Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00092-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-27-000-2021-00092-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00092-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2021-00092-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
22 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante JUAN MATEO MARTÍNEZ RIVEROS
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Resolución Nro. 000067 de 19 de junio de 2020. Registro de
Acuerdos de Transacciones de Commodities. Aplicación Método del
Precio Comparable No Controlado. Régimen de Precios de
Transferencia.
SENTENCIA ANTICIPADA
La Sala decide la demanda de simple nulidad interpuesta por Juan Mateo Martínez
Riveros, en la que pretende la nulidad de la Resolución Nro. 000067 de 19 de junio
de 2020, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en
adelante DIAN), en especial de los artículos 1, 3 y 6.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El literal b) del artículo 260-3 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 107
de la Ley 1819 de 2016, determinó la aplicación preferente del método del “Precio
Comparable no Controlado” para establecer el precio en las operaciones celebradas
entre vinculados de commodities sujetas al régimen de precios de transferencia e
impuso la obligación de registrar los acuerdos de dichas transacciones, en los
términos que estableciera el Gobierno Nacional.
Lo anterior fue desarrollado en el Decreto 2120 de 2017, que modificó el artículo
1.2.2.2.4.1. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. A su vez, el
procedimiento de registro fue reglamentado mediante la Resolución Nro. 000067 de
19 de junio de 2020 proferida por la DIAN.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), Juan Mateo Martínez Riveros formuló la siguiente petición:
«Con fundamento en los argumentos anteriormente señalados, respetuosamente solicitamos
a su Honorable despacho declarar la nulidad total de la Resolución 000067 de 2020 proferida
por la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, por medio de la cual se estableció el procedimiento para el registro de los
acuerdos de transacciones de commodities a través de los servicios informáticos de la
entidad.»1.
1 SAMAI. Índice 2. PDF “ED_DEMANDAY_JUANMATEOMARTINEZ( .PDF) NroActua 2”
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 189 (numeral 11),
338 y 363 de la Constitución Política; 44 de la Ley 962 de 2005; 3 de la Ley 1437
de 2011; 4, 5 y 9 del Decreto Ley 019 de 2012; 3 del Decreto Ley 2106 de 2019; 11
del Código Civil y 260-3 del Estatuto Tributario.
Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Exceso de la facultad reglamentaria
Acusó de nulidad los artículos 1 y 6 de la Resolución impugnada debido a que
consideró que los mismos extienden la obligación de registro de los contratos de
commodities a todos los contribuyentes que utilizan el método del Precio
Comparable no Controlado (en adelante “PC”), e incluso a quienes no están
obligados a utilizarlo, en contravía del artículo 260-3 del Estatuto Tributario y la
acción 10 del proyecto “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios –
BEPS" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y el G20.
Explicó brevemente el método PC de acuerdo con el artículo 260-3 del Estatuto
Tributario, el cual se aplica preferentemente a las operaciones de commodities, e
indicó que, al aplicarlo, el precio en una operación entre vinculados se puede
comparar con el precio de una operación comparable por dos vías: i) transacciones
comparables realizadas entre independientes, o ii) por referencia a precios de
cotización.
Aseguró que, en el contexto del artículo 260-3 del Estatuto Tributario, el registro de
documentos para demostrar la fijación del precio del commodity está circunscrito
únicamente a aquellos casos en los que se aplica el método PC con base en el
precio de cotización del bien y no cuando se usan transacciones comparables
realizadas entre partes independientes u otras metodologías. Por lo anterior,
consideró que el artículo 1 de la Resolución no limitó el registro a este escenario,
sino que lo extendió a toda operación con commodities.
Indicó que si bien la Resolución condiciona el registro a lo dispuesto en los artículos
260-3 del Estatuto Tributario y 1.2.2.2.4.1. del Decreto 1625 de 2016, no distingue
las transacciones, incluyéndolas todas. Presentó cuadro comparativo del artículo
260-3 del Estatuto Tributario y la Resolución y dijo que esta excede el contenido
normativo y la facultad reglamentaria2.
Anotó que el propósito del registro es conocer con certeza la fecha de fijación del
precio de la operación para determinar el precio de cotización, facilitando la
verificación por parte de la Administración Tributaria, por lo que el registro de
operaciones en las cuales se utilizan comparables de terceros independientes no
tiene incidencia alguna, pues no es necesario verificar la fecha, de suerte que
imponer la obligación de registro es una exigencia desproporcionada.
2. Nulidad por inconstitucionalidad – aplicación retroactiva de la
Resolución 000067 de 2020
Sostuvo que los parágrafos 1 y 2 del artículo 6 de la Resolución obligan a realizar
el registro de contratos que incluyen operaciones de commodities suscritos: i) antes
2 Citó en apoyo la sentencia de 15 de abril de 2015, exp. 19103, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas del
Consejo de Estado.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
de la Ley 1819 de 2016 y ii) a partir del 1 de enero de 2017, lo cual configura una
aplicación retroactiva de la ley, pues la norma, al ser de carácter tributario y haberse
expedido en el año 2020, debía entrar en vigor en 2021. Indicó que toda vez que los
documentos objeto de registro puede incidir en la determinación del impuesto sobre
la renta, con las anteriores exigencias de registro se violó el principio de
irretroactividad de los artículos 338 y 363 de la Constitución, el cual explicó3 y aclaró
que también se predica de los actos administrativos.
