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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2014-00130-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2014-00130-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro y, en consecuencia, SEPARAR al citado consejero del conocimiento del proceso de la referencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-27-000-2014-00130-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: GUSTAVO ADOLFO RINCÓN PLATA
Demandado: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
Tema: FACTORING - EXCESO EN EL EJERCICIO DE LA
POTESTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO - REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA.

Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por el señor
Gustavo Adolfo Rincón Plata contra algunos apartes del Decreto núm. 2669 de 21
de diciembre de 20121, expedido por el Gobierno Nacional.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda2

1. El señor Gustavo Adolfo Rincón Plata en ejercicio del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, presentó
demanda en contra del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012 4, expedido
por el Gobierno Nacional y formuló las siguientes pretensiones:

“[…] IV. PRETENSIONES

(…)

que (…) declare la nulidad de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto 2669 de
21 de diciembre de 2012 […]”.

I.1.1. Los hechos

2. El demandante afirmó que el presidente de la República, en asocio con su ministro
de Comercio, Industria y Turismo, con el pretexto de reglamentar el artículo 8° de la

1
“[…] Por el cual se reglamenta la actividad de factoring que realizan las sociedades comerciales, se reglamenta el
artículo 8° de la Ley 1231 de 2008, se modifica el artículo 5° del Decreto número 4350 del 2006 y se dictan otras disposiciones.
[…]”.
2
Cfr. Folios 7-32, cuaderno principal.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
4
“[…] Por el cual se reglamenta la actividad de factoring que realizan las sociedades comerciales, se reglamenta el artículo
8° de la Ley 1231 de 2008, se modifica el artículo 5° del Decreto número 4350 del 2006 y se dictan otras disposiciones. […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

Ley 1231 de 18 de octubre de 20085, expidió el Decreto núm. 2669 de 21 de
diciembre de 2012, invocando lo dispuesto en el numeral 11. del artículo 189 de la
Carta Política y en las Leyes 1231 y 222 de 20 de diciembre de 19956.

3. Manifestó que el Ejecutivo pretendió con la expedición del acto administrativo:

3.1. Determinar el alcance de la actividad de factoring, su finalidad, forma de
operación, limitaciones, supervisión y demás asuntos relacionados con su ejercicio
y reglamentar la vigilancia y control de la actividad de factoring realizada por
sociedades comerciales vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

3.2. Favorecer el crecimiento de la actividad al constituir un mecanismo importante
de “[…] apalancamiento […]” para las pequeñas y medianas empresas del país.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas

4. La parte demandante consideró que el acto administrativo demandado vulneró las
normas en que debió fundarse, en particular, los artículos 1°, 6°, 122, 123, 124, 159
numerales 19. literal d) y 21., 189 numeral 11., 209, 334 y 335 de la Constitución
Política; así como el artículo 8° de la Ley 1231.

I.1.3. El concepto de la violación

i) “[…] Violación del artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política
[…]” (negrilla del texto)

5. Advirtió que la Ley 1231, en su artículo 8°:

5.1. Reguló lo atinente a la calidad de factor que se le atribuye a las personas
naturales o jurídicas que prestan servicios de cartera al descuento.

5.2. Estableciócomo obligaciones para las personas mencionadas supra las
consistentes en verificar la procedencia de los títulos que adquieran y adoptar las
medidas, metodologías y procedimientos orientados a:

“[…] evitar que las operaciones en que intervengan puedan ser utilizadas, directa o
indirectamente, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o
destinados a su financiación; o para dar apariencia de legalidad a las actividades
delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas; o para el lavado
de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas; o para buscar el ocultamiento de activos provenientes de dichas
actividades. […]”

5
“[…] Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano
empresario, y se dictan otras disposiciones. […]”.
6
“[…] Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se
dictan otras disposiciones. […]”

3

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

6. Indicó que la facultad reglamentaria que le asistiría al Ejecutivo respecto del
servicio de compra de cartera al descuento, denominado como factoring, que
prestarían las personas naturales y jurídicas a que dicha norma se refiere y más
precisamente a aquellos factores organizados como sociedades comerciales
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades se tendría que circunscribir a la
expedición de una normatividad a través de la cual:

6.1. Seestablezcan los criterios y parámetros mínimos que deben atender los
factores en el diseño, implementación y funcionamiento del sistema de
administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

6.2. Se indiquen las fases que integrarían dicho sistema.

6.3. Se señalen cuáles son los factores generadores de riesgo en ese sistema a los
que se ven expuestos las personas dedicadas al factoring en la realización de esa
actividad.

6.4. Se fijen cuáles son los riesgos a través de los cuales se materializa el “[…] el
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo […]”.

7. Manifestó que el artículo 8.° de la Ley 1231, para su cumplimiento, no requería
que el Ejecutivo definiera lo que se entiende por servicios de compra de cartera al
descuento o factoring que pueden prestar las personas naturales o jurídicas y, más
exactamente, las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, por
dos (2) razones:

7.1. El factoring ha sido un negocio jurídico atípico, al no existir definición legal ni
contar con un régimen legal propio o especial que lo regule de manera integral.

7.2. La actividad de factoring se encuentra reservada en nuestro ordenamiento
jurídico a: i) las corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial,
cooperativas financieras y los establecimientos bancarios conforme el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, las cuales se encuentran controladas y vigiladas
por la Superintendencia Financiera; ii) las cooperativas de ahorro y crédito y las
secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales
autorizadas por la Ley 454 de 4 de agosto de 19987; iii) las sociedades comerciales
cuyo objeto establezca esta actividad y que se sujetan a la inspección, vigilancia y
control de la Superintendencia de Sociedades en los términos del Decreto núm.
4350 de 4 de diciembre de 20068; y iv) a las personas naturales o jurídicas que
desarrollen esta operación conforme la Ley 1231.

7
“[…] Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y
Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras
disposiciones. […]”.
8
“[…] Por el cual se determinan las personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y se
dictan otras disposiciones. […]”.

4

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

8. Mencionó los artículos 150, numerales 19. literal d) y 21., y 335 de la Carta
Política, para indicar que la actividad económica del factoring era un asunto
sometido a reserva de ley, no solo en las hipótesis en que la calidad de factor recae
sobre empresas legalmente organizadas e inscritas en la cámara de comercio
correspondientes y de sociedades comerciales de objeto social exclusivo vigiladas
por la Superintendencia de Sociedades, sino también en aquellas en que la calidad
de factor recae sobre establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia
Financiera, en consideración a que tales actividades constituyen una operación
mercantil que, por virtud de lo previsto en el artículo 335 de la Carta Política, son de
interés público.

9. Estimó que si lo que se pretendía con el Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre
de 2012 era favorecer el crecimiento de la actividad de factoring por ser un
importante mecanismo de financiación de las pequeñas y medianas empresas, era
forzoso arribar a la conclusión consistente en que:

“[…] la determinación del contenido y alcances de dichas actividades que pueden
llevar a cabo las personas naturales o jurídicas y, más exactamente, las sociedades
comerciales vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, al igual que las
restricciones al ejercicio de esta clase de actividades económicas (…) son asuntos
reservados con carácter exclusivo y excluyente al legislador en los términos previstos
en el artículo 150 núm. 21 de la Carta Política, por responder a criterios de
racionalidad económica […]”.

10. Explicó que es el legislador, no el Ejecutivo, el que cuenta con amplias facultades
para intervenir y regular las empresas a las que se refiere la Ley 1231 y el Decreto
núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012, con el fin de lograr los propósitos de la
intervención del Estado en la economía, conforme a los artículos 333 y 334 de la
Carta Política.

11. Aseguró que mediante la Ley 1231 se pretendió elevar a la categoría de título
valor de contenido crediticio a las facturas comerciales y someterlas a las reglas
propias del Código de Comercio para superar las restricciones y limitaciones propias
de las normas que regulan la cesión de créditos previstas en el Código Civil,
posibilitando su circulación de manera rápida y eficaz.

