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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00024-00

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00024-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Polymedical de Colombia S.A.S. contra la sentencia del 5 de julio de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-37-000- 2018-00308-00. 2. Sin condena en costas 3. En firme esta providencia, archívese el expediente. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-27-000-2020-00024-00 (25397) Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2020-00024-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00024-00 (25397)
Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-27-000-2020-00024-00 (25397)
Demandante POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Temas Prueba recobrada: Artículo 250 numeral 1 C.P.A.C.A

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Polymedical de Colombia S.A.S. contra la sentencia del 4 de julio de 2019, proferida
por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-37-000-2018-00308-
00 en la que se decidió lo siguiente:
«PRIMERO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. En firme la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones que sean menester.».

ANTECEDENTES

1. Actuación administrativa

Polymedical de Colombia S.A.S., según declaración de importación con
autoadhesivo número 91003011969267 del 29 de abril de 2014, importó tapabocas
desechables de referencia GT-059-101, los cuales catalogó en la subpartida
arancelaria 48.18.50.00.00 bajo el entendido de que su composición era de pasta
de papel guata de celulosa o napa de fibra celulosa. Con base en esto, la sociedad
se autoliquidó un gravamen arancelario del 0% e IVA del 16%.

Mediante Auto Comisorio Nro. 000024 del 3 de febrero de 2015 se comisionó a
funcionarios de la DIAN para que, durante los días 5 y 6 del mismo mes y año,
realizaran diligencia de control y verificación de obligaciones aduaneras y toma de
muestras de la mercancía importada en las instalaciones de la sociedad referida,
ubicadas en la calle 23 B Nro. 80B-05 de Bogotá D.C.

El 6 de febrero de 2015, los servidores comisionados se dirigieron a la dirección
referida en donde encontraron una casa de habitación, por lo que procedieron a
buscar en internet la empresa y su ubicación, lo que arrojó como resultado la Tv.
76 Nro. 46-21 de la ciudad de Bogotá D.C., a donde se dirigieron y fueron atendidos
por la representante legal de la entidad, quien, para lo que aquí interesa, suministró
un total de 21 muestras de los elementos importados, a razón de 3 unidades por

1

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referencia de mercancía; elementos enviados a la Coordinación de los Servicios de
Laboratorio de la Subdirección de Técnica Aduanera para el análisis merciológico.

Mediante Oficio 100227342-0467 del 8 de abril de 2015, el Jefe de Coordinación
del Servicio de Arancel reportó el análisis físico-químico de las muestras aportadas
por Polymedical, según el cual las muestras correspondían a “mascarilla de protección
desechables elaboradas en tela sin tejer, las cuales se clasifican en la subpartida arancelaria
6307.90.30.00 en aplicación de las Reglas generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas
contenido en el Decreto 4927 de 2011 y sus modificaciones”.

El 25 de octubre de 2016 se profirió el Requerimiento Especial Aduanero Nro.
0006098 por medio del cual se propuso la corrección de la declaración de
importación mencionada.

Posteriormente, el 24 de enero de 2017, mediante la Resolución Nro. 1-03-241-
201-640-01-0081, se profirió liquidación oficial de revisión por medio de la cual se
modificó la liquidación privada del tributo -de la subpartida arancelaria
4818.50.00.00 a la subpartida 6307.90.30.00- lo que aparejó un cambio de la tarifa
de arancel, la cual pasó de 0% a 128,55%.

Frente a esa determinación se interpuso el recurso de reconsideración, el cual se
resolvió mediante la Resolución Nro. 3323 del 15 de mayo de 2017, que confirmó
la decisión inicialmente adoptada.

2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1. Demanda

Polymedical de Colombia S.A.S., a través de apoderado designado para el efecto,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pretendió la nulidad de las Resoluciones Nro. 1-03-241-201-640-01-0081 del 24 de
enero de 2017 y 00323 del 15 de mayo de 2017 que confirmó la anterior al resolver
el recurso de reconsideración interpuesto en su contra.

Consecuencialmente, a modo de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la firmeza
de la declaración de importación Nro. 91003011969267 del 29 de abril de 2014; (ii)
la suspensión de toda actuación administrativa del procedimiento bajo examen; (iii)
el reintegro de lo que hubiere cancelado, suma sobre la que se debían reconocer
intereses moratorios -a la misma tasa de la DIAN- y el lucro cesante
correspondiente.

Por último, solicitó la condena en costas de la accionada y el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.

Para el efecto adujo lo que pasa a exponerse de forma sintética:

• Ausencia de identidad entre los productos sobre los que se practicó la
diligencia de control y verificación y aquellos que realmente fueron
importados. Todo, por cuanto para el momento de la diligencia ya se había
agotado el stock de estos últimos elementos.

