998 y del Decreto 1405 de 1999, por lo que no se reunían las condiciones
para que existiera un pronunciamiento de fondo del libelo introductorio, y pidió que se
emita una decisión inhibitoria.

2.5. A su vez, en el proceso identificado con número de radicación 2008 00060, la
citada Superintendencia respondió el libelo introductorio, bajo los siguientes
argumentos:

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.5.1. Aludió a que, de acuerdo con los artículos 3 y 4 del Decreto 1018 de 2007, esa
entidad es la encargada de inspeccionar, vigilar y controlar las entidades que hacen
parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resaltó que, conforme al
artículo 2º ibidem, los ingresos de esa entidad están compuestos, entre otros, por los
asignados por el Presupuesto General de la Nación y los provenientes de la tasa y sus
rendimientos.

Señaló que el artículo 57 de la Ley 812 de 2003 previó que dicha Superintendencia
sería la máxima autoridad del sector salud y el Sistema General de Seguridad Social
en Salud en materia de inspección y vigilancia, razón por la que necesitaba de recursos
para el cabal cumplimiento de sus funciones, los cuales, en un gran porcentaje,
provenían del recaudo de tasas.

2.5.2. Por otro lado, reiteró integralmente los reparos relacionados con la diferencia
entre la tasa y recursos parafiscales que fueron sintetizados en el punto 2.1.1. de esta
providencia.

2.5.3. Frente al caso en concreto, indicó que la Oficina Asesora de Planeación de esa
entidad elaboró un informe en el que se desvirtuaban cada uno de los cargos del libelo
introductorio y pasó a transcribir literalmente el mismo.

2.5.3.1. Mencionó que Ley 1110 de 2006 fue la que asignó los recursos para esa
entidad y que la mención que hizo en el artículo 1º del Decreto 3168 de 2007 a los no
aportantes, permitía evidenciar que el valor allí señalado sería financiado con cargo a
los recursos de la Nación y del capital de esa entidad, por lo que no era cierto que ese
costo sería asumido por las personas sujetas a control.

2.5.3.2. En cuanto a la trasgresión de los artículos 98 de la Ley 488 de 1998, el
artículo 15 del Decreto 111 de 1996 y el Decreto 1405 de 1999, resaltó que esa
Superintendencia no decide el monto de su presupuesto, sino que, en cada vigencia,
elabora un proyecto que es revisado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
que finalmente es aprobado por el Congreso de la República.

Expuso que la tasa de vigilancia y control se encuentra prevista en el artículo 98 de la
Ley 488 de 1998 y su método y sistema de fijación está reglado en el Decreto 1405 de

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

1999, normas éstas que han sido observadas por esa entidad con la expedición del
acto enjuiciado, y que los costos en los que incurre esa Superintendencia para el
desarrollo de sus funciones son proyectados a partir de las actividades directas e
indirectas de vigilancia y control que son realizados en cada vigencia.

2.5.3.3. Del desconocimiento al artículo 48 de la Constitución Política, aseguró
que ha utilizado recursos propios recaudados en cada vigencia para financiar los
gastos de funcionamiento y de inversión en los que incurre para el ejercicio de sus
competencias y expuso que el hecho que no ejecute de forma completa el valor de lo
presupuestado, obedecía a situaciones propias de la gestión administrativa, las cuales
no podían ser asumidas como un intento deliberado de incrementar sus ingresos
corrientes en detrimento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Expresó que los rubros denominados como otras transferencias fueron ejecutados en
la financiación y ampliación de la planta de personal de esa entidad y en actividades
propias de sus funciones, en cumplimiento de la normatividad vigente. Agregó que,
para la vigencia 2007, el valor de la tasa recaudada ascendió a dieciséis mil quinientos
setenta y dos millones seiscientos veintiséis mil cincuenta y nueve pesos
($16.572.626.059); mientras que los gastos totales de esa entidad fueron de diecisiete
mil cuatrocientos noventa y dos millones seiscientos veintiocho mil seiscientos ochenta
y nueve pesos ($17.492.628.689), lo que comprobaba que sí fueron usados los dineros
provenientes de la tasa.

2.5.3.4. Luego aludió al principio de homeostasis previsto en el artículo 21 del
Decreto 111 de 1996 e indicó que, con la expedición del acto censurado, no se afecta
el equilibrio macroeconómico de la Nación; y que, además, en ejercicio de su misión
ha desarrollado la ejecución de cuatro (4) proyectos de inversión avalados por el
Ministerio de la Protección Social y registrado en el Banco de Proyectos de Inversión
Nacional del Departamento Nacional de Planeación – DNP, cuya ejecución incluye la
contratación de consultorías especializadas para la realización de estudios sobre
temas específicos que complementan las actividades de vigilancia y control, lo que
demuestra que la inversión de los recursos asignados en la Ley 1110 de 2006 ha sido
adecuada.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.5.3.5. Respecto del concepto emitido por el Procurador General de la Nación
en una demanda de constitucionalidad, reiteró nuevamente que no era cierto que los
montos recaudados de la tasa sean superiores a los costos reales de vigilancia y
control.

2.5.4. Finalmente, propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, en la
medida que los cargos del libelo introductorio no se encontraban dirigidos en contra de
esa entidad, la cual, ni siquiera fue nombrada como demandada en dicho escrito.

2.5.5. Expuso que no eran ciertas las comparaciones de los ingresos corrientes de
esa entidad con las normas del presupuesto, ni existía algún sustento jurídico sobre la
supuesta malversación, apropiación o destinación diferente de los recursos obtenidos
por concepto de la tasa.

2.5.6. En cuanto a la legalidad del acto enjuiciado, aseveró que no existen causales
que afecten su validez, sino que esa Superintendencia actuó respetando las facultades
establecidas en la Ley 1122 de 2007, el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 y los
Decretos 1018 de 2007, 3168 de 2007 y 1405 de 1999.

2.5.7. Entre tanto, en el proceso 2008 00386, la Superintendencia Nacional de Salud
contestó la demanda, bajo idénticos argumentos a los expuestos para el proceso 2008
0006019.

2.6. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda contestó la demanda en memorial del
3 de abril de 2009, allegado dentro del proceso 2008 00060, esgrimiendo los siguientes
argumentos:

2.6.1. Manifestó que no fue desconocido el artículo 345 Superior ni las normas del
presupuesto. Para sustentar lo anterior, aseveró que el artículo 151 de la Carta Política
determinó que el Congreso de la República expedirá las leyes sobre la preparación,
aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y la Ley de apropiaciones, por lo
que, mediante la Ley 225 de 1995, se expidió la Ley Orgánica del Presupuesto, en
cuyo artículo 24 se autorizó al Gobierno a compilar las disposiciones de dicha norma

19
Visible a folios 199 a 218 del expediente con número 2008 00386.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

y de las Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994, y que en cumplimiento de ello fue proferido
el Decreto 111 de 1996.

Expresó que la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra sujeta a las normas
de dichos estatutos y está en la Sección 360800 del Presupuesto General de la Nación.
Luego de hacer referencia al contenido de los artículos 345, 346 y 347 de la
Constitución Política, mencionó que los gastos de las entidades públicas deben estar
incluidos en el respectivo presupuesto, lo que permite que el manejo de los mismos
sea eficiente y pueda dársele cumplimiento a los compromisos que sean adquiridos,
por lo que las partidas aprobadas a dicha Superintendencia habían atendido el orden
legal.

Expuso que el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 creó la tasa a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud, y que el Decreto 1045 de 1999 reglamentó el
sistema y método para su fijación anual; y expresó que el presupuesto de ingresos y
gastos de esa entidad entre los años 2002 y 2008, era el siguiente:

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Asimismo, trajo a colación el siguiente cuadro comparativo entre las apropiaciones
presupuestales de esa Superintendencia y la Tasa de supervisión y control:

Advirtió que la Nación financió el cien por ciento (100%) del presupuesto durante las
vigencias 2000 y 2001 y el cincuenta y ocho punto tres por ciento (58.3%) en el año
2002, mientras la Superintendencia iniciaba el cobro de la tasa a las entidades
vigiladas, y que en los años 2006 y 2007 el presupuesto de esa entidad correspondió
al valor de la tasa.

2.6.2. Alegó que no se vulneraron los artículos 98 de la Ley 488 de 1988 o el Decreto
1405 de 1999 en su artículo 2, ni el Decreto 111 de 1996 en su artículo 15. Al respecto,
precisó que, de conformidad con el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, la
Superintendencia Nacional de Salud es un organismo de carácter técnico, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscrito al Ministerio

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

de Salud y que tiene funciones de inspección, vigilancia y control, de acuerdo con el
Decreto Ley 1259 de 1994.

Explicó que los costos en los que incurre esa Superintendencia para el desarrollo de
sus funciones provienen del anotado tributo y que la citada tasa se liquida teniendo en
cuenta el monto global a distribuir por clase de entidades vigiladas, es decir, que dicho
monto es uno (1) sólo y se reparte de acuerdo con el número de vigilados y a la
participación total del sujeto inspeccionado, por lo que el cambio de variables respecto
a un (1) sujeto incide en el peso y ponderación de las demás.

Mencionó que, en virtud del artículo 110 del Decreto 111 de 1996, los órganos que
hacen parte de una sección del presupuesto de la Nación, como lo es el caso de la
Superintendencia Nacional de Salud, tienen la capacidad de contratar, comprometer y
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones que le fueron autorizadas por el
Congreso de la República, por lo que la entidad enjuiciada se encontraba habilitada
para efectuar las erogaciones necesarias para cumplir sus fines constitucionales,
incluso aquellas accesorias a las funciones de vigilancia y control.

Expresó que esa Cartera ministerial aprobó los traslados u otras trasferencias de
recursos pedidos por la citada Superintendencia y trajo a colación el siguiente cuadro
ilustrativo de ello:

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Afirmó que dichas transferencias se sustentan en que la Superintendencia Nacional
de Salud, para cumplir sus funciones de vigilancia y control, requirió la modificación de
su planta de personal con base en un estudio que inició en el año 2005 y que finalizó
en 2007 con la expedición del Decreto 1019 de 2007 e indicó que dicha entidad
trasladó sus ingresos corrientes para atender gastos de personal por la modificación
de su planta y para la adecuación de los nuevos sitios de trabajo.

Respecto al desconocimiento del artículo 48 de la Constitución Política, indicó que el
hecho de que la Superintendencia Nacional de Salud invierta en TES de la Dirección
General de Crédito Público y de Tesoro Nacional de esa cartera ministerial, no hace
que esos dineros pierdan su destinación específica, pues no se trataba de ningún
gasto; por el contrario, advirtió que el artículo 48 de la Ley 179 de 1994 y el Decreto
1013 de 1995 habilitaron a que los establecimientos públicos optimicen sus
excedentes de liquidez en instrumentos de menor riesgo, ello mientras desarrollan el
objeto de las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación.

Resaltó que, incluso cuando una entidad que invierte en TES requiera liquidez para
atender los compromisos de sus gastos, el artículo 2º del Decreto 811 de 1998 dispuso
un mecanismo para la liquidación de los títulos en su poder. Asimismo, comentó las
condiciones para la redención de dichos títulos prevista en el artículo 10 ibidem y los
eventos en los que procede la liquidación anticipada de los mismos según el artículo 2
y 5 ibidem y explicó que los TES adquiridos por las entidades públicas y su redención
se hacen bajo las condiciones del mercado, por lo que están habilitadas a venderlos
siguiendo el procedimiento previsto a esos efectos y dada la expresa habilitación del
artículo 1 del Decreto 1405 de 1999, según el cual estará destinada a garantizar el
cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la misma.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.6.3. En cuanto al principio de homeostasis, anotó que el Programa de Renovación
de la Administración Pública – PRAP, adelantado por el Gobierno Nacional en
cumplimiento de la Ley 812 de 2003, buscaba la transformación de la organización
administrativa, a efectos de que se aumente su eficiencia y transparencia, y que la
Superintendencia Nacional de Salud se inscribió en el mismo con el objeto de modificar
su estructura y con ello poder cumplir con sus funciones de vigilancia, inspección y
control, así como garantizar la expansión progresiva y universal y aseguramiento al
Sistema General en Seguridad Social en Salud y el respeto de los derechos de los
beneficiarios y las obligaciones de las Direcciones Locales y Seccionales de Salud.

De ahí que asegurara que esa entidad, en el año 2007, requirió mayores aportes de
vigilados, de modo que se pudiera cumplir con dicho objetivo.

2.6.4. Finalmente, en cuanto al concepto rendido por el Procurador General de la
Nación ante la Corte Constitucional, reiteró que los recursos que fueron recaudados
por la aludida Superintendencia fueron utilizados en su totalidad para financiar sus
gastos, por lo que no era dable afirmar que dichos montos fueran superiores a los
costos de vigilancia y control realizados por la misma.

Iteró que los rubros del año 2007 se usaron para financiar una nueva planta de
personal y los costos de organización y operación de las nuevas funciones
jurisdiccionales y de conciliación que fueron asignados a esa entidad en la Ley 1122
de 2007, y que el valor proyectado de los recursos invertidos en TES al finalizar el año
2008, fue apropiado mediante la Ley 1098 de 2007.

