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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2022-00040-00

Fecha
15 de marzo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2022-00040-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2022-00040-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

15 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-27-000-2022-00040-00 (26670)
Demandante: Airplan SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C. quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-27-000-2022-00040-00 (26670)
Demandante: Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte SAS, Airplan SAS
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Empresas
Públicas de Medellín ESP, EPM ESP

Temas: Nulidad simple de la Circular Externa 20201000000344, del 23 de
diciembre de 2020, proferida por la SSPD. Efectos en el tiempo de la
sentencia de constitucionalidad.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia sobre la nulidad parcial de la Circular Externa
20201000000344, del 23 de diciembre de 2020, proferida por la SSPD, dirigida a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios que realizan actividades de
comercialización del servicio de energía eléctrica, en relación con los efectos de la
sentencia C-504/2020 por medio de la cual, la Corte Constitucional declaró la
inconstitucionalidad del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019. Igualmente se decide la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho de los oficios emitidos por EPM en los
cuales resolvió de forma desfavorable la reclamación que hiciere la actora por el cobro
del tributo previsto en el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 para los períodos de
facturación de julio a octubre de 2020 y la resolución expedida por la SSPD que rechazó
por improcedente el recurso de apelación que fue interpuesto por la actora1.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio de los medios de control de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho,
previstos en los artículos 137 y 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante solicita:
Primera. Que se declare la nulidad de la Circular Externa 20201000000344 de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios de 23 de diciembre de 2020.

[A continuación se transcribe el texto de la circular demandada]

Para: prestadores de servicios públicos domiciliarios que realicen la actividad de comercialización
del servicio de energía eléctrica que atienden a usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6,
comerciales, industriales y no regulados y público en general.

De: Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

1
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a 38.

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1

Radicado: 11001-03-27-000-2022-00040-00 (26670)
Demandante: Airplan SAS

Asunto: efectos de la sentencia C-504 de 2020.

Como es de su conocimiento, el 25 de mayo de 2019 fue sancionada la Ley 1955 de 2019 “Por el
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.”

El artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, a su turno, creó la “Sobretasa por kilovatio hora consumido
para fortalecer al Fondo Empresarial en el territorio nacional.” Ese artículo estableció, entre otras
cosas, que la “Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reglamentará el procedimiento
para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo.”

En desarrollo de ese mandato legal, la Superservicios expidió la Resolución SSPD 20191000035615,
del 09 de septiembre de 2019 que fue publicada en el Diario Oficial 51.079 del 17 de septiembre de
2019. Posteriormente, esta resolución fue modificada por la Resolución SSPD 20191000059795 del
27 de diciembre de 2019 publicada en el Diario Oficial 51.224 del 11 de febrero de 2020.

El artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 fue objeto de control constitucional, a través del cual mediante
sentencia C-504 de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo, la Corte Constitucional declaró su
inexequibilidad. La decisión y la síntesis de los fundamentos fueron informados en el Comunicado
51 de la Corte Constitucional del día 03 de diciembre de 2020.

En la síntesis de la decisión la Corte Constitucional afirmó lo siguiente:

“En virtud de lo expuesto, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de todo el artículo 313 demandado.
Para efectos de claridad, la Corte precisó que esta decisión surte efectos inmediatos y hacia futuro
y será aplicable al período de facturación inmediatamente siguiente a la fecha de la presente
decisión.”

Así, se estima conveniente impartir las siguientes instrucciones:

1. Los agentes de recaudo de la sobretasa prevista en el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 deberán
cumplir con el deber de cobrar y recaudar la sobretasa de aquellos periodos de facturación anteriores
al 03 de diciembre de 2020.

2. Los agentes de recaudo de la sobretasa prevista en el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 deben
abstenerse de facturar, cobrar y recaudar la sobretasa en aquellos periodos de facturación
inmediatamente siguientes al 03 de diciembre de 2020. En consecuencia, las facturas
correspondientes a ciclos de facturación que inicien con posterioridad al 03 de diciembre de 2020 no
deben incluir el concepto denominado “Sobretasa artículo 313 L.1955/19 o de incluirlo, el valor
deberá ser $0.

