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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2018-00035-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2018-00035-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- NEGAR la pretensión de nulidad de las siguientes normas: inciso segundo del numeral 9 del artículo 1.2.1.5.1.3, numeral 5.1. del artículo 1.2.1.5.1.8, inciso quinto y parágrafo del artículo 1.2.1.5.1.20, parágrafo 1 del artículo 1.2.1.5.1.27 y artículo 1.2.1.5.1.33 del Decreto 2150 de 2017. 2. Estar a lo resuelto en la sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 23781, respecto de la legalidad del parágrafo 4 del artículo 1.2.1.5.1.24 y el numeral 2.6. del artículo 1.2.1.5.1.36 del Decreto 2150 de 2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3.- DECLARAR la legalidad del aparte “procede el recurso de reposición dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” contenido en los artículos 1.2.1.5.1.10, 1.2.1.5.1.11 y 1.2.1.5.1.12 del Decreto 2150 de 2017, en el entendido de que la remisión al CPACA solo procede respecto de los aspectos procesales no regulados por las normas especiales del título V del ET. 4.- DECLARAR la legalidad del inciso tercero del artículo 1.2.1.5.1.20 del Decreto 2150 de 2017, en el entendido de que los ingresos bajo los cuales deben registrarse las donaciones que no tengan condición por parte del donante son generadores de renta exenta. 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-27-000-2018-00035-00 (23926) Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO 5.- Sin condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2018-00035-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-27-000-2018-00035-00 (23926)
Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 11001-03-27-000-2018-00035-00 (23926)
Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO
Demandado: MINISTERO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Tema: Nulidad de los artículos 1.2.1.5.1.3. [9], 1.2.1.5.1.8 [5.1],
1.2.1.5.1.10 [inc. 2], 1.2.1.5.11 [4], 1.2.1.5.1.12 [inc. 3], 1.2.1.5.1.20 [inc. 3, 5, par.],
1.2.1.5.1.24 [par. 4], 1.2.1.5.1.27 [par. 1], 1.2.1.5.1.33 y 1.2.1.5.1.36 [2.6] del Decreto
2150 de 2017. Régimen Tributario Especial. Requisitos. Beneficio neto o excedente.
Determinación. Exención. Destinación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,
en concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20191, corresponde a la Sala decidir el medio de control de nulidad contra los artículos
1.2.1.5.1.3. [9], 1.2.1.5.1.8. [5.1], 1.2.1.5.1.10 [inc. 2], 1.2.1.5.11 [4], 1.2.1.5.1.12 [inc.
3], 1.2.1.5.1.20 [inc. 3, 5, par.], 1.2.1.5.1.24 [par. 4], 1.2.1.5.1.27 [par. 1], 1.2.1.5.1.33
y 1.2.1.5.1.36 [2.6] del Decreto 2150 de 20172, proferido por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, en los apartes que a continuación se subrayan:

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.3. Registro web. El registro web es un requisito de obligatorio
cumplimiento que se construye con base en la información suministrada por los
contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto, con el objeto de dar
transparencia al proceso de calificación, permanencia y actualización en el Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario.

(…)

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de la información de que trata el parágrafo 2 del artículo 364-
5 del Estatuto Tributario, se precisa en los diferentes procesos de calificación o
permanencia y actualización, los siguientes aspectos:

9. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año,
de que trata el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, así:

1
Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta.
2
Por el cual se sustituyen los Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, se adiciona un artículo al Capítulo 2 del Título
4 de la Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al literal a) del artículo 1.6.1.2.11. del Capítulo 2 del
Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las
donaciones de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, el Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la renta y
complementario y el artículo 19-5 del Estatuto Tributario. (Fls. 25 a 57, c. p. 1)

1
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Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO

En el proceso de permanencia y actualización se debe adjuntar la certificación firmada por
el representante legal y revisor fiscal cuando exista la obligación de tenerlo, en caso
contrario corresponderá a la firma del contador público, los cuales certifican que los
contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto han cumplido con las
disposiciones establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus
decretos reglamentarios.

(…)”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.8. Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como
entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial. Los contribuyentes de que trata
el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto deberán anexar a la solicitud de calificación o
permanencia, sin perjuicio de la información de que trata el artículo 1.2.1.5.1.3. de este
Decreto, los siguientes documentos:

(…)

5. Certificación suscrita por el representante legal, de conformidad con el numeral 3 del
artículo 364-3 del Estatuto Tributario, en la que conste que:

5.1. Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de
órganos de dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra
la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico,
siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión
del delito, lo que se acreditará mediante certificado de antecedentes judiciales. (…)”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.10. Calificación en el Régimen Tributario Especial del
Impuesto sobre la renta y complementario de los contribuyentes que la soliciten. Una
vez surtido el procedimiento previsto el artículo 1.2.1.5.1.5. de este Decreto y evidenciado
que los contribuyentes que solicitaron la calificación en el Régimen Tributario Especial del
Impuesto sobre la renta y complementario de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1.2.1.5.1.7. de este Decreto no cumplen la totalidad de requisitos de que tratan los artículos
1.2.1.5.1.3, 1.2.1.5.1.5 y 1.2.1.5.1.8, la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN expedirá el acto administrativo debidamente
motivado que niegue la solicitud de calificación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
al vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para dar respuesta a los comentarios
de la sociedad civil o al vencimiento del término para la recepción de comentarios de la
sociedad civil cuando no exista ningún comentario, conforme con lo establecido en el
artículo 356-2 del Estatuto Tributario. En este caso, el contribuyente seguirá perteneciendo
al régimen tributario ordinario del impuesto sobre la renta y complementario.

Contra el acto administrativo que niegue la solicitud de calificación en el Régimen Tributario
Especial del impuesto sobre la renta y complementario procede el recurso de reposición
dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. (…)”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.11. Solicitud para la permanencia como entidad perteneciente
al Régimen Tributario Especial. Las entidades a que se refieren los Parágrafos
transitorios primero y segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, que opten por la
permanencia, deberán:

(…)

Contra el acto administrativo de exclusión del Régimen Tributario Especial procede el
recurso de reposición, dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…)”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.12. Trámite y efecto de la solicitud de permanencia en el
Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario. Una vez
surtido el procedimiento previsto en el artículo 1.2.1.5.1.5. de este Decreto y evidenciado
que los contribuyentes que presentaron la solicitud de permanencia en el Régimen

2
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Tributario Especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.1.11., de este
Decreto no cumplen la totalidad de requisitos de que tratan los artículos 1.2.1.5.1.3.,
1.2.1.5.1.5. y 1.2.1.5.1.8. de este Decreto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN tendrá hasta el treinta y uno (31) de octubre de
2018 para expedir el acto administrativo que niega la solicitud de permanencia en el
Régimen Tributario Especial.

(…)

Contra el acto administrativo que niega la solicitud de permanencia en el Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario, procede el recurso de
reposición dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. (…)”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.20. Ingresos. El ingreso para los contribuyentes a que se refiere el
artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto, son los devengados contablemente en el año o
periodo gravable, aplicando las limitaciones y excepciones de que trata el Título I del Libro
primero del Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstos.

(…)

Las donaciones que no tengan condición por parte del donante deberán registrarse como
ingresos.

(…)

En la medida que la donación condicionada se vaya cumpliendo o se cumpla en su
totalidad, esta se reconocerá como ingreso. Los rendimientos que genere la donación se
reconocerán como ingreso de conformidad con el inciso primero de este artículo.

PARÁGRAFO. Para efectos de la determinación de los ingresos fiscales de que trata el
presente artículo, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional harán parte
de la determinación del beneficio neto o excedente.”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.24. Determinación del beneficio neto o excedente de las
entidades del Régimen Tributario Especial. El beneficio neto o excedente fiscal de que
trata el artículo 357 del Estatuto Tributario, de los sujetos a que se refiere el artículo
1.2.1.5.1.2. de este decreto que se encuentren calificados o clasificados en el Registro
Único Tributario -RUT, en el Régimen Tributario Especial, se calculará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

(…)

PARÁGRAFO 4. De manera excepcional, en caso que existan egresos improcedentes,
estos se detraerán del beneficio neto o excedente y estarán sometidos a la tarifa del veinte
por ciento (20%) de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo
1.2.1.5.1.36. de este Decreto. (…)”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.27. Exención del beneficio neto o excedente. Estará exento el
beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.24. de
este Decreto, siempre que esté reconocido en la contabilidad y/o en la conciliación fiscal o
sistema de registro de diferencias, de conformidad con el artículo 772-1 del Estatuto
Tributario, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

(…)

PARÁGRAFO 1. Cuando la naturaleza y la magnitud de un programa en desarrollo de una
o varias de las actividades meritorias de su objeto social, implique que la ejecución del
beneficio neto o excedente de que trata el numeral 1 de este artículo, requiera realizarse
en un plazo superior a un (1) año e inferior a cinco (5) años, deberá contar con la aprobación

3
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de la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, señalando el plazo adicional
para la ejecución que se hará de dicho beneficio neto o excedente.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN,
en ejercicio de sus facultades de fiscalización verificará la justificación y pertinencia del
plazo adicional para la destinación del beneficio neto o excedente. (…)”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.33. Plazo para resolver la solicitud de ampliación de términos
para la ejecución de las asignaciones permanentes. Una vez recibida la solicitud de
ampliación del término adicional para la ejecución de la asignación permanente, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la resolverá
dentro de los dos (2) meses siguientes mediante acto administrativo contra el cual
proceden los recursos de reposición y apelación, en los términos y condiciones previstos
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

“ARTÍCULO 1.2.1.5.1.36. Tarifas del impuesto sobre la renta y complementario de
las entidades del Régimen Tributario Especial. Los contribuyentes a que se refiere el
artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto aplicarán las siguientes tarifas sobre el beneficio neto
o excedente que resulte gravado, así:

(…)

2. Tarifa del veinte por ciento (20%): Estarán gravados a la tarifa del veinte por ciento
(20%):

(…)

2.6. La parte del beneficio neto o excedente que resulte de la omisión de ingresos o
inclusión de egresos improcedentes, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por
causales de exclusión de las que trata el artículo 364-3 del Estatuto Tributario y esta
sección. (…)”

DEMANDA

Liliana Rodríguez Burgos, actuando en representación de la Confederación
Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales – CCONG, y Juan Carlos
Jaramillo Díaz, demandaron la nulidad parcial de las normas transcritas3, por infracción
del ordenamiento jurídico superior en que debían fundarse y exceso de la facultad
reglamentaria.