2.7. A su vez, la citada cartera ministerial dio respuesta al libelo demandatorio en el
proceso 2008 00386, esgrimiendo las siguientes razones:

2.7.1. Frente a la inexistencia en la violación del artículo 98 de la Ley 488 de 1998 y
el artículo 2º del Decreto 1405 de 1999, aseguró que los artículos 338 de la
Constitución Política y 98 de la Ley 488 de 1998 determinaron que, para definir los
costos de una tasa, se deben precisar tres (3) aspectos, a saber: (i) que cada factor
que incida en la determinación tenga asignado un coeficiente para medir el costo –
beneficio, (ii) el coeficiente se determine considerando la ubicación geográfica y las

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

condiciones socioeconómicas de la población y (iii) los factores variables y coeficientes
se sinteticen en un fórmula matemática que permita el cálculo del tributo.

Mencionó que el Decreto 1405 de 1999, modificado por el Decreto 1280 de 2008,
reglamentó el sistema y método para la fijación de la tasa, y que para la determinación
de costos se hará teniendo en cuenta los factores que signifiquen las actividades
directas o indirectas de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de los sujetos
pasivos de la tasa.

Afirmó que la Secretaría General del Ministerio de la Protección Social remitió a esa
cartera ministerial el proyecto para establecer la tasa y fijar la tarifa a favor de la
anotada superintendencia para el año 2008, dando cumplimiento a la metodología
prevista para esos efectos. Resaltó que el Decreto 1405 de 1999 no establece la
obligación de que la entidad tome como parámetro para la fijación de los costos la
ejecución presupuestal del año anterior, sino que los mismos guarden relación con las
actividades que se van a realizar durante la vigencia presupuestal.

2.7.2. Arguyó que tampoco se vulneró el artículo 48 de la Constitución Política y el
Decreto 1280 de 2008, toda vez que la Superintendencia Nacional de Salud no es una
institución de seguridad social, sino que, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto
1298 de 1994, es un organismo de dirección, vigilancia y control.

Expresó que los recursos recaudados por dicha entidad no son parafiscales, sino que
provienen de una tasa que se encuentra sujeta a las normas y procedimientos
establecidos en la Constitución Política.

Luego de referir a las sentencias C-828 de 2001 y T 108 de 1999, proferidas por la
Corte Constitucional, expuso que los recursos parafiscales son aquellos que se dirigen
exclusivamente a la prestación de servicios de salud, y las tasas, por su parte, tienen
como finalidad recuperar el costo asumido por el Estado por la vigilancia y control del
servicio de salud; punto que, aseguró, ha sido reconocido por el mencionado Tribunal
Constitucional en las sentencias C-731 de 2002, C-243 de 2005, C-536 de 2006 y
C490 de 2006.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Iteró que el hecho de que los recursos de la tasa se inviertan en TES de la Nación no
hace que los mismos pierdan su destinación específica, pues no se trataban de gastos.

2.7.3. Por otro lado, destacó de que, de conformidad con las Leyes 223 de 1995 y 448
de 1998, los costos de los no aportantes deben ser cubiertos por la Nación, y que dicho
mandato ha sido cumplido cabalmente como podía verificarse en las Leyes
presupuestales 780 de 2002, 848 de 2003, 921 de 2004, 998 de 2005, 110 de 2006 y
1169 de 2007.

Indicó que las diferencias reprochadas por el actor surgen de la dinámica en la
ejecución de los recursos tanto en el ingreso como en el gasto, cuyo referente es
temporal y no se sujeta necesariamente a la vigencia fiscal. Dijo que la
Superintendencia desarrolla una actividad de recaudo de los costos de inspección y
vigilancia, quedando al final de cada año, cuentas por cobrar a los sujetos pasivos de
la tasa.

Sostuvo que dichos gastos en realidad son cuentas por pagar y que no existían saldos
presupuestales susceptibles de reintegrarse.

2.7.4. Dijo que tampoco se ha vulnerado el principio de homeostasis presupuestal, en
razón a que el artículo 21 del Decreto 111 de 1996 se refiere al cuidado que debe tener
el Ejecutivo al proyectar el presupuesto de rentas para que no se genere un
desequilibrio macroeconómico. Así, indicó que el acto enjuiciado no ha afectado de
manera tal la economía, sino que responde a las necesidades de la Superintendencia
Nacional de Salud, en consonancia con las facultades jurisdiccionales y de conciliación
que le asignó la Ley 1122 de 2007.

Reiteró el análisis expuesto en el numeral 2.6.1. y 2.6.2. anotado en referencia al
proceso 2008-00060.

2.7.5. Finalmente, luego de referirse a la naturaleza jurídica e independencia de la
Superintendencia Nacional de Salud, concluyó que esa cartera ministerial no tiene
injerencia en el manejo de los recursos que son asignados a la misma.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

2.8. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público guardó silencio en el
trámite del proceso 2006 00036.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

3.1. El Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Superintendencia Nacional de Salud corrieron el traslado para alegar
en los procesos reiterando los argumentos expuestos en los escritos de contestación
al libelo introductorio. Sin embargo, debe indicarse que la citada Superintendencia
guardó silencio en el proceso 2006 00036 y, por su parte, el primer ministerio en
comento hizo lo propio en el expediente 2008 00060.

3.2. Mediante escrito del 17 de noviembre de 2011, la parte actora descorrió el
mencionado traslado en el proceso 2006 00036 en los siguientes términos20:

3.2.1. Afirmó que el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional
de Salud en sus respectivas contestaciones no desvirtuaron que las normas
enjuiciadas hubieran cobrado por concepto de la tasa valores superiores a los
ordenados en las Leyes ordinarias del presupuesto, por lo que se había desconocido
del artículo 345 Superior.

3.2.2. Añadió que esas entidades se limitaron a explicar la metodología para la fijación
de la tasa, sin que dicho aspecto hubiere sido objeto de controversia, cuando lo
discutido era, insistió, que no existía justificación para que los montos determinados
en el acto enjuiciado difirieran con los reales valores para la vigilancia y control, por lo
que se vulneraron los artículos 98 de la Ley 488 de 1998 y 2 del Decreto 1405 de 1999.
Iteró que ello también fue corroborado por la Procuraduría General de la Nación en el
Concepto 4295 de 2007, expedido por el Procurador General de la Nación en la
demanda por inconstitucionalidad D-6683.

3.2.3. Trajo a colación apartes de la sentencia C-731 de 2000, expedida por la Corte
Constitucional, e indicó que, si bien allí se declaró como exequible la norma enjuiciada,
se indicó que los posibles excesos en los que podría incurrir la Superintendencia

20
Visible a folios 413 a 421 del proceso acumulado número 2006 00036.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Nacional de Salud al momento de fijar la tasa sólo podrían ser controlados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la que había incoado la
demanda de la referencia.

Expuso que los excedentes por el cobro de la tasa se encuentran en TES, al punto
que, incluso al 30 de junio de 2011, esa Superintendencia tenía en esa clase de títulos
una suma superior a la definida en el presupuesto para ese año. Alegó que, si bien es
permitida la posibilidad de invertir TES, lo cierto era que ello solo sería válido cuando
la Superintendencia demandada no requiera esos dineros para el adecuado
funcionamiento de Sistema General de Seguridad en Salud; pero que, en realidad,
dicho sistema presentaba graves inconvenientes en el control y vigilancia, derivados
de la corrupción, por lo que incluso afirmó que, de haber tenido dichos recursos, no
hubiese sido necesario intervenir SaludCoop, pues se habría dado cuenta de las
irregularidades que se presentaban en esa EPS a tiempo.

Resaltó que los cobros desorbitantes de la tasa habían generado graves implicaciones
dado que las entidades que prestan servicios de salud contaban cada vez con menos
recursos para atender a sus usuarios.

Reprochó que, si los recursos de la tasa eran necesarios para el funcionamiento de la
Superintendencia Nacional de Salud, no existía justificación alguna para que quedaran
excedentes o que éstos fueran invertidos en TES, por lo que, a su juicio, dicha entidad
está “cuadrando caja” con esos recursos.

Por último, reiteró los argumentos indicados en los escritos demandatorios.

3.3. A su vez, el accionante, en el expediente 2008 00060, descorrió el aludido
traslado en los siguientes términos.

3.3.1. Trajo nuevamente a colación sus reproches respecto a que no se desvirtuó que
la Superintendencia Nacional de Salud ha cobrado por concepto de su tasa valores
significativamente mayores a los que incurre por el desarrollo de sus funciones de
vigilancia y control.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

3.3.2. Por otro lado, mencionó que los recursos recaudados por el anotado tributo
deben destinarse exclusivamente para el desarrollo de sus funciones, esto es, sin
incluir los gastos de inversión, pues estos últimos deben ser entregados directamente
por el Presupuesto Nacional, lo que se corroboraba con lo expuesto en sentencia del
31 de enero de 1997, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación dentro del
expediente con número de radicado 7300.

3.3.3. Explicó que no era cierto que el Gobierno Nacional estuviere sufragando los
gastos de los no aportantes respecto a los gastos de vigilancia y control, sino que
únicamente lo hacía sobre los costes de inversión de la anotada Superintendencia,
desconociendo el artículo 3 del Decreto 3168 de 2007.

3.3.4. Adujo que, en el boletín del 19 de febrero de 2010, la Superintendencia Nacional
de Salud reconoció que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud no pueden ser destinados a inversión, posición ésta que resultaba contraria a la
esgrimidas por las entidades accionadas en los procesos de la referencia, en lo que
éstas han justificado el gasto de parte de los dineros de la tasa, en activos que
incrementan su patrimonio.

3.4. Por último, en el proceso 2008 00386 el demandante corrió el traslado en los
siguientes términos21:

Dijo que el artículo 155 de la Ley 100 de 1993 determinó que la Superintendencia
Nacional de Salud es un integrante Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que
no resultaba cierto el argumento según el cual no era una institución de seguridad
social y, por lo tanto, sus recursos sí estaban cobijados con la prohibición de ser
destinados a fines diferentes a dicho sistema, so pena de desconocer el artículo 48
Superior.

Agregó que aceptar que esa entidad no hace parte de ese sistema conllevaría a
“establecer que puede existir un sistema legal oficial acéfalo y sin organismo de control
propio del sistema”22.

21
Visible a folios 219 a 230 del Cuaderno acumulado en el proceso 2008 00386.
22
Visible a folio 669 del Cuaderno acumulado en el proceso 2006 00036.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Mencionó la sentencia del 16 de mayo de 2007, expedida por la Sección Tercera de
esta Corporación dentro del proceso identificado con número de radicado 25000 23 25
000 2003 01252 02, y dijo que, de conformidad con lo allí resuelto, era inexacta la
afirmación relativa a que los recursos provenientes de la tasa no eran parafiscales,
pues la jurisprudencia de esta Corporación les había reconocido esa calidad a esos
dineros.

3.5. En escrito del 3 de mayo de 2010, el demandante presentó un memorial de
“coadyuvancia”, indicando que la Superintendencia Nacional de Salud, el 19 de febrero
de 2010, expidió un boletín oficial, indicando que los recursos de la seguridad social
no pueden ser utilizado para la adquisición de activos, postura ésta que, a su juicio,
resultaba contraria a la sostenida por esa entidad en el trámite de la referencia.

Posteriormente, en escrito del 16 de agosto de 2011, el actor presentó un nuevo
memorial de “coadyuvancia” allegando el oficio No. 2-2011-050581, suscrito por una
asesora del Despacho del Superintendente Nacional de Salud, en el que le informó
que esa entidad tiene invertidos en TES la suma de treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y ocho millones doscientos sesenta y dos mil cien pesos ($ 39.868.262.100),
cuando el Decreto 4803 de 2010 indicó que el presupuesto de esa entidad para ese
año era de treinta y nueve mil quinientos setenta y tres millones seiscientos mil pesos
($ 39.573.600.000)23.

IV. CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO.

4.1. La Agencia del Ministerio Público delegada para la Conciliación
Administrativa rindió concepto mediante memorial radicado en la Secretaría de esta
Sección el día 5 de agosto de 2016, dentro del proceso 2006 00036, en el que expuso
los siguientes argumentos:

4.1.1. En cuanto al cargo de vulneración de los artículos 345 Superior, 11 del Decreto
111 de 1996, 98 de la Ley 488 de 1998 y 2 Decreto 1405 de 1999, indicó que la citada
norma constitucional y el artículo 347 de la Carta contemplaron el principio de legalidad
del presupuesto, al determinar que en tiempos de paz no se podrá percibir contribución

23
Visible a folio 260 ibídem.

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Demandante: Germán González Parra

o impuesto que no se halle incluido en el presupuesto de rentas y que no haya sido
decretado por el Congreso de la República o las Asambleas Departamentales o los
Concejos Distritales o Municipales. Igualmente, afirmó que la respectiva ley de
apropiaciones deberá contener la totalidad de erogaciones que el Estado pretenda
realizar durante la vigencia fiscal respectiva.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto,
compilada en el Decreto 111 de 1996, el Presupuesto General de la Nación se
compone en tres (3) partes, a saber: (i) las rentas, que contiene la estimación de
ingresos corrientes de la Nación, de las contribuciones parafiscales cuando sean
administradas por un grupo que haga parte del presupuesto, los fondos especiales, los
recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos, (ii) los gastos que
incluyen las erogaciones de las distintas ramas del poder público y en el que se
distinguen los costes de funcionamiento, de servicio de deuda pública y de inversión,
y (iii) las disposiciones generales.

