Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2014-00039-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2014-00039-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-27-000-2014-00039-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de marzo de 2025
Radicación: 11001 03 27 000 2014 00039 00
Demandante: Daniel Josef Rothstein Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 27 000 2014 00039 00
Actor: DANIEL JOSEF ROTHSTEIN GUTIERREZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Tesis: No es cierto que el acto demandado, que acoge una
medida de salvaguardia consistente en un mayor
gravamen arancelario a las importaciones de una
mercancía, al establecer la forma como se debe efectuar
la distribución del contingente, genere desventaja
injustificada para la industria que la emplea como
materia prima, respecto de quienes la comercializan. No
es cierto que el acto demandado haya establecido una
medida de salvaguardia sobre una subpartida
arancelaria en la que se encuentra clasificada una
mercancía que no es de producción nacional.
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA
La Sala se pronuncia en única instancia sobre la demanda1 formulada por
el señor Daniel Josef Rothstein Gutiérrez, actuando en nombre propio, en
ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 846
de 2014, “por el cual se adopta una medida de salvaguardia definitiva a
las importaciones de alambrón de acero”, expedido por el Presidente de
la República, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
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La demanda fue radicada el 8 de julio de 2014 y obra a folios 1 a 30 del cuaderno principal.
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Radicación: 11001 03 27 000 2014 00039 00
Demandante: Daniel Josef Rothstein Gutiérrez
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El demandante formuló las siguientes pretensiones:
“Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3 y 4
del Decreto 846 de 2014, cuyo texto se transcribe a continuación: (…)”.
1.2. El acto demandado
El Decreto 846 de 2014 es del siguiente tenor:
“DECRETO 846 DE 2014
(abril 30)
por el cual se adopta una medida de salvaguardia definitiva a las
importaciones de alambrón de acero.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del
artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes
7ª de 1991, 170 de 1994 y 1609 de 2013, y el Decreto número 152 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 170 de 1994, incorporó a la legislación nacional el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio (en adelante Acuerdo
sobre Salvaguardia de la OMC) y el artículo XIX del GATT de 1994 que constituye
el régimen general de salvaguardias.
Que el Decreto número 152 de 1998, es la norma nacional por la cual se
establecen los procedimientos y criterios para la adopción de medidas de
salvaguardia general bajo el marco del citado acuerdo.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto número 152
de 1998, sin perjuicio de normas especiales contenidas en acuerdos de
integración económica celebrados por Colombia, las disposiciones del mismo se
aplicarán a las importaciones de productos originarios de países miembros de la
OMC.
Que mediante Resolución número 0160 del 17 de julio de 2013, publicada en el
Diario Oficial número 48.856 del 19 de julio de 2013, la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, determinó abrir una
investigación administrativa a las importaciones de alambrón de acero de las
subpartidas arancelarias 7213.20.00.00, 7213.91.10.00, 7213.91.90.00,
7213.99.00.10, 7213.99.00.90 y 7227.90.00.10, originarias de países
miembros de la OMC, para definir la imposición o no de medidas de
salvaguardia, mediante la comprobación de la existencia de indicios suficientes
del aumento de las importaciones, el daño a la producción nacional y la relación
causal entre estos dos elementos.
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Demandante: Daniel Josef Rothstein Gutiérrez
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Decreto número 152
de 1998 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 6° del Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC, mediante Decreto número 2213 del 8 de octubre de
2013, publicado en el Diario Oficial número 48.938 del 9 de octubre de 2013,
se adoptó la aplicación de una medida provisional consistente en el
establecimiento de un gravamen arancelario del 21.29%, a las importaciones
de alambrón de acero, originarias de países miembros de la OMC, clasificadas
por las subpartidas 7213.20.00.00, 7213.91.10.00, 7213.91,90.00,
7213.99.00.10, 7213.99.00.90 y 7227.90.00.10.
Que mediante Decreto 046 de enero 14 de 2014, publicado en el Diario Oficial
número 49.033 del 14 de enero de 2014, se excluyeron de la aplicación de la
medida de salvaguardia provisional establecida por el Decreto número 2213 de
octubre 8 de 2013, las subpartidas arancelarias 7213.20.00.00, 7213.99.00.10
y 7213.99.00.90.
Que Mediante Decreto número 332 de febrero 19 de 2014, publicado en el Diario
Oficial número 49.069 del 19 de febrero de 2014, se ordenó desdoblar las
subpartidas arancelarias 7213.91.10.00, 7213.91.90.00 y 7227.90.00.10, con
el objeto de diferenciar los alambrones por su contenido de carbono, y por
consiguiente seguir aplicando la medida de salvaguardia provisional adoptada
por el Decreto número 2213 de 2013, a las subpartidas arancelarias
desdobladas 7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y 7227.90.00.11 que corresponden
a alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de los demás aceros
aleados con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto número 152
de 1998 y lo establecido en el numeral 4 del artículo 1° del Decreto número
3303 de 2006, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio
Exterior en sesión 270 de 2014, evaluó el informe técnico final presentado por
la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y consideró que se configuran
los presupuestos necesarios para recomendar la adopción de medidas de
salvaguardia definitiva a las importaciones de alambrones de hierro o acero sin
alear y alambrones de los demás aceros aleados con un contenido de carbono
inferior a 0.45% en peso, que según el Decreto número 332 de 2014
corresponden a las subpartidas 7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y
7227.90.00.11, originarias de países miembros de la OMC.
En dicha sesión el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio
Exterior, evaluó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Acuerdo
sobre Salvaguardias y artículo 26 del Decreto número 152 de 1998, podría
adoptarse la medida necesaria para reparar el daño grave y facilitar el ajuste a
la rama de producción nacional. En este sentido, consideró que la salvaguardia
podría adoptar la forma de un contingente general de 174,452 toneladas, por el
término de un (1) año.
Asimismo, el Comité recomendó al Consejo Superior de Comercio Exterior que
para las importaciones alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de
los demás aceros aleados con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso,
que superen el contingente establecido en el considerando anterior, se aplicará
un gravamen arancelario del 21.29%.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto número 152
de 1998 el Consejo Superior de Comercio Exterior en Sesión número 95 de 2014
recomendó la adopción de una medida de salvaguardia definitiva en la forma de
una restricción cuantitativa correspondiente a un contingente general por
174,452 toneladas, por el término de un (1) año, a las importaciones de
alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de los demás aceros
aleados con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, que
corresponden a las subpartidas 7213.91.10.10, 7213.91,90.10 y
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7227.90.00.11, originarias de países miembros de la OMC. Para las
importaciones que superen el contingente establecido se aplicará un gravamen
arancelario del 21.29%.
Que tanto los análisis adelantados por la Subdirección de Prácticas Comerciales
de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, así como los documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la
evaluación de la investigación, se encuentran ampliamente detallados en el
expediente SA-01-51 que reposa en los archivos de esta Subdirección, para
consulta de los interesados en su versión pública.