Al efecto, invocaron la transgresión de la Ley 1819 de 2016, y los artículos 67 de la
Ley 6 de 1992; 93 y 94 del Decreto Ley 10 de 2012; 48, 125 [2, par. 2], 354 [5, par. 2,
No. 13], 358, 360, 364-5 [9] y 720 del Estatuto Tributario4.

Los conceptos de violación respecto de las normas acusadas cuestionaron la
reglamentación sobre: i) firmas conjuntas del representante legal y el revisor fiscal para
certificar la permanencia y actualización en el régimen tributario especial; ii) recurso
de reposición contra los actos que niegan las solicitudes de calificación y permanencia
en el régimen tributario especial y contra los que disponen la exclusión del mismo; iii)
recurso de reposición y apelación contra los actos que resuelven las solicitudes de
ampliación de términos para ejecutar las asignaciones permanentes; iv) tratamiento
fiscal de ingresos para las donaciones no condicionadas y para las condicionadas en
la medida en que se va cumpliendo la condición; v) inclusión de dividendos y

3
Fls. 2 a 6, c. p. 1
4
Fl. 7, c. p. 1

4
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participaciones en la base de determinación del beneficio neto o excedente; vi)
tributación de los egresos no procedentes a la tarifa del 20%; y plazos adicionales para
ejecutar los programas y asignaciones permanentes a los que se destina el beneficio
neto o excedente.

En acápite aparte5, la demandante solicitó la suspensión provisional de las normas
demandadas, medida negada por Auto del 8 de marzo de 20196.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa Especial de
Impuestos y Aduanas Nacionales se opusieron a los cargos de nulidad formulados, a
través de sus respectivos escritos de contestación de la demanda7 y alegatos de
conclusión8.

Por razones metodológicas, los fundamentos de cada concepto de violación y de la
oposición se abordarán de manera integral en la parte considerativa de esta
providencia, junto con el concepto del Ministerio Público sobre cada uno de ellos9.

Mediante Auto del 10 de noviembre de 202010, el despacho sustanciador ordenó surtir
el trámite de sentencia anticipada, previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto
806 de 2021, en el entendido que el presente proceso correspondía a un asunto de
pleno derecho que no requería la práctica de pruebas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de las siguientes normas del Decreto 2150 de 2017, en
el marco de los conceptos de violación y los argumentos de oposición que pasan a
exponerse:

Artículo 1.2.1.5.1.3. [9, inc. 2]

Argumentos de la parte actora (demanda y alegatos de conclusión): El cumplimiento de
requisitos para el proceso de permanencia y actualización del régimen tributario
especial puede ser certificado por el representante legal del contribuyente “o” su
revisor fiscal. Exigir la certificación del representante legal “y” del revisor fiscal
desconoce la armonía y coherencia que debe existir entre las normas reglamentarias
y el ordenamiento legal.

Argumentos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN (contestaciones de la demanda y alegatos
de conclusión): la actora incurre en un error de adecuación e interpretación normativa,
porque el numeral 9 acusado refiere al proceso de permanencia y actualización,
fundamentado en el artículo 149 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el artículo 356-
3 del ET, referido a la actualización del RUT para los contribuyentes del régimen
tributario especial y a la facultad del ejecutivo para reglamentar los términos de la
documentación que debe presentarse ante la DIAN. El reglamento no se apoya en el

5
Fls. 22 a 23, c. p. 1
6
Fls. 106 a 111, c. p. 2
7
Fls. 81 a 92 y 93 a 104, c. p. 1
8
Samai, índices 40 y 43
9
Samai, índice 42. Los alegatos de las partes reiteran demanda y contestación.
10
Samai, índice 36

5
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artículo 364-5 ib., invocado en la demanda y referido al registro web y a la remisión de
comentarios de la sociedad civil. El certificado previsto en el numeral 9 del artículo
1.2.1.5.1.3. que se analiza, da fe de que una entidad sin ánimo de lucro ha cumplido
los requisitos para ser beneficiaria del régimen tributario especial, según información
contenida en el registro web constituido por la DIAN para tal efecto.

En desarrollo de la facultad reglamentaria conferida por el artículo 356-3 del ET y sin
perjuicio de la información mencionada, establecida en el artículo 364-5 del ET, la
norma reglamentaria dispuso la necesidad del certificado firmado por el representante
legal y el revisor fiscal en el proceso de permanencia y actualización del citado artículo
356-3 ib., tal como lo indica esta disposición legal. En consecuencia, el reglamento se
ajustó a la norma que le sirvió como fundamento.

Concepto del Ministerio Público: el requisito exigido por la norma acusada no excede la
potestad reglamentaria y se encuentra acorde con el artículo 356-3 del ET que
reglamenta y que regula el deber de actualización del RUT para los contribuyentes del
régimen especial, con la exigencia de manifestación expresa y conjunta del
representante legal y del revisor fiscal de la entidad perteneciente al régimen especial
de tributación, sobre el lleno de los requisitos legales aplicables.

Análisis de la Sala

En aras de garantizar la transparencia y publicidad del proceso de calificación en el
régimen tributario especial, la Ley 1819 de 2016 estableció el deber de registro a cargo
de las entidades que pretendieran ser calificadas en dicho régimen, en un aplicativo
web señalado por la DIAN11, contentivo de la información enumerada en el parágrafo
del articulo 364-5 del ET12, adicionado por dicha ley, actualizable anualmente y al cual
la comunidad pudiera acceder para expresar sus comentarios y observaciones sobre
el cumplimiento de requisitos por parte de la respectiva entidad, permitiéndole a ésta,
a su vez, desestimar unos y otras, en el marco de los plazos y condiciones
reglamentadas por el gobierno nacional.

11
El parágrafo 3 del artículo 364-5 del ET permite que dicho registro pueda ser el de entidades sin ánimo de lucro que llevan las
cámaras de comercio, en los términos y condiciones del Decreto ley 2150 de 1995, en el artículo 166 del Decreto ley 019 de 2012
y las demás normas que las sustituyan o modifiquen, siempre que se garantice la accesibilidad pública de dicho registro desde
un aplicativo web y que los comentarios recibidos se dirijan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
12
“1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad; 2. La descripción de la actividad meritoria; 3. El monto y el
destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda; 4. El monto y el destino de las asignaciones
permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social,
cuando corresponda.
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control.
6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.
7. Los nombres e identificación de los fundadores.
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y
el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos, se entiende que la donación a una entidad del Régimen
Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro. (Aparte tachado INEXEQUIBLE por
sentencia C-022 de 2020)
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, se
deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos
realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad.
12. Los estados financieros de la entidad.
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde se evidencie que han cumplido
con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda.
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten.

6
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Entre la información que debe contener el registro, el numeral 13 del parágrafo 2 del
artículo 364-5 del ET incluyó “el certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con
la declaración de renta donde se evidencie que han cumplido todos los requisitos durante el respectivo
año, cuando corresponda.”

El artículo 1.2.1.5.1.3 del Decreto 2150 de 2017 se ocupó de la reglamentación
facultada por el citado artículo 364-5, precisando que el registro web se construía con
base en la información suministrada por las entidades contribuyentes del régimen
tributario especial, para dar transparencia a los procesos de calificación, permanencia
y actualización en el mismo, y que para ello el registro contendría la información
prevista en el parágrafo 2 de dicha norma legal, suministrada a la DIAN por quienes
opten por dicho proceso, sin perjuicio de la relacionada con determinados
aspectos de los procesos de calificación o permanencia y actualización, como,
entre otros, el del numeral 9 que aquí se cuestiona, esto es, el certificado del
representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde se
evidencie que han cumplido todos los requisitos durante el respectivo año de que trata
el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, con
modulaciones específicas para cada tipo de proceso (permanencia o actualización) o para
ambos, a las cuales sujetó la aplicación de dicho enunciado general finalizado con el
adverbio de modo “así”, explicativo o determinante del alcance de aquél.