• La clasificación arancelaria de la mercancía importada realizada por la
sociedad demandante fue la correcta. Esto, bajo el entendido de que la partida
48.18 correspondía a confecciones de guata de celulosa, razón por la que
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cobijaba los tapabocas importados, los cuales se componían de guata de
celulosa1.

Los elementos importados no podían clasificarse como lo hizo la DIAN en la
partida 63.07, correspondiente a los demás artículos confeccionados,
incluidos los patrones para prendas de vestir, porque dicho texto no es
específico o concreto para el material importado.

• Existió falsa motivación en los actos demandados, ya que lo procedente era
el trámite orientado a la aprehensión de las mercancías al tenerse como no
declarada por los errores en su descripción, lo que descartaba la existencia
de un supuesto que diera lugar a la liquidación oficial de revisión.

De una parte, porque el material de convicción arrimado a la actuación
administrativa demostraba que el elemento constitutivo de los bienes
importados era guata de celulosa, pese a lo cual la administración concluyó
que su composición era de polipropileno.

Y, de otra, porque en aplicación del literal c) del artículo 232-1 del Decreto
2685 de 1999 el error en la descripción de la mercancía, imponía tenerla como
no declarada, lo que daba lugar a su aprehensión y a la observancia de los
artículos 504 a 506 de dicha normativa, la que se estimó aplicable por ser la
vigente al momento de la causación del hecho gravado y, como tal, excluía la
aplicación de lo previsto en los decretos 993 de 2015 y 390 de 2016 (artículos
577 y/o 580 de esta última codificación, relativos a la liquidación oficial de
corrección y de revisión, respectivamente).

• Vulneración de los principios de legalidad y tipicidad, porque, en aplicación del
inciso final del artículo 575 del Decreto 390 de 2016, debió terminarse el
proceso de liquidación oficial e iniciarse con el de decomiso de mercancías,
tal como lo ha hecho en otras oportunidades la DIAN; actuación que al no ser
realizada en esta oportunidad desconoce, adicionalmente, el derecho a la
igualdad.

• Vulneración del artículo 29 superior, por el recaudo de pruebas ilegales, ya
que los servidores que practicaron la diligencia del 6 de febrero de 2015 no se
encontraban habilitados expresamente en el Auto Comisorio Nro. 000024 del
3 del mismo mes y año para adelantarla en la dirección que finalmente se llevó
a cabo. Por ello, la recolección de las muestras aportadas en esa diligencia
por el representante legal de la empresa no se ajustó a derecho.

• Indebida valoración probatoria que se tradujo en el desconocimiento de lo
previsto en normas constitucionales (artículos 6 y 29), del C.P.A.C.A.
(artículos 3 y 42), y del C.G.P. (artículos 164, 165, 167 y 176).

Primero, porque si la materia constitutiva de los elementos importados era
polipropileno en lugar de guata de celulosa, la DIAN debió “pronunciarse frente a
una mercancía no declarada, [no] ante un proceso de liquidación oficial de revisión”.

1 Si bien era cierto que las mercancías correspondían a la subpartida arancelaria 48.18.90.00, no a la
48.18.50.00 utilizada por la sociedad demandante, no lo fue menos que aquella subpartida tiene, según el
arancel histórico, un gravamen del 0% como lo tiene también la subpartida declarada erróneamente.
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Segundo, porque la DIAN se fundó únicamente en el resultado del análisis
merciológico -oficio Nro. 100227342-0467 del 8 de abril de 2015- bajo el
entendido de que la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección
de Gestión Técnica Aduanera era la competente, en exclusiva, para la
determinación para la expedición de las clasificaciones arancelarias.

No obstante, las pruebas arrimadas en la actuación administrativa indicaban
una cuestión diferente, a saber: los elementos importados estaban
compuestos de guata de celulosa, tal como se deprendía de la copia de la lista
de empaque del producto importado, así como la certificación del fabricante
de los productos.

2.2. Sentencia de primera instancia. Decisión objeto de revisión

El 4 de julio de 2019, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, puesto que no se configuró
ninguno de los vicios endilgados en la demanda.

Para el efecto consideró, a partir de la normativa aplicable, que la DIAN era
competente para, mediante liquidación oficial, corregir los errores de las
declaraciones de importación que generaran un menor pago de derechos
aduaneros, tal como sucedió en el caso concreto al tratarse de un cambio de la
subpartida arancelaria de la mercancía importada.

Esa cuestión se reforzaba, porque el error en la subpartida arancelaria no daba
lugar a un yerro en la descripción de la mercancía, lo que hacía improcedente la
aplicación del artículo 232-1 del Decreto 2685 de 199 y, consecuencialmente, de la
aprehensión y decomiso de las mercancías. Todo, porque “el producto importado estuvo
amparado en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación ”, de
modo que “… la mercancía declarada [guardaba] correspondencia con sus documentos soportes” .