3. Los agentes de recaudo de la sobretasa prevista en el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 deberán
cumplir con las obligaciones descritas en la Resolución SSPD No. 20191000035615, del 09 de
septiembre de 2019 y sus modificaciones respecto de la sobretasa que se haya causado durante el
año 2020 y en aquellos periodos de facturación en curso al 03 de diciembre de 2020, en los términos
y condiciones allí descritos, sin perjuicio de las acciones por parte de la Superservicios a que hubiere
lugar.

4. Los agentes de recaudo de la sobretasa no podrán dar de baja la cartera correspondiente a la
sobretasa facturada pero no recaudada y deberán adelantar las gestiones de recaudo conforme a
sus políticas en línea con lo señalado en la Resolución SSPD No. 20191000035615, del 09 de
septiembre de 2019.

5. El recaudo que haga un agente de recaudo por gestión de cartera respecto de la sobretasa
causada y facturada en los periodos de facturación anteriores al 03 de diciembre de 2020 debe ser
girado al Fondo Empresarial.

6. Para adelantar las funciones de inspección, vigilancia y control es necesario que los agentes de
recaudo suministren la información correspondiente al año 2020 y posteriores en los que haya
recaudo de la sobretasa en las condiciones descritas en la Resolución SSPD No. 20191000035615,
del 09 de septiembre de 2019 y sus modificaciones.

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Radicado: 11001-03-27-000-2022-00040-00 (26670)
Demandante: Airplan SAS

Asimismo, pide la declaratoria de nulidad contra los siguientes actos administrativos
particulares:

Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución SSPD 20228300120325, del 24 de febrero de
2022, por medio de la cual la SSPD declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por
Airplan contra el oficio 0156SE-20200130253787, del 29 de diciembre de 2020, expedido por EPM,
que respondió la reclamación contra el conjunto de las siguientes facturas: (1) 1157063904, del 24
de julio de 2020; (2) 1164620146, del 27 de agosto de 2020; (3) 1171032311, del 20 de septiembre
de 2020; (4) y 1177229090, del 23 de octubre de 2020.

Tercera. Que se declare la nulidad del Oficio 0156SE-20200130253787, del 29 de diciembre de
2020, expedido por EPM y ratificado el 30 del mismo mes para subsanar un error en cuanto al
otorgamiento de recursos, mediante el cual se resolvió el reclamo de Airplan contra la liquidación,
notificación y cobro del impuesto que creó el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, en las facturas:
(1) 1157063904, del 24 de julio de 2020; (2) 1164620146, del 27 de agosto de 2020; (3) 1171032311,
del 20 de septiembre de 2020; (4) y 1177229090, del 23 de octubre de 2020, expedidas por EPM a
Airplan.

Cuarta. Que se declare la nulidad del Oficio 0156ER-20210130013938, del 27 de enero de 2021,
mediante el cual EPM resolvió el recurso de reposición interpuesto por Airplan contra la respuesta a
la reclamación conjunta de las facturas entre julio y octubre del 2020 sobre liquidación, notificación
y cobro del impuesto que creó el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019.

Quinta. Que, como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones primera, segunda, tercera,
y cuarta, o de cualquiera de ellas, y para restablecer el derecho de Airplan, se declare que los
recursos que Airplan ejercitó eran procedentes; y que han dejado de ser exigibles a Airplan los cargos
que estaban reclamados y recurridos por concepto de «sobretasa» el 03 de diciembre de 2020, y
que aparecen en las facturas 1157063904, 1164620146, 1171032311 y 1177229090, por los meses
de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que corresponden a las sumas que aparecen en la
casilla «Valores facturados», por $307.200, $268.800, $307.200 y $499.200, respectivamente.

Sexta. Que, como consecuencia de la prosperidad de la pretensión quinta, y para reparar el daño
causado por la Superintendencia y EPM, se condene a EPM y a la Superintendencia, a reembolsar
solidariamente a Airplan la sumas por concepto de “sobretasa” que Airplan pagó bajo protesta, junto
con la actualización de valor y los intereses correspondientes. La Superintendencia cumplirá la
condena, en lo que a ella corresponda, como ordenadora del gasto del Patrimonio Autónomo Fondo
Empresarial (Artículo 16 de la Ley 1955 de 2019), dando a la Fiduciaria las órdenes y cumpliendo
los trámites necesarios para conseguir el reembolso efectivo a Airplan.