Así, señaló que la Superintendencia Nacional de Salud tuvo los siguientes
presupuestos de rentas: (a) para el año 2001, la Ley 714 contempló un valor de seis
mil millones de pesos ($6.000.000.000), (b) en 2002, la Ley 780 le asignó seis mil
ochocientos veintisiete millones ochocientos cuarenta y nueve mil setenta y dos pesos
($6.827.849.072), (c) en 2003, la Ley 848 le otorgó nueve mil seiscientos dos millones
seiscientos mil pesos ($ 9.602.600.000), (d) en 2004, la Ley 921, le confirió doce mil
quinientos treinta y cuatro millones setecientos mil pesos ($ 12.534.700.000), y (e) en
2005, la Ley 998 le autorizó dieciocho mil novecientos noventa y cuatro millones
noventa y cinco mil pesos ($ 18.994.095.000).

Dijo que lo expuesto contrastaba con la siguiente información entregada por esa
entidad:

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Aseguró que, si bien los datos que reposan en las leyes de presupuesto para los
mencionados años no eran acordes a los suministrados por la Superintendencia de
Salud, lo cierto es que ello no permitía concluir en la ilegalidad de las disposiciones
enjuiciadas, en la medida en que en estas últimas cifras se estaba consignando el valor
de los costos de supervisión y control a cargo de esa entidad, aplicando los Decretos
1405 de 1999 y 1580 de 2002.

Aseveró que en las disposiciones censuradas no se estableció el monto de la tasa y
que la no inclusión de los recursos de ese tributo en el presupuesto de rentas era una
omisión del Ejecutivo y del Legislador al expedir la Ley de Presupuesto, aspecto éste
que, reiteró, de ninguna manera podía ser entendido como un vicio de ilegalidad de la
disposición censurada.

4.1.2. Respecto al principio de homeóstasis presupuestal resaltó que no se comprobó
que el Gobierno Nacional hubiera calculado de forma errónea los costos de supervisión
y control para cada clase de entidades y que, además, tal principio se predicaba de
todo el presupuesto y no simplemente de las entidades que se encuentran incluidas
en éste o en una de sus secciones.

4.1.3. En relación con el cargo de violación del artículo 48 de la Carta Política,
mencionó que prohijaba las intervenciones del Ministerio de Hacienda, en las que
resaltó que los excedentes de liquidez de la Superintendencia Nacional de Salud
debían ser invertidos en títulos de tesorería sin que ello implicara un cambio en su
destinación, toda vez que ello no constituía un gasto.

Reprochó que en dicho cargo tampoco se discute la legalidad de los actos enjuiciados,
sino que se reprochan actuaciones efectuadas por la administración, aspecto éste que
escapa de los alcances de la acción de nulidad.

4.2. Por otro lado, en el expediente 2008 00060, el Ministerio Público rindió el
siguiente concepto:

4.2.1. Sobre el desconocimiento del artículo 345 Superior y las demás normas del
presupuesto, procedió a citar integralmente el citado artículo y el 11 del Decreto 111

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

de 1996, 98 de la Ley 488 de 1998, apartes de la Ley 1110 de 2006 y la sentencia C-
731 expedida por la Corte Constitucional, para señalar que la Superintendencia
Nacional de salud se encuentra habilitada para fijar la tarifa de la tasa, destinada a
garantizar el cumplimiento o desarrollo de sus funciones propias.

Expuso que el Ministerio de la Protección Social efectuó el cálculo de la misma de
acuerdo con el sistema y método fijado en el Decreto 1405 de 1999 y teniendo en
cuenta el valor adicionado en la Ley 1110 de 2007, equivalente a cuatro mil trescientos
cincuenta y tres millones ciento noventa y cuatro mil novecientos veintiún pesos
($4.353.194.921). Dijo que en ésta última cifra no se incluyó dentro el valor que debe
ser asumido por las entidades vigiladas el coste de las personas que no están sujetas
a control, sino que se dispuso que ese valor será financiado a cargo de los recursos
de la Nación y de Capital en cumplimiento del artículo 3º del Decreto 3168 de 2007.

4.2.2. Del cargo de violación de los artículos 98 de la Ley 488 de 1998, 2 del Decreto
405 de 1999 y 15 del Decreto 111 de 1996, indicó que el mismo no tenía vocación de
prosperidad, en la medida en que, de acuerdo con la información aportada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia de 2007, se presentó una
reducción de “$200.0 millones de pesos” en el presupuesto de inversión con aportes
de la Nación.

Expuso que, a través del Decreto 2895 del 31 de julio de 2007, se efectuaron traslados
al interior del presupuesto de la Superintendencia Nacional de Salud mediante
resoluciones motivadas y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del
Decreto 4730 de 2005, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional impartió
aprobación a dichas operaciones, por lo que su manejo era acorde con la Ley.

4.2.3. Frente al desconocimiento del artículo 48 Superior, reiteró que los artículos 48
de la Ley 179 de 1994 y 1 y 2 del Decreto 1013 de 1995, autorizaron a las entidades
públicas a invertir sus excedentes de liquidez en TES clase “B”.

4.2.4. Sobre la vulneración del principio de homeostasis hizo referencia a un concepto
técnico emitido por la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia Nacional
de Salud e indicó que no se acreditó la afectación del equilibrio económico del sistema,

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

debido a que el actor se limitó a efectuar apreciaciones subjetivas y ajenas a la
realidad.

4.2.5. Finalmente, de la inclusión de los gastos de inversión en la tasa, manifestó que
el Decreto 1405 de 1999 determinó que la citada tasa tenía por objeto garantizar el
funcionamiento o desarrollo propio de la mencionada Superintendencia, sin hacer
distinción alguna frente a los gastos de inversión o funcionamiento, o que fuera con
base en el presupuesto de ingresos y gastos de esa entidad que se fijó el cálculo de
la anotada tasa.

4.3. En el proceso 2008 00386 fue rendido el siguiente concepto:

4.3.1. En cuanto al desconocimiento de los artículos 98 de la Ley 488 de 1999 y el
artículo 15 del Decreto 111 de 1996, resaltó que el artículo 338 de la Constitución
Política permite que se puedan fijar tasas con el fin de recuperar los costos de los
servicios que se presten o la participación de los beneficios que se proporcionen al
usuario, al tiempo que se fija el sistema y método para definir dichos servicios.

Alegó que, en cumplimiento de dicho mandato, el artículo 98 de la Ley 488 de 1998
creó una tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, que debe ser pagada
por las entidades de derecho público y privado y las entidades sin ánimo de lucro, que
se encuentren bajo la inspección y vigilancia del citado organismo. Agregó que dicha
norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C – 731 de
2000.

Mencionó que, mediante el Decreto 1405 de 1999, el Gobierno Nacional reglamentó
el sistema y el método para la fijación de la anotada tasa anual y que el artículo 5
ibidem estableció que, para determinar el valor máximo a cobrar, debía tenerse en
cuenta el valor del presupuesto de funcionamiento e inversión aprobado por el
Presupuesto General de la Nación.

Sostuvo que dentro del plenario obra concepto favorable de la Secretaría General del
Ministerio de Protección Social dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
establecer la tasa y su tarifa en el año 2008 y que el sustento de dicho documento fue
la metodología definida en el año 2000, a partir de la cual se establecieron los valores

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

para los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Así las cosas, expuso que era
claro que dichos costos habían observado el Decreto 1405 de 1999 y que se tuvieron
en cuenta los factores que inciden en las actividades directas e indirectas de la anotada
Superintendencia.

Alegó que, teniendo en cuenta la información que suministró el aludido Ministerio de
Hacienda, en la vigencia 2008, “el presupuesto corresponde a la suma de 54.405.9 y
el final para la Superintendencia de Salud fue de $ 49.455.9 millones, con lo que se
presentó una reducción por valor de $ 47.945.0 millones, de los cuales $ 3.000 millones
corresponden al presupuesto de funcionamiento y $ 1.949.9 millones en el
presupuesto de inversión con recursos propios. Y mediante el Decreto 2719 del 23 de
julio de 2008, se efectuaron traslados al interior de su presupuesto mediante
resoluciones motivadas y de conformidad con el artículo 29 del Decreto 4730 de 2005,
la Dirección General de Presupuesto Público impartió la aprobación de las operaciones
presupuestales, razón ésta que permite concluir que el establecimiento de los costos
de supervisión y control se realizó de acuerdo a lo ordenado con el presupuesto”24

4.3.2. Dijo que no fue desconocido el artículo 48 de la Carta Política y el parágrafo 3º
del Decreto 1280 de 2008, toda vez que las entidades públicas se encuentran
obligadas a invertir los excedentes de liquidez en TES clase “B”, de conformidad con
en el artículo 48 de la Ley 179 de 1994 y el Decreto 1525 de 2008, y que el hecho de
que se hubieren invertido los excedentes de liquidez en la adquisición de una nueva
sede, no significaba que se hubiere dado a los mismos una destinación diferente, en
la medida que dicha erogación fue aprobada en la Ley 1169 de 2007.

4.3.3. Del principio de homeostasis presupuestal, manifestó que se encuentra
consagrado en el artículo 21 del Decreto 111 de 1996 y que indica que el crecimiento
real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de
cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia con la economía de manera tal que
no se cause un desequilibrio macroeconómico, por lo que reproches de esa naturaleza
debían ser predicados sobre la totalidad del presupuesto de rentas y no de una sección
presupuestal, por ende, afirmó que el juicio propuesto en la demanda era un reproche
propio del juicio de constitucionalidad de las Leyes de Presupuesto, que debió ser

24
Visible a folio 687 V del Cuaderno acumulado en el proceso 2006 00036.

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Demandante: Germán González Parra

ventilado a través del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad y no de la
presente acción de nulidad.

Sostuvo que tampoco se demostró el desequilibrio económico, máxime cuando la tasa
a favor de la Superintendencia Nacional de Salud se creó por mandato legal y tiene
por objeto garantizar las funciones de esa entidad y por su parte, los cuestionamientos
del accionante eran apreciaciones subjetivas y ajenas a la realidad.

4.3.4. Por otro lado, afirmó que los actos enjuiciados sí podían tener en cuenta los
costes de inversión de la mencionada Superintendencia. Sobre el particular, reiteró
que el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 488 de 1998, determinó que para calcular el
valor máximo de la tasa a recaudar se debe tener en cuenta el valor del presupuesto
de funcionamiento e inversión aprobado en el Presupuesto General de la Nación.

V. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Cuestión previa.

El Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, el 18 de abril de 2022, afirmó
encontrarse impedido para conocer del proceso de la referencia 25, en atención a que
intervino en calidad de Ministerio Público rindiendo el concepto respectivo en los
procesos identificados con el número 2006-0003626 y 2008-0006027. Manifestación de
impedimento que fue declarada fundada mediante providencia del 26 de abril de ese
mismo año28.

6.2. Competencia.

25
Visible en el índice número 211
26
Folios 426 a 433.
27
Folios 288 a 297 vuelto.
28
Visible en el índice número 212 del Sistema de Gestión SAMAI

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de
la referencia.

6.3. Planteamiento

Visto que los reparos de invalidez de los actos que se cuestionan coinciden en su
mayoría en los tres (3) procesos acumulados, los mismos se van a abordar de acuerdo
al reproche esgrimido, así como las excepciones invocadas.

Sobre el particular, lo primero que advierte la Sala es que la Superintendencia Nacional
de Salud y el Ministerio de Protección Social reprochan en sus respectivas
intervenciones que existe ineptitud sustantiva de la demanda, debido a que: no se
formuló ningún juicio de legalidad de las disposiciones enjuiciadas, no se sustentó el
concepto de violación de las normas invocadas como vulneradas, particularmente, las
Leyes 488 de 1998 y 1110 de 2006, ni se realizó una confrontación de los actos
demandados con las disposiciones invocadas como infringidas. Sostuvieron que los
reparos eran errados, infundados o simples apreciaciones subjetivas del actor.
Igualmente, la anotada Superintendencia invocó como parte de esa excepción que
ninguno de los cargos de la demanda estaba dirigido en contra de esa entidad, ni había
sido incluida como parte accionada en el libelo introductorio.

Por otro lado, en lo atinente al fondo del asunto, observa la Sala que las partes
concuerdan en que, con la expedición de los actos enjuiciados, los Ministerios de
Protección Social y de Hacienda y Crédito Público fijaron el costo que debe serle
reconocido a la Superintendencia Nacional de Salud como consecuencia del desarrollo
de sus actividades de supervisión, vigilancia y control para los años 2002 a 2008. Sin
embargo, discuten sobre los siguientes puntos: (i) si los montos fijados en los actos
demandados por concepto de la tasa a favor de la anotada Superintendencia eran más
elevados a los costes del presupuesto y a los gastos necesarios para el funcionamiento
de esa entidad, (ii) si dichos dineros tenían la calidad de parafiscales y si se les dio

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

una destinación distinta para la que fueron recaudados, (iii) si se vulneró el principio
de homeostasis presupuestal, (iv) sobre la posibilidad de incluir los costes de inversión
dentro del monto de la tasa, (v) si la financiación de los recursos de los no aportantes
se produce con la tasa, y (vi) acerca de la incidencia del concepto del Procurador
General de la Nación en el proceso de exequibilidad adelantado contra los artículos 1
y 2 de la Ley 1110 de 2006.

Bajo tal contexto, se abordarán los puntos de discrepancia en el orden indicado.

6.4. Excepción de inepta demanda29

De la manera en que se formula la excepción de inepta demanda, se impone a la Sala
definir previamente, si los cargos que esgrime el actor no controvierten la legalidad de
las disposiciones enjuiciadas, no se sustenta el cargo de violación de las Leyes 188
de 1998 y 1110 de 2006 y ninguno los escritos introductorios están dirigidos en contra
de la Superintendencia Nacional de Salud.