12. Adujo que del artículo 8.° de la citada Ley 1231 no se desprendía una facultad
general para que regular, a través de actos administrativos, el contenido y alcance
de los servicios de compra de cartera al descuento que pueden prestar las personas
naturales y jurídicas enunciadas en la norma y especialmente:

“[…] aquellos factores organizados como sociedades comerciales vigiladas por la
Superintendencia de Sociedades, menos aún para que desarrolle aspectos
esenciales del factoring como los desarrollados en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13
demandados, sobre los cuales existe reserva de ley […]”.

13. Añadió que lo mismo ocurría con los establecimientos de crédito vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia y con las cooperativas de ahorro y crédito

5

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

y las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales,
respecto de las cuales el factoring constituye una operación mercantil concreta que,
por ministerio de la ley, es de interés público, razón por la que la determinación de
su contenido y alcance, así como sus restricciones, son asuntos de reserva legal
conforme el artículo 150, numeral 19. literal d), de la Constitución Política.

14. Concluyó que con la expedición del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de
2012, el Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria, toda vez que lo dispuesto en
sus artículos 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 12 y 13 no se adecúan al espíritu o al contenido del
artículo 8° de la Ley 1231, norma objeto de reglamentación.

ii) “[…] Falsa o indebida motivación […]” (negrilla del texto)

15. Manifestó que del análisis de los motivos que tuvo en cuenta el Ejecutivo para
reglamentar las operaciones de factoring que puedan celebrar las sociedades
comerciales vigiladas por la Superintendencia de Sociedades evidenció una
equivocada interpretación de los alcances de la Ley 1231, lo cual explica la
discrepancia existente entre aquello que dispuso el legislador en el artículo 8° y lo
regulado en el decreto demandado.

16. Citó el artículo 8° de la Ley 1231 y aludió a los antecedentes del proyecto de ley
que dio origen a la citada ley, insistiendo en que la intención del legislador era
sustraer la negociación y circulación de la factura comercial de la reglas propias de
la cesión de créditos contenidas en el Código Civil.

17. Estimó que la intención del legislador no fue la de establecer reglas generales
para el ejercicio de la actividad de factoring como objeto social exclusivo de las
sociedades comerciales vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

18. Aseveró que si con la expedición y entrada en vigencia de la Ley 1231, las
facturas comerciales adquirieron el carácter y prerrogativas de los títulos valores de
contenido crediticio y si lo pretendido con la expedición de la ley, reiteró, era superar
las limitaciones legales que ponían en entredicho la eficacia de la circulación de las
facturas comerciales derivadas de no ser consideradas títulos valores, se colegía
que:

“[…] que cuando esta clase de bienes mercantiles sean objeto de una operación de
factoring su transferencia se sujetará las [sic] reglas propias de los títulos valores por
expresa remisión que a ellas hace el artículo 1966 del Código Civil.

Los argumentos que anteceden nos llevan a concluir que los hechos que tuvo en
cuenta el Gobierno Nacional para expedir el Decreto 2669 de 2012 fueron apreciados
en una dimensión equivocada, incurriendo por lo tanto en una falsa motivación, habida
cuenta que la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración
Pública supuso que existía al tomar la decisión; vale decir, el factoring encuadra
dentro de la figura de la cesión de créditos regulada por los artículos 1959 y siguientes
del Código Civil, no es menos cierto que la figura de la cesión no agota o integra en
su totalidad el contrato de factoring, fundamentalmente, por dos razones: De un lado,

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

porque en el Derecho colombiano, “[…] la regulación contenida en el Código Civil nos
deja ver que […] la cesión de créditos es una figura jurídica incompleta y carente de
autonomía causal, de ahí que para que pueda producir efectos traslativos plenos debe
venir o estar acompañada de un título jurídico considerado apto para tal fin; es decir
que en Colombia resulta insuficiente la mera cesión para operar la transmisión del
derecho, puesto que necesita ir acompañada de un elemento negocial adicional
(compraventa, donación, etc.) que justifique la transferencia del crédito […]”9. De otro
lado, porque siendo el factoring un “[…] contrato atípico, origina una situación jurídica
compleja […]”10 habida cuenta que en el ámbito de esta modalidad de contratación
“[…] se dan mecanismos jurídicos típicos que -sin perder su autonomía conceptual-
se desenvuelven en el marco impuesto por el fin económico-social a la manera de lo
que la doctrina alemana llama 'negocios auxiliares' o 'incoloros', surgiendo -como
resultante- el factoring, que es una figura nueva y atípica […]”11.

19. Puso de presente que el factoring no era la única herramienta jurídica idónea
para negociar derechos económicos incorporados en facturas comerciales, ni el
único instrumento financiero con el que contaban las pequeñas y medianas
empresas del país para solucionar sus eventuales problemas de liquidez y acceso
al crédito.

20. Insistió en que “[…] el propósito del legislador, repetimos, fue el de superar
aquellas barreras derivadas de las disposiciones legales que regulan la cesión de
créditos […]”, en particular, las previstas en el artículo 1960 del Código Civil, las
cuales dificultaban articular de manera eficaz cualquier operación de financiamiento
financiero y no solamente aquellas que corresponden a la naturaleza jurídica del
factoring.

I.2. Trámite de la demanda

21. Mediante auto de 3 de junio de 201512, el consejero de Estado ponente de la
Sección Cuarta de esta corporación, ordenó la remisión del presente asunto a la
Sección Primera.

22. En auto de 8 de febrero de 201613, se admitió la demanda y, en consecuencia, i)
se ordenó notificar personalmente al ministro de Comercio, Industria y Turismo, al
agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado; ii) se corrió traslado de la demanda, por el término de treinta (30) días, para
los efectos previstos en el artículo 172 de la Ley 1437; y iii) se tuvo como parte
demandante al ciudadano Gustavo Adolfo Rincón Plata y como parte demandada
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

9
Luis Gonzalo Baena Cárdenas, “Lecciones de Derecho Mercantil”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013.
10
Silvio Lisoprawski et all. Factoring. Análisis integral del negocio. Ed. De Palma, Buenos Aires, 2007, pp. 68 ss.
11
Silvio Lisoprawski et all. Factoring. Análisis integral del negocio. Ed. De Palma, Buenos Aires, 2007, pp. 68 ss.
12
Cfr. Folios 37-38, cuaderno principal.
13
Cfr. Folios 43-45, cuaderno principal.

7

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

I.3. La contestación de la demanda14

23. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contestó la demanda y solicitó
negar las pretensiones de la parte accionante.

24. Manifestó que en virtud del artículo 189, numeral 11., de la Carta Política fue
expedido el Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012, el cual si bien hace
referencia a la reglamentación del artículo 8° de la Ley 1231, en sus considerandos
se indica, asimismo, que su propósito incluye, conforme a dicha norma, la
determinación de criterios y parámetros precisos que deben atender las personas
que el legislador autorizó para la prestación del servicio que suponen las
operaciones de factoring.

25. Aseguró que el decreto demandado, en tal sentido, determinó aspectos
inherentes a la actividad de factoring, lo cual es coincidente con el “[…] epígrafe del
decreto, cuando se advierte que se “dictan otras disposiciones” […]” relacionadas
con dicha operación.

26. Puso de presente que el artículo 8° de la Ley 1231 fue modificado por el artículo
88 de la Ley 1676 de 20 de agosto de 201315, lo cual no fue advertido por el
demandante.

27. Precisó que el artículo 8° de la Ley 1231 hacía referencia a personas naturales y
jurídicas que prestaran servicios de compra de cartera, mientras que el artículo 88
de la Ley 1676 se refirió únicamente a las empresas.

28. Señaló que la Ley 1231 pretendió unificar la factura como título valor y
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario
atendiendo la intención de brindarle posibilidades de liquidez a través del
mecanismo del factoring, que permite obtener recursos a través de la negociación
de facturas, estableciendo unas reglas generales relativas a esa operación -
factoring-.

29. Consideró que era necesario que el Ejecutivo se ocupara de delinear el ejercicio
de dicha actividad sin esto hubiere conllevado “[…] determinar el alcance de la
actividad de factoring, como erróneamente lo afirma el demandante […]”.

30. Aseguró que el decreto demandado buscó hacer operativas las reglas
establecidas por el legislador para las sociedades comerciales destinatarias de la
norma, fijó medidas como la contratación de un seguro y señaló los presupuestos
bajo los cuales estarían sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades los factores constituidos como sociedades comerciales, creando un
registro único, sin que esto pudiera considerarse como violación de la ley.

