Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2018-00021-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-27-000-2018-00021-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2018-00021-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2018-00021-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
31 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Tema: Nulidad del artículo 4 [c] de la Resolución 20173200013377 del 23
de marzo de 2017, proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. Contribución de funcionamiento e inversión vigencia 2017. Irretroactividad de
ley tributaria.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,
en concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20191, corresponde a la Sala decidir el medio de control de nulidad contra el literal c)
del artículo 4 de la Resolución 20173200013377 del 23 de marzo de 20172, proferida
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo texto es el siguiente:
“ARTÍCULO CUARTO. – Sujetos Pasivos, Base Gravable y Tarifa. Para cada uno de las
actividades y servicios de vigilancia y seguridad privada, se establece a favor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el pago de la contribución de la
siguiente forma:
(…)
C. Servicios de asesoría, consultoría e investigación en vigilancia y seguridad privada,
incluyendo poligrafía y para quienes ejerzan las actividades de importación, fabricación,
instalación y comercialización de equipos, sistemas y medios tecnológicos para vigilancia
y seguridad privada, la tarifa es el 1% sobre el valor de los ingresos brutos que perciban
exclusivamente por concepto de estas actividades con corte a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior.”
DEMANDA
Carolina Delgado Esguerra demandó la nulidad del literal c) del artículo 4 de la
Resolución 20173200013377 del 23 de marzo de 20173, por desconocimiento del
principio de irretroactividad de la ley e infracción de las normas en que debía fundarse.
1
Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta.
2
Fls. 60 a 66
3
Fl. 1
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
Invocó como normas violadas los artículos 338 y 363 de la Constitución Política; y 371
de la Ley 1819 de 2016, modificatorio del artículo 76 de la Ley 1151 de 2007 4. Sobre
el concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada aplicó indebidamente la nueva
base gravable que estableció el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016 para la
contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por
prever su liquidación con fundamento en los ingresos brutos de las empresas a 31 de
diciembre de 2016, sin tener en cuenta que dicha ley entró a regir el 29 de diciembre
del mismo año.
Esa modificación dispuesta por la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 respecto de
la base gravable de la contribución a cargo de las personas que ejercen o prestan
actividades y servicios sometidos al control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, comienza a regir en el año 2017,
pues las leyes que regulan los elementos sustanciales del tributo no pueden aplicarse
retroactivamente, sino a partir del año siguiente a aquel en que entran en vigencia.
Dicha prohibición constitucional constituye una regla general que, en el caso de las
contribuciones, implica que sus modificaciones operen únicamente dentro del periodo
siguiente a cuando entra en vigencia la ley que las adopta.
OPOSICIÓN
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada formuló a título de
excepciones previas las de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la
demandada ha acatado y ejecutado la normativa superior; e inepta demanda porque
el Ministerio de Hacienda fue quien presentó el proyecto de Ley 1819 de 20165.
Igualmente, se opuso a las pretensiones6 aduciendo como excepciones de fondo, que
la demanda interpuesta constituye un desgaste injustificado para la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en cuanto recae sobre un acto expedido en cumplimiento
de un deber legal y con respeto a los derechos fundamentales. La actora sólo busca
evadir la responsabilidad impuesta por la nueva normativa que entró a regir el 29 de
diciembre de 2016; el efecto de la ley 1819 de 2016 aplica de manera inmediata a la
promulgación de la misma en diario oficial de la misma fecha; la Superintendencia
carece de legitimación por pasiva, porque no incurrió en ninguna actuación que
lesionara los derechos fundamentales de la actora dado que quien presentó el
proyecto de dicha ley fue el Ministerio de Hacienda; la resolución acusada está
cumpliendo una norma superior y goza de presunción de legalidad; y, los demás
argumentos que resulten probados oficiosamente.
La Ley 1819 de 2016 respondió a la urgente necesidad de una reforma tributaria que
hiciera frente a las razones expuestas en su exposición de motivos, para dinamizar y
oxigenar las finanzas públicas con medidas urgentes que propendieran por un mayor
recaudo en materia de impuestos. Y debe aplicarse obligatoriamente a partir de su
promulgación, el 29 de diciembre de 2016, acatando las normas constitucionales y sin
violar la prohibición de retroactividad.
4
Fl. 4
5
Fls. 68-70
6
Fls. 50 a 58
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
AUDIENCIA INICIAL
El 28 de noviembre de 2019 se instaló la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 20117.
