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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00022-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00022-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la nulidad de la Resolución nro. 176, del 13 de enero de 2020, respecto de la Fundación Salud de los Andes. 2. A título de restablecimiento del derecho, declarar sin efectos la actualización del RUT de la demandante, relativa a su clasificación en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, para el año 2019 3. Sin condena en costas. 5 Sentencia del 30 de junio de 2022 (exp. 23926, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Radicado: 11001-03-27-000-2020-00022-00 (25393) Demandante: Fundación Salud de los Andes

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2020-00022-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

1 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00022-00 (25393)
Demandante: Fundación Salud de los Andes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., uno (01) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (única instancia)
Radicación: 11001-03-27-000-2020-00022-00 (25393)
Demandante: Fundación Salud de los Andes
Demandada: DIAN

Temas: Régimen Tributario Especial. Actualización de oficio del Registro Único
Tributario (RUT). Procedimiento para la exclusión del régimen tributario
especial

SENTENCIA ANTICIPADA DE ÚNICA INSTANCIA

En los términos del artículo 182A del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), adicionado por el artículo 42 de la
Ley 2080 de 2021, la Sala procede a dictar sentencia anticipada dentro del proceso de la
referencia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

De oficio, la demandada actualizó el RUT (Registro Único Tributario) de su contraparte,
mediante la Resolución nro. 176, del 13 de enero de 2020 (índice 7)1, para excluir de la
casilla nro. 53, en la cual se consignan las «responsabilidades, calidades y atributos», la
inscripción en el régimen tributario especial y registrar, a cambio, el régimen ordinario del
impuesto sobre la renta y complementarios, tras lo cual le envió el 06 de marzo de 2020
una copia del RUT actualizado, sin adjuntar ningún acto administrativo que sustentara la
determinación (índice 2). La actora pidió el 16 de junio del mismo año una copia del acto
administrativo correspondiente (ibidem), a lo cual contestó la demandada el 29 de junio
de 2020, sin remitir el acto solicitado, que la actualización del RUT se debió a que no se
tramitó, a través del portal informático dispuesto al efecto, la permanencia en el régimen
tributario especial (ibidem).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA, la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 2):

1
Del historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai. Las demás referencias a índices aluden a la misma
fuente.

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1

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00022-00 (25393)
Demandante: Fundación Salud de los Andes

1. Declarar la nulidad de la Resolución nro. 176, del 13 de enero de 2020, expedida por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio del cual se excluyó
del régimen tributario especial a la Fundación Salud de los Andes.

2. A título de restablecimiento del derecho se ordene:

2.1. Se le ordene a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
revoque la actualización de oficio realizada al RUT de la Fundación Salud de los Andes sobre el
cambio del régimen tributario especial al ordinario por no cumplir con lo dispuesto en el artículo
1.6.1.2.15 del Decreto 1625 de 2016.

2.2. Se le ordene a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
restablecer la información de la casilla 53 del Registro Único Tributario de la Fundación Salud de los
Andes, cambiándolo del régimen tributario ordinario al régimen tributario especial.

2.3. Condenar en costas a la entidad demandada.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 209 de la
Constitución; 565 del ET (Estatuto Tributario); y 1.2.1.5.1.45 y 1.6.1.2.15 del DUR (Decreto
1625 de 2016 Único Reglamentario en materia tributaria), bajo el siguiente concepto de
violación (índice 2):

Sostuvo que la demandada infringió el debido proceso y afectó su derecho de defensa y
el principio de publicidad de los actos administrativos, porque no le notificó la resolución
acusada, lo cual le impidió conocer las razones por las que, aun cumpliendo los requisitos
para pertenecer al régimen tributario especial, fue clasificada en el régimen ordinario del
impuesto sobre la renta. Relató que, tras recibir la copia del RUT actualizado, le pidió a su
contraparte la constancia de notificación de la resolución en que se basó la actuación,
pero que no obtuvo una respuesta favorable. Alegó que, por ende, seguía ignorando el
contenido de ese acto, sin perjuicio de lo cual planteó que la actualización de oficio del
RUT solo procede en los casos previstos en el artículo 1.6.1.2.15 del DUR (Decreto Único
Reglamentario en materia tributaria, nro. 1625 de 2016) y que no se le ha notificado sobre
la ocurrencia de alguno de esos eventos, por lo cual no ha contado con la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa y contradicción, presentando los recursos de reposición y
apelación conforme a lo previsto en el artículo 1.2.1.5.1.45 ibidem.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 20), para lo cual, propuso
la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demandada porque entiende que la
resolución demandada es un acto de trámite y por ende no es pasible de control judicial.
Alegó que no se debía notificar dicho acto porque no era susceptible de recursos, según
el artículo 75 del CPACA2. Sostuvo que al proferir la resolución se limitó a cumplir el
mandato legal de actualizar el RUT de su contraparte, que desatendió el deber formal de
actualizar su información en el portal informático dispuesto, para poder permanecer en el
régimen tributario especial, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 1.2.1.5.1.9 y
1.6.1.13.2.25 del DUR.