DECRETA:
Artículo 1°. Adoptar una medida de salvaguardia definitiva a las importaciones
de alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de los demás aceros
aleados con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, clasificadas en
las subpartidas 7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y 7227.90.00.11, originarias de
países miembros de la Organización Mundial del Comercio, consistente en un
contingente de 174,452 toneladas anuales. Las importaciones dentro del
contingente tendrán el gravamen arancelario aplicable al país de origen teniendo
en cuenta los acuerdos comerciales internacionales vigentes. Las importaciones
que superen el contingente tendrán un gravamen arancelario del 21.29%.
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la
medida, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo revisará el Plan de Ajuste
presentado dentro de la investigación por los productores nacionales.
Parágrafo 1°. Excluir de la aplicación de la medida de salvaguardia definitiva
establecida en el presente artículo a las importaciones de alambrones de hierro
o acero sin alear y alambrones de los demás aceros aleados con un contenido
de carbono inferior a 0.45% en peso, originarias de Argentina, Chile, Ecuador y
Costa Rica, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.1 del Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC, relacionado con el trato especial y diferenciado para
países en desarrollo que registraron participaciones individuales inferiores al
3%, y no representan en conjunto más del 9% de las importaciones totales de
dicho producto.
Parágrafo 2°. Excluir de la aplicación de la medida de salvaguardia definitiva
establecida en el presente artículo a las importaciones de alambrones de hierro
o acero sin alear y alambrones de los demás aceros aleados con un contenido
de carbono inferior a 0.45% en peso, originarias de Estados Unidos y Canadá,
en aplicación de lo establecido en los Acuerdos de Promoción Comercial suscritos
por Colombia con dichos países (párrafo 2 artículo 8.6 y párrafo 2 del artículo
701, respectivamente).
Artículo 2°. La administración y distribución del contingente estará a cargo de
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. El contingente deberá ser distribuido 80% para los importadores
tradicionales, de acuerdo con la participación en las importaciones de los últimos
tres años de cada subpartida objeto de la medida, y 20% para los nuevos
importadores.
2. Para tales efectos, serán considerados como importadores tradicionales
aquellos que hayan realizado importaciones en alguno de los años 2011, 2012
o 2013. Los importadores nuevos serán los que no hayan realizado
importaciones en ninguno de los años señalados.
3. Para los tres (3) primeros meses, se distribuirán tres doceavas (3/12) partes.
A partir del cuarto mes se distribuirán las nueve doceavas (9/12) partes
restantes del contingente.
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4. Las importaciones sujetas al contingente establecido en el artículo 1° del
presente decreto, quedan sometidas al régimen de libre importación a través
del trámite de registro de importación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 24 y en el numeral 6 del artículo 25 del Decreto 925 de 2013.
Artículo 3°. Para los tres (3) primeros meses, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), podrá por razones de control, restringir el ingreso
de las importaciones de alambrón de acero sujetas al contingente determinado
en el artículo 1° del presente decreto por determinados puertos de entrada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto número 2685 de
1999.
Artículo 4°. La medida de salvaguardia establecida en el artículo 1° del presente
decreto, rige por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de
entrada en vigencia de este decreto, sin perjuicio de lo previsto en los artículos
27 y 28 del Decreto número 152 de 1998.
(…)
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo”.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. La parte demandante alegó que los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto
846 de 2014 vulneran los artículos 333 y 334 de la Constitución Política y
desconocen lo manifestado por la Corte Constitucional en las sentencias
T-425 de 1992, C-616 de 2001 y C-361 de 2002.
1.3.2. Formuló los siguientes cargos de nulidad
1.3.2.1. Primer cargo: Vulneración de la libertad económica
Señaló que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en las
sentencias T-425 de 1992 y C-616 de 2001, la libertad de empresa
determina la posibilidad del individuo de desarrollar actividades
económicas que considera necesarias para la satisfacción de sus
intereses, al tiempo que autoriza al Estado para intervenir y crear las
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condiciones necesarias para que éstas se materialicen en armonía con la
Carta.
Advirtió que, en la sentencia C-361 de 2002, la Corte, estableció frente a
la facultad de intervención estatal que, para “limitar la libertad económica
y de empresa es menester satisfacer cinco requisitos, a saber: (i) el límite
debe ser impuesto por la ley; (ii) el límite no puede afectar el núcleo
esencial de la libertad de empresa; (iii) el límite debe obedecer a motivo
adecuados y suficientes que lo justifiquen; (iv) el límite debe obedecer al
principio de solidaridad; y (v) el límite debe responder a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad”.
Tales criterios, a su juicio, fueron desconocidos por la medida de
salvaguardia adoptada por el acto acusado, de acuerdo con las siguientes
razones:
1.3.2.1.1. Afecta el núcleo esencial de la libertad de empresa
Expuso que la materia prima de la industria trefiladora, con la que ésta
produce alambres de púas, galvanizados, tornillos y clavos, son los
alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de los demás aceros
aleados con un contenido de carbono inferior a 0.45%, que se encuentran
clasificados en las subpartidas 7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y
7227.90.00.11, respecto de las cuales el Decreto 846 de 2014,
demandado, adoptó una medida de salvaguardia consistente en un
gravamen arancelario del 21.29%.
Estima que el decreto demandado vulnera el derecho a la igualdad de los
competidores, porque estableció que la distribución del contingente se
realizaría por históricos de importación, y no por necesidades de
consumo. Es decir, porque, para determinar la distribución del
contingente, no se dio el trato diferencial que el asunto ameritaba, pues
no se distinguió entre quienes requerían el alambrón de acero para
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elaborar productos y los comercializadores de dicha materia prima, pese
a que las necesidades y el entorno de cada uno son diferentes.
Mencionó al respecto el ejemplo de la sociedad Industrias Metálicas
Corsán S.A., cuyo requerimiento de materia prima importada por mes era
de 1.200 toneladas, y con ocasión del acto acusado solo le fueron
asignadas 84 toneladas del contingente.
Reprochó que, mientras lo anterior les ocurre a los trefiladores, los
comercializadores de alambrón de acero no tienen problemas de
sobreprecios, pues el producto nacional y el importado quedaron a un
precio similar. Lo anterior, teniendo en cuenta que la porción del
contingente asignado a ellos será un 21.29% más barato que cualquier
otro alambrón de acero del mercado, independientemente de que éste
sea nacional o importado, lo que conlleva a un aumento en sus utilidades.
Por lo tanto, las medidas adoptadas por el acto acusado restringen la
iniciativa privada, pues cualquier persona que pretenda emprender una
trefiladora verá limitada su producción al contingente asignado, sin poder
desarrollarla de acuerdo con su capacidad instalada. En el mismo sentido,
afectan la utilidad razonable de tales empresas, si se tiene en cuenta que
el precio del producto se fija por la oferta.