Antecedida por dicha expresión, el inciso segundo del numeral 9 pasó a referirse a
ambos procesos (permanencia y actualización), ordenando que se adjuntara la
certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal cuando exista la
obligación de tenerlo, en perfecta armonía con la norma legal sobre actualización del
RUT para los contribuyentes del régimen tributario especial, en la cual se lee: Las
entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el año inmediatamente anterior
deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los términos que establezca
el Gobierno nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación del
representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración de renta en que haga
constar que durante el año al cual se refiere la declaración han cumplido con todos los requisitos
exigidos por la ley, como reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración,
con la actualización de la información de la plataforma de transparencia. (ET, art. 356-3)

En ese contexto, la regla común anteriormente comentada, a la que se unen mandatos
concretos en materia de proceso de permanencia13 y de proceso de actualización14,
no contradice el imperativo legal del numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del
ET que, de antemano, fue incorporado por el numeral 9 del artículo 1.2.1.5.1.3 del
Decreto 2150 de 2017, ni desborda la facultad reglamentaria, sino que desarrolla una
específica situación del proceso de actualización atinente al RUT de los contribuyentes
del régimen tributario especial, para así dotarla de coherencia con la norma superior
que lo regula.

No procede entonces el cargo de nulidad contra el aparte “por el representante legal y
revisor fiscal” de la norma acusada.

Artículo 1.2.1.5.1.8. [5.1]

13
Adicionalmente a la certificación correspondiente, debe informarse el número del formulario, del radicado o del autoadhesivo y
la fecha de presentación de la última declaración de renta y complementarios del año gravable 2017.
14
Adicionalmente a la certificación correspondiente, debe informar el número del formulario, del radicado o del autoadhesivo, y la
fecha de presentación de la última declaración de renta y complementario del año gravable anterior al proceso de actualización.

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Argumentos de la parte actora (demanda y alegatos de conclusión): El artículo 93 del Decreto
Ley 019 de 2012 suprimió el certificado judicial y tanto las entidades públicas como los
particulares que requieran conocer dichos antecedentes pueden consultarlos en línea;
la exigencia de dicho certificado para acreditar el pasado judicial de los administrados
desconoce el principio constitucional de la buena fe.

Argumentos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN (contestaciones de la demanda y alegatos
de conclusión): la norma demandada no ordena aportar el certificado de antecedentes
judiciales, pues los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o
los miembros de los órganos de dirección son quienes deben consultar sus
antecedentes en el portal web de la Policía Nacional y, con esa información en línea,
certificar los antecedentes correspondientes.

El reglamento sólo ordenó allegar un certificado del representante legal en el que
constara que ciertas personas no se habían declarado responsables por determinados
delitos, como forma en que los miembros del órgano de dirección de una entidad sin
ánimo de lucro pueden acreditar ante el representante legal de la misma que no se les
ha responsabilizado por los punibles enunciados en la norma.

Concepto del Ministerio Público: la norma demandada no exige la presentación del
documento que certifique los antecedentes judiciales de los miembros de junta
directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección,
sólo la certificación del representante legal en cuanto a la inexistencia de declaratoria
de responsabilidad penal de aquellos, por delitos contra la administración pública, el
orden económico social y el patrimonio económico. El responsable de la certificación
es quien puede consultar los antecedentes judiciales de los sujetos objeto de la misma.
Por supresión de trámites y practicidad de consulta en línea, el certificado judicial dejó
de exigirse como documento anexo.

Análisis de la Sala

A través del artículo 1.2.1.5.1.8. in examine, se enlistaron los anexos de las solicitudes
de calificación o permanencia en el régimen tributario especial, incluyendo, entre ellos,
la certificación suscrita por el representante legal, de conformidad con el numeral 3 del
artículo 364-3 del Estatuto Tributario15, en la que se hiciera constar ciertos aspectos
puntuales, como el hecho de que los miembros de junta directiva, fundadores,
representantes legales o miembros de órganos de dirección no se hubieran declarado
responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden
económico y social y el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hubieren
implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito, “lo cual se acreditará
mediante certificado de antecedentes judiciales”.

15
Perderán los beneficios del Régimen Tributario Especial las entidades que:
1. No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2 del Estatuto Tributario.
2. No cumplan con lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del presente Estatuto.
3. Cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección:
a) Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el
patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito;
b) Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los
hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta.

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La disposición reglamentaria así planteada no contradice el ordenamiento legal,
porque, acorde con su literalidad, el certificado que establece como anexo no es el de
antecedentes judiciales sino el expedido por el representante legal de la entidad sobre
la irresponsabilidad penal de los miembros de junta directiva, fundadores,
representantes legales o miembros de órganos de dirección respecto de los delitos
que allí establece, cuando se hubiere utilizado a la entidad para la comisión de los
mismos.

Ese certificado del representante legal, además de armonizar con el alcance de la
norma legal que reglamenta [364-3, a) del ET], contribuyendo a la verificación del
presupuesto que en ella se establece, responde a la funcionalidad jurídica de los
antecedentes judiciales llamados a dar fiabilidad de la información certificada, esto es,
la inexistencia de responsabilidad penal en cabeza de quienes menciona el numeral
5. 1. de la norma reglamentaria, respecto de los delitos que allí se indican, mediante
el único instrumento que el ordenamiento jurídico reconoce como fuente de consulta
legítima, cierta y confiable de ese tipo de información.

En efecto, los antecedentes judiciales o penales, como registro público de la existencia
o inexistencia de delitos establecidos por sentencias judiciales definitivas, según
mandato constitucional16, es el documento contentivo de información personal sobre
el tipo y las razones de la responsabilidad penal, las circunstancias sustanciales y
procesales de la misma y el monto de la pena, a la que puede accederse en el marco
del derecho fundamental al habeas data, en cuanto reposa en bases de datos que
afectan la intimidad de su titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación17.

Tal base de datos opera a través de programas informáticos que permiten la
alimentación, modificación y consulta de la misma, con sujeción a los principios de
finalidad, necesidad, utilidad, circulación y difusión restringida, y a los límites y
competencias llamadas a garantizar los derechos y libertades de los sujetos titulares
de la información, por las cuales provee el artículo 15 de la CP18; su custodia fue
asignada al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, junto con la función de
implementar un mecanismo de consulta en línea garante del acceso a dicha
información19, en las condiciones y con las seguridades requeridas por el reglamento,
sin perjuicio de que la administración de registros delictivos se sujete a las normas de
la Ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales20.

Concordantemente y en orden a lograr instituciones eficientes, transparentes y
cercanas al ciudadano, considerando la presunción de buena fe, los principios de
confianza legítima, transparencia y moralidad, y la prohibición de exigir permisos,
licencias o requisitos para ejercer derechos reglamentados de manera general, el
Decreto 019 de 2012 racionalizó y simplificó los trámites, procedimientos y
regulaciones innecesarias para facilitar la actividad de las personas naturales y

16
CP, Art. 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes
penales y contravencionales en todos los órdenes legales.
17
Corte Constitucional, SU-458 de 2012.
18
“En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución.”
19
Decreto 0019 de 2012 [95] “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”.
20
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, reglamentada por el
Decreto 1377 de 2013.

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jurídicas ante las autoridades, en aplicación de los principios de eficiencia, equidad,
eficacia y economía en las actuaciones administrativas. En ese contexto, dicho decreto
suprimió la obligación de presentar antecedentes judiciales para trámites con
entidades de derecho público o privado y, en su lugar, facultó a las entidades públicas
y a los particulares requirentes de conocer los antecedentes judiciales de personas
nacionales o extranjeras para consultarlos en línea en los registros de las
correspondientes bases de datos que la policía mantiene y actualiza de acuerdo con
los informes y avisos que le remiten las autoridades judiciales, conforme a la
Constitución Política y a la ley.

Así pues, siendo claro que la supresión antitrámite solo recayó sobre la obligación de
presentar los antecedentes judiciales ante entidades públicas y privadas y no sobre
los antecedentes propiamente dichos, se entiende vigente el acceso a los mismos por
parte de las personas públicas y particulares que requieran conocerlos para los
diferentes procedimientos y actuaciones ante la Administración Pública, como los
representantes legales de las entidades que solicitan la calificación y/o permanencia
en el régimen tributario especial y la propia Administración de Impuestos, respecto de
la verificación de presupuestos legales para la permanencia en el régimen tributario
especial, en este caso el previsto en el numeral 3 [a] del artículo 364-3 del ET, según
el cual, las entidades cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes
legales o miembros de órganos de dirección fueren responsables penalmente por
delitos contra la Administración Pública, el orden económico y social y contra el
patrimonio económico, por hechos que hayan implicado la utilización de la entidad para
la comisión de delitos, son excluibles del régimen tributario especial.

En consecuencia, la expresión “lo que se acreditará mediante certificado de
antecedentes judiciales” contenida en el numeral 5.1. del artículo 1.2.1.5.1.8 aquí
analizado, se encuentra ajustada a derecho.