Agregó que la reglamentación solo podía aplicar a transacciones acaecidas luego
de la entrada en vigor de la Resolución y no anteriores, lo cual, además, vulnera el
artículo 11 del Código Civil.
3. Nulidad por inconstitucionalidad – determinación de la base gravable
Señaló que la Resolución, al establecer el registro de los contratos celebrados con
anterioridad a su expedición, promovió la determinación de la base gravable del
impuesto sobre la renta por medio de reglamento, en la medida en que los contratos
a ser registrados pueden generar cuestionamientos por parte de la Administración
Tributaria, basándose en un registro y condiciones sobre la información que no
estaban vigentes al momento de la presentación de las declaraciones por parte de
los contribuyentes y mucho menos al cierre del ejercicio fiscal.
Precisó que el efecto sustancial de la resolución es claro, en la medida en que la
información objeto de registro -fecha o período para fijar el precio del commodity-
tiene la vocación de determinar bases gravables sobre hechos que ocurrieron con
anterioridad a su vigencia, períodos para los cuales es posible, además, no contar
con la información exigida por el registro.4 Concluyó que la información no puede
ser solicitada por la Administración Tributaria para períodos anteriores a 2020 ni
utilizarse, en caso de haber sido entregada.
4. Violación a la ley- falta de aplicación del artículo 44 de la Ley 965 de 2009
(sic) y del artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012
Afirmó que la información solicitada se detalla en el artículo 3 de la Resolución, y
que esta pretende segregar los datos particulares de los acuerdos y demás
documentos que soportan las operaciones de commodities, información que ya está
en poder de la Administración Tributaria, a través la declaración informativa de
precios de transferencia, su documentación comprobatoria, y otros medios, lo cual
viola directamente la ley por falta de aplicación de los artículos 44 de la ley 962 de
2009 (sic) y 9 del Decreto ley 019 de 2019, que establecen que la DIAN no puede
solicitar información al contribuyente que este previamente ha suministrado.
Reseñó la información objeto de registro a partir de la Resolución para asegurar que
la misma se reporta a través del formulario 120 y su anexo formato 1125, del RUT,
la documentación comprobatoria y el informe local, las facturas de compraventa, las
declaraciones de importaciones o exportaciones y los documentos de embarque,
según dispone el Decreto 1625 de 2016. Para esto presentó un cuadro donde
relaciona cada norma y el contenido de la información.
3 Invocó las sentencias de 2 de diciembre de 2018, exp. 46859, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico del
Consejo de Estado, Sección Tercera y C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao de la Corte Constitucional.
4 Citó la sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. 20698, C.P. Julio Roberto Piza del Consejo de Estado sobre
la imposibilidad de cuestionar la base gravable por medio de reglamentos posteriores a la causación del
impuesto, situación similar al caso de las Zonas Francas.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
5. Violación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad
Adujo que solicitar información que ya reposa en poder de la Administración
Tributaria viola los principios de la actuación administrativa señalados en el artículo
3 de la Ley 1437 de 2011, los cuales enunció, y el principio constitucional de
eficiencia, que definió5. Añadió que el principio administrativo de economía resulta
vulnerado por cuanto con la información de la documentación comprobatoria es
suficiente, al igual que el principio de celeridad, que también subyace en el Decreto
Ley 019 de 2012.
6. Nulidad por violación de los artículos 3 del Decreto Ley 2106 de 2019 y
39 del Decreto Ley 019 de 2012
Explicó que el Decreto Ley 2106 de 2019 dispone medidas para regular el proceso
de reglamentación de trámites creados o autorizados por la ley, para lo cual, se
exige concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública, que
se extraña en el presente caso.
Concluyó que la Administración Tributaria incumplió con los requisitos de acreditar
i) la justificación, eficacia, eficiencia y costos de implementación para los obligados
a cumplir con el registro de los contratos, y ii) la existencia de recursos
presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación ante la Función
Pública.
Oposición a la demanda
La DIAN solicitó negar las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos6:
Frente al alcance de la obligación de registro, sostuvo que los artículos 1 y 6 de
la Resolución demandada no señalan que esta se extienda a aquellos casos en que
el precio fijado por el contribuyente con su parte relacionada se deba comparar con
transacciones comparables realizadas entre partes independientes u otra
metodología. Precisó que hay una interpretación equivocada del demandante, quien
no realizó una lectura integral de la ley, el reglamento y la resolución.
Indicó que la intención de la Resolución fue establecer el procedimiento de registro,
y no replicar la Ley ni el reglamento, en los que se establece cuando hay lugar al
registro, esto es, cuando el análisis se realice con referencia al precio de cotización,
pues el propio acto impugnado remite al artículo 260-3 del Estatuto Tributario y al
artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016.
