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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00029-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00029-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- NEGAR las pretensiones de la demanda. 2.- Sin condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2020-00029-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

4 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00029-00 (25411)
Demandante: OMAR SEBASTIÁN CABRERA CABRERA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 11001-03-27-000-2020-00029-00 (25411)
Demandante: OMAR SEBASTIÁN CABRERA CABRERA
Demandado: DIAN
Tema: Nulidad Concepto 0191 del 17 de febrero de 2020. Convenios para
evitar la doble imposición. Cláusula de la Nación más favorecida.
Activación en CDI con España, Suiza y Chile.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,
en concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20191, corresponde a la Sala decidir el medio de control de nulidad contra el Concepto
0191 del 17 de febrero de 20202, que dispone:

«De conformidad con los artículos 19 y 38 del Decreto 4048 de 2008 y en concordancia
con el artículo 7° de la Resolución número 204 de 2014, se avoca para conocimiento de
los contribuyentes el presente concepto general.

TÍTULO 1
GENERALIDADES

1.1 Descriptor: Generalidades

Introducción

Calificación de la categoría otorgada a los pagos por servicios técnicos, asistencia técnica
y consultoría y la relación de estos con la Cláusula de Nación Más Favorecida.

Los convenios o acuerdos internacionales adquieren la forma de un contrato vinculante
entre dos Estados partes que negocian, aceptan y acuerdan determinados términos sobre
una respectiva materia. A través de estos se busca la materialización del consentimiento
de los Estados a obligarse a cumplir con los deberes plasmados en el acuerdo, soportados
en el principio internacional del pacta sunt servanda previsto en la Convención de Viena de
1969 sobre el Derecho de los Tratados.

Entre algunos de los Convenios para Evitar la Doble Imposición (en adelante, “CDI” o
“Convenio”) suscritos por Colombia, se pactó que la contraprestación recibida por los
servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría se entendería calificada dentro del
artículo 12 de Regalías.

En cuanto a la limitación de la facultad impositiva del Estado de la fuente sobre las
contraprestaciones pagadas por dichos servicios, en alguno de estos Convenios se estipuló
una cláusula de Nación Más Favorecida, entendida para estos efectos como un
instrumento que busca adoptar, para un Convenio suscrito previamente, cualquier ventaja

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Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta.
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Samai, índice 00020, fls. 4-12.

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o privilegio concedido a un tercer Estado, en relación con la calificación de los servicios ya
pactados.

Que, mediante la Ley 1939 de 2018, el Congreso de la República aprobó el “Convenio
entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para
evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias
de capital y para prevenir la Evasión y Elusión Tributaria” y la Corte Constitucional declaró
exequible por revisión de control automático a través de Sentencia C-491 del 22 de octubre
del 2019. Por último, el intercambio de notas se concretó el 13 de diciembre de 2019,
cumpliendo así los requisitos establecidos para la entrada en vigencia del mencionado
Convenio.

De acuerdo con este Convenio, las contraprestaciones recibidas por concepto de servicio
técnico, asistencia técnica y consultoría ya no se encuentran calificadas expresamente
dentro del artículo 12 de Regalías y, por ende, podrían tener un tratamiento más
beneficioso que aquellos convenios en los cuales dichos pagos califican como regalías. Lo
anterior significa, que este tratamiento disímil podría activar alguna de las cláusulas de
Nación Más Favorecida vigentes. Sin embargo, lo anterior dependerá de un análisis
realizado caso a caso.

Así las cosas, se hace necesario realizar una interpretación oficial sobre la activación o no
de la cláusula de Nación Más Favorecida en cada uno de los tratados vigentes, según su
contenido y redacción, para efectos de su debida aplicación.

1.2. Descriptor: Generalidades

¿Cuál es la entrada en vigor y la vigencia de las disposiciones del CDI de la República de
Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte?

El CDI suscrito entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte cumplió los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico interno, mediante Nota
Diplomática del Gobierno de la República de Colombia del 13 de diciembre del 2019, fecha
a partir de la cual entró en vigor el Convenio.

Ahora, si bien el CDI de la referencia entró en vigor el 13 de diciembre del 2019, es
importante mencionar que a la luz del literal a) del numeral 2 del artículo 28 del Convenio,
se acordó expresamente para Colombia que: “con respecto a impuestos percibidos por vía
de retención en la fuente sobre cantidades pagadas o abonadas en cuenta, en, o después
del primer día de enero del año calendario siguiente a aquel en el cual este Convenio entre
en vigor”; motivo por el cual, los efectos aplicables a las retenciones en la fuente iniciaron
a partir del 1° de enero del 2020.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los presupuestos mencionados y la entrada en
vigencia del Convenio de la referencia, la activación de la cláusula de Nación Más
Favorecida en los Convenios suscritos por Colombia dependerá de cada una de las
cláusulas, siempre teniendo en cuenta que la vigencia de las disposiciones, con respecto
a retenciones en la fuente, inició a partir del 1° de enero del 2020.

TÍTULO 2
ACTIVACIÓN DE LA CLÁUSULA DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN LOS
CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN SUSCRITOS POR COLOMBIA

2.1. Descriptor: Convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y España

Mediante el numeral 3 del artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición entre
Colombia y España (Ley 1082 de 2006), se estableció que se considerarían calificadas
bajo el concepto de “regalías” las contraprestaciones pagadas por la prestación de
servicios de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría.

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En cuanto a esto, el protocolo, que hace parte integral del Convenio, señaló en el numeral
3 de la enmienda octava “VIII” como adición al artículo 12, la siguiente redacción de la
cláusula:

“En el caso de que Colombia, después de firmado este presente convenio, acordara con
un tercer Estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferior al establecido en el
artículo 12 del presente Convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente
al presente convenio como si constara expresamente en el mismo; surtirá efectos desde la
fecha en la que surtan efectos las disposiciones del convenio firmado con ese tercer
Estado.” (Subrayado fuera del texto).

Sobre el particular, puede observarse que la activación de la cláusula de Nación Más
Favorecida está supeditada a un único evento y es que Colombia pacte con un tercer
Estado un tipo impositivo inferior al acordado en el Convenio con España. Con lo
anterior, resulta necesario definir la acepción “tipo impositivo” prevista en el
contenido de la cláusula para lo cual, la Real Academia Española (RAE) señala que,
en economía, el contexto es un “tipo porcentual que se aplica a la base imponible
para calcular el gravamen”.

De lo anterior es dable inferir que, la activación de la cláusula de Nación Más
Favorecida, solo se daría en aquellos eventos en que se fije o acuerde, directa y
expresamente, un porcentaje inferior al previsto en la cláusula de regalías del CDI
con España.

De tal suerte que, con la entrada en vigencia del CDI entre Colombia y Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el tratamiento previsto en el artículo 12 del CDI
con España no tiene ningún tipo de alteración o modificación por cuanto el CDI
suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no fija expresamente
un tipo impositivo inferior. Por ende, bajo el Convenio con España, la
contraprestación que se pague por la prestación de servicios técnicos, asistencia
técnica y consultoría seguirá siendo calificada como una regalía.

2.2. Descriptor: Convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos.

Mediante el numeral 3 del Artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición entre
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos (Ley 1568 de 2012), se estableció que se
considerarían como “regalías” las contraprestaciones pagadas por la prestación de
servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría.

El protocolo señaló en el literal a) del numeral 4, la siguiente redacción de la cláusula:

“En el caso de que Colombia, después de firmado este Convenio, acordara con un tercer
Estado una tasa impositiva sobre regalías aplicable a los pagos por asistencia técnica y
servicios técnicos que sea inferior a la establecida en el artículo 12 del presente Convenio,
o bien, considera dichos pagos con una naturaleza distinta a la de regalías, esa nueva tasa
impositiva o naturaleza se aplicará automáticamente al presente Convenio como si
constara expresamente en el mismo y surtirá efectos desde la fecha en la que sean
aplicables las disposiciones del Convenio firmado con ese tercer Estado”. (Subrayado fuera
del texto).

De la redacción expuesta, para que se presente la activación de la cláusula, debe existir
uno de los siguientes eventos: i) que se acuerde un menor tipo impositivo con un tercer
Estado de forma expresa en el contenido del artículo de regalías o ii) que se considere que
los conceptos de servicio técnico y asistencia técnica tendrán una naturaleza distinta a la
de regalías.

Con base en lo anterior, es dable interpretar que el CDI suscrito entre Colombia y Reino
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al eliminar del concepto de regalías los pagos realizados
por los mencionados tipos de servicios, conlleva a que exista una modificación en la
calificación de los mismos y por consiguiente, que la cláusula de Nación Más Favorecida

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suscrita en el CDI con México se active y que los pagos cubiertos por asistencia técnica y
servicio técnico se interpreten a la luz de las reglas previstas para Beneficios Empresariales
u Otras rentas. Lo anterior, sin perjuicio de que los pagos realizados puedan ser
catalogados bajo otro artículo del Convenio. De igual manera, vale la pena mencionar que
la contraprestación por servicios de consultoría no se encuentra cubierta por esta cláusula
y, por ende, dicha contraprestación seguirá tratándose como una regalía bajo este CDI.

Con ocasión de la activación de la cláusula de Nación Más Favorecida, en este caso
concreto, las disposiciones referentes al nuevo tratamiento para los servicios de asistencia
técnica y servicios técnicos serán aplicables en el CDI con México a partir del 1° de enero
de 2020.

2.3. Descriptor: Convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y Chile.

Mediante el numeral 3 del artículo 12 del CDI entre Colombia y Chile (Ley 1261 de 2008),
se estableció que se considerarían calificados bajo el concepto de “Regalías” los servicios
técnicos, asistencia técnica y consultoría.

El protocolo de este Convenio señaló, en adición al artículo 12, la siguiente redacción de
la cláusula:

“Si Colombia concluye un Convenio con un tercer Estado en el que se modifique la
imposición en el país de la fuente de los pagos por asistencia técnica, servicios técnicos o
servicios de consultoría que se contemplan en el artículo 12 de este convenio, tales
modificaciones se aplicarán al presente Convenio como se indica a continuación:

En el caso que se acuerde una exención o una alícuota menor en dicho convenio, tal
exención o alícuota menor se aplicará automáticamente a este convenio. La exención o la
reducción de la alícuota se aplicará a este Convenio a partir de la fecha de entrada en vigor
del Convenio con el otro Estado, bajo las mismas condiciones como si esa exención o
alícuota menor hubiera sido especificada en este Convenio. (…)” (Subrayado y negrita
fuera del texto).

En aplicación del método de interpretación sistemática previsto en el ordenamiento
jurídico, resulta claro que la activación de la cláusula de Nación Más Favorecida en
el Convenio con Chile se presenta a partir de una voluntad bilateral de Colombia y
un tercer Estado contratante, en acordar expresamente la modificación en la
imposición en el país de la fuente a través de: i) una exención o ii) una disminución
de la tarifa aplicable a los pagos por la prestación de servicios técnicos, asistencia
técnica o de consultoría.

Para este Despacho lo anterior significa que, al no existir un acuerdo expreso que
cumpla con las características de una exención, es decir, la concreción de un
tratamiento preferencial a un asunto en particular de forma taxativa, la simple
exclusión de los conceptos -de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría- de
la definición del artículo 12 de “Regalías” del CDI entre Colombia y Reino Unido Gran
Bretaña e Irlanda del Norte no es per se una exención y, mucho menos, la
estipulación de una tarifa o alícuota menor, con lo cual, la cláusula de Nación Más
Favorecida como adición al artículo 12 “Regalías” para el CDI entre Colombia y Chile
no se activaría.