Artículos 1.2.1.5.1.10 [inc. 2], 1.2.1.5.11 [inc. 4], 1.2.1.5.1.12 [inc. 3] y
1.2.1.5.1.33

Argumentos de la parte actora (demanda y alegatos de conclusión): El recurso de reposición
previsto contra los actos administrativos que niegan las solicitudes de calificación y
permanencia en el régimen tributario especial, que disponen la exclusión del mismo o
que deciden sobre la ampliación de términos para la ejecución de asignaciones
permanentes, fue tácitamente derogado por el artículo 67 de la Ley 6 de 1992, que
establece el recurso especial de reconsideración para atacar los actos de la
administración tributaria. Como las normas demandadas omiten mencionar dicho
recurso de reconsideración y dado que el de apelación, por su parte, no se encuentra
establecido en aquellas, se vulnera el derecho al debido proceso de los administrados,
pues éstos carecen de los mecanismos legales idóneos para impugnar los actos
referidos.

Argumentos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN (contestaciones de la demanda y alegatos
de conclusión): Las normas acusadas reglamentaron adecuadamente la Ley 1819 de
2016 que estableció el recurso de reposición contra los actos de calificación,
permanencia y exclusión del régimen tributario especial, a través de los artículos 356-
2 y 364-3 del ET, de modo que los cargos que cuestionan dicho medio de impugnación
atacan el contenido mismo de la ley y escapan a la competencia del Consejo de
Estado.

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Como la ley tributaria no previó un procedimiento específico para controvertir los actos
que resuelven la solicitud de ampliación de términos para ejecutar las asignaciones
permanentes, para tal efecto pueden aplicarse las normas generales previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre
recursos de reposición y apelación.

Concepto del Ministerio Público: el recurso de reposición se encuentra legalmente
establecido contra los actos administrativos que definen el cumplimiento de requisitos
para pertenecer al régimen tributario especial, y esa disposición especial excluye la
procedencia del recurso de reconsideración.

Análisis de la Sala

El legislador tributario reconoce el derecho a discutir los actos de la Administración de
Impuestos en el contexto de la regulación del procedimiento tributario, contenida en el
Libro Quinto – Título V del Decreto 624 de 1989, como expresión del derecho de
defensa y contradicción que se incorpora al principio y derecho fundamental del debido
proceso, a través de los recursos previstos en el artículo 720 y siguientes, sin perjuicio
de los demás mecanismos de control en vía administrativa.

Acorde con dicho artículo, el recurso de reconsideración procede contra las
liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro
de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos
administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales del
Estatuto Tributario; y se admite la prescindencia del mismo para acudir directamente
ante la jurisdicción cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento
especial y no obstante se practique liquidación oficial.

En estos términos el legislador estableció el mencionado recurso como regla general
de impugnación contra los actos emitidos por la autoridad tributaria nacional en
relación con los impuestos que administra, siempre que el legislador tributario no
hubiere dispuesto otro medio de oposición preferente en el marco del principio de
especialidad expresamente reconocido en la norma, como en efecto lo es el recurso
de reposición facultado por los artículos 721, 72221 y demás disposiciones que lo
estatuyen contra actos concretos de la administración de impuestos22.

Los actos que niegan la solicitud de calificación al régimen tributario especial
hacen parte de aquellos recurribles en reposición. Así lo dispone el inciso tercero del
artículo 356-2 del ET23, sin lugar a interpretaciones opuestas a la exégesis de dicha
norma.

21
ARTICULO 721. COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSION. Corresponde al Jefe de la Unidad de Recursos Tributarios,
fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones, y en
general, los demás recursos cuya competencia no este adscrita a otro funcionario. (…)
ARTICULO 722. REQUISITOS DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACION Y REPOSICION. El recurso de reconsideración
o reposición deberá cumplir los siguientes requisitos: (…)
22
A modo enunciativo, los autos que inadmiten recursos, las resoluciones que imponen sanción por clausura del establecimiento
y por incumplir la clausura, las resoluciones que rechazan excepciones, y ordenan adelantar la ejecución y el remate de los bienes
embargados y secuestrados en los procedimientos administrativos de cobro (726, 728, 735, 834), entre otros
23
“En caso de que la Administración Tributaria compruebe el incumplimiento de los requisitos al momento de la solicitud, la entidad
no podrá ser registrada en el RUT como contribuyente del Régimen Tributario Especial y seguirá perteneciendo al régimen

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Lo mismo ocurre con los actos que niegan la solicitud de permanencia en dicho
régimen, pues el parágrafo transitorio de la misma norma legal24, en concordancia con
el parágrafo transitorio 1 del artículo 19 ib.25, dispuso que las entidades clasificadas en
el régimen tributario especial a 31 de diciembre de 2016 pertenecerían al mismo sin
necesidad de pronunciamiento expreso por parte de la DIAN, pero, en el caso de
modificarse tal calidad, que equivale a negarse la permanencia prevista en la norma,
debía expedirse el respectivo acto administrativo a más tardar el 31 de diciembre de
2018, contra el cual procedería el recurso de reposición.

En el caso de los actos que ordenan la exclusión del régimen tributario especial,
la Ley 1819 de 2016 [160] adicionó el artículo 364-3 del ET26, cuyo parágrafo 427 previó
que los recursos de reposición y apelación procederían contra el acto administrativo
que dispusiera la exclusión señalada, de modo que mientras este no quedara en firme,
la entidad excluida mantendría su calidad de entidad sin ánimo de lucro sometida al
régimen referido.

Esta disposición, vigente al momento de expedirse el decreto 2150 de 2017 aquí
demandado28, cobra plena aplicación para respaldar la legalidad de la reglamentación
dispuesta por el artículo 1.2.1.5.1.11, por lo menos desde la perspectiva que plantea
la parte actora, en la medida en que alude al recurso de reposición establecido en el
dispositivo legal.

Finalmente, contra los actos que resuelven la solicitud de ampliación del término
adicional para ejecutar la parte del beneficio neto o excedente constitutivo de
asignaciones permanentes reservadas con fines de reinversión en activos
relacionados con la misma actividad, el Estatuto Tributario no establece un recurso en
concreto.

Sin embargo, a la luz del debido proceso constitucional y tratándose de una decisión
que incide en el derecho a la exención tributaria sobre el beneficio neto o excedente,
condicionado por la destinación directa o indirecta del mismo en el año siguiente a su
obtención, a programas que desarrollan el objeto social y la actividad meritoria de la
entidad, conforme al artículo 360 del ET29, es lo propio que el destinatario de dicha

tributario ordinario, para lo cual se expedirá el correspondiente acto administrativo, contra el que procede recurso de
reposición.”
24
Las entidades a las que se refieren los parágrafos transitorios 1o y 2o del artículo 19 de este Estatuto deberán presentar ante
la administración tributaria los documentos que para el efecto establezca el reglamento, a través de los sistemas informáticos
que para estos fines adopte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estos documentos serán objeto de
verificación y se someterán al procedimiento previsto en el artículo 364-5 de este Estatuto. Estas entidades pertenecerán al
Régimen Tributario Especial sin necesidad de pronunciamiento expreso por parte de la DIAN, excepto en aquellos casos en que
se decida modificar dicha calidad, para lo cual se expedirá el acto administrativo correspondiente a más tardar el 31 de octubre
de 2018. Contra dicho acto administrativo procederá recurso de reposición.
25
“Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuaran
en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente
Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional.”
26
Norma sustituida por el artículo 62 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, declarada inexequible por Sentencia C-481 de
2019, con efectos hacia el futuro a partir del 1 de enero de 2020, para que el Congreso pudiera ratificar, derogar, modificar o
subrogar los contenidos de dicha ley, lo que a la postre se cumplió con la Ley 2010 de 2019.
27
“La administración tributaria deberá proferir mediante acto administrativo debidamente motivado la decisión respectiva sobre la
cual procederán los recursos de reposición y apelación. Mientras el acto administrativo correspondiente no se encuentre en firme,
la entidad mantendrá su calidad de entidad sin ánimo de lucro sometida al Régimen Tributario Especial.”
28
E igualmente a la fecha de presentación de la demanda (13 de julio de 2018)
29
“Cuando se trate de programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en el artículo 358, o se trate de
asignaciones permanentes, la entidad deberá contar con la aprobación de su Asamblea General o del órgano de dirección que
haga sus veces.
(…)
En cualquier caso, las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a cinco (5) años y deberán invertirse en
el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la entidad fue calificada el Régimen

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decisión cuente con los mecanismos de defensa y contradicción generales, de los que
pueda hacer uso en caso de querer oponerse a la misma.

En ese sentido y ya que la regla general del recurso de reconsideración del artículo
720 del ET opera en el contexto de los procedimientos tributarios de determinación de
los impuestos, no así de las actuaciones tramitadas en el régimen tributario especial
que, se repite, no previó ningún mecanismo especial preferente de impugnación contra
el acto que resuelve la solicitud de ampliación del término adicional para la ejecución
de la asignación permanente, procederían los recursos de reposición y apelación
mencionados en la norma acusada y establecidos en el artículo 74 del CPACA para
atacar los actos definitivos que se profieren en el procedimiento administrativo, habida
cuenta de que el artículo 2 ib. facultó acudir a las normas de dicho código respecto de
aquello que los procedimientos regulados por las leyes especiales no previeren, como
en efecto ocurre con los recursos que proceden contra la citada decisión de solicitud
de ampliación de plazo adicional.

En consecuencia, el artículo 1.2.1.5.1.33 del Decreto 2150 de 2017 se estima ajustado
a derecho.

