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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2010-00044-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2010-00044-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-27-000-2010-00044-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

25 de junio de 2026

Expediente número: 11001 03 27 000 2010 00044 00
Demandante: Acerías de Colombia S.A. - Acesco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001 03 27 000 2010 00044 00
Demandante: Acerías de Colombia S.A. - Acesco
Demandado: Banco de la República.
Tesis: No procede declarar la nulidad de los actos administrativos que negaron el
registro de inversión extranjera directa respecto del acto de adquisición, por parte
de una sociedad extranjera, de la condición de socio gestor de una sociedad en
comandita por acciones y de la capitalización de la cuenta de revalorización del
patrimonio que permitió la adjudicación de acciones al socio gestor, cuando las
operaciones sometidas a registro no se corresponden a las modalidades de
inversión extranjera establecidas en las normas aplicables.

No se configura la falsa motivación de los actos administrativos que negaron el
registro de inversión extranjera, cuando la interpretación acogida por la
administración se ajusta materialmente a las condiciones previstas en el régimen
cambiario para el reconocimiento de la inversión extranjera.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho por Acerías de Colombia S.A. contra el
Banco de la República, para que se declare la nulidad de los Oficios No. DCIN-
16072 del 1 de septiembre de 2009, DCIN-24559 22 de diciembre de 2009 y DCIN-
01766 1° de febrero de 2010.

I. DEMANDA

1.1. Las pretensiones

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Expediente número: 11001 03 27 000 2010 00044 00
Demandante: Acerías de Colombia S.A. - Acesco

1. Acerías de Colombia S.A., en adelante parte demandante o Acesco, presentó
demanda contra del Banco de la República, en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1. En esta demanda
se presentaron las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Que se declare la nulidad del Oficio DCIN-16072 del 1 de
septiembre de 2009, expedido por la Subdirectora Técnica de Cambios
internacionales del Banco de la República, el cual constituye acto
administrativo.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del Oficio DCIN-24559 del 22 de
diciembre de 2009, expedido por la Subdirectora Técnica de Cambios
Internacionales del Banco de la República, el cual constituye acto
administrativo.

TERCERA: Que se declare la nulidad del Oficio DCIN-01766 del 1 de febrero
de 2010, expedido por el Director de Cambios Internacionales del Banco de la
República, el cual constituye acto administrativo.

CUARTA: Que a título de restablecimiento se ordene al Departamento de
Cambios Internacionales del Banco de la República el registro de la inversión
extranjera de Acesco Investments LLC en Acerías de Colombia - Acesco & Cía
S.C.A. en los términos arriba descritos. […]»

1.2. Los actos administrativos demandados

2. Acesco demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2.1. El Oficio DCIN-16072 del 1 de septiembre de 20092, con el asunto “Solicitud
de registro de inversión extranjera de Acesco Investments LLC de Delaware en la
empresa receptora Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A” expedido por la
Subdirectora Técnica de Cambios internacionales del Banco de la República, en el
que se resolvió lo siguiente:

«1. Negar el registro de la inversión extranjera de Acesco Investments LLC de
Delaware en la empresa receptora Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A,
con destino a actos o contratos sin participación en el capital de la sociedad, en
su calidad de gestor comanditario de la sociedad.

2. Informar que en virtud de lo previsto en el punto 7.2.2. "Registro automático
con la presentación de la solicitud en debida forma" (formulario No. 11), no
opera el registro automático de la inversión extranjera directa de Acesco
Investments LLC de Delaware en la empresa receptora Acerías de Colombia
Acesco & Cía S.C.A, en su calidad de gestor comanditario de la sociedad,

1 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso

Administrativo”.
2 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf),

Folios 23 a 25.

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Demandante: Acerías de Colombia S.A. - Acesco

originada en la capitalización de la cuenta "Revalorización del Patrimonio" por
83.324.304 acciones ordinarias, según actas Nos. 82 y 84 de julio 11 y
septiembre 10 de 2008.

Informar al inversionista, su apoderado o representante que contra la presente
decisión proceden los recursos de la vía gubernativa».

2.2. El Oficio DCIN-24559 del 22 de diciembre de 20093, con el asunto “Recurso
de reposición interpuesto contra el oficio DC1N-16072 del 1 de septiembre de 2009,
mediante el cual se informó que no operaba el registro de inversión extranjera de
ACESCO INVESTMENTS LLC de Delaware en la empresa receptora Acerías de
Colombia Acesco & Cía. S.C.A” expedido por la Subdirectora Técnica de Cambios
Internacionales del Banco de la República, en el que se resolvió lo siguiente:

«1. Confirmar en todas y cada una de sus partes, los términos del oficio DCIN-
16072 del 1 de septiembre de 2009.

2. Conceder el recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por el Director
del Departamento de Cambios Internacionales.

3. Enviar el expediente al superior jerárquico mencionado en el punto anterior».

2.3. El Oficio DCIN-01766 del 1 de febrero de 20104, con el asunto “Recurso de
apelación interpuesto en subsidio al de reposición, contra el oficio DCIN 16072 del
1 de septiembre de 2009, mediante el cual se informó que no operaba el registro de
inversión extranjera de ACESCO INVESTMENTS LLC de Delaware en la empresa
receptora Acerías de Colombia Acesco & Cía. S.C.A.” expedido por el Director de
Cambios Internacionales del Banco de la República, en el que se resolvió lo
siguiente:

«1. Confirmar en todas y cada una de sus partes los términos de los oficios
DCIN-16072 del 1 de septiembre de 2009 y DCIN-24559 del 22 de diciembre
de,2009, proferidos por la Subdirectora Técnica del Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República.

2. Declarar agotada la vía gubernativa».

1.3. Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso que mediante escritura pública núm. 5151 del
4 de julio de 2007, inscrita en el registro mercantil el 21 de agosto de 2007 bajo el

3 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf),
Folios 26 a 37.
4 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf),

Folios 38 a 43.

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número 1151979 del Libro IX, la sociedad Acerías de Colombia S.A. – Acesco se
transformó en sociedad en comandita por acciones, adoptando la denominación
Acerías de Colombia – Acesco & Cía S.C.A.

4. Aclaró que, con ocasión de dicha transformación, la sociedad Acesco
Investments LLC adquirió la calidad de socio gestor de Acesco & Cía S.C.A.
Igualmente destacó que, por disposición estatutaria expresa, obtuvo dos derechos:
i) suscribir acciones de capital sin perder su calidad de socio gestor y ii) percibir,
como contraprestación por su gestión, un beneficio equivalente al cincuenta por
ciento (50%) de todo reparto que la sociedad apruebe efectuar a sus socios,
incluyendo repartos de utilidades, de superávit, de valorizaciones y de
capitalizaciones de la cuenta de revalorización del patrimonio.

5. Indicó que la Asamblea de Accionistas de Acesco & Cía S.C.A. aprobó en
dos oportunidades la capitalización de la sociedad mediante emisión de acciones
de la cuenta de revalorización del patrimonio. Por ello, en virtud de los derechos
estatutarios referidos, informó a Acesco Investments LLC que le fueron emitidas las
acciones ordinarias que le correspondieron en cada capitalización.

6. Señaló que, con ocasión de dichas capitalizaciones, el 16 de octubre de 2008
le solicitó al Banco de la República el registro de la inversión extranjera directa de
Acesco Investments LLC en Acesco & Cía S.C.A. mediante la presentación del
Formulario 11 radicado con el número DER-BOG60237-2008.

7. Adujo que en dicha solicitud Acesco Investments LLC actuó ante el Banco de
la República a través de Acesco & Cía S.C.A., en calidad de representante de sus
intereses en Colombia. Precisó que ello era procedente de conformidad con el
artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y la Circular Externa DCIN-83 expedida por la
Junta Directiva del Banco de la República, normas que establecen que las
inversiones internacionales deben registrarse ante esa entidad por el inversionista,
su apoderado o quien represente sus intereses –en este caso por la misma sociedad
receptora de la inversión extranjera–.

8. Relató que el Banco de la República, mediante Oficio DCIN-24037 del 9 de
diciembre de 2008, negó esa solicitud argumentando que no encontró en sus bases
de datos un registro previo de inversión extranjera presentado por parte de Acesco

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Investments LLC en la sociedad receptora, esto es, Acesco & Cía S.C.A.

9. Explicó que con ocasión de dicha decisión los representantes de la parte
demandante sostuvieron una reunión el 16 de enero de 2009 con funcionarios del
Banco de la República, quienes afirmaron que era necesario registrar previamente
por valor cero (0) la inversión de Acesco Investments LLC bajo la modalidad de
actos o contratos sin participación en el capital, conforme al artículo 3°, literal a),
ordinal iv) del Decreto 2080 de 2000.

10. Advirtió que, en cumplimiento de esas instrucciones, Acesco & Cía S.C.A. el
19 de marzo de 2009 presentó bajo el radicado núm. DER-BOG-12745-2009 una
nueva solicitud de registro por valor cero (0). Además, sostuvo que en esa nueva
solicitud se presentó como petición adicional, que una vez registrada esa inversión
se inscribieran también los valores resultantes de las capitalizaciones de la cuenta
de revalorización del patrimonio como sumas con derecho a giro.

11. Indicó que posteriormente la subdirectora Técnica de Cambios
Internacionales del Banco de la República negó esa solicitud mediante Oficio DCIN-
16072 del 1 de septiembre de 2009.

12. Manifestó que inconforme con dicha decisión, se interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación mediante comunicación radicada el 14 de
septiembre de 2009 con el número DER-SBQ-01606-2009.

13. Señaló que mediante Oficio DCIN-19952 del 21 de octubre de 2009 se
rechazó el recurso de reposición con el argumento de una supuesta falta de
representación, no obstante lo cual, en el mismo acto se concedió el recurso de
apelación.

14. Expuso que unos días después el Banco de la República revocó ese oficio y
admitió el recurso de reposición mediante Oficio DCIN-20723 del 30 de octubre de
2009.