Pues bien, dilucidar tal medio exceptivo impone conocer su alcance en la manera en
que se encuentra establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable por la remisión autorizada en el artículo 267 del CCA, que es del siguiente
tenor:

“Artículo 97. Limitaciones de las excepciones previas y oportunidad para
proponerlas. El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que
expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá
proponer las siguientes excepciones previas:

(…)

7. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones”.

Como se observa, dicha excepción se configura siempre que se presenten dos
inconsistencias: i) falta de requisitos formales, y/o ii) indebida acumulación de
pretensiones, siendo relevante para el caso la primera de ellas.

29
Formulada por el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud en el
proceso número 2008-00060.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Así las cosas, la manifestación de ineptitud de la demanda tiene la finalidad de advertir
que el libelo introductorio no cumple con todas las exigencias de forma, es decir, que
no reúne los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda
previstos en los artículos 137, 138 y 139 del CCA, que indican lo siguiente:

“Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción
administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

(…)

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación ”.

“Artículo 138. Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la
nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de
nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado,
sólo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las
pruebas que lo demuestren”.

“Artículo 139. La demanda y sus anexos. A la demanda deberá acompañar el
actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación,
notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas
anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder.

Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicadas en los
medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación.

Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir
autenticada por el funcionario correspondiente.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre
su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará
prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se
encuentre el original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se
solicite por el Ponente antes de la admisión de la demanda.

Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con
que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra
persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro trasmitido a
cualquier título, y la prueba de la existencia y representación de las personas
jurídicas distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso.

Al efecto deberá acompañarse con la demanda la prueba del recurso o petición
elevado ante la administración, con la fecha de su presentación.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Deberá acompañarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las
partes.

El demandante deberá aportar con la demanda todas las pruebas documentales
que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso”.

Bajo tal perspectiva, no halla la Sala que la demanda interpuesta por el señor Germán
González Parra haya omitido alguno de los requisitos anotados, pues, contrario a lo
expresado por el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia Nacional de
Salud, sí indicó el concepto de violación en la manera en que fue planteado en el
anterior acápite, incluyendo, entre otros, reparos de validez de los actos que se
cuestionan de cara a lo expuesto por la Ley 488 de 1998 y por la Ley 1110 de 2006,
por medio de la cual se adoptó el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para el año 2007, de tal suerte que no tiene vocación de prosperidad la
excepción así formulada.

De otro lado, la indicación que hiciera la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto
que no fue vinculada en la demanda como extremo pasivo del litigio no se enmarca
dentro del anotado medio de defensa, sino en el denominado falta de legitimación en
la causa por pasiva, que tampoco puede ser estimado; dado que, aun cuando no fue
la autoridad que expidió los Decretos que se impugnan, lo cierto es que en cada uno
de los procesos fue vinculada en calidad de tercero con interés directo 30, habida cuenta
de que la tasa allí definida tiene como destinataria las arcas de esa entidad e incluso
es la encargada de liquidarla, a voces de lo que indica el artículo 7 del Decreto 1405
de 199931, de modo que la decisión que se profiera sobre la legalidad de tal tributo
afecta directamente su situación financiera.

30
En el proceso 2006-00036 mediante auto del 11 de octubre de 2007 (folios 210 a 221). En el
expediente 2008-00060 en el auto de 26 de septiembre de 2008 (folios 101 y 102). En el asunto
identificado con el número 2008-00386 en el proveído calendado el 5 de octubre de 2009 (folio 191).
31
“Artículo 7º. Liquidación y cobro de la tasa. La tasa que se regula en el presente decreto será
liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud con sujeción a las reglas aquí contenidas.
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante resolución de carácter general, podrá exigir el pago
de la tasa a los sujetos de su supervisión y control, en una o varias cuotas, en las fechas y de la forma
que ésta señale. El manejo de estos recursos será acorde con las normas sobre presupuesto.
La Superintendencia Nacional de Salud podrá exigir a las entidades sujetas al pago de la tasa a la que
se refiere el presente artículo la remisión de los informes que se consideren necesarios para asegurar
su adecuada liquidación
Las entidades de derecho público están obligadas a presupuestar esta tasa de acuerdo con las normas
respectivas”. (Subrayas de la Sala).

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

En tal escenario, y ante la falta de prosperidad de la excepción propuesta, la Sala
abordará el análisis de fondo, para lo cual será necesario aludir al contexto normativo
que antecedió la expedición de los actos que se acusan.

6.5. Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política, el Congreso
de la República expidió el artículo 98 de la Ley 488 de 199832, mediante el cual dispuso
la creación de la citada tasa en los términos que siguen:

“Artículo 98. Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. Las
entidades de derecho público o privadas y las entidades sin ánimo de lucro, con
excepción de las beneficencias y loterías, cuya inspección y vigilancia corresponda
a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a
garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la
Superintendencia respecto de tales entidades.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política el
Gobierno Nacional fijará la tarifa de la tasa de acuerdo con los siguientes sistemas
y métodos:

a. La tasa incluirá el valor por el servicio prestado. El Gobierno Nacional, teniendo
en cuenta los costos de supervisión y control, definirá anualmente las bases sobre
las cuales se hará el cálculo de dicha tasa;

b. El cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y
geográficos que incidan en las entidades sujetas al control de la Superintendencia
de Salud.

Con fundamento en las anteriores reglas, el Gobierno Nacional aplicará el siguiente
método en la definición de costos, sobre cuya base se fijará el monto tarifario de
la tasa que se crea por la presente norma:

a. A cada uno de los factores que incidan en la determinación de la tasa se le
asignará un coeficiente que permita medir el costo beneficio;

b. Los coeficientes se determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y
las condiciones socio-económicas de la población;

c. Los factores variables y coeficientes serán sintetizados en una fórmula
matemática que permita el cálculo y determinación de la tasa que corresponda, por
parte del Gobierno Nacional.

La tasa a que se refiere el presente artículo se aplicará a partir del primero de enero
de 1999”. (Subrayas de la Sala).

32
“Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las
Entidades Territoriales.”

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

El Decreto 1405 de 199933 definió el sistema y método en la siguiente forma:

“Artículo 2º. Definición de bases para el cálculo de la tasa. La tasa a favor de
la Superintendencia Nacional de Salud incluirá el valor del servicio prestado por
ésta a las entidades sujetas a su supervisión y control. El Gobierno Nacional
establecerá anualmente los costos de supervisión y control para cada clase de
tales entidades, los cuales serán objeto de recuperación mediante la tasa. La
determinación de los costos se hará teniendo en cuenta los factores que
signifiquen actividades directas o indirectas de la Superintendencia respecto de los
sujetos pasivos de la tasa y se fijarán con base en principios de eficiencia.

a) Tarifa no ajustada de la tasa

El monto de la tasa impuesta a cada una de las entidades a que se refiere el
presente artículo guardará equitativa proporción con los respectivos activos de
ésta. Para los presentes efectos se entenderá por t la tarifa no ajustada de la tasa,
la cual será igual a la proporción que los activos totales de cada sujeto de
supervisión y control tengan en el total de activos de los sujetos de la clase de que
se trate.

t= a/A

Dónde:

a = Activos totales de la entidad sujeta a la supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud para la cual se está realizando el cálculo de
la tasa.

A = Activos totales de las entidades pertenecientes a la misma clase que la entidad
sujeta a la supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud para la
cual se está realizando el cálculo de la tasa

b) Tasa básica (no ajustada)

Se entenderá por c la tasa básica (no ajustada) resultante de aplicar la tarifa t a los
costos correspondientes a la clase respectiva de sujetos de vigilancia (CT),
determinados conforme lo establece el primer inciso de este artículo.

c= t*CT.

“Artículo 3º. Asignación de coeficientes de costo-beneficio. A los factores a
los que se refiere el artículo anterior se asignará un coeficiente que permita medir
la relación costo-beneficio que tales actividades representan para los sujetos de
supervisión y control. Dichos factores estarán determinados por el tipo de actividad
a que se dedique principalmente cada clase de sujetos de supervisión y control.
Para estos efectos, el Superintendente Nacional de Salud, mediante resolución de
carácter general, clasificará a los sujetos de su supervisión y control según se
dediquen exclusiva o principalmente a alguna de las siguientes actividades, a cada
una de las cuales corresponderá el coeficiente respectivo.

a) Recaudo de recursos-EPS y Entidades asimiladas

33
“Por medio del cual se reglamentan el sistema y el método para la fijación de la tasa anual que
cancelarán las entidades cuya inspección, vigilancia y control corresponda a la Superintendencia
Nacional de Salud, y se dictan otras disposiciones.”

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Demandante: Germán González Parra

a= [(Recaudot -Recaudot-1)/Recaudot-1] / [(ct - ct-1) / ct-1]

Dónde:

1. Recaudot: Recaudo de recursos del Sistema General de Salud realizado por el
sujeto de supervisión y vigilancia en el último período.

2. Recaudot-1: Recaudo en el período anterior a aquél.

3. ct: Costo asignado al sujeto de supervisión con sujeción a las reglas indicadas
en el artículo anterior, y

4. ct-1: Costo asignado al sujeto de supervisión en el período anterior.

b) Generación de recursos-licoreras. Registro y todas las demás entidades que
generan recursos para el sector salud.

b= [(Recursos generadost -Recursos generadost-1)/ y Recursos generadost-1] /
[(c t - Ct-1)/ct-1]

Dónde:

1. Recursos generadost: Monto de recursos para el Sistema General de Salud
generado por el sujeto de supervisión y vigilancia en el último período.

2. Recursos generadost-1: Monto de recursos generado para el período anterior a
aquél.

3. ct: Costo asignado al sujeto de supervisión con sujeción a las reglas indicadas
en el artículo anterior, y

4. ct-1: Costo asignado al sujeto de supervisión en el período anterior.

c) Prestación de servicios-IPS

d = [(Gastos Operacionalest - Gastos Operacionalest-1) / Gastos

Operacionalest-1)] /[(ct - ct-1)/ ct-1] /

Dónde:

1. ct: Costo asignado al sujeto de supervisión con sujeción a las reglas indicadas
en el artículo anterior,

2. ct-1: Costo asignado al sujeto de supervisión en el período anterior.

3. Gastos Operacionalest: Son los costos de prestación del servicio del sujeto
respectivo en el último período, y

4. Gastos Operacionalest-1: Costos de prestación del servicio del sujeto respectivo
en el período anterior a aquél.

Parágrafo. En caso de que algún sujeto de vigilancia realice simultáneamente
varias de las actividades descritas en este artículo, la Superintendencia

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

determinará en la forma prevista en el inciso primero de este artículo, el coeficiente
específico que debe aplicarse.

Artículo 4º. Determinación de coeficientes de costo-beneficio. Los
Coeficientes de Costo-Beneficio a los que se refiere el presente artículo se
determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y las condiciones
socioeconómicas de la población, mediante la aplicación del Factor de Ajuste
OMEGA.

(…)

Artículo 5º. Evaluación de factores sociales, económicos y geográficos. El
cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y
geográficos que incidan en las entidades sujetas a la supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud. Tal evaluación se hará mediante la aplicación
del Factor de Ajuste OMEGA calculado de la manera indicada en el artículo
anterior, de conformidad con la siguiente fórmula:

(…)

Artículo 6º. Fórmula para el cálculo y determinación de la tasa. Los factores
variables y coeficientes a los que se refieren los artículos anteriores se sintetizan
en la siguiente fórmula matemática, la cual será utilizada para el cálculo y la
determinación de la tasa que corresponda a cada sujeto de supervisión y control:

ccf= [(1+OMEGA)*(Y*t*CT)]

El cálculo de cada uno de los componentes de la fórmula precedente se hará de
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 7º. Liquidación y cobro de la tasa. La tasa que se regula en el presente
decreto será liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud con sujeción a
las reglas aquí contenidas.

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante resolución de carácter general,
podrá exigir el pago de la tasa a los sujetos de su supervisión y control, en una o
varias cuotas, en las fechas y de la forma que ésta señale. El manejo de estos
recursos será acorde con las normas sobre presupuesto.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá exigir a las entidades sujetas al pago
de la tasa a la que se refiere el presente artículo la remisión de los informes que
se consideren necesarios para asegurar su adecuada liquidación.

Las entidades de derecho público están obligadas a presupuestar esta tasa de
acuerdo con las normas respectivas.

Artículo 8º. Cobro coactivo y sanciones. La Superintendencia Nacional de
Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992,
tendrá jurisdicción coactiva para hacer efectivas las sumas que adeuden los
sujetos de vigilancia por concepto de la tasa a la que se refiere el presente decreto.
Para este efecto, se otorgarán poderes a funcionarios abogados de la Oficina
Jurídica o se contratarán apoderados especiales que sean abogados titulados.

La mora en el pago de la tasa causará un interés del uno (1%) por ciento mensual,
desde el día en que se haga exigible hasta el día en que se verifique el pago.

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Demandante: Germán González Parra

La Superintendencia Nacional de Salud podrá imponer a los sujetos de vigilancia
las sanciones a las que se refiere el artículo 5o., ordinal 24, del Decreto-ley 1259
de 1994 cuando incumplan las solicitudes de remisión de información a las que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 9º. Reglamentación por la Superintendencia Nacional de Salud. La
Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto-Ley 1259 de 1994 y demás normas aplicables, adoptará las medidas
necesarias para dar adecuado cumplimiento a las funciones a las que se refieren
los artículos 7o. y 8o. del presente decreto.

Artículo 10º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”. (Subrayas de
la Sala).