Asimismo y a la luz del principio de especialidad, los apartes “procede el recurso de
reposición dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo” de los artículos 1.2.1.5.1.10, 1.2.1.5.1.11 y 1.2.1.5.1.12 del
mismo decreto, se consideran ajustados a derecho en el entendido de que la remisión
al CPACA solo procede respecto de los aspectos procesales no regulados por las
normas especiales del título V del ET, de aplicación principal y preferente.

Artículo 1.2.1.5.1.20 [inc. 3, 5 y par.]

Argumentos de la parte actora (demanda y alegatos de conclusión): Las donaciones no
condicionadas se registran en el ingreso y dan lugar a rentas exentas, sin embargo, el
reglamento solo se refirió a dicho registro.

El reglamento cambió la naturaleza del registro de la donación condicionada de
patrimonio a ingreso y con ello dispuso un verdadero contenido normativo, en lugar de
determinar directrices para el cumplimiento de la misma.

Los dividendos y participaciones señalados en el inciso segundo del artículo
1.2.1.5.1.20, no constituyen renta ni ganancia ocasional gravadas, por disposición del
artículo 48 del ET, pero esa condición la desconoce el parágrafo de la norma
reglamentaria citada al tomarlos como parte de la base para la determinación del
beneficio neto o excedente.

Argumentos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN (contestaciones de la demanda y alegatos
de conclusión): según la DIAN, las consideraciones del Decreto 2150 de 2017 aluden a

Tributario Especial. Con las asignaciones permanentes podrán adquirirse nuevos activos, siempre que los mismos estén
destinados al desarrollo de la actividad meritoria. En todo caso, los rendimientos obtenidos de los activos adquiridos con las
asignaciones permanentes también deben destinarse al desarrollo de la actividad meritoria.
PARÁGRAFO. En caso de que la Entidad sin ánimo de lucro requiera realizar asignaciones permanentes que superen el plazo
de los cinco (5) años, deberá realizar una solicitud en tal respecto ante la dependencia que el Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales mediante resolución.”

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la necesidad de reglamentación y precisión de los ingresos y egresos como factores
integrantes para determinar el beneficio neto o excedente. La concreta reglamentación
de ingresos no ameritaba la alusión a las rentas exentas, porque éstas fueron
directamente otorgadas por la Ley 1819 de 2016.

El reglamento no cambió la naturaleza del registro de la donación condicionada de
patrimonio a ingreso, solo se refirió a los rendimientos generados por la donación
sujetos a las reglas, requisitos y condiciones previstos en el Título I, Capítulo I del Libro
Primero del ET.

La aplicación del tratamiento previsto para las sociedades nacionales, a los dividendos
y participaciones recibidas por las entidades del régimen tributario especial, implica
dar a aquellos el alcance de un ingreso, sin lugar a entenderlos como no constitutivos
de renta ni ganancia ocasional, puesto que los excedentes de dichas entidades no se
reembolsan ni distribuyen, sino que deben reinvertirse en las actividades meritorias
que coadyuvan a los fines esenciales del Estado.

En el régimen general, el tratamiento de los dividendos y las participaciones busca
evitar la doble tributación en cabeza de la sociedad y de los socios que reciben las
utilidades generadas, y en el régimen tributario especial que prohíbe la distribución de
excedentes, el propósito de incorporarlos como parte del ingreso fiscal y no poderlos
detraer como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional o renta exenta, es que
hagan parte de la determinación del beneficio neto o excedente reinvertible y
controlable por la Administración Tributaria, permitiendo su trazabilidad y las
consecuencias derivadas del incumplimiento del régimen en caso de no realizarse la
reinversión.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda sostuvo que el reglamento reiteró el tratamiento
tributario establecido para las donaciones sin condición, sin contradecir la previsión
legal de generación de rentas exentas cuando se destinan a actividades meritorias; el
hecho de que no se hubiere referido a éstas no significa que las haya eliminado, pues
las normas superiores e inferiores conforman un todo armónico que debe interpretarse
de manera sistemática.

La reglamentación solo se refirió al tema de ingresos, porque a éste se contrae el
objeto descrito en la parte considerativa del Decreto 2150 de 2017. Y, lejos de
modificar el tratamiento de las donaciones condicionadas, como lo entiende la
demandante a partir de un supuesto equivocado, se limitó a precisar la forma de
registrarlas una vez la condición de la donación se va cumpliendo, para así
complementar y dotar de eficacia a la ley que guardó silencio al respecto; de hecho, el
inciso cuarto del artículo 1.2.1.5.1.20, en concordancia con la ley, previó que las
donaciones condicionadas debían registrarse en el patrimonio.

El ataque al parágrafo de dicho artículo no desarrolla un argumento concreto de
ilegalidad y toma un falso supuesto de contradicción con el inciso segundo de dicha
norma, la cual solo reforzó los artículos 357 del ET y 3 del Decreto 640 de 2005, así
como con una prohibición inexistente en el artículo 48 del ET, pues, legalmente, la
determinación del beneficio neto o excedente toma la totalidad de los ingresos,
cualquiera que sea su naturaleza; y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional, entre ellos los dividendos y las participaciones distribuidos con la condición
de no gravados, no pueden incidir en dicha determinación.
14
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Concepto del Ministerio Público: el decreto reglamentario no cambió la naturaleza de las
donaciones que, al ser condicionadas, implican la entrega la cosa solo si se cumplen
ciertas circunstancias futuras y tienen la misma naturaleza de un ingreso recibido por
anticipado, tratable como pasivo y amortizable en la medida en que se cumple la
condición. Siendo el patrimonio un conjunto de bienes, derechos y obligaciones
pertenecientes al contribuyente, tanto las donaciones carentes de condición, como
aquellas en las que se cumple la eventual condición que tengan deben reconocerse
como ingresos realizados y exentos en la medida que se cumpla la actividad meritoria
del contribuyente.

Para la determinación del beneficio neto o excedente se toma la totalidad de los
ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, de manera que aquellos no constitutivos
de renta hacen parte de dicho cálculo, con el que se busca ejercer control sobre las
entidades pertenecientes al régimen tributario especial. Cosa diferente es el
tratamiento tributario de los dividendos y participaciones no gravados, los cuales son
objeto de depuración para los contribuyentes del régimen ordinario, a título de ingresos
no constitutivos de renta.

Análisis de la Sala

La regulación legal del impuesto sobre la renta incluye las donaciones y
contribuciones30 entre las deducciones que, conforme al artículo 26 del ET, inciden en
la depuración de la renta líquida gravable (capítulo V del título I – Libro Primero del ET); y que
cuando se hacen a favor de entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen
tributario especial, o de las entidades no contribuyentes de los artículos 22 y 23 ib.,
dan lugar al descuento del impuesto en los términos del artículo 257 ejusdem31.

En ese contexto, el artículo 125-2 estableció modalidades de donaciones que dan
derecho a la deducción, la de dinero, la de títulos valores y la de otros activos32, y a
través de su parágrafo 2, adicionado por el artículo 156 de la Ley 1819 de 2016, previó
que dichas donaciones podían encontrarse sujetas o no a condición, con diferentes
formas de registro.

En efecto, se dispuso que las donaciones carentes de condición por parte del donante
debían registrarse como ingresos generadores de rentas exentas, siempre que se
destinaran a la actividad meritoria. Y que las donaciones condicionadas por el donante
imponían su registro directo en el patrimonio, para que ellas y sus rendimientos se
usaran en las actividades meritorias.

30
ET, Art. 125. Las personas jurídicas obligadas al pago del impuesto sobre la renta por el ejercicio de cualquier tipo de actividad,
que realicen donaciones de dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas y de la Biblioteca Nacional también tendrán derecho a deducir el ciento por ciento (100%) del valor real donado para
efectos de calcular el impuesto sobre la renta a su cargo correspondiente al período gravable en que se realice la donación.
31
“Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial del impuesto
sobre la renta y complementarios y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario,
no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta
y complementarios, equivalente al 25% del valor donado en el año o período gravable. El Gobierno nacional reglamentará los
requisitos para que proceda este descuento.
32
Según tal norma, las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir las siguientes modalidades: 1. Cuando se done
dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 2.
Numeral modificado por el artículo 27 de la Ley 383 de 1997. Cuando se donen títulos valores (según el artículo 125-3 ib. en
ningún caso procede la deducción por donación de títulos valores, entre otros) se estimarán a precios de mercado de acuerdo
con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores (Hoy Superintendencia Financiera de Colombia). Cuando se
donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición más los ajustes por inflación (derogados por el artículo 78
de la Ley 1111 de 2006) efectuados hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha.

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Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO

En el mismo sentido, el inciso tercero del artículo 1.2.1.5.1.20 dispuso que las
donaciones que no tuvieran condición por parte del donante debían registrarse como
ingresos, entendiéndose que la falta de adjetivo reglamentario para dichos ingresos
legalmente identificados como “generadores de rentas exentas”, no es óbice para
admitir que el registro recae sobre ingresos asociados a la generación de ese tipo de
rentas, puesto que así lo dispone la norma legal marco retomada por el artículo in
examine, esto es, el parágrafo 2 del artículo 125-2 del ET, a la luz del cual debe
interpretarse el inciso tercero aquí examinado, de modo que su lectura, alcance y
aplicación se comprenda en el marco de la norma legal que toma como referente.