15. Relató que mediante Oficio DCIN-24559 del 22 de diciembre de 2009 la
Subdirectora Técnica de Cambios Internacionales confirmó los términos de la
negativa inicial y concedió el recurso de apelación para que fuera resuelto por el

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director del Departamento de Cambios Internacionales.

16. Por último, afirmó que mediante Oficio DCIN-01766 del 1 de febrero de 2010
el director de Cambios Internacionales resolvió la apelación confirmando
íntegramente las decisiones anteriores y declarando agotada la vía gubernativa.

17. Por todo lo anterior, argumentó que la inversión extranjera de Acesco
Investments LLC permanece sin registrar, y que esta situación le ha impedido
acceder a los derechos cambiarios que otorga el referido registro, de conformidad
con el artículo 10 del Decreto 2080 de 2000.

1.4. Normas violadas

18. La parte demandante consideró vulneradas el ordinal iv) del literal a) del
artículo 3° del Decreto 2080 de 2000 en cuanto los presupuestos establecidos para
el registro de la inversión extranjera directa; y el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo.

1.5. Concepto de la violación

19. La parte demandante presentó los siguientes cargos como fundamento de la
violación alegada.

1.5.1. De la infracción de las normas en que debieron fundarse

20. Sostuvo que los actos administrativos demandados habrían vulnerado lo
dispuesto en el ordinal iv) del literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000, que
literalmente establece:

«iv) los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales
como los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o
aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente
una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su
titular dependan de las utilidades de la empresa».

21. En particular, adujo que la vinculación de Acesco Investments LLC como
socio gestor de Acesco & Cía S.C.A. cumple en su integridad los tres presupuestos
exigidos por dicha disposición para que una/ inversión se considere extranjera

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directa sujeta a registro.

22. En cuanto al primero, precisó que la inversión se efectuó a través de un
contrato. El derecho colombiano reconoce que las sociedades tienen como fuente
un contrato y que los estatutos sociales regulan las relaciones jurídicas derivadas
de ella. Por lo tanto, el acto mediante el cual Acesco Investments LLC adquirió la
calidad de socio gestor fue, precisamente, el contrato social de Acesco & Cía S.C.A.,
satisfaciendo así el requisito contractual de la norma.

23. Frente al segundo presupuesto, explicó que la participación como socio
gestor no implicó participación en el capital social de la sociedad. La legislación
comercial colombiana prevé que los socios gestores de las sociedades en
comandita por acciones realizan aportes en industria —conocimientos
especializados y de gestión—, que no hacen parte del capital social y se
representan en intereses sociales, no en acciones. Lo anterior, sin perjuicio de la
posibilidad legal de que el socio gestor suscriba acciones sin perder esa calidad, tal
como ocurrió en el caso.

24. Respecto del tercer presupuesto, señaló que la contraprestación percibida
por Acesco Investments LLC depende exclusivamente de las utilidades de la
sociedad en comandita. Según los estatutos de Acesco & Cía S.C.A., el socio gestor
tiene derecho a recibir el cincuenta por ciento (50%) de todo reparto que la sociedad
efectúe a sus socios, incluyendo repartos de utilidades, de superávit y de
capitalizaciones de la cuenta de revalorización del patrimonio.

25. En este orden de cosas, afirmó que el Banco de la República infringió el
ordinal iv) del literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000 al negar el registro
de una inversión que, en su criterio, cumple a cabalidad con los requisitos
normativos establecidos.

1.5.2. De la falta motivación de los actos demandados

26. En relación con este cargo sostuvo que los actos administrativos
demandados incurrieron en falsa motivación, en tanto el Banco de la República negó
el registro de la inversión extranjera aduciendo causas y condiciones que no tienen
respaldo en la norma aplicable.

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27. En concreto, argumentó que la inversión era registrable porque: (i) el contrato
es exógeno a la sociedad y no parte del contrato social; (ii) no se requiere que el
contrato implique transferencia de tecnología; y (iii) la intención principal era la de
participar como accionista y no en las utilidades.

28. Frente al primer argumento, precisó que el artículo 3°, literal a), ordinal iv) del
Decreto 2080 de 2000 no exige en parte alguna que el contrato sea "exógeno" a la
sociedad receptora, de modo que esa condición fue introducida por el Banco de la
República sin fundamento normativo.

29. En relación con el segundo, destacó que la norma enumera ejemplos de
contratos que pueden constituir inversión extranjera directa de manera enunciativa
y no taxativa. La transferencia de tecnología es solo uno de los ejemplos posibles,
de modo que exigirla como requisito para el registro constituye una interpretación
contraria al texto legal.

30. En esa misma línea afirmó que, el artículo 5° del Decreto 2080 de 2000
dispone que las inversiones de capital del exterior «podrán revestir, entre otras, las
siguientes modalidades», lo que confirma el carácter enunciativo del listado. Por
ende, siempre que un inversionista extranjero realice un aporte en una sociedad
colombiana mediante actos o contratos, sin que ello represente participación en el
capital y con rentas dependientes de las utilidades, existe inversión extranjera sujeta
a registro, aunque la modalidad específica no esté expresamente listada en dicho
artículo.

31. Sobre el tercer argumento, explicó que la ley comercial prevé expresamente
que los socios gestores pueden suscribir acciones representativas del capital sin
perder esa calidad, de manera que la circunstancia de que Acesco Investments LLC
haya adquirido acciones no desvirtúa la naturaleza de su participación como socio
gestor ni impide el registro de la inversión.

32. Agregó que se cumplió a cabalidad el procedimiento establecido en el
numeral 7.2.2 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 expedida por el propio
Banco de la República, lo que reafirma que la negativa carece de sustento
procedimental.

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33. Destacó igualmente que conforme a la legislación colombiana es viable la
capitalización de todo o parte de los valores registrados en la cuenta de
revalorización del patrimonio mediante la distribución en acciones, cuotas o partes
de interés, circunstancia que el Banco de la República omitió considerar al negar el
registro de las inversiones derivadas de dichas capitalizaciones.

34. Finalmente, manifestó que existen antecedentes en los cuales el propio
Banco de la República ha otorgado el registro de inversión extranjera a
inversionistas extranjeros en calidad de socios gestores de sociedades
colombianas, lo que reafirma que la negativa en el presente caso carece de sustento
real y configura una motivación contraria a la realidad de los hechos.

35. Con base en lo anterior, solicitó que se declare la nulidad de los actos
administrativos demandados.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

36. El 20 de octubre de 2011 el Banco de la República5 presentó contestación de
la demanda en los siguientes términos:

37. La parte demandada admitió que el Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República expidió los Oficios demandados, por
medio de los cuales negó el registro de inversión extranjera directa mediante la
modalidad de aportes en actos o contratos conforme al artículo 3°, literal a), ordinal
iv) del Decreto 2080 de 2000. No obstante, negó que mediante dichos actos se
hubiera desconocido o vulnerado dicha disposición.

38. Sostuvo que las inversiones extranjeras directas definidas en esa disposición
exigen que el inversionista no participe en el capital social de la empresa receptora
y que las rentas que genere la inversión dependan de las utilidades de la empresa,
condiciones que en su criterio no se cumplen en el presente caso.

39. Del mismo modo, negó que la sociedad Acesco Investments LLC hubiera

5 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 155 a 167.

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realizado en Acesco & Cía S.C.A. aportes de inversión extranjera directa en actos
o contratos de la naturaleza de los de colaboración, concesión, servicios de
administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología, sin
que ello representara una participación en la sociedad y con rentas dependientes
de las utilidades de la empresa.

40. Explicó que la Constitución Política de 1991 estableció una participación
tripartita para la expedición del régimen cambiario, con roles asignados al Congreso,
al Gobierno y a la Junta Directiva del Banco de la República.

41. Señaló que de acuerdo con el artículo 150, numeral 19, literal b) corresponde
al Congreso dictar las normas generales para regular el comercio exterior y señalar
el cambio internacional; que el mismo literal le asigna al presidente de la República
la función de señalar el régimen cambiario, función que se ejerció mediante el
Decreto 1735 de 1993; y que los artículos 371 y 372 le otorgan al Banco de la
República y a su Junta Directiva la condición de autoridad monetaria, cambiaria y
crediticia.

42. Indicó que la Ley 31 de 1992 precisó las facultades de la Junta Directiva en
materia de regulación cambiaria, atribuyéndole en el artículo 16 literal h) el ejercicio
de las funciones de regulación cambiaria previstas en la Ley 9 de 1991. En
desarrollo de esas competencias, el Decreto 2080 de 2000 designó al Banco de la
República como entidad encargada del registro de inversiones extranjeras, de
conformidad con el procedimiento que ella misma debía establecer.

43. Advirtió que la Junta Directiva del Banco de la República, en ejercicio de sus
facultades, expidió la Resolución Externa 8 de 2000, a través de la cual se
reglamenta el registro de inversión extranjera en Colombia e igualmente expidió la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 que desarrolló el procedimiento específico
para el registro de inversiones de actos o contratos sin participación en el capital,
conforme al numeral 7.2.3, en los siguientes términos:

«3. Actos o contratos sin participación en el capital – Artículo 3, literal a. ordinal
4° Decreto 2080/00 – (Formulario No. 11):

El término para solicitar el registro es de tres (3) meses contados a partir de la
declaración de cambio por inversiones internacionales (Formulario No. 4),
mediante la cual se canalizan las divisas en desarrollo del acto o contrato de
aporte. En modalidades distintas a divisas dicho plazo se contará a partir de la
fecha de contabilización del aporte.

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Al Formulario No. 11 "Registro de Inversiones Internacionales", se deberá
anexar copia del acto o contrato y certificado del revisor fiscal o contador público
de la empresa receptora en el que conste el concepto, fecha y monto del
aporte».

44. Ahora bien, sobre los cargos específicos de la demanda de nulidad presentó
los argumentos que se exponen a continuación.

2.2.1. Sobre la infracción de normas en las que debieron fundarse

45. Sostuvo que desde 1991 el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido
una distinción clara entre dos categorías de inversión extranjera directa: de un lado,
la vinculación permanente de capitales al capital social de una empresa y, de otro,
los aportes que no representan participación en el capital social y cuyas rentas
dependen de las utilidades de la empresa. Afirmó que esta distinción se mantiene
en el artículo 3°, literal a), ordinales i) y iv) del Decreto 2080 de 2000.