A su turno, la Corte Constitucional definió la exequibilidad de la norma legal, así:

“Como servicio público, la seguridad social está incorporada dentro del haz de
finalidades sociales del Estado, lo cual justifica que dicho servicio se encuentre
sometido “en todo caso” a la regulación, control y vigilancia del Estado y que su
financiación haga parte del denominado gasto público social (C.P. arts. 365 y 366).

La vigilancia y control de la seguridad social es una función pública de la cual la
Constitución hace responsable al Presidente de la República (arts. 189-22 y 150-
8), y es ejercida por autorización de ésta y con arreglo a la ley por conducto de las
superintendencias. Es así como estas actividades, en lo que concierne a los
servicios de la seguridad social en salud, se han asignado por el legislador a la
Superintendencia Nacional de Salud.

La actividad de vigilancia y control cumple un cometido constitucional específico,
en la medida en que se dirige a asegurar la prestación regular, permanente,
oportuna y eficiente del servicio de seguridad social en salud y, particularmente, a
lograr que los recursos destinados a su financiación se utilicen en forma racional y
acorde con los propósitos sociales previstos en la Constitución.

Consecuente con lo anterior, la ley ha asignado a la Superintendencia Nacional de
Salud la vigilancia sobre: la utilización eficiente de los recursos fiscales en la
prestación de los servicios de salud; la oportuna y adecuada liquidación, recaudo,
giro, transferencia de esos recursos y arbitrios rentísticos destinados para la salud;
la adopción de políticas y estrategias de control para lograr que ingresos de la
seguridad social en salud no se desvíen de sus objetivos especiales.

2.2. La ejecución de la vigilancia y el control que ejerce la Superintendencia
Nacional de Salud conlleva la realización de considerables erogaciones
económicas, porque aquélla implica la destinación y operación de medios
personales y materiales de distinta índole, que van desde la operación de las
organizaciones institucionales a través de las cuales se proponen las diferentes
estrategias, hasta la implementación de los mecanismos normativos y de
regulación que se requieren para orientar y dirigir el manejo de las competencias,
asegurar la protección de los diferentes intereses que entran en juego y disponer
la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados.

La ley ha consagrado como técnica de financiación, que los propios organismos
vigilados financien el costo que implica el control de sus actividades, lo cual, en
tratándose de la prestación de servicios públicos es algo natural porque tanto la

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Demandante: Germán González Parra

actividad que ellos comportan como la vigilancia de éstos, integran un todo
funcional y operativo, en cuanto atienden al logro de finalidades superiores que
tienen que ver con el buen funcionamiento de aquéllos, aparte de que como el
referido control redunda en beneficio de la eficiencia de los servicios, los sujetos
favorecidos deben contribuir al financiamiento de los gastos que demanda la
vigilancia y control por la Superintendencia, dentro de los conceptos de justicia y
equidad (C.P. arts. 95-9, 150-8, 189-22 y 365 ).

Adicionalmente puede considerarse, que la vigilancia y el control de los servicios
públicos constituyen una modalidad de intervención del Estado en este importante
sector, en cuanto contribuye a racionalizar la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas (C.P. art. 334), que se traduce
en la realización del principio de la igualdad material al cual apunta la prestación
de dichos servicios.

La tasa a la cual alude la norma acusada resulta ser el mecanismo apropiado para
obtener que las entidades vigiladas, en este caso las empresas promotoras de
salud y las de medicina prepagada, reintegren el costo que demanda para la
Superintendencia su vigilancia y control. Ningún otro tributo resulta idóneo para el
logro del referido propósito pues el impuesto constituye un gravamen general y por
ello no responde a una contraprestación, y la contribución porque es una
participación que al contribuyente se le exige en razón de los beneficios que recibió
de una acción del Estado que le proporcionó una plusvalía patrimonial.

Según lo ha señalado la Corte, la tasa es un gravamen con el que se retorna el
costo asumido por el Estado en la prestación de un servicio público. En efecto, en
la sentencia C-465 de 1993[1] señaló:

Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado
por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por
la prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es
la financiación del servicio público que se presta.

La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata
de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes,
independientemente de su iniciativa, dan origen a él.

Bien importante es anotar que las consideraciones de orden político,
económico o social influyen para que se fijen tarifas en los servicios públicos,
iguales o inferiores, en conjunto, a su costo contable de producción o
distribución. Por tanto, el criterio para fijar las tarifas ha de ser ágil, dinámico
y con sentido de oportunidad. El criterio es eminentemente administrativo.

2.3. El demandante es reiterativo en afirmar que la norma acusada propicia el
cambio de destinación de los recursos de la seguridad social que se perciben por
los sujetos gravados, dado que el inciso 5 del artículo 48 de la Constitución prohíbe
destinar o utilizar los referidos recursos para finalidades diferentes. Desde la óptica
del demandante, el pago de la tasa a la Superintendencia de Salud implica que
los valores correspondientes a dicha tasa, se destinarían a un sector diferente al
de la seguridad social en salud.

Es cierto que los recursos que financian la seguridad social constituyen, en su
mayor medida, recursos parafiscales, como lo es también que el pago de la tasa
por las empresas promotoras de salud supone de hecho una reducción de sus
recursos en una proporción igual al valor de aquélla. Pero de ello no se deriva la
inconstitucionalidad de la norma acusada porque, como se expresó antes, es de

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Demandante: Germán González Parra

la esencia de la prestación del servicio su vigilancia y control; y por ello, constituiría
un contrasentido que, de una parte, el artículo 48 en referencia prohíba destinar
porción alguna de los recursos de la seguridad social a otras finalidades y, de otra,
exigiera en su primer inciso que la seguridad social sea objeto no sólo de la
dirección y coordinación, sino también del control por el Estado. Es, por
consiguiente, compatible la referida prohibición con la vigilancia y control de las
entidades que prestan los servicios de seguridad social.

No habría manera lógica de admitir el control, es decir, la vigilancia del servicio
público, excluyendo en forma inconciliable la posibilidad de que las entidades
públicas no asumieran el costo del servicio. Es consustancial con la prestación de
un servicio público la necesidad de financiar el costo que aquélla representa,
porque ello comporta lograr y asegurar su eficiencia. De modo que esos conceptos
no se pueden divorciar, a menos que se admita que la eficiencia no es un factor
del buen servicio.

De lo expresado se deduce que la prohibición de utilizar los recursos de la
seguridad social para fines diferentes, alude a la restricción de su manejo en
programas distintos, así estén dirigidos a satisfacer otras necesidades básicas de
similar importancia dentro del plexo de las necesidades sociales, mas dicha
restricción no se extiende a las actividades de control y vigilancia que son
inherentes al servicio público.

2.4. No le asiste razón al demandante cuando acusa de inconstitucional la norma
del art. 98, por presunta omisión del método y el sistema para calcular la tarifa de
la tasa, por las siguientes razones:

Se deduce de la simple lectura de dicha norma que ella señala los elementos
estructurales del sistema y el método requeridos para que el Gobierno pueda
definir la tarifa de la tasa. En efecto:

El sistema señalado conduce a que se calcule, en primer término, el costo
requerido por las actividades de supervisión y control de las entidades vigiladas,
desagregándolo después mediante la valoración de los factores sociales,
económicos y geográficos que inciden en la actividad de las entidades sujetas al
control.

En relación con el método la norma precisa que una vez establecida la base del
cálculo de la tasa (sistema) se asignará un coeficiente a cada uno de los factores
que se establecieron como determinantes de la tasa (en función de la ubicación
geográfica y las condiciones socio económicas de la población), y estos factores y
coeficientes se sintetizan en una fórmula matemática, mediante la cual se logre el
cálculo de los costos por las actividades de vigilancia y control.

En tal virtud, la Corte encuentra que los mecanismos de valoración y distribución
de los costos de la tasa por la vigilancia de la Superintendencia de Salud están
adecuadamente establecidos conforme a las exigencias del artículo 338.

Los posibles excesos en que pueda incurrir el ejecutivo en la definición de la tasa,
según las prescripciones previstas en la norma acusada, escapan del examen
constitucional y sólo pueden ser controlados a través de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”.34 (Subrayas de la Sala).

34
C-731 de 2000.

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Demandante: Germán González Parra

Con posterioridad, se expidió el Decreto 1280 de 2008 (abril 22), que modificó el
anterior acto reglamentario, en la siguiente forma:

“Artículo 1°. El artículo 4° literal b) inciso 3° del Decreto 1405 de 1999 quedará
así:

El Coeficiente de costo-beneficio ajustado por ubicación geográfica y condiciones
socioeconómicas de la población Ψ nunca serα mayor que 1 ni menor que 0.90.

Artículo 2°. El artículo 5° inciso 2° del Decreto 1405 de 1999 quedará así:
Donde:

ccf = Tasa Básica ajustada por Coeficiente de Costo-Beneficio ajustado por
ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas Ψ, con evaluación de
factores sociales, económicos y geográficos que inciden en el sujeto de supervisión
y control. El valor de (1 +Ώ ) siempre serα igual o inferior a 1, pero superior a 0.90.

Artículo 3°. El artículo 7° del Decreto 1405 de 1999 quedará así: Artículo
7°. Liquidación y cobro de la tasa. La tasa que se regula en el presente decreto
será liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud con sujeción a las reglas
aquí contenidas.

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante acto administrativo de carácter
individual, podrá exigir el pago de la tasa a los sujetos de su supervisión y control,
en una o varias cuotas, en las fechas y de la forma que esta señale. El manejo de
estos recursos será acorde con las normas sobre presupuesto.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá exigir a las entidades sujetas al pago
de la tasa a la que se refiere el presente artículo la remisión de los informes que
se consideren necesarios para asegurar su adecuada liquidación.

Las entidades de derecho público están obligadas a presupuestar esta tasa de
acuerdo con las normas respectivas.

Parágrafo 1°. Los recursos de la tasa no utilizados en la vigencia fiscal respectiva
serán deducidos del valor a cobrar en el siguiente año, utilizando para su
distribución entre las entidades vigiladas de cada clase, el factor t establecido en
el presente Decreto.

El monto de los recursos no utilizados estará determinado por el valor positivo que
arroje la comparación de la tasa recaudada con el total de los compromisos
presupuestales adquiridos en la respectiva vigencia fiscal. Para tal efecto, la
Superintendencia Nacional de Salud establecerá los mecanismos que identifiquen
los compromisos adquiridos con recursos de la tasa.

Artículo 4°. El artículo 8° del Decreto 1405 de 1999 quedará así:

Artículo 8°. Cobro coactivo y sanciones. La Superintendencia Nacional de Salud,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 6a de 1992, tendrá
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las sumas que adeuden los sujetos de
vigilancia por concepto de la tasa a la que se refiere el presente decreto. Para este
efecto, se otorgarán poderes a funcionarios abogados de la Oficina Jurídica o se
contratarán apoderados especiales que sean abogados titulados.

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El no pago de la tasa en los plazos fijados por la Superintendencia Nacional de
Salud, causará los intereses de mora aplicables al impuesto de renta y
complementarios desde la fecha en que debió efectuarse el pago y el momento en
que se consignan los recursos a favor de la Superintendencia, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1066 de 2006.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá imponer a los sujetos de vigilancia
las sanciones a las que se refiere el artículo 6°, ordinal 29, del Decreto 1018 de
2007 o las normas que lo modifiquen o adicionen cuando incumplan las solicitudes
de remisión de información a las que se refiere el artículo anterior.

Cuando la entidad vigilada no permanezca bajo supervisión durante toda la
vigencia, la tasa liquidada será proporcional al período bajo supervisión. Para estos
efectos el Superintendente Nacional de Salud podrá liquidar y exigir a los demás
contribuyentes el monto respectivo en cualquier tiempo durante el año
correspondiente utilizando para su distribución entre cada uno de ellos la tarifa no
ajustada a la tasa t.

Artículo 5°. Monto máximo a recaudar de la tasa. La Superintendencia Nacional
de Salud al aplicar la fórmula para el cálculo de la tasa tendrá en cuenta que el
monto máximo a recaudar se determinará conforme a las siguientes reglas:

1. Se tomará el valor del presupuesto de funcionamiento e inversión aprobado en
el Presupuesto General de la Nación para la Superintendencia Nacional de Salud
en la vigencia fiscal respectiva, excluidos los gastos financiados con otros recursos
distintos a la tasa.

2. Del total de la tasa se deducirán los recursos no utilizados de la vigencia anterior
en los términos establecidos en el parágrafo 1° del artículo 3° del presente decreto
que modifica el artículo 7° del Decreto 1405 de 1999.

3. Las entidades vigiladas cancelarán en cada vigencia el equivalente a medio
salario mínimo mensual legal vigente cuando el valor liquidado, al aplicar la fórmula
matemática contemplada en el Decreto 1405 de 1999, resulte inferior a este.

Artículo 6°. Costos de Supervisión de sujetos exentos. El valor del costo de
supervisión y control correspondiente a los sujetos vigilados, que por Ley tienen el
carácter de exentos, correrá por cuenta de los aportes de la Nación.

Artículo 7°. Reglamentación por la Superintendencia Nacional de Salud. La
Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1018 de 2007 o las normas que lo modifiquen o adicionen y demás normas
aplicables, adoptará las medidas necesarias para dar adecuado cumplimiento a lo
establecido en el presente decreto.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

Así, los Decretos que se impugnan en los procesos acumulados determinaron los
costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud para las
vigencias de 2002 a 2008.