En dicha diligencia se declararon no probadas la excepciones previas de falta de
legitimación en la causa por pasiva e inepta demanda ante la carencia de requisitos
formales pues, de un lado, la legitimación material para ser parte pasiva es de la
autoridad que expide el acto acusado, esto es, el Superintendente de Vigilancia y
Seguridad Privada y, de otra parte, ni el Ministro de Hacienda y Crédito Público tiene
interés directo y sustancial en el asunto objeto de litigio, ni el análisis de legalidad de
la resolución demandada requiere la comparecencia de aquel.
La denegatoria de la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales fue
confirmada por Auto del 26 de febrero de 20208, en sede del recurso de súplica que
interpuso la parte demandada.
Por Auto del 18 de diciembre de 2020 se prescindió reanudar la audiencia inicial en
cuanto se trataba de un asunto de puro derecho que no requería práctica de pruebas,
y se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante9 adujo que la contribución reglamentada por la resolución acusada
constituye un tributo de periodo causado de acuerdo con el resultado económico del
contribuyente en el año calendario que inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre
y cuya base gravable se encuentra conformada por los ingresos brutos obtenidos
durante ese lapso, de modo que las normas que regulan dicho elemento sustancial no
pueden aplicarse a hechos sucedidos en el mismo periodo en que ellas se expiden.
Las normas tributarias que regulan elementos esenciales de los tributos de periodo,
como la contribución a favor de la demandada, principian a regir a partir del periodo
siguiente a aquel en el cual se profieren, de manera que el artículo 371 de la Ley 1819
de 2016 no podía aplicarse a hechos anteriores a ese año ni a los que se desarrollaron
durante el mismo, so pena de vulnerar las normas constitucionales dirigidas a que los
hechos formalizados jurídicamente y en curso al momento de expedirse una ley, no se
vean afectados por los cambios, en aras de la seguridad jurídica. Si así se hubiere
interpretado el artículo mencionado, el literal c) del artículo 4 de la Resolución
demandada habría comenzado a aplicarse en el año 2018 con base en los ingresos
brutos del 2017, en tanto periodo siguiente al de la promulgación de la Ley 1819 de
2016.
El principio de irretroactividad tributaria busca eliminar situaciones de inseguridad
jurídica respecto de la carga impositiva de cada contribuyente y prohíbe aplicar normas
tributarias a situaciones de hecho ocurridas en periodos anteriores a aquel en que
entran a regir (retroactividad propia) o desarrolladas en el mismo periodo gravable en
que se expiden (retroactividad impropia).
7
Fls. 87 a 88, c. p. 1
8
Fls. 97 a 99
9
Índice 46 de Samai
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
Los artículos 338 y 363 de la CP no pueden desconocerse por el hecho de que el
legislador haya dispuesto que la Ley 1819 de 2016 comenzaba a regir "a partir de su
promulgación" ni porque no se hubiera dispuesto una vigencia especial para el artículo
371 ib., ya que ninguna entidad tiene competencia para modificar, desconocer o
inaplicar normas constitucionales.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 10 aludió a las normas en
virtud de las cuales profirió la resolución demandada y a los elementos y forma de
pago de la contribución a su favor, en orden a que los vigilados conocieran las
condiciones de su recaudo, concediendo un tiempo límite para liquidarla y replicando
las normas en las que se fundaba, sin crear o modificar situaciones que violaran
estamentos constitucionales o legales.
La Ley 1819 de 2016 empezó a regir a partir de su promulgación y derogó las
disposiciones contrarias, de manera que tiene aplicación inmediata. Como el acto
acusado se expidió en cumplimiento de dicha ley, sus efectos se producirían a partir
de la vigencia siguiente a esa promulgación, sin retroactividad.
El Ministerio Público11 solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda,
porque la vigencia de la Ley 1819 de 2016 comenzó el 29 de diciembre de ese año y
el período siguiente sería el de 2017, cuando se expidió la resolución acusada (23 de
marzo), para surtir efectos en esa vigencia. La Ley 1819 de 2016 no se ha aplicado
retroactivamente ni se han vulnerado los preceptos constitucionales que invoca la
demandante.
El artículo 371 de dicha ley determinó que la base gravable se encontraba constituida
por los ingresos brutos provenientes de las actividades que allí se describen, con corte
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y tarifa del 1% de dichos ingresos;
la regulación de la contribución especial para el año 2017 cumplió dicha norma.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la norma acusada que reguló el pago de la contribución
a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada respecto de los
servicios de asesoría, consultoría e investigación en dichas áreas, incluyendo
poligrafía, y de quienes ejercen actividades de importación, fabricación, instalación y
comercialización de equipos, sistemas y medios tecnológicos para vigilancia y
seguridad.