46. Para sustentar esa afirmación, hizo referencia a la evolución normativa de la
figura. Señaló que la Resolución 49 de enero de 1991 del CONPES. ya reconocía
junto a los aportes directos al capital social, los actos o contratos mediante los
cuales el inversionista proporciona activos a una empresa sin llegar a tener
participación accionaria, siempre que tuviera influencia en la dirección de la misma.
Precisó además que el documento CONPES del 7 de octubre de 1991 recomendó
incorporar la denominada inversión indirecta, definida como aquella que se aporta
a la empresa sin que se compute al capital social, lo que dio lugar a la Resolución
51 de octubre de 1991.

47. Explicó que el Decreto 1295 de 1996 eliminó el concepto de inversión
indirecta e incorporó sus elementos dentro de la definición de inversión directa, con
el fin de adecuar el concepto a la doctrina internacional. Adujo que dicha distinción
se conserva actualmente en el Decreto 2080 de 2000, que separa la inversión con
participación en el capital social —ordinal i)— de los aportes mediante actos o
contratos sin participación en el capital —ordinal iv)—.

48. Con base en ese marco normativo, afirmó que el registro bajo el ordinal iv)
solo procede cuando se cumplen de forma concurrente tres condiciones: que la
participación sea contractual y exógena al contrato social; que el aporte no implique

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participación en el capital de la sociedad; y que las rentas del inversionista
dependan de las utilidades de la empresa y no de su condición de accionista.

49. Argumentó que en el presente caso ninguna de esas condiciones se cumple,
por cuanto: (i) la participación contractual sí implica participación en el capital social,
dado que la escritura pública y el certificado del revisor fiscal de Acesco & Cía S.C.A.
acreditan que Acesco Investments LLC es titular de treinta y siete millones
quinientas mil (37.500.000) acciones ordinarias de la sociedad; (ii) no se encuentra
probada ni valorada una transferencia de tecnología; y (iii) el propósito del
inversionista es participar en las utilidades derivadas de su condición de accionista
y no de un aporte contractual diferenciado.

50. Precisó que el hecho de que una operación mercantil sea válida conforme a
las normas comerciales no le otorga automáticamente el derecho al registro de
inversión extranjera. Adujo que es el Decreto 2080 de 2000 el que determina cuáles
operaciones son susceptibles de registro y que, en consecuencia, el Banco de la
República no realiza un acto mecánico de registro, sino que está obligado a efectuar
un juicio de valor para no registrar operaciones realizadas en contravención del
régimen de inversiones, conforme lo dispone el parágrafo 5° del artículo 8° del
mismo Decreto.

2.2.2. Sobre el cargo de falsa motivación

51. Manifestó que los actos administrativos demandados no adolecen de falsa
motivación, en tanto se encuentran motivados de manera clara y precisa en las
normas aplicables al caso: el Decreto 2080 de 2000, la Resolución Externa 8 de
2000 y la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83.

52. Para fundamentar esa posición, acudió a los lineamientos jurisprudenciales
del Consejo de Estado sobre la falsa motivación y concluyó que ninguno de sus
supuestos se encuentra configurado en este caso, porque: (i) los actos sí presentan
fundamentos de hecho y de derecho; (ii) los supuestos de hecho esgrimidos no son
contrarios a la realidad; (iii) el Banco de la República no les dio a los motivos un
alcance que no tienen; y (iv) los motivos que sirven de fundamento a los actos
justifican la decisión adoptada.

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53. Destacó que es la propia parte demandante quien acredita en su demanda
que Acesco Investments LLC es accionista de Acesco & Cía S.C.A., al afirmar que
le fueron emitidas treinta y siete millones quinientas mil (37.500.000) acciones
ordinarias como beneficiaria del cincuenta por ciento (50%) de las capitalizaciones
aprobadas. Argumentó que esa circunstancia, reconocida por la demandante, es
precisamente la que sustenta la negativa del registro, por cuanto evidencia que el
inversionista sí participa en el capital social de la sociedad receptora.

54. Por todo lo anterior, solicitó negar la totalidad de las pretensiones de la parte
demandante y condenarla en costas.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

55. La parte demandante6 presentó alegatos de conclusión en los siguientes
términos.

56. En primer lugar, sostuvo que en 2007 Acesco Investments LLC adquirió
exclusivamente la calidad de socio gestor de Acesco & Cía S.C.A. con ocasión de
la transformación de esa sociedad y que no registró esa condición como inversión
extranjera por no configurar inversión en el capital de la sociedad.

57. Señaló que en 2008 adquirió la doble calidad de gestor y comanditario
mediante la adquisición de 83.324.304 acciones distribuidas a partir de dos
capitalizaciones de la cuenta de revalorización del patrimonio y que ante esa
situación solicitó el registro de la inversión.

58. Reprochó que el Banco de la República negó la solicitud y que a pesar de
que se siguió con la instrucción recibida en la reunión del 16 de enero de 2009, el
Banco persistió en su negativa a través de los actos demandados.

59. Sumado a ello, manifestó que la parte demandada en su contestación no se
pronunció de manera expresa sobre (i) los hechos relacionados con las
instrucciones impartidas en la reunión del 16 de enero de 2009; (ii) la segunda
solicitud de registro presentada en cumplimiento de esas instrucciones, y (iii) la
negativa pese a que las inversiones se adecuaban al régimen cambiario. Argumentó

6 Cfr. Índice núm. 64 del expediente digital, Samai.

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que esa omisión, conforme al artículo 96 del Código General del Proceso, hace
presumir ciertos dichos hechos, y en particular que el procedimiento adelantado
correspondió al indicado en la reunión por el director del Departamento de Cambios
Internacionales y el secretario de la Junta Directiva del Banco de la República.

60. Indicó que le resultaba llamativo que la respuesta del secretario de la Junta
directiva del Banco de la República que se allegó al proceso y según la cual no
existían antecedentes de registro de inversión extranjera otorgados a socios
gestores en sociedades colombianas, fuera del mismo funcionario que en la reunión
del 16 de enero de 2009 instruyó al inversionista a registrar su condición de socio
gestor con valor cero. Además, consideró que esa respuesta confirmaba su
posición, pues cuando el Inversionista adquirió las acciones lo hizo en calidad de
socio comanditario y no de gestor, de modo que el registro debía otorgarse en esa
calidad y no en la de socio gestor.

61. Argumentó que el Banco de la República debió diferenciar entre el
tratamiento cambiario del simple socio gestor y el del inversionista que ostenta
simultáneamente la doble calidad de gestor y comanditario. Explicó que el artículo
323 del Código de Comercio permite que un socio gestor adquiera también la
condición de comanditario al suscribir acciones sin perder su calidad original, y que
cuando ello ocurre con un inversionista extranjero resulta aplicable el régimen de
registro derivado de la adquisición de acciones conforme al artículo 3°, literal a),
ordinal i) del Decreto 2080 de 2000.

62. Destacó que el literal d) del artículo 5° del Decreto 2080 de 2000 se refiere a
la obligación de registrar ante el Banco de la República las operaciones de inversión
iniciales o adicionales, sean inversiones directas en divisas o en otras modalidades
de inversión de capital del exterior, en los términos y condiciones que estableciera
la entidad. En ese sentido, precisó que la adquisición de acciones por parte de una
sociedad extranjera a través de la capitalización de sumas con derecho a giro
califica como inversión extranjera directa y se sujeta obligatoriamente a su registro,
por lo cual, la negativa del Banco constituía una infracción a la mencionada
disposición legal.

63. Además, advirtió que esa operación de revalorización del patrimonio como
inversión extranjera de sumas con derecho a giro fue reconocida por el propio Banco

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de la República en el Concepto núm. JDS-23617 del 4 de noviembre de 2011 de su
Secretaría de la Junta Directiva.

64. Concluyó que el artículo 8° del mismo Decreto imponía la obligación de
registrar esa inversión, y que al negarlo el Banco de la República incurrió en la
nulidad de los actos demandados por violación de las normas en que debieron
fundarse.

65. Con base en lo expuesto, la parte demandante reiteró la totalidad de las
pretensiones formuladas en la demanda.

66. Por otro lado, parte demandada presentó sus alegatos 7 ratificando los
argumentos presentados en la contestación de la demanda.

67. Aclaró que la solicitud inicial fue negada porque no se encontró un registro
previo del Inversionista en las bases de datos de la entidad. Además, indicó que la
segunda solicitud de registro por valor cero bajo la modalidad de actos o contratos
sin participación en el capital fue igualmente negada toda vez que el contrato
aportado era el mismo contrato social, la transferencia de tecnología no fue
acreditada y la intención del solicitante era participar como accionista, y el régimen
cambiario no contempla la capitalización de revalorización del patrimonio sin un
aporte previo de capital registrado.

68. Sostuvo que la causal de nulidad por infracción a las normas en que debía
fundarse un acto administrativo se configura únicamente cuando se acredita que la
administración omitió aplicar una disposición pertinente, la aplicó incorrectamente,
o acudió a disposiciones que no correspondían al caso, y que ninguno de esos
supuestos se verifica en el presente proceso.

69. Afirmó que el Banco de la República aplicó integralmente el Decreto 2080 de
2000 y los procedimientos de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 al analizar
cada una de las solicitudes de registro presentadas.

70. Sobre este punto precisó que para calificar una operación como inversión de

7 Cfr. Índice núm. 65 del expediente digital, Samai.

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capital del exterior, la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 exigía que los
aportes correspondieran a alguna de las modalidades autorizadas y que los
recursos efectivamente se destinaran a la realización de la inversión. Con base en
ello, sostuvo que, independientemente de las modalidades establecidas en el
artículo 5° del Decreto 2080 de 2000, no es posible efectuar un registro de inversión
extranjera sin un aporte efectivo de capital, como sucedió para ambas solicitudes.