14
Cfr. Folios 54-60, cuaderno principal.
15
“[…] Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias. […]”.

8

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

31. Puso de presente que la figura del factoring ha “[…] estado disponible en el
mercado hace muchos años […]” como una posibilidad para los empresarios y que
sí ha contado con una regulación, mencionando los decretos 4350 de 2006 y “[…]
3727 de 2008 […]”, así como la misma Ley 1231.

32. Se refirió a la falsa motivación expuesta por el demandante y afirmó que el
Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012 se expidió para definir los
lineamientos de la actividad de factoring regulada en las leyes 1231 y 1676,
insistiendo en que el artículo 8° de la Ley 1231 fue modificado por el artículo 88 de
la Ley 1676, lo cual descontextualiza el control de legalidad a realizar.

33. Consideró que las apreciaciones del demandante eran subjetivas, personales y
contradictorias, además de no explicar la colisión entre la norma acusada y las
normas enunciadas como infringidas.

34. Aseguró que no existía la falsa motivación alegada puesto que el Decreto núm.
2669 de 21 de diciembre de 2012:

“[…] reglamenta las normas legales consagradas, en materia de factoring en la ley
1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013, aunado a que la ley 35 de 1993
establece la competencia para la Superintendencia de Sociedades de inspeccionar,
vigilar y controlar las sociedades comerciales que desarrollan la actividad del
factoring, ley que complementa las previsiones de la ley 1231 y que fundamenta
también la expedición del decreto demandado lo cual se enuncia en las
consideraciones del decreto en mención. […]”.

35. Insistió en que no existió violación del artículo 189, numeral 11., de la Carta
Política puesto que el Ejecutivo no hizo cosa diferente a detallar la aplicación de la
Ley 1231 al caso concreto, estableciendo trámites, procedimientos, plazos y todo
aquello concerniente al modo como los sujetos destinatarios de la ley deben
cumplirla, preservando la naturaleza y los elementos fundamentales de la situación
creada en dicha norma.

36. Mencionó que la parte demandante enunció en el acápite de fundamentos de
derecho, las normas que estimó desconocidas por el acto administrativo
demandado, sin señalar las razones por las cuales las normas constitucionales
invocadas se estimaban violadas, con lo cual no cumplió con lo dispuesto en el
Decreto núm. 2067 de 4 de septiembre de 199116.

37. Formuló la excepción de ineptitud de la demanda la cual sustentó en el hecho
consistente en que el demandante aludió a la acción de simple nulidad regulada en
el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y no al medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437.

16
“[…] Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte
Constitucional. […]”.

9

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

38. Adicionalmente, cuestionó que el demandante haya enunciado como
disposiciones acusadas los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto núm. 2669
de 21 de diciembre de 2012, sin tener en consideración que “[…] el artículo 12 como
el artículo 8 [sic], entre otros, habían sido modificados por virtud del Decreto 1219
de 2014 […]”, por lo que la demanda se dirigió en contra de disposiciones que fueron
modificadas o derogadas.

39. Finalmente solicitó que se reconociera cualquier excepción que se encontrara
probada en el trámite del proceso.

I.4. Trámite del proceso

40. Mediante auto de 27 de octubre de 201617 se fijó el día 4 de noviembre de 2016,
hora 4:00 p.m., para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 18018
de la Ley 1437.

41. La audiencia inicial19 se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2016. En desarrollo
de la audiencia se decidió que la excepción de inepta demanda no estaba llamada
a prosperar y se fijó el litigio, de la siguiente forma:

“[…] 5. FIJACIÓN DEL LITIGIO:

(…) El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación a la
misma, consiste en determinar si con la expedición de los artículos 2, 3, 4, 5, 12 y 13
del Decreto 2669 de diciembre 21 de 2012 “Por el cual se reglamenta la actividad de
factoring que realizan las sociedades comerciales, se reglamenta el artículo 8° de la
Ley 1231 de 2008, se modifica el artículo 5° del Decreto 4350 de 2006 y se dictan
otras disposiciones”, el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
quebrantó los artículos 1°, 6°, 122, 123, 124, 159 numerales 19, literal d) y 21, 189
numeral 11; 209, 334 y 335 de la Constitución Política; 8° de la Ley 1231 de 2008,
por considerar que al expedir el acto acusado (i) se rebosaron “los parámetros que le
fija la potestad reglamentaria” (…) “al reglamentar el contenido y alcance de los
servicios de compra de cartera” y (ii) adolece de falsa e indebida motivación al
“aparejar una equivocada o errónea interpretación de los alcances de la Ley 1321 [sic]
de 2008” […]” (negrilla y subrayado del texto)

42. En la citada diligencia judicial, se prescindió de la realización de la audiencia de
pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437, toda vez que las partes no
solicitaron su práctica y concedió a las partes y al agente del Ministerio Público un
término común de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión.

43. Las partes, demandante20 y demandada21, reiteraron los argumentos expuestos
en el proceso.

17
Cfr. Folio 76, cuaderno principal.
18
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2025 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
19
Cfr. Folios 82-92, cuaderno principal.
20
Cfr. Folios 94-107, cuaderno principal.
21
Cfr. Folios 108-113, cuaderno principal.

10

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

44. El agente del Ministerio Público, en concepto núm. 00212 de 22 de noviembre de
201622, solicitó la declaratoria de nulidad de las disposiciones demandadas del
Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012.

45. Manifestó que del contenido de la Ley 1231 no se desprendía una facultad
general en cabeza del Ejecutivo para expedir las normas demandadas.

46. Advirtió que de los antecedentes de la citada ley se podía colegir que su propósito
era transformar las facturas en títulos valores y de esta forma someterlas al régimen
jurídico de esa clase de bienes mercantiles, para superar las barreras propias de la
cesión de créditos y posibilitar su circulación rápida.

47. Expuso que del espíritu del artículo 8° de la Ley 1231 no se desprendía la facultad
de determinar el alcance de la actividad de factoring, su finalidad, forma de
operación, limitaciones, supervisión y demás asuntos relacionados con esta figura.

48. Consideró que el Ejecutivo desbordó el ámbito de su competencia al regular una
materia que se encontraba sujeta al principio de reserva legal.

49. Igualmente, estimó configurada la falsa motivación en la medida en que el
Ejecutivo le dio a la Ley 1231 de 2008, un alcance que no tenía.

I.5. Manifestación de Impedimento

50. El Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro mediante
escrito de 2 de junio de 202623, manifestó impedimento con fundamento en la causal
prevista en el numeral 12. del artículo 141 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 24,
aplicable por remisión del artículo 130 de la Ley 1437, el cual señala:

“[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:

[…]

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las
cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente
del Ministerio Público, perito o testigo […]”

51. Indicó que: “[…] como Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
ante la Sección Primera del Consejo de Estado, rendí el concepto núm. 00212 de
22 de noviembre de 2016. […]”25.

52. Por lo tanto, se declarará fundado el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro al encontrarse configurado el

22
Cfr. Folios 114-128, cuaderno principal.
23
Cfr. Índice 56, SAMAI.
24
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
25
Cfr. Índice 56, SAMAI.

11

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

supuesto indicado supra, en consideración a que intervino en el proceso de la
referencia como agente del Ministerio Público26 y, en consecuencia, se separará del
conocimiento del asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

53. Esta sala de decisión, para decidir la presente controversia, abordará: i) su
competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii) el problema jurídico; y,
iv) el caso concreto.

II.1. La competencia

54. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única
instancia, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237
de la Constitución Política, en el numeral 1.° del artículo 149 de la Ley 1437 y en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201927.

55. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad, sin que
se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el presente asunto.

II.2. El acto administrativo demandado

56. Los son los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto núm. 2669 de 21 de
diciembre de 2012, cuyo contenido es el siguiente:

“[…] Artículo 2°.Definiciones. Para los efectos de este decreto se adoptan las
siguientes definiciones:

1. Actividad de factoring: Se entenderá por actividad de factoring la realización
profesional y habitual de operaciones de factoring que podrá ser acompañada de las
operaciones conexas a las que se refiere este decreto.