Manifestó respecto del argumento de violación de la Acción 10 de BEPS, que la
misma no es demandable pues es el resultado del proyecto adelantado por la
OCDE, cuyo resultado fue incorporado en las Guías de Precios de Transferencia de
2017, que fungen como criterio auxiliar de interpretación conforme con la sentencia
C-690 de 2003. En cuanto a la obligación de registrar cuando hay transacciones
que se analicen con una metodología distinta al PC, concluyó que en la matriz de
comentarios del proyecto de la resolución se advierte que el registro hace parte del
análisis establecido en el numeral 1 del artículo 260-3 del Estatuto Tributario
5 Trajo a colación la sentencia C-419 de 1995 de la Corte Constitucional y de 26 de noviembre de 2009, exp.
16873, C.P. Héctor J. Romero Díaz del Consejo de Estado.
6 SAMAI. Índice 15. PDF “RECIBEMEMORIALESPOR CORREOELECTRONICO _CONTESTACION2021000
(.pdf)NroActua 15”
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
Sobre la violación al principio de irretroactividad, transcribió el parágrafo
transitorio del artículo 1.2.2.2.4.1. del Decreto 1625 de 2016 y adujo que la
Resolución replicó las disposiciones del reglamento, por lo cual no desborda lo
dispuesto por la norma superior.
Respecto a la vulneración del artículo 338 de la Constitución, reiteró que el
término para el registro de los contratos es el mismo que el contemplado en el
Decreto 1625 de 2016, sin exceder la norma superior. Aseguró que la Resolución
se sustenta en el inciso 5 del literal b, numeral 1 del artículo 260-3 del Estatuto
Tributario y el artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016 y que la información
que la DIAN determinó como objeto de presentación es la misma que el Gobierno
consideró como sujeta a registro, sobre lo cual presentó cuadro comparativo.
En torno a la falta de aplicación de la Ley 962 de 2005 y del Decreto Ley 019 de
2012, expuso que el objeto de la Resolución demandada es poder contar con un
mecanismo que permita obtener el registro de los acuerdos de transacciones de
commodities, información que el legislador consideró sujeta a registro, este último
reglamentado por el Ejecutivo. Aclaró que la información a registrar no es general,
sino que aplica para los contribuyentes que hayan suscrito acuerdos, contratos,
ofertas, aceptaciones u otros documentos suscritos de operaciones de
commodities, sin que sea una solicitud caprichosa, como lo alega el demandante,
pues obedece al mandato legal.
Puso de presente que, conforme al reglamento, esta información se requiere para
demostrar de forma fiable la fecha convenida por las partes para fijar el precio en la
transacción celebrada con la parte vinculada, y que, de existir modificaciones al
acuerdo, este debe ser registrado nuevamente, lo que implica que la declaración
informativa de precios de transferencia no es suficiente para verificar las
modificaciones, pues la DIAN no dispondría de información de manera oportuna,
haciendo inoperante la Ley.
Anotó que la declaración informativa de precios de transferencia se presenta por el
año gravable, en tanto el registro de los contratos se efectúa dentro del mes
calendario siguiente a le fecha de su suscripción o con anterioridad a la primera
entrega del commodity, por lo cual la información no es la misma que la de la
declaración. Cuestionó que, de aceptar la tesis del actor, no se podría registrar ni
actualizar la información sobre operaciones de commodities.
En cuanto a la violación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y
celeridad, señaló que el actor considera que estos se violan porque se solicita
información que ya reposa en poder la Administración Tributaria, así que hizo un
recuento de argumentos ya esbozados donde se precisa los datos requeridos e
insistió en que el registro aplica de manera concreta a los contribuyentes que hayan
suscrito acuerdos, contratos, ofertas, aceptaciones u otros documentos suscritos de
operaciones de commodities, para el análisis de estas transacciones, bajos las
reglas fijadas por el legislativo.
Sobre el concepto previo del Departamento Administrativo de la Función
Pública, citó los artículos 1 de la Ley 962 de 2005 y 39 del Decreto 19 de 2012 para
asegurar que la Resolución impugnada no reglamenta trámites creados o
autorizados por la ley, pues solo implementa un repositorio de información. Añadió
que no se cumple la definición de trámite por cuanto el registro no genera como
resultado un producto o servicio, pues el envío de información no acarrea una
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
respuesta o resultado particular y que la potestad reglamentaria no puede limitarse
a reproducir la ley, como lo pretende el actor.
El 24 de marzo de 2022, dentro del término legal, la DIAN presentó alcance a la
contestación de la demanda allegando concepto emitido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública que señala que el registro de acuerdos de
transacciones de commodities no corresponde a un trámite.7
Trámite para sentencia anticipada
Por auto del 21 de octubre de 2022 (índice 20), se dispuso aplicar al sub lite el
trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para lo cual se fijó
el litigio con base en el cual le corresponde a la Sala determinar si la Resolución
Nro. 000067 de 2020, que estableció el procedimiento para el registro de los
acuerdos, contratos, ofertas, aceptaciones u otros documentos suscritos para
operaciones de commodities, a través de los servicios informáticos de la DIAN,
incurrió en infracción de las normas superiores por: i) exceso de la potestad
reglamentaria, ii) aplicación retroactiva del reglamento a contratos y base gravables
anteriores a su vigencia, iii) requerir información que reposa en la entidad, y, iv)
expedir el reglamento sin concepto previo y favorable del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
Dado que no había pruebas por practicar, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público por el término común de 10 días para que presentaran sus
alegatos y concepto, respectivamente.