De igual forma y refiriéndose a las donaciones condicionadas, el inciso quinto del
mismo artículo 1.2.1.5.1.20 señaló que, en la medida en que la condición se fuere
cumpliendo o se cumpliere en su totalidad, sería reconocida como ingreso, al igual que
sus rendimientos; ello, de acuerdo con el inciso primero de dicha norma, según el cual,
el ingreso para los contribuyentes del régimen tributario especial es el devengado
contablemente en el año o periodo gravable, con las limitaciones y excepciones de que
trata el Título I del Libro primero del Estatuto Tributario y los requisitos y condiciones
allí previstos.

La norma así planteada armoniza con el alcance jurídico de las donaciones no
condicionadas y responde al efecto práctico del cumplimiento de cualquier condición
dispuesta, esto es, la desaparición de la misma por encontrarse satisfecha y,
consiguientemente, la transformación de la donación inicialmente condicionada en
donación no condicionada parcial o totalmente, según sea su grado de cumplimiento.
Desde esa perspectiva, lo que hace el inciso quinto demandado es reiterar la forma
legal de registro aplicable a las donaciones no condicionadas, en las que se convierten
aquellas cuyas condiciones se han cumplido, aspecto carente de regulación expresa
en el parágrafo 2 del artículo 125-2 del ET, pero directamente relacionado con el
supuesto de hecho que en él se regla y, por tanto, pasible del desarrollo reglamentario
aquí cuestionado.

Por lo demás, la reglamentación específica sobre el registro de las donaciones
condicionadas se encuentra en el inciso cuarto del artículo 1.2.1.5.1.20, que ordenó
registrarlas directamente en el patrimonio fiscal, para ser usadas, junto con sus
rendimientos, en las actividades meritorias; ajustándose de esta manera al parámetro
legal de registro que el citado parágrafo 2 del artículo 125-2 previó para dichas
donaciones.

De otra parte, el parágrafo del artículo 1.2.1.5.1.20 igualmente demandado,
estableció que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional harían parte
de la determinación del beneficio neto o excedente, para efectos de calcular los
ingresos fiscales de los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial.

La parte actora invoca su particular interpretación del inciso segundo del artículo
1.2.1.5.1.20, en el sentido de que los dividendos y participaciones recibidos por los
contribuyentes del régimen tributario especial tienen el tratamiento establecido en el
artículo 48 del ET, a la luz del cual no se encuentran gravados ni constituyen renta o
ganancia ocasional. Sin embargo, el parágrafo acusado les hace perder esa condición,
al tomarlos como parte de la base para determinar del beneficio neto o excedente.

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Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO

El mencionado inciso segundo dispuso que los dividendos y participaciones recibidos
por los contribuyentes del régimen tributario especial tendrían el tratamiento previsto
para las sociedades nacionales, y se reconocerían como ingreso fiscal en el momento
de abonarse en calidad de exigibles para determinar el beneficio neto o excedente.

Ciertamente el artículo 48 del ET niega la condición de renta o ganancia ocasional a
los dividendos y participaciones percibidos por socios, accionistas, comuneros,
asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes en el país,
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte fueran residentes, o
sociedades nacionales; previendo que deben corresponder con las utilidades de la
sociedad33.

No obstante, dicha norma incluida en la regulación del capítulo 1, título I del ET (arts.
26 a 57-2), sobre ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, integra el
régimen ordinario del impuesto sobre la renta, paralelo al régimen tributario especial
regulado por las normas principales y posteriores del título VI ib. (arts. 356 a 364-6), en el
que la determinación del beneficio neto o excedente toma todos los ingresos percibidos
por los contribuyentes de dicho régimen especial, de cualquier naturaleza, para
restarles los egresos procedentes en la forma dispuesta por el artículo 357 del ET.

Frente a esa generalidad en los ingresos sobre los que se determina el beneficio neto
y que, a la luz del artículo 3 del Decreto 4400 de 200434, modificado por el artículo 2
del Decreto 640 de 2005, comprenden todos los bienes, valores o derechos, en dinero
o en especie, ordinarios y extraordinarios, de cualquier naturaleza y denominación,
percibidos en el periodo gravable y susceptibles de incrementar el patrimonio neto de
la entidad, no merecería ningún reparo el reconocimiento de dividendos y
participaciones como ingreso fiscal para la determinación del beneficio neto o
excedente.

Más allá de ello, el argumento de nulidad se torna equívoco para la proposición jurídica
estructural del cargo de nulidad (la pérdida de una condición de no gravabilidad), puesto que
el parágrafo acusado no distingue a los dividendos y participaciones como parte de la
base para la determinación del beneficio neto o excedente; sólo lo hace respecto de
los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, cualificación que la norma
del régimen ordinario invocada por la actora (art. 48 del ET) niega para dichos dividendos
y participaciones.

En este orden de ideas, el inciso tercero del artículo 1.2.1.5.1.20 del Decreto 2150 de
2017 se declarará legal, en el entendido de que los ingresos bajo los cuales deben
registrarse las donaciones que no tengan condición por parte del donante, son

33
“Los dividendos y participaciones percibidos por los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que
sean personas naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes
en el país, o sociedades nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior,
tales dividendos y participaciones deben corresponder a utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad. Si las
utilidades hubieren sido obtenidas con anterioridad al primero de enero de 1986, para que los dividendos y participaciones sean
un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional deberán además figurar como utilidades retenidas en la declaración
de renta de la sociedad correspondiente al año gravable de 1985, la cual deberá haber sido presentada a más tardar el 30 de julio
de 1986. Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados por
sociedades anónimas comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de inversión, de fondos de pensiones de jubilación e invalidez y
de fondos de empleados que obtengan los afiliados, suscriptores, o asociados de los mismos.”
34
Por el cual se reglamenta el artículo 19 y el Título VI, Libro I del Estatuto Tributario referente al Régimen Tributario Especial y
se dictan otras disposiciones.

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generadores de renta exenta, y se negará la pretensión de nulidad del inciso quinto y
del parágrafo de la misma norma.

Artículos 1.2.1.5.1.24 [par. 4] y 1.2.1.5.1.36 [2.6]

Argumentos de la parte actora (demanda y alegatos de conclusión): las normas acusadas violan
el artículo 358 del ET, porque el pago de la tarifa del 20% sobre los egresos no
procedentes se fundamenta en el aparte legal según el cual, el beneficio neto o el
excedente generado en la no procedencia de egresos, no es objeto del beneficio. La
derogatoria tácita de dicho aparte legal condujo a que desapareciera la autorización
legal que soportaba el pago de dicha tarifa.

Argumentos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN (contestación a la demanda y alegatos de
conclusión): Legalmente, los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial
están sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o
excedente a la tarifa única del 20%, siendo entonces necesario establecer, para
efectos fiscales, el tratamiento de las inversiones destinadas a fines diferentes al
fortalecimiento del patrimonio y no reinvertidas en las actividades meritorias para las
cuales se califica a la entidad.

Para acceder a la exención sobre el beneficio neto o excedente de las entidades sin
ánimo de lucro, debe cumplirse el requisito de destinación o reinversión en su objeto
social y la actividad meritoria de la entidad; lo no destinado a esos propósitos tiene la
condición de gravado.

El tratamiento especial de las entidades que cumplan ciertas actividades genera
beneficios del 20% de la tarifa en el impuesto bajo el lleno de ciertas condiciones y de
la exención del impuesto si el beneficio neto se reinvierte. Pretender la exención del
impuesto para los egresos no procedentes, por el hecho de no explicitarse el gravamen
sobre los mismos, contradice la voluntad legislativa y es una interpretación acomodada
del Estatuto Tributario que elimina los fines del régimen tributario especial porque
grava el beneficio carente de las condiciones legales para la exención, a la tarifa del
20%.

El artículo 358 de ET contempla la exención del beneficio neto o excedente cuando se
destina a programas que desarrollan el objeto social y meritorio de la entidad, sin crear
exenciones adicionales.

Concepto del Ministerio Público: Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial
están sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto
excedente a la tarifa del 20% y que éste es exento cuando se destina directa o
indirectamente al desarrollo del objeto social y la actividad meritoria de la
contribuyente. Los ingresos omitidos y los egresos improcedentes pierden el beneficio
de exención y deben gravarse a la tarifa especial del 20%.

Análisis de la Sala

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Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO

El artículo 356 del ET dispuso que los contribuyentes señalados en el artículo 19 ib.35,
calificados en el Registro Único Tributario como pertenecientes a Régimen Tributario
Especial, se someten al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto
o excedente determinado en la forma prevista por el artículo 357 del ET, a la tarifa
única del veinte por ciento (20%).

Refiriéndose a dicha determinación y en concordancia con el citado artículo 357 ib., el
artículo 5 del Decreto 4400 de 2004 señaló que el beneficio neto o excedente gravado
resultaría de tomar la totalidad de los ingresos, ordinarios y extraordinarios, de
cualquier naturaleza o denominación y no exceptuados de gravamen, y restarles los
egresos procedentes de conformidad con el artículo 4 ib., modificado por el Decreto
640 de 2005 [3].

Según la norma modificatoria, se consideran egresos procedentes los realizados en el
respectivo período gravable, que tuvieren relación de causalidad con los ingresos o
con el objeto social, incluidas las inversiones realizadas en cumplimiento del mismo y
la adquisición de activos fijos36, y las donaciones a favor de otras entidades sin ánimo
de lucro que desarrollen actividades y programas en salud, deporte, educación formal,
cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o
desarrollo social, enunciadas en el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 4400 de 2004.