2. Operación de factoring: Aquella mediante la cual un factor adquiere, a título
oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio, independientemente
del título que los contenga o de su causa, tales como y sin limitarse a ellos: facturas
de venta, pagarés, letras de cambio, bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas y
actas de conciliación, cuya transferencia se hará según la naturaleza de los derechos,
por endoso, si se trata de títulos valores o mediante cesión en los demás casos.

3. Operaciones conexas: Son las operaciones complementarias a las operaciones de
factoring, es decir, aquellas que el factor podrá incluir dentro de las prestaciones que
ofrezca a su clientela. Se entienden como tales:

26
Concepto núm. 00212 de 22 de noviembre de 2016. Folios 114-128, cuaderno principal.
27
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”. Modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por
medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.

12

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

a) La administración de la cartera y el registro contable de los abonos y del pago de
los títulos o de los créditos que no le pertenezcan al factor;
b) La cobranza de títulos o de créditos que no le pertenezcan al factor;
c) La asesoría en la contratación de los seguros necesarios para dispersar el riesgo
de retorno de la cartera;
d) La custodia de títulos contentivos de créditos o de derechos que no le pertenezcan
al factor, o
e) El otorgamiento de anticipos o avances con cargo a las operaciones de factoring,
y;
f) El corretaje de factoring.

4. Contrato de factoring: Es el acuerdo de voluntades mediante el cual se
instrumentan las operaciones de factoring definidas en este decreto.

5. Factoring sin recurso: Es la operación de factoring en la cual el factor asume el
riesgo de la cobranza de los créditos que adquiere y libera al cedente o al endosante,
de toda responsabilidad patrimonial relacionada con la solvencia del deudor o del
pagador cedido.

6. Factoring con recurso: Es la operación de factoring en la cual el factor no asume el
riesgo de la cobranza de los créditos que se le transfieren y el cedente o el endosante,
responden ante los posteriores adquirientes del título por la existencia y por el pago
de las acreencias objeto de negociación.

7. Actividad de corretaje de factoring: El corretaje de factoring, entendido como el
contrato mediante el cual, un factor desarrolla como operación conexa el corretaje de
factoring y que por su especial conocimiento de la actividad de factoring, se ocupa
como agente intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con el fin
de que celebren una operación de factoring, sin estar vinculado a las partes por
relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación, siempre y
cuando dichas operaciones no requieran autorización de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Artículo 3°.Riesgo de impago o de insolvencia. En cualquier caso, tanto el cedente o
endosante, como el factor, podrán proteger el riesgo de impago o de insolvencia del
obligado, mediante la contratación de un seguro.

Artículo 4°.Operaciones de factoring sobre títulos de plazo que hubiere vencido. En
las operaciones de factoring sobre títulos cuyo plazo hubiere vencido, las partes
intervinientes podrán acordar libremente la tasa de descuento o el precio que les
convenga.

Artículo 5°.Cláusulas de cesión. Por lo que respecta a las relaciones entre las partes,
en el contrato de factoring se tiene que:

1. Una cláusula del contrato de factoring para la cesión de créditos existentes o futuros
será válida aunque el contrato no los especifique individualmente, si en el momento
de la celebración del contrato o en el momento en que nacen tales créditos, ellos son
determinables;

2. Una cláusula del contrato de factoring según la cual se ceden créditos futuros,
transferirá los créditos al cesionario en el momento en que nazcan, sin necesidad de
un nuevo acto de transferencia, y;

3. Un contrato de factoring podrá disponer válidamente la transferencia, por medio o
no de un acto o contrato diferente, de la totalidad o de parte de los derechos del
proveedor que derivan del contrato de compraventa de mercaderías o de prestación

13

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

de servicios, incluyendo los derechos derivados de cualquier estipulación legal o
contractual que reserve al proveedor el dominio de las mercaderías o que le confiera
cualquier otra garantía.

(…)

Artículo 12. Recursos para la realización de operación de factoring. Para ejercer la
actividad de factoring, el factor se financiará de la siguiente manera:

1. A través de recursos aportados por los accionistas o socios del factor;

2. Con créditos obtenidos en el sistema financiero;

3. Con los recursos provenientes de terceros con ocasión de mandatos específicos
de inversión. En todo caso, los factores no podrán utilizar estos recursos para realizar
por cuenta propia, operaciones de factoring;

4. Con los recursos provenientes de las ventas de cartera a fondeadores legalmente
autorizados en el mercado de capitales.

Artículo 13. Operaciones prohibidas. Los factores no podrán:

1. Celebrar contratos, negocios u operaciones para el descuento de flujos futuros
ofreciendo bienes, beneficios o intereses indeterminados o que no constituyan una
operación de factoring en los términos definidos en el presente decreto;

2. Ofrecer la asesoría o los servicios relacionados con la adquisición o enajenación
de valores inscritos en el registro Nacional de Valores y Emisores, y;

3. Celebrar contratos de mutuo excediendo los límites establecidos en el Decreto
1981 de 1988. […]”.

57. El análisis de legalidad de las disposiciones de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13
del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012 no se extenderá a la
modificación introducida al numeral 3. del artículo 12 por el Decreto 1219 de 2 de
julio de 201428, teniendo en cuenta que esta modificación no fue tenida en
consideración al formularse la fijación del litigio y adicionalmente por cuanto en la
audiencia inicial de 4 de noviembre de 2016 se argumentó lo siguiente:

“[…] Finalmente y en cuanto al argumento relacionado con que el artículo 12 así como
el artículo 8 del acto acusado fueron modificados por el Decreto 1219 de 2014, “lo
que significa que la demanda desconoce modificaciones posteriores que impactan el
contexto de las normas demandadas” razón por la cual, en su entender, no se debe
realizar el estudio de nulidad propuesto, el Despacho recuerda que es reiterada la
jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sostenido que tal circunstancia no
impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto éste debe realizarse según las
circunstancias vigentes al momento de su expedición y, además, por cuanto su
modificación sólo opera hacia el futuro, en tanto tal circunstancia no afecta su validez.

Agrega, además que, si el acto produjo efectos en su interregno, también es
susceptible de control de legalidad. […]”.

28
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 89 de la Ley 1676 de 2013 y se modifican los Decretos 4350 de 2006 y 2669 de
2012. […]”.

14

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

II.3. El problema jurídico

58. El problema jurídico que se debe resolver en el presente proceso, fue expuesto
en la audiencia inicial realizada el 4 de noviembre de 2016:

“[…] consiste en determinar si con la expedición de los artículos 2, 3, 4, 5, 12 y 13 del
Decreto 2669 de diciembre 21 de 2012 “Por el cual se reglamenta la actividad de
factoring que realizan las sociedades comerciales, se reglamenta el artículo 8° de la
Ley 1231 de 2008, se modifica el artículo 5° del Decreto 4350 de 2006 y se dictan
otras disposiciones”, el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
quebrantó los artículos 1°, 6°, 122, 123, 124, 159 numerales 19, literal d) y 21, 189
numeral 11; 209, 334 y 335 de la Constitución Política; 8° de la Ley 1231 de 2008,
por considerar que al expedir el acto acusado (i) se rebosaron “los parámetros que le
fija la potestad reglamentaria” (…) “al reglamentar el contenido y alcance de los
servicios de compra de cartera” y (ii) adolece de falsa e indebida motivación al
“aparejar una equivocada o errónea interpretación de los alcances de la Ley 1321 [sic]
de 2008” […]”.

II.4. El caso concreto

i) El exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del
Ejecutivo

59. Eldemandante expuso que el Ejecutivo excedió el ejercicio de la potestad
reglamentaria al expedir los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto núm. 2669
de 21 de diciembre de 2012 que reglamentaron el contenido y alcance del servicio
de compra de cartera.

60. Aseveró que la Ley 1231 pretendió darles a las facturas comerciales la categoría
de títulos valores para someterlas a las prerrogativas propias de esos bienes
mercantiles previstas en el Código de Comercio, con el fin de superar las
restricciones y limitaciones de la cesión de créditos regulada en el Código Civil y
permitir una circulación más rápida y eficaz.