En tal sentido, dijo que el costo del alambrón de acero, que representaba
el 70% del precio final de producción, al imponerle el sobrecosto que
involucra el mayor gravamen arancelario que trae el acto acusado,
pasaría a representar el 86%, lo que afecta la competitividad de los
productos nacionales frente a los importados, situación que restringe la
posibilidad de las trefiladoras de acceder a los mercados nacionales e
internacionales. Entonces, la consecuencia del acto acusado es la falta de
competitividad e inviabilidad financiera de ese sector productivo.
Además, pese a que los productos de las trefiladoras nacionales resultarán
más costosos, estas deberán mantener su precio final para competir con
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los importados, sobre los cuales no pesa la medida, lo que afecta la
viabilidad de la empresa nacional.
1.3.2.1.2. El límite no obedece a motivos adecuados y suficientes
que lo justifiquen
Señaló que el alambrón de acero de la referencia Cold Heading Quality
(CHQ), que está clasificado en la subpartida 7213.91.10.10, objeto de la
medida de salvaguardia, no se produce en el país.
Entonces, alegó que el acto acusado, bajo el pretexto de proteger la
industria nacional, sometió a un sistema de protección a alambrones de
acero que no se producen en Colombia, lo que demuestra que no se hizo
un estudio profundo de los bienes objeto del gravamen y de las
circunstancias que los rodean, lo que era necesario para garantizar la
competitividad de todos los agentes del mercado.
1.3.2.1.3. El límite no obedece al principio de solidaridad
Señaló que en Colombia solo Acerías Paz del Río S.A. y Diaco S.A.
producen los tipos de alambrón de acero contenidos en las subpartidas
7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y 7227.90.00.11, objeto de la medida de
salvaguarda, pero que éstos no representan un porcentaje significativo
de los productos ni de los ingresos de dichas empresas.
En este orden, advirtió que el acto acusado desconoce el principio de
solidaridad porque, para propiciar la estabilidad financiera de una
pequeña línea de producción de dos multinacionales, pone en situación
de inviabilidad a las trefiladoras y, en esa línea, otorga más protección a
los trabajadores y accionistas de esas multinacionales, que a los de estas
últimas.
1.3.2.1.4. El límite no responde a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad
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Aseveró que el acto demandado no cumple con criterios de razonabilidad
y proporcionalidad, y transcribió en extenso el recurso de reposición y en
subsidio de apelación del 13 de mayo de 2014 “contra el acto
administrativo que distribuyó el contingente de las importaciones de
alambrón de acero según el decreto 846 de 2014”.
En dicho documento alegó (i) que la distribución del contingente se
efectuó teniendo como base un promedio simple de los históricos de las
importaciones de las subpartidas 7213.91.10.00, 7213.91.90.00 y
7227.90.00.10, las cuales no hacen parte de la medida de salvaguardia;
(ii) la indebida asignación de las 3/12 partes del contingente, por indebida
interpretación del decreto; (iii) la indebida aplicación de la fórmula
matemática al asignar el contingente, y (iv) que el acto tomó como
importadores tradicionales a los empresarios que importaron en los
últimos 3 años por las subpartidas 7213.91.10.00, 7213.91.90.00 y
7227.90.00.10 y como nuevos importadores a quienes no importaron en
dichos años esas subpartidas, las cuales no hacen parte de la medida.
1.3.2.2. Segundo cargo: Vulneración de los principios de equidad,
justicia y progresividad consagrados en el numeral 9º del artículo
95 y en el artículo 363 de la Constitución Política
Adujo que la salvaguardia establecida en el decreto demandado
desconoce el principio de justicia tributaria, toda vez que inicialmente se
planteó como una medida de protección para un sector específico de la
industria nacional, pero terminó perjudicando a otro.
Reiteró que la medida beneficia una pequeña línea de producción de dos
multinacionales —Acerías Paz del Río S.A. y Diaco S.A.—, y que recae
sobre productos como el alambrón de acero tipo Cold Heading Quality
(CHQ), que no tienen producción nacional, en detrimento de la viabilidad
financiera de los trefiladores nacionales.
Expuso que el acto transgrede el principio de equidad tributaria porque,
so pretexto de solucionar los problemas de los productores nacionales de
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alambrón de acero, obliga a los trefiladores, quienes no tienen acceso
equitativo al contingente, a comprarles la producción nacional de tal
materia prima, la cual es más costosa.
Además, reiteró que, al determinar el mecanismo de distribución del
contingente, el acto no tuvo en cuenta las diferencias existentes entre los
comercializadores del alambrón de acero y los trefiladores, y les dio un
trato igual, lo que afectó la competitividad y conllevó a la inviabilidad de
estos últimos, vulnerando el principio de equidad.
1.4. Medida Cautelar
En un acápite especial de la demanda, el actor solicitó la suspensión
provisional de los efectos de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 846 de
2014.
Mediante auto del 17 de julio de 20152, el despacho sustanciador ordenó
correr traslado de la medida cautelar solicitada y, a través de proveído
del 11 de septiembre de 20153, la denegó, al considerar que no estaba
sustentada en la forma en que lo ordenan los artículos 229 y 231 del
CPACA.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. La demanda correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que mediante auto del 11 de febrero de 20154, ordenó remitirla
a la Sección Primera.
El despacho sustanciador la inadmitió mediante auto del 12 de junio de
2015, y el demandante la subsanó oportunamente5, razón por la cual fue
admitida a través de proveído del 17 de julio de 20156, en el cual se
2
Folios 33 del cuaderno de medida cautelar.
3
Folios 59 a 68 ibídem.
4
Folios 51 a 52 del cuaderno principal.
5
Folios 61 a 110 ibídem.
6
Folios 112 a 115 ibídem.
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Demandante: Daniel Josef Rothstein Gutiérrez
ordenó notificar a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al
Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contestó la
demanda por intermedio de apoderado y expuso los siguientes
argumentos7:
2.2.1. Advirtió que el Decreto 846 de 2014 se expidió con vigencia de un
año, por lo que, teniendo en cuenta que fue publicado en el Diario Oficial
No. 49.138 del 30 de abril de 2014, solo tuvo vigor hasta el 30 de abril
de 2015. Entonces, alegó que ya no era procedente demandarlo ni
efectuar el análisis de su legalidad, porque carece de fuerza ejecutoria,
por haber perdido su vigencia y desaparecido de la vida jurídica.
2.2.2. No obstante, explicó que, según lo establecido en el artículo 3.1
del Acuerdo sobre Salvaguardias y en el Decreto 152 de 1998, una medida
de salvaguardia solo puede aplicarse después de una investigación llevada
a cabo por la Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante la cual se
determine (i) la existencia de un aumento significativo de las
importaciones del bien objeto de la investigación, (ii) la existencia o
amenaza de daño grave a la rama de producción nacional de bienes
similares o directamente competidores, y (iii) la existencia de una relación
causal entre el incremento de las importaciones y el daño grave a la rama
de producción nacional.