Planteó que la exclusión del régimen tributario especial operaba por ministerio de la ley,
como consecuencia de infringir el deber formal de actualizar la información, que no por
decisión adoptada en la resolución demandada. En esos términos, dicho acto solo habría
actualizado el RUT sin crear, modificar, ni extinguir ninguna situación jurídica de la actora.
Aceptó que no le envió la resolución acusada a la demandante, pero señaló que sí puso
2
Al respecto citó las sentencias del 30 de octubre de 2019 (exp. 23575, CP: Jorge Octavio Ramírez) y del 05 de marzo de 2020 (exp.
23086, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).

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en su conocimiento las razones a las que se debió la actualización. Agregó que, en todo
caso, como su contraparte omitió cumplir el deber de actualizar su información, debía
mantenerse la exclusión del régimen tributario y la inscripción en el régimen ordinario que
se determinó. Por último, se opuso a las costas por no estar probadas en el expediente.

Trámite para sentencia anticipada

Mediante auto del 22 de octubre del 2021 (índice 40), el magistrado sustanciador negó la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la parte demandada.
Seguidamente, en providencia del 13 de diciembre del mismo año (índice 56), se dispuso
aplicar al sub lite el trámite para sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del
CPACA, para lo cual se fijó el objeto del litigio en torno a decidir sobre la legalidad de la
resolución demandada, en el sentido de determinar si se vulneró el derecho de defensa
de la demandante con la actualización de oficio del RUT para excluirla del régimen
tributario especial del impuesto sobre la renta, en tanto no se le dio a conocer esa decisión
ni se le concedieron los recursos en sede administrativa. Finalmente, como quiera que no
se debían practicar pruebas, se decretaron las documentales pertinentes y se corrió
traslado a las partes y al ministerio público por el término común de 10 días para que
presentaran sus alegatos y emitiera concepto, respectivamente.

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron los argumentos planteados en las etapas procesales anteriores
(índices 51, 61 y 69). La actora agregó que, tras conocer el contenido de la resolución
demandada, corroboró que, en cualquier caso, era improcedente su clasificación en el
régimen ordinario del impuesto sobre la renta, porque no tenía el deber de actualizar el
registro en el portal informático al que se refería la autoridad tributaria, pues no obtuvo
ingresos superiores a 160.000 UVT (artículo 356-3 del ET) y porque le entregó esa
información a las entidades que ejercían control sobre sus actividades, i.e. a la
Superintendencia de Salud y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. El ministerio
público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad del acto acusado, atendiendo a los cargos de nulidad que
planteó en su contra la demandante. Por tanto, se determinará si la demandada infringió
las garantías reconocidas constitucionalmente a la actora, al debido proceso y al derecho
de defensa, con ocasión de que no le notificó el acto administrativo que actualizó el RUT
para excluirla del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, circunstancia que
le habría impedido interponer los recursos de reposición y de apelación previstos en el
artículo 1.2.1.5.1.45 del DUR.

Antes de proceder se pone de advierte que mediante auto del 22 de octubre de 2021 se
declaró no probada la excepción propuesta por la demandada de «ineptitud sustantiva de
la demanda» (índice 40), pues se determinó que el acto acusado sí es susceptible de
control judicial, bajo el artículo 138 del CPACA, porque afectó la situación jurídica de la
demandante. En esa medida, la presente sentencia se abstendrá pronunciarse sobre esa
cuestión que ya fue dirimida. Tampoco se estudiará el cargo novedoso, planteado por la
actora en los alegatos de conclusión, según el cual es improcedente la actualización del
RUT efectuada porque los reportes de información hechos a otras autoridades la eximían
de tener que realizar actualizaciones en el portal de internet de la autoridad tributaria, pues

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esta cuestión no fue planteada en los cargos de nulidad propuestos en la demanda ni en
una oportunidad procesal pertinente. La etapa de alegaciones de conclusión no está
prevista para que se formulen nuevos cargos de nulidad contra de los actos demandados.