2.4. Descriptor: Convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y República
Checa.

Mediante el numeral 3 del artículo 12 del CDI entre Colombia y República Checa (Ley 1690
de 2013), se estableció que se considerarían calificados bajo el concepto de “Regalías” los
pagos por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría.

Por otro lado, el numeral 7 del mismo artículo, señaló la siguiente redacción de la cláusula:

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“Si, después de la firma del presente Acuerdo, Colombia firma con un tercer Estado un
Acuerdo, Convenio o un Protocolo que contenga disposiciones relacionadas con la
imposición de rentas por la prestación de servicios de asistencia técnica, servicios técnicos
o servicios de consultoría que sean más favorables que aquellas dispuestas en el presente
Acuerdo, con respecto a la tarifa o tratamiento tributario o ambos, dicho régimen será
automáticamente aplicable para efectos del presente acuerdo, a partir de la fecha en la
cual el Acuerdo, Convenio o Protocolo al mismo entre Colombia y ese tercer Estado
produzca efectos”. (Subrayado fuera del texto).

Sobre el asunto, se vislumbran dos eventos para efectos de la activación de la cláusula, i)
que se pacte una tarifa más favorable a la señalada en el artículo 12 del CDI o ii) que el
CDI que suscriba Colombia con un tercer Estado contenga disposiciones que otorguen un
tratamiento tributario más favorable.

De acuerdo con lo anterior, para este Despacho es dable interpretar que al otorgar un
tratamiento tributario que deriva en la posible no imposición en el Estado de la fuente
(“Colombia”), por remisión a las reglas de beneficios empresariales u otras rentas, la
activación de la cláusula de Nación Más Favorecida es inminente.

Con ocasión de la activación de la cláusula de Nación Más Favorecida, en este caso
concreto, las disposiciones referentes al nuevo tratamiento para los servicios de asistencia
técnica, servicios técnicos y consultoría serán aplicables en el CDI con República Checa a
partir del 1° de enero de 2020.

2.5. Descriptor: Convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y Canadá.

Mediante el numeral 3 del artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición entre
Colombia y Canadá (Ley 1459 de 2011), se estableció que se considerarían calificados
bajo el concepto de “regalías” los pagos por servicios técnicos, asistencia técnica y
consultoría.

El protocolo del Convenio señaló en el literal g) del numeral 1, la siguiente redacción de la
cláusula:

“Si después de firmado el Convenio, Colombia suscribe con un Estado tercero un Convenio
que estipule disposiciones respecto de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de
consultoría que sean más favorables que aquellas dispuestas en el artículo 12 del
Convenio, dichas disposiciones aplicarán automáticamente al Convenio, bajo las mismas
condiciones, como si dichas disposiciones se hubieren establecido en el Convenio. Dichas
disposiciones aplicarán a este Convenio a partir de la entrada en vigor del Convenio con el
Estado tercero. La autoridad colombiana competente le deberá informar a la autoridad
canadiense competente, sin demora, que se han cumplido las condiciones de aplicación
de este subpárrafo.”

Al respecto, no se puede perder de vista que el verbo rector principal para la activación de
la cláusula es “estipular” con un tercer estado disposiciones que sean más favorables; este
término es definido por la Real Academia Española (RAE) como “Convenir, concertar,
acordar.” Bajo ese presupuesto, convenir, concertar o acordar implican que no debe ser un
tratamiento expreso, ya que el tratamiento más favorable se puede dar por la omisión en
la definición de regalías, como es del caso. Por ende, este Despacho considera que, al
haber excluido de la definición de regalías la contraprestación por los mencionados
servicios, esto se considera un tratamiento más favorable. Por lo anterior, consideramos
que sí se activa la Cláusula de Nación Más Favorecida de este Convenio.

Con ocasión de la activación de la cláusula de Nación Más Favorecida, en este caso
concreto, las disposiciones referentes al nuevo tratamiento para los servicios de asistencia
técnica, servicios técnicos y consultoría serán aplicables en el CDI con Canadá a partir del
1° de enero de 2020.

2.6. Descriptor: Convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y Portugal

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Mediante el numeral 3 del artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición entre
Colombia y Portugal (Ley 1692 de 2013), se estableció que se considerarían calificados
bajo el concepto de “regalías” los pagos realizados por la prestación de servicios técnicos,
asistencia técnica y consultoría.

El protocolo de este Convenio señaló en el literal a) del numeral 5, la siguiente redacción
de la cláusula:

“Si, después de la firma del Convenio, Colombia concluye con un tercer Estado un convenio
que incluya disposiciones relativas a la asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de
consultoría que son más favorables que los previstos por el artículo 12 del Convenio, dichas
disposiciones se aplicarán automáticamente al convenio, bajo las mismas condiciones
como si ellas hubieran sido incluidas en el Convenio. Dichas disposiciones se aplicarán al
Convenio desde la fecha de entrada en vigor del Convenio con el tercer Estado. La
autoridad competente de Colombia informará sin demora a la autoridad competente de
Portugal que las condiciones de aplicación del presente apartado se han cumplido.”

En este caso, la inclusión de un nuevo contenido del artículo de regalías que modifica la
calificación de la renta, conforme a lo previsto en el artículo 12 del CDI entre Colombia y
Reino Unido, para la imposición de los conceptos de servicio técnico, asistencia técnica y
consultoría, genera una disposición más favorable al momento de la interpretación del CDI
entre Colombia y Portugal; con lo cual, este Despacho considera que la cláusula de Nación
Más Favorecida se activa para el Convenio en particular.

Con ocasión de la activación de la cláusula de Nación Más Favorecida, en este caso
concreto, las disposiciones referentes al nuevo tratamiento para los servicios de asistencia
técnica, servicios técnicos y consultoría serán aplicables en el CDI con Portugal a partir del
1° de enero de 2020.

2.7. Descriptor: Convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y Suiza

Mediante el numeral 3 del artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición entre
Colombia y Suiza (Ley 1344 de 2009), se estableció que se considerarían calificados bajo
el concepto de “regalías” los pagos realizados con ocasión de servicios técnicos, asistencia
técnica y consultoría.

A su turno, el protocolo de este Convenio señaló, en el literal numeral 4 como adición al
artículo 12, la siguiente redacción de la cláusula:

“En el caso de que Colombia, después de firmado este presente convenio, acordara con
un tercer Estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferior al establecido en el
artículo 12 del presente convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente
al presente convenio como si constara expresamente en el mismo; surtirá efectos desde la
fecha en la que surtan efectos las disposiciones del convenio firmado con ese tercer
Estado.”

Sobre el particular, puede observarse que la activación de la cláusula de Nación Más
Favorecida está supeditada a un único evento y es que Colombia pacte con un tercer
Estado un tipo impositivo inferior al acordado en el Convenio con Suiza. Con lo
anterior, resulta indispensable definir la acepción “tipo impositivo” prevista en el
contenido de la cláusula; para lo cual, la Real Academia Española (RAE) señala que,
en economía, el contexto de dicha expresión corresponde a un “tipo porcentual que
se aplica a la base imponible para calcular el gravamen”.

De lo anterior es dable inferir que la activación de la cláusula de Nación Más
Favorecida solo ocurriría en aquellos eventos en que se fije o acuerde, directa y
expresamente, un porcentaje de retención inferior al previsto en la cláusula de
regalías del CDI con Suiza.

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De tal suerte que, con la entrada en vigencia el CDI entre Colombia y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el tratamiento previsto en el artículo 12 del CDI con
Suiza no genera ningún tipo de alteración o modificación». Se resalta.

DEMANDA

OMAR SEBASTIAN CABRERA CABRERA, en ejercicio del medio de control
establecido en el artículo 137 del CPACA, demandó la nulidad del Concepto 0191 del
17 de febrero de 2020, por violación de normas superiores y falsa motivación3.

Invocó como normas violadas4 los artículos 9 y 83 de la Constitución política y 26, 31,
32 y 33 de la Ley 32 de 19855. Sobre el concepto de violación6, expuso, en síntesis:

Colombia ha negociado convenios para evitar la doble imposición bajo las reglas
generales de distribución tributaria establecidas en la plantilla del Modelo de Convenio
Tributario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (MOCDE),
según las cuales, los ingresos derivados de la prestación de servicios técnicos, de
asistencia técnica y de consultoría se regulan por el marco general del artículo 7 de la
Convención, como beneficios empresariales, y no pueden ser objeto de imposición
fiscal en el país de la fuente, salvo que en este el titular de dichos ingresos posea un
establecimiento permanente al que pueda imputársele la renta de acuerdo con las
respectivas reglas de atribución de beneficios para dichos entes ficticios.

Los CDI suscritos por Colombia variaron la regla general impositiva sobre tales
ingresos, porque agregaron los servicios mencionados en el espectro objetivo de las
regalías (art. 12 de dichos convenios), permitiendo someter a imposición los pagos de
estas en el país de la fuente. En virtud tales acuerdos, las contrapartes de Colombia
aceptaron dicha modificación, bajo la condición de que les concediera Cláusulas de
Nación más Favorecida - NMF indemnizatorias o compensatorias, con las cuales el
Estado Colombiano se obligaba a que el futuro otorgamiento de condiciones
especiales en materia de regalías a un tercer país, se aplicara automáticamente a los
CDI con cláusula de NMF, sin la intervención de ninguna autoridad competente.

Los CDI están regulados por la Convención de Viena de 1969, ratificada por Colombia
en la Ley 32 de 1985. El artículo 5.° de dicha convención prevalece sobre las demás
normas, en cuanto regula tratados internacionales, y los artículos 31, 32 y 33 ib.,
contienen las pautas hermenéuticas aplicables para entender las palabras y términos
de los distintos tratados internacionales, en forma de reglas uniformes, siempre que
los Estados hayan ratificado internamente la convención.

De acuerdo con las cláusulas de reenvío y salvo disposiciones del CDI en contrario,
estos deben interpretarse de conformidad con la legislación tributaria del Estado
contratante, cuyas normas tributarias vigentes en su jurisdicción prevalecen frente al
alcance de las leyes generales. Esa regla armoniza con las guías generales de la
mencionada Convención de Viena.

3
Samai, índice 00002, 2_ED_DEMANDA-Y-ANEXO_Demanda-Nulidad-Clausula-de--Nacio´n-Ma´s-Favorecida.pdf(.PDF)
NroActua 2, fl. 2.
4
Ibídem, fls. 4-5.
5
Por la cual se aprueba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
6
Samai, índice 00002, 2_ED_DEMANDA-Y-ANEXO_Demanda-Nulidad-Clausula-de--Nacio´n-Ma´s-Favorecida.pdf(.PDF)
NroActua 2, fls. 5 y sgts.

7
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Demandante: OMAR SEBASTIÁN CABRERA CABRERA

Con la entrada en vigencia del CDI entre Colombia y el Reino Unido (1.°de enero de 2020),
el concepto demandado concluyó que a los convenios con España y Suiza aplicaba la
regla distributiva de las regalías en materia de servicios técnicos, asistencia técnica y
consultoría, de modo que los ingresos provenientes de los mismos no podían tratarse
como beneficios empresariales, porque las cláusulas de NMA incluidas en sus
respectivos protocolos preveían su aplicación solo cuando después de firmados los
convenios, Colombia acordaba con un tercer Estado un «tipo impositivo» sobre regalías,
inferior al establecido en el artículo 12 de los mismos y aplicaba automáticamente.

