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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00035-00

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00035-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Polymedical de Colombia S.A.S. contra la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B dentro del proceso de radicado Nro. 11001-33-37-040- 2017-00041-01. 2. Sin condena en costas. 3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2020-00035-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)
Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)
Demandante POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Prueba recobrada. Artículo 250 numeral 1 C.P.A.C.A.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Polymedical de Colombia S.A.S. contra la sentencia del 29 de noviembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B dentro del proceso de radicado Nro. 11001-33-37-040-2017-00041-
01 en la que se decidió lo siguiente:
«PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 40 Administrativo del Circuito
de Bogotá del 27 de mayo de 2018, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de
este fallo.
SEGUNDO. Sin costas en esta instancia».

ANTECEDENTES

1. Actuación administrativa

Polymedical de Colombia S.A.S., según declaración de importación número
482013000206337-1 y autoadhesivo número 07532260177082 del 23 de mayo de
2013, importó tapabocas desechables de referencia GT-059-101, los cuales
catalogó en la subpartida arancelaria 48.18.50.00.00 bajo el entendido de que su
composición era de pasta de papel guata de celulosa o napa de fibra celulosa.

Mediante Auto Nro. 000024 del 3 de febrero de 2015 se comisionó a funcionarios
de la DIAN para que, durante los días 5 y 6 del mismo mes y año, realizaran
diligencia de control y verificación de obligaciones aduaneras y toma de muestras
de la mercancía importada en las instalaciones de la sociedad referida, ubicadas
en la calle 23 B Nro. 80B-05 de Bogotá D.C.

El 6 de febrero de 2015, los servidores comisionados se dirigieron a la dirección
referida en donde encontraron una casa de habitación, por lo que procedieron a
buscar en internet la empresa y su ubicación, lo que arrojó como resultado la
dirección: Tv. 76 Nro. 46-21 de la ciudad de Bogotá D.C., a donde se dirigieron y
fueron atendidos por la representante legal de la entidad, quien, suministró 21
muestras de los elementos importados a razón de 3 unidades por referencia de
mercancía; elementos enviados a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio
de la Subdirección de Técnica Aduanera para su análisis merciológico.

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Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)
Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

Mediante Oficio 100227342-0467 del 8 de abril de 2015, el Jefe de Coordinación
del Servicio de Arancel reportó el análisis físico-químico de las muestras aportadas
por Polymedical, según el cual correspondían a “mascarilla de protección desechables
elaboradas en tela sin tejer, las cuales se clasifican en la subpartida arancelaria 6307.90.30.00 en
aplicación de las Reglas generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas contenido en el
Decreto 4927 de 2011 y sus modificaciones”.

El 11 de julio de 2016, se profirió la Liquidación Oficial de Corrección 1-03-241-201-
639-01-1028 por medio de la que se reclasificó la mercancía importada de la
subpartida arancelaria 4818.50.00.00 a la subpartida 6307.90.30.00, lo que aparejó
un valor a cargo de $41.773.000 -por los tributos aduaneros dejados de cancelar-
y una sanción del 10%, en virtud de lo previsto en el artículo 482 -numeral 2.2.- del
Decreto 2685 de 1999. Esa determinación se confirmó mediante la Resolución Nro.
008574 del 4 de noviembre de 2016 al resolver el recurso de reconsideración
interpuesto.

2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1. Demanda

Polymedical de Colombia S.A.S., mediante apoderado designado para el efecto,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para obtener la nulidad de (i) la Liquidación oficial de Corrección 1-03-
241-201-639-01-1028 del 11 de julio de 2016, y (ii) la Resolución Nro. 008574 del
4 de noviembre de la misma anualidad. A título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se mantuviera “la firmeza de las (sic) Declaración de Importación con autoadhesivo
número 07532260177082 del 23 de mayo de 2013; se [exonerara] de toda responsabilidad al
importador POLYMEDICAL de COLOMBIA S.A.S.; se [archivara] el expediente administrativo” , se
condenara en costas a la convocada por pasiva y se diera cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.

Para el efecto adujo la configuración de los vicios que pasan a exponerse.

• Falta de competencia de los servidores que practicaron la visita de inspección
en las instalaciones de la sociedad el 6 de febrero de 2015, ya que la misma
se realizó en una dirección diferente a aquella consignada en el Auto
Comisorio Nro. 00024 del 3 de febrero de 2015. En efecto, en el auto se citó
como sitio de la inspección la calle 23 B N° 80-05, no obstante, se realizó en
una dirección diferente; irregularidad que no se saneaba por la participación
del representante legal de la entidad. Por esto, las pruebas recaudadas en
dicha diligencia no podían tenerse como válidas.