Alegatos de conclusión
La actora8 trajo a colación la sentencia del 28 de julio de 2022, exp. 25518, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez del Consejo de Estado para advertir que, desde la
formulación de la demanda a la fecha de los alegatos, tanto los extremos procesales
como esta Corporación, han entendido que el registro de los contratos, acuerdos u
otros documentos sólo es exigible a los contribuyentes que utilizan el método PC, y
cuyo precio se compara con precios de cotización, y no a todas las operaciones de
commodities, con lo cual sobre este punto señala que se debe declarar la legalidad
de la Resolución demandada limitando a que la misma se entienda únicamente
exigible en los eventos en que se aplique el método PC con referencia a precios de
cotización.
Sostuvo que la DIAN guardo silencio frente a la discusión de fondo en torno a la
violación de los artículos 338 y 363 de la Constitución y que una norma
reglamentaria no puede prevalecer sobre la Carta. Ratificó los argumentos de la
demanda y concluyó, frente al concepto del Departamento de Función Pública
allegado, que este no obra como prueba aportada y que, además, el mismo incurre
en error al sostener que el registro no tiene incidencia en la operación, pues de este
se obtiene un servicio.
La entidad demandada9 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.
7 SAMAI. Índice 16. PDF “RECIBEMEMORIALESPOR CORREOELECTRONICO _CONTESTACION2021000
(.pdf)NroActua 15”
8 Samai. Índice 32. PDF: “ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_DEMANDANTEALEGATOS (.pdf)
NroActua 32”
9 Samai. Índice 25. PDF: “ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_DIAN_DIAN202100092(.pdf)NroActua
25”
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Resolución Nro. 000067 de
19 de junio de 2020 proferida por la DIAN. Para el efecto, es menester primero
recordar que, en la demanda de nulidad el juez contencioso-administrativo también
está limitado a decidir sobre los cargos y pretensiones de anulación que formule la
parte demandante. Así las cosas, el pronunciamiento judicial debe resolver
únicamente lo pretendido por el actor, a la luz de los conceptos de violación
específicos que presente este, y los argumentos de defensa que desarrolle la parte
demandada.
De acuerdo con lo anterior, se observa en la demanda que el actor pretende la
nulidad de la Resolución bajo algunos cargos que atacan de manera general la
misma, mientras que otros sólo están enfocados a demostrar la nulidad de los
artículos 1, 3 y 6. Considerando esto, por cuestiones metodológicas, al resolver
cada uno de los cargos la Sala hará las precisiones del caso.
1. Alcance de la obligación de registro
El demandante afirmó que, con los artículos 1 y 6 de la Resolución impugnada, se
excedió la potestad reglamentaria al extender la obligación de registro de los
contratos sobre transacciones de commodities a todos los contribuyentes que
utilizan el método PC, incluyendo aquellos eventos en que, para comparar el precio
se utilizan transacciones comparables entre partes independientes. Por su parte, la
demandada indicó que el acto acusado debe interpretarse sistemáticamente con la
Ley y el Reglamento, que exigen el registro de los contratos cuando el análisis de
comparabilidad se hace con referencia al precio de cotización del commodity.
De manera preliminar se advierte que la potestad reglamentaria conferida al poder
ejecutivo en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política debe ejercerse
dentro de los límites de la Constitución y la ley. De allí que las disposiciones
reglamentarias estén subordinadas a la ley que se proponen desarrollar y tengan
como único fin dar cabal ejecución a esta, sin ampliarla, restringirla o modificarla.
En materia tributaria, esta potestad está supeditada, en especial, al principio de
reserva de ley, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional10
y de esta Sección11, pero también a los principios de necesidad y proporcionalidad
que se transgreden cuando se amplían o restringen los supuestos definidos en la
Ley.
El artículo 260-3 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 107 de la Ley
1819 de 2016, estableció la aplicación preferente del método PC para determinar si
el precio o margen de utilidad en las operaciones de commodities que celebren los
contribuyentes del impuesto sobre la renta con sus vinculados del exterior da
cumplimiento al principio de plena competencia. Para el efecto, la comparación se