Ante tal condición, el concepto acusado consideró que la calificación de regalías para
servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría en los CDI con España y Suiza, se
mantenía incólume, porque en el convenio con el Reino Unido, negociado con
posterioridad, Colombia no había otorgado un «tipo impositivo inferior», interpretado como
«tarifa o alicuota de un tributo», según la definición de la Real Academia de la Lengua, ni
había otorgado tarifas inferiores al 10 % para retención en la fuente por regalías.

Los términos de los convenios internacionales deben interpretarse según el sentido
corriente de las palabras en el contexto de esos acuerdos. La aproximación de la DIAN
a la delimitación del concepto de «Nación Más Favorecida» en los CDI con España y Suiza,
a partir de la definición dada por la RAE al término «tipo impositivo», es literal y desconoce
los elementos intrínsecos del funcionamiento de las cláusulas de NMF, así como la
teleología de la Convención de Viena, pues al entrar en vigencia del CDI con el Reino
Unido, los servicios técnicos, la asistencia técnica y la consultoría comenzaron a
regirse por la cláusula de beneficios empresariales, implicando un «tipo porcentual»
inferior que pasó del 10 % de la alícuota general prevista para las regalías en los CDI
con España y Suiza, al 0 %.

En el caso del CDI con Chile, su protocolo indica que la cláusula de NMF se ejecuta
siempre que se otorgue una exención en regalías a un estado ajeno al tratado y una
alícuota menor en materia de regalías, tal como ocurrió con el celebrado con el Reino
Unido, que eximió la tributación a los pagos por los servicios especializados de tipo
técnico, de asistencia técnica y de consultoría, con tarifa de tributación del 10 % al 0
%, estableciendo así un tipo impositivo inferior y una exoneración de gravamen. No
obstante, el concepto demandado estimó que no se cumplían los tratamientos
preferenciales a los que se supeditó la aplicación de la cláusula.

El concepto acusado transgrede los principios de «Pacta Sunt Servanda» y «buena fe»,
contemplados en la CVDST y reconocidos por la Constitución de 1991, en cuanto dio
a las cláusulas de NMF de los CDI con España y Chile un alcance ajeno a las mismas,
que condujo a Colombia a desconocer de mala fe sus obligaciones internacionales,
por una interpretación al clausulado que los Estados contratantes no previeron.

Tales principios fueron vulnerados en el CDI con Suiza, otorgado en idiomas español
y francés con textos auténticos sin prelación alguna entre sí, dado que sus versiones
idiomáticas conflictúan en la redacción de la cláusula de NMF, pues mientras la versión
en español alude al término «tipo impositivo», la versión en francés se refiere a un
régimen de regalías más favorable con el que se activa la cláusula mencionada. Y la
mejor forma de conciliar textos contradictorios es asumir que el CDI con el Reino Unido
hizo efectiva dicha cláusula, porque el convenio buscó aplicar las normas uniformes

8
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del MOCDE, según las cuales, las rentas originadas en los servicios mencionados son
un beneficio empresarial no gravable en el País de la fuente.

Los conflictos de redacción imponen acoger el sentido que mejor concilie las
convenciones, a partir de su objeto y finalidad; por lo mismo, la inexistencia de la
cláusula de NMF para servicios técnicos, de asistencia técnica y de consultoría en el
convenio negociado con Suiza, no impedía que esta operara en virtud de la buena fe,
pues dicho país celebró el convenio bajo la creencia de que tal cláusula aplicaba al dar
un trato más favorable en materia de regalías.

Bajo la interpretación finalista de dicho objeto y finalidad, las autoridades competentes
pueden considerar que las cláusulas de NMF se hicieron efectivas, y así limitar el
crédito fiscal por la retención en la fuente aplicable en Colombia, el cual deriva en una
doble imposición ajena a la finalidad de los convenios con España, Suiza y Chile.

Por Auto del 19 de enero de 2022 se negó la suspensión provisional del concepto
demandado, ante la carencia de elementos de certeza sobre la vulneración normativa
alegada en la demanda y requirente de un análisis que excede la confrontación legal
admitida para tal figura jurídica7.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda8, aduciendo que el concepto
demandado no infringe las normas en que se funda, pues según el análisis de los
convenios de doble imposición vigentes, en los que se pactó la cláusula de nación más
favorecida, ésta no se activó en los CDI con España, Chile y Suiza por el hecho de
haber entrado a regir el CDI con el Reino Unido.

Los convenios internacionales son eficaces para incentivar la inversión y eliminar la
doble imposición en dos o más Estados. Colombia se ha enfocado en fortalecer las
políticas fiscales para evitar la erosión de las bases gravables y el traslado artificial de
utilidades al exterior, con base en la reciprocidad.

A la luz del principio de no discriminación, los nacionales de un Estado contratante no
pueden someterse en otro Estado a ninguna obligación que no se exija o que sea más
gravosa de aquéllas a las que esté sometido o puedan estar sometidos los nacionales
de ese otro Estado en iguales circunstancias.

Con la entrada en vigor del Convenio entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación, con su protocolo y ley aprobatoria,
se generó un impacto directo en la cláusula de nación más favorecida de los demás
CDI suscritos por Colombia, en cuanto acordó para Colombia que las disposiciones
sobre retenciones en la fuente entraron en vigor a partir del 1.° de enero de 2020, sin
incluir en ese concepto a los pagos por servicios técnicos, asistencia técnica o
consultoría (arts. 28 [2, a] y 12).

Los demás convenios vigentes disponen que las regalías se sujetan a imposición en
el Estado de la residencia o en el estado contratante de donde procedan (Estado de la
7
Samai índice 00023.
8
Samai, índice 00021.

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fuente), en cuyo caso, si el beneficiario es un residente del otro Estado Contratante, la
imposición se limita a un porcentaje del importe bruto de los cánones o regalías, cuya
definición Colombia amplió en algunos CDI, en virtud del principio de autonomía de la
voluntad. Al amparo de ese principio, el pago por el uso y el derecho de uso de equipos
industriales, comerciales y científicos se incluyó dentro del concepto de regalías, al
igual que los pagos por servicios técnicos, de asistencia técnica y consultoría, salvo
en los acuerdos celebrados con Francia, Reino Unido, Italia y Japón.

Para aplicar las cláusulas que extendieron el concepto de regalías, los CDI con
España, Suiza, Chile Canadá, México, República Checa y Portugal incluyeron la
cláusula de NMF en sus respetivos protocolos, con impacto directo en los CDI
diferentes al del Reino Unido, en el que los servicios técnicos, de asistencia técnica y
de consultoría no fueron calificados como regalías, sino como beneficios
empresariales, con rentas no sometidas a imposición en el Estado de la fuente, sino
en aquél donde resida quien las percibe, implicando así un tratamiento más favorable
para ese tipo de rentas por inexistencia de retención en la fuente en el Estado en que
se perciben.

El concepto acusado analizó si con la entrada en vigor del convenio entre Colombia y
el Reino Unido se activó la cláusula de NMF en los demás convenios vigentes que la
contienen, y si en virtud de la misma el tratamiento de los servicios técnicos, de
asistencia técnica y consultoría en el CDI con el Reino Unido era extensivo a los
demás.

Al respecto, se concluyó que en el CDI suscrito con España la activación de la cláusula
se supeditaba a que Colombia pactara con un tercer Estado un tipo impositivo inferior
al acordado en dicho CDI, lo cual sólo ocurriría si se fijaba o acordaba un porcentaje
inferior al de la cláusula de regalías del CDI con España, de manera que al no fijarse
en el CDI con el Reino Unido un tipo impositivo inferior, las rentas por concepto de la
prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría continuaban
calificándose como regalías.

En el CDI suscrito con Chile, los servicios técnicos, de asistencia técnica y consultoría
también se calificaron bajo el concepto de regalías, y el concepto estimó que, por
interpretación sistemática, la cláusula de NMF se daba por una voluntad bilateral de
Colombia y el Estado contratante para modificar la imposición de los pagos por la
prestación de tales servicios en el país de la fuente, a través de una exención o de la
disminución de la tarifa aplicable a los mismos, concluyendo que la activación no se
daría, pues con la exclusión de tales servicios de la definición de regalías en el CDI
con el Reino Unido, no se generó una exención ni un acuerdo expreso de tratamiento
preferencial.

La misma calificación de regalías tienen los pagos de los servicios mencionados en el
CDI celebrado con Suiza, según el cual, los nuevos tipos impositivos o tarifas inferiores
a los establecidos en el mismo convenio se aplicaban automáticamente; de manera
que la activación de la cláusula de NMF se supeditaba a que Colombia pactara con un
tercer Estado un tipo impositivo inferior al acordado con Suiza, lo cual ocurriría al fijarse
un porcentaje de retención inferior al previsto en la cláusula de regalías de ese
acuerdo. Sin embargo, con la entrada en vigencia del CDI con el Reino Unido, esa
disposición del CDI con Suiza no generó ninguna modificación y, por tanto, la cláusula
de NMF en tales convenios no se activó porque, según la redacción de la misma, el
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tratamiento más favorable implicaba pactar un tipo impositivo o alícuota menor, sin que
ello pasara en el CDI con el Reino Unido.

Como en los CDI con España, Chile y Suiza se pactó que el tratamiento más
beneficioso derivaba de pactar un tipo impositivo menor, y considerando la redacción
de la cláusula de NMF en el artículo 31 de la Convención de Viena, se entiende que la
entrada en vigor del CDI entre Colombia y el Reino Unido impidió que dicha cláusula
se activara en tales convenios, en los que los pagos por los tres servicios referidos
seguirían teniendo el tratamiento de regalías.

El concepto demandado se apoyó en la regla general de interpretación establecida en
el artículo 31 de la Convención de Viena, en concordancia con el principio de buena
fe, conforme al sentido corriente que se atribuye a los términos del tratado; de modo
que su análisis sobre la activación de las cláusulas de NMF no viola los principios del
derecho internacional público, pues dentro de la libertad negocial de Colombia en los
convenios pactados con Chile, España y Suiza, tales cláusulas obligatorias en virtud
del pacta sunt servanda, establecen qué se entiende por tratamiento más favorable.

El sentido corriente es la regla general que prohíbe interpretar lo que no se necesita,
y un Estado solo puede apartarse del significado general de las palabras cuando de la
interpretación de las partes resulta una conclusión diferente que genere una duda
razonable, o cuando el lenguaje fuere ambiguo, oscuro o conlleve un efecto irracional.

La redacción de la cláusula de NMF en los CDI de España, Suiza y Chile es clara y no
requiere una interpretación exegética complementaria sino literal, y tratándose del
segundo de ellos debe tenerse en cuenta que el castellano es el idioma oficial de
Colombia, donde debe aplicarse el texto en ese idioma.

Por Auto del 21 de febrero 20229, el despacho sustanciador ordenó surtir el trámite de
sentencia anticipada, de acuerdo con el literal a) del artículo 182A del CPACA, en
concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 2021, en el entendido
de que el presente proceso correspondía a un asunto de pleno derecho que no
requería práctica de pruebas. Al tiempo, fijó el litigio en el estudio de la legalidad del
Concepto 0191 (3283) de 17 de febrero de 2020, expedido por la Dirección de Gestión
Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a partir de las
normas que se citan como violadas, el concepto de violación y los argumentos de
oposición expuestos en la contestación de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante no alegó de conclusión.