61. Puso de presente que del artículo 8.° de la Ley 1231 no se desprendía una
facultad general para que el Ejecutivo regulara el contenido y alcance de los
servicios de compra de cartera al descuento que pueden prestar las personas
naturales y jurídicas a las que se refiere la ley y en particular los factores
organizados como sociedades comerciales vigiladas por la Superintendencia de
Sociedades y mucho menos para desarrollar aspectos esenciales de esa operación
-también denominada factoring-, respecto de los cuales existiría reserva legal.

62. En efecto, destacó que el artículo 8.° se refirió a las obligaciones de las personas
naturales y jurídicas que presten servicios de compra de cartera al descuento i) de
verificar la procedencia de los títulos que adquieran y ii) de adoptar las medidas,
metodologías y procedimientos para evitar que las operaciones en que intervengan
puedan ser utilizadas para el lavado de activos o actividades delictivas, por lo que

15

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

el ejercicio de la potestad reglamentaria se debía circunscribir al contenido de la
disposición legal.

63. Adujo que la regulación de la actividad del factoring es un asunto sometido a
reserva legal, conforme los artículos 150, numeral 19. literal d) y 21, y 335 de la
Constitución Política.

64. El numeral 11. del artículo 189 de la Carta Política dispone que corresponde al
presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición
de los decretos, resoluciones y órdenes que sean necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes.

65. La Corte Constitucional29, en relación con la potestad reglamentaria, ha expuesto
que:

“[…] 7.2.2. Dentro del sistema normativo colombiano la potestad reglamentaria tiene
un reconocimiento constitucional, que hace evidente la separación funcional entre el
Legislador y el Ejecutivo, como poderes independientes del Estado, determinante
desde la perspectiva de la garantía de los derechos y libertades y del principio
democrático, correspondiéndole al Congreso en principio, proferir las leyes de
contenido general y abstracto, y al Ejecutivo, reglamentarlas30. En relación con el
artículo 189 numeral 11 Superior, la jurisprudencia ha destacado31 que busca
contribuir a la concreción de los contenidos abstractos de la ley, con el fin de hacer
posible su aplicación mediante la expedición de los actos administrativos32. Sobre
este aspecto, la Corte ha dicho:

“La potestad reglamentaria es “... la producción de un acto administrativo que hace
real el enunciado abstracto de la ley... [para] encauzarla hacia la operatividad efectiva
en el plano de lo real”. Tal facultad se concreta en la expedición de las normas de
carácter general que sean necesarias para la cumplida ejecución de la ley. Toda
facultad de regulación que tenga como contenido expedir normas para la cumplida
ejecución de las leyes, pertenece, en principio, por atribución constitucional, al
Presidente de la República, sin necesidad de que la ley así lo determine en cada caso.
Dentro del sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, la potestad
reglamentaria tiene un lugar propio. Por virtud de ella el Presidente de la República
expide normas de carácter general, subordinadas a la ley y orientadas a permitir su
cumplida aplicación. Tales normas revisten, además, una forma especial, y se
expiden con la firma del Presidente y el Ministro o Director de Departamento
Administrativo del ramo.”33

7.2.3. Esta Corporación ha señalado que la “potestad reglamentaria” o “poder
reglamentario”, como competencia propia constitucionalmente otorgada al Jefe del
Ejecutivo en su condición de autoridad administrativa, no requiere de disposición
expresa que la conceda, es inalienable e intransferible y también inagotable, ya que,
en principio, no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo34; además es

29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-810 de 5 de noviembre de 2014. Expediente núm. D-10162. M.P.: Mauricio
González Cuervo.
30
Sentencia C-953 de 2007.
31
Sentencias C-228 de 1993; C-397 de 1995; C-350 de 1997; C-066 de 1999; C-088 de 2001; C-805 de 2001; C-917 de 2002;
C-675 de 2005.
32
Sentencia 1005 de 2008.
33
Sentencia C-805 de 2001.
34
El legislador puede imponerle un término al Gobierno para el ejercicio de la potestad reglamentaria, lo cual “no impide que
el Presidente expida la reglamentación antes del término previsto, ni lo inhabilita para el ejercicio de la potestad reglamentaria
vencido ese plazo. Tampoco implica que expedida una reglamentación dentro del plazo fijado por el legislador el Presidente

16

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

irrenunciable, por cuanto se concibe como indispensable para que la administración
cumpla con su función de ejecución de la ley35, se amplía o restringe en la medida en
que el Congreso utilice en mayor o menor grado sus poderes jurídicos36 y se
encuentra limitado por la reserva de ley - que prevé que la regulación de ciertas
materias se realice de manera exclusiva a través de leyes, quedando vedado el
otorgamiento de facultades extraordinarias al ejecutivo y restringido el ejercicio de la
facultad reglamentaria a cuestiones complementarias. (CP. Arts. 150.10, 152 y
338). (…)

7.2.4. La Corte también ha señalado que el ejercicio de la potestad reglamentaria por
el ejecutivo, exige que la ley haya configurado una regulación básica, a partir de la
cual el Gobierno pueda ejercer la función de reglamentar la ley. Si el legislador omite
definir ese presupuesto normativo básico, estaría delegando en el Gobierno lo que la
Constitución ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley, pues el
requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria es la existencia previa
de un contenido legal por reglamentar37.

7.2.5. En síntesis, la facultad reglamentaria no es absoluta, pues tiene como límite y
radio de acción a la Constitución y la ley, y es por ello que el Ejecutivo al ejercerla no
puede alterar o modificar el contenido y espíritu de la ley, ni puede reglamentar leyes
que no ejecuta la administración, como tampoco puede desarrollar aquellas materias
cuyo contenido está reservado al legislador38. […]”

66. Esta Sección39 igualmente frente a la potestad reglamentaria, ha explicado lo
siguiente:

“[…] 130. Como regla general, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución prevé
que, como suprema autoridad administrativa, al Presidente de la República le
corresponde ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes,
toda vez que son indispensables para hacer posible su cumplimiento. Adicionalmente,
este mismo numeral establece que el acto debe ser suscrito y comunicado también
por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo
correspondiente40.

131. En esta línea argumentativa, la potestad reglamentaria está relacionada con los
poderes de orientación política, dirección, estructuración, regulación, diseño y fijación
de directrices para el cometido de los fines estatales asignados a la Administración,
lo que significa que su ejercicio deberá estar subordinado y dependiente de las
normas de carácter superior de acuerdo con el principio de legalidad41. En ese
sentido, esta Corporación, ha señalado42:

[…] El acto reglamentario debe aportar entonces los detalles, los pormenores de
ejecución o aplicación de la ley; hacer explícito lo implícito en ella: No es posible que

pierda competencia para expedir nuevos reglamentos o para modificar, adicionar o derogar sus propios reglamentos. La única
consecuencia normativa del término establecido por el legislador es la de imponerle al Presidente de la República el deber de
reglamentar la ley dentro de dicho plazo”. (Cfr. C-805 de 2001).
35
C-028 de 1997.
36
Ibídem.
37
Sentencia C-474 de 2003.
38
Sentencia C-028 de 1997.
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sentencia de 16 de diciembre de 2020. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2008-00159-00.
40
Artículo 115 inciso 3°.
41
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCION C.
Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Diez (10) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Radicación 11001-
03-26-000-2015-00165-00 (55813). Actor: Navis Alberto Flórez León. Demandado Nación – Presidencia de la Republica –
Departamento Nacional de Planeación
42
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Concejero Ponente: Roberto Suárez Franco. Concepto
del nueve (9) de julio de 1996. Expediente 854.

17

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
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el reglamento contenga normas que le están reservadas al legislador; no puede
adicionar la ley, cambiarla, restringirla o recortarla en su esencia o sustancia;
tampoco puede deslindar los límites de la potestad reglamentaria por violaría,
además de la ley, la propia constitución. […] (Resaltado de la Sala).

132. Lo anterior significa que la ley sienta los principios generales de la materia que
se regula, sin que deba contener todos los detalles, criterios específicos y pormenores
indispensables para su cabal aplicación. De ahí que el decreto reglamentario sea
necesario para hacerla operante o particularizarla para hacerla viable. En esa medida,
el ejercicio de la potestad reglamentaria tendrá como límite el ámbito de aplicación,
los fines, criterios y requisitos establecidos por la Ley, sin que se le permita al
reglamento ir más allá, de tal forma que varíe las disposiciones de rango legal.