10 Corte Constitucional. Sentencia C-1005 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto.
11 Entre otras, en las sentencias del Consejo de Estado. Sección Cuarta del 30 de mayo de 2011, exp. 17699,
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 11 de febrero de 2014, exp. 18973, C.P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, del 10 de agosto de 2017, exp. 20464, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 10 de mayo
de 2018, exp. 20677, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 05 de noviembre de 2020, exp. 24414, CP:
Julio Roberto Piza Rodríguez y del 15 de octubre de 2021, exp. 24049, C.P. Milton Chaves García.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
puede hacer con referencia a transacciones comparables entre partes
independientes o al precio de cotización, el cual se refiere al “precio del commodity en
un período determinado obtenido en un mercado nacional o internacional de intercambio de
commodities.”. Así, como quiera que los precios de cotización de commodities reflejan
el acuerdo que se da en el mercado entre partes independientes sobre el precio de
un tipo y cantidad de producto, negociados bajo condiciones específicas en “un
período determinado”, la norma señala que, un factor decisivo para el estudio de las
transacciones de commodities es la fecha o el periodo acordado por las partes para
fijar el precio del bien, y en esa medida es necesario que ante la Administración
Tributaria esta fecha sea demostrada a través de documentos fiables, y de ahí que
los mismos se sujeten a registro.12
La Sala, en sentencia de 28 de julio de 2022, exp. 25518, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez, analizó, en proceso de nulidad simple, el alcance de la obligación de
registro contenida en el artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016, que
reglamentó el artículo 260-3 del Estatuto Tributario, y concluyó que: “La interpretación
sistemática de las normas en correlación (i.e. la reglamentada y el reglamento) lleva a concluir que
el deber de registrar los documentos que instauran los incisos 3.º y 4.º del artículo 1.2.2.2.4.1 del
DUR solo es exigible en eventos en que se aplique el método PC con referencia a precios de
cotización, pues es en este escenario que surge la necesidad de determinar si los precios de los
commodities pactados entre partes vinculadas se acompasan, en el momento en que se realiza la
operación, con la media generalizada del mercado.” (Resaltado de la Sala)
A partir de lo anterior, y al cotejar la ley y el reglamento con el texto de la Resolución
000067 de 2020, se advierte que el artículo 1 del acto impugnado en forma expresa
supedita la obligación de registro a los contribuyentes que “con ocasión del literal b) del
numeral 1 del artículo 260-3 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.2.2.4.1. del Decreto1625 de 2016,
(…), se encuentren obligados a registrar dichos acuerdos”. Por lo cual, el alcance de la
obligación se debe interpretar a la luz del criterio jurisprudencial expuesto por esta
Sección, en el sentido de ser aplicable solo para aquellos contribuyentes sujetos al
régimen de precios de transferencia que suscriban operaciones de commodities con
vinculados y cuyo análisis del precio de plena competencia se determine por
referencia a precios de cotización, en aplicación del principio de integración
normativa. Así, contrario a lo expuesto originalmente por el demandante (posición
que cambió en los alegatos de conclusión), la Resolución no impone la obligación
de registro en cabeza de todos los contribuyentes pues la subordinación, además
expresa, del acto administrativo al reglamento y a la ley derivan en la aplicación
exclusiva en transacciones de commodities con referencia al precio de cotización.
En consecuencia, el cargo no prospera respecto de los artículos 1 y 6 de la
Resolución impugnada.
2. Violación de los principios de irretroactividad de la ley tributaria y de
reserva de ley en la base gravable.
El actor alega que el hecho de que los parágrafos 1 y 2 del artículo 6 de la
Resolución impongan la obligación de registro de acuerdos suscritos antes de su
fecha de expedición (2020) resulta violatorio del principio de irretroactividad de la
12 Artículo 260-3
(…) Un factor particularmente relevante para el análisis de las transacciones de commodities efectuado con
referencia al precio de cotización, es la fecha o periodo específico acordado por las partes para fijar del
commodity. Esta fecha o periodo acordado para la fijación del precio del commodity deberá ser demostrado
mediante documentos fiables (Ej: contratos, ofertas y aceptaciones u otros documentos que establezcan los
términos del acuerdo y que puedan constituir una prueba fiable), cuyos términos sean consistentes con el
comportamiento real de las partes o con lo que empresas independientes habrían acordado en
circunstancias comparables tomando en consideración la práctica de la industria. Así mismo, estos acuerdos
deberán estar registrados en los términos y condiciones que establezca el Gobierno nacional. (…)
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
ley tributaria y del artículo 11 del Código Civil. A su vez, respecto de toda la
Resolución añade que, en la medida en que los contratos registrados pueden
generar cuestionamientos por parte de la Administración basándose en un registro
que no estaba vigente al momento de la presentación de las declaraciones, la
misma puede modificar la base gravable del impuesto en forma retroactiva, vía
resolución, violando el artículo 338 de la Constitución Política. La DIAN resaltó que
los términos y contenido del registro plasmados en la Resolución se basan en el
artículo 260-3 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de
2016 (adicionado por el Decreto 2120 de 2017) por lo cual el acto no desborda lo
dispuesto por las normas superiores.
Para resolver, la Sala recuerda que la obligación tributaria sustancial, que consiste
en la entrega de una suma de dinero al sujeto activo, apareja una serie de deberes
formales con finalidades que van desde asegurar el pago hasta facilitar las labores
de la Administración Tributaria.13 En materia de precios de transferencia, los
deberes formales, en criterio de la Sección: “son mecanismos de colaboración con la
administración al servicio de la correcta determinación del impuesto sobre la renta, y tienen por objeto
coadyuvar a la labor de fiscalización administrativa, por cuanto soportan que el contribuyente
autoliquidó el impuesto observando el principio de plena competencia y, en general, las exigencias
del régimen de precios de transferencia.”14. De allí que, si bien tienen incidencia en la
liquidación del impuesto, son independientes.
La exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016 da cuenta de que el registro de
los documentos fiables (acuerdos, contratos, ofertas, y otros) que demuestren la
fecha o periodo acordado para la fijación del precio del commodity regulado en el
artículo 260-3 del Estatuto Tributario fue creado con la idea de “disminuir los incentivos
para que el contribuyente modifique la fecha de celebración de los contratos”, de suerte que es
evidente su función instrumental informativa para coadyuvar a la labor de
fiscalización administrativa, en aras de brindar certeza sobre el período de
suscripción del acuerdo, elemento indispensable en el análisis bajo el método PC.