La demandada10 reiteró los argumentos de la contestación, resaltando que el acto
demandado indicó que los conceptos de servicios técnicos, de asistencia técnica y
consultoría no se incluyeron en la definición de regalías del CDI con el Reino Unido,
sin que ello implique otorgarles un tipo impositivo inferior ni una exención de tarifa del
0 %, como tampoco un acuerdo expreso de tratamiento preferencial, y que la
activación de la cláusula de NMF dependía de la redacción del respectivo CDI, la cual,
9
Samai, índice 00028.
10
Samai, índice 00034.

11
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en el caso de los suscritos con España, Chile y Suiza, se supeditó a pactar un tipo
impositivo o alícuota menor, que o fue prevista en el CDI con el Reino Unido.

Por autonomía de la voluntad, Colombia incluyó los servicios técnicos, de asistencia
técnica y de consultoría en la definición de regalías, y para aplicar la cláusula de
imposición de ingresos por cánones y regalías de los CDI distintos al del Reino Unido,
pactó en ellos la cláusula de NMF que, en el caso de los celebrados con España, Suiza
y Chile, se incluye en sus respectivos protocolos, impactándolos, porque las regalías
tomadas como beneficios empresariales solo se someten a imposición en el lugar de
residencia, sin retención en la fuente en el Estado donde se perciben. La claridad del
clausulado de tales CDI no hace necesario recurrir a otros criterios de interpretación.

El Ministerio Público no conceptuó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad del concepto general sobre la activación de las cláusulas de
nación más favorecida incorporadas en los convenios para evitar la doble tributación
suscritos por Colombia, con ocasión de la entrada en vigor del convenio para evitar la
doble tributación con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en cuanto
a las conclusiones que expuso respecto de los CDI entre Colombia y España;
Colombia y Suiza y Colombia y Chile, a saber:

➢ Que la cláusula de nación más favorecida en los CDI de España y Suiza, se
supeditaba a que Colombia pactara con un tercer Estado un tipo impositivo
inferior al acordado en tales convenios, de modo que: i) la misma solo podía
activarse cuando se fijara directa y expresamente un porcentaje inferior al
previsto en la cláusula de regalías de dichos CDI y, ii) la contraprestación
pagada por servicios técnicos, de asistencia técnica y de consultoría se
calificaba como regalía, porque en el CDI con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte no se fijó el mencionado tipo impositivo inferior, entendido
como el «Tipo porcentual aplicado a la base imponible para calcular el gravamen», según la
definición de la RAE; en consecuencia, con la entrada en vigencia de ese
convenio, el tratamiento previsto en el artículo 12 de los CDI con España y Suiza
no generaba ninguna alteración o modificación.

➢ Que, de acuerdo con una interpretación sistemática, en el CDI con Chile la
cláusula de nación más favorecida partía de la voluntad bilateral de Colombia y
un tercer Estado contratante, en acordar expresamente la modificación de la
imposición en el país de la fuente, a través de una exención o de una
disminución de la tarifa aplicable a los pagos por la prestación de servicios
técnicos, de asistencia técnica o de consultoría. Con ello, se descartó la
activación de la cláusula por la inexistencia de un acuerdo expreso con las
características de exención o tratamiento preferencial taxativo para un asunto
en particular, precisando que el hecho de que la definición de regalías en el
artículo 12 del CDI entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, no incluyera esos servicios, no configuraba una exención ni la
estipulación de una tarifa o alícuota menor.

12
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Según el demandante, en los CDI celebrados por Colombia con España, Chile y Suiza,
los ingresos por servicios técnicos, de asistencia técnica y consultoría constituyen, por
regla general, «beneficios empresariales» no sujetos a imposición en el país de la fuente,
dado que ese fue el tratamiento acordado para dichos ingresos en el CDI suscrito con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, posterior a los tres primeros;
independientemente de que éstos últimos hubieren calificado tales ingresos como
«regalías» sujetas a imposición en el país de donde provienen, en modificación de la
regla general mencionada, considerando que esa variación fue aceptada por los
Estados contraparte a partir de las cláusulas de la nación más favorecida, que
conllevaban la aplicación automática de las futuras condiciones especiales otorgadas
por Colombia a un tercer País como el Reino Unido.

Corresponde a la Sala analizar la validez de las conclusiones fiscales cuestionadas,
en el marco de las reglas hermenéuticas que rigen la interpretación de los tratados
internacionales y el ejercicio dialéctico que ello conlleve en materia de tratamiento
fiscal a los servicios técnicos, de asistencia técnica y consultoría, de cara al alcance
de las cláusulas 7 y 12 de los Convenios entre «la República de Colombia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la
renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión tributarias” y su “Protocolo»,
suscrito en Londres el 2 de noviembre de 2016; «el Reino de España y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio y su protocolo», firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2005; «la
República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio”, y el “Protocolo del Convenio entre la República
de Chile y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio», firmados en Bogotá el 19 de abril de 2007; y
«la República de Colombia y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Imposición en Materia de
Impuestos sobre la Renta y Sobre el Patrimonio” y su “Protocolo», firmados en Berna el 26 de
octubre del mismo año; y de los efectos jurídicos materiales y temporales de la
Cláusula de Nación Más Favorecida pactada en los mismos.

Tal examen se hará en el siguiente orden:

Las reglas de interpretación de los Convenios para evitar la doble
imposición

En Colombia, la tributación de rentas se regula por normas internas que establecen
los elementos de la imposición fiscal, y por acuerdos internacionales celebrados entre
Estados, mediante los cuales se establece el ejercicio de su actividad tributaria a nivel
bilateral11, en el ámbito normativo de cada uno de ellos y sin perjuicio de la aplicación
simultánea de sus disposiciones a un mismo hecho imponible, con la consiguiente
generación de doble imposición12. De la mano de la globalización económica y su
incidencia en el derecho tributario, surgen los CDI como mecanismos dirigidos a evitar

11
A través de este tipo de convenios las soberanías fiscales adoptan acuerdos para eliminar posibles discordancias entre sus
legislaciones, en razón de haber optado por criterios de asignación diferentes, bien por diferir en la definición o calificación de
cualquier elemento de la relación tributaria, ora por cualquier otra diferencia que provoque doble imposición o ausencia de la
misma (Vallejo Chamorro y Gutiérrez Lousa 2002: 21).
12
Según el Comité fiscal de la OCDE (1978), la doble imposición jurídica internacional, puede existir: cuando los dos Estados
contratantes graven a una misma persona por su renta y patrimonio totales —sujeción fiscal integral concurrente—; cuando una
persona, residente de un Estado contratante —Estado de residencia—, obtenga rentas o posea elementos del patrimonio en el
otro Estado contratante —Estado de la fuente o Estado donde están situados un establecimiento permanente o una base fija— y
los dos Estados graven estas rentas o su patrimonio; y, cuando los dos Estados contratantes graven a una misma persona, no
residente ni en uno ni en otro de los Estados contratantes, por las rentas provenientes o por el patrimonio que posea en un Estado
contratante.

13
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la doble imposición, a través de textos normativos con naturaleza de tratados13 que,
como bien lo apunta la doctrina especializada, colaboran con la eliminación de los
conflictos positivos de tributación14 o sobreimposición, mediante reglas de reparto de
competencias para gravar las manifestaciones de riqueza y de la autolimitación estatal
de la soberanía fiscal sobre situaciones que impliquen una relación económica con su
propio sistema.

Tales convenios expresan el acuerdo de voluntades entre Estados soberanos, sin
perjuicio de que quieran seguir las directrices de organizaciones internacionales como
la OCDE, a través de su Comité de Asuntos Fiscales, o la ONU, interesadas en
estructurar modelos de convenciones tipo para regular la tributación de las rentas
transnacionales, que incorporan normas directas, sin intervención de las autoridades
legislativas de los Estados celebrantes, teniendo mayor relevancia internacional el
modelo de la OCDE, junto con sus comentarios, en el que se establecen métodos para
eliminar la doble imposición como la «exención» y el «método de imputación o crédito fiscal»,
los cuales son reconocidos en el Estatuto Tributario Colombiano junto con la «reducción
de alícuotas para rentas producidas en el extranjero», la «deducción del impuesto extranjero de la renta
imponible», y el «crédito de impuesto o de la imputación (tax credit) o el de la alícuota reducida para
las rentas producidas en el exterior», que modulan el criterio de renta mundial que obliga a
tributar por rentas nacionales y extranjeras, no obstante que las producidas en el
exterior y sometidas al impuesto en Colombia también se gravan en el país de origen15.

Si bien los criterios de la OCDE son orientativos, inciden en la interpretación de los
convenios con la formulación del lenguaje fiscal que permite aplicar los CDI de manera
uniforme en los Estados que los suscriben. Asimismo, la naturaleza consensual de los
tratados impone buscar la verdadera voluntad de los Estados celebrantes, con la
aplicación de métodos de interpretación bilaterales capaces de superar la inexistencia
de instancias supranacionales que fijen ese elemento volitivo para ambos Estados.

Como tratados internacionales16 que son y parte del ordenamiento interno, los
convenios para evitar la doble imposición se rigen por el procedimiento de formación
y los requisitos de validez previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados del 23 de mayo de 1969, ratificada por Colombia, mediante la Ley 32 de
1985, la cual constituye un instrumento prioritario en la configuración del orden jurídico
internacional. Tales convenios parten de acuerdos previos, propios de una etapa de
negociaciones y formulación, en todo pertinentes para la interpretación del texto final
manifestado por el acto de autenticación que precede a la suscripción, en la que se
informa la aprobación del convenio por parte de los contratantes17, para luego pasar a
la respectiva ratificación y estipulación.

13
2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
14
V. Uckmar. Los Tratados Internacionales en Materia Tributaria. Curso de Derecho Tributario Internacional. Tomo 1, ed. Temis.
Bogotá, 2003.
15
ET, arts. 233, 254, 256; Modelos de Convenio OCDE, 23 A y 23 B.
16
2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
17
Convención de Viena.
2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente convención (…)
f) se entiende por "Estado contratante" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el
tratado;
g) se entiende por "parte" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor;

14
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La Sección Tercera de dicha convención se ocupa de la «interpretación de los tratados»,
conforme a las siguientes reglas generales (Convención de Viena, art. 31):

1. Un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente o el
significado de los términos o palabras y expresiones usadas en este, en el contexto
que tengan y considerando su objeto y finalidad; 2. el contexto de tratado comprende
su texto, incluidos el preámbulo y los anexos, los acuerdos concertados y celebrados
conjuntamente por las partes con motivo de la celebración del tratado, y los
instrumentos formulados por cualquiera de ellas con el mismo motivo y que las demás
partes hubieren aceptado como instrumento del tratado; 3. junto con el contexto debe
tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del
tratado o de la aplicación de sus disposiciones, y toda práctica seguida en la aplicación
de aquél, en la que conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del
tratado, y toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones
entre las partes y, 4. A los términos puede dárseles un sentido especial, si consta que
tal fue la intención de las partes.

Complementariamente, puede acudirse a otros medios de interpretación como los
trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración, para
confirmar el sentido resultante de la aplicación de las reglas generales citadas, o
determinar el sentido cuando la interpretación resultante de la aplicación de dichas
reglas conlleve un sentido ambiguo, oscuro, absurdo o irrazonable [32 ib.].