• Indebida valoración probatoria. De una parte, porque la DIAN no realizó una
valoración adecuada de las pruebas aportadas por la sociedad para demostrar
la composición real de la mercancía importada (v.gr., el certificado expedido
por el proveedor, el cual acreditaba que los tapabocas importados no se
componían por polipropileno). De otra, porque no era posible establecer que
lo analizado por el laboratorio de la DIAN correspondiera a lo suministrado por
el representante legal de la entidad, como quiera que el reporte de análisis
físico-químico 100227342-0467 del 8 de abril de 2015 no rotuló el elemento
examinado.

• Por último, cuestionó (i) el análisis merciológico adelantado por la DIAN, ya
que, a su juicio, no se realizó sobre los elementos importados pues dentro de
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la entidad no existía stock de los mismos, razón por la que lo examinado
correspondió a elementos producidos por la sociedad en su propia fábrica; (ii)
el reporte de laboratorio, el cual, en su sentir, no podía tenerse como plena
prueba, porque no se agotó el trámite del Decreto 0993 del 15 de mayo de
2015, pue no se notificó a la sociedad para que ejerciera su derecho de
defensa; y, (iii) la liquidación oficial de corrección, bajo el entendido de que lo
procedente era el procedimiento de aprehensión de la mercancía al ser esta,
no otra, la consecuencia jurídica de la modificación de la composición del
elemento importado.

2.2. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de mayo de 2018, el Juzgado cuarenta (40)
Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda.

Primero, porque los servidores de las DIAN sí se encontraban habilitados para
adelantar la diligencia de inspección para el control y fiscalización con habilitación
de toma de muestras, que se llevó a cabo el 6 de febrero de 2015. Esto, habida
cuenta que el Auto Comisorio Nro. 00004 del 3 de febrero de 2015 cumplió con la
totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 473 del Estatuto Aduanero, a más
de que si bien la inspección se desarrolló en un sitio diferente al consignado en el
auto comisorio, no lo fue menos, que la averiguación de la sede de la empresa se
realizó en una base pública -página web de la sociedad-, y una vez allí, el
representante legal de la empresa no se opuso al trámite y aportó, voluntariamente,
las pruebas que posteriormente se examinaron en el laboratorio, lo que descarta,
la existencia de vicios en el recaudo de dicha prueba.

Segundo, porque no se configuró violación al debido proceso al no tener como
procedentes los documentos aportados por Polymedical de Colombia S.A.S. en la
sede administrativa pues tal determinación no fue oportunamente recurrida. De otro
lado, tampoco se acreditó que el material examinado por el laboratorio, y con base
en el cual se concluyó el error en la clasificación de la subpartida arancelaria,
correspondiera a uno diferente al amparado bajo la declaración de importación
examinada, fue el representante legal quien suministró las muestras y en esa
oportunidad nada dijo sobre la ausencia de stock de dichos elementos.

Tercero, porque, luego de examinar la prueba técnica, se concluyó la procedencia
de la liquidación de corrección al verificar que se estaba ante una mercancía
clasificada indebidamente al estar compuesta por polipropileno, y no por guata de
celulosa.

2.3. Apelación

Polymedical de Colombia S.A.S. apeló la decisión anterior, para lo cual sostuvo que
sí se configuró una irregularidad en la diligencia del 6 de febrero de 2015, la cual
no se subsanaba por la participación de la representante legal de la entidad en la
misma, razón por la que las pruebas recaudadas en ella no eran válidas; cuestión
que se reforzaba, en su sentir, porque lo procedente era la suspensión del RUT,
previo el trámite dispuesto para el efecto en los artículos 15 y 16 del Decreto 2460
de 2013, y no la realización de la diligencia sin que mediara un nuevo auto comisorio
en el que se consignara la dirección real de la empresa.

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Por demás, reiteró los argumentos relativos a la indebida valoración probatoria y a
la procedencia de la aprehensión de la mercancía.

2.4. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión

El 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, confirmó la sentencia apelada y no condenó en costas por
las razones que se sintetizan a continuación.

Primero, porque en el Auto Comisorio 24 del 3 de febrero de 2015 no existió
irregularidad alguna, ya que se cumplió con los requisitos establecidos en la materia
por el artículo 473 del Decreto 2685 de 1999: se identificaron los hechos objeto de
la prueba y se designaron los funcionarios encargados de su práctica. Por lo tanto,
la ubicación de la empresa en la que se debía adelantar la diligencia no era un
elemento indispensable. Y si bien fue cierto que la diligencia se realizó en una
dirección diferente a aquella consignada en el auto comisorio, no lo fue menos que
tal situación se presentó debido que Polymedical de Colombia S.A.S. incumplió el
deber de actualizar su dirección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del
Decreto 2460 de 2013.

En esa medida, la culpa de la misma contribuyente mal podía estructurar la
existencia de una irregularidad, lo que se reforzó al considerar que los servidores
comisionados extrajeron de la página web de la empresa la información acerca de
su ubicación, esto es, de un espacio en el que, de manera libre, dicha entidad
incorporó información a la que cualquier persona podía acceder.