2- Sobre la cuestión debatida, la actora plantea que su contraparte violó el debido proceso
y sus derechos de defensa y contradicción, porque no le notificó el acto administrativo por
medio del cual le actualizó el RUT para excluirla del régimen tributario especial y
clasificarla en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Agrega que con ello le
impidió conocer y discutir las razones que sustentaron esa decisión, con la interposición
de los recursos dispuestos en el artículo 1.2.1.5.1.45 del DUR. A lo anterior se opone la
demandada, alegando que esa exclusión de la demandante del régimen tributario especial
operó por mandato legal, toda vez que incumplió con el deber de actualizar sus datos en
el registro web, según lo reglado en los artículos 1.2.1.5.1.9 y 1.6.1.13.2.25 ibidem. Por
ello, sostiene que no infringió las garantías constitucionales al omitir la notificación de ese
acto administrativo, pues su objeto era la actualización del RUT mas no modificar la
situación jurídica de la demandante.

En esos términos, la Sala observa que las partes concuerdan en que el acto acusado no
fue notificado a la demandante, pero discuten sobre la procedencia de esa notificación,
pues para la actora conllevó su exclusión del régimen tributario especial y, en esa medida
tenía derecho a conocer y controvertir el sustento de esa decisión. En cambio, para la
autoridad tributaria ello no era necesario, en tanto se trató de un acto de trámite
consistente en la actualización del RUT de la demandante, debido al incumplimiento del
registro web de su información que ocasionó esa exclusión por mandato legal. De acuerdo
con esos planteamientos, la Sala deberá determinar si la demandada violó las garantías
constitucionales que se alegan, al omitir la notificación del acto demandado.

2.1- En torno al régimen tributario especial, el artículo 19 del ET, modificado por el artículo
140 de la Ley 1819 de 2016, dispuso que las asociaciones, fundaciones y corporaciones
constituidas como entidades sin ánimo de lucro, podrían «solicitar ante la administración
tributaria… su calificación como contribuyentes» de ese régimen, siempre que cumplieran
con los requisitos señalados en esa norma y en el artículo 356-2 ibidem, el cual, además,
regló el registro web de la información de esas entidades para su control social, en los
términos del artículo 364-5 del ET, y dispuso que esa información debía ser actualizada
cada año, dentro de los tres primeros meses (en la redacción vigente para la época de los
hechos). Del contenido, finalidad y publicidad del registro web de la información de las
entidades del régimen tributario especial se ocuparon los artículos 1.2.1.5.1.3 a 1.2.1.5.1.6
del DUR. Sobre su actualización anual, los artículos 1.2.1.5.1.9 y 1.2.1.5.1.13 ibidem
previeron que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que optaran por continuar en
el régimen tributario especial debían «enviar la información del registro web», pues al
omitir su presentación, dentro de la oportunidad legal, serían «excluidos como
contribuyentes del Régimen Tributario Especial de este impuesto a partir del año gravable
en que … no se presentó la información», para lo cual la autoridad tributaria «proferirá el
acto administrativo mediante el cual se excluyen como contribuyentes del Régimen
Tributario Especial a partir de ese año gravable».

Siguiendo esos lineamientos, el artículo 1.2.1.5.1.44 del DUR, dispuso como causal de
exclusión del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta que «no se realice el
proceso de actualización de la información a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.13» (ordinal
8.°). A su vez, el artículo 1.2.1.5.1.45 ibidem, regló el procedimiento que debe adelantar
la Administración para efectos de esa exclusión. Para ello, dispuso que «una vez
determinada la causal de exclusión … el funcionario competente procederá a expedir el
acto administrativo que así lo decide y ordenará su clasificación en el RUT como

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responsable del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementario», y que
«contra este acto proceden los recursos de reposición y apelación en los términos
señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y se surtirán los efectos una vez en firme el acto administrativo debidamente
motivado que profiera la Administración Tributaria, en los términos del artículo 87 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso». De las disposiciones
citadas, se extrae que, contrariamente a lo alegado por la demandada, la exclusión del
régimen tributario especial de un contribuyente del impuesto sobre la renta, en los casos
que se incumple el deber de actualizar el registro web de la información anual, no ocurre
de forma automática, sino que esa decisión debe adoptarse por la autoridad tributaria
mediante un acto administrativo motivado, que puede controvertirse por el interesado con
los recursos de reposición y apelación previsto en el CPACA. A partir de los anterior, se
concluye que no le asiste razón a la demandada cuando alega que su actuación consistió
solo en la actualización del RUT conforme a la exclusión que se materializó por mandato
de la ley, pues según el procedimiento reglado en las normas referidas, esa actualización
del RUT debía estar precedida del acto definitivo que ordenaba la exclusión del régimen
tributario especial, el cual podría ser discutido por el obligado en los términos expuestos.