2.2.3. Informó que la empresa Acerías Paz del Río S.A., mediante solicitud
presentada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 5 de
junio de 2013, complementada el 14 de junio de 2013, requirió la
aplicación de una medida de salvaguardia provisional y definitiva a las
importaciones de Alambrón de Acero de las subpartidas arancelarias
7213.20.00.00, 7213.91.10.00, 7213.91.90.00, 7213.99.00.10,
7
Folios 124 a 130 ibídem.
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7213.99.00.90 y 7227.90.00,10. Como principal argumento a la solicitud,
la peticionaria informó que el crecimiento sostenido del total de
importaciones al mercado colombiano generó una disminución sostenida
de la presencia de la empresa en este mercado, causando con ello un
daño grave en sus indicadores económicos y financieros.
2.2.3.1. Expuso que, según lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 152
de 1998 y lo establecido en el numeral 4 del artículo 1 del Decreto 3303
de 2006, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio
Exterior, en sesión 270 de 2014, evaluó el informe técnico final
presentado por la Subdirección de Prácticas Comerciales y consideró que
se configuraron los presupuestos necesarios para recomendar la adopción
de medidas de salvaguardia definitivas a las importaciones de alambrones
de hierro o acero sin alear y alambrones de los demás aceros aleados con
un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, que, según el Decreto
332 de 2014, corresponden a las subpartidas 7213.91.10.10,
7213.91.90.10 y 7227.90.00.11.
2.2.3.2. Resaltó que, adicionalmente, el Consejo Superior de Comercio
Exterior, en sesión No. 95 de 2014, recomendó la adopción de una medida
de salvaguardia definitiva en la forma de una restricción cuantitativa
correspondiente a un contingente general por 174,452 Toneladas, por el
término de un año, a las importaciones de los productos referidos,
originarias de países miembros de la OMC, y que, para las importaciones
que superen ese contingente, se aplique un gravamen arancelario del
21.29%.
2.2.3.3. Informó que, de acuerdo con lo anterior, el Gobierno nacional
expidió el Decreto 846 del 30 de abril de 2014, que adoptó la medida de
salvaguardia definitiva por el término de un año a las importaciones de
tales productos.
2.2.5. En cuanto al cargo relacionado con la vulneración de la libertad
económica, alegó que, con la globalización y la apertura económica, el
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comercio internacional en Colombia cambió, aumentando las
importaciones y la competencia con la producción nacional, lo cual hizo
necesario implementar medidas para mitigar el impacto de las
importaciones y ayudar a la industria a adaptarse, mejorando su
productividad y eficiencia para competir mejor con
productores extranjeros.
2.2.5.1. Enfatizó que no se puede establecer en este caso una vulneración
a la libertad económica y de empresa, puesto que la medida de
salvaguardia consiste en una limitación temporal, por el término de un
año, de las importaciones de un determinado producto, y su adopción
obedece a la necesidad de restablecer las condiciones de competencia,
distorsionadas por el aumento de las importaciones. En este sentido, la
medida de salvaguardia solo fue aplicada en la proporción necesaria para
reparar el daño grave a la rama de la producción nacional. Y, en todo
caso, el Gobierno ha preservado las garantías mínimas para que se
posibilite el intercambio comercial y la participación de los agentes del
mercado, en un marco que ha permitido el desarrollo económico y la libre
competencia.
2.2.6. Argumentó que a la medida de salvaguardia no le son aplicables
los principios de equidad, justicia y progresividad, pues no es un tributo,
sino una restricción temporal al comercio internacional.
2.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda
por intermedio de apoderado y expuso los siguientes argumentos8:
2.3.1. Señaló que la expedición de disposiciones como las acusadas por
parte del Gobierno nacional se encuentra precedida del deseo de
promover la prosperidad general, teniendo que en cuenta que el interés
público prevalece sobre el interés particular, acorde con lo dispuesto en
el artículo 1 de la Constitución.
8
Folios 225 a 229 ibídem.
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Agregó que la libertad de empresa, consagrada en el artículo 333 de la
Carta, está enmarcada dentro de los límites del bien común, como una
política económica de desarrollo nacional.
2.3.2. Arguyó que el análisis de legalidad de estas medidas debe
considerar que tienen un ámbito temporal fijo (un año) y condiciones
específicas para proteger la economía nacional en sectores específicos,
sin que esto contradiga las normas constitucionales señaladas
por el demandante.
Señalo que, en un escenario como éste, el Gobierno puede suspender
transitoriamente los beneficios arancelarios otorgados y restringir la
importación de bienes, de tal forma que, durante ese tiempo, la industria
pueda adoptar decisiones para enfrentar la competencia.
Alegó que, en tal sentido, los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 846 de 2014
se ajustan a la Constitución Política porque permiten adoptar estrategias
arancelarias, salvaguardias e instrumentos de defensa comercial interna
que facilitan a los productos nacionales corregir los desajustes y suprimir
los obstáculos provenientes de una mayor exposición a la competencia
internacional.
2.3.3. Adujo que los argumentos de violación de normas superiores
endilgada a los actos de contenido general deben ser claros y
fundamentados en hechos verificables. A su juicio, tal presupuesto no se
cumple en este asunto pues el demandante se limitó a señalar que el acto
acusado produciría un posible impacto económico negativo, pero no
sustentó tal argumento en pruebas.
Al respecto agregó que cada sector de la economía está sometido al riesgo
de limitaciones temporales, como las derivadas de las salvaguardias, que
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constituyen medidas que, en circunstancias excepcionales, buscan
proteger objetivos legítimos de bienestar público en materia de economía,
por lo que en su contra no pueden esgrimirse cargos basados en
apreciaciones meramente subjetivas.
2.3.4. De acuerdo con lo expuesto, señaló que los artículos demandados
se ajustan a los mandatos de la Constitución Política, toda vez que
garantizan la libre competencia (artículo 333), favorecen las relaciones
internacionales (artículo 226), así como la integración económica dentro
de las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículo
227).
2.4. El 21 de octubre de 2015 la Secretaría de la Sección Primera del
Consejo de Estado surtió el traslado de excepciones de que trata el
parágrafo 2° del artículo 175 del CPACA, término que corrió entre el 21 y
el 26 de octubre de ese año.
2.4.1. Dentro de ese plazo, el señor Daniel Josef Rothstein Gutiérrez9
presentó escrito en el que manifestó que, conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, la derogatoria o pérdida de vigencia de un acto
administrativo no impide emitir sentencia en relación con este, pues lo
relevante es que haya producido efectos durante su vigencia, aspecto en
relación con el cual no hay duda en este caso, pues con fundamento en
el Decreto 846 de 2014 se aplicó la medida de salvaguardia ya explicada.
2.5. La audiencia inicial
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, se celebró
audiencia inicial el 16 de septiembre de 201610, a la cual asistieron las
partes demandante y demandada.