Además, cualquier vicio que se hubiera podido presentar sobre el particular se
saneó, porque el auto que ordenó la inspección aduanera se notificó a la
representante legal antes de la realización de la diligencia sin que se hubiera
registrado alguna oposición a la misma, a su desarrollo o finalización, a más de que
se cumplió con la finalidad de la actuación -recolección de las muestras de los
productos importados, las cuales fueron aportadas de manera libre y voluntaria por
la misma representante legal-.

Segundo, porque no se estructuró el vicio de falsa motivación por indebida
valoración probatoria, toda vez que la DIAN consideró los elementos que la
accionante refirió como desconocidos, como se estableció en el Auto de Pruebas
2802 del 26 de mayo de 2016 en el que, además, se negó la práctica de un nuevo
análisis de laboratorio solicitado por la actora, providencia que no fue impugnada.
Igualmente, porque los elementos respecto de los que se realizó el análisis de
laboratorio, con el que se sustentó la existencia del yerro respecto de la clasificación
de la subpartida arancelaria, fueron los mismos que la representante legal aportó
en la diligencia de inspección aduanera, previa información acerca de las
declaraciones de importación que eran objeto de investigación. Además, en ningún
momento de esa diligencia se adujo la inexistencia en stock de muestras de los
productos importados.

Tercero, porque sí era procedente la aplicación del procedimiento para la
liquidación oficial de revisión pues se presentó uno de los supuestos previstos en
el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, a saber: yerro respecto de la clasificación
de la subpartida arancelaria y a las tarifas aplicables. Esto, bajo el entendido de que
“no [existió] controversia en los documentos importados sino en la composición de los mismos” , lo
que excluía la aplicación del trámite de aprehensión y decomiso de mercancías,
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reservado para eventos diferentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 232-1
del Decreto 2685 de 1999. Posición jurídica que coincidía con la adoptada por la
misma corporación al resolver asunto similar que tuvo su origen en la misma
diligencia de inspección a la sociedad Polymedical1.

Finalmente, no se condenó en costas porque no se demostró su causación.

3. Recurso extraordinario de revisión

3.1. Demanda2

Polymedical de Colombia S.A.S, a través de apoderado designada para el efecto,
solicitó la infirmación de la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B dentro del
proceso de radicado Nro. 11001-33-37-040-2017-00041-01, por la configuración de
la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del C.P.A.C.A., esto es, “[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Para sustentar lo anterior identificó como pruebas recobradas los siguientes
elementos, cada uno por las razones que también pasan a exponerse.

• El auto de trámite Nro. 17417-00407 del 5 de noviembre de 20193, dictado
por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Inspección General
de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC-; providencia que fue
conocida con posterioridad a la sentencia que se pretende infirmar por esta
vía judicial y que constituye plena prueba puesto que “no se trata de una sentencia
sino de un auto de trámite dictado en un proceso disciplinario iniciado a instancias de [la hoy
actora]”.

Para el efecto destacó que la DIAN, en virtud del principio de lealtad procesal,
estaba obligada a aportar el documento dentro del proceso ordinario;
actuación que no llevó a cabo.

Finalmente, señaló que ese medio de convicción contaba con carácter
decisorio, pues acreditaba la falta de competencia de los servidores de la
DIAN que realizaron la inspección aduanera en febrero de 2015: en el se
consignó la declaración de Luz Adriana Quimbay Contreras - servidora de la
Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN-, de acuerdo con la cual
“hay una regulación especial para las actuaciones de los autos comisorios y que la misma
obliga a que SI EN EL AUTO LA DIRECCIÓN ES INCORRECTA, NO SE PUEDE
CONTINUAR CON LA DILIGENCIA” (resalto y subrayas del original)

Y es que “al margen de la decisión que se adopte en el proceso disciplinario adelantado en
virtud de la queja elevada por mi poderdante, tal prueba evidencia que, como resultado de
una deponencia adelantada en ese proceso, la testigo expresó que el procedimiento que se
adelantó en virtud del auto comisorio 00024 de 3 de febrero de 2015 fue totalmente ilegal”.
(resalto y subrayas del original)

1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, sentencia del 2 de julio de 2019,
M.P.: Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, expediente: 25000-23-37-000-2018-00428-00.
2 Índice 2 del SAMAI.
3 Consultado se observa que el mismo data del 6 de noviembre de 2019.
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• La orden administrativa Nro. 003 del 5 de abril de 2010 de la DIAN4 (i) fue
recobrada luego de tener conocimiento acerca de la existencia del auto de
trámite referenciado, y (ii) no fue aportada al proceso ordinario en
desconocimiento del principio de lealtad procesal por parte de la DIAN “al
guardar conveniente silencio sobre la existencia de dicha normativa que, precisamente, regula
los procedimientos de los autos comisorios”.