Bajo esas premisas, la doctrina ha considerado tres métodos de interpretación de los
tratados internacionales18 para evitar la doble imposición:

➢ La interpretación auténtica, contenida en el texto de los tratados, en el protocolo
final o en los textos anexos. Se trata de un método literal que parte de considerar
al tratado como parte integrante del ordenamiento interno, en cuanto
equiparable a la ley ordinaria, independientemente de que provenga de un
acuerdo de voluntades.
➢ La interpretación acordada por ambos Estados para la solución de los casos
particulares, en tanto involucra la voluntad de las partes como elemento
extrínseco del texto, y constituye un método de interpretación jurídicamente
pertinente para superar las limitaciones de la literalidad.
➢ La interpretación sistemática, según los principios del tratado, los principios del
derecho tributario internacional y las normas internas de ambos Estados. Con
la interpretación lógico - sistemática se individualiza la ratio de las normas
convencionales a través de sus vínculos históricos y sistemáticos.

Asimismo, coexisten los criterios de interpretación del modelo de convenio para evitar
la doble imposición sobre la renta y sobre el patrimonio, publicado en 1977 por el
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, utilizado por la mayor parte de los países
miembros de dicha organización19, para la negociación de acuerdos internacionales
sobre doble imposición, e inclusive por otros que no lo son, y de cuyo contexto forman
parte el título y el preámbulo, constitutivos de una declaración general de los propósitos

18
Uckmar, Victor, Corasanati, Giuseppe, De Capitani di Vimercate, Paolo. Manual de Derecho Tributario internacional. Editorial
Temis S. A. Bogotá, 2010. P. 36.
19
El nombre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con siglas en ingles OCDE, fue adoptado desde
1961 por la Organización Europea para la Organización Económica, luego de la incorporación de Estados Unidos y Canadá.

15
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y fines del convenio, incidiendo así en la interpretación del mismo. Tanto el modelo
como sus comentarios pueden orientar la interpretación y aplicación de los convenios.
El uso de conceptos del derecho sustancial de los Estados contratantes puede generar
conflictos de calificación, frente a los cuales opera la cláusula general de reenvío del
artículo 3, inc. 2 del modelo OCDE20, que faculta a cada Estado para interpretar la
expresión no definida, con base en el significado que le atribuye el derecho de tales
Estados contratantes respecto del impuesto al que se aplica el convenio, a menos que
el contexto no requiera interpretación21. Más allá de ello, dicho artículo propone una
interpretación dinámica, al señalar que cualquier término no definido específicamente
por el mismo convenio, debe ser interpretado según el contexto y el momento en que
aquél debe aplicarse.

En el caso de autenticación de tratados en dos o más idiomas, el artículo 33 de la
Convención otorga fe a cada uno de ellos, salvo que el tratado disponga o las partes
convengan la prevalencia de alguno en específico, presumiéndose que los términos
del tratado tienen en cada texto auténtico un igual sentido, siempre que no exista
cláusula o acuerdo de prevalencia.

Las versiones en idioma distinto de aquél en que se haya autenticado, solo se
consideran como tal, si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen, pero si
existe una diferencia de sentido entre los textos autenticados, que no pueda resolverse
con la aplicación de las reglas de interpretación enunciadas o los medios de
interpretación complementarios señalados, debe adoptarse el sentido que concilie
ambos textos, conforme al objeto y el fin del tratado.

Por lo demás y a la luz del principio «Pacta sunt servanda», todo tratado en vigor obliga a
las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, y ninguna parte puede invocar
su derecho interno para justificar el incumplimiento de este, sin perjuicio de los casos
en que el consentimiento estatal para suscribirlo haya violado manifiestamente 22 una
norma interna de competencia habilitante para celebrar los tratados [26, 27, 46 ib.].

A las anteriores premisas se unen reglas sobre «irretroactividad», en cuanto las
disposiciones de un tratado no obligan a una parte, respecto de ningún acto o hecho
anterior a cuando entra en vigor, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado
de existir, salvo intención diferente constatable. Así como sobre las atinentes a la
«Territorialidad», en el entendido de que la obligatoriedad de un tratado comprende la
totalidad del territorio de cada Estado Contratante, salvo intención diferente

20
A los fines de la aplicación de la presente convención por parte de un Estado contratante, las expresiones que allí no se hayan
definido tendrán el significado que a éstas les atribuye la legislación del Estado en referencia sobre los respectivos impuestos
sobre los cuales se aplica la presente convención, a menos que el contexto no requiera una interpretación diversa.
21
Según la doctrina italiana, los convenios pueden resolver directamente los problemas de calificación, a través los conflictos
pueden ser resueltos directamente por el convenio a través de definiciones explícitas y autónomas, o por el reenvío al derecho
interno de uno de los Estados contratantes y, a falta de las definiciones expresas a través de tres teorías del derecho internacional
privado: Lex Fori (los contratantes interpretan el convenio según sus normas de derecho interno con las teorías del derecho
internacional privado, a riesgo de la interpretación diferenciada por parte deuno y otro Estado) Lex Causae (interpretación de
común acuerdo según el derecho del Estado de dónde se produce la renta, contradiciendo el equitativo reparto de la potestad
tributaria de ambos Estados) y la calificación autónoma (por parte de ambos estados, a partir del significado integral del Convenio).
(Uckmar, Victor, Corasanati, Giuseppe, De Capitani di Vimercate, Paolo. Manual de Derecho Tributario internacional. Editorial
Temis S. A. Bogotá, 2010. P. 36).
22
Según el artículo 46 de la Sección Segunda de la Convención de Viena, sobre Nulidad de los Tratados, “una violación es
manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de
buena fe”.

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constatable. Y sobre la «sucesividad de trato», en aquellos tratados concernientes a una
misma materia, conforme a las reglas del artículo 30 ejusdem23.
Tratamiento fiscal de los ingresos por servicios técnicos, asistencia
técnica y consultoría en el modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición
sobre la Renta y sobre el Patrimonio OCDE y los CDI celebrados entre la
República de Colombia y el Reino de España, la Confederación Suiza, la
República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

El modelo OCDE24, vigente durante la celebración de los CDI con el Reino de España,
la República de Chile y la Confederación Suiza (31 de marzo de 2005, 19 de abril y 26 de
octubre de 2007), refiere en el artículo 7 de su capítulo de Imposición de las rentas, a los
«beneficios empresariales», bajo la postura desarrollista25 de gravar en el país de la
residencia las rentas producidas por el ejercicio de las actividades económicas, con el
imperativo de que «Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el Otro Estado
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza sus
actividades de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro
Estado pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente».

La regla sustancial transcrita se relaciona con: i) el reparto de poder tributario entre el
Estado de la Fuente y el Estado de la Residencia en torno a un factor de conexión
territorial (la existencia de un establecimiento permanente del que provengan los beneficios
empresariales en el Estado de la fuente), precisando el régimen jurídico tributario de las
rentas obtenidas por empresas (no residentes), a través de un establecimiento
permanente ubicado en el territorio del otro Estado Contratante; ii) hasta dónde el
Estado en el que éste se ubica puede someter a imposición los beneficios
empresariales o rentas netas que la empresa no residente obtiene a través de ese EP
operante en su territorio y, iii) la manera de gravarlas, dejando al derecho interno la
delimitación del cómputo de beneficios sometidos a imposición en el Estado fuente.

Por su parte, el artículo 12 [1] del mismo capítulo regula la tributación de las «Regalías»,
disponiendo que las procedentes de un Estado contratante y cuyo beneficiario efectivo
fuera un residente del otro Estado contratante, sólo pueden someterse a imposición
en ese otro Estado; que esa regla no aplica si el beneficiario efectivo de las regalías,
residente de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden
las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente
situado allí; y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado
efectivamente a dicho establecimiento permanente.

23
“2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado
incompatible con ese otro tratado prevalecerán las disposiciones de este último. 3. Cuando todas las partes en el tratado anterior
sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al
artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado
posterior. 4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior: a) en las relaciones entre
los Estados partes en ambos tratados se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3: b) en las relaciones entre un Estado que
sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por
el tratado en el que los dos Estados sean partes. 5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 y no
prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión
de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean
incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado.”
24
Versión del 21 de noviembre de 2017
25
Por ser postura de países desarrollados que quieren atraer hacia sí las bases imponibles que sus empresas obtienen por todo
el mundo, al contrario del criterio no desarrollista o territorial que atribuye la renta al lugar dónde se produce independientemente
de la nacionalidad de la empresa que la obtiene (https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/cf/16_02.pdf

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Aunque la norma precisa que el término «Regalías» corresponde a las cantidades
pagadas por el uso o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias,
artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas,
diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por información
relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, tal concepto ha sido
objeto de diversas interpretaciones en el derecho comparado, y las normas que
definen el tratamiento de las mismas en los CDI, recaen generalmente sobre
intangibles que superan la noción del artículo 12 y dificultan la aplicación del convenio.

Los comentarios convencionales resaltan que esta disposición adopta el principio de
imposición exclusiva en el Estado de residencia del beneficiario efectivo, exceptuando
a las regalías procedentes del Estado contratante en el que el beneficiario efectivo
residente realiza la actividad empresarial por intermedio de un establecimiento de
comercio situado en él, y si el bien o derecho por el que se pagan las regalías se
vincula a dicho establecimiento26.

Y la condición de «beneficiario efectivo», no se utiliza en su sentido técnico más estricto,
sino que debe interpretarse en su contexto, conforme a los objetivos del convenio,
incluyendo la voluntad de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y elusión
fiscales. Para ello, el Estado de la fuente aplica al residente del otro Estado contratante,
la desgravación o exención del impuesto que corresponda a un elemento de renta, en
orden a evitar la imposición concurrente a la que se sujeta esa misma renta en el
Estado de residencia.

El artículo 12 sólo trata de los cánones generados en un Estado Contratante, y cuyo
beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante, y sus disposiciones
no se aplican a los cánones procedentes de un Tercer Estado ni de un Estado
contratante, atribuibles a un establecimiento permanente que una empresa de ese
Estado tenga en el otro Estado contratante27, sin que se precise si la exención en el
Estado de la fuente debe o no subordinarse a la imposición de regalías en el Estado
de residencia, siendo una cuestión tratable mediante negociación bilateral.