9
Folios 230 a 233 ibídem.
10
Folios 252 a 264 ibídem.
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2.5.1. En la etapa de excepciones, el Secretario de la Sección Primera
informó al magistrado sustanciador que el acto administrativo
cuestionado en este asunto también había sido demandado en el proceso
con radicado 2014-00641-00, el cual se encontraba a cargo del despacho
de la entonces consejera de Estado María Elizabeth García González11. No
obstante, el consejero sustanciador decidió no decretar la acumulación de
los expedientes “porque ésta no ha sido solicitada por las partes y porque
de acuerdo con el numeral 3° del artículo 148 del C.G.P. la acumulación
de procesos declarativos procede hasta antes de señalarse fecha y hora
para la audiencia inicial, oportunidad ya surtida”.
Por otro lado, el magistrado sustanciador declaró infundada la excepción
propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, relacionada
con la pérdida de vigencia del Decreto 846 de 2014, con fundamento en
la reiterada jurisprudencia de esta corporación, que ha señalado que la
falta de eficacia u obligatoriedad de un acto administrativo no impide el
control que sobre este debe realizar la jurisdicción.
2.5.2. Luego, el magistrado fijó el litigio de la siguiente manera:
“(…) Los preceptos administrativos atacados (i) adoptan una medida de
salvaguardia definitiva a las importaciones de alambrones de hierro o acero sin
alear y alambrones de los demás aceros aleados con un contenido de carbono
inferior a 0.45% en peso, clasificadas en las subpartidas 7213.91.10.10,
7213.91.90.10 y 7227.90.00.11, originarias de países miembros de la
Organización Mundial del Comercio, consistente en un contingente de 174,452
toneladas anuales; (ii) confían la administración y distribución del contingente
a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; (iii) autoriza a la DIAN, para los 3 primeros meses, por razones de
control, a restringir el ingreso de las Importaciones de alambrón de acero
sujetas al contingente determinado en el artículo 1.° del decreto, por
determinados puertos de entrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
41 del Decreto 2685 de 1999; y (iv) dispone que la medida de salvaguardia
establecida rige por el término de 1 año contado a partir de la fecha de entrada
en vigencia del decreto.
Para la parte demandante estas previsiones son violatorias de la libertad
económica protegida por el artículo 333 de la Constitución Política y vulneran
los principios de justicia, equidad y progresividad que establecen los artículos
95.9 y 363 del mismo Estatuto Superior.
Para la parte demandada los preceptos demandados son decisiones
gubernamentales legítimas a la luz del régimen constitucional y de los tratados
internacionales que rigen esta clase de medidas.
11
Despacho que hoy se encuentra a cargo de la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón.
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De conformidad con lo anterior, el objeto del presente litigio, de acuerdo con la
demanda y su contestación, consiste en determinar si la norma acusada, el
Decreto 846 de 2014, al establecer una medida de salvaguardia definitiva a las
importaciones de alambrón de acero vulneró la libertad económica y desconoció
los principios de justicia, equidad y progresividad que establecen los artículos
95.9 y 363 de la Constitución”.
2.2.3. Seguidamente se decidió sobre las solicitudes probatorias de las
partes, y se ordenó tener como pruebas los documentos aportados con la
demanda, pero se denegó la solicitud de oficiar al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, efectuada por el actor, pues los documentos
requeridos fueron aportados con la contestación de la demanda.
2.2.4. Finalmente, declaró innecesaria la realización de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento, y corrió traslado para alegar por el término
de diez días.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3.1. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó escrito
de alegatos de conclusión12 en el que reiteró los argumentos que expuso
en la contestación de la demanda.
Al referirse nuevamente a la pérdida de vigencia del acto demandado,
informó que, mediante escrito presentado ante el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo el 30 de octubre de 2014, la empresa Acerías Paz del
Río S.A., con fundamento en el artículo 28 del Decreto 152 de 1998,
solicitó la prórroga de la salvaguardia adoptada a través del Decreto 846
de 2014, por un plazo de dos años; sin embargo, luego de realizados los
análisis pertinentes, la prórroga no fue recomendada por el Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sesión 282
del 27 de abril de 2015, por lo que la medida estuvo vigente hasta el 30
de ese mes y año.
12
Folios 266 a 270 ibídem.
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Señaló que, no obstante, la Subdirección de Prácticas Comerciales de la
Dirección de Comercio Exterior, como autoridad técnica investigadora, al
analizar el impacto de la medida adoptada por el acto acusado, concluyó,
entre otros aspectos, que “La salvaguardia no ha alterado el
comportamiento del mercado colombiano de alambrón, el cual ha crecido
frente al periodo previo a la adopción”.
3.2. El señor Daniel Josef Rothstein Gutiérrez, por intermedio de
apoderado, presentó escrito de alegatos de conclusión13 en el que reiteró
los argumentos de la demanda.
Advirtió que la medida de salvaguardia adoptada en el Decreto 846 de
2014 no cumplió con la finalidad establecida en el artículo 2 del Decreto
152 de 1998, esto es, proteger la producción nacional frente a las
importaciones que causen o amenacen causar daño, sino que, por el
contrario, conllevó a que el sector trefilador del país sufriera pérdidas y
perdiera competitividad, mientras que los comercializadores vieron
aumentadas sus utilidades, situación que demuestra la vulneración del
núcleo esencial de la libertad económica.
IV. CONCEPTO EL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
presentó concepto mediante oficio del 29 de septiembre de 201614, en el
que solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda, porque el
demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto
846 de 2014.
4.1. Argumentó que, en su criterio, la medida de salvaguardia no afectó
el núcleo esencial de la libertad de empresa, por las siguientes razones:
4.1.1. La medida buscó proteger la industria nacional y promover las
condiciones para que la participación en el mercado se realizara sobre la
13
Folios 271 a 277 ibídem.
14
Folios 278 a 303 ibídem.
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base de la igualdad, la equidad y la justicia, y su adopción obedeció a la
necesidad de recuperar las condiciones de competitividad del sector de
alambrones de hierro o acero, para corregir los efectos negativos debidos
al incremento considerable en las importaciones.
4.1.2. El decreto acusado fue el resultado del procedimiento exhaustivo
consagrado en el Decreto 152 de 1998, en el que se ofrecieron las
garantías del derecho de defensa a los interesados. En tal sentido, la
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio
Exterior rindió informe técnico en el que recomendó al Gobierno nacional
adoptar una medida de salvaguardia definitiva, con el fin de “prevenir o
reparar el daño grave o la amenaza de daño grave a la rama de
producción nacional y facilitar el ajuste”, e indicó que dicha medida podía
consistir en un gravamen arancelario.
4.1.3. Si bien la medida restringe el cupo o cuota del contingente, la
restricción no es absoluta, pues las empresas pueden importar dichos
productos hasta el límite de las 174,452 toneladas, y solo si superan esa
cantidad, deben pagar el gravamen arancelario del 21,29%.