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Visto lo anterior, la Sala se ocupará de resolver los problemas que propone el
accionante en el orden planteado en sus escritos.

6.6. Determinación de ingreso superior al asignado en el Presupuesto.
Violación del artículo 345 de la Constitución Política, de los artículos 11 y 15 del
Decreto 111 de 1996, del artículo 98 de la Ley 488 de 1998 y del artículo 2 del
Decreto 1405 de 199935

Corresponde entonces establecer si deben ser declarados nulos por vulnerar norma
superior los actos administrativos que determinaron los costos de supervisión y control
de la tasa que se debía cancelar a la Superintendencia Nacional de Salud para las
vigencias de los años 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, si el valor de la tasa es superior
al asignado en las correspondientes partidas presupuestales, por no estar
comprendido el valor ordenado por ese concepto en la Ley de Presupuesto.

Se nota de lo expuesto que el vicio que se enrostra para los Decretos 2787 de 2001,
3237 de 2002, 1076 de 2004, 148 de 2005, 1873 de 2006 y 3168 de 2007, no depende
de los elementos de validez que se requieren para la definición de los costos de
supervisión y control autorizados por la Ley 488 de 1998 y del sistema y método
previsto en el Decreto 1405 de 1999, sino de actos jurídicos diferentes, estos son, las
Leyes de Presupuesto 714 de 2001, 180 de 2002, 848 de 2003, 921 de 2004, 988 de
2005 y 1110 de 2006.

En tal medida, concuerda esta Sala con el concepto del Ministerio Público cuando
expresó que el hecho de que la Ley de Presupuesto en las anotadas vigencias no
reflejara como parte de la renta de la Superintendencia el valor establecido en los actos
demandados, supone una eventual irregularidad de aquellas normas, pero no de las
que son objeto de análisis en esta sede.

Tal razonamiento es igualmente aplicable al cargo de vulneración del artículo 15 del
Decreto 111 de 1996 y del artículo 98 de la Ley 488 de 1998 y de su acto reglamentario,
el Decreto 1405 de 1999, toda vez que se sustenta en que los actos acusados asignan

35
La violación del artículo 345 Superior fue invocada en los procesos 2006-00036 y 2008-00060. La
trasgresión de los artículos 11 y 15 del Decreto 111 de 1996, el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 y el
artículo 2 del Decreto 1405 de 1999 fue formulada en los tres (3) procesos acumulados.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

sumas significativamente mayores a las que están autorizadas en las leyes de
presupuesto y a lo que en realidad es el costo de vigilancia y supervisión de la
Superintendencia Nacional de Salud, aspectos estos que, como quedó en evidencia,
están referidos a la advertencia de una inconsistencia en las leyes que aprobaron el
presupuesto y no en la manera en que fue definido el costo de la función de policía
administrativa.

Aunado a ello, no se encuentra argumento distinto tendiente a demostrar que el costo
real de esa función excede los valores que se indican en cada decreto, por lo que
igualmente debe ser desestimada la pretensión de nulidad así construida.

6.7. Naturaleza de los recursos recibidos por la Superintendencia Nacional de
Salud. Violación artículo 48 Superior36.

Dada la discrepancia sobre este tópico entre lo afirmado por el accionante y las
posiciones de los entes accionados, corresponde ahora precisar si los recursos
recaudados por la Superintendencia Nacional de Salud por concepto de la tasa de
vigilancia, inspección y control son parafiscales, porque dicha entidad hace parte “de
las instituciones de la seguridad social”37.

Lo primero que debe anotar la Sala sobre el particular es que la Corte Constitucional,
en la referida sentencia, dispuso que los dineros que recibía la SuperSalud para
adelantar el ejercicio de su función de vigilancia y control sobre las prestadoras de
servicios de seguridad social constituían una “tasa”, pues era el mecanismo tributario
que alcanzaba el propósito trazado por el Legislador cuando expidió el artículo 98 de
la Ley 488 de 1998, descartando de manera expresa que se tratara de un impuesto o
una contribución; veamos:

“La tasa a la cual alude la norma acusada resulta ser el mecanismo apropiado para
obtener que las entidades vigiladas, en este caso las empresas promotoras de
salud y las de medicina prepagada, reintegren el costo que demanda para la
Superintendencia su vigilancia y control. Ningún otro tributo resulta idóneo para el
logro del referido propósito pues el impuesto constituye un gravamen general y por
ello no responde a una contraprestación, y la contribución porque es una
participación que al contribuyente se le exige en razón de los beneficios que recibió
de una acción del Estado que le proporcionó una plusvalía patrimonial.

36
Fue invocado en los tres (3) procesos acumulados.
37
Folio 14 del expediente 2006-00036.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Según lo ha señalado la Corte, la tasa es un gravamen con el que se retorna el
costo asumido por el Estado en la prestación de un servicio público. En efecto, en
la sentencia C-465 de 1993[1] señaló:

Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado
por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por
la prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es
la financiación del servicio público que se presta.

La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata
de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes,
independientemente de su iniciativa, dan origen a él.

Bien importante es anotar que las consideraciones de orden político,
económico o social influyen para que se fijen tarifas en los servicios públicos,
iguales o inferiores, en conjunto, a su costo contable de producción o
distribución. Por tanto, el criterio para fijar las tarifas ha de ser ágil, dinámico
y con sentido de oportunidad. El criterio es eminentemente administrativo.”
(Subrayas de la Sala).

Así, queda claro que, desde un enfoque meramente tributario, las sumas de dinero por
ese concepto no constituyen contribuciones parafiscales; pero sí tienen destinación
específica, cual es la de costear la función de vigilancia y control que ejerce la
Superintendencia, aspecto este que, a las voces de lo establecido por la Corte en la
sentencia C-731 de 2000, se encuentra ajustado al orden Superior:

“2.3. El demandante es reiterativo en afirmar que la norma acusada propicia el
cambio de destinación de los recursos de la seguridad social que se perciben por
los sujetos gravados, dado que el inciso 5 del artículo 48 de la Constitución prohíbe
destinar o utilizar los referidos recursos para finalidades diferentes. Desde la óptica
del demandante, el pago de la tasa a la Superintendencia de Salud implica que los
valores correspondientes a dicha tasa, se destinarían a un sector diferente al de la
seguridad social en salud.

Es cierto que los recursos que financian la seguridad social constituyen, en su
mayor medida, recursos parafiscales, como lo es también que el pago de la tasa
por las empresas promotoras de salud supone de hecho una reducción de sus
recursos en una proporción igual al valor de aquélla. Pero de ello no se deriva la
inconstitucionalidad de la norma acusada porque, como se expresó antes, es de
la esencia de la prestación del servicio su vigilancia y control; y por ello, constituiría
un contrasentido que, de una parte, el artículo 48 en referencia prohíba destinar
porción alguna de los recursos de la seguridad social a otras finalidades y, de otra,
exigiera en su primer inciso que la seguridad social sea objeto no sólo de la
dirección y coordinación, sino también del control por el Estado. Es, por
consiguiente, compatible la referida prohibición con la vigilancia y control de las
entidades que prestan los servicios de seguridad social.

No habría manera lógica de admitir el control, es decir, la vigilancia del servicio
público, excluyendo en forma inconciliable la posibilidad de que las entidades
públicas no asumieran el costo del servicio. Es consustancial con la prestación de
un servicio público la necesidad de financiar el costo que aquélla representa,

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

porque ello comporta lograr y asegurar su eficiencia. De modo que esos conceptos
no se pueden divorciar, a menos que se admita que la eficiencia no es un factor
del buen servicio.

De lo expresado se deduce que la prohibición de utilizar los recursos de la
seguridad social para fines diferentes, alude a la restricción de su manejo en
programas distintos, así estén dirigidos a satisfacer otras necesidades básicas de
similar importancia dentro del plexo de las necesidades sociales, mas dicha
restricción no se extiende a las actividades de control y vigilancia que son
inherentes al servicio público.” (Subrayas de la Sala).

Esclarecido ese punto, conviene definir si son nulos por vulnerar norma superior los
actos mediante los cuales se determinó el costo de la tasa de vigilancia y control
pagadera a la SuperSalud, si esos dineros tienen destinación específica y los
excedentes de su recaudo son utilizados como recursos de endeudamiento de la
Nación mediante la suscripción de TES clase B.

De la forma en que quedó planteado el conflicto se desprende que el reparo de
ilegalidad nuevamente recae sobre una cuestión ajena al control de legalidad de los
Decretos mediante los cuales se calculan los costos de la función de policía
administrativa de la citada Superintendencia, dado que lo que resulta inválido para el
señor González Parra es que los dineros que se recaudan por concepto de la tasa
sean con posterioridad utilizados en la suscripción de títulos de tesorería, aspecto éste
que no se halla incorporado en esos actos. Se trata entonces de una operación que
ejecuta la SuperSalud una vez define, con fundamento en el sistema y método previsto
en los Decretos 1495 de 1999 y 1280 de 2008, la tarifa que deben cancelar los sujetos
pasivos de dicho tributo.

Ahora, la sola inferencia de que, dados los excedentes suscritos en TES, se está
exigiendo una tasa superior a la que requiere la entidad para prestar su función de
vigilancia y control, no conduce a definir cuál es el elemento de los Decretos que no
guarda correspondencia con el sistema y método que el Gobierno Nacional diseñó
para el cálculo de la anotada tarifa, pues ello no acredita por sí solo que la
Superintendencia haya cobrado por tal concepto lo que no correspondía; menos,
cuando puede ser el resultado de manejo de tesorería, en el cual la suscripción se
realiza para mantener rentabilidad mientras se hace uso del recurso, evitando en
consecuencia su depreciación.

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Demandante: Germán González Parra

6.8. Desequilibrio del sistema de seguridad social en salud. Violación del
principio de homeostasis38.

Sobre este punto, debe la Sala examinar si son nulos los actos administrativos que
establecen los costos de supervisión y control de la SuperSalud, si los valores superan
el crecimiento de la economía y la inflación.

Al respecto, lo que observa la Sala es que el actor finca su inconformidad en que la
tasa fijada en los actos no se corresponde con variables como la inflación del año en
que es impuesta y tampoco con el crecimiento en la economía; sin embargo, se reitera,
la determinación de ese tributo no depende necesariamente de tales variables, sino
del sistema y método que estableció el Legislador para su incorporación, este es, el
previsto en el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, que a la letra en lo pertinente dice:

“Artículo 98. Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.

(…)

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política el
Gobierno Nacional fijará la tarifa de la tasa de acuerdo con los siguientes sistemas
y métodos:

a. La tasa incluirá el valor por el servicio prestado. El Gobierno Nacional, teniendo
en cuenta los costos de supervisión y control, definirá anualmente las bases sobre
las cuales se hará el cálculo de dicha tasa;

b. El cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y
geográficos que incidan en las entidades sujetas al control de la Superintendencia
de Salud.

Con fundamento en las anteriores reglas, el Gobierno Nacional aplicará el siguiente
método en la definición de costos, sobre cuya base se fijará el monto tarifario de
la tasa que se crea por la presente norma:

a. A cada uno de los factores que incidan en la determinación de la tasa se le
asignará un coeficiente que permita medir el costo beneficio;

b. Los coeficientes se determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y
las condiciones socio-económicas de la población;

c. Los factores variables y coeficientes serán sintetizados en una fórmula
matemática que permita el cálculo y determinación de la tasa que corresponda, por
parte del Gobierno Nacional”.

38
Fue propuesto en los (3) procesos acumualdos.

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Demandante: Germán González Parra

Se nota de lo dicho que el Congreso de la República fijó los elementos estructurales
necesarios para que el Gobierno, año tras año, defina el valor de la tarifa, integrando
como parte del primero (sistema), el costo de la función de vigilancia y control que
incorporaría, a su vez, la valoración sobre las condiciones sociales, económicas o
geográficas que incidan en la actividad; y en lo que hace al segundo (método), indicó
que debería asignar un coeficiente para cada uno de los determinantes que se
sintetizarían en una fórmula matemática, todo lo cual fue declarado exequible en la
tantas veces citada sentencia C-731 de 2000.

Así, el reproche sobre los valores que llegaren a determinarse anualmente tendría que
atender los parámetros que el Legislador tuvo a bien incluir para su cálculo, cuestión
que no se advierte en el caso que se analiza, pues la indicación de superar índices
inflacionarios no desvirtúa que el Ministerio de Protección Social y el de Hacienda y
Crédito Público no hayan ponderado los criterios que condujeron al Legislador a
crearla, que son éstos y no otros los que definen la validez de la tasa.

Tal discernimiento pudiera ser más plausible de recordar lo expuesto por la Corte en
la mencionada providencia sobre ese preciso punto:

“2.4. No le asiste razón al demandante cuando acusa de inconstitucional la norma
del art. 98, por presunta omisión del método y el sistema para calcular la tarifa de
la tasa, por las siguientes razones:

Se deduce de la simple lectura de dicha norma que ella señala los elementos
estructurales del sistema y el método requeridos para que el Gobierno pueda
definir la tarifa de la tasa. En efecto:

El sistema señalado conduce a que se calcule, en primer término, el costo
requerido por las actividades de supervisión y control de las entidades vigiladas,
desagregándolo después mediante la valoración de los factores sociales,
económicos y geográficos que inciden en la actividad de las entidades sujetas al
control.

En relación con el método la norma precisa que una vez establecida la base del
cálculo de la tasa (sistema) se asignará un coeficiente a cada uno de los factores
que se establecieron como determinantes de la tasa (en función de la ubicación
geográfica y las condiciones socio económicas de la población), y estos factores y
coeficientes se sintetizan en una fórmula matemática, mediante la cual se logre el
cálculo de los costos por las actividades de vigilancia y control.