71. Argumentó que la solicitud bajo la definición de actos o contratos sin
participación en el capital era improcedente porque la misma norma excluye
expresamente la inversión en el capital de sociedades mediante aporte en el
contrato social. Precisó que el aporte debe efectuarse mediante actos y contratos
ajenos al contrato social, como lo son los de colaboración, concesión, servicios de
administración o licencia.

72. Advirtió que al no corresponder el contrato social a ninguno de los tipos
enumerados en el artículo 3°, literal a), ordinal iv) del Decreto 2080 de 2000, era
exigible acreditar que aquel implicara una transferencia de tecnología, de manera
que las rentas del inversionista correspondieran a la actividad económica
organizada.

73. Señaló que, a pesar de lo anterior, los documentos presentados por la parte
demandante evidenciaban que el contrato que se pretendía aportar como inversión
era precisamente el contrato social mediante el cual Acesco Investments LLC
adquirió la calidad de socio gestor –la Escritura Pública núm. 5151 del 4 de julio de
2007– y que el certificado del revisor fiscal de la sociedad receptora acreditaba que
el inversionista extranjero era socio gestor y titular de acciones de la sociedad
colombiana.

74. Adujo que la solicitud bajo la modalidad de revalorización del patrimonio era
igualmente improcedente, por cuanto esa capitalización requería que el beneficiario
contara previamente con participaciones en el capital social registradas como
inversión directa ante el Banco de la República, condición que no fue cumplida por
la parte demandante.

75. Manifestó que los actos demandados no adolecen de falsa motivación, pues
el Banco de la República expuso de manera clara y precisa las razones por las

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cuales los registros solicitados eran improcedentes. Indicó que los planteamientos
de la parte demandante dan cuenta de un desacuerdo con la interpretación
normativa adoptada, más no de una falsa motivación que desvirtúe la presunción
de legalidad de los actos acusados.

76. Destacó que la prueba de oficio decretada por el Despacho –la solicitud
dirigida al Secretario de la Junta directiva del Banco de la República– confirmó que
no existen registros de inversión de capital del exterior otorgados a socios gestores
extranjeros bajo la definición de actos o contratos sin participación en el capital, ni
bajo la modalidad de revalorización del patrimonio derivados de ese tipo de
inversiones, lo que desvirtúa el argumento de la parte demandante sobre la
existencia de antecedentes en ese sentido.

77. Concluyó que la parte demandante incumplió la carga argumentativa y
probatoria que le correspondía y que no obra en el expediente prueba que desvirtúe
la legalidad de las decisiones adoptadas.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

78. Mediante memorial del 7 de abril de 20268 el Ministerio Público solicitó negar
las pretensiones de la demanda y se pronunció sobre el objeto del litigio en los
siguientes términos.

79. Precisó que el problema jurídico consiste en determinar si los actos
demandados adolecen de nulidad por vulnerar las normas superiores en que debían
fundarse y por falsa motivación, en especial el artículo 3°, literal a), ordinal iv) del
Decreto 2080 de 2000, que considera inversión extranjera directa los aportes que
realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los de colaboración,
concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen
transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación en una
sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las
utilidades de la empresa.

80. Consideró que al atender la prueba de oficio el Banco aclaró que para que exista

8 Cfr. Índice núm. 67 del expediente digital, Samai.

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inversión de capital del exterior se requiere un aporte de capital efectivo realizado
por un no residente, que las inversiones deben realizarse en destinaciones
específicas y bajo modalidades previamente definidas, y que en todos los casos
deben efectuarse de manera efectiva. Además, precisó que el Banco aclaró que la
definición de actos o contratos sin participación en el capital excluye expresamente
la inversión directa en el capital de sociedades, pues el aporte en ningún caso podría
efectuarse mediante un contrato social, y que el Decreto 2080 de 2000 no contempla
la capitalización de la revalorización del patrimonio sin un aporte previo de capital
registrado como inversión directa.

81. Advirtió que aun cuando la parte demandante insiste en que el Banco de la
República debió diferenciar entre el tratamiento cambiario del simple socio gestor y
el inversionista que ostentaba la doble calidad de gestor y comanditario, y
abstenerse de exigir el registro de la inversión como simple gestor sin participación
en el capital para proceder luego a registrar las acciones adquiridas por
capitalización, lo cierto es que esa exigencia no se encuentra acreditada en el
expediente.

82. Destacó que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable
por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, incumbe a las partes probar
los supuestos de hecho que soportan las posiciones jurídicas que asumen. Sobre
este punto destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado9 ha precisado que
la no satisfacción de la carga probatoria supone para la parte a quien correspondía
asumir los efectos negativos de su omisión conforme a las siguientes reglas: i) al
demandante le incumbe probar los hechos en que funda su acción; ii) el demandado
que excepciona se convierte en demandante para efectos probatorios; y iii) si el
demandante no logra probar los hechos constitutivos de su demanda, el demandado
debe ser absuelto.

83. Señaló que en el presente caso se probó que la solicitud formulada por la parte
demandante refleja que Acesco Investments LLC es socio titular de acciones y
posee participación en el capital social de la sociedad, que con anterioridad a la
solicitud no existía registro previo de inversión extranjera a su nombre, y que los
presupuestos contemplados en el ordinal iv) del literal a) del artículo 3 del Decreto

9 Citó la sentencia del 29 de octubre del 2012, exp. 13001-23-31-000-1992-08522-01(21429).

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2080 de 2000 difieren de los que la parte demandante invoca como propios de
inversión extranjera.

84. Reiteró que la norma presuntamente desconocida se refiere a aportes mediante
actos o contratos como los de colaboración, concesión, servicios de administración,
licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no
represente una participación en una sociedad y las rentas dependan de las
utilidades de la empresa, presupuestos que en este caso no se cumplen respecto
de las solicitudes de la parte demandante.

85. Concluyó que dado que la parte demandante no logró desvirtuar los elementos
fácticos y jurídicos que tuvo el Banco de la República para emitir los actos
demandados, la presunción de legalidad se mantiene y los cargos de nulidad
propuestos están llamados al fracaso.

V. COMPETENCIA DE LA SALA

86. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 128 del C.C.A. y en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019 10 , la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.

87. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Sobre la infracción de las normas en que debieron fundarse los actos
demandados

88. Corresponde a la Sala determinar si procede la nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales el Banco de la Republica negó el registro de
inversión extranjera a la adquisición por parte de una sociedad de la calidad de socio
gestor en una sociedad en comandita por acciones, así como a la adjudicación de
acciones a dicho gestor como resultado de una operación de capitalización de la

10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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cuenta revalorización del patrimonio.

89. Con el fin de resolver ese interrogante, resulta necesario precisar el marco
constitucional y legal que regula las inversiones extranjeras y el régimen cambiario
y de registro de tales inversiones en el país.

90. En Colombia la competencia para regular el régimen de cambios
internacionales corresponde a tres autoridades: el Congreso de la República, el
Gobierno Nacional y el Banco de la República.

91. De acuerdo con el literal b) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
le corresponde al Congreso de la República expedir la ley marco en la que se fijan
los objetivos y criterios para que el Gobierno señale el régimen de cambios
internacionales:

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

a) Organizar el crédito público;

b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en
concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta
Directiva del Banco de la República”.

92. Con fundamento en esta atribución se expidió la Ley 9 de 1991 “Por la cual
se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para
regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias”. Por
su parte, en el artículo 15 de esta ley se determinó que le correspondería al
Gobierno Nacional fijar el régimen de inversiones indicando lo siguiente:

“ARTÍCULO 15. Régimen de inversiones. El régimen general de la inversión
de capitales del exterior en el país y de las inversiones colombianas en el
exterior será fijado por el Gobierno Nacional. En desarrollo de esta función se
señalarán las modalidades, la destinación, forma de aprobación y las
condiciones generales de esas inversiones.

Efectuada una inversión de capitales del exterior en el país en debida forma, el
inversionista tendrá derecho para remitir al exterior las utilidades provenientes
de la inversión y para reembolsar el capital invertido y las ganancias de capital,
con sujeción a los límites y condiciones que señale el Gobierno Nacional.

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Mediante normas de carácter general se podrán establecer regímenes
excepcionales de acuerdo con el destino de la inversión, tales como los
correspondientes a los sectores financiero, de hidrocarburos y minería.

Con excepción de aquellos asuntos referentes a la transferencia de recursos al
exterior, la inversión extranjera en Colombia, será tratada para todos los efectos
de igual forma que la inversión de nacionales colombianos.

Las condiciones de reembolso de la inversión y de la remisión de utilidades
legalmente vigentes en la fecha de registro de la inversión extranjera, no podrán
ser cambiadas de manera que afecten desfavorablemente a los inversionistas
extranjeros, salvo temporalmente cuando las reservas internacionales serán
inferiores a tres meses de importaciones.

PARÁGRAFO. Las normas que se expidan en desarrollo de este artículo no
podrán conceder condiciones y otorgar tratamientos discriminatorios a los
inversionistas extranjeros frente a los inversionistas privados nacionales”
(Subrayas de la Sala)

93. En coherencia con lo dicho, resulta importante destacar que conforme a los
artículos 371 y 372 de la Constitución le corresponde al Banco de la República
regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, siendo su Junta
Directiva la autoridad en cada uno de estos temas:

«Artículo 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central.
Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Las
funciones básicas del Banco serán: regular la moneda, los cambios
internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas
internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero del Gobierno, y
servir como agente fiscal del mismo».

«Artículo 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la
autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que
le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del
Banco y estará conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá. El Gerente del Banco será
elegido por la Junta Directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros
restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la
República para períodos prorrogables de cuatro años y podrán ser reelegidos
indefinidamente o removidos por el Presidente de la República de conformidad
con la ley, oyendo la opinión de la Junta Directiva» (Negrillas de la Sala).