133. La Corte Constitucional ha considerado que la potestad reglamentaria del
Ejecutivo es proporcional a la extensión de la ley, así que, ante menos cantidad de
materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la
potestad reglamentaria. Sin embargo, tal regla encuentra su excepción respecto de
aquellas materias que, a pesar de no estar reguladas por la ley tampoco pueden ser
establecidas vía reglamento, en tanto están sometidas a reserva legal. En ese
sentido, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos43:

[…] En esencia, la mayoría de las veces, el ejercicio integro o precario de la
potestad de configuración normativa depende de la voluntad del legislador, es
decir, ante la valoración política de la materia a desarrollar, el Congreso de la
República bien puede determinar que regula una materia en su integridad, sin
dejar margen alguna a la reglamentación o, por el contrario, abstenerse de
reglar explícitamente algunos aspectos, permitiendo el desenvolvimiento
posterior de las atribuciones presidenciales de reglamentación para que la
norma pueda ser debidamente aplicada.

No obstante, esta capacidad del Congreso para determinar la extensión de la
regulación de una institución, tiene distintos límites que vienen dados por las
especificidades de las materias objeto de dicha regulación. Así, por ejemplo, el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, somete a estricta reserva legal,
entre otras la regulación de materias como impuestos o leyes estatutarias. Para esta
Corporación, es claro que la regulación de los elementos esenciales de materias
sometidas a reserva de ley y que recaigan sobre asuntos administrativos, no
son susceptibles de ser regulados a través del ejercicio de la potestad
reglamentaria, salvo en cuestiones accesorias y de detalle, so pena de contrariar
disposiciones imperativas de raigambre superior. […] (Resaltado de la Sala).

134. El Consejo de Estado también ha establecido que la potestad reglamentaria se
encuentra limitada por los criterios de competencia y la necesidad44. El primer criterio
hace referencia al ámbito de la regulación que el legislador defiere al ejecutivo, para
establecer en detalle los pormenores de la materia a reglamentar. Por su parte, el
criterio de necesidad es el marco en el que se debe desarrollar la potestad
reglamentaria, limitándose a definir los asuntos necesarios para la correcta aplicación
de la ley.

135. De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación sintetizó que
el ejercicio de la potestad reglamentaria conllevaba45:

43
CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENNCIA C432 DE 2004, MP. RODRIGO ESCOBAR GIL
44
CONSEJO ESTADO, SECCION SEGUNDA, SENTENCIA 21 DE AGOSTO DE 2008, EXP. 0294-04 Y 0295-04
CONSEJERO PONENTE GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN.
45
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. CONSEJERO
PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá primero (1) de noviembre de 2019. Numero de radicación: 11001-
03-24-000-2011-00162-00. Demandante: José Mario Cardona Ramírez y Miguel Sandoval Zabaleta. Demandado: Nación –
Gobierno Nacional (conformado por el presidente de la república y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

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Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
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[…] i) El ejercicio de una función administrativa; ii) tiene como propósito precisar y
detallar la ley para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente; iii) finaliza
con la expedición de actos de carácter general y abstracto, los cuales, en el caso de
la Presidencia de la República, reciben en nombre de decretos reglamentarios; iv)
el acto que resulta no es una nueva ley, sino un acto complementario de esta; v)
promueve la organización y el funcionamiento de la administración; vi)
representa un mecanismo de colaboración entre los poderes legislativo y
ejecutivo; vii) no puede ejercerse en el caso de materias que deben
necesariamente regularse a través de una ley y viii) no es posible ejercer la
potestad reglamentaria cuando se trate de una ley que incorpore disposiciones
precisas y claras que no requieren de una regulación adicional para su
ejecución. […]

136. Así las cosas, el ejercicio de la potestad reglamentaria por el Presidente
de la República exige que la ley haya configurado una regulación básica, la
cual no puede ser alterada o modificada por el reglamento, ni desarrollar
aquellas materias reservadas al legislador, so pretexto de precisarlas o
aclararlas. […]” (negrilla del texto)

67. La Ley frente a la cual el Ejecutivo pretendió ejercer su potestad reglamentaria
fue la Ley 1231. Así se expuso en la parte considerativa del Decreto núm. 2669 de
21 de diciembre de 2012:

“[…] Que el artículo 11 de la Ley 35 de 1993 dispuso que la inspección, vigilancia y
control de las sociedades de compra de cartera – factoring, no se llevaría a cabo por
la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que, por el contrario, se sujetaría a
las disposiciones generales sobre la vigilancia y control de las sociedades
comerciales;

Que la Ley 1231 de 2008, “por la cual se unifica la factura como título valor como
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan
otras disposiciones”, en su artículo 8° estableció reglas generales en relación con el
ejercicio de la actividad de factoring;

Que de conformidad con la Ley 1231 de 2008 se hace pertinente determinar el
alcance de la actividad de factoring, su finalidad, forma de operación, limitaciones,
supervisión y demás asuntos relacionados con el ejercicio de la misma y reglamentar
la vigilancia y control de la actividad de factoring;

Que con la expedición del presente decreto se pretende facilitar la circulación de las
facturas y favorecer el crecimiento de la actividad de factoring, por cuanto constituye
un importante mecanismos de apalancamiento para las pequeñas y medianas
empresas del país. […]”

68. Mediante la Ley 1231 se modificaron disposiciones del Código de Comercio
relativas a las facturas cambiarias, en particular en lo correspondiente a su
definición46, a la aceptación de la factura47, a los requisitos de la factura48, al pago

46
Artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el 1° de la Ley 1231.
47
Artículo 773 del Código de Comercio, modificado por el 2° de la Ley 1231.
48
Artículo 774 del Código de Comercio, modificado por el 3° de la Ley 1231.

19

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

por cuotas49, a la obligatoriedad de aceptación del endoso50 y a la aplicación, en lo
pertinente, de las normas relativas a la letra de cambio51.

69. La Ley 1231, igualmente, reguló lo atinente a la transferencia de la factura 52 y a
la prevención del lavado de activos53.

70. La exposición de motivos del proyecto de Ley 151 de 2007 Senado, 230 de 2008
Cámara que dio origen a la citada Ley 1231 menciona que las facturas comerciales
era tradicionalmente los instrumentos legales de soporte de transacciones de bienes
y servicios, no obstante, no eran títulos valores y por tanto no gozaban de sus
prerrogativas.

71. Se puso de presente que la figura de la cesión de créditos no era apropiada para
la clase de negocios y la rapidez que el mundo de hoy exigía de las transacciones
comerciales, de tal forma que la propuesta normativa se dirigía a que las facturas
fueran títulos de contenido crediticio enmarcadas en la teoría general de los títulos
valores.

72. Indicó la exposición de motivos54 que:

“[…] En la economía moderna ha tomado auge, entre otros, el contrato o las
operaciones de compra de cartera, conocido como “Factoring”, pues tal es su
denominación en el comercio norteamericano y en el europeo en donde tiene origen.
El desarrollo de estas operaciones está encontrando grandes dificultades en la
práctica, dadas las limitaciones legales de las facturas comerciales al no ser
consideradas un título valor. Su circulación, entonces, está sujeta a las normas de las
cesiones de crédito, con la lentitud y formalismo que caracteriza este instrumento,
concebido originalmente con un carácter civil y no comercial.

(…)

Consideramos que uno de los mecanismos para desarrollar y masificar la herramienta
del factoring, es el otorgamiento de la calidad de título-valor a las facturas
comerciales, lo cual mejoraría indudablemente su circulación en el mercado. Es
necesario, entonces, regular el tema y, sobre todo, establecer que ningún deudor
pueda negarse a pagar las facturas que han sido transferidas a un factor (empresa
que realiza operaciones de factoring), como está sucediendo en la actualidad en
algunos casos.

Estas facilidades para la negociación de las facturas a través del endoso, contribuirán,
también, con la reducción de la informalidad en el comercio, y de la elusión y evasión
tributarias, puesto que será conveniente para todos obtener y expedir facturas en legal
forma.