Además, el carácter decisorio del medio de prueba se evidenciaba al
considerar que su valoración por el juez del proceso ordinario hubiera
permitido arribar a una conclusión diferente, siendo esta la anulación de los
actos demandados. Lo anterior, porque esa orden administrativa era la
normativa aplicable al caso por tratarse de la disposición especial que lo
regulaba5, ya que en ella se consignó el procedimiento que el proceso de
fiscalización y liquidación debía aplicar al realizar una diligencia de control,
como lo era la de inspección aduanera de febrero de 2015, al prescribir que
en el auto comisorio se debía indicar “de forma expresa el término de duración de la
diligencia, la descripción del lugar y de ser posible señalar el sitio exacto de la diligencia
cuando se tenga la información disponible”.

Pese a esa prescripción, en el auto comisorio no se cumplió con dicho deber
lo que pone de presente la existencia de una irregularidad que afectó el debido
proceso de la hoy demandante6 y que, en tal virtud, daba lugar a la declaratoria
de nulidad a la que el juez ordinario no accedió.
3.2. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN7

La DIAN, a través de apoderado, contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones de la misma porque no se configuró la causal de revisión invocada en
atención a las razones que pasan a sintetizarse, las cuales, según se afirma por la
accionada, convergen con las expuestas por la Sala Especial de Decisión Nro. 4
del Consejo de Estado al resolver de manera desfavorable un recurso
extraordinario de revisión presentado por la hoy accionante en un tema similar 8.

Dijo que, el auto proferido dentro del proceso disciplinario no corresponde a una
prueba recobrada, puesto que fue comunicado a la representante legal de
Polymedical de Colombia S.A.S. antes de que se profiriera la sentencia cuya
infirmación se pretende en este proceso. Agréguese a ello que la prueba carecía
de carácter decisorio, ya que “no guarda ninguna relación de causalidad con el tema objeto
de debate dentro del proceso contencioso administrativo” , lo que se confirma, en su sentir, al
tener presente que del auto de trámite “solo se puede concluir que las diligencias fueron
remitidas al subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN para que adelante las
actuaciones pertinentes por la presunta conducta irregular en que podrían estar incurso los
funcionarios investigados, atendiendo que la conducta no estaba tipificada como falta gravísima”.

4 “Por la cual se establecen los lineamientos gerenciales, administrativos y técnicos y se desarrollan los
procedimientos que se ejecutan en las dependencias del proceso del proceso de fiscalización y liquidación”
5 En esa medida, mal podía aplicarse, como lo hizo el juez de instancia, el artículo 473 del estatuto Aduanero.
6 De acuerdo con lo señalado en la demanda: “… es evidente que la falta de conocimiento sobre la normativa
que regula el procedimiento de fiscalización, resultó determinante en las decisiones administrativas objeto
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que el recaudo de pruebas no tuvo
ningún sustento legal; y los funcionarios de la DIAN, con su proceder, asaltaron a la representante legal de
la sociedad en su buena fe, defraudando la confianza legítima depositada en la Administración (DIAN) al
incurrir en esa y otras irregularidades que también fueron objeto de debate en el proceso ordinario”.
7 Índice 22 del SAMAI.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Pedro
Pablo Vanegas Gil, sentencia del 1° de julio de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-04480-00.
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Asimismo, no se demostró la causal de fuerza mayor, caso fortuito ni obra de la
parte contraria que impidiera allegar la orden administrativa Nro. 0003 de 2010 al
proceso ordinario; documento que, a su juicio, la entidad accionada no debió
aportar “teniendo en cuenta que la actuación realizada se ajustó al procedimiento administrativo y
a las directrices internas para el desarrollo de los procesos de fiscalización y liquidación”.

Además, dicho elemento carecía del carácter decisorio requerido para la
configuración de la causal de revisión. De una parte, porque correspondía a un
documento de carácter público que, en tal virtud, pudo aportarse al proceso
ordinario desde su inicio y, de otra, porque dicha orden “establece los lineamientos
internos para el proceso de fiscalización el cual fue atendido en el curso de la actuación
administrativa, que se desarrolló al amparo de los artículos 473, 562 y 564 del Decreto 2685 de
1999, por lo que el cargo relacionado con la notificación del auto comisorio no prosperó ante la
jurisdicción”.

Por último, señaló que lo pretendido por la recurrente es reabrir el debate probatorio
con la exposición de argumentos de derecho que fueron resueltos por el juez de
instancia, esto es, mediante el cuestionamiento de la actividad interpretativa del
juez ordinario.

Siendo, así las cosas, como a juicio del apoderado de la DIAN el recurso debe
declararse infundado, se solicitó se condenara en costas a la parte actora.
3.3. Intervención del Ministerio Público9

El agente del Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión puesto que no se cumplen los requisitos establecidos por la
jurisprudencia para la estructuración de la causal de revisión invocada en la
demanda.