94. Bajo la señalada división de funciones constitucionales, el Congreso a través
de la Ley 31 de 1992 precisó que en su calidad de autoridad cambiaria el Banco de
la República tiene, además, entre otras, las siguientes funciones:

«ARTÍCULO 16. Atribuciones. Al Banco de la República le corresponde
estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular
la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el
normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía,
velando por la estabilidad del valor de la moneda. Para tal efecto, la Junta
Directiva podrá:

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[…]

h) Ejercer las funciones de regulación cambiaria previstas en el parágrafo 1. del
artículo 3. y en los artículos 5 a 13, 16, 22, 27, 28 y 31 de la Ley 9 de 1991.

i) Disponer la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario
como comprador o vendedor de divisas, o la emisión y colocación de títulos
representativos de las mismas. Igualmente, determinar la política de manejo de
la tasa de cambio, de común acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito
Público. En caso de desacuerdo, prevalecerá la responsabilidad constitucional
del Estado de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la
moneda. […]» (Subrayas de la Sala).

95. Por su parte, el Gobierno Nacional, en desarrollo de sus competencias
legales y constitucionales, expidió el Decreto 2080 de 2000, “por el cual se expide
el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital
colombiano en el exterior”, y designó al Banco de la República como la entidad
encargada del registro de las inversiones extranjeras en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 8º. Registro. El inversionista de capital del exterior, o quien
represente sus intereses, deberá registrar las inversiones iniciales o adicionales
en el Banco de la República de acuerdo con el procedimiento que establezca
esta entidad y conforme a los siguientes términos:

a) Las inversiones directas y las inversiones de portafolio en divisas se
registrarán con la presentación de la declaración de cambio correspondiente a
su canalización a través del mercado cambiario;

b) En el caso de las inversiones de capital del exterior de portafolio, los pagos
asociados a las mismas podrán ser objeto de neteo, sin perjuicio de que las
inversiones deban registrarse por su monto total, en los plazos y condiciones
que establezca el Banco de la República.

El Banco de la República podrá establecer los plazos y condiciones del registro
de la inversión extranjera que se realice con ocasión de la implementación o
funcionamiento de carteras colectivas bursátiles locales o extranjeras,
denominadas internacionalmente como “Exchange Traded Funds —ETF's—”, y
de programas sobre certificados de depósitos negociables representativos de
valores, incluido el registro de las operaciones de inversión extranjera
necesarias para la constitución y redención de los valores o participaciones
emitidos por las mencionadas carteras o por dichos programas;

c) Las demás modalidades de inversión de capital del exterior se registrarán
dentro de un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del momento
en que se efectúe la inversión. Este registro se hará en los términos y
condiciones que establezca el Banco de la República;

d) En el caso de la inversión suplementaria al capital asignado de sucursales
de los sectores de hidrocarburos y minería sujeta al régimen cambiario especial
establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, el registro se
efectuará con la presentación de la solicitud correspondiente, dentro de los seis
(6) meses siguientes, contados a partir del cierre contable del período de
realización de la inversión que para tal efecto determine el Banco de la

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República;

e) La sustitución de la inversión original, entendiéndose por tal, cambios en los
titulares, en la destinación o en la empresa receptora de la misma, deberá
registrarse en el Banco de la República. El registro se efectuará dentro de un
plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del momento en que se
efectúe la sustitución. Este registro se hará en los términos y condiciones que
establezca el Banco de la República.

[…]

PARÁGRAFO. 3º. El Banco de la República, de conformidad con lo previsto en
este decreto, podrá establecer procedimientos especiales de registro teniendo
en cuenta los mecanismos de transacción utilizados.

PARÁGRAFO. 4º. El Banco de la República se abstendrá de registrar las
inversiones que se realicen en contravención de lo dispuesto en el presente
decreto. Tampoco se registrarán las inversiones cuando el interesado no
presente la declaración de cambio correspondiente a su canalización como
inversión a través del mercado cambiario.

PARÁGRAFO. 5º. El incumplimiento del registro de la inversión extranjera, en
la oportunidad y en las condiciones en que deba efectuarse, constituye
infracción cambiaria.

PARÁGRAFO. 6º. El Banco de la República podrá solicitar, dentro del plazo
que estime pertinente, la actualización de la información que considere
necesaria para efectos del seguimiento al registro de las inversiones extranjeras
en Colombia». (Subrayas de la Sala)

96. En virtud de esa atribución, el Banco de la República quedó facultado no solo
para llevar el registro de las inversiones extranjeras, sino también para establecer
los procedimientos, requisitos y condiciones aplicables a su trámite, así como para
verificar que las operaciones sometidas a registro se ajusten al régimen cambiario
y a las modalidades de inversión autorizadas.

97. Sumado a ello, el artículo 8° del Decreto 2080 de 2000 también le atribuyó al
Banco de la República la facultad de abstenerse de registrar aquellas operaciones
que se realicen en contravención del régimen de inversión extranjera o que no
cumplan las condiciones previstas para su canalización y registro. En efecto, de esta
disposición se desprende que el Banco de la República no cumple una función
meramente formal de inscripción, sino que debe verificar si la operación sometida a
registro satisface las condiciones previstas en el régimen de inversión extranjera.
Para ello, el decreto le atribuye la competencia de regular los procedimientos
aplicables al trámite y de abstenerse de registrar operaciones que no se ajusten a
las modalidades y requisitos previstos en la normativa cambiaria, en concordancia
con los artículos 371 y 372 de la Constitución Política.

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98. Así pues, en desarrollo de esas facultades reglamentarias, la Junta Directiva
del Banco de la República expidió la Resolución Externa 8 de 2000, “Por la cual se
compendia el régimen de cambios internacionales”. En este acto administrativo se
estableció el régimen aplicable a la canalización de divisas y al registro de las
inversiones extranjeras ante el Banco de la República:

«ARTÍCULO 30°. CANALIZACIÓN Y REGISTRO. Las divisas destinadas a
efectuar inversiones de capital del exterior en Colombia deberán canalizarse por
conducto de los intermediarios del mercado cambiario o de las cuentas de
compensación y su registro en el Banco de la República deberá efectuarse de
conformidad con la reglamentación de carácter general que expida esta entidad,
presentando los documentos que prueben la realización de la inversión.

Tratándose de inversiones que requieran de autorización o concepto previo
deberá indicarse el número, fecha y condiciones de la autorización o concepto».

99. A su vez, la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del 6 de diciembre de
2005 expedida igualmente por la entidad demandada, precisó los procedimientos y
requisitos específicos aplicables al registro de inversiones extranjeras. Dentro de
esas exigencias, el numeral 7.1. estableció como un aspecto general del
procedimiento lo siguiente:

«Para calificar una operación como inversión de capital del exterior en Colombia
se deberá tener en cuenta a la fecha de la inversión, que el inversionista cumpla
la condición de no residente en el país, que los aportes correspondan a
cualquiera de las modalidades autorizadas en las normas respectivas y que los
recursos efectivamente se destinen a la realización de la inversión, condiciones
que se deberán demostrar ante las entidades de control y vigilancia, cuando
ellas se las requieran» (Subrayas de la Sala).

100. De esta disposición se desprende que la exigencia consistente en que los
recursos “efectivamente se destinen a la realización de la inversión” constituye un
requisito sustancial orientado a acreditar la existencia de un flujo real de valor del
exterior hacia Colombia. Es claro que, en ausencia de ese flujo efectivo, la operación
no puede calificarse como inversión de capital del exterior independientemente de
la denominación que las partes le atribuyan.

101. Ahora bien, además de regular el procedimiento de registro, el Decreto 2080
de 2000 definió las clases y modalidades de inversión de capital del exterior que
son reconocidas en Colombia.

102. Respecto a qué inversiones de capital exterior podrían considerarse como

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Demandante: Acerías de Colombia S.A. - Acesco

directas determinó lo siguiente:

«ARTÍCULO 3°. Definiciones sobre inversiones de capital del exterior. Son
inversiones de capital del exterior la inversión directa y la inversión de portafolio.

a) Se considera inversión directa:

i) La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes
representativos del capital de una empresa o bonos obligatoriamente
convertibles en acciones;

ii) La adquisición de derechos o participaciones en negocios fiduciarios
celebrados con sociedades fiduciarias sometidas a la inspección y vigilancia de
la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo objeto no se constituya en lo
señalado en el literal b) de este artículo;

iii) La adquisición de inmuebles, directamente o mediante la celebración de
negocios fiduciarios, o como resultado de un proceso de titularización
inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción;

iv) Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales
como los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o
aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente
una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su
titular dependan de las utilidades de la empresa;

v) Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales;

vi) Inversiones en fondos de capital privado de que trata el Título Catorce del
Libro Primero de la Parte Tercera del Decreto 2555 de 2010 o las normas que
lo modifiquen o sustituyan.

b) Se considera inversión de portafolio la realizada en valores inscritos en el
registro nacional de valores y emisores, RNVE, las participaciones en carteras
colectivas, así como en valores listados en los sistemas de cotización de valores
del extranjero.

PARÁGRAFO. 1º. No constituyen inversión extranjera los créditos y
operaciones que impliquen endeudamiento. Constituye infracción cambiaría la
realización por residentes en el país de operaciones de endeudamiento externo
con divisas que hayan sido declaradas como inversión extranjera. En ningún
caso, los negocios fiduciarios de que trata el ordinal ii) del literal a) del presente
artículo, podrán tener por objeto el otorgamiento de crédito a residentes o no
residentes, o servir de medio para eludir el cumplimiento de las regulaciones
cambiarias adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la República,
incluyendo las relativas a endeudamiento externo.

PARÁGRAFO. 2º. Para efectos del presente decreto se entiende por empresa
lo previsto en el artículo 25 del Código de Comercio, así como las sociedades,
las entidades sin ánimo de lucro y las entidades de naturaleza cooperativa»
(subrayas fuera de texto).