Y, en subsidio de la pretensión sexta anterior, que se condene a EPM a reembolsar a Airplan las
sumas que ésta le pagó «bajo protesta», en las facturas a las que se refiere esta demanda, junto
con la actualización de valor y los intereses correspondientes, sin perjuicio del derecho eventual de
EPM de repetir contra la Superintendencia u otras personas.

Séptima. Que se condene en agencias en derecho a la Superintendencia y a EPM, si se oponen a
las pretensiones de esta demanda.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 4, 29, 113, 228 y
241.4 de la Constitución; 79, 80, 152, 153, 154 de la Ley 142 de 1994; 8.8, 9.11, 42, 79
y 137 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011); 13 de la Ley 1755 de 2015; y 6 del Decreto 1369 de
20202, bajo el siguiente concepto de violación:

Tras contextualizar la controversia con precisiones de las situaciones fácticas y la
anticipación de su posición jurídica frente a la inconstitucionalidad que recaería sobre el
cobro de la denominada sobretasa del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 en la
facturación de julio a octubre de 2020, la actora planteó como cargos contra la circular
demandada:

2
SAMAI CE, índice 3, certificado 5C4E78875AF36F0D 48A574D3A4F8861A 7E7088DB2BC12556 68F46A4B6B4D4CA2 (pdf), pp.
13 a 34.

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Radicado: 11001-03-27-000-2022-00040-00 (26670)
Demandante: Airplan SAS

-Expedición sin competencia (Art. 137 CPACA). Sostuvo que la circular acusada violó la
Constitución, los artículos 79 y 80 de Ley 142 de 1994 y el artículo 6 del Decreto 1369 de
2020, puesto que no existía norma constitucional o legal que le otorgara competencia
para señalar los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad. Si bien la Corte
Constitucional reconoce la posibilidad de que se le solicite y obtenga aclaración de sus
sentencias, por lo menos desde el auto 004 de 2000 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), la
Superintendencia consideró que podía aclarar los efectos mejor que la Corte.

Expuso que la circular no se limitó a citar lo señalado por el juez constitucional sobre los
efectos de la sentencia, sino que definió reglas para la conducta futura de las
comercializadoras de energía y para regular situaciones aún no consolidadas, gestadas
antes de la sentencia de constitucionalidad, pese a que la atribución de la fijación de los
efectos de inconstitucionalidad es reservada a la Corte Constitucional y es inadmisible
que otro poder público asuma esa competencia (sentencia SU-037 de 2019, Corte
Constitucional), así que la circular desconoció el principio de separación de poderes del
artículo 113 constitucional, porque tal potestad es solo de aquella corporación y no de las
autoridades administrativas. Asimismo, se vulneró el 241.4 constitucional, porque
pretendió asumir con la Corte Constitucional, la facultad para decidir sobre la demanda
de inconstitucionalidad, pues conforme lo señaló tal corporación, la facultad de definir las
demandas, implica la de señalar sus efectos, e igualmente vulneró el artículo 228 ibidem,
pues quebrantó la independencia de la decisión de la Corte, en la medida en que ningún
otro órgano del poder público puede ampliar o limitar los efectos que en forma
independiente quiso darle la sentencia.