Dijo que, no es una prueba recobrada la orden administrativa ya que existía desde
antes de la interposición de la acción ordinaria. Súmese que, al tratarse de un
documento público y de libre acceso, por encontrarse publicado en la página web
de la hoy accionada, se descarta la existencia de una causal de fuerza mayor o
caso fortuito que impidiera su presentación en el proceso ordinario.

Finalmente señaló que (i) en la inspección aduanera se respetaron las garantías de
la entidad, al punto que la misma fue atendida por la representante legal de la hoy
actora y fue ella quien aportó voluntariamente las muestras que fueron objeto de
peritaje posterior; (ii) la realización de la inspección en una dirección diferente a la
consignada en el auto comisorio se debió a que la entidad, hoy accionante, no
cumplió con la obligación de actualizar su domicilio empresarial en el RUT; y (iii) el
resultado de los análisis de la composición de los productos importados no se
desvirtuó en el proceso ordinario, a más de que tampoco se demostró que los
elementos entregados como muestras en la inspección aduanera fueran unos
diferentes a los amparados en la declaración de importación respectiva.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del C.P.A.C.A. de “los recursos de
9 Índice 23del SAMAI.
7

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revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”.

Por lo tanto, esta Sección es competente al tratarse de un recurso extraordinario
de revisión instaurado en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Oportunidad de la acción

De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

En el presente asunto, la sentencia del 29 de noviembre de 2019 se notificó de
manera electrónica el 10 de diciembre de 2019, según lo informa el Sistema Judicial
Siglo XXI10. En consecuencia, quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de 2019,
según lo previsto en el artículo 302 del C.G.P., por lo que, en principio, el término
para interponer el recurso vencía el 14 de diciembre de 2020.

Se dice que, en principio, porque debido a la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional, los términos judiciales fueron suspendidos por el Consejo
Superior de la Judicatura entre los días 16 de marzo y 30 de junio de 2020 11;
términos que debían computarse una vez reanudados. Luego, como la demanda
fue presentada el 15 de diciembre de 2020 ésta se entiende oportuna.

3. Problema jurídico

Le corresponde a esta Sala establecer si se configura la causal de revisión alegada
por la parte actora, esto es, si se encontraron o recobraron “después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y
que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o por caso fortuito o por obra de
la parte contraria”.

Para el efecto, se procederá, en primer lugar, con la exposición de algunos aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión; luego, se efectuarán algunas
anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda; y, finalmente,
se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

4. Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia

El recurso extraordinario de revisión es, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
C.P.A.C.A.12, un medio extraordinario de impugnación de sentencias, que tiene
lugar, únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales
contempladas en el artículo 250 de la misma codificación.

10 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
11 Acuerdos de suspensión de términos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura: PCSJA20- 11517,
PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-
11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20- 11556 y
PCSJA20-11567.
12 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
8

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Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)
Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada”13, en caso de prosperar “hay
lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal
razón resulte infirmada” 14. Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena
Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal,
como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que
persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución
Política” 15.

Así, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el restablecimiento de
la justicia material de la decisión, cuando quiera que ésta ha sido afectada por
situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente,
pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el
principio de la cosa juzgada16. En palabras de la Corte Constitucional17: “… la revisión,
más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia
formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que
demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”.

En atención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en
consecuencia, una “tercera instancia”18 en la que puedan plantearse, nuevamente,
argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es
una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la
deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias.

En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los
recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas
por el legislador en el artículo 250 del C.P.A.C.A., sean eminentemente
procedimentales19, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgamiento20,
sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia
de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la
cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de
los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1,

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio
1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril febrero 26 de 2013.
Radicado: 11001-03-15-000-2009-00050-00(REV). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente
REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
16 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009.
Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
17 Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997.
Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.
19 Los errores “in procedendo” hacen referencia a vicios en el procedimiento. Nacen de la "inejecución de la
ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución
in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso
del que la ley prescribe”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
20 Los errores “in iudicando” o “vicios de juicio”, son errores de derecho que se producen por falta de aplicación
o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Son, entonces, errores ocurridos
en la labor de juzgamiento propiamente dicha. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252
de 2001.
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2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho
en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo21.

En conclusión, el recurso extraordinario de revisión busca revertir decisiones que
fueron obtenidas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares.

En esas condiciones, no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la
deficiencia probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce
como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las
pruebas (error de hecho) o falta de aplicación de la norma o la indebida aplicación
de la misma (error de derecho)22.

5. Causal de revisión invocada. Prueba recobrada

En el presente asunto se invocó la causal de revisión establecida en el numeral 1
del artículo 250 del C.P.A.C.A. según el cual:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o por caso fortuito o por obra de la parte
contraria (…).”

De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, la estructuración de esta
causal de revisión exige de la confluencia de los siguientes requisitos:

• La prueba debe ser documental. La norma es clara al referirse
expresamente a “documentos decisivos”, razón por la cual se excluyen otros
elementos probatorios como los testimonios, las inspecciones judiciales, los
dictámenes periciales, y los informes técnicos, entre otros. Al “tratarse de un
recurso extraordinario la interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo23”.