103. Por su parte, de acuerdo con el decreto ibídem las modalidades a través de
las cuales se permite materializar ese flujo de capital del exterior hacia Colombia
son las siguientes:

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«ARTÍCULO 5°. Modalidades. Las inversiones de capital del exterior podrán
revestir, entre otras, las siguientes modalidades:

a) Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda
nacional.

b) Importación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros
bienes físicos, aportados al capital de una empresa como importaciones no
reembolsables.

c) Aportes en especie al capital de una empresa consistente en intangibles,
tales como contribuciones tecnológicas, marcas y patentes en los términos
que dispone el Código de Comercio.

d) Recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al inversionista
de capital del exterior derivados de operaciones de cambio obligatoriamente
canalizables a través del mercado cambiario que se destinen a inversiones
directas o de portafolio, así como regalías derivadas de contratos
debidamente registrados.

e) Recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de
crédito celebradas con establecimientos de crédito destinadas a la
adquisición de acciones realizadas a través del mercado público de valores»
(Subrayas fuera de texto)

104. En este punto, resulta necesario precisar que los artículos 3° y 5° del Decreto
2080 de 2000 regulan aspectos distintos pero complementarios del régimen de
inversión extranjera. Mientras el artículo 3° define las clases de inversión según su
naturaleza y destino, el artículo 5° establece las modalidades a través de las cuales
esos recursos pueden ingresar al país y ser reconocidos como inversión extranjera.
En consecuencia, para efectos del registro no basta con que la operación
corresponda a alguno de los tipos previstos en el artículo 3°, sino que además debe
materializarse a través de alguna de las modalidades autorizadas en el artículo 5°.

105. Con fundamento en el marco normativo expuesto, la Sala procede a
examinar las operaciones que la parte demandante pretendió registrar como
inversión extranjera directa y las consideraciones de los actos administrativos
demandados, con el fin de determinar si su contenido y las decisiones contenidas
en ellos se adecúan al marco normativo previamente referido o si, por el contrario,
incurren en una infracción de las normas superiores que los fundamentan.

106. Mediante comunicación del 9 de octubre de 2008, radicada bajo el número

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DER-BOG-60237-2008 11 , la parte demandante presentó la primera solicitud de
registro de la inversión correspondiente a las capitalizaciones de la cuenta de
revalorización del patrimonio aprobadas en julio y septiembre de 2008, bajo la
modalidad de sumas con derecho a giro. En dicha solicitud señaló lo siguiente:

«SOLICITO

Registrar la inversión extranjera de ACESCO INVESTMENTS LLC. en la
Sociedad.

1. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA PRESENTE SOLICITUD:

1.1. Según consta en la Escritura Pública No. 5151 del cuatro (4) de julio de
2007 que se adjunta a la presente como Anexo B, en reunión de la Asamblea
extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el veintiocho (28) de
mayo de 2007, dicho órgano aprobó por unanimidad de las acciones que en tal
fecha representaban el capital social, aprobar la transformación de la Sociedad
al tipo de las sociedades en comandita por acciones, bajo el nombre Acerías de
Colombia Acesco & Cía S.C.A.

1.2. De conformidad con lo previsto en los artículos Sexto a Octavo de los
estatutos sociales de la Sociedad (contenidos en la escritura pública citada), la
Sociedad transformada tiene dos (2) socios gestores, uno de ellos ACESCO
INVESTMENTS LLC., y diecisiete (17) socios comanditarios.

1.3. Tal y como consta en el literal d) del Artículo Noveno de los estatutos
sociales de la Sociedad, en su calidad de socio gestor, ACESCO
INVESTMENTS LLC. tiene, entre otros, derecho a «percibir a cambio de su
gestión, un beneficio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de todo reparto
que la sociedad apruebe efectuar a sus socios, incluyendo repartos de
utilidades sociales en dinero o en acciones y también en repartos de superávit,
valorizaciones o semejantes, así como repartos con ocasión de las
capitalizaciones de la cuenta de revalorización del patrimonio». (subrayado
fuera del texto).

1.4. A diez (10) de julio de 2008, la composición del capital de la Sociedad, tal
y como se acredita en el Certificado suscrito por el Revisor Fiscal de dicha
compañía que se acompaña al presente escrito como Anexo C, era la siguiente:

11 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 107 a 111.

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1.5. En reunión de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad llevada a cabo el
pasado once (11) de julio de 2008, dicho órgano aprobó la capitalización,
mediante la emisión de acciones, de la cuenta de revalorización del patrimonio
en la suma de siete mil quinientos millones de pesos moneda colombiana
($7.500.000.000), valor que correspondía al saldo parcial de la referida cuenta
al corte de Junio 30 de 2008.

En desarrollo de la disposición estatutaria referida en el numeral 1.3 anterior,
ACESCO INVESTMENTS LLC., fue beneficiaria del cincuenta por ciento (50%)
de la capitalización aprobada, razón por la cual fueron emitidas a su favor, por
su valor nominal, treinta y siete millones quinientas mil (37.500.000) acciones
ordinarias de la sociedad.

1.6. La siguiente fue la composición accionaria de la Sociedad resultante de la
capitalización mencionada en el numeral 1.5 anterior, la cual se mantiene a la
fecha tal y como lo acredita el certificado adjunto a la presente solicitud como
Anexo C.

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»

107. En esta solicitud explica que la adquisición de las acciones por parte de la
sociedad gestora derivó de una capitalización de la cuenta de revalorización del
patrimonio y tuvo como fundamento lo establecido en el artículo 9 de la escritura
pública de la sociedad en comandita por acciones relativa a que los socios gestores
podían obtener como retribución a su labor un determinado porcentaje de acciones
sin perder su calidad de socios gestores. Dicho artículo disponía lo siguiente:

«ARTÍCULO NOVENO.- Derechos de los socios gestores: Los socios
gestores tendrán los siguientes derechos:

a) Intervenir con voz y voto en las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas.

b) Administrar la sociedad conjunta o separadamente.

C) Suscribir acciones de capital, sin perder por este hecho la calidad de socio
gestor.

d) ACESCO INVESTMENTS LLC tendrá el derecho a percibir a cambio de su
gestión, un beneficio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de todo reparto
que la sociedad apruebe efectuar a sus socios, incluyendo repartos de
utilidades sociales en dinero o en acciones y también en repartos de superávit,
valorizaciones o semejantes, así como repartos con ocasión de capitalizaciones
de la cuenta de revalorización del patrimonio. La remuneración de ACESCO
INVESTMENTS LLC se causará en su favor y se tornará exigible sólo cuando
se apruebe en debida forma cualquier reparto de los anteriormente
mencionados por parte de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad.

e) MAURICIO ESCOBAR RESTREPO tendrá derecho a percibir a cambio de
su gestión, un beneficio equivalente al cero punto cero un por ciento (0.01%) de
todo reparto que la sociedad apruebe efectuar a sus socios en dinero
exclusivamente, excluyendo repartos de utilidades sociales en acciones y
también en repartos de superávit, valorizaciones o semejantes, así como
repartos con ocasión de capitalizaciones de la cuenta de revalorización del
patrimonio. La remuneración de MAURICIO ESCOBAR RESTREPO se causará
en su favor y se tornará exigible sólo cuando se apruebe en debida forma
cualquier reparto en dinero por parte de la Asamblea General de Accionistas de

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la sociedad»12 (Subrayas de la Sala).

108. Así, se observa que la parte demandante en un principio pretendía registrar
la adquisición de esas acciones como una modalidad de inversión extranjera directa.

109. Frente a esa solicitud el Banco de la República, mediante Oficio DCIN-24037
del 9 de diciembre de 200813, negó el registro de la operación en los siguientes
términos:

«Nos referimos a su comunicación radicada con el No. DER-BOG-60237-2007
de octubre 16 de 2008, mediante la cual solicita el registro de la inversión
extranjera de Acesco Investments LLC en la sociedad Acerías de Colombia
Acesco & Cía S.C.A Nit. 860.026.753-0, por la capitalización de la cuenta
"Revalorización del Patrimonio", según acta No 82 de julio 11 de 2008.

Al respecto, le informamos que verificada la base de datos de la sección de
Registro y Procesos Cambiarios del Departamento de Cambios Internacionales,
a la fecha, no se encontró registro de inversión extranjera para el inversionista
Acesco Investments LLC en la empresa receptora Acerías de Colombia -
Acesco & Cía S.C.A.

Por lo anterior, no es posible atender la solicitud de registro de inversión
extranjera por la cuenta "Revalorización del Patrimonio" para Acesco
Investments LLC en la empresa receptora Acerías de Colombia – Acesco & Cía
S.C.A.

En consecuencia, en virtud de lo previsto en la Circular Reglamentaria Externa
DCIN – 83 y sus modificaciones, punto 7.2.2. "Registro automático con la
presentación de la solicitud en debida forma" (formulario No. 11), no opera el
registro automático de la inversión de su interés, y por consiguiente, estamos
formalizando la revocatoria allí prevista».

110. De esta forma, el Banco de la República consideró que no podía registrar la
inversión extrajera por la capitalización de la cuenta de “Revalorización del
Patrimonio” en la medida en que para su registro en los términos del artículo 5 del
Decreto 2080 de 2000 era necesario que Acesco Investments LLC contara
previamente con un registro de inversión extranjera directa en la sociedad receptora.

111. Posteriormente, la demandante presentó una nueva petición el 19 de marzo
de 2009 bajo el radicado número DER-BOG-12745-200914. En ella mantuvo los
fundamentos fácticos inicialmente expuestos, pero reformuló el alcance de lo

12 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 67 a 68.
13 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 112 a 113.
14 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 114 a 121.

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pretendido y lo dividió en dos requerimientos sucesivos, así:

112. De lo anterior se desprende que la segunda solicitud comprendía dos
pretensiones diferenciadas y sucesivas: en primer lugar, el registro de la condición
de socia gestora de Acesco Investments LLC bajo el ordinal iv) del literal a) del
artículo 3° del Decreto 2080 de 2000; y, en segundo lugar, el registro de las acciones
adquiridas con ocasión de las capitalizaciones de la cuenta de revalorización del
patrimonio bajo el literal d) del artículo 5° del mismo decreto.