Por su parte, el parágrafo del artículo 8 ib., modificado por el Decreto 640 de 2005 [4],
precisó que el beneficio neto o excedente fiscal de las entidades que cumplieran las
condiciones del entonces numeral 1 del artículo 19 del ET37, gozaba de exención si el
excedente contable se reinvertía en las actividades de su objeto social, siempre que
este correspondiera a las enunciadas en el artículo 359 del ET y que a ellas tuviera
acceso la comunidad. Así mismo, previó que la parte del beneficio neto o excedente
generado en la no procedencia de los egresos constituía ingreso gravable sometido a
la tarifa del veinte por ciento (20%), sobre el cual no procedía ningún descuento.

De esta manera, la reglamentación del régimen tributario especial hizo eco del artículo
358 del ET, modificado por la Ley 1819 de 2016 [150], según el cual, el beneficio neto
o excedente determinado de conformidad con el artículo 357 ib. tendría el carácter de
exento, cuando se destinara directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en
el cual se obtuvo, a programas que desarrollaran el objeto social y la actividad meritoria
de la entidad. Y la parte del beneficio neto o excedente no invertida en los programas

35
Asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro que excepcionalmente pueden
solicitar ante la administración tributaria su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, bajo los
condicionamientos previstos en el mismo numeral.
36
Acorde con la misma norma, no hay lugar a depreciación ni amortización respecto de la adquisición de activos fijos e inversiones
solicitadas como egreso en el año de adquisición.
37
a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural,
investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social;
b) Que dichas actividades sean de interés general, y
c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.
Después de la reforma dispuesta por la ley 1819 de 2016 [140], la norma quedó disponiendo que todas las asociaciones,
fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales y, excepcionalmente, pueden solicitar ante la
administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2 del ET, su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario
Especial, siempre y cuando, estén legalmente constituidas; su objeto social sea de interés general en una o varias de las
actividades meritorias establecidas en el artículo 359, a las que debe tener acceso la comunidad; y sus aportes no sean
reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni
directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo
356-1.

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que desarrollan el objeto social de la entidad, quedaría gravada en el año en que ello
ocurriere.

Igualmente, el citado artículo 358 ib. precisó que, para efectos de la exención, la
entidad sin ánimo de lucro debía encontrarse calificada en el RUT como perteneciente
al Régimen Tributario Especial y cumplir la regulación especial del Estatuto Tributario
(arts. 19 a 23 y Título I, Capítulo VI del Libro I), correspondiéndole a sus representantes
legales, revisor fiscal, contador y miembros del órgano de administración, certificar el
debido cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la exención.

Tal como lo advierte la actora, la reforma legislativa de 2016 no incluyó el inciso
segundo del texto original del artículo 358, que relegaba del beneficio de exención al
beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de egresos. Sin embargo,
de tal circunstancia no puede predicarse una derogatoria tácita que permita acceder al
beneficio de exención ni la supresión del fundamento legal para cobrar la tarifa del
20%, porque la interpretación sistemática de la regulación traída a colación permite
deducir que la procedencia de egresos es requisito ab initio de la exención pues, en el
marco de la regla legal de determinación del beneficio neto o excedente, los egresos
procedentes constituyen factor liquidatorio del mismo, en cuanto únicos detraibles de
los ingresos anuales obtenidos por la entidad del régimen tributario especial, modo que
sin ellos el beneficio sería simplemente incalculable.

Desde esa perspectiva, los egresos “improcedentes” son ajenos al beneficio neto
resultante de la determinación legal del mismo y, consiguientemente, a la exención en
el régimen tributario especial que, de acuerdo con el artículo 358 del ET, solo opera
respecto del beneficio neto debidamente liquidado con base en ingresos y egresos
“procedentes” y presupone la destinación directa o indirecta de aquel a programas que
desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a
cuando se obtuvo, de modo que la parte no invertida en esos programas queda
gravada en el año en que ello ocurre.

Sin duda, el parágrafo 4 del artículo 1.2.1.5.1.24 y el numeral 2.6. del artículo
1.2.1.5.1.36 del Decreto 2150 de 2017 concuerdan con la regulación superior
examinada, pues reconocen el gravamen de los egresos improcedentes a la tarifa
legalmente aplicable y, en esa medida, se ajusta a la filosofía del régimen tributario
especial, a los fines que lo inspiran y al carácter taxativo de las exenciones, que
restringe las mismas a los sujetos, requisitos y condiciones legales bajo las cuales se
establecieron, sin lugar a interpretaciones analógicas para extenderlas a supuestos no
previstos en la ley.

No obstante la anterior perspectiva desestimatoria de la violación del artículo 358 del
ET que fundamenta el cargo de nulidad, aduciendo la derogatoria tácita predicada de
la modificación legal introducida por el artículo 150 de la ley 1819 de 2016, es del caso
observar que la sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 2378138, declaró la
legalidad condicionada de las normas reglamentarias in examine, frente a la violación
del artículo 357 ib.39, planteada en dicho proceso, “bajo el entendido de que se grava con la

38
CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
39
El demandante de dicha causa alegó que la voluntad legislativa fue la de desgravar los egresos calificados como improcedentes
dentro del proceso de determinación del beneficio neto o excedente, de modo que no existía fundamento legal para que las
disposiciones acusadas sometieran los egresos improcedentes a imposición bajo una tarifa del 20%.

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tarifa del 20% el mayor beneficio neto o excedente originado en el egreso rechazado por improcedente”,
en consideración a que:

La determinación de la base gravable para las entidades sin ánimo de lucro, esto es,
su excedente o beneficio neto, es una facultad que, en virtud del principio de reserva
de ley, se encuentra asignada al legislador. Ese es el caso de la regla prevista en el
artículo 357 del ET, en la que dispuso textualmente que el referido beneficio se
calculará teniendo en cuenta los ingresos y egresos realizados por la entidad que
guarden relación de causalidad con su objeto social.

Siguiendo ese criterio, las disposiciones demandadas no desconocerían el mandato
previsto en el artículo 357 ibidem, bajo el entendido de que el Ejecutivo no dispuso de
factores distintos a los que puedan llegar a adquirir la connotación de ingreso o egreso
como determinantes para el cálculo del beneficio. Lo anterior, porque el egreso
calificado como improcedente no puede tenerse en cuenta como un factor positivo
adicional que aumenta la cuantía de la base imponible o directamente sujeto a
imposición como una especie de renta líquida gravable especial, pues una vez se
determina que no cumple los requisitos de causalidad requeridos, solo puede excluirse
del cálculo del excedente o beneficio neto.

La exclusión o rechazo del egreso improcedente genera de manera forzosa un mayor
valor de beneficio neto o excedente que efectivamente está sometido a imposición a
la tarifa del 20% prevista para el régimen tributario especial; de modo que sobre esa
cuestión particular, la Sala determinó la interpretación de la norma acusada que se
ajustaba al ordenamiento jurídico, precisando que “las normas acusadas indican que lo
sometido a imposición a la tarifa del 20% es el mayor valor del beneficio neto o excedente resultado del
egreso rechazado por improcedente.”

Así pues y en orden a mantener el principio de coherencia en las diferentes normas
que conforman el ordenamiento jurídico, en esta oportunidad se replica el
condicionamiento interpretativo señalado, dispuesto por la sentencia del 4 de
diciembre de 2019 que, como se anotó párrafos atrás, declaró la “legalidad
condicionada del parágrafo 4.° del artículo 1.2.1.5.1.24 y del ordinal 2.6 del artículo
1.2.1.5.1.36 Decreto 1625 de 2016, incorporados por el Decreto 2150 de 2017, bajo el
entendido de que se grava con la tarifa del 20% el mayor beneficio neto o excedente
originado en el egreso rechazado por improcedente”, para declarar que respecto de
dichas normas operó la cosa juzgada por cuenta de la sentencia mencionada, en
cuanto contentiva de la única interpretación posible para el parágrafo 4 del artículo
1.2.1.5.1.24 y el numeral 2.6 del artículo 1.2.1.5.1.36 del Decreto 2150 de 2017, aquí
demandados, según se lee:

“… la Sala encuentra que las disposiciones demandadas no desconocen el mandato
previsto en el artículo 357 ibidem, bajo el entendido de que el Ejecutivo no dispuso de
factores distintos a los que puedan llegar a adquirir la connotación de ingreso o egreso
como determinantes para el cálculo del beneficio.

Sobre el particular, cabe aclarar que la Sala arriba a la anterior conclusión partiendo de la
base que el egreso calificado como improcedente no podrá tenerse en cuenta como un
factor positivo adicional que aumenta la cuantía de la base imponible o que directamente
pueda someterse a imposición como una especie de renta líquida gravable especial, puesto
que una vez se determina que no cumple con los requisitos de causalidad requeridos, solo
podrá excluirse del cálculo del excedente o beneficio neto. Ahora bien, dicha exclusión o

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rechazo del egreso improcedente genera de manera forzosa un mayor valor de beneficio
neto o excedente que efectivamente estará sometido a imposición a la tarifa del 20%
prevista para el régimen tributario especial.