En tal virtud, la Corte encuentra que los mecanismos de valoración y distribución
de los costos de la tasa por la vigilancia de la Superintendencia de Salud están
adecuadamente establecidos conforme a las exigencias del artículo 338.

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Demandante: Germán González Parra

Los posibles excesos en que pueda incurrir el ejecutivo en la definición de la tasa,
según las prescripciones previstas en la norma acusada, escapan del examen
constitucional y sólo pueden ser controlados a través de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”.

Bajo tal perspectiva, la alusión que hiciera el actor al principio de homeostasis y su
consecuente violación por la desestabilización del sector de seguridad social carece
de sustento, pues lo funda, como se vio, en la incorrección de dos variables que no se
compaginan con la forma en que quedaron estructurados los elementos que permiten
el cálculo de la tasa impugnada.

6.9. Gastos de inversión39

Arguye el demandante que es nulo el artículo primero del Decreto 3168 de 2007, por
medio del cual se definieron los costos de vigilancia y control de la Superintendencia
Nacional de Salud para el año 2007, si incluye como variable los gastos de inversión.

Al respecto, previamente se debe entonces precisar si es cierto que en la
determinación de la tasa de supervisión y control que debe serle reconocida a la
Superintendencia Nacional de Salud para el año 2007, se incluyeron gastos de
inversión.

Resolver ese aspecto impone traer nuevamente a colación el artículo 1 del Decreto
3168 de 2007:

“Artículo 1°.Costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de
Salud. Para los efectos de lo previsto en el inciso 1° artículo 2° del Decreto 1405
de 1999, se establecen los costos de supervisión y control de la Superintendencia
Nacional de Salud para la vigencia fiscal del año 2007, en la suma Veinticinco mil
trescientos cincuenta y un millones seiscientos un mil doscientos setenta y ocho
pesos ($25.351.601.278,00) moneda corriente. Dichos costos se han determinado
teniendo en cuenta los factores que signifique actividades directas e indirectas de
la Superintendencia Nacional de Salud, resultando la siguiente asignación
porcentual a cada clase de entidad vigilada:

Porcentaje
Clases de entidades Valor de los costos
participación de los
vigiladas (cifras en pesos)
costos
EPS Régimen Contributivo 20,99 5.322.020.354
EPS Régimen Subsidiado 17,67 4.479.938.036

39
Este cargo fue esgrimido en el proceso con radicación número 2008-00060.

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Demandante: Germán González Parra

Entidades Adaptadas al
0,45 114.885.878
Sistema
Empresas de medicina y
8,94 2.266.321.281
ambulancia prepagada
Departamentos 6,16 1.562.113.378
Municipios y Distritos 3,53 894.987.933
Porcentaje
Clases de entidades Valor de los costos
participación de los
vigiladas (cifras en pesos)
costos
IPS privadas 6,88 1.745.102.159
ESE y Hospitales Públicos 5,45 1.382.710.324
CCF (no administran
0,11 29.029.066
Régimen Subsidiado)
Compañías de Seguros 0,21 52.780.121
Concesionarios de Apuestas
6,74 1.709.595.771
Permanentes
Operadores de juegos 0,99 251.811.360
Etesa 1,42 359.730.514
Fondo cuenta de Productos
0,14 35.973.051
Extranjeros
Productores Nacionales de
0,99 251.811.360
Cerveza
Productores Privados de
Licores, Vinos, Aperitivos y 0,78 197.851.783
similares
Concesionarios de Licores 0,21 53.959.577
Licoreras Departamentales 1,14 287.784.411
Total Aportantes 82,83 20.998.406.357
No Aportantes 17,17 4.353.194.921
TOTAL 100.00 25.351.601.278

Parágrafo. El valor del costo asignado a los concesionarios de apuestas
permanentes, incluye mil ciento setenta millones de pesos ($1.170.000.000), para
la financiación, en la vigencia 2007, de las interventorías a los contratos de
concesión y los estudios de mercado del juego de apuestas permanentes,
establecidos en los artículos 2° y 5° del Decreto 3535 de 2005.”

Ahora, del Oficio número 8022-1-0300234 del 14 de noviembre de 2007, suscrito por
la Secretaria General de la Superintendencia Nacional de Salud 40, se desprende que,
para calcular la tasa, es decir, los veinticinco mil trescientos cincuenta y un millones
seiscientos un mil doscientos setenta y ocho pesos ($25.351.601.278), se tuvo en
cuenta la suma de cuatro mil novecientos veintidós millones seiscientos seis mil
doscientos setenta y ocho pesos ($4.922.606.278), como presupuesto de gastos de
inversión; veamos:

40
Visible a folios 18 a 22 del expediente 2008-00060.

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Demandante: Germán González Parra

Vistas así las cosas, el fundamento de la tesis formulada por el demandante tiene total
asidero, lo que conduce a resolver el problema en derecho inicialmente planteado, o,
en otras palabras, definir si era jurídicamente procedente incluir como variable de la
tasa los gastos de inversión.

Para ese fin, es relevante traer a colación lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 448
de 1998, pues fue allí en donde se determinó el sistema y método que orienta la
determinación de dicho tributo:

“Artículo 98. Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. Las
entidades de derecho público o privadas y las entidades sin ánimo de lucro, con
excepción de las beneficencias y loterías, cuya inspección y vigilancia corresponda
a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a
garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la
Superintendencia respecto de tales entidades.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política el
Gobierno Nacional fijará la tarifa de la tasa de acuerdo con los siguientes sistemas
y métodos:

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Demandante: Germán González Parra

a. La tasa incluirá el valor por el servicio prestado. El Gobierno Nacional, teniendo
en cuenta los costos de supervisión y control, definirá anualmente las bases sobre
las cuales se hará el cálculo de dicha tasa;

b. El cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y
geográficos que incidan en las entidades sujetas al control de la Superintendencia
de Salud.

Con fundamento en las anteriores reglas, el Gobierno Nacional aplicará el siguiente
método en la definición de costos, sobre cuya base se fijará el monto tarifario de
la tasa que se crea por la presente norma:

a. A cada uno de los factores que incidan en la determinación de la tasa se le
asignará un coeficiente que permita medir el costo beneficio;

b. Los coeficientes se determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y
las condiciones socio-económicas de la población;

c. Los factores variables y coeficientes serán sintetizados en una fórmula
matemática que permita el cálculo y determinación de la tasa que corresponda, por
parte del Gobierno Nacional.

La tasa a que se refiere el presente artículo se aplicará a partir del primero de enero
de 1999”. (Subrayas de la Sala).

Se deriva de lo dicho que el Congreso dispuso que los valores a incluir son: (i) los
costos de supervisión y control, y (ii) la evaluación de factores sociales, económicos y
geográficos de los vigilados; también se desprende de la normativa que el método para
fijar el monto de la tarifa consiste en asignar un coeficiente a cada uno de los factores
anotados y que ese coeficiente se establezca considerando la ubicación geográfica y
las condiciones socioeconómicas de la población. Así, teniendo el coeficiente y los
factores variables, la orden del Legislador fue sintetizarlos en una fórmula matemática.

El análisis de la Corte Constitucional, en lo pertinente, a propósito del estudio de
exequibilidad de la disposición, permite comprender su alcance:

“2.2. La ejecución de la vigilancia y el control que ejerce la Superintendencia
Nacional de Salud conlleva la realización de considerables erogaciones
económicas, porque aquélla implica la destinación y operación de medios
personales y materiales de distinta índole, que van desde la operación de las
organizaciones institucionales a través de las cuales se proponen las diferentes
estrategias, hasta la implementación de los mecanismos normativos y de
regulación que se requieren para orientar y dirigir el manejo de las competencias,
asegurar la protección de los diferentes intereses que entran en juego y disponer
la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados.

La ley ha consagrado como técnica de financiación, que los propios organismos
vigilados financien el costo que implica el control de sus actividades, lo cual, en
tratándose de la prestación de servicios públicos es algo natural porque tanto la

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actividad que ellos comportan como la vigilancia de éstos, integran un todo
funcional y operativo, en cuanto atienden al logro de finalidades superiores que
tienen que ver con el buen funcionamiento de aquéllos, aparte de que como el
referido control redunda en beneficio de la eficiencia de los servicios, los sujetos
favorecidos deben contribuir al financiamiento de los gastos que demanda la
vigilancia y control por la Superintendencia, dentro de los conceptos de justicia y
equidad (C.P. arts. 95-9, 150-8, 189-22 y 365 ).

Adicionalmente puede considerarse, que la vigilancia y el control de los servicios
públicos constituyen una modalidad de intervención del Estado en este importante
sector, en cuanto contribuye a racionalizar la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas (C.P. art. 334), que se traduce
en la realización del principio de la igualdad material al cual apunta la prestación
de dichos servicios.

La tasa a la cual alude la norma acusada resulta ser el mecanismo apropiado para
obtener que las entidades vigiladas, en este caso las empresas promotoras de
salud y las de medicina prepagada, reintegren el costo que demanda para la
Superintendencia su vigilancia y control. Ningún otro tributo resulta idóneo para el
logro del referido propósito pues el impuesto constituye un gravamen general y por
ello no responde a una contraprestación, y la contribución porque es una
participación que al contribuyente se le exige en razón de los beneficios que recibió
de una acción del Estado que le proporcionó una plusvalía patrimonial.

Según lo ha señalado la Corte, la tasa es un gravamen con el que se retorna el
costo asumido por el Estado en la prestación de un servicio público. En efecto, en
la sentencia C-465 de 1993[1] señaló:

Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado
por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por
la prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es
la financiación del servicio público que se presta.

La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata
de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes,
independientemente de su iniciativa, dan origen a él.

Bien importante es anotar que las consideraciones de orden político,
económico o social influyen para que se fijen tarifas en los servicios públicos,
iguales o inferiores, en conjunto, a su costo contable de producción o
distribución. Por tanto, el criterio para fijar las tarifas ha de ser ágil, dinámico
y con sentido de oportunidad. El criterio es eminentemente administrativo.

(…)

2.4. No le asiste razón al demandante cuando acusa de inconstitucional la norma
del art. 98, por presunta omisión del método y el sistema para calcular la tarifa de
la tasa, por las siguientes razones:

Se deduce de la simple lectura de dicha norma que ella señala los elementos
estructurales del sistema y el método requeridos para que el Gobierno pueda
definir la tarifa de la tasa. En efecto:

El sistema señalado conduce a que se calcule, en primer término, el costo
requerido por las actividades de supervisión y control de las entidades vigiladas,
desagregándolo después mediante la valoración de los factores sociales,

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

económicos y geográficos que inciden en la actividad de las entidades sujetas al
control.

En relación con el método la norma precisa que una vez establecida la base del
cálculo de la tasa (sistema) se asignará un coeficiente a cada uno de los factores
que se establecieron como determinantes de la tasa (en función de la ubicación
geográfica y las condiciones socio económicas de la población), y estos factores y
coeficientes se sintetizan en una fórmula matemática, mediante la cual se logre el
cálculo de los costos por las actividades de vigilancia y control.

En tal virtud, la Corte encuentra que los mecanismos de valoración y distribución
de los costos de la tasa por la vigilancia de la Superintendencia de Salud están
adecuadamente establecidos conforme a las exigencias del artículo 338.

Los posibles excesos en que pueda incurrir el ejecutivo en la definición de la tasa,
según las prescripciones previstas en la norma acusada, escapan del examen
constitucional y sólo pueden ser controlados a través de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”. (Subrayas y negritas de la Sala).

Nótese de lo expuesto que los parámetros de determinación del valor de la tarifa a
pagar son producto: (i) de la valoración dineraria de la actividad que despliega la
Superintendencia, y (ii) de la ponderación de las actividades que desarrollan los entes
vigilados, así como las circunstancias en las que éstos se encuentran.

Ahora, al examinar el Decreto 1405 de 1999, que reglamentó el artículo 98 de la Ley
488 de 199841, se desprende que se incluyó como base para el cálculo de la tasa el
costo de la función de inspección, pero teniendo en cuenta “los factores que signifiquen
actividades directas o indirectas de la Superintendencia respecto de los sujetos
pasivos de la tasa”:

“Artículo 2º. Definición de bases para el cálculo de la tasa. La tasa a favor de
la Superintendencia Nacional de Salud incluirá el valor del servicio prestado por
ésta a las entidades sujetas a su supervisión y control. El Gobierno Nacional
establecerá anualmente los costos de supervisión y control para cada clase de
tales entidades, los cuales serán objeto de recuperación mediante la tasa. La
determinación de los costos se hará teniendo en cuenta los factores que
signifiquen actividades directas o indirectas de la Superintendencia respecto de los
sujetos pasivos de la tasa y se fijarán con base en principios de eficiencia.

a) Tarifa no ajustada de la tasa

El monto de la tasa impuesta a cada una de las entidades a que se refiere el
presente artículo guardará equitativa proporción con los respectivos activos de
ésta. Para los presentes efectos se entenderá por t la tarifa no ajustada de la tasa,
la cual será igual a la proporción que los activos totales de cada sujeto de

41
Que resulta aplicable al cargo, por ser el vigente para el 2007, año en el cual se expidió el Decreto
3168, frente al cual se opuso el presente reparo de legalidad.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

supervisión y control tengan en el total de activos de los sujetos de la clase de que
se trate.

t= a/A

Dónde:

a = Activos totales de la entidad sujeta a la supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud para la cual se está realizando el cálculo de
la tasa.