113. No obstante, frente a esa solicitud, el Banco de la República, mediante el
Oficio DCIN-16072 del 1 de septiembre de 200915, nuevamente negó el registro de
la inversión bajo los siguientes argumentos:

«Damos respuesta a la comunicación presentada al Banco de la República con
la radicación No. DER-BOG-12745-2009 del 19 de marzo de 2009, mediante la
cual solicita el registro de la inversión extranjera de Acesco Investments LLC de
Delaware en la empresa receptora Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A.,
inicialmente con destino a actos o contratos sin participación en el capital de la
sociedad, en su calidad de gestor comanditario de la sociedad y,
posteriormente, originada en la capitalización de la cuenta "Revalorización del
Patrimonio" por 83.324.304 acciones ordinarias, según actas Nos. 82 y 84 de
julio 11 y septiembre 10 de 2008.

Al respecto, nos permitimos manifestarle lo siguiente:

1. El numeral iv) literal a) del artículo 3 del Decreto 2080 de 2000 establece que
se considera inversión directa: «…Los aportes que realice el inversionista
mediante actos o contratos, tales como los de colaboración, concesión,
servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de
tecnología, cuando ello no represente una participación en una sociedad y las
rentas que genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la

15 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 122 a 124.

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empresa;».

Es así como, de acuerdo con el presupuesto general de la norma, (i) la
participación contractual es exógena a la sociedad (no es parte del mismo
contrato social), (ii) implica una "transferencia de tecnología" y, (iii) el propósito
es participar en las utilidades de la empresa no en el capital social.

En el caso que nos ocupa, el contrato es parte del contrato social (socio gestor),
la transferencia tecnológica no se encuentra probada o valorada y la intención
principal del solicitante es participar como accionista de la sociedad, lo cual
contradice la intención de la norma.

Por tanto, el registro de la inversión extranjera de Acesco Investments LLC de
Delaware en la empresa receptora Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A,
con destino a actos o contratos sin participación en el capital de la sociedad, en
su calidad de gestor comanditario de la sociedad, no es susceptible de registro.

2. Por otro lado, el Régimen de inversión extranjera (Decreto 2080 de 2000) no
prevé como inversión extranjera directa, la capitalización de revalorización del
patrimonio sin aporte previo de capital. Si bien la cuenta de "Revalorización del
Patrimonio" es capitalizable, esta capitalización requiere que el beneficiario de
ésta tenga previamente participaciones en el capital social de la misma
registradas como inversión extranjera directa, lo cual no ocurre en el caso de la
sociedad extranjera Acesco Investments LLC de Delaware, toda vez que
verificada la base de datos de la Sección de Registro y Procesos Cambiarios
del Departamento de Cambios Internacionales, a la fecha, no se encontró
registro de inversión extranjera para el inversionista Acesco Investments LLC
de Delaware en la empresa receptora Acerías de Colombia – Acesco & Cía
S.C.A.

Así, no opera el registro automático de la inversión extranjera directa de Acesco
Investments LLC de Delaware en la empresa receptora Acerías de Colombia
Acesco & Cía S.C.A, en su calidad de gestor comanditario de la sociedad,
originada en la capitalización de la cuenta "Revalorización del Patrimonio" por
83.324.304 acciones ordinarias, según actas Nos. 82 y 84 de julio 11 y
septiembre 10 de 2008.

En consecuencia, la Subdirectora Técnica del Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República, adopta la siguiente:

DECISIÓN:

1. Negar el registro de la inversión extranjera de Acesco Investments LLC de
Delaware en la empresa receptora Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A,
con destino a actos o contratos sin participación en el capital de la sociedad, en
su calidad de gestor comanditario de la sociedad.

2. Informar que en virtud de lo previsto en el punto 7.2.2. "Registro automático
con la presentación de la solicitud en debida forma" (formulario No. 11), no
opera el registro».

114. De lo anterior se evidencia que el Banco de la República negó el registro
solicitado al considerar que el contrato mediante el cual Acesco Investments LLC
adquirió la calidad de socia gestora hacía parte del contrato social y no correspondía
a un contrato exógeno a la sociedad; que no estaba acreditada ni valorada ninguna

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transferencia de tecnología; y que la intención principal del inversionista era
participar como accionista de la sociedad, circunstancia incompatible con el
supuesto previsto en el ordinal iv) del literal a) del artículo 3 del Decreto 2080 de
2000. Adicionalmente, respecto de la capitalización de la cuenta de revalorización
del patrimonio, señaló que el régimen de inversión extranjera no contempla su
registro cuando no existe un aporte previo de capital registrado como inversión
extranjera directa.

115. Esta decisión fue recurrida por la parte demandante16, quien argumentó que
la interpretación del Banco era improcedente porque la norma no exige que el
contrato mediante el cual se realiza la inversión sea distinto al contrato social y que
la referencia a contratos de colaboración, concesión, servicios de administración,
licencia o transferencia de tecnología tiene carácter meramente enunciativo y no
excluye otros tipos de contratos. Además, señaló que la ley comercial expresamente
permite que el socio gestor suscriba acciones sin adquirir por ese hecho la calidad
de accionista, de modo que su aporte en industria no implica participación en el
capital social, y que existían antecedentes en los que el Banco había otorgado
registro de inversión extranjera a socios gestores extranjeros en sociedades
colombianas. Agregó que la capitalización de la cuenta de revalorización del
patrimonio procedía porque se habían cumplido los presupuestos del ordinal iv) del
literal a) del artículo 3 del Decreto 2080 de 2000 para el registro previo y porque la
legislación colombiana permite capitalizar los valores registrados en esa cuenta
mediante distribución en acciones.

116. Frente a ese recurso, el Banco de la República expidió los Oficios DCIN-
24559 del 22 de diciembre de 2009 y DCIN-01766 del 1 de febrero de 201017, en
los que insistió en que la intención principal de Acesco Investments LLC era
participar como accionista en la sociedad receptora, lo cual contradice de plano el
alcance del ordinal iv) del literal a) del artículo 3 del Decreto 2080 de 2000, y en que
los actos demandados se ajustaban a lo dispuesto en ese decreto y en la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83 de 2000.

117. Con fundamento en el marco jurídico y fáctico previamente expuesto, la Sala

16 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 125 a 133.
17 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 134 a 157.

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concluye que en el presente caso los actos administrativos demandados no
incurrieron en infracción de las normas superiores invocadas, por las razones que
se desarrollan a continuación respecto de cada pretensión.

6.1.1. De la pretensión de registro bajo el ordinal iv) del literal a) del artículo 3
del Decreto 2080 de 2000 fundada en la adquisición de la calidad de socio
gestor de la sociedad extranjera

118. Respecto de la solicitud de registro de la inversión extranjera de Acesco
Investments LLC en la sociedad Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A.,
fundamentada en la adquisición de la calidad de socio gestor de la sociedad, con
sustento en lo establecido en el ordinal iv) del literal a) del artículo 3 del Decreto
2080 de 2000, la Sala considera que dicha disposición no es aplicable a la situación
jurídica concreta de la parte demandante.

119. Para sustentar esa conclusión, se advierte que el ordinal iv) del literal a) del
artículo 3° del Decreto 2080 de 2000 exige el cumplimiento de varios presupuestos:
i) que exista un aporte realizado mediante un acto o contrato que no implique
participación en una sociedad; y ii) que las rentas que genere la inversión dependan
de las utilidades de la empresa. Concretamente, dicho ordinal dispone lo siguiente:

«ARTÍCULO 3°. Definiciones sobre inversiones de capital del exterior. Son
inversiones de capital del exterior la inversión directa y la inversión de portafolio.

a) Se considera inversión directa:

[…]

iv) Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales
como los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o
aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente
una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su
titular dependan de las utilidades de la empresa; […]».

120. En cuanto al primer presupuesto, la propia norma delimitó su alcance al exigir
que los aportes que se pretenden registrar bajo dicha disposición no pueden implicar
una participación en la sociedad. Para la Sala, esta limitación excluye el contrato
social como instrumento apto para registrar una inversión bajo el ordinal iv), toda
vez que ese negocio es, por su naturaleza, el título que origina la participación
societaria.

121. Lo anterior se confirma con los propios ejemplos de actos o contratos que el

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ordinal iv) consagra como inversión extranjera directa, pues los contratos de
colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o transferencia de
tecnología tienen en común que recaen sobre prestaciones concretas y verificables
–un servicio especializado, una tecnología, un derecho de uso– que el inversionista
extranjero proporciona a la empresa receptora mediante un acuerdo autónomo,
diferenciado del contrato social.

122. Por lo tanto, en el presente asunto la parte demandante pretendió registrar
como inversión extranjera directa la Escritura Pública núm. 5151 del 4 de julio de
2007, mediante la cual se modificó el contrato social y se atribuyó a Acesco
Investments LLC la calidad de socio gestor de Acesco & Cía. S.C.A. Ese
instrumento, sin embargo, no es el acto o contrato que el ordinal iv) exige, dado que
no recae sobre una prestación concreta y verificable dirigida a canalizar un aporte
del exterior hacia la empresa receptora, sino que constituye el propio acto que da
origen a la participación societaria y que la norma busca excluir. En el caso concreto
esto se verifica teniendo en cuenta que el negocio jurídico vertido en la Escritura
Pública 5151 de julio 4 de 2007 consiste en una reforma estatutaria de
transformación, es decir, en una modificación del contrato de sociedad.

123. A lo anterior se suma que la propia calidad de socia gestora supone una
participación en el interés social de una sociedad, pues el socio gestor adquiere
mediante el contrato social un conjunto de derechos y obligaciones –administrar y
representar la sociedad, intervenir con voz y voto en las decisiones sociales y
percibir una retribución vinculada a las utilidades–, con independencia de que esa
participación no esté representada en el capital accionario o de que el aporte no
tenga una estimación de valor.

124. Así las cosas, dado que la Escritura Pública núm. 5151 del 4 de julio de 2007
constituye la modificación del contrato social mediante el cual se creó el vínculo
societario entre Acesco Investments LLC y la sociedad receptora, el primer
presupuesto para que el aporte pueda calificarse como inversión de capital del
exterior bajo el ordinal iv) no se encuentra acreditado.

125. En consecuencia, dado que el ordinal iv) exige el cumplimiento concurrente
de ambos presupuestos –que el aporte sea un acto o contrato que no implique
participación en la sociedad y que las rentas de dicho acto o contrato dependan de
las utilidades de la empresa–, la ausencia del primero releva a la Sala de examinar

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el segundo.