Por lo anterior, sobre esta cuestión particular, la Sala procede a declarar una legalidad
condicionada, en el sentido de determinar la interpretación de la norma acusada que se
ajusta al ordenamiento jurídico entre todas las posibles. Se precisa por tanto que las
normas acusadas indican que lo sometido a imposición a la tarifa del 20% es el mayor valor
del beneficio neto o excedente resultado del egreso rechazado por improcedente.”

De contera, respecto de la legalidad del parágrafo 4 del artículo 1.2.1.5.1.24 y el
numeral 2.6. del artículo 1.2.1.5.1.36 del Decreto 2150 de 2017, la Sala ordenará
estarse a lo resuelto en la sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 23781.

Artículo 1.2.1.5.1.27 [par. 1]

Argumentos de la parte actora (demanda y alegatos de conclusión): El reglamento creó una
limitante de tiempo para el uso del beneficio neto o excedente bajo la figura de “plazos
adicionales”, de uno a cinco años, no obstante que la ley no previó dicha restricción
temporal para la destinación del beneficio al objeto social de la contribuyente mediante
dicha figura, como sí lo dispuso para los casos de destinación del beneficio bajo la de
“asignación permanente”.

Argumentos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN (contestación a la demanda y alegatos de
conclusión): el concepto de violación es erróneo, porque el parágrafo in examine no
reglamenta las asignaciones permanentes sino la exención del beneficio neto o
excedente; la realización de dichas asignaciones en plazos superiores a cinco años
presuponen una solicitud de plazo adicional ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales bajo el procedimiento ajustado a la ley que lo sustenta y desarrollado por
los artículos 1.2.1.5.1.30 a 1.2.1.5.1.33 del reglamento.

El artículo 153 de la Ley 1819 de 2016 regula la autorización para solicitar plazos
adicionales a la hora de invertir, en tanto que la norma acusada refiere a la exención
del beneficio neto o excedente.

Concepto del Ministerio Público: la norma reglamentaria reitera el plazo de destinación
legalmente establecido, pues el artículo 358 del ET establece la exención del beneficio
neto o excedente cuando se destina directa o indirectamente en el año siguiente al que
se obtuvo, pero ante la previsión legal de que la ejecución de ciertas inversiones puede
implicar más de un periodo fiscal, la propia ley permitió su ejecución en plazos
adicionales no superiores a cinco años.

Análisis de la Sala

Ante la previsión de programas con ejecución requirente de plazos adicionales al
previsto en el artículo 358 del ET (el año siguiente al de la obtención del beneficio neto) o de
asignaciones permanentes, el artículo 360 del ET40, modificado por el artículo 153 de

40
Cuando se trate de programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en el artículo 358, o se trate de
asignaciones permanentes, la entidad deberá contar con la aprobación de su Asamblea General o del órgano de dirección que
haga sus veces.

22
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la Ley 1819 de 2016, exigió a la entidad del régimen tributario especial contar con la
aprobación de su Asamblea General u órgano de dirección llamado a dejar constancia
de la destinación de dichos excedentes, de los plazos que se definan para tal efecto y
del porcentaje autorizado para incrementar su patrimonio.

De acuerdo con ello, la norma estableció un límite de cinco años de duración para las
asignaciones permanentes y el deber de invertirlas en el desarrollo de la actividad
meritoria contemplada en el objeto social en virtud del cual la entidad sin ánimo de
lucro obtuvo su calificación en el Régimen Tributario Especial. Y, en caso de requerir
la realización de asignaciones permanentes en plazos superiores, ordenó solicitarlo
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Ciertamente el legislador solo previó un tiempo concreto de duración respecto de las
asignaciones permanentes. Frente a los programas ejecutables en plazos adicionales
se limitó a exigir la aprobación del órgano directivo de la entidad; a esos programas se
refirió la norma acusada, reiterando el requisito de aprobación mencionado, con la
previsión de un rango de ejecución oscilante entre más de un año y hasta cinco.

En esencia, dicho periodo no transgrede el precepto del artículo 360 del ET, porque
además de que este no prohibió que los plazos adicionales para programas en general
pudieran oscilar entre uno y cinco años, lo cierto es que aquel reconoció que esos
programas podían requerir la adición de plazos sin precisar el tiempo de los mismos.

Como la norma abierta frente al aspecto señalado admitiría cualquier plazo superior,
inclusive por encima del legalmente dispuesto para las asignaciones permanentes, era
necesaria y jurídicamente pertinente la regulación expresa del aspecto omitido,
mediante la complementación reglamentaria en la forma en que lo hizo el parágrafo 1
del artículo 1.2.1.5.1.27, esto es, con la fijación de un periodo que transcurra dentro
del techo temporal previsto en la misma norma legal para la duración de las
asignaciones permanentes (un máximo de 5 años), de modo que se atendiera el parámetro
que el legislador tributario quiso disponer para los plazos adicionales de ejecución del
beneficio neto o excedente, en un todo normativo armónico.

Conclusiones

Con base en el análisis de legalidad hecho respecto de las normas demandadas del
Decreto 2150 de 2017, de cara al control que debe ejercerse sobre el régimen tributario
especial, en tanto exceptivo de la tributación ordinaria en el impuesto sobre la renta,
para dotarlo de eficacia y garantizar que sus beneficios solo se produzcan respecto de
las entidades sin ánimo de lucro legalmente pertenecientes al mismo, se concluye que:

El órgano de dirección de las entidades que desarrollen las actividades meritorias definidas en el artículo 359, debe aprobar los
excedentes generados, y dejar constancia en el acta de la destinación de dichos excedentes, de los plazos que se definan para
tal efecto y del porcentaje que se autorice para incrementar su patrimonio.
La reunión del órgano de dirección debe celebrarse con anterioridad al 31 de marzo de cada año.
En cualquier caso, las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a cinco (5) años y deberán invertirse en
el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la entidad fue calificada en el Régimen
Tributario Especial. Con las asignaciones permanentes podrán adquirirse nuevos activos, siempre que los mismos estén
destinados al desarrollo de la actividad meritoria. En todo caso, los rendimientos obtenidos de los activos adquiridos con las
asignaciones permanentes también deben destinarse al desarrollo de la actividad meritoria.
PARÁGRAFO. En caso de que la Entidad sin ánimo de lucro requiera realizar asignaciones permanentes que superen el plazo
de los cinco (5) años, deberá realizar una solicitud en tal respecto ante la dependencia que el Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales mediante resolución.

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Radicado: 11001-03-27-000-2018-00035-00 (23926)
Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO

➢ El inciso segundo del numeral 9 del artículo 1.2.1.5.1.3; el numeral 5.1. del
artículo 1.2.1.5.1.8; el inciso quinto y el parágrafo del artículo 1.2.1.5.1.20; el
parágrafo 1 del artículo 1.2.1.5.1.27 y el artículo 1.2.1.5.1.33 del Decreto 2150
de 2017 se encuentran ajustados a derecho; en consecuencia, se negará la
pretensión de nulidad de dichas normas.

➢ Respecto de la legalidad del parágrafo 4 del artículo 1.2.1.5.1.24 y el numeral
2.6. del artículo 1.2.1.5.1.36 del Decreto 2150 de 2017, estará a lo resuelto en
la citada sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 23781.

➢ El aparte “procede el recurso de reposición dentro de los términos señalados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” contenido en los
artículos 1.2.1.5.1.10, 1.2.1.5.1.11 y 1.2.1.5.1.12 se estima legal, en el
entendido de que la remisión al CPACA solo procede respecto de los aspectos
procesales no regulados por las normas especiales del título V del ET.

➢ De la misma forma, el inciso tercero del artículo 1.2.1.5.1.20 del Decreto 2150
de 2017 se considera legal, en el entendido de que los ingresos bajo los cuales
deben registrarse las donaciones que no tengan condición por parte del donante
son generadores de renta exenta.

No se condenará en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- NEGAR la pretensión de nulidad de las siguientes normas: inciso segundo del
numeral 9 del artículo 1.2.1.5.1.3, numeral 5.1. del artículo 1.2.1.5.1.8, inciso quinto y
parágrafo del artículo 1.2.1.5.1.20, parágrafo 1 del artículo 1.2.1.5.1.27 y artículo
1.2.1.5.1.33 del Decreto 2150 de 2017.

2. Estar a lo resuelto en la sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 23781, respecto
de la legalidad del parágrafo 4 del artículo 1.2.1.5.1.24 y el numeral 2.6. del artículo
1.2.1.5.1.36 del Decreto 2150 de 2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

3.- DECLARAR la legalidad del aparte “procede el recurso de reposición dentro de los términos
señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
contenido en los artículos 1.2.1.5.1.10, 1.2.1.5.1.11 y 1.2.1.5.1.12 del Decreto 2150 de
2017, en el entendido de que la remisión al CPACA solo procede respecto de los
aspectos procesales no regulados por las normas especiales del título V del ET.

4.- DECLARAR la legalidad del inciso tercero del artículo 1.2.1.5.1.20 del Decreto
2150 de 2017, en el entendido de que los ingresos bajo los cuales deben registrarse
las donaciones que no tengan condición por parte del donante son generadores de
renta exenta.

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Radicado: 11001-03-27-000-2018-00035-00 (23926)
Demandante: LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS Y OTRO

5.- Sin condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en
sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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