Adicionalmente, descartó la vulneración del debido proceso. No era necesaria la
expedición de un nuevo auto comisorio, puesto que la dirección incorporada en el
comisorio del 3 de febrero de 2015 era la consignada en el RUT de la sociedad y
en la declaración de importación, la que se encontraba desactualizada. Tampoco
se encontró irregularidad en la práctica de la diligencia en tanto “se fundó en un auto
comisorio que reunía los requisitos de ley, el cual fue debidamente notificado al representante legal
de la sociedad, quien suministró los productos deprecados como objeto de la importación, los cuales
fueron posteriormente analizados por la autoridad competente, siendo evidente que no existe
vulneración alguna en las actuaciones investigativas realizadas por la DIAN” .

Finalmente, estimó que no se demostró la existencia de una indebida valoración
probatoria.

Primero, porque el análisis merciológico se practicó respecto de las muestras que
el representante legal de la sociedad aportó en la diligencia del 6 de febrero de
2015, tal como quedo consignado en el Acta de Hechos 02, que fue suscrita por
dicho empleado sin reparos u observaciones.

Segundo, porque “los documentos allegados en sede administrativa solo [daban] fe de la
importación de la mercancía por parte de la sociedad y de materia prima a base de polipropileno, lo
que solo [demostraba] que la sociedad demandante [era] importador y a su vez productor nacional”.

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Tercero, porque la certificación del productor y las fichas técnicas carecían de
entidad para “desestimar las pruebas que sirvieron para el fundamento de la decisión de la
Administración, pues el estudio técnico fue realizado respecto de la mercancía amparada por la
declaración de importación que la representante legal de la sociedad actora le suministró en la visita
del 6 de febrero de 2015. Además, en tales pruebas sólo hace referencia al producto TAPABOCAS,
indicando que su material es 100% fibra de celulosa, papel de filtro y goma elástica (fl. 135 c.a) sin
especificar la marca y referencia del tapabocas a que se hace alusión, por lo que no es dable concluir
que las características descritas en dicho documento correspondan a la mercancía amparada con
la declaración de importación objeto de discusión”.

Esa determinación fue recurrida por la parte actora en apelación. Sin embargo, por
auto del 6 de febrero de 2020 se rechazó el recurso por extemporáneo; decisión
notificada por estados del 7 del mismo mes y año.

3. Recurso extraordinario de revisión

3.1. Demanda2

Polymedical de Colombia S.A.S, a través de apoderado designada para el efecto,
solicitó la infirmación de la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B dentro del
proceso de radicado Nro. 11001-33-37-040-2017-00041-01, por la configuración de
la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del C.P.A.C.A., esto es, “[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Para sustentar lo anterior identificó como pruebas recobradas los siguientes
elementos, cada uno por las razones que también pasan a exponerse.

• El auto de trámite Nro. 17417-00407 del 5 de noviembre de 20193, dictado
por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Inspección
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC-;
providencia que fue conocida con posterioridad a la sentencia que se
pretende infirmar por esta vía judicial y que constituye plena prueba puesto
que ”no se trata de una sentencia sino de un auto de trámite dictado en un proceso
disciplinario iniciado a instancias de [la hoy actora]”.

Para el efecto destacó que la DIAN, en virtud del principio de lealtad
procesal, estaba obligada a aportar el documento dentro del proceso
ordinario; actuación que no llevó a cabo.

Finalmente, señaló que ese medio de convicción contaba con carácter
decisorio, pues acreditaba la falta de competencia de los servidores de la
DIAN que realizaron la inspección aduanera en febrero de 2015: en el
elemento se consignó la declaración de Luz Adriana Quimbay Contreras -
servidora de la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN-, de
acuerdo con la cual “hay una regulación especial para las actuaciones de los autos
comisorios y que la misma obliga a que SI EN EL AUTO LA DIRECCIÓN ES
INCORRECTA, NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA DILIGENCIA” (resalto y subrayas
del original)

2 Índice 2 del SAMAI.
3
Consultado se observa que el mismo data del 06 de noviembre de 2019.
5

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Y es que “al margen de la decisión que se adopte en el proceso disciplinario adelantado
en virtud de la queja elevada por mi poderdante, tal prueba evidencia que, como resultado
de una deponencia adelantada en ese proceso, la testigo expresó que el procedimiento que
se adelantó en virtud del auto comisorio 00024 de 3 de febrero de 2015 fue totalmente
ilegal”. (resalto y subrayas del original)

• La orden administrativa Nro. 003 del 5 de abril de 2010 de la DIAN 4 (i)
fue recobrada luego de tenerse conocimiento acerca de la existencia del auto
de trámite referenciado, y (ii) no fue aportada al proceso ordinario en
desconocimiento del principio de lealtad procesal por parte de la DIAN “al
guardar conveniente silencio sobre la existencia de dicha normativa que, precisamente,
regula los procedimientos de los autos comisorios” .