Ahora bien, los Convenios de Doble Imposición que ocupan la atención del presente
juicio de legalidad, establecen el tratamiento fiscal de los «Beneficios Empresariales» y las
«Regalías» en términos sustancialmente similares entre sí, con mínimas variaciones:

CDI con el Reino de España28 CDI con la República de Chile29 CDI con la Confederación
del 31 de marzo de 2005 y del 19 de abril de 2007 y Suiza30 del 26 de octubre de
aprobado por la Ley 1082 de aprobado por Ley 1261 de 2008 2007 y aprobado por Ley 1344
2006 de 2009

Art. 7. Beneficios empresariales Art. 7. Beneficios empresariales Art. 7. Beneficios empresariales
1. Los beneficios de una empresa de un 1. Los beneficios de una empresa de un 1. Los beneficios de una empresa de un
Estado contratante solamente pueden Estado Contratante solamente pueden Estado Contratante solamente pueden
someterse a imposición en ese Estado, someterse a imposición en ese Estado, someterse a imposición en ese Estado,
a no ser que la empresa realice su a no ser que la empresa realice su a no ser que la empresa realice su
actividad en el otro Estado contratante actividad en el otro Estado Contratante actividad en el otro Estado Contratante
por medio de un establecimiento por medio de un establecimiento por medio de un establecimiento

26
Según el numeral 3 del artículo 12 que se comenta, a la hipótesis descrita se aplica el artículo 7.
27
Art. 21, párrafos 4-6
28
Declarado exequible junto con su protocolo y Ley aprobatoria, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-383 deL 22
de abril de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla
29
Declarado exequible junto con su protocolo y Ley aprobatoria, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-577 del 26 de
agosto de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto
30
Declarado exequible junto con su protocolo y Ley aprobatoria, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-460 del 16 de
junio de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio

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permanente situado en él. Si la empresa permanente situado en él. Si la empresa permanente situado en él. Si la empresa
realiza su actividad de dicha manera, realiza o ha realizado su actividad de realiza su actividad de dicha manera,
los beneficios de la empresa pueden dicha manera, los beneficios de la los beneficios de la empresa pueden
someterse a imposición en el otro empresa pueden someterse a someterse a imposición en el otro
Estado, pero sólo en la medida en que imposición en el otro Estado, pero sólo Estado, pero sólo en la medida en que
sean imputables a ese establecimiento en la medida en que puedan atribuirse a sean imputables a ese establecimiento
permanente. ese establecimiento permanente. permanente. 2. Sin perjuicio de las disposiciones del 2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3o, 2. Sin perjuicio de las disposiciones del
apartado 3, cuando una empresa de un cuando una empresa de un Estado apartado 3, cuando una empresa de un
Estado contratante realice su actividad Contratante realice su actividad en el Estado Contratante realice su actividad
en el otro Estado contratante por medio otro Estado Contratante por medio de en el otro Estado Contratante por medio
de un establecimiento permanente un establecimiento permanente situado de un establecimiento permanente
situado en él, en cada Estado en él, en cada Estado Contratante se situado en él, en cada Estado
contratante se atribuirán a dicho atribuirán a dicho establecimiento los Contratante se atribuirán a dicho
establecimiento permanente los beneficios que este hubiera podido establecimiento permanente los
beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y beneficios que el mismo hubiera podido
obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o obtener de ser una empresa distinta y
separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o separada que realizase las mismas o
similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total similares actividades, en las mismas o
similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que similares condiciones y tratase con total
independencia, con la empresa de la es establecimiento permanente y con independencia con la empresa de la que
que es establecimiento permanente. todas las demás personas. es establecimiento permanente. 3. Para la determinación del beneficio 3. Para la determinación de los 3. Para la determinación del beneficio
del establecimiento permanente se beneficios del establecimiento del establecimiento permanente se
permitirá la deducción de los gastos permanente se permitirá la deducción permitirá la deducción de los gastos
realizados para los fines del de los gastos en que se haya incurrido realizados para los fines del
establecimiento permanente, para la realización de los fines del establecimiento permanente,
comprendidos los gastos de dirección y establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y
generales de administración para los comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los
mismos fines, tanto si se efectúan en el generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el
Estado en que se encuentra el mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el
establecimiento permanente como en Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en
otra parte. establecimiento permanente como en otra parte. 4. No se atribuirán beneficios a un otra parte. 4. Mientras sea usual en un Estado
establecimiento permanente por razón 4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios
de la simple compra de bienes o Contratante determinar los beneficios imputables a los establecimientos
mercancías por ese establecimiento atribuibles a un establecimiento permanentes sobre la base de un
permanente para la empresa. permanente sobre la base de un reparto reparto de los beneficios totales de la
5.

A los efectos de los apartados de los beneficios totales de la empresa empresa entre sus diversas partes, lo
anteriores, los beneficios imputables al entre sus diversas partes, lo establecido establecido en el apartado 2 no
establecimiento permanente se en el párrafo 2o no impedirá que ese impedirá que este Estado Contratante
determinarán cada año por el mismo Estado Contratante determine de esta determine de esta manera los
método, a no ser que existan motivos manera los beneficios imponibles; sin beneficios imponibles; sin embargo, el
válidos y suficientes para proceder de embargo, el método de reparto método de reparto adoptado habrá de
otra forma. adoptado habrá de ser tal que el ser tal que el resultado obtenido esté de
6. Cuando los beneficios comprendan resultado obtenido sea conforme a los acuerdo con los principios contenidos
rentas reguladas separadamente en principios contenidos en este artículo. en este artículo.
otros artículos de este Convenio, las 5. No se atribuirá ningún beneficio a un 5. No se atribuirán beneficios a un
disposiciones de aquellos no quedarán establecimiento permanente por el mero establecimiento permanente por razón
afectadas por las del presente artículo. hecho de que este compre bienes o de la simple compra de bienes o
mercancías para la empresa. mercancías por ese establecimiento
6. A efectos de los párrafos anteriores, permanente para la empresa.
los beneficios atribuibles al 6. A los efectos de los apartados
establecimiento permanente se anteriores, los beneficios imputables al
calcularán cada año por el mismo establecimiento permanente se
método, a no ser que existan motivos determinarán cada año por el mismo
válidos y suficientes para proceder de método, a no ser que existan motivos
otra forma. válidos y suficientes para proceder de
7. Cuando los beneficios comprendan otra forma.
rentas reguladas separadamente en 7. Cuando los beneficios comprendan
otros artículos de este Convenio, las rentas reguladas separadamente en
disposiciones de aquellos no quedarán otros artículos de este Convenio, las
afectadas por las de este artículo. disposiciones de aquéllos no quedarán
afectadas por las del presente artículo. Art. 12. Cánones o Regalías Art. 12. Regalías Art. 12. Regalías
1. Los cánones o regalías procedentes 1. Las regalías procedentes de un 1. Los cánones o regalías procedentes
de un Estado contratante y cuyo Estado Contratante y pagadas a un de un Estado Contratante y cuyo
beneficiario efectivo sea un residente residente del otro Estado Contratante beneficiario efectivo sea un residente
del otro Estado contratante pueden pu eden someterse a imposición en ese del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposición en ese otro otro Estado. someterse a imposición en ese otro
Estado. 2. Sin embargo, estas regalías pueden Estado. 2. No obstante, dichos cánones o también someterse a imposición en el 2. No obstante, dichos cánones o
regalías también podrán estar Estado Contratante del que procedan y regalías también podrán estar
sometidos a imposición en el Estado de acuerdo con la legislación de este sometidos a imposición en el Estado
contratante de donde procedan y de Estado, pero si el beneficiario efectivo Contratante de donde procedan y de
acuerdo con la legislación de ese es residente del otro Estado acuerdo con la legislación de ese

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Estado, pero si el beneficiario efectivo Contratante, el impuesto así exigido no Estado, pero si el beneficiario efectivo
de los cánones o regalías es un puede exceder del 10 por ciento del de los cánones o regalías es un
residente del otro Estado contratante, el importe bruto de las regalías. residente del otro Estado Contratante, el
impuesto así exigido no podrá exceder 3. El término “regalías” empleado en impuesto así exigido no podrá exceder
del 10 por ciento del importe bruto de los este artículo significa las cantidades de del 10 por 100 del importe bruto de los
cánones o regalías. cualquier clase pagadas por el uso, o el cánones o regalías. 3. El término “cánones o regalías” en el derecho al uso, de derechos de autor Las autoridades competentes de los
sentido de este artículo significa las sobre obras literarias, artísticas o Estados contratantes podrán establecer
cantidades de cualquier clase pagadas científicas, incluidas las películas de mutuo acuerdo el procedimiento para
por el uso, o la concesión de uso, de cinematográficas o películas, cintas y la aplicación de estos límites.
derechos de autor sobre obras literarias, otros medios de reproducción de 3. El término “cánones o regalías” en el
artísticas o científicas, incluidas las imagen y el sonido, las patentes, sentido de este artículo significa las
películas cinematográficas o películas, marcas, diseños o modelos, planos, cantidades de cualquier clase pagadas
cintas y otros medios de reproducción fórmulas o procedimientos secretos u por el uso, o la concesión de uso, de
de la imagen y el sonido, de patentes, otra propiedad intangible, o por el uso o derechos de autor sobre obras literarias,
marcas de fábrica o de comercio, derecho al uso, de equipos industriales, artísticas o científicas, incluidas las
dibujos o modelos, planos, fórmulas o comerciales o científicos, o por películas cinematográficas o películas,
procedimientos secretos, o por el uso, o informaciones relativas a experiencias cintas y otros medios de reproducción
la concesión de uso, de equipos industriales, comerciales o científicas. de la imagen y el sonido, de patentes,
industriales, comerciales o científicos, o Se considerarán dentro de este marcas de fábrica o de comercio,
por informaciones relativas a concepto los servicios prestados por dibujos o modelos, planos, fórmulas o
experiencias industriales, comerciales o asistencia técnica, servicios técnicos procedimientos secretos, o por el uso, o
científicas. Se considerarán incluidos y servicios de consultoría. la concesión de uso, de equipos
en este concepto los servicios 4. Las disposiciones de los párrafos 1o industriales, comerciales o científicos, o
prestados por asistencia técnica, y 2o, no son aplicables si el beneficiario por informaciones relativas a
servicios técnicos y servicios de efectivo de las regalías, residente de un experiencias industriales, comerciales o
consultoría. Estado Contratante, realiza en el Estado científicas. Se considerarán incluidos
4. Las disposiciones del apartado 1 y 2 Contratante del que proceden las en este concepto los servicios
no se aplican si el beneficiario efectivo regalías una actividad empresarial por prestados por asistencia técnica,
de los cánones o regalías, residente de medio de un establecimiento servicios técnicos y servicios de
un Estado contratante, realiza en el otro permanente situado allí, o presta consultoría. Estado contratante, del que proceden servicios personales independientes 4.

Las disposiciones de los apartados 1
los cánones o regalías, una actividad por medio de una base fija situada allí, y y 2 no se aplican si el beneficiario
industrial o comercial por medio de un el bien o el derecho por el que se pagan efectivo de los cánones o regalías,
establecimiento permanente situado en las regalías está vinculado residente de un Estado Contratante,
ese otro Estado, y el derecho o bien por efectivamente a dicho establecimiento realiza en el otro Estado Contratante,
el que se pagan los cánones o regalías permanente o base fija. En tal caso son del que proceden los cánones o
está vinculado efectivamente a dicho aplicables las disposiciones del artículo regalías, una actividad industrial o
establecimiento permanente. En tales 7o o del artículo 14, según proceda. comercial por medio de un
casos se aplicarán las disposiciones del 5. Las regalías se consideran establecimiento permanente situado en
artículo 7o. procedentes de un Estado Contratante ese otro Estado y el derecho o bien por
5. Los cánones o regalías se cuando el deudor es un residente de el que se pagan los cánones o regalías
considerarán procedentes de un Estado ese Estado. Sin embargo, cuando quien está vinculado efectivamente a dicho
contratante cuando el deudor sea un paga las regalías, sea o no residente de establecimiento permanente. En tales
residente de ese Estado. Sin embargo, un Estado Contratante, tenga en uno de casos se aplicarán las disposiciones del
cuando el deudor de los cánones o los Estados Contratantes un artículo 7.
regalías, sea o no residente de un establecimiento permanente o una base 5. Los cánones o regalías se
Estado contratante, tenga en uno de los fija en relación con el cual se haya considerarán procedentes de un Estado
Estados contratantes un contraído la obligación de pago de las Contratante cuando el deudor sea un
establecimiento permanente en relación regalías y dicho establecimiento residente de ese Estado. Sin embargo,
con el cual se hubiera contraído la permanente o base fija soporte la carga cuando el deudor de los cánones o
obligación de pagar las regalías y que de las mismas, las regalías se regalías, sea o no residente de un
soporte la carga de los mismos, dichos considerarán procedentes del Estado Estado Contratante, tenga en uno de los
cánones o regalías se considerarán donde esté situado el establecimiento Estados contratantes un
procedentes del Estado donde esté permanente o la base fija. establecimiento permanente en relación
situado el establecimiento permanente. 6. Cuando en razón de las relaciones con el cual se hubiera contraído la
6. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y obligación de pagar las regalías y que
especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno soporte la carga de los mismos, dichos
el beneficiario efectivo de los cánones o y otro mantengan con terceros, el cánones o regalías se considerarán
regalías, o de las que uno y otro importe de las regalías, habida cuenta procedentes del Estado donde esté
mantengan con terceros, el importe de del uso, derecho o información por los situado el establecimiento permanente.
los cánones o regalías habida cuenta que se pagan, exceda del que habrían 6. Cuando, por razón de las relaciones
del uso, derecho o información por los convenido el deudor y el beneficiario especiales existentes entre el deudor y
que se pagan, exceda del que habrían efectivo en ausencia de tales el beneficiario efectivo de los cánones o
convenido el deudor y el beneficiario relaciones, las disposiciones de este regalías, o de las que uno y otro
efectivo en ausencia de tales artículo no se aplicarán más que a este mantengan con terceros, el importe de
relaciones, las disposiciones de este último importe. En tal caso, la cuantía en los cánones o regalías habida cuenta
artículo no se aplicarán más que a este exceso podrá someterse a imposición del uso, derecho o información por los
último importe.