Frente a los reparos del demandante, el principio de irretroactividad de la ley
tributaria contenido en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política dispone
que las normas rigen a futuro y que aquellas que regulan impuestos de período no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
Tratándose de actos administrativos, si bien se reconoce la aplicación del principio
de irretroactividad se desprende ya no de los artículos 338 y 363 de la Carta, sino
de la proscripción general de retroactividad de la ley.
Los parágrafos 1 y 2 del artículo 6 de la Resolución Nro. 000067 de 19 de junio de
2020 establecieron la obligación de registro de acuerdos de transacciones de
commodities suscritos: i) con anterioridad a la expedición de la Ley 1819 de 2016
pero en vigor para 2017, y ii) con posterioridad a la adopción de la Ley y antes de la
expedición de la Resolución. Nótese que la obligación de registro, como deber
formal independiente, surge a partir de la entrada en vigencia de la Resolución,
produce efectos hacia el futuro, aunque la información sujeta a reporte se derive de
hechos ocurridos antes de la expedición del acto, pero vigentes o posteriores a la
vigencia de la obligación contenida en el artículo 260-3 del Estatuto Tributario.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de mayo de 2016, exp. 19908, C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.
14 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 10 de octubre de 2018, exp. 20751, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
Entonces, en el sub examine, se evidencia que el deber de registro rige desde la
adopción del acto y los derechos de los contribuyentes obligados, se preservan sin
lesión alguna, dado que desde la entrada en vigencia del artículo 260-3 del Estatuto
Tributario, de acuerdo con la Ley 1819 de 2016, conocían de la obligatoriedad que
les asiste de contar con documentos fiables que demostrarán exactamente la fecha
o período acordado para la fijación del precio del commodity, y que dichos
documentos, acuerdos o contratos serían objeto de registro.
Así mismo, la información a reportar en el registro señalado en la Resolución
000067 de 2020 debe coincidir con hechos económicos que ya tuvieron lugar y que
fueron base de los datos proporcionados tanto en la declaración de renta como en
la documentación comprobatoria de precios de transferencia. El procedimiento
regulado en la Resolución no exige el reporte de información nueva que, a su vez,
incida en la determinación del impuesto sobre la renta sino de datos que respaldan
el análisis de la aplicación del principio de plena competencia por parte del
contribuyente en sus operaciones con vinculados, y que fundamentó la presentación
de la declaración de renta dentro de la oportunidad legal, por lo cual no existe una
violación al principio de irretroactividad. No se trata de información insólita, sino
específica frente a una transacción que, ocurrió en vigencia del artículo 260-3 del
Estatuto Tributario, y que ya fue analizada y declarada por el contribuyente.
Adicionalmente, tampoco se evidencia cómo la información a registrar puede incidir
en la determinación de la base gravable del tributo, en el sentido que señala el actor,
esto es, que los datos que se registran sobre los acuerdos referentes a commodities
determinan bases gravables sobre hechos que ocurrieron con anterioridad a su
vigencia. El registro simplemente tiene la vocación de suministrar información de los
hechos y análisis económicos (los cuales deben contar con las pruebas y
documentos fiables correspondientes) que fueron el soporte de las bases gravables
de las declaraciones ya presentadas para el caso de los acuerdos que se
suscribieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1819 de 2016 pero en vigor
para 2017, y con posterioridad a la adopción de la ley y antes de la expedición de la
Resolución.
En todo caso, sobre la información a registrar no sobra advertir, que, en caso de
que el contribuyente no cuente con la información necesaria para efectuar el
registro, puede acreditar la fecha del acuerdo a través de otros medios de prueba,
tal como lo dispuso la sentencia de 28 de julio de 2022, exp. 25518, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
Sumado a lo anterior, la Resolución, tal como lo señaló la DIAN en la contestación,
se limitó a desarrollar el mandato establecido en el parágrafo transitorio del artículo
1.2.2.2.4.1. del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del Decreto 2120
de 2017, norma que goza de presunción de legalidad y que establecía la obligación
de registro para operaciones anteriores a la expedición de la Resolución. De allí que
es dable concluir que el acto impugnado no viola los principios de irretroactividad y
de reserva de ley en la base gravable, por lo que el cargo se desestima.
3. Falta de aplicación de los artículos 44 de la Ley 962 de 2005 y 9 del Decreto
Ley 019 de 2012. Violación de los principios de eficacia, eficiencia,
economía y celeridad.
El demandante señala que la información sujeta al registro de acuerdos de
transacciones de commodities ya ha sido entregada a la administración por medio
de la declaración informativa de precios de transferencia y su documentación
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
comprobatoria, lo cual resulta violatorio de los artículos 44 de la Ley 962 de 2005 y
9 del Decreto 019 de 2012, así como de los principios de eficacia, eficiencia,
economía y celeridad.
La DIAN advierte que el registro deviene de un mandato legal y que difiere de la
declaración informativa de precios de transferencia por cuanto se efectúa en término
distinto.