A = Activos totales de las entidades pertenecientes a la misma clase que la entidad
sujeta a la supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud para la
cual se está realizando el cálculo de la tasa

b) Tasa básica (no ajustada)

Se entenderá por c la tasa básica (no ajustada) resultante de aplicar la tarifa t a los
costos correspondientes a la clase respectiva de sujetos de vigilancia (CT),
determinados conforme lo establece el primer inciso de este artículo.

c= t*CT.” (Subrayas de la Sala).

A su vez, para la asignación del coeficiente costo-beneficio, se precisó que estaría
determinado por la actividad del vigilado, según fuere: recaudador de recursos (EPS 42
o entidades asimiladas), generador de recursos (licoreras, por ejemplo), prestadores
de servicios (IPS43) o que realizaran simultáneamente dos o más de esas actividades:

“Artículo 3º. Asignación de coeficientes de costo-beneficio. A los factores a
los que se refiere el artículo anterior se asignará un coeficiente que permita medir
la relación costo-beneficio que tales actividades representan para los sujetos de
supervisión y control. Dichos factores estarán determinados por el tipo de actividad
a que se dedique principalmente cada clase de sujetos de supervisión y control.
Para estos efectos, el Superintendente Nacional de Salud, mediante resolución de
carácter general, clasificará a los sujetos de su supervisión y control según se
dediquen exclusiva o principalmente a alguna de las siguientes actividades, a cada
una de las cuales corresponderá el coeficiente respectivo.

a) Recaudo de recursos-EPS y Entidades asimiladas

a= [(Recaudot -Recaudot-1)/Recaudot-1] / [(ct - ct-1) / ct-1]

Dónde:

1. Recaudot: Recaudo de recursos del Sistema General de Salud realizado por el
sujeto de supervisión y vigilancia en el último período.

2. Recaudot-1: Recaudo en el período anterior a aquél.

42
Entidades Promotoras de Salud.
43
Instituciones Prestadoras de Salud.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

3. ct: Costo asignado al sujeto de supervisión con sujeción a las reglas indicadas
en el artículo anterior, y

4. ct-1: Costo asignado al sujeto de supervisión en el período anterior.

b) Generación de recursos-licoreras. Registro y todas las demás entidades que
generan recursos para el sector salud.

b= [(Recursos generadost -Recursos generadost-1)/ y Recursos generadost-1] /
[(c t - Ct-1)/ct-1]

Dónde:

1. Recursos generadost: Monto de recursos para el Sistema General de Salud
generado por el sujeto de supervisión y vigilancia en el último período.

2. Recursos generadost-1: Monto de recursos generado para el período anterior a
aquél.

3. ct: Costo asignado al sujeto de supervisión con sujeción a las reglas indicadas
en el artículo anterior, y

4. ct-1: Costo asignado al sujeto de supervisión en el período anterior.

c) Prestación de servicios-IPS

d = [(Gastos Operacionalest - Gastos Operacionalest-1) / Gastos

Operacionalest-1)] /[(ct - ct-1)/ ct-1] /

Dónde:

1. ct: Costo asignado al sujeto de supervisión con sujeción a las reglas indicadas
en el artículo anterior,

2. ct-1: Costo asignado al sujeto de supervisión en el período anterior.

3. Gastos Operacionales: Son los costos de prestación del servicio del sujeto
respectivo en el último período, y

4. Gastos Operacionales-1: Costos de prestación del servicio del sujeto respectivo
en el período anterior a aquél.

Parágrafo. En caso de que algún sujeto de vigilancia realice simultáneamente
varias de las actividades descritas en este artículo, la Superintendencia
determinará en la forma prevista en el inciso primero de este artículo, el coeficiente
específico que debe aplicarse.” (Subrayas de la Sala).

También, determinó el coeficiente de dicho costo o beneficio, y para ello tuvo en cuenta
la ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas de la población que
resultarían en la aplicación de Factor Ajuste OMEGA según la ecuación que definió:

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Artículo 4º. Determinación de coeficientes de costo-beneficio. Los
Coeficientes de Costo-Beneficio a los que se refiere el presente artículo se
determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y las condiciones
socioeconómicas de la población, mediante la aplicación del Factor de Ajuste
OMEGA.

(…)” (Subrayas de la Sala).

Artículo 5º. Evaluación de factores sociales, económicos y geográficos. El
cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y
geográficos que incidan en las entidades sujetas a la supervisión y control de la
Superintendencia Nacional de Salud. Tal evaluación se hará mediante la aplicación
del Factor de Ajuste OMEGA calculado de la manera indicada en el artículo
anterior, de conformidad con la siguiente fórmula:

(…)” (Subrayas de la Sala).

Artículo 6º. Fórmula para el cálculo y determinación de la tasa. Los factores
variables y coeficientes a los que se refieren los artículos anteriores se sintetizan
en la siguiente fórmula matemática, la cual será utilizada para el cálculo y la
determinación de la tasa que corresponda a cada sujeto de supervisión y control:

ccf= [(1+OMEGA)*(Y*t*CT)]

El cálculo de cada uno de los componentes de la fórmula precedente se hará de
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.” (Subrayas de la Sala).

En tal orden, el desarrollo legal y reglamentario de la tasa permite connotarla dentro
del concepto de gastos de funcionamiento que, según el entendimiento de esta
Corporación, son “aquellos gastos que tengan una relación directa o indirecta, pero
eso sí, necesaria e inescindible con la prestación de los servicios sometidos a la
vigilancia, control, inspección y regulación”44. O lo que, en palabras del Decreto 4579
del 27 de diciembre de 200645, “Son aquellos que tienen por objeto atender las
necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en
la Constitución Política y la Ley” (artículo 40, literal A).

Dicho de otra manera, para la Sala es claro que la autorización que diera el Legislador
en 1998 a la Superintendencia para el cobro de la mencionada tasa, se orientó a que
los sujetos pasivos de la misma sufragaran los gastos en que incurría este ente para
el desarrollo de su objeto mismo, estos son: “Los gastos necesarios para el
sostenimiento o manejo de una entidad, son los gastos conocidos y denominados por
la doctrina como de funcionamiento, pues son las erogaciones necesarias para el

44
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de febrero de 2020. Expediente número: 25000
23 37 000 2014 00539 02 (23611). M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
45
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2007, se detallan
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

sostenimiento de los servicios públicos o de la función pública, y que se invierten en la
adquisición de bienes de consumo y en servicios personales. De consiguiente, y tal
como lo precisa el profesor Alejandro Ramírez Cardona, los gastos de funcionamiento
se clasifican en gastos de servicios que comprenden los sueldos, salarios, honorarios,
prestaciones sociales, etc., de los trabajadores del Estado, y gastos de consumo, que
comprenden, los bienes durables de consumo, tales como los automóviles, muebles y
enseres, los bienes semidurables de consumo (implementos de duración
generalmente inferior a un año), y bienes de consumo perecederos v gr. gasolina para
los automóviles oficiales”46.

Bajo tal perspectiva, ni el reglamento ni la Ley habilitaron a la Superintendencia
Nacional de Salud y al Presidente de la República para incluir los gastos de inversión
dentro del valor exigible a los sujetos destinatarios de esa obligación tributaria,
entendiéndose por tales aquellos que el mismo Presupuesto General de la Nación para
el año 2007 definió como las: “erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de
algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de
utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de
funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo.
Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita
acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura
física, económica y social.

Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder
ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación
de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos de
contratación administrativa”47 (Subrayas de la Sala).

O lo que la jurisprudencia desde antaño, y sin que el cambio de paradigma
constitucional haya variado su concepción, ha definido como:

46
Consejo de Estado. Sección Cuarta, Sentencia del 31 de enero de 1997. Proceso número 7300. M.P.
Delio Gómez Leyva.
47
Artículo 40, literal C).

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Simultáneamente existen los gastos de inversión, que a diferencia de los gastos
de funcionamiento, que retribuyen bienes de consumo y servicios personales
prestados, son erogaciones que retribuyen bienes de capital de tal manera que
aumentan el patrimonio de la entidad, pues son en general las sumas de dinero
empleadas en la adquisición de bienes estables y permanentes tales como una
edificación o la construcción de una obra pública. Estos gastos se clasifican a su
vez en gastos de inversión en bienes intermedios, como lo es la adquisición de un
edificio, gastos que se destinan principalmente a la prestación de servicios
administrativos, y los de inversión en bienes durables finales, tales como las vías
de transporte, comunicaciones, obras publica, etc”. 48

No se halla, en efecto, ninguna disposición del Decreto 1405 de 1999 y menos de la
Ley 488 de 1998 o de la sentencia de exequibilidad, que conduzca a concluir que la
tasa cobrada a los entes sujetos de control de la Superintendencia Nacional de Salud,
busque acrecentar la capacidad de producción o productividad de ésta, o que
pretendan aumentar su patrimonio.

En consecuencia, dado que el artículo 1 del Decreto 3168 de 2007, fue expedido
infringiendo las normas que se han citado al incluir los gastos de inversión dentro de
los costos de supervisión y control pagaderos por los vigilados de la anotada
Superintendencia, debe declararse su nulidad, en tanto incluye tales gastos de
inversión, como se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.

6.10. Costes de no aportantes

También plantea el accionante que son nulos los decretos por medio de los cuales se
fijan los costos de vigilancia y control de la SuperSalud, si el coste de los no aportantes
es asumido por las entidades vigiladas y no por el Gobierno Nacional.

Tal consideración es traída a colación por el señor González Parra tras advertir que
existían excedentes de la tasa en un monto superior al definido en el presupuesto, que
permitían concluir la vulneración del artículo 48 de la Carta Fundamental en la manera
anotada, y en la evidencia de que el Gobierno Nacional había evadido el pago a su
cargo de los no aportantes.

48
Consejo de Estado. Sección Cuarta, Sentencia del 31 de enero de 1997. Proceso número 7300. M.P.
Delio Gómez Leyva.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

No obstante, no se halla en el plenario más que la anotada inferencia, que, en lo
atinente a la trasgresión de la disposición constitucional, no tendría asidero, según lo
expuesto previamente; y respecto de la omisión del Ejecutivo, tampoco habría más
que indicar que los mismos decretos censurados previeron dentro de sus disposiciones
que:

“Artículo 3º. Los costos correspondientes al Fosyga y a las beneficencias y
loterías, por tratarse de entidades vigiladas exentas del gravamen, de conformidad
con las Leyes 223 de 1995 y 488 de 1998, serán cubiertos con los recursos que
vienen transfiriéndose por el Presupuesto General de la Nación.”49

Normativa esta que fue reiterada tantas veces como los actos que se demandan.

En tal escenario, no procede el cargo de nulidad así formulado por la parte actora.

6.11. Concepto del Ministerio Público en el trámite de la demanda de
inexequibilidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 1110 de 2006.

Arguye el demandante que la Superintendencia cobra más de lo que requiere para el
desarrollo de su labor y que prueba de ello lo es el concepto del Procurador General
de la Nación en demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto de Rentas
y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2007, en el cual se concluyó que se estaba cobrando por tal
concepto montos significativamente superiores a los costos reales de la vigilancia y
supervisión de la citada entidad, que existían dineros presupuestados como ingresos
que no tenían sustento de gasto y que no debían incluirse en el presupuesto de la
siguiente vigencia fiscal los excedentes financieros resultantes de la no ejecución del
año inmediatamente anterior.

Al respecto, se observa que se trata de una mera referencia a un concepto que no
acredita en manera alguna el cobro en exceso y que tampoco obra en el plenario
evidencia que así lo acredite.

Además, se itera que el análisis del Ministerio Público en el proceso de exequibilidad
D-6683, que dio lugar a la sentencia inhibitoria C-666 de 2007, recayó sobre la Ley

49
Decreto 2787 de 2001.

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Radicado: 11001 03 27 000 2006 00036 00 acumulado con los procesos
11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Anual de Presupuesto y no sobre los actos que ahora son objeto de debate, de tal
suerte que la irregularidad que pudiera endilgarse vuelve a asentarse en las normas
presupuestales, pero no respecto de la manera en que fuera fijado el valor de la tasa
de acuerdo a los parámetros que legalmente se establecieron para ese fin y que fueran
reglamentados en cuanto al sistema y método.

Así pues, escapa del control que debe efectuar el Juez Administrativo si la demanda
no se circunscribe a atacar la ley de presupuesto, litigio para el que, además, no tendría
competencia, sino a unos actos administrativos que definen el costo de la función de
vigilancia y control de una Superintendencia, pero los reproches se fundan en la
manera en cómo ese valor no se refleja de manera consonante, a juicio del
demandante, en los rubros presupuestales anuales aprobados para las rentas de la
Nación.

Corolario de lo expuesto es que no es viable estimar la pretensión de nulidad de los
Decretos 2787 de 2001 (artículos 1 y 2), 3237 de 2002 (artículos 1 y 2), 1076 de 2004
(artículo 1), Decreto 148 de 2005 (artículo 1), 1873 de 2006 (artículo 1) y 2000 de 2008
(artículo 1).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo 1 del Decreto 3168 del 24 de agosto
de 2007, proferido por el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito
Público y el Ministro de la Protección Social, en tanto incluye los gastos de inversión
dentro de los costos de supervisión y control pagaderos por los vigilados de la
Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

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11001 03 24 000 2008 00060 00 y 11001 03 24 000 2008 00386 00
Demandante: Germán González Parra

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 9 de marzo de 2023.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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