En los términos de la demanda, corresponde establecer si el precepto acusado
infringió las normas en que debía fundarse, por implicar la aplicación retroactiva del
artículo 371 de la Ley 1819 de 2016.
Según la demandante, el precepto acusado impone liquidar la contribución por el año
2017 con base en los ingresos brutos que perciben las empresas obligadas a 31 de
diciembre de 2016, no obstante que la ley creadora de dicho tributo comenzó a regir
el 29 de diciembre del mismo año.
10
Índice 48 de Samai.
11
Índice 47 de Samai.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
A contrario sensu, la demandada estima que la Ley 1819 de 2016 debía aplicarse a
partir de su promulgación el 29 de diciembre, para hacer efectivas las urgentes
medidas que motivaron expedirla, en orden a lograr un mayor recaudo tributario.
Ahora bien, el artículo 371 de la Ley 1819 de 201612, cuya violación se invoca, modificó
el artículo 76 de la Ley 1151 de 200713, por el cual se creó una contribución a favor de
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para cubrir los costos y gastos
que ocasionan su funcionamiento e inversión, a cargo de las personas naturales o
jurídicas y los servicios sometidos al control, inspección y vigilancia de dicha entidad,
señalados en el artículo 4 del Decreto Ley 356 de 199414.
Al tenor de la norma modificatoria, la contribución creada se genera por el ejercicio de
la actividad e industria que integran: i) los servicios de vigilancia y seguridad privada
desarrollados en el territorio nacional, en forma remunerada a favor de terceros
(personas jurídicas de derecho público o privado y personas naturales) o en beneficio propio; y, ii)
los servicios autorizados para desarrollar actividades de alto riesgo e interés público y
las personas que en forma remunerada presten servicios de asesoría, consultoría o
investigación en seguridad privada.
Asimismo, dispuso tres reglas diferenciales sobre bases gravables y tarifas aplicables
a las distintas actividades generadoras de la contribución15, a saber:
➢ El 1,5% sobre el capital suscrito para las sociedades comerciales y sobre los
aportes sociales para las cooperativas de vigilancia, para las empresas y
cooperativas prestadoras de los servicios de vigilancia y seguridad privada
humana o electrónica, con cualquiera de las modalidades y medios previstos en
la ley; las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad
privada; los prestadores de servicios de transporte de valores; los que realizan
actividades de fabricación, producción, ensamblaje, elaboración, importación,
comercialización, alquiler, arrendamiento, leasing, comodato, instalación y/o
acondicionamiento de equipos, elementos, productos, bienes y automotores
blindados y, en general, las actividades de blindaje para vigilancia y seguridad
privada.
➢ Del 2% sobre el total de la nómina empleada para la prestación del servicio de
seguridad, reportada a la Superintendencia con corte a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior, para los servicios de vigilancia y seguridad de
empresas u organizaciones empresariales públicas o privadas y los servicios
12
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión
y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
13
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
14
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad
privada por parte de particulares, entendidos como las “actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización
pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y
tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización
y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin.” (Arts. 1 y 2).
“Art. 4. Se hallan sometidos al presente decreto: 1. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con
cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material. 2. Los servicios de transporte de valores. 3. Los servicios de
vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones empresariales, públicas o privadas. 4. Los servicios comunitarios de
vigilancia y seguridad privada. 5. Los servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. 6. Los servicios
de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. 7. La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para
vigilancia y seguridad privada. 8. Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada.”
15
Cada una de las actividades se grava de manera autónoma, independientemente de que recaiga sobre un mismo sujeto (Ley
1819 de 2016, art. 371, par. 1)
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
autorizados para desarrollar actividades de alto riesgo e interés público,
servicios comunitarios y servicios especiales.
➢ El 1% de los ingresos brutos percibidos a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior, para quienes prestan servicios de asesoría,
consultoría e investigación en vigilancia y seguridad privada, incluyendo los de
poligrafía; o ejercen las actividades de importación, fabricación, instalación y
comercialización de equipos, sistemas y medios tecnológicos para vigilancia y
seguridad privada.
El Decreto 1989 de 2008 [5], reglamentario del modificado artículo 76 de la Ley 1151
de 2007, facultó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para solicitar
la información con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior que considerara
necesaria para determinar las bases gravables de la contribución y las fechas en que
esos datos debían declararse y suministrarse a dicha entidad.
Acorde con tal potestad reglamentaria y en su condición de autoridad de supervisión
encargada de ejercer el control, inspección y vigilancia de los entes económicos y de
sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información,
para que cumplieran las normas contables y de información financiera y aseguramiento
de información, con normas técnicas especiales, interpretaciones y guías sobre la
materia; asignada por el artículo 10 de la Ley 1314 de 200916, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada dispuso el procedimiento y los plazos para pagar la
contribución correspondiente a cada uno de los servicios vigilados por aquella durante
la vigencia 2017, en los términos de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), a través de la Resolución 20173200013377 del 23 de marzo del
mismo año.