• La prueba documental debe ser recobrada después de dictada la
sentencia objeto de revisión. En esa medida, el elemento debió existir al
tiempo de dictarse la sentencia, pero no pudo conocerse y valorarse por el
operador judicial porque estaba refundido o extraviado24, y solo con
posterioridad a esa decisión de fondo llegó al poder del recurrente.

De ahí, entonces, que no resulten admisibles (i) documentos fechados con
posterioridad al fallo correspondiente, ni (ii) aquellos que siendo anteriores a
la sentencia pudieron ser solicitados o aportados en las oportunidades
procesales fijadas para el efecto, pues el mecanismo extraordinario no es una
herramienta para subsanar el error, la negligencia, la culpa o la desidia de la
parte respecto de la carga probatoria que le asistía.

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de noviembre de 2013.
Radicado: 13001-33-31-005-2011-00254-01 (REV). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-
23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de mayo de 2012,
radicación 01820.
24 La causal no se configura si la prueba documental correspondiente obraba en el proceso, pero el fallador
no la decretó, o no la valoró, o carecía de la entidad necesaria para demostrar el hecho que se pretendía
acreditar con ella. En esos eventos no se estaría en presencia de una prueba recobrada, sino de la
utilización del mecanismo extraordinario como un medio para reabrir la etapa probatoria a modo de instancia
adicional del proceso ordinario; finalidad extraña al recurso de la referencia.
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Y es que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala Plena, “de
aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez que surgieran nuevos
medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues bastaría al vencido que, una vez
conocida la decisión desfavorable, intentara la producción o el mejoramiento de la prueba
para que se reabriera el litigio. Circunstancia que, por sus consecuencias indeseables en
términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso evitar” 25.

• La prueba documental no pudo ser aportada al proceso por fuerza
mayor, u obra de la parte contraria, circunstancia cuya acreditación
corresponde al recurrente. No es cualquier causa la que habilita la
presentación de la prueba documental, de suerte que “no basta con una dificultad
por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente... 26”, a más de que, por obvias razones, tampoco resulta válido
argumentar el olvido, la incuria o el abandono de la parte que habría sido
beneficiaria de la prueba documental.

Por eso, conviene reiterar lo sostenido por la corporación con relación a la
fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:
“En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso
anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al
artículo 1 de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es ‘el imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.’. La segunda causa -obra de la parte
contraria- ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su
actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera
aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de
que no sirviera como prueba27”

Así, será la parte recurrente a quien corresponda demostrar la existencia de
alguno de esos supuestos, pues no existe presunción legal de su
acaecimiento, ni podría el juez estimarlos como demostrados ante la ausencia
de su justificación en la demanda y de elementos de convicción que dieran
cuenta de ellos28.

• La prueba documental debe tener un carácter decisivo. Debe tratarse de
elementos de convicción con una entidad tal que, de haber sido valorados por
el operador judicial, hubieren dado lugar a la adopción de una decisión
diferente a aquella que se adoptó. No es, entonces, cualquier prueba, sino
una con capacidad, entidad o envergadura para influir en el sentido de la
decisión.

En esa línea, esta corporación, siguiendo lo establecido por la doctrina sobre
el particular, ha sostenido lo siguiente:
“… que un documento sea decisivo ´significa que tiene un valor y eficacia bastante para
resolver en sentido contrario o diferente el fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito
que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su fallo lo hubiera pronunciado en sentido
contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que llegó al fallar el
pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que

25 Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 1° de
diciembre de 1997, Rad. Rev-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236 (REV).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad.
1998-00173(REV).
27 Sentencia de 8 de noviembre de 2005, Rad. 1999-00218.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, Rad.
REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).
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destruía la posibilidad de que las demás pruebas la contrariasen 29”30.

6. Caso concreto

Aplicando lo anterior al caso concreto, la Sala estima que no se configura la causal
de revisión invocada en la demanda por las razones que pasan a exponerse
respecto de cada uno de los elementos que se adujeron como recobrados en la
demanda.

6.1. Auto de trámite Nro. 17417-00407 del 6 de noviembre de 2019, dictado
por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Inspección
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC-

En el auto de trámite que se aduce como recobrado, el Subdirector de
Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC- dispuso la remisión de las diligencias
a la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, para que adelantara “las actuaciones
correspondientes por la presunta conducta irregular en la que podrían estar incursos los funcionarios
LADY JOHANA ARIAS CABRERA y JESÚS ERVIN ORTIZ ORTIZ”.