Además, el carácter decisorio del medio de prueba se evidenciaba al
considerar que su valoración por el juez del proceso ordinario hubiera
permitido arribar a una conclusión diferente, siendo esta la anulación de los
actos demandados.

Lo anterior, porque esa orden administrativa era la normativa aplicable al
caso por tratarse de la norma especial que lo regulaba5, ya que en ella se
consignó el procedimiento que el proceso de fiscalización y liquidación debía
aplicar al realizar una diligencia de control, como lo era la de inspección
aduanera de febrero de 2015, al prescribir que en el auto comisorio se debía
indicar “de forma expresa el término de duración de la diligencia, la descripción del lugar y
de ser posible señalar el sitio exacto de la diligencia cuando se tenga la información
disponible”.

Pese a esa prescripción, en dicho auto no se cumplió con dicho deber lo que
pone de presente la existencia de una irregularidad que afectó el debido
proceso de la hoy demandante6 y que, en tal virtud, daba lugar a la
declaratoria de nulidad a la que el juez ordinario no accedió.

3.2. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN7
Mediante apoderada designada para el efecto, la DIAN contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones de la misma pues, en su concepto, no se verifican los
requisitos para la estructuración de la causal de revisión invocada en la demanda.
Primero, porque el auto de trámite del 5 de noviembre de 2019 sí fue conocido por
la hoy accionante, al punto que lo aportó en la segunda instancia de proceso judicial
adelantado por hechos similares a aquel en el que se registró la sentencia que se
pretende infirmar.
Segundo, porque la orden administrativa del año 2010 pudo ser aportada por la
sociedad actora en cualquier momento del proceso ordinario, en atención al

4 “Por la cual se establecen los lineamientos gerenciales, administrativos y técnicos y se desarrollan los
procedimientos que se ejecutan en las dependencias del proceso del proceso de fiscalización y liquidación”
5 En esa medida, mal podía aplicarse, como lo hizo el juez de instancia, el artículo 473 del estatuto Aduanero.
6 De acuerdo con lo señalado en la demanda: “… es evidente que la falta de conocimiento sobre la normativa
que regula el procedimiento de fiscalización, resultó determinante en las decisiones administrativas objeto
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que el recaudo de pruebas no tuvo
ningún sustento legal; y los funcionarios de la DIAN, con su proceder, asaltaron a la representante legal de
la sociedad en su buena fe, defraudando la confianza legítima depositada en la Administración (DIAN) al
incurrir en esa y otras irregularidades que también fueron objeto de debate en el proceso ordinario”.
7 Índice 30 del SAMAI.
6

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carácter público del elemento, lo que permitía, entonces, que sobre la misma se
construyera el cargo de nulidad correspondiente, lo que no sucedió.
Además, el medio de convicción carece de carácter decisorio, porque la dirección
donde se llevaría a cabo la diligencia correspondiente no era un requisito esencial
del mismo, lo que adquiere relevancia al considerar que la ubicación relacionada
en ese auto resultó estar desactualizada en el RUT, cuestión imputable a la hoy
recurrente.
Por último señaló la ausencia de prueba respecto del caso fortuito, la fuerza mayor
o la obra de la parte contraria que impidió o imposibilitó la aducción oportuna de
tales documentos en el proceso ordinario.
3.3. Intervención del Ministerio Público8

Dentro de la oportunidad pertinente, el Ministerio Público intervino en el proceso y
se opuso a la prosperidad del recurso de la referencia.

Lo anterior porque (i) el auto de trámite “no aporta, [información] diferente a la que ya se
conoce en proceso, ni es sustento probatorio que cumpla con las exigencias de la causal invocada” ;
(ii) no se demostró la causal de fuerza mayor o caso fortuito por tratarse de un
“documento público, de libre acceso, publicado en la página de la entidad, que se puede obtener
fácilmente por internet, además de que tal disposición existía desde mucho antes de que la sociedad
recurrente instaurase su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho” ; y (iii) la factura
original de venta de las mercancías no constituye un elemento nuevo, pues fue
enunciado y examinado en la sentencia recurrida, a más de que no aporta una
información nueva.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del C.P.A.C.A. de “los recursos de
revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”.

Ahora bien, al tenor de lo previsto en el artículo 302 del C.G.P., las sentencias
“proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.

En el caso concreto, la sentencia de primera instancia proferida quedó ejecutoriada
porque contra ella no se interpuso oportunamente el recurso de apelación
procedente, tal como se consignó en el auto del 6 de febrero de 2020 que rechazó,
por extemporánea, la apelación presentada.