4.2. Por otro lado, señaló que al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo le asistió la razón al señalar que los principios de equidad,
eficiencia y progresividad sólo son aplicables al sistema tributario, y no
son criterios orientadores para las salvaguardias.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 149 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto.
5.2. Análisis del asunto
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En el presente proceso se discute la legalidad de los artículos 1, 2, 3 y 4
del Decreto 846 de 2014, mediante el cual el Gobierno nacional adoptó
una medida de salvaguardia a las importaciones de alambrones de hierro
o acero sin alear y de alambrones de los demás aceros aleados con un
contenido de carbono inferior a 0.45%, los cuales se encuentran
clasificados en las subpartidas arancelarias 7213.91.10.10,
7213.91.90.10 y 7227.90.00.11.
5.2.1. Como primer aspecto, el demandante cuestiona la forma como el
acto acusado estableció la distribución del contingente 15 de los productos
objeto de la medida de salvaguardia, es decir, de la parte de las
importaciones que mantiene el gravamen preexistente.
En síntesis, sostiene que: (i) al establecer que la distribución del
contingente se efectúa de acuerdo con los históricos de importación, el
acto vulnera el principio de equidad tributaria16, la libertad de empresa y
genera desigualdad17 para los trefiladores nacionales, que utilizan la
materia prima objeto de la medida de salvaguardia, respecto de quienes
la comercializan, pues no tiene en cuenta las diferencias existentes entre
ellos en cuanto a necesidades de consumo, lo que conlleva a que a estos
últimos les corresponda de manera injustificada una mayor proporción, y
(ii) como consecuencia de ese desbalance, mientras los comercializadores
aumentan sus ganancias, los trefiladores se ven sometidos a un
sobrecosto, que lesiona la competitividad de sus productos frente a los
que se importan en el país, generando la inviabilidad de esas empresas,
que, además, ven limitada su producción al contingente asignado, lo que
perjudica la utilidad razonable del negocio, si se tiene en cuenta que el
precio se fija por la oferta.
15
En el documento denominado Contingentes - Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encuentran las siguientes definiciones de Contingentes:
Arancelarios: “Hacen referencia a unas determinadas cantidades de mercancía de importación, que durante
cierto período de tiempo, están total o parcialmente exentas del pago de derechos arancelarios”.
Cuantitativos: “Se definen como cantidades máximas a importar de determinadas mercancías originarias de
determinados países, en un período de tiempo determinado”. Visible en:
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=046159ef-66d4-46a4-9d3e-fc085bc31f4d
16
Invocado en el segundo cargo.
17
Invocado en el primer cargo.
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5.2.1.1. Siendo así, el primer problema que la Sala debe resolver
consiste en determinar si es cierto que el acto administrativo que
establece una medida de salvaguardia a importaciones mediante la
imposición de un mayor gravamen arancelario a un producto, al
determinar que el contingente se distribuye de acuerdo con los históricos
de importación, y no con las necesidades de consumo, involucra un trato
desigual injustificado entre quienes lo utilizan como materia prima y
quienes lo comercializan.
Si la respuesta a tal interrogante es afirmativa, la Sala pasará a
determinar si dicho acto administrativo es nulo, por infringir la libertad de
empresa y los principios de igualdad y de equidad tributaria.
5.2.1.2. Para resolver el problema así propuesto, la Sala estima
pertinente recordar que los considerandos del acto acusado señalaron lo
siguiente sobre la medida de salvaguardia a adoptar:
En dicha sesión el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio
Exterior, evaluó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Acuerdo
sobre Salvaguardias y artículo 26 del Decreto número 152 de 1998, podría
adoptarse la medida necesaria para reparar el daño grave y facilitar el ajuste a
la rama de producción nacional. En este sentido, consideró que la salvaguardia
podría adoptar la forma de un contingente general de 174,452 toneladas, por el
término de un (1) año.
Asimismo, el Comité recomendó al Consejo Superior de Comercio Exterior que
para las importaciones alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de
los demás aceros aleados con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso,
que superen el contingente establecido en el considerando anterior, se aplicará
un gravamen arancelario del 21.29%. (Subrayas de la Sala).
Y, en el artículo 1, el acto determinó:
“Artículo 1°. Adoptar una medida de salvaguardia definitiva a las importaciones
de alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de los demás aceros
aleados con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, clasificadas en
las subpartidas 7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y 7227.90.00.11, originarias de
países miembros de la Organización Mundial del Comercio, consistente en un
contingente de 174,452 toneladas anuales. Las importaciones dentro del
contingente tendrán el gravamen arancelario aplicable al país de origen teniendo
en cuenta los acuerdos comerciales internacionales vigentes. Las importaciones
que superen el contingente tendrán un gravamen arancelario del 21.29%.
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la
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medida, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo revisará el Plan de Ajuste
presentado dentro de la investigación por los productores nacionales”.
(Subrayas de la Sala).
Entonces, la medida de salvaguardia que adoptó el acto acusado consistió,
en esencia, en establecer que, por el término de un año, a la importación
de un contingente de 174,452 toneladas de los productos referidos se les
aplicaría el gravamen arancelario fijado en los acuerdos vigentes,
mientras que al producto importado a partir de esa cantidad se le aplicaría
un gravamen del 21.29%.
5.2.1.3. Ahora, en cuanto a la distribución del contingente, el decreto
determinó lo siguiente:
“Artículo 2°. La administración y distribución del contingente estará a cargo de
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. El contingente deberá ser distribuido 80% para los importadores
tradicionales, de acuerdo con la participación en las importaciones de los últimos
tres años de cada subpartida objeto de la medida, y 20% para los nuevos
importadores.
2. Para tales efectos, serán considerados como importadores tradicionales
aquellos que hayan realizado importaciones en alguno de los años 2011, 2012
o 2013. Los importadores nuevos serán los que no hayan realizado
importaciones en ninguno de los años señalados.
3. Para los tres (3) primeros meses, se distribuirán tres doceavas (3/12) partes.
A partir del cuarto mes se distribuirán las nueve doceavas (9/12) partes
restantes del contingente.
4. Las importaciones sujetas al contingente establecido en el artículo 1° del
presente decreto, quedan sometidas al régimen de libre importación a través
del trámite de registro de importación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 24 y en el numeral 6 del artículo 25 del Decreto 925 de 2013”.
(Subrayas de la Sala).
La disposición demandada, entonces, asigna la mayor proporción del
contingente a quienes denomina importadores tradicionales, esto es, los
que hayan realizado importaciones de la respectiva subpartida en alguno
de los años 2011, 2012 o 2013; al tiempo que establece una proporción
menor para los importadores nuevos, que son los que no realizaron
importaciones en ninguno de esos años.