Dentro de esa providencia, al momento de relacionar las pruebas recaudadas en la
indagación preliminar, se hizo referencia al testimonio de Luz Adriana Quimbay
Contreras en los siguientes términos:
“Diligencia Testimonial de la señora Luz Adriana Quimbay Contreras, de fecha 22 de octubre
de 2019, quien indicó que se desempeñaba como funcionaria de la Subdirección de
Fiscalización Aduanera, que depuso al despacho sobre el procedimiento que se debe realizar
al momento de efectuar visitas de fiscalización aduanera en las diferentes empresas, indicó
que en el evento que la empresa no se encuentre en la dirección comisionada el deber ser,
era efectuar un nuevo auto comisorio con la dirección tributaria y proceder al bloqueo temporal
del RUT (fl. 134 y 136 CD con video y audio)”.

A juicio de esta Sala lo pretendido, en últimas, por la actora, es la incorporación y
valoración del testimonio de Luz Adriana Quimbay Contreras31, cuestión que no
resulta admisible, porque se trata de una prueba testimonial que, como tal, se
encuentra excluida de los elementos para la configuración de la causal de revisión
invocada, según se advirtió en esta providencia. No puede perderse de vista que el
mecanismo extraordinario no es una oportunidad para el mejoramiento de la
prueba, tal como se anotó.

6.2. Orden administrativa Nro. 003 del 5 de abril de 2010 de la DIAN

Respecto de este elemento tampoco se configura la causal de revisión invocada en
la demanda.

29 Cita original: DOVAL DE MATEO, Juan de Dios “La revisión civil”, Barcelona, 1979, pág. 156.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P.: María
Adriana Marín, sentencia del 8 de noviembre de 2021, radicado Nro.: 76111-33-31-701-2010-00201-
01(51617).
31 Ello explica el por qué en la demanda de revisión se anotó lo siguiente: “Es el anterior testimonio el
fundamento en sede ordinaria, que no pudo ser valorado ni advertido por el juez de conocimiento,
enfrentando a mi poderdante a una negación de justicia. Esto, porque de comprenderse la flagrante
irregularidad por parte de la DIAN, al realizar la inspección en las instalaciones de POLYMEDICAL en
cumplimiento de un auto comisorio que hacía referencia a una dirección diferente, la consecuencia jurídica
sería declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, lo cual no ha sido posible hasta ahora”.
12

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Primero, porque no se demostró la existencia de una causal extraña o imputable a
la accionada que justificara no solicitarla ni aportarla dentro del proceso ordinario
respectivo. Téngase en cuenta que la orden existía, incluso, antes de la
interposición de la demanda ordinaria, pero ni siquiera fue puesto de presente en
ella -ningún cargo se construyó sobre el mismo-; cuestión relevante al considerar
que dicho documento es de carácter público por lo que pudo haberse aportado y
consultado oportunamente desde que inició el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y, como tal, haberse referido su vulneración o
desconocimiento.

Súmese a ello, que en la demanda de revisión solo se señaló que la demandada
fue “en contravía del principio de lealtad procesal al interior del proceso judicial, al guardar
conveniente silencio sobre la existencia de dicha normativa que, precisamente, regula los
procedimientos de los autos comisorios”, pese a lo cual no se arrimó ningún medio de
convicción que diera cuenta de esa conducta de retención de información.

Segundo, porque el documento tampoco cuenta con carácter decisivo para variar
la sentencia adoptada por el juez de instancia. Esto, por cuanto la dirección
establecida en el auto comisorio correspondió a la registrada por Polymedical de
Colombia S.A.S. en el RUT; cuestión diferente es que el domicilio no se encontrara
debidamente actualizado.

Además, lo cierto es el que el procedimiento de la orden administrativa cuya
aplicación se solicita no era el pertinente para el caso concreto, pues aquel se
refería a la aprehensión de mercancías dentro de un trámite de definición de
situación jurídica, mientras este corresponde al trámite para la liquidación de
corrección como consecuencia de un error en la clasificación de la subpartida
arancelaria. En efecto:

• En la orden administrativa Nro. 003 de 2010 se desarrollaron “los procedimientos
que deben ejecutar las dependencias del proceso de Fiscalización y liquidación, teniendo en
cuenta aspectos gerenciales, administrativos, requerimientos normativos, funcionales y
técnicos establecidos para tal fin”.

• En el numeral quinto de dicha orden se estableció lo relativo a la “[d]escripción
del proceso de Fiscalización y Liquidación” y en el numeral 5.2.3. se dispuso lo
atinente a la “[a]prehensión de mercancías”, aparte en el que se encuentra el
5.2.3.2. -aducido en la demanda como aplicable- referido a la “[realización de]
diligencias de control” y en el cual se estableció lo siguiente:
“En el ejercicio de las funciones de control posterior se realizan acciones tendientes a detectar
el irregular ingreso y permanencia de mercancías en el país y a contrarrestar el contrabando
abierto y técnico; lo anterior se ejecuta mediante planes aduaneros dirigidos a sectores
económicos, lugares y en fechas especiales e investigaciones dirigidas a un presunto infractor
en particular. Como resultado de estas acciones se adoptan medidas cautelares como la
aprehensión de mercancías, para efectos de determinar la legal introducción y permanencia
de las mismas en el territorio aduanero nacional.
Es preciso observar los siguientes aspectos:
a. Comisionar al empleado público designad para realizar la acción de control
Todos los empleados públicos que participen en las acciones de control deben estar
debidamente comisionados por el empleado público competente mediante el respectivo
Auto Comisorio y/o Resolución de Registro; teniendo en cuenta las características y
condiciones propias de la acción de control a realizar, indicando en forma expresa el
término de duración de la diligencia, la descripción del lugar y de ser posible señalar el
sitio exacto de la diligencia cuando se tenga la información disponible. (…)”