En tal caso, el exceso de acuerdo con la legislación de cada que se pagan, exceda del que habrían
podrá someterse a imposición de Estado Contratante, teniendo en cuenta convenido el deudor y el beneficiario
acuerdo con la legislación de cada las demás disposiciones de este efectivo en ausencia de tales
Estado contratante, teniendo en cuenta Convenio. relaciones, las disposiciones de este
las demás disposiciones del presente artículo no se aplicarán más que a este
Convenio. último importe. En tal caso, el exceso
podrá someterse a imposición de
acuerdo con la legislación de cada

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Estado Contratante, teniendo en cuenta
las demás disposiciones del presente
Convenio.

Los textos de los artículos transcritos dejan en claro que para efecto de los CDI con
España, Chile y Suiza, los «servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y
servicios de consultoría» se consideran «regalías», por cuenta de la expresa inclusión de
concepto dispuesta por el numeral 3 del artículo 12 de tales los convenios, en relación
con el cual los protocolos de los CDI con España y Suiza puntualizaron que si
Colombia, después de firmados los convenios, acordara «con un tercer Estado un tipo
impositivo sobre cánones o regalías inferior al establecido en el artículo 12 del presente convenio, ese
nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente al presente Convenio como si constara
expresamente en el mismo; surtirá efectos desde la fecha en la que surtan efectos las disposiciones del
Convenio firmado con ese tercer Estado31».

En el mismo sentido, el protocolo del CDI con Chile dispuso que si Colombia concluía
un Convenio con un Tercer Estado en el que se modificara la imposición en el país
fuente de los pagos por asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría
contemplados en el artículo 12, tales modificaciones se aplicaban a dicho CDI como
pasa a indicarse: «En el caso que se acuerde una exención o una alícuota menor en dicho Convenio
tal exención o alícuota menor se aplicará automáticamente a este Convenio. La exención o la reducción
de la alícuota se aplicará a este Convenio a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio con el
otro Estado, bajo las mismas condiciones como si esa exención o alícuota menor hubiera sido
especificada en este Convenio. La autoridad competente de Colombia informará, sin demora, a la
autoridad competente de Chile, que se han cumplido las condiciones para la aplicación de este párrafo».

Adicionalmente, el CDI con España precisó que en la definición de regalías por parte
del apartado 3 del artículo 12, «se entenderá que el concepto de asistencia técnica se refiere a la
asesoría dada mediante contrato de servicios incorporales, para la utilización de conocimientos
tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte o técnica».

Frente al mismo artículo 12, el protocolo del CDI con Chile se limitó a indicar que, en
el caso de Colombia, «la expresión “el impuesto así exigido” del párrafo 2o del artículo 12, refiere
a la suma de los impuestos sobre la renta (35 por ciento) y sobre las remesas, en aquellos casos en los
que la legislación interna de Colombia prevea la aplicación de estos dos conceptos para los intereses o
regalías cobrados por un no residente en Colombia».

Posteriormente, la Ley 1939 de 2018 aprobó el CDI con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, y su Protocolo32, suscritos en Londres, el 2 de noviembre
de 2016, en vigencia del modelo OCDE versión 2017, cuyo preámbulo expresa el
«deseo de profundizar su relación económica e intensificar su cooperación en materia tributaria» y «la
intención de celebrar un Convenio para la eliminación de la doble tributación con respecto a los
impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital, sin crear oportunidades para la no imposición
o para la reducción de impuestos a través de la evasión fiscal o de la elusión fiscal (incluyendo arreglos
de búsqueda de tratados más favorables -treaty shopping- orientados a la obtención de las
desgravaciones previstas en el presente Convenio para el beneficio indirecto de los residentes de
terceros Estados33»

31
Protocolo del CDI con España, VII., 3; del CDI con Suiza, 4)
32
Declarado exequible junto con su protocolo y Ley aprobatoria, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-491 de 22 de
octubre de 2019, M. P. Carlos Bernal Pulido.
33
Texto tomado del Reporte de la Acción 6 del Proyecto BEPS de la OCDE/G20, en el que Colombia participó como país asociado.
La inclusión en el texto de los ADT hace parte de las medidas para cumplir el estándar mínimo en materia de lucha contra el
abuso de los ADT a cuyo cumplimiento se comprometió el país.

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Siguiendo las reglas del modelo vigente, el artículo 7 del convenio se refirió a las
«Utilidades empresariales» y el artículo 12 a las «Regalías», en los siguientes términos:

Artículo 7. Utilidades Empresariales Artículo 12. Regalías
1. Las utilidades de una empresa de un Estado 3. 1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y
Contratante solamente pueden someterse a pagadas a un residente del otro Estado Contratante
imposición en ese Estado, a menos que la empresa pueden ser sometidas a imposición en ese otro Estado.
realice su actividad en el otro Estado Contratante4. a 2. Sin embargo, dichas regalías también pueden
través de un establecimiento permanente situado someterse a imposición en el Estado Contratante del que
en él. Si la empresa realiza su actividad de proceden de conformidad con la legislación de este
negocios de dicha manera, las utilidades que sean Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es
atribuibles al establecimiento permanente de un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así
conformidad con las disposiciones del párrafo 2 exigido no puede exceder el 10 por ciento del importe
pueden someterse a imposición en ese otro bruto de las regalías. Estado. 5. 3. El término “regalías” empleado en este Artículo significa
1. Para efectos de este Artículo y del Artículo los pagos de cualquier naturaleza recibidos como
21, las utilidades atribuibles al establecimiento contraprestación por el uso, o el derecho al uso, de
permanente en cada Estado Contratante, a las que derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o
se refiere el párrafo 1 son las utilidades que habría científicas, incluyendo películas cinematográficas,
podido obtener, en particular en sus negocios con patentes, marcas comerciales, diseños o modelos, planos,
otras partes de la empresa, si fuera una empresa fórmulas o procesos secretos, o por información (know-
distinta e independiente que realiza actividades how) relativa a experiencias industriales, comerciales o
iguales o similares, bajo las mismas o en científicas.
condiciones similares, teniendo en cuenta las 6. 4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son
funciones desarrolladas, los activos utilizados y los aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, siendo
riesgos asumidos por la empresa a través del residente de un Estado Contratante, realiza en el otro
establecimiento permanente y a través de las otras Estado Contratante del cual proceden las regalías una
partes de la empresa. actividad empresarial a través de un establecimiento
2. Cuando, de conformidad con el párrafo 2, permanente situado allí, y el derecho o bien por el que se
un Estado Contratante ajuste las utilidades que son pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho
atribuibles a un establecimiento permanente de establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables
una empresa de uno de los Estados Contratantes las disposiciones del Artículo 7.
y, en consecuencia, grave las utilidades de la 7. 5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado
empresa que ya han sido gravadas en el otro Contratante cuando el deudor es residente de ese Estado. Estado, el otro Estado hará, en la medida en que Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, ya sea o
sea necesario para evitar la doble tributación sobre no residente de un Estado Contratante, tenga en un
dichas utilidades, el ajuste correspondiente en el Estado Contratante un establecimiento permanente en
monto del impuesto cobrado sobre esas utilidades. relación con el cual se haya contraído la obligación de
Si fuere necesario, las autoridades competentes de pagar las regalías, y dichas regalías sean asumidas por
los Estados Contratantes se consultarán entre sí ese establecimiento permanente, dichas regalías se
para la determinación de dicho ajuste. considerarán procedentes del Estado en el cual está
situado el establecimiento permanente. 8. 6.

Cuando en razón de las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por
las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de
las regalías pagadas exceda, por cualquier motivo, el que
habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en
ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este
Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En
tal caso, el exceso seguirá siendo gravable de
conformidad con la legislación de cada Estado
Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones
de este Convenio.

Se evidencia que el CDI con el Reino Unido no extendió el concepto de regalías a los
servicios técnicos, la asistencia técnica y la consultoría, a diferencia de los CDI con
España, Chile y Suiza, cuyo protocolo no hizo alusiones específicas a los artículos 7 y
12 que se comentan, pero sí señaló que ambos Estados Contratantes interpretarían el
Convenio a la luz de los Comentarios al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE.

A su turno, el numeral IV de la respectiva exposición de motivos (Capítulo III: Imposición
de Rentas) advirtió que los artículos 6 a 20 definían y delimitaban la potestad impositiva
de los Estados Contratantes en relación con el impuesto sobre la renta, destacando
entre otros aspectos:
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a) Que las utilidades empresariales del artículo 7 se gravaban en el País de
residencia de la persona que ejerce la actividad empresarial, excepto cuando
ésta se lleva a cabo mediante un establecimiento permanente situado en el otro
Estado Contratante, como tal facultado podrá gravar las rentas atribuidas al
Establecimiento Permanente34.

b) Que las Regalías descritas en el artículo 12 provienen de la explotación de
marcas, patentes y toda clase de propiedad industrial y comercial, gravadas de
forma compartida por parte del Estado en donde reside el beneficiario efectivo
de las mismas y el Estado de la fuente donde se usa el bien que da lugar a
pagarlas, con una tributación sometida al límite máximo de tarifa del 10 %,
generalmente pactada por los países en vía de desarrollo con los países
desarrollados.

Refiriéndose a este segundo aspecto, la exposición de motivos advierte que «Colombia
cambió su política con respecto al tratamiento de los pagos por servicios técnicos, de asistencia
técnica y de consultoría, la cual se ve reflejada en el convenio para evitar la doble imposición que
suscribió con anterioridad a este, suscrito con la República Francesa (11). Así, en los primeros convenios
suscritos por Colombia se acordó que los servicios técnicos, de asistencia técnica y de consultoría
fueran tratados como “regalías”, lo que resultó en un gravamen en Colombia de dichos servicios con
una tarifa del 10 %, siempre que el beneficiario del servicio fuera residente en Colombia e
independientemente de que el servicio fuera prestado en Colombia o fuera del territorio nacional»,
haciendo notar que ese tratamiento de regalías encarecía la adquisición y utilización
de conocimientos especializados por parte de los residentes en Colombia, porque el
gravamen en el país de servicios que no se prestan en el territorio nacional generaba,
para el prestador extranjero del servicio, la imposibilidad de acreditar el impuesto
pagado en Colombia contra el impuesto generado en el Estado de la residencia,
convirtiéndose en un mayor costo del servicio, generalmente trasladado vía precio al
cliente colombiano y conllevando un encarecimiento de la importación de
conocimientos y servicios especializados. Se resalta.