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Siendo así, la Sala no observa que el acto determine expresamente un
trato diferencial para los comercializadores y los trefiladores, pues, de
hecho, no alude a criterios subjetivos al reglamentar la distribución del
contingente.
5.2.1.4. Ahora, el demandante alega que, al acoger los históricos de
importación y no las necesidades de consumo como criterio para efectuar
la distribución del contingente, la administración generó la desigualdad,
porque aquellos no atienden a las diferencias entre los comercializadores
y los productores. Sin embargo, lo cierto es que no allegó ninguna prueba
que acreditara cuáles eran dichas necesidades para cada uno, razón por
la cual la Sala no puede entrar a analizar el impacto que tiene la medida,
y si con ella se configura un trato desigual injustificado.
5.2.1.5. De igual manera, la Sala estima que, en el contexto planteado,
para concluir que la distinción establecida en el acto generó un beneficio
para los comercializadores y un correlativo perjuicio injustificado para los
trefiladores, tendría que estar probado al menos, como primer aspecto o
punto de partida, que sólo los primeros hubieran sido tenidos como
importadores tradicionales, por haber sido los únicos en realizar
importaciones de tales subpartidas durante los años mencionados, y que
por eso fueran los beneficiados con un contingente mayor. Empero, el
actor no aportó ningún medio de convicción que permitiera llegar a tales
conclusiones.
5.2.1.6. En efecto, como medios de prueba, el demandante presentó18 (i)
una comunicación del 12 de febrero de 2014, dirigida por el representante
legal de la sociedad Industrias Metálicas Corsán S.A. al Ministro de
Comercio, Industria y Turismo y al Superintendente de Industria y
Comercio; (ii) el acto demandado; (iii) la Circular 014 del 2 de mayo de
2014, proferida por el Director de Comercio Exterior del Ministerio
demandado, con el asunto: “ADMINISTRACIÓN DEL CONTINGENTE
ESTABLECIDO POR EL DECRETO 846 DEL 30 DE ABRIL DE 2014 - MEDIDA
18
Relacionados en el acápite de pruebas de la demanda, visible a folios 91 y 92 del cuaderno principal.
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ESPECIAL A LAS IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN DE ACERO”; (iv) el
oficio del 13 de mayo de 2014, dirigido por el representante legal de la
referida sociedad al Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio
Exterior, con el asunto: “Recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra el acto administrativo por el cual se distribuye el contingente de
las importaciones de alambrón de acero según el Decreto 846 de 2014”,
y, por último, (v) requirió que se allegaran los antecedentes del acto.
Ahora, el demandante pidió que se allegaran los antecedentes
administrativos, “con el fin de evidenciar que (…) no se previeron los
efectos que tendrían para los distintos agentes del mercado y en especial
para los trefiladores”19. Es decir, buscaba que con los antecedentes del
decreto acusado quedara demostrado que la administración no había
analizado anticipadamente los efectos nocivos que tendría el acto, valga
recordar, la caída de la competitividad de los productos de las trefiladoras
y la afectación a la viabilidad de esas empresas, frente al incremento de
las ganancias de los comercializadores.
No obstante, lo que debía probarse en este cargo era la existencia de las
condiciones de desigualdad que, según el señor Rothstein Gutiérrez,
involucraba el mecanismo fijado para la distribución del contingente, las
cuales, a su juicio, conllevarían a que a la postre se produjeran los
referidos efectos nocivos. Más concretamente, lo que tenía que quedar
probado eran las alegadas diferencias en las necesidades de consumo,
que ameritarían el trato diferenciado que el demandante echa de menos,
y que sólo los comercializadores hubieran sido tenidos por importadores
tradicionales. Empero, frente a tales aspectos, el demandante no aportó
ningún medio de convicción.
En consecuencia, la Sala concluye que el actor no cumplió con la carga de
la prueba20 frente a los argumentos propuestos, razón por la cual se
resuelve de manera negativa el primer problema propuesto.
19
Folio 92 ibídem.
20
Consagrada en el artículo 167 del CGP, que reza: “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)”.
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5.2.2. Por otra parte, dentro del primer cargo de nulidad, el demandante
alegó que en la subpartida 7213.91.10.10, sobre la que recae la medida
de salvaguardia, se encuentra clasificado el alambrón de acero de la
referencia Cold Heading Quality (CHQ), el cual no se produce en Colombia.
Lo anterior, a su juicio, demuestra que, bajo el pretexto de preservar la
producción nacional, el decreto demandado sometió al sistema de
protección a mercancías que no se elaboran en el país, lo que evidencia
que la administración no hizo un estudio profundo de los bienes objeto
del gravamen.
Entonces, el segundo problema que la Sala deberá resolver consiste en
determinar si es cierto que el acto administrativo demandado estableció
una medida de salvaguardia consistente en un mayor gravamen
arancelario respecto de una subpartida en la que se encuentra clasificada
una mercancía que no es de producción nacional. Si la respuesta a tal
interrogante es afirmativa, la Sala procederá a analizar si dicho acto
administrativo es nulo, por falsa motivación.
5.2.2.1. Para resolver el problema así formulado, la Sala estima
pertinente tener en cuenta que el Decreto 152 de 199821 —con
fundamento en el cual se profirió el acto demandado—, fue expedido en
atención a la necesidad de “promover la competencia y la modernización
del aparato productivo nacional en aras de mejorar la eficiencia de la
economía”, y a que “pueden existir circunstancias en que una rama de la
producción nacional requiera la adopción de medidas de salvaguardia que
le faciliten su ajuste ante la competencia de las importaciones” 22. En tal
sentido, en el artículo 2 el referido decreto establece:
“Artículo 2°. Salvaguardia general. Se podrá aplicar una medida de salvaguardia
si se ha determinado, que las importaciones de cierto producto han aumentado
en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar
un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares
o directamente competidores”. (Subrayas de la Sala).
21
“Por el cual se establecen los procedimientos y criterios para la adopción de medidas de salvaguardia general,
salvaguardia de transición para productos comprendidos en el acuerdo sobre textiles y el vestido y,
salvaguardia especial para productos agropecuarios”.
22
Considerandos del Decreto 152 de 1998.
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De acuerdo con lo anterior es claro que las medidas de salvaguardia
tienen por objeto la protección de la producción nacional frente a la
competencia que se presenta como consecuencia de las importaciones.
5.2.2.2. En este orden, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo
indicado en la Circular 014 del 2 de mayo de 2014, proferida por el
Director de Comercio Exterior del Ministerio demandado23, la subpartida
arancelaria 7213.91.10.10, objeto de la medida de salvaguardia,
corresponde al “Alambrón de hierro o acero sin alear con un contenido de
carbono inferior 0.45% en peso”.
5.2.2.3. Ahora, en el sub lite, el señor Daniel Josef Rothstein Gutiérrez se
limitó a manifestar que el alambrón de acero de la referencia Cold Heading
Quality (CHQ), que, según afirma, se encuentra clasificado en dicha
subpartida, no se produce en el país, lo que a su juicio demuestra que el
acto acusado no buscó proteger la industria nacional.