-Infracción de lo dispuesto en la sentencia C-504, en la que la SSPD debía fundarse
(violación del inciso 2 del artículo 137 del CPACA). Manifestó que la circular omitió el
mandato general y claro de la Corte Constitucional acerca de los efectos inmediatos y
hacia futuro de su decisión de inconstitucionalidad, por el contrario, la circular hizo lectura
selectiva para impedir la aplicabilidad inmediata, prefirió quedarse en la parte casuística
de la decisión en la que se indicaba que la sentencia sería aplicable al período de
facturación inmediatamente siguiente a la fecha de la providencia. Expuso que ello
vulneraba la normativa constitucional y legal e inclusive la Resolución 35615 de 2019,
sobre reclamos y recursos contra las facturas que contenían el cobro de la sobretasa y
sobre el efecto suspensivo de los mismos. Adujo que, cuando la sentencia hizo referencia
al siguiente período de facturación, significó que la sobretasa no podía incluirse en la
facturación de los períodos siguientes a la fecha de la decisión, pero sin que ello
desconociera el efecto «inmediato» de la sentencia y sin que se «refiriera a ningún
período de facturación sino a cualquier cosa que fuera necesario que ocurriera a partir
de ese mismo día».

A su entender dos fueron los efectos indicados por la Corte, uno general consistente en
que fueran inmediatos y hacia futuro y otro limitado y más casuístico, referido a lo que
podía o no hacerse en períodos futuros, por lo que debían atenderse y cumplirse ambos;
sin embargo, la circular señaló en el ordinal 1 que los agentes de recaudo debían cobrar
y recaudar la sobretasa de los períodos de facturación anteriores al 03 de diciembre de
2020 (fecha de la sentencia constitucional), aun cuando la providencia no dijo nada sobre
ello, y además el acto demandado no distinguió entre su aplicación a situaciones jurídicas
consolidadas y aquellas en trámite por reclamos y recursos. Seguidamente, expuso que
los ordinales 3 a 5 del acto impugnado, estaban igualmente dirigido a hacer efectiva la
sobretasa facturada antes del 03 de diciembre de 2020, lo que implicó negar los efectos
inmediatos de la sentencia respecto de los reclamos y recursos pendientes de decisión
contra las facturas que incluían el tributo, y que se fundaban en la inconstitucionalidad

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del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019.

-Infracción de normas administrativas y legales sobre efecto suspensivo de recursos
contra actos administrativos. Al hilo de los anteriores cargos de nulidad, en particular de
su entendimiento del efecto inmediato de la sentencia, sobre los reclamos y recursos en
trámite, expuso que la Superintendencia no podía dar instrucciones a los
comercializadores, como si tales reparos no existieran. Así, insistió en que la circular
impidió la aplicación inmediata de la sentencia a las situaciones suspensivas creadas por
tales reclamos y recursos, lo que vulneraba los postulados de los artículos 153 (inciso 3)
de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el inciso segundo del artículo 13 de la Ley
1755 de 2015, y el artículo 79 del CPACA, dispositivos que determinaban la aplicación
de las reglas del derecho de petición para los reclamos y recursos, y determinaban la
tramitación de los recursos en el efecto suspensivo. Anotó que la circular les exigió a los
destinatarios de esta, no tener en cuenta la inconstitucionalidad del artículo 313 de la Ley
(1955 de 2019) frente a los recursos en trámite.

Seguidamente manifestó que, los ordinales 1, 3, 4 y 5 del acto en cuestión, se referían a
temas no tratados en la sentencia constitucional, y que coincidían en negar los efectos
inmediatos a situaciones jurídicas no consolidadas. Añadió que la circular no tuvo en
cuenta que la alusión al “siguiente período de facturación” era solo “una aplicación correcta
y casuística de su propósito más general de dar efectos inmediatos y hacia futuro de la sentencia,
pero no podía desconocer los efectos suspensivos de los recursos”.

-Expedición irregular por falta de publicación previa (numeral 8 del artículo 8 y el inciso
segundo del artículo 137 del CPACA). Aseveró que la circular era nula por expedirse
irregularmente, dado que la demandada omitió darle publicación previa para que se
dieran opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, como lo exige el artículo 8.8 del
CPACA, respecto de lo que el Consejo de Estado ha señalado que se refiere a todos los
actos administrativos de carácter general, aunque se produzcan en ejercicio de la facultad
reglamentaria (concepto del 14 de septiembre de 2016 (exp. 2291, CP: Édgard González
López).