126. Por las razones expuestas, la negativa del Banco de la República a registrar
la inversión bajo el ordinal iv) del literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000
se ajustó al régimen cambiario, pues la adquisición de la calidad de socia gestora
no correspondía a la modalidad de inversión extranjera directa que dicha disposición
reconoce.

6.1.2. De la pretensión de registro bajo el literal d) del artículo 5° del Decreto
2080 de 2000

127. En cuanto a la solicitud de registro de la inversión extranjera de Acesco
Investments LLC en la sociedad Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A.,
fundamentada en la adquisición de las 83.324.304 acciones obtenidas por las dos
capitalizaciones de la cuenta de revalorización del patrimonio y fundada en el literal
d) del artículo 5 del Decreto 2080 de 2000, la Sala observa que esta disposición
tampoco ampara la operación pretendida por la demandante.

128. Para sustentar esa conclusión es necesario precisar el alcance del
mencionado literal d) del artículo 5° del Decreto 2080 de 2000, que define como
modalidad de inversión los recursos en moneda nacional con derecho a ser
remitidos al inversionista de capital del exterior, en los siguientes términos:

« ARTÍCULO 5º. Modalidades. Las inversiones de capital del exterior podrán
revestir, entre otras, las siguientes modalidades:

d) Recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al inversionista
de capital del exterior derivados de operaciones de cambio obligatoriamente
canalizables a través del mercado cambiarlo que se destinen a inversiones
directas o de portafolio, así como regalías derivadas de contratos debidamente
registrados» (Subrayas de la Sala).

129. De esta disposición se desprende que el literal d) contempla una modalidad
específica de inversión extranjera, la cual se materializa no mediante un flujo directo
de recursos del exterior, sino a través de recursos en moneda nacional que ya se
encuentran en Colombia y que tienen reconocido el derecho a ser remitidos al
inversionista extranjero, en tanto provienen de operaciones de cambio previamente
canalizadas a través del mercado cambiario.

130. Así pues, para la Sala el término "derivados" establece una condición de

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precedencia, pues los recursos en moneda nacional solo pueden remitirse al
inversionista extranjero si provienen de un aporte de capital del exterior que ha sido
previamente registrado como inversión extranjera directa ante el Banco de la
República. Sin ese registro previo, no existe base cambiaria sobre la cual reconocer
el derecho a giro.

131. En el presente asunto, Acesco Investments LLC no contaba con un registro
previo de inversión extranjera directa en la sociedad receptora, condición que, como
se señaló, resultaba indispensable para que los recursos derivados de las
capitalizaciones pudieran reconocerse como sumas con derecho a giro bajo el literal
d) del artículo 5° del Decreto 2080 de 2000.

132. Adicionalmente, las acciones que recibió Acesco Investments LLC no
provienen de operaciones de cambio canalizadas a través del mercado cambiario,
sino de una atribución estatutaria reconocida a la socia gestora por su labor de
administración, como consta en el artículo noveno literal d) de los estatutos de la
sociedad, que establecía lo siguiente:

«ARTÍCULO NOVENO.- Derechos de los socios gestores: Los socios
gestores tendrán los siguientes derechos:

a) Intervenir con voz y voto en las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas.

b) Administrar la sociedad conjunta o separadamente.

C) Suscribir acciones de capital, sin perder por este hecho la calidad de socio
gestor.

d) ACESCO INVESTMENTS LLC tendrá el derecho a percibir a cambio de su
gestión, un beneficio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de todo reparto
que la sociedad apruebe efectuar a sus socios, incluyendo repartos de
utilidades sociales en dinero o en acciones y también en repartos de superávit,
valorizaciones o semejantes, así como repartos con ocasión de capitalizaciones
de la cuenta de revalorización del patrimonio. La remuneración de ACESCO
INVESTMENTS LLC se causará en su favor y se tornará exigible sólo cuando
se apruebe en debida forma cualquier reparto de los anteriormente
mencionados por parte de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad.
»18.

133. De esta forma, las acciones entregadas constituyeron una remuneración que
la sociedad colombiana reconoció estatutariamente a su socia gestora por el
ejercicio de sus funciones de administración, más no el resultado de operaciones

18 Cfr. Índice núm. 39 del expediente digital, Cuaderno Principal, CUADERNO PRINCIPAL.(.pdf), ,

Folios 67 a 68.

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de cambio canalizadas del exterior hacia Colombia.

134. En ese sentido, para la Sala el flujo económico de la operación es contrario
al que presupone el literal d) del artículo 5° del Decreto 2080 de 2000, pues no se
produjo un ingreso del exterior hacia Colombia sino una salida de recursos de la
propia sociedad colombiana en favor del inversionista extranjero como
contraprestación por sus funciones de gestión.

135. Por las razones expuestas, la Sala concluye que los actos administrativos
demandados se ajustaron al régimen de inversión extranjera y a las disposiciones
cambiarias aplicables. Las operaciones cuyo registro pretendía la parte demandante
no correspondían a las hipótesis previstas en el ordinal iv) del literal a) del artículo
3° ni en el literal d) del artículo 5° del Decreto 2080 de 2000, por lo que el cargo de
nulidad por infracción de las normas superiores invocadas no está llamado a
prosperar.

6.2. Sobre la falsa motivación

136. Corresponde a la Sala determinar si procede la nulidad de los actos
administrativos que negaron el registro de inversión extranjera solicitado por la parte
demandante, bajo el argumento de que dichas decisiones incurrieron en falsa
motivación al fundarse en exigencias no previstas en el régimen cambiario y
efectuar un análisis indebido de la situación del solicitante.

137. Sobre la configuración de la causal de falsa motivación, esta Corporación ha
señalado lo siguiente:

“El citado vicio de nulidad en cuestión debe ser entendido desde tres (3)
enfoques distintos, a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación
en derecho y la indebida motivación, aspectos estos que deben ser
analizados siempre desde el contenido mismo del acto censurado, es decir,
atendiendo su alcance interno, lo que impone que el análisis haga referencia a
lo que expone el acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva. Pues
bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento
para expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el
Juez no tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda
en la mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión
que el acto toma.

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Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la Administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir de cinco
(5) tipos de inferencias lógicas que se excluyen entre sí, pues cada una de ellas
depende de la tesis y sus fundamentos (…)”19 (Negrillas de la Sala).

138. De acuerdo con ese criterio jurisprudencial, la falsa motivación se configura
cuando el acto administrativo se sustenta en supuestos fácticos o jurídicos erróneos,
o cuando la interpretación empleada por la administración carece de aptitud para
fundamentar válidamente la decisión adoptada.

139. La parte demandante sustentó este cargo en tres planteamientos principales:
i) que el Banco de la República incorporó un requisito de exogeneidad del contrato
no previsto en el ordinal iv) del literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000; ii)
que restringió indebidamente el alcance de esa disposición a contratos asociados a
transferencia de tecnología, pese a que la norma contiene una enumeración de
contratos no taxativa; y iii) que existían antecedentes en los cuales el Banco había
reconocido registros similares respecto de socios gestores extranjeros.

140. Señalado lo anterior, es evidente que el análisis de este cargo parte
necesariamente de las consideraciones expuestas en el acápite anterior, en el que
la Sala concluyó que la vinculación de Acesco Investments LLC como socia gestora
de Acerías de Colombia Acesco & Cía S.C.A. no satisfacía los presupuestos
previstos en el ordinal iv) del literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000.

141. Como atrás se indicó no existió un aporte a través de un acto o contrato toda
vez que la sociedad demandante se limitó a indicar que este requisito estaba
satisfecho a través del acto de transformación societaria y la designación Acesco
Investments LLC como socia gestora, cuando la finalidad de dicha disposición es
reconocer como inversión extranjera aportes canalizados mediante instrumentos
distintos del contrato social, que es por su naturaleza el título que origina la
participación societaria.

19 Consejo de Estado, Sección Primera sentencia de 28 de abril de 2022, exp:
47001233100020120041401, C.P. Oswaldo Giraldo.

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142. En ese contexto, el hecho de que el Banco de la República haya incorporado
en su análisis referencias adicionales —como la ausencia de transferencia de
tecnología— no configura falsa motivación, toda vez que el fundamento central de
la negativa, esto es, que el contrato social es el título que origina la participación
societaria y no un acto o contrato en los términos del ordinal iv), se ajustó
materialmente al régimen cambiario aplicable.

143. Adicionalmente, mediante oficio JD-S-CA-13181-2025 del 22 de octubre de
202520, el Secretario de la Junta Directiva del Banco de la República certificó al
Despacho que no existían registros de inversión de capital del exterior en
sociedades colombianas en los que se hubiera registrado bajo la definición de actos
o contratos sin participación en el capital el contrato social que asigna a
inversionistas extranjeros la denominación de socio gestor, y que tampoco existen
registros otorgados a inversionistas extranjeros con esa denominación bajo la
modalidad de revalorización del patrimonio. En consecuencia, el argumento de la
parte demandante según el cual existían antecedentes similares que el Banco
habría registrado previamente no solo carece de respaldo probatorio, sino que fue
desvirtuado por la prueba practicada de oficio en el presente proceso.

144. Por lo anterior, la Sala concluye que los actos administrativos demandados
no incurrieron en falsa motivación, pues la interpretación acogida por el Banco de la
República se ajustó materialmente a las condiciones previstas en el ordinal iv) del
literal a) del artículo 3° del Decreto 2080 de 2000 para el reconocimiento de la
inversión extranjera directa.

6.3. Sobre la condena en costas

145. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en
consonancia con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria
porque no le asiste derecho al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o
hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de
pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente

20 Cfr. Índice núm. 53 del expediente digital, Samai.

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dilatorio”21.

146. En el caso concreto, la parte demandante, en cumplimiento de su deber legal,
acudió al proceso sin abusar de su derecho a acceder a la Administración de
Justicia. En consecuencia, no hay lugar a la condena en costas.

147. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VI. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente previas las
anotaciones a que haya lugar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.

Ricardo Hoyos Duque.

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