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• En la sentencia cuya infirmación se pretende se descartó la procedencia de la
definición de la situación jurídica de la mercancía, bajo el entendido de que lo
pertinente, de acuerdo con las normas que resultaban aplicables, era la
liquidación de corrección por la existencia de error en la clasificación de la
subpartida arancelaria. Fue por eso que el juez de instancia sostuvo sobre el
particular lo siguiente:
“ Para resolver, la Sala recuerda que, como se refirió en el acápite del marco normativo
aplicable, existe clara habilitación legal en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 para que
la Administración Aduanera proceda a corregir de manera oficial las declaraciones de
importación cuando en las mismas se haya incurrido en un error ligado a la clasificación de la
subpartida arancelaria y a las tarifas aplicables, lo que, como se evidenció en esta actuación,
corresponde con lo acaecido en la declaración de importación presentada por la sociedad
actora para la nacionalización de los tapabocas, pues no existe controversia en los elementos
importados sino en la composición de los mismos lo que descarta la posibilidad de acudir al
procedimiento establecido en el artículo 502 del Estatuto Aduanero para la procedencia de la
aprehensión y decomiso de mercancías, pues debe resaltarse que ello tiene operancia
cuando los bienes están en el país sin un documento soporte (declaración de importación en
cualquiera de sus modalidades) o cuando no existe ningún tipo de correspondencia con la
descripción declarada, lo cual no es el caso, pues se itera, la discrepancia solo se liga a la
subpartida arancelaria más no a la identidad de los elementos.
Asimismo, el trámite de aprehensión y decomiso tiene procedencia cuando existiendo una
declaración de importación existan en el territorio aduanero nacional mayores cantidades de
mercancía de aquellas por las cuales se surtió el trámite de nacionalización, caso en el cual
los excesos no soportados pueden entrarse a aprehender; circunstancias que no resultan
aplicables al caso bajo estudio. Recuérdese que la norma establece las causales para la
aprehensión es el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999, citado líneas atrás, en donde no
se contempla la procedencia de ese trámite cuando lo cuestionado sea la clasificación
arancelaria, pues, como ya se anotó, para estos eventos lo procedente es adelantar el
procedimiento de liquidación oficial de corrección, tal cual lo hizo la DIAN”.

En esa medida, no se observa cómo el supuesto desconocimiento de un
procedimiento diferente al que se estimó aplicable por el juez de instancia
pudiera variar la decisión adoptada por éste, lo que cobra relevancia al
considerar que en la demanda de revisión nada se argumentó al respecto.

Por demás, vale anotar que lo pretendido es cuestionar el procedimiento
aplicable, lo que no resulta posible si se tiene presente la finalidad del recurso
extraordinario de revisión, que impide la utilización de la herramienta
excepcional como una instancia adicional para discutir los razonamientos
jurídicos del juez ordinario.

7. Costas

La demanda de la referencia se presentó el 15 de diciembre de 202032, razón por
la que le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el
C.P.A.C.A., antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.

En relación con la condena en costas, el C.P.A.C.A. no previó de manera expresa
su procedencia para los recursos extraordinarios de revisión. Por ello, es necesario
acudir a lo previsto en el artículo 188 ibidem, según el cual: «[…] Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil»

Por ello, corresponde la integración con lo previsto en los artículos 365 y 366 del
C.G.P., aplicables en virtud de la remisión antes citada.
32 Índice 2 del SAMAI.
14

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Así, en el artículo 365 del C.G.P. resulta relevante considerar el numeral 8, al tenor
del cual “[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.”. Y en el artículo 366 ibidem deben tenerse en cuenta los
numerales 1, 4 y 6, según los cuales señalan:
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará́ la liquidación y corresponderá́ al juez aprobarla o rehacerla. (…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá́ en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas. (…)
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará́
inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto
de obedecimiento al superior, según el caso.”

Ahora bien, de acuerdo con la posición mayoritaria de esta Sección, no se impondrá
condena en costas porque no fue demostrada su causación. Por esto, pese a
declararse infundado el recurso de la referencia, no se condenará en costas a la
parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Polymedical de Colombia S.A.S. contra la sentencia del 29 de noviembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B dentro del proceso de radicado Nro. 11001-33-37-040-
2017-00041-01.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Aclaro el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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