Sin embargo, la Sala observa que el mercado no se compone de productos
exclusivos, pues en relación con ellos bien puede haber sustitutos que se
vean afectados en el evento en el cual se importen determinadas
referencias; entonces, si bien el actor propone una negación indefinida,
que invertiría la carga de la prueba, la sala destaca que ella es irrelevante,
pues tenía la carga de demostrar que la importación de tal producto no
afectaría la producción nacional de sustitutos. Por lo tanto, al no estar
probado el supuesto de hecho en el que fundamentó el cargo, no es
posible para la Sala entrar a analizar si se configuró la falsa motivación
alegada.
5.2.2.4. A este efecto, conviene señalar que este argumento de la
demanda resulta contradictorio con lo expuesto en el primer cargo de
nulidad, en relación con la violación del principio de solidaridad24, y en el
segundo cargo, respecto de la vulneración de los principios tributarios de
23
Documento allegado con la demanda, visible a folios 35 a 39 del cuaderno principal.
24
Incluido en el primer cargo de nulidad.
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equidad, justicia y progresividad25, donde el actor sostuvo que las
empresas Acerías Paz del Río S.A. y Diaco S.A. producen en el país los
tipos de alambrón de acero contenidos en las subpartidas 7213.91.10.10,
7213.91.90.10 y 7227.90.00.11.
Por lo tanto, aun si, en gracia de discusión, se aceptara que el alambrón
de acero de la referencia Cold Heading Quality (CHQ), que según el actor
se encuentra clasificado en la subpartida 7213.91.10.10, no se elabora en
Colombia, no se configuraría la falsa motivación alegada, pues, en todo
caso, la medida de salvaguardia sí habría recaído sobre bienes de
producción nacional incluidos en esa subpartida.
5.2.3. De otro lado, como acaba de señalarse, el demandante alegó que
el decreto atacado vulnera el principio de solidaridad26 y los principios
tributarios de equidad, justicia y progresividad27, porque, para propiciar
la estabilidad financiera de una pequeña línea de producción de dos
multinacionales, esto es, Acerías Paz del Río S.A. y Diaco S.A., pone en
situación de inviabilidad a las trefiladoras que, al no tener acceso justo al
contingente de las subpartidas 7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y
7227.90.00.11, se ven obligadas a adquirir las materias primas que
producen dichas multinacionales en el país, las cuales son más costosas;
y que, en esa línea, el acto les otorga más protección a los trabajadores
y accionistas de estas que a los de aquellas.
5.2.3.1. Sería del caso formular un problema en torno a tales argumentos
de la demanda. Sin embargo, la sala advierte que estos se sustentan en
una premisa de hecho que fue descartada en esta providencia al estudiar
el primer problema formulado.
En efecto, en líneas precedentes se advirtió que el actor no había
acreditado las alegadas diferencias en las necesidades de consumo, que
a su juicio ameritarían un trato diferenciado entre trefiladores y
25
Correspondiente al segundo cargo de nulidad.
26
En el primer cargo.
27
En el segundo cargo.
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comercializadores, ni que sólo estos últimos hubieran sido tenidos por
importadores tradicionales, producto de haber sido los únicos en efectuar
importaciones de las subpartidas objeto de la medida en los años 2011,
2012 o 2013, lo que les habría dado acceso a la mayor proporción del
contingente.
En consecuencia, al haberse concluido anticipadamente que el supuesto
de hecho en el que se sustenta el presente cargo no se encuentra
probado, este debe quedar asimismo desestimado.
5.2.4. Por último, el demandante manifestó que la medida acogida por el
acto acusado no responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Como fundamentos del cargo, transcribió en extenso los argumentos del
recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado el 13 de mayo
de 2014 “contra el acto administrativo que distribuyó el contingente de
las importaciones de alambrón de acero según el decreto 846 de 2014”28.
La Sala advierte que el texto transcrito en este punto no discute el
contenido del acto general cuya nulidad se solicita, sino la forma como la
administración lo interpretó y aplicó al distribuir el contingente. En efecto,
allí se alega: (i) que la distribución del contingente se efectuó teniendo
como base un promedio simple de los históricos de las importaciones de
las subpartidas 7213.91.10.00, 7213.91.90.00 y 7227.90.00.10, las
cuales no hacen parte de la medida de salvaguardia adoptada en el
decreto; (ii) la indebida asignación de las 3/12 partes del contingente, por
indebida interpretación del decreto; (iii) la indebida aplicación de la
fórmula matemática al asignar el contingente, y (iv) que se tomaron como
importadores tradicionales a los empresarios que realizaron
importaciones en los últimos tres años por las subpartidas 7213.91.10.00,
7213.91.90.00 y 7227.90.00.10, que no hacen parte de la medida, y
como nuevos importadores, a quienes no importaron en dichos años esas
subpartidas.
28
Documento anexo a la demanda, visible a folios 40 a 47 del cuaderno principal.
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Al respecto, es del caso tener en cuenta que en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo tiene aplicación el principio de justicia rogada,
lo que significa que la parte actora está obligada a delimitar el alcance del
estudio de validez que pretende plantear ante el juez, para lo cual deberá
indicar cuáles son las normas que considera vulneradas por el acto
enjuiciado y señalar el razonamiento respectivo para ese efecto29.
En tal sentido, la demanda es el momento en el que el accionante delimita
el objeto (pretensión) y la causa petendi (hechos y fundamentos de
derecho) que se ventilarán en el proceso, de tal suerte que los demás
sujetos procesales tengan absoluta certeza de que es sobre ello y nada
más que ello, sobre lo que deberán pronunciarse en su respectiva
contestación.
Además, lo dicho está ligado al principio de congruencia (artículo 281 del
CGP), cual es una garantía del derecho al debido proceso, cuyo objeto no
es otro que asegurar que en la sentencia únicamente sean abordados
aspectos relacionados con los hechos y pretensiones aducidos en la
demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las partes
alleguen argumentos que deban ser tratados en la sentencia.
Siendo así, teniendo en cuenta que en este punto el demandante no
propone ningún problema frente al acto administrativo cuya legalidad se
discute, la Sala no puede efectuar consideraciones adicionales, y en
consecuencia el cargo queda desestimado.
5.3. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, al no haber prosperado ninguno de los cargos
de nulidad formulados por el señor Daniel Josef Rothstein Gutiérrez en
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 12 de junio de
2014. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 00434 01. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
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contra del Decreto 846 de 2014, la Sala denegará las pretensiones de la
demanda.
5.4. Costas
Visto el artículo 188 del CPACA, la Sala considera que no hay lugar a
imponer condena en costas, teniendo en cuenta que el presente asunto
fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene
por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el
interés que mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender
la prevalencia del principio de legalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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