Así mismo, el auge de las operaciones de factoring conducirá ineludiblemente al
ingreso al mercado de nuevos actores, entidades vigiladas por el Gobierno y
compañías de factoring, con lo cual se reducirá el espacio para agiotistas y usureros

49
Artículo 777 del Código de Comercio, modificado por el 4° de la Ley 1231.
50
Artículo 778 del Código de Comercio, modificado por el 7° de la Ley 1231.
51
Artículo 779 del Código de Comercio, modificado por el 5° de la Ley 1231.
52
Artículo 7° de la Ley 1231.
53
Artículo 8° de la Ley 1231.
54
https://leyes.senado.gov.co/ - Proyecto de Ley núm. 151 de 2007 Senado, 230 Cámara. Gaceta núm. 533 de 2007.

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Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

que hoy, sin control alguno, abusan del micro, pequeño y mediano empresario que no
tiene acceso a los servicios de financiamiento de las grandes empresas, viéndose
obligado a pagar tarifas exorbitantes por el descuento de cartera.

(…)

En síntesis, con este proyecto se busca:

• Actualizar la legislación comercial sobre títulos valores, extendiéndola a la
totalidad de las facturas comerciales de bienes y servicios que cumplan con
los requisitos legales.
• Garantizar su negociabilidad de manera segura y eficaz.
• Disminuir la informalidad en el comercio.
• Disminuir la evasión tributaria.
• Abrir espacios a nuevas formas de financiación para pequeños y medianos
comerciantes y empresarios.

Así, no solo avanzaremos un poco más en la modernización de nuestras instituciones
comerciales, acorde con el desenvolvimiento de los negocios en una economía que
tiende a la globalización, sino también en el camino de la formalización de los
negocios. […]”.

73. Se precisa el artículo del proyecto de ley55, en su artículo 8°, señalaba lo
siguiente:

“[…] Artículo 8°. Servicios de factoring. Las personas naturales o jurídica que presten
servicios de compra de cartera al descuento, o factoring, deberán verificar la
procedencia de los títulos que adquieran. En todo caso, el comprador beneficiario del
bien o servicios queda exonerado de responsabilidad por la idoneidad de quienes
actúen como factores.

Parágrafo. Para todos los efectos legales, se denomina factor a la persona natural o
jurídica que preste los servicios de compra de cartera al descuento, o factoring, al
cual no le son aplicables las disposiciones vigentes sobre Preposición, contenidas en
el presente código […]”.

74. Noobstante, en el primer debate del proyecto de ley en la Cámara de
Representantes56 se propuso modificar dicho artículo, en la siguiente forma:

“[…] 4.9. Servicios de factoring. Se propone modificar este artículo atendiendo
distintas recomendaciones al respecto y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

En estas negociaciones resulta de gran importancia para facilitar su desarrollo, la
exoneración de responsabilidad al deudor por la idoneidad de quienes actúen como
factores, dado que estos aparecen en virtud de la negociación del título que ha hecho
su acreedor inicial, sin perjuicio, claro está, de la elemental prudencia que hoy en día
debe guiar las actuaciones de todas las empresas con el fin de verse involucradas en
situaciones equívocas o delincuenciales.

Realmente, el análisis de idoneidad de cliente y títulos le corresponde adelantarlo a
la compañía o persona que preste el servicio de factoring, mas no al comprador del
bien o beneficiario del servicio; y si la factura que le presenta el factor corresponde

55
https://leyes.senado.gov.co/ - Proyecto de Ley núm. 151 de 2007 Senado, 230 Cámara. Gaceta núm. 533 de 2007.
56
https://leyes.senado.gov.co/ - Proyecto de Ley núm. 151 de 2007 Senado, 230 Cámara. Gaceta núm. 232 de 2008.

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Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

realmente a la negociación que se efectuó inicialmente, y la cadena de endosos se
ajusta a la ley, no debe endilgársele ninguna responsabilidad por idoneidad del factor
en relación con esas facturas. De ahí que propongamos modificar el inciso 1° del
artículo in fine para destacar que la no responsabilidad es frente a las facturas que el
factor le presente para su pago y que deben corresponder a una compra a uno de sus
proveedores registrados.

Para reforzar, también, la necesidad de coadyuvar las políticas gubernamentales en
materia de lavado de activos, se propone adicionar un inciso 2° a esta norma, que es
tomado de las normas vigentes sobre la materia para el sector financiero, pero que
incluyen una obligación de prevención y cuidado para todas aquellas personas que
compren facturas o realicen negociaciones propias del factoring.

Por último, como refuerzo también a las medidas de prevención de lavado de activos,
se propone que solamente empresas legalmente constituidas e inscritas en la
respectiva Cámara de Comercio puedan adelantar operaciones de compra de cartera
al descuento. Por empresa hemos de entender (…) tal como lo define el artículo 25
del Código de Comercio, de manera que las empresas pueden ser desarrolladas por
personas naturales o por personas jurídicas.

(…)

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DE CAMARA PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 230 CAMARA 2008, 151
SENADO 2007

(…)

Artículo 8°. Prevención de lavado de activos. Las personas naturales o jurídicas
que presten servicios de compra de cartera al descuento deberán verificar la
procedencia de los títulos que adquieran. En todo caso, el comprador o beneficiario
queda exonerado de responsabilidad por la idoneidad de quienes actúen como
factores.

Quienes actúen como factores adoptarán medidas, metodologías y procedimientos
orientados a evitar que las operaciones en que intervengan puedan ser utilizadas,
directa o indirectamente, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o
destinados a su financiación; o para dar apariencia de legalidad a las actividades
delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas; o para el lavado
de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas; o para buscar el ocultamiento de activos provenientes de dichas
actividades.

Deberá informarse a las autoridades competentes sobre cualquier operación
sospechosa de lavado de activos o actividad delictiva.

Solamente podrán prestar servicios de compra de cartera al descuento las empresas
legalmente organizadas e inscritas en la Cámara de Comercio correspondiente.

Parágrafo. Para todos los efectos legales, se denomina factor a la persona natural o
jurídica que preste los servicios de compra de cartera al descuento, al cual no le son
aplicables las disposiciones vigentes sobre Preposición, contenidas en el presente
código. […]” (negrilla del texto)

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Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

75. El proyecto de ley fue objeto de conciliación57, acogiéndose el siguiente texto del
artículo 8°:

“[…] Artículo 8º. Prevención de lavado de activos. Las personas naturales o
jurídicas que presten servicios de compra de cartera al descuento deberán verificar la
procedencia de los títulos que adquieran. En todo caso, el comprador o beneficiario
del servicio queda exonerado de responsabilidad por la idoneidad de quienes actúen
como factores.

Quienes actúen como factores adoptarán medidas, metodologías y procedimientos
orientados a evitar que las operaciones en que intervengan puedan ser utilizadas,
directa o indirectamente, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o
destinados a su financiación; o para dar apariencia de legalidad a las actividades
delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas; o para el lavado
de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas; o para buscar el ocultamiento de activos provenientes de dichas
actividades.

Deberá informarse a las autoridades competentes sobre cualquier operación
sospechosa de lavado de activos o actividad delictiva. En todo caso, las empresas de
factoring, deberán sujetarse a lo regulado por el artículo 103 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero.

Solamente podrán prestar servicios de compra de cartera al descuento las empresas
legalmente organizadas e inscritas en la Cámara de Comercio correspondiente.

Parágrafo 1º. Para todos los efectos legales, se denomina factor a la persona natural
o jurídica que preste los servicios de compra de cartera al descuento, al cual no le
son aplicables las disposiciones vigentes sobre Preposición, contenidas en el
presente código. […]”.

76. El artículo 8° de la Ley 1231 fue modificado posteriormente por la Ley 1676, no
obstante, tal disposición no estaba vigente al momento en que se expidió el Decreto
núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012.

77. Se precisa que el juicio de legalidad de los actos acusados debe realizarse con
respecto a las normas superiores vigentes al momento de su expedición, conforme
lo ha señalado esta corporación58.

78. De acuerdo con los parámetros expuesto, se procederá al análisis de los artículos
del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012 demandados en este medio de
control en relación con que se pretendió reglamentar, es decir, el artículo 8° de la
Ley 1231.