De manera que, «como parte de su política general en materia de innovación y educación, el
Gobierno nacional decidió cambiar su política en relación con dichos servicios especializados y
adoptar, con respecto a los países con los que suscriba un convenio para evitar la doble imposición, la
regla generalmente adoptada en el mundo, consistente en gravar los servicios especializados en
el lugar en el que se prestan». Se resalta.

Consecuentemente, el CDI entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte «eliminó de la definición de regalías a los pagos por servicios técnicos, de asistencia técnica
y de consultoría, con lo que dichos pagos no podrán someterse al tratamiento consagrado para las
regalías, estando, por ende, sometidos a lo establecido en el artículo 7, relativo a las “Utilidades
empresariales».

Asimismo, el capítulo III resaltó que el preámbulo del convenio establecía su objeto y
propósito, para efecto de la interpretación y correcta aplicación del mismo, pauta
ausente en los CDI con el Reino de España, la República de Chile y la Confederación
34
El capítulo II: Definiciones, incluido en el contenido que ilustra el aparte IV de la Exposición de Motivos del convenio, anota que
la cláusula referente a “establecimientos permanentes” (“EP”) trajo consigo un cambio importante, resultante de la denominada
acción 7 del proyecto “BEPS”, para impedir artificiosamente la configuración de aquéllos, con una «regla de anti-fragmentación»,
prevista en el numeral 5 del artículo 5 del Convenio para evitar que las empresas multinacionales fragmenten sus actividades
empresariales en el país, de tal forma que las actividades fragmentadas se enmarcaran dentro de las que, por tener carácter
auxiliar o preparatorio, no se consideran como dando lugar a un establecimiento permanente (excepciones a la configuración del
establecimiento permanente), evitando así ser gravadas en el país donde se realizan.

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Suiza, observando que los dos primeros se limitaron a aludir al «deseo de concluir dichos
convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio (en el caso de España), de Renta y Patrimonio (en el caso de Chile)».

El caso concreto - Aplicación extensiva del tratamiento fiscal de los
«servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de
consultoría» en el CDI con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a
los CDI con el Reino de España, la Confederación Suiza y la República de Chile,
en el contexto del Principio de Nación Más Favorecida

Se ha dicho que los protocolos de los CDI con España, Suiza y Chile admiten la
aplicación automática de los nuevos tipos impositivos sobre cánones o regalías
inferiores a los previstos en el numeral 3 del artículo 12 de los mismos, que
Colombia hubiere acordado con un tercer estado35, después de firmar dichos tratados,
como si constaran expresamente en éstos, y que esos nuevos tipos surtirían efecto
desde el momento en que lo hacen las disposiciones del Convenio firmado con ese
tercer Estado.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un tercer estado frente a los
CDI con España, Suiza y Chile, quienes consideraron a los «servicios prestados por
asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría» como incluidos en el concepto
de «regalías» sometidas a imposición en el Estado Contratante del que proceden, de
acuerdo con la legislación de ese Estado y a una tarifa que no exceda el 10 % del
importe bruto, si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante [12
(num. 2 y 3)].

Sin embargo, esa condición subjetiva del Reino Unido como Tercer Estado no accede
a los fines previstos en los protocolos de los CDI con España [ VII., 3] y Suiza [4] que,
como parte integrante de los convenios suscritos, tienen fuerza vinculante y obligatoria,
y disponen la aplicación automática de los nuevos tipos impositivos sobre cánones o
regalías inferiores acordados con terceros estados36. Es así, porque el CDI con el
Reino Unido, si bien posterior a aquéllos, no dispuso un tipo impositivo inferior,
sino que cambió la calificación jurídica de «Regalías» respecto de los servicios
mencionados, por la de «utilidades empresariales».

En efecto, mientras semánticamente el tipo impositivo inferior supone una reducción
en la alícuota del mismo, que no altera su existencia continuada en el tiempo, el cambio
de calificación jurídica dispuesta en el CDI con el Reino Unido implica la desaparición
del concepto preexistente, a través de una nueva connotación asignada al mismo y en
adelante aplicable, de manera que, bajo la égida del principio de «Nación Más
Favorecida», ese cambio no es per se una razón legítima determinante para hacer
extensivo el nuevo tratamiento fiscal dispuesto en dicho CDI respecto de los «servicios
prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría», a los CDI con el
Reino de España, la Confederación Suiza y, menos aún, con la República de Chile, en
el que ni siquiera se contempla la disposición protocolaria de aplicación automática de
tipo impositivo inferior prevista en los dos primeros.

35
Estado que no es parte en el tratado (Convención de Viena. Parte I. Introducción. 2. Términos empleados. [h]).
36
Según tales protocolos, si Colombia, después de firmados los convenios con el Reino de España y la Confederación Suiza
acuerda “con un tercer Estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferior al establecido en el artículo 12 del presente
convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente al presente Convenio como si constara expresamente en el
mismo; surtirá efectos desde la fecha en la que surtan efectos las disposiciones del Convenio firmado con ese tercer Estado.”

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Respecto de la cláusula de la nación más favorecida, la Corte Constitucional ha
reconocido que, cuando el País receptor de la inversión concede una ventaja a un
Tercer Estado, nace el derecho de los demás Estados a recibir el trato no menos
favorable, extendido a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la
entrada en vigor del tratado que consagra dicho trato, en el ámbito de materias
reguladas por aquél, por cuenta del efecto cascada que la jurisprudencia constitucional
le atribuyó a la aplicación de dicha cláusula37, consistente en que cualquier condición
beneficiosa que Colombia concediera a otro Estado, en razón de las ventajas
comparativas que supusiera cada negociación, le podrían ser extensibles a otros
convenios suscritos con terceros países, dando lugar, incluso, a reemplazar las
cláusulas del tratado suscrito con un Estado por las previstas en otro instrumento, si
estas últimas resultaren más favorables.

Sin embargo, las disímiles situaciones fiscales de los beneficiarios efectivos que no
residen en el Estado Contratante del que proceden las regalías, respecto de los que sí
residen, y el entendido de que el Estado Contratante debe conceder a los ciudadanos
de los demás Estados Contratantes las mismas ventajas de las que gozan sus propios
ciudadanos, no validan la aplicación del nuevo régimen fiscal de «utilidades empresariales»
a los «servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría»
convenidos en los CDI con España, Suiza y Chile, bajo la calificación jurídica de
«Regalías», con una determinada tarifa de tributación.

Es así, porque el cambio de calificación jurídica establecido en el nuevo régimen fiscal
mencionado no disminuyó dichas regalías en términos de «quantum», impidiendo con
ello que se configurara el elemento comparativo determinante del trato diferencial que
el principio de nación más favorecida busca repeler, en tanto que no estaríamos ante
un tipo impositivo inferior, es decir, que se haya limitado a reducir la alícuota prevista
para el mismo, sino ante la supresión de este último con la consiguiente tributación de
los servicios mencionados a título de «utilidades empresariales» en el País de la Residencia
y, excepcionalmente, en el País de la fuente, cuando la actividad de servicio se realiza
mediante un establecimiento permanente situado en el otro Estado Contratante.

Una conclusión contraria implicaría desconocer el texto mismo de los CDI con España,
Suiza y Chile y, con ello, la intención de los Estados Contratantes, en desmedro de las
reglas interpretativas de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, sin considerar su progresiva importancia como
fuente del derecho internacional, ni las máximas universales de libre consentimiento
de las partes, buena fe y el principio pacta sunt servanda, por cuenta de los cuales
deben crearse condiciones que mantengan el respeto a las obligaciones emanadas de
los tratados.

Desde esa perspectiva, la condición de «cánones o regalías inferiores a los previstos en el
numeral 3 del artículo 12», a la que se sujetó la aplicación de los nuevos tipos impositivos
establecidos en los tratados posteriores suscritos por Colombia, según el mandato
contenido en los protocolos de los CDI con España y Suiza, deben interpretarse
restrictivamente en el sentido impuesto por aquéllos, a la luz del texto mismo de esos
tratados y de la explícita intención que abrigaron las partes al celebrarlos, que no fue

37
La Corte Constitucional aludió a este efecto en la sentencia C-252 de 2019, en la que estimó razonable la exigencia de exclusión
de las obligaciones sustanciales previstas en otros convenios, en aras de preservar la cláusula de Nación Más Favorecida y de
salvaguardar la competencia del presidente de la República para celebrar con otros Estados y Entidades de Derecho
Internacional, tratados o convenios sometidos a la aprobación del Congreso.

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otra distinta a tratar los pagos por «servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos
y servicios de consultoría» como «regalías» gravadas a una tarifa del 10 %, siempre que el
beneficiario del servicio fuera residente en Colombia e independientemente de que el
servicio fuera prestado en Colombia o fuera del territorio nacional38.
Por tanto, al no encontrarse cumplida la condición legal prevista en los protocolos
aprobados por las Leyes 1062 de 2006 y 1344 de 2009, para acceder a la cláusula de
nación más favorecida respecto de los «servicios prestados por asistencia técnica, servicios
técnicos y servicios de consultoría», la Sala concluye que la entrada en vigor del CDI con el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte aprobado por la Ley 1939 de 2008
no la activó, sin que la generalidad de los cargos de nulidad formulados permita realizar
análisis adicionales respecto del alcance de dicha cláusula en el CDI con Chile
aprobado por la ley 1261 de 2008, de cara a su protocolo.

En consecuencia, y ya que la presunción de legalidad del concepto demandado no fue
desvirtuada, la Sala desestimará las pretensiones de la demanda.

No se condenará en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- NEGAR las pretensiones de la demanda.

2.- Sin condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

38
Referencia ilustrativa sobre la aplicación del concepto demandado, es la decisión desestimatoria del 30 de marzo de 2022 (exp.
41-07617-2021), del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, respecto de la reclamación interpuesta en única
instancia contra la liquidación por la cual la Oficina Gestora, amparada en el concepto aquí demandado, negó la devolución de
las retenciones ingresadas a cuenta del impuesto sobre la renta de no residentes, por el 10 % de las cantidades abonadas a
determinadas entidades y personas residentes en Colombia, a título de servicios de asistencia técnica prestados; y solicitada con
base en la cláusula de nación más favorecida, en el entendido de que el porcentaje aplicable a partir de enero de 2020 era del
0%, en virtud de la entrada en vigor del CDI suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que, en criterio del
Tribunal, sólo recalificó las cantidades pagadas por servicios de asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría,
de tal suerte que dejaron de considerarse «regalías» para pasar a tomarse como beneficios o utilidades empresariales; sin que
la cláusula de nación más favorecida del CDI con España contemplara ventaja alguna por la vía de recalificar las cantidades
pagadas por dichos servicios, “sino por la de aplicar un tipo inferior al tipo mínimo previsto en el artículo 12 del CDI España-
Colombia, incluso un tipo del 0 % para el caso en que el CDI de Colombia-RU hubiese previsto un tipo inferior para dichas
regalías”, lo cual no ocurría. Según el mismo tribunal, el trato fiscal que el CDI entre Colombia y el Reino Unido otorga a las rentas
procedentes de la prestación de los servicios mencionados, es más ventajoso que el previsto en el CDI entre España y Colombia,
pero no por la vía de contemplar para tales regalías un tipo inferior al previsto en el segundo de tales CDI, única forma de activar
la Cláusula de nación más favorecida, sino por la de extraerlas del concepto de regalías e integrarlas al de utilidades o beneficios
empresariales.

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Demandante: OMAR SEBASTIÁN CABRERA CABRERA

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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