La Sala precisa que, la exposición de motivos de la Ley 962 de 2005 establece que
el legislador, con la adopción de la norma buscaba: “fortalecer la eficiencia y la eficacia de
la administración mediante la racionalización y automatización de los trámites, procesos y
procedimientos.”15 Por su parte, los considerandos del Decreto 019 de 2012, indican,
entre otros:
“Que el artículo 84 de la Constitución Política es perentorio en señalar que cuando un
derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades
públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su
ejercicio.
(…)
Que con la aplicación del principio de la buena fe se logra que este se convierta en un
instrumento eficaz para lograr que la administración obre con criterio rector de la efectividad
del servicio público por encima de las conductas meramente formales que han
desnaturalizado su esencia.
(…)
Que con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las
autoridades que cumplen funciones administrativas, contribuir a la eficacia y eficiencia de
estas y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y
moralidad, se requiere racionalizar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios
contenidos en normas con fuerza de ley.”
Ahora, el artículo 44 de la Ley 962 de 2005 dispuso que: “La Administración Tributaria
no podrá requerir informaciones y pruebas que hayan sido suministradas previamente por
los respectivos contribuyentes y demás obligados a allegarlas. En caso de hacerlo el
particular podrá abstenerse de presentarla sin que haya lugar a sanción alguna por tal
hecho.”, mientras que el artículo 9 del Decreto 019 de 2012 prohíbe la solicitud de
actos administrativos, constancias, documentos, o certificaciones, cuando se
adelanta un trámite ante la Administración siempre que estos ya reposen en la
entidad.
De acuerdo con lo anterior, el registro de contratos de transacciones de commodities
fue creado por el legislador mediante la Ley 1819 de 2016, que modificó las
disposiciones que regulaban los métodos para determinar el precio o margen de
utilidad en las operaciones con vinculados, estableciendo específicamente para el
método PC (artículo 260-3 del Estatuto Tributario), que su aplicación es preferente
en este tipo de operaciones e imponiendo a los contribuyentes la obligación de
registrar los acuerdos, cuando se realiza el análisis de comparabilidad del precio o
utilidad con base en el precio de cotización.
A partir de un análisis gramatical, teleológico y sistemático de las disposiciones, se
evidencia que las finalidades que persiguen la Ley 962 de 2005, la Ley 1819 de
2016, a través del registro de acuerdos, y el Decreto 019 de 2012 son distintas.
Mientras que, tal como se expuso previamente, el registro incorporado en el artículo
260-3 del Estatuto Tributario busca coadyuvar a la Administración en el control de
15 Congreso de la República. Gaceta 242 de 2005.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
la elusión fiscal, en garantía del deber constitucional de contribuir bajo criterios de
justicia y equidad, la racionalización de trámites busca la eficiencia de la
Administración. Así, el registro de acuerdos de commodities encuentra su sustento
en un fin constitucional relevante plenamente justificado y, a pesar de compartir
elementos con el contenido de la declaración informativa y la documentación
comprobatoria de precios de transferencia en torno a la información sujeta a reporte,
no obedece a un capricho de la demandada y su contenido y nivel de detalle son
diferentes.
En efecto, no es posible que la Ley 962 y el Decreto 019 citados vacíen de contenido
una obligación creada por el legislador, como es el registro de los acuerdos, pues
este no es un requerimiento exigido unilateralmente por la Administración, sino que
deviene de un deber de carácter legal, en busca de una finalidad
constitucionalmente relevante, por lo cual no es meramente formal. La Resolución
se limita a dar cumplida ejecución a la Ley, de suerte que no hay un requerimiento
a motu proprio de la DIAN sobre el cual pueda exigirse “racionalización”.
Si bien es cierto que parte de la información también conforma la de otros registros
y documentos como el RUT, formato 1729, y el formulario 120, el registro de
acuerdos de commodities centraliza información que no se encuentran en otros
registros u obligaciones para determinar y probar de manera fiable la fecha de la
transacción y que la ley señaló como “particularmente relevante para el análisis de las
transacciones de commodities efectuado con referencia al precio de cotización ”, y así facilitar la
labor de fiscalización de la DIAN. Así mismo, y como lo indica la demandada, la
información que se suministra a través del registro se realiza con una periodicidad
diferente a los otros documentos que comenta el actor, toda vez que los acuerdos
o sus modificaciones deben ser registrados dentro del mes calendario siguiente a la
fecha de suscripción o antes de la entrega del primer commodity (lo que ocurra
primero), con lo cual la Administración cuenta con información íntegra, que puede
ser diferente en un momento específico a la mencionada por el actor.
La Resolución no inaplicó la Ley 962 de 2005 ni el Decreto Ley 019 de 2012, pues
su rol fue reglamentar un deber creado por la Ley 1819 de 2016. En realidad, de
acogerse la tesis del demandante, se estaría ante un conflicto entre leyes, en donde,
en todo caso, prevalecería la Ley 1819 de 2016 no solo por el fin constitucional
tutelado sino también por el criterio de especialidad del artículo 5 de la Ley 57 de
1887.