57
https://leyes.senado.gov.co/ - Proyecto de Ley núm. 151 de 2007 Senado, 230 Cámara. Gaceta núm. 376 de 2008.
58
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2008-00458-00.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 30 de abril de 2020. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00387-00 y 11001-03-24-000-2018-
00399-00 (acumulados).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta. Sentencia de 3 de noviembre de 2011. Radicación núm.: 23001-23-31-000-2005-00641-01.

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Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

79. Cabe aclarar que el acto administrativo se aplica, de acuerdo a su artículo 1°,
específicamente a los factores constituidos como sociedades comerciales, que no
estén bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la
Superintendencia de Economía Solidaria y tengan objeto social exclusivo de
factoring, de tal forma que no resultan pertinentes las alusiones que realiza el
demandante, precisamente, a entidades vigiladas por dichas entidades de
inspección, vigilancia y control.

80. El artículo 8° de la Ley 1231 estableció las siguientes reglas:

80.1. Las personas que presten servicios de compra de cartera al descuento deben
verificar la procedencia de los títulos.

80.2. En todo caso, el comprador o beneficiario del servicio queda exonerado de
responsabilidad por la idoneidad de quienes actúen como factores.

80.3. Quienes actúen como factores deben adoptar medidas, metodologías y
procedimientos para evitar que las operaciones en que intervengan puedan ser
utilizadas, directa o indirectamente, como instrumento para el lavado de activos y
financiación de actividades delictivas.

80.4. Es obligación informar a las autoridades competentes sobre cualquier operación
sospechosa de lavado de activos o actividad delictiva.

80.5. Las empresas de factoring deben sujetarse a lo regulado en el artículo 103 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero59.

80.6. Solo pueden prestar servicios de compra de cartera al descuento las empresas
legalmente organizadas e inscritas en la Cámara de Comercio correspondiente.

80.7. Definió,
para todos los efectos legales, qué debe entenderse por factor y
establece que a esta persona no se le aplican las reglas relativas a la preposición60.

81. La reglamentación adoptada en los artículos demandados dispuso:

81.1. El artículo 2° del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012 estableció las
definiciones de i) actividad de factoring, ii) operación de factoring, iii) operaciones
conexas a las operaciones de factoring, iv) contrato de factoring, v) factoring sin
recurso, vi) factoring con recurso y vii) actividad de corretaje de factoring.

59
El artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero reguló lo relativo al control de las transacciones en efectivo.
60
La preposición se encuentra regulada en los artículos 1332 a 1339 del Código de Comercio. El artículo 1332 define la
preposición de la siguiente manera: “[…] Artículo 1332. PREPOSICIÓN La preposición es una forma de mandato que tiene
por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este
caso, el mandatario se le llamará factor. […]”.

24

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

81.2. El artículo 3° reguló lo atinente al riesgo de impago o de insolvencia, en el
sentido de señalar que en cualquier caso, el cedente o endosante y el factor, podrían
protegerse de tales riesgos mediante la contratación de un seguro.

81.3. El artículo 4° se refirió a las operaciones de factoring sobre títulos cuyo plazo
no hubiere vencido y respecto de las cuales se señaló que podría acordarse
libremente la tasa de descuento o el precio que convenga a las partes intervinientes.

81.4. El artículo 5° estableció reglas en relación con la validez de unas determinadas
cláusulas de cesión de créditos existentes o futuros o de derechos derivados de los
contratos de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios que pueden
pactarse en el contrato de factoring.

81.5. Los artículos 12 y 13 regularon i) lo concerniente a los recursos con los que
debe contar quienes ejercen la actividad de factoring para desarrollarla y ii) las
operaciones que se consideran prohibidas para los factores.

82. Se colige de la confrontación de la norma legal y de la reglamentaria que el
Ejecutivo no formuló medidas para la ejecución práctica del precepto legal que
sustentó el ejercicio de la potestad reglamentaria.

83. En efecto, extendió la regulación más allá del objeto de la disposición legal con
la pretensión de realizar una reglamentación integral de la figura del factoring
aplicable a los factores constituidos como sociedades comerciales que no
estuvieran bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la
Superintendencia de Economía Solidaria y que tuvieran como objeto social
exclusivo la actividad de factoring.

84. El decreto reglamentario estableció los elementos esenciales del factoring, sus
modalidades y la validez de ciertas operaciones y cláusulas de los contratos de
factoring; asimismo reguló aspectos relativos a las personas que realizan
operaciones de factoring.

85. De los antecedentes que dieron origen a la Ley 1231 se advierte que lo que se
pretendía con esta norma, principalmente, era la actualización de la legislación
comercial sobre los títulos valores para aplicarla a la totalidad de facturas
comerciales de bienes y servicios y con ello permitir el desarrollo y masificación de
la herramienta del factoring, como mecanismo de financiación para pequeños y
medianos comerciantes y empresarios.

86. Bajo la anterior perspectiva, los legisladores plantearon la necesidad de que
existieran disposiciones relacionadas con la idoneidad de quienes actúan como
factores y de los títulos objeto de la operación.

87. Estos antecedentes legislativos no permiten colegir que haya sido intención del
legislador expedir reglas generales en relación con el ejercicio de la actividad de

25

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

factoring como lo indica el Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012 en su
parte considerativa que pudieran ser desarrolladas a través del ejercicio de la
potestad reglamentaria.

88. El Ejecutivo desconoció el criterio de necesidad que limita el ejercicio de la
potestad reglamentaria, en la medida en que no definió los asuntos estrictamente
necesarios para la correcta aplicación de la ley, sino que pretendió, se reitera,
realizar una regulación integral del factoring lo cual tuvo como efecto que la ley fue
adicionada por el acto administrativo.

89. El Ejecutivo, conforme el mencionado artículo 8° de la Ley 1231 estaba habilitado
para expedir la reglamentación necesaria para materializar los mandatos relativos a
i) la obligación del factor de verificar la procedencia de los títulos; ii) la exoneración
de responsabilidad por la idoneidad de quienes actúen como factores; iii) medidas,
metodologías y procedimientos que deben adoptar los factores respecto del lavado
de activos y financiación de actividades delictivas; iv) la restricción para que solo las
empresas legalmente organizadas e inscritas en la cámara de comercio
correspondiente pudieran prestar servicios de compra de cartera y v) lo que debía
entenderse por factor y la no aplicación a estos de las normas de la preposición.

90. De esta forma, le asiste razón a la parte accionada al indicar que del contenido
del artículo 8° de la Ley 1231 no se desprende una facultad general para que el
Ejecutivo regule el contenido y alcance de los servicios de compra de cartera al
descuento, así como al manifestar que los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto
núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012 no se adecúan al contenido de la
mencionada norma de orden legal.

91. Conforme a lo anterior, se encuentra acreditado que el Ejecutivo, al expedir los
artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012,
desconoció lo dispuesto en el numeral 11. del artículo 189 de la Carta Política y en
el artículo 8° de la Ley 1231, por lo cual resulta procedente declarar su nulidad.

92. Antela prosperidad del cargo por exceso en el ejercicio de la potestad
reglamentaria, la Sala se abstendrá de analizar los demás cargos formulados en la
demanda61.

61
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2026. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-25-000-2014-00592-00.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de mayo de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de mayo. Consejera ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00558-00.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de septiembre de 2023.
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00234-00.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2016. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación núm. 11001-03-24-000-2009-00457-00.

26

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

II.5. Conclusión

93. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la parte
demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad de los artículos 2°, 3°, 4°,
5°, 12 y 13 del Decreto núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012, en razón a que el
Ejecutivo excedió el ejercicio de su potestad reglamentaria respecto del artículo 8°
de la Ley 1231, de tal forma que procederá a declarar su nulidad.

II.6. Condena en costas

94. La Sala se abstendrá de condenar en costas al no concurrir los supuestos del
artículo 188 de la Ley 1437, por tratarse de un asunto en el que se ventila un interés
público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro y, en consecuencia, SEPARAR
al citado consejero del conocimiento del proceso de la referencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 12 y 13 del Decreto
núm. 2669 de 21 de diciembre de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

27

Radicación núm.: 11001-03-27-000-2014-00130-00
Demandante: Gustavo Adolfo Rincón Plata

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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