Por lo tanto, esta Sección es competente para conocer del asunto por tratarse de
un recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de una sentencia
ejecutoriada proferida por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

8 Índices 17 y 29 del SAMAI.
7

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2. Oportunidad de la acción

De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

En el presente asunto, la sentencia del 4 de julio de 2019 se notificó de manera
electrónica el 8 de julio del mismo año, según lo informa el Sistema Judicial Siglo
XXI9. En consecuencia, ante la presentación extemporánea del recurso de
apelación, la sentencia quedó ejecutoriada el 13 de febrero de 202010, por lo que el
término para interponer el recurso vencía, en principio, el 15 de febrero de 2021.

Se dice que en principio, porque debido a la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional, los términos judiciales fueron suspendidos por el Consejo
Superior de la Judicatura entre los días 16 de marzo y 30 de junio de 2020 11;
términos que debían computarse una vez reanudados.

Luego, como la demanda fue presentada el 5 de noviembre de 2020 ésta se
entiende oportuna, puesto que, una vez reanudados los términos judiciales, se
reanudaba el término para la interposición del recurso extraordinario.

3. Problema jurídico

Le corresponde a esta Sala de Decisión establecer si se configura la causal de
revisión alegada por la parte actora, esto es, si se encontraron o recobraron “después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o por caso fortuito o
por obra de la parte contraria”.

Para el efecto, se procederá, en primer lugar, con la exposición de algunos aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión; posteriormente, se efectuarán
algunas anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda; y,
finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

4. Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia

El recurso extraordinario de revisión es, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
C.P.A.CA.12, un medio extraordinario de impugnación de sentencias, que tiene
lugar, únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales
contempladas en el artículo 250 de la misma codificación.

9 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
10 Téngase en cuenta que el auto del 6 de febrero de 2020, por el cual se rechazó, por extemporáneo, el
recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, se notificó por estados del
7 del mismo mes y año.
11 Acuerdos de suspensión de términos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura: PCSJA20- 11517,
PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-
11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20- 11556 y
PCSJA20-11567.
12 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
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Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada”13, en caso de prosperar “hay
lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal
razón resulte infirmada” 14. Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena
Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal,
como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que
persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución
Política” 15.

Así, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el restablecimiento de
la justicia material de la decisión, cuando quiera que ésta ha sido afectada por
situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente,
pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el
principio de la cosa juzgada16. En palabras de la Corte Constitucional17:
“… la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia,
pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de
aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior”.

En atención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en
consecuencia, una “tercera instancia”18 en la que puedan plantearse, nuevamente,
argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es
una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la
deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias.

En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los
recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas
por el legislador en el artículo 250 del C.P.A.C.A., sean eminentemente
procedimentales19, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgamiento20,
sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia
de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio
1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril febrero 26 de 2013.
Radicado: 11001-03-15-000-2009-00050-00(REV). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente
REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
16 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009.
Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
17 Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997.
Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.
19 Los errores “in procedendo” hacen referencia a vicios en el procedimiento. Nacen de la "inejecución de la
ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución
in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso
del que la ley prescribe”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
20 Los errores “in iudicando” o “vicios de juicio”, son errores de derecho que se producen por falta de aplicación
o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Son, entonces, errores ocurridos
en la labor de juzgamiento propiamente dicha. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252
de 2001.
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cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de
los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1,
2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho
en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo21.

En conclusión, el recurso extraordinario de revisión busca revertir decisiones que
fueron obtenidas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares.

En esas condiciones, no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la
deficiencia probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce
como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las
pruebas (error de hecho) o falta de aplicación de la norma o la indebida aplicación
de la misma (error de derecho)22.

5. Causal de revisión invocada. Prueba recobrada

En el presente asunto se invocó la causal de revisión establecida en el numeral 1
del artículo 250 del C.P.A.C.A. según el cual:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o por caso fortuito o por obra de la parte
contraria (…).”

De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, la estructuración de esta
causal de revisión exige de la confluencia de los siguientes requisitos:

• La prueba debe ser documental. La norma es clara al referirse
expresamente a “documentos decisivos”, razón por la cual se excluyen otros
elementos probatorios como los testimonios, las inspecciones judiciales, los
dictámenes periciales, y los informes técnicos, entre otros. Al “tratarse de un
recurso extraordinario la interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo 23”.

• La prueba documental debe ser recobrada después de dictada la
sentencia objeto de revisión. En esa medida, el elemento debió existir al
tiempo de dictarse la sentencia, pero no pudo conocerse y valorarse por el
operador judicial porque estaba refundido o extraviado24, y solo con
posterioridad a esa decisión de fondo llegó al poder del recurrente.