En ese contexto, dicha resolución previó que la tarifa de la contribución sería del “1%
sobre el valor de los ingresos brutos” percibidos a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior y provenientes de los servicios de asesoría, consultoría e investigación en
vigilancia y seguridad privada, incluyendo poligrafía, así como de las actividades de
importación, fabricación, instalación y comercialización de equipos, sistemas y medios
tecnológicos para vigilancia y seguridad privada.
El precepto anterior, cuya nulidad se depreca, se ajusta a la literalidad de la tercera
regla de base gravable y tarifa prevista en el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016, como
lo ratifica el respectivo cotejo:
Ley 1819 de 2016 Resolución 20173200013377 del 23 de marzo
Art. 371 de 2017 [4, c]
Modifíquese el artículo 76 de la Ley 1151 de
2007, el cual quedará así: (…)
Para cada uno de las actividades y servicios de
Para quienes presten servicios de asesoría, vigilancia y seguridad privada, se establece a
consultoría e investigación en vigilancia y favor de la Superintendencia de Vigilancia y
seguridad privada, incluyendo los de poligrafía; y Seguridad Privada, el pago de la contribución de
para quienes ejerzan las actividades de la siguiente forma:
importación, fabricación, instalación y
comercialización de equipos, sistemas y medios
16
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
tecnológicos para vigilancia y seguridad privada, C. Servicios de asesoría, consultoría e
la base gravable está constituida por los investigación en vigilancia y seguridad privada,
ingresos brutos que perciban exclusivamente incluyendo poligrafía y para quienes ejerzan las
por concepto de estas actividades, con corte actividades de importación, fabricación,
a 31 de diciembre del año inmediatamente instalación y comercialización de equipos,
anterior y la tarifa se establece en el 1% de sistemas y medios tecnológicos para vigilancia y
estos ingresos. seguridad privada, la tarifa es el 1% sobre el
valor de los ingresos brutos que perciban
exclusivamente por concepto de estas
actividades con corte a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior.
En principio, la identidad que se observa entre las disposiciones transcritas descartaría
per se el vicio de nulidad por infracción de normas superiores discutible en el marco
del juicio de legalidad, porque los presupuestos fácticos y jurídicos de unas y otras no
muestran una ruptura material de la que pudiera predicarse la transgresión legal por
parte de la norma inferior, limitada a reproducir el precepto del artículo 371 del ET, sin
que textualmente alterara la base gravable y la tarifa que allí se previeron para
determinados servicios y actividades, a las cuales debía sujetarse.
Sin embargo, la periodicidad de la contribución modificada por el artículo 371 de la Ley
1819 de 2016, implica que la regla general prevista en el artículo 376 ib. sobre la
entrada en vigencia de dicho cuerpo legal a partir del momento en que se promulgó
(29 de diciembre de 2016, por publicación en el Diario Oficial 5001 de la misma fecha) , no desplaza
ni se superpone al mandato constitucional de irretroactividad de la ley tributaria
consignado en el artículo 338 de la CP, en concordancia con el artículo 363 ejusdem17.
En ese sentido, la modificación legal sobre la contribución causable en el año 2017,
con base en los ingresos brutos percibidos por las actividades enunciadas en el quinto
inciso del referido artículo 371 ib., con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior, es decir, del 2016, implica liquidarla con base en hechos correspondientes al
mismo periodo en el que se expide la ley que la dispone (Ley 1819 de 2016) y, por tanto,
conlleva la aplicación retroactiva de la ley tributaria.
Así, queda desvirtuada la presunción de legalidad del literal c) del artículo 4 de la
Resolución 20173200013377 del 23 de marzo de 2017, proferida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y, en consecuencia, la Sala
dispondrá su nulidad.
No se condenará en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1.- ANULAR el literal c) del artículo 4 de la Resolución 20173200013377 del 23 de
marzo de 2017, proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
17
Sobre irretroactividad de la ley tributaria, entre otras, las sentencias C-149 de 1993, C-796 de 2000 y C-235 de 2019.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2018-00021-00 (23729)
Demandante: CAROLINA DELGADO ESGUERRA
2.- No se condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.
3.- Reconocer personería a la abogada Valeria Osorio Rodríguez para actuar como
apoderada de la demandante, conforme al poder conferido18.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
18
Índice 49 de Samai.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.