2.2- Ahora, la discusión de un acto administrativo presupone su notificación. Al respecto,
el artículo 66 del CPACA ordena que «los actos administrativos de carácter particular
deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes» y el
artículo 72 ibidem dispuso que, sin el lleno de los requisitos previstos en la norma para las
notificaciones, «no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la
decisión». Al tenor de estas normas, el artículo 565 del ET, previó que las actuaciones de
la Administración «deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de
la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente
autorizada por la autoridad competente».

A partir de las anteriores disposiciones, la Corte Constitucional3 ha precisado que, «en
relación con el derecho de defensa y contradicción en las actuaciones administrativas …
la adopción de las decisiones de las autoridades se sometan por lo menos a un proceso
sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de defensa, contracción
e impugnación…», los cuales comprenden «tres garantías mínimas en favor de los
administrados, a saber: (i) la comunicación del trámite que se está desarrollando; (ii) la
posibilidad de ser oídos por las autoridades administrativas antes de que se tome una
decisión que tenga la virtualidad de afectar sus derechos; y (iii) la notificación del acto
administrativo que defina el proceso, de conformidad con todos los requisitos legales», de
manera que «la relevancia de las comunicaciones, notificaciones y publicaciones se
comprende en la medida en que para ejercer los derechos de defensa y contradicción es
necesario conocer la respectiva actuación administrativa, corolario del principio de
publicidad».

Consideraciones que se comparten por esta Sección que, en diversas oportunidades4, ha
señalado que la notificación de los actos administrativos es un elemento esencial del
debido proceso, pues busca proteger el derecho de defensa y contradicción, además de
garantizar que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados para
que puedan controvertirlas a través de los recursos en vía administrativa y judicial. Es en
función de esa máxima constitucional, que el artículo 1.2.1.5.1.45 del DUR, previó que el
acto administrativo mediante el cual se declara probada una causal de exclusión del
régimen tributario especial, incluso aquella que ocurre por la falta de actualización del

3
Al respecto se pueden consultar las sentencias T-800A de 2011, C-418 de 2018, T-002 de 2019 y C-040 de 2021.
4
Sentencia del 29 de abril de 2020 (exp. 22646, CP: Milton Chaves García), reiterada en la sentencia del 25 de noviembre de 2021
(exp. 25448, CP: Milton Chaves García).

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registro web, pudiera controvertirse con los recursos de reposición y apelación, de modo
que, la omisión de su notificación para el ejercicio de esa contradicción, constituye una
violación de las garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa del afectado
con la decisión5.

2.3- En el sub lite, esta Sección ya había definido que la resolución demandada es un acto
administrativo definitivo, de carácter particular, que nació de una actuación iniciada de
oficio y que culminó con una decisión que modificó la situación jurídica de la demandante
al descalificarla del régimen tributario especial, para ordenar su clasificación como
contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta.

2.4- Entonces, queda en evidencia que, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos,
la Administración inobservó el procedimiento aplicable para esa descalificación del
régimen tributario especial, el cual fue previsto en el artículo 1.2.1.5.1.45 del DUR y que,
no solo ordena la expedición de ese acto administrativo que decide sobre la exclusión,
sino que prevé que contra esa decisión proceden los recursos de reposición y apelación.
Por consiguiente, la Sala comparte el alegato de la demandante, sobre la infracción de las
garantías constitucionales, pues al haberse omitido la notificación del acto administrativo,
no tuvo la posibilidad de controvertirlo, de manera que esa decisión no produjo los efectos
legales que buscó la demandada, de conformidad con el artículo 72 del CPACA. En
consecuencia, la Sala procederá a declarar la nulidad parcial del acto administrativo
demandado, concretamente, en cuanto a la exclusión del régimen tributario especial de la
actora para el periodo gravable 2019. Prospera el cargo de nulidad.

3- En suma, por el cargo de nulidad que prosperó, la Sala declarará la nulidad del acto
administrativo acusado, solo respecto de la demandante y, a título de restablecimiento del
derecho, declarará sin efectos la actualización del RUT de la contribuyente conforme a la
cual se clasificó en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, para el año 2019.

4- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
conforme con lo establecido en el artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la nulidad de la Resolución nro. 176, del 13 de enero de 2020, respecto de la
Fundación Salud de los Andes.

2. A título de restablecimiento del derecho, declarar sin efectos la actualización del RUT
de la demandante, relativa a su clasificación en el régimen ordinario del impuesto sobre
la renta, para el año 2019

3. Sin condena en costas.

5
Sentencia del 30 de junio de 2022 (exp. 23926, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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6

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00022-00 (25393)
Demandante: Fundación Salud de los Andes

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Salvo voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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