De ahí, entonces, que no resulten admisibles (i) documentos fechados con
posterioridad al fallo correspondiente, ni (ii) aquellos que siendo anteriores a
la sentencia pudieron ser solicitados o aportados en las oportunidades
procesales fijadas para el efecto, pues el mecanismo extraordinario no es una

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de noviembre de 2013.
Radicado: 13001-33-31-005-2011-00254-01 (REV). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-
23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de mayo de 2012,
radicación 01820.
24 La causal no se configura si la prueba documental correspondiente obraba en el proceso, pero el fallador
no la decretó, o no la valoró, o carecía de la entidad necesaria para demostrar el hecho que se pretendía
acreditar con ella. En esos eventos no se estaría en presencia de una prueba recobrada, sino de la
utilización del mecanismo extraordinario como un medio para reabrir la etapa probatoria a modo de instancia
adicional del proceso ordinario; finalidad extraña al recurso de la referencia.
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herramienta para subsanar el error, la negligencia, la culpa o la desidia de la
parte respecto de la carga probatoria que le asistía.

Y es que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala Plena, “de
aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez que surgieran nuevos
medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues bastaría al vencido que, una vez
conocida la decisión desfavorable, intentara la producción o el mejoramiento de la prueba
para que se reabriera el litigio. Circunstancia que, por sus consecuencias indeseables en
términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso evitar” 25.

• La prueba documental no pudo ser aportada al proceso por fuerza
mayor, u obra de la parte contraria, circunstancia cuya acreditación
corresponde al recurrente. No es cualquier causa la que habilita la
presentación de la prueba documental, de suerte que “no basta con una dificultad
por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente... 26”, a más de que, por obvias razones, tampoco resulta válido
argumentar el olvido, la incuria o el abandono de la parte que habría sido
beneficiaria de la prueba documental.

Por eso, conviene reiterar lo sostenido por la corporación con relación a la
fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:
“En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso
anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al
artículo 1 de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es ‘el imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.’. La segunda causa -obra de la parte
contraria- ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su
actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera
aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de
que no sirviera como prueba27”

Así, será la parte recurrente a quien corresponda demostrar la existencia de
alguno de esos supuestos, pues no existe presunción legal de su
acaecimiento, ni podría el juez estimarlos como demostrados ante la ausencia
de su justificación en la demanda y de elementos de convicción que dieran
cuenta de ellos28.

• La prueba documental debe tener un carácter decisivo. Debe tratarse de
elementos de convicción con una entidad tal que, de haber sido valorados por
el operador judicial, hubieren dado lugar a la adopción de una decisión
diferente a aquella que se adoptó. No es, entonces, cualquier prueba, sino
una con capacidad, entidad o envergadura para influir en el sentido de la
decisión.

En esa línea, esta corporación, siguiendo lo establecido por la doctrina sobre
el particular, ha sostenido lo siguiente:
“… que un documento sea decisivo ´significa que tiene un valor y eficacia bastante para
resolver en sentido contrario o diferente el fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito

25 Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 1° de
diciembre de 1997, Rad. Rev-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236 (rev).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad.
1998-00173(REV).
27 Sentencia de 8 de noviembre de 2005, Rad. 1999-00218.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, Rad.
REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).
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que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su fallo lo hubiera pronunciado en sentido
contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que llegó al fallar el
pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que
destruía la posibilidad de que las demás pruebas la contrariasen 29”30.

6. Caso concreto

Aplicando lo anterior al caso concreto, la Sala estima que no se configura la causal
de revisión invocada en la demanda por las razones que pasan a exponerse
respecto de cada uno de los elementos que se adujeron como recobrados en la
demanda.

6.1. Auto de trámite Nro. 17417-00407 del 5 de noviembre de 2019, dictado
por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Inspección
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC-

En el auto de trámite que se aduce como recobrado, el Subdirector de
Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC- dispuso la remisión de las diligencias
a la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, para que adelantara “las actuaciones
correspondientes por la presunta conducta irregular en la que podrían estar incursos los funcionarios
LADY JOHANA ARIAS CABRERA y JESÚS ERVIN ORTIZ ORTIZ”.

Dentro de esa providencia, al momento de relacionar las pruebas recaudadas en la
indagación preliminar, se hizo referencia al testimonio de Luz Adriana Quimbay
Contreras en los siguientes términos:
“Diligencia Testimonial de la señora Luz Adriana Quimbay Contreras, de fecha 22 de octubre
de 2019, quien indicó que se desempeñaba como funcionaria de la Subdirección de
Fiscalización Aduanera, que depuso al despacho sobre el procedimiento que se debe realizar
al momento de efectuar visitas de fiscalización aduanera en las diferentes empresas, indicó
que en el evento que la empresa no se encuentre en la dirección comisionada el deber ser,
era efectuar un nuevo auto comisorio con la dirección tributaria y proceder al bloqueo temporal
del RUT (fl. 134 y 136 CD con video y audio)”.