Aunado a lo anterior, el deber de registro tampoco es antagónico de los principios
de eficiencia, eficacia, celeridad y economía. En efecto, estos principios propugnan
porque los procedimientos logren su finalidad, evitando obstáculos formales,
circunstancia que se cumple en este caso pues el registro ayuda a la labor de
fiscalización, y a que se optimice el uso del tiempo y los recursos, procediendo con
austeridad y eficiencia, lo cual también se materializa por cuanto la Administración
se dota de mejores herramientas para velar por el estricto recaudo de los tributos,
con apoyo de las tecnologías de la información. En síntesis, no prospera el cargo.
4. Ausencia de concepto previo del Departamento Administrativo de la
Función Pública
El actor asegura que la Resolución no fue sometida al concepto previo del
Departamento Administrativo de la Función Pública al que aluden los artículos 3 y
39 de los Decretos Leyes 2106 de 2009 y 019 de 2012. La demandada argumenta
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
que la Resolución acusada no reglamenta ningún trámite creado o autorizado por la
Ley, sino que solo implementa un repositorio de información, el cual no se
acompasa con la definición de “trámite”, con lo cual no era necesario el concepto
previo.
Desde la contestación de la demanda, la DIAN ha sostenido que el acto impugnado
no implementó trámite alguno, pues persigue la recopilación de información de los
contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia suscriptores de
acuerdos de commodities y el registro que regula no se acompasa con la definición
de “trámite”, de allí que el concepto previo del Departamento Administrativo de la
Función Pública no fuera solicitado.
Como prueba de la reiteración de su anterior tesis, el 24 de marzo de 2022, la
Administración Tributaria, dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda
prevista en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, allegó concepto del Departamento Administrativo de la
Función Pública con radicado 20225010111331, el cual concluyó que el registro
regulado por la Resolución no correspondía a un trámite y, en consecuencia, no se
requería concepto previo de la entidad. En cuanto a esta prueba, contrario a lo
señalado por el demandante en los alegatos de conclusión, el Auto del 21 de octubre
de 2022 (índice 20) resolvió incorporarla al proceso.
La Sala advierte que, para efectos de procedimiento para autorización de trámites
por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Resolución
1099 de 2017 (reemplazada posteriormente por la Resolución 455 de 2021) define
trámite como “conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado, dentro de un
proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interesados ante una
entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas,
para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación, prevista o autorizada
por la ley.” Así mismo, se observa en el artículo 7 de dicha resolución que, se debe
manifestar el impacto regulatorio del trámite, y para el efecto se debe incluir todo el
procedimiento hasta la obtención del producto o respuesta por parte del ciudadano.
De acuerdo con lo anterior, la “Guía de Conceptos Básicos” del micrositio Sistema
Único de Información de Trámites (SUIT) del Departamento Administrativo de la
Función Pública16, da cuenta de las características de las definiciones de la anterior
resolución, y a partir del mismo es dable concluir que el registro regulado por la
Resolución 000067 de 2020 no corresponde a un trámite. Dicho documento destaca
que son atributos de los trámites, entre otros: i) que son solicitados por el ciudadano
ante la entidad estatal y ii) con ellos se obtiene la entrega efectiva de un producto17,
circunstancias que no ocurren con el registro de los contratos de commodities, toda
vez que la obligación de registro tiene fuente legal y reglamentaria, para efectos de
control de la autoridad y sin que se produzca a solicitud del ciudadano. Así mismo,
la DIAN no entrega un producto o respuesta en contraprestación, pues no despliega
conducta alguna una vez el contribuyente asienta la información.
Aunado a lo anterior, la Guía reconoce expresamente que las solicitudes de
registros no corresponden a un trámite, de tal manera que, si la DIAN hubiera
solicitado concepto previo, el Departamento Administrativo de la Función Pública no
lo habría expedido, pues, tal como se ratifica posteriormente con el concepto
16 Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28586175/28586234/GU%C3%8DA+SUIT+-
+Conceptos+B%C3%A1sicos.pdf/f988c726-922f-b666-58f4-daaab7819f02?t=1552421073099
17 Ibidem. Pp. 9.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00092-00 (26190)
Demandante: Juan Mateo Martínez Riveros
aportado como prueba, la Resolución no está cobijada por la política de
racionalización de trámites y, por tanto, no requería de concepto previo para su
expedición, confirmándose la naturaleza registral del procedimiento regulado.
Sin perjuicio de que esta Sala considere que el registro regulado a través de la
Resolución demandada no corresponde a un trámite administrativo, y en esa
medida no era necesario la solicitud del concepto previo, frente a los reparos
presentados en los alegatos de conclusión por el actor sobre el contenido del
concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en
especial el hecho de que el registro incide en la operación y sí es un trámite al
obtenerse un bien o servicio a cambio, no sobra advertir que el contenido de dicho
acto no está sujeto a control en este escenario.
En todo caso, el cargo propuesto en la demanda se limitaba a reprochar la ausencia
del concepto previo, sin discutir la naturaleza de “trámite” del registro, por lo que en
sujeción al principio de congruencia la Sala se abstendrá de analizar dichos
argumentos. No se accede al cargo.
5. Costas
No se impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un asunto de
interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la demanda respecto los cargos de nulidad
planteados contra la Resolución Nro. 000067 de 19 de junio de 2020, proferida
por la DIAN.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) Ausente con permiso
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.