A juicio de esta Sala lo pretendido, en últimas, por la actora, es la incorporación y
valoración del testimonio de Luz Adriana Quimbay Contreras31, cuestión que no
resulta admisible, porque se trata de una prueba testimonial que, como tal, se
encuentra excluida de los elementos para la configuración de la causal de revisión
invocada, según se advirtió en esta providencia. No puede perderse de vista que el
mecanismo extraordinario no es una oportunidad para el mejoramiento de la
prueba, tal como se anotó.

29 Cita original: DOVAL DE MATEO, Juan de Dios “La revisión civil”, Barcelona, 1979, pág. 156.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P.: María
Adriana Marín, sentencia del 8 de noviembre de 2021, radicado Nro.: 76111-33-31-701-2010-00201-
01(51617).
31 Ello explica el porqué en la demanda de revisión se anotó lo siguiente: “Es el anterior testimonio el
fundamento en sede ordinaria, que no pudo ser valorado ni advertido por el juez de conocimiento,
enfrentando a mi poderdante a una negación de justicia. Esto, porque de comprenderse la flagrante
irregularidad por parte de la DIAN, al realizar la inspección en las instalaciones de POLYMEDICAL en
cumplimiento de un auto comisorio que hacía referencia a una dirección diferente, la consecuencia jurídica
sería declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, lo cual no ha sido posible hasta ahora”.
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6.2. Orden administrativa Nro. 003 del 5 de abril de 2010 de la DIAN

Respecto de este elemento tampoco se configura la causal de revisión invocada en
la demanda.

Primero, porque no se demostró la existencia de una causal extraña o imputable a
la accionada que justificara no solicitarlo ni aportarlo dentro del proceso ordinario
respectivo.

Téngase en cuenta que el elemento existía, incluso, antes de la interposición de la
demanda ordinaria, pero ni siquiera fue puesto de presente en ella -ningún cargo
se construyó sobre el mismo-; cuestión relevante al considerar que dicho
documento es de carácter público por lo que pudo haberse aportado y consultado
oportunamente desde que inició el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y, como tal, haberse referido su vulneración o desconocimiento.

Súmese a ello, que en la demanda de revisión solo se señaló que la demandada
fue “en contravía del principio de lealtad procesal al interior del proceso judicial, al guardar
conveniente silencio sobre la existencia de dicha normativa que, precisamente, regula los
procedimientos de los autos comisorios”, pese a lo cual no se arrimó ningún medio de
convicción que diera cuenta de esa conducta de retención de información.

Segundo, porque el documento tampoco cuenta con carácter decisivo para variar
la decisión adoptada por el juez de instancia. Esto, por cuanto la dirección
establecida en el auto comisorio correspondió a la registrada por Polymedical de
Colombia S.A.S. en el RUT; cuestión diferente es que el domicilio no se encontrara
debidamente actualizado.

Además, lo cierto es el que el procedimiento de la orden administrativa cuya
aplicación se solicita no era el pertinente para el caso concreto, pues aquel se
refería a la aprehensión de mercancías dentro de un trámite de definición de
situación jurídica, mientras este corresponde al trámite para la liquidación oficial de
revisión como consecuencia de un error en la clasificación de la subpartida
arancelaria. En efecto:

• En la orden administrativa Nro. 003 de 2010 se desarrollaron “los procedimientos
que deben ejecutar las dependencias del proceso de Fiscalización y liquidación, teniendo en
cuenta aspectos gerenciales, administrativos, requerimientos normativos, funcionales y
técnicos establecidos para tal fin”.

• En el ordinal quinto de dicha orden se estableció lo relativo a la “[d]escripción del
proceso de Fiscalización y Liquidación” y en el ordinal 5.2.3. se dispuso lo atinente
a la “[a]prehensión de mercancías”, aparte en el que se encuentra el ordinal 5.2.3.2.
-aducido en la demanda como aplicable- referido a la “[realización de] diligencias
de control” y en el cual se estableció lo siguiente:

“En el ejercicio de las funciones de control posterior se realizan acciones tendientes a detectar
el irregular ingreso y permanencia de mercancías en el país y a contrarrestar el contrabando
abierto y técnico; lo anterior se ejecuta mediante planes aduaneros dirigidos a sectores
económicos, lugares y en fechas especiales e investigaciones dirigidas a un presunto infractor
en particular. Como resultado de estas acciones se adoptan medidas cautelares como la
aprehensión de mercancías, para efectos de determinar la legal introducción y permanencia
de las mismas en el territorio aduanero nacional.
Es preciso observar los siguientes aspectos:

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a. Comisionar al empleado público designad para realizar la acción de control
Todos los empleados públicos que participen en las acciones de control deben estar
debidamente comisionados por el empleado público competente mediante el respectivo
Auto Comisorio y/o Resolución de Registro; teniendo en cuenta las características y
condiciones propias de la acción de control a realizar, indicando en forma expresa el
término de duración de la diligencia, la descripción del lugar y de ser posible señalar el
sitio exacto de la diligencia cuando se tenga la información disponible. (…)”

• En la sentencia cuya infirmación se pretende se descartó la procedencia de la
definición de la situación jurídica de la mercancía, bajo el entendido de que lo
pertinente, de acuerdo con las normas que resultaban aplicables, era la
liquidación de oficial de revisión.

Fue por eso que el juez de instancia sostuvo sobre el particular lo siguiente:
“ Así las cosas, como se dijo en párrafos atrás, la DIAN podía mediante liquidación oficial
corregir los errores de las declaraciones de importación que generen un menor pago de
derechos aduaneros (arancel e IVA), entre ellos, tarifa de los impuestos, y en el presente
caso, el cambio de subpartida arancelaria de la mercancía importada por la sociedad actora,
por lo que se concluye que la actuación de la Administración se encuentra ajustada a las
disposiciones que regulan sus facultades concernientes a ejercer el control sobre el efectivo
cumplimiento de las normas aduaneras.

Por lo precedente, concluye la Sala que no le asiste razón a la parte demandante, máxime
cuando la norma por ella indicada, esto es, el artículo 232-1 del Decreto 2586 de 1999
(Estatuto Aduanero), no tiene aplicación en el presente caso, pues la mercancía importada sí
fue declarada y el error en la subpartida arancelaria no genera error en la descripción de la
mercancía, sino un menor valor de los tributos aduaneros, siendo procedente afirmar
que el caso concreto no se encuadra dentro de la causal de decomiso o aprehensión
prevista en el artículo 502 numeral 1.6 del Estatuto Aduanero, pues es evidente que le
producto importado estuvo amparado en una planilla de envío, factura de
nacionalización o declaración de importación.

Es del caso aclarar que la mercancía declarada guarda correspondencia con sus documentos
soporte, por lo que, se insiste, no estamos frete a una mercancía diferente a la declarada
prevista para los eventos de aprehensión de mercancías, toda vez que al final siguen siendo
TAPABOCAS, pues lo que varía es su composición para efectos de su clasificación
arancelaria.”

En esa medida, no se observa cómo el supuesto desconocimiento de un
procedimiento diferente al que se estimó aplicable por el juez de instancia
pudiera variar la decisión adoptada por éste, lo que cobra relevancia al
considerar que en la demanda de revisión nada se argumentó al respecto.

Por demás, vale anotar que lo pretendido es cuestionar el procedimiento
aplicable, lo que no resulta posible si se tiene presente la finalidad del recurso
extraordinario de revisión, que impide la utilización de la herramienta
excepcional como una instancia adicional para discutir los razonamientos
jurídicos del juez ordinario.

7. Costas

La demanda de la referencia se presentó el 5 de noviembre de 202032, razón por la
que le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el C.P.A.C.A.,
antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.

32 Índice 2 del SAMAI.
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En relación con la condena en costas el C.P.A.C.A. no previó de manera expresa
su procedencia para los recursos extraordinarios de revisión. Por ello, es necesario
acudir a lo previsto en el artículo 188 ibidem, según el cual: «[…] Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil»

Por ello, corresponde la integración con lo previsto en los artículos 365 y 366 del
C.G.P., aplicables en virtud de la remisión antes citada.

Así, en el artículo 365 del C.G.P. resulta relevante considerar el numeral 8, al tenor
del cual “[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.”. Y en el artículo 366 ibidem deben tenerse en cuenta los
numerales 1, 4 y 6, según los cuales:
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará́ la liquidación y corresponderá́ al juez aprobarla o rehacerla. (…)

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá́ en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas. (…)

6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará́
inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto
de obedecimiento al superior, según el caso.”

Ahora bien, de acuerdo con la posición mayoritaria de esta Sección, no se impondrá
condena en costas porque no fue demostrada su causación. Por esto, pese a
declararse infundado el recurso de la referencia, no se condenará en costas a la
parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Polymedical de Colombia S.A.S. contra la sentencia del 5 de julio de 2019,
proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-37-000-
2018-00308-00.

2. Sin condena en costas

3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

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Cópiese, notifíquese, y cúmplase

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Aclaro el voto

(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
WILSON RAMOS GIRÓN

16

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