En relación con la nulidad de la de la Resolución SSPD – 20228300120325, del 24 de
febrero de 2022, que rechazó por improcedente el recurso de apelación, sostuvo:

-Violación de las normas legales en la que debía fundarse. Inciso 2 del artículo 137 del
CPACA. Falta de aplicación del artículo 154 de la Ley 142 y la violación de las normas
constitucionales en la que debía fundarse, sobre efectos de las sentencias
constitucionales. Inciso 2 del artículo 137 del CPACA. Falta de aplicación del artículo 4
Constitucional. Aseveró que la SSPD repitió y agravó la vulneración del debido proceso
en que había incurrido EPM, comoquiera que para declarar improcedente el recurso de
apelación, además de desconocer los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional
-.la cual conocía para el momento de atender el recurso de apelación y sabía que debía
surtir efectos inmediatos-, efectuó unas distinciones sobre el alcance del artículo 154 de
la Ley 142 de 1994, carentes de sustento, al aducir que, si bien se cobraba la sobretasa
vía facturación, la solicitud versaba sobre un impuesto y no sobre la prestación del
servicio, esto pese a que EPM había utilizado la factura -elemento esencial del contrato
de servicios públicos-, para liquidar, notificar y cobrar la sobretasa, lo que afectaba la
ejecución del mismo y, en consecuencia procedentes los recursos de reposición y
apelación señalados en la mencionada disposición.

Alegó que la distinción que hizo la Superintendencia no fue efectuada por la norma, pues
ello implicaba que, las empresas de servicios públicos podían incluir tributos en las

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facturas, sin que los usuarios tuvieran derecho a presentar recursos contra ellas, tras
esto, concluyó que el precepto había sido vulnerado por falta de aplicación, pues lo
procedente era resolver de fondo el recurso contra unas facturas que todavía no eran
actos administrativos ejecutoriados.

Seguidamente manifestó que el rechazo del recurso de apelación implicó el
desobedecimiento de la decisión de la corte, pues le restó eficacia a la decisión sobre el
efecto inmediato de la sentencia C-504 al permitir la firmeza de actos administrativos de
facturación de un impuesto recurrido por inconstitucional, al igual que se vulneró el
artículo 4 constitucional, que le obligaba a darle el carácter de norma de normas, pues
de haberlo aplicado, habría concluido que no podía darle más efectos al artículo 313 de
la Ley 1955, por haber sido declarado inconstitucional, con efectos inmediatos.

Planteó que hubo «violación de las normas constitucionales en la que debía fundarse,
sobre debido proceso. Falta de aplicación del artículo 29 Constitucional», A estos efectos
partió de señalar que acorde con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, lo que podía
hacer frente a cualquier acto de facturación [que incluía el cobro de la sobretasa], era
presentar un reclamo y un recurso de reposición a quien había emitido las facturas (EPM),
tal como lo hizo; sin embargo, esa entidad no le dio tal carácter, sino que, lo trató como
una petición de información general, y al decidir el recurso de reposición no se refirió a
cada planteamiento de la impugnación, lo que le impidió recurrir efectivamente, las
facturas en las que liquidó, notificó y cobró el impuesto. Seguidamente adujo que, la
superintendencia pudo corregir tal situación, cuando el asunto le llegó en apelación,
resolvió concluir que el artículo 154 ejusdem no permitía recurrir las facturas donde se
cobraba el impuesto, pese a que, fue esa entidad la que ordenó a los comercializadores,
mediante la Resolución 35615, que incluyeran en las facturas de servicios públicos, el
cobro de la sobretasa. Así, ambas entidades eliminaron su derecho al debido proceso, y
ninguna de ellas orientó a la actora en cómo ejercitar el derecho para oponerse al
impuesto incluido en las facturas.

Respecto de la nulidad del Oficio 0156SE-20200130253787 y su corrección, del 29 de
diciembre de 2020, y el oficio que desató el recurso de reposición, expedidos por EPM,
los cargos se sintetizan así:

-Violación de las normas legales en la que debía fundarse (inciso 2 del artículo 137 del
CPACA). Falta de aplicación de los artículos 152 y 153 de la Ley 142 de 1994 y 42 del
CPACA, en relación con el derecho de petición. Tras explicar que una vez conocida la
sentencia de inexequibilidad, presentó reclamos claros y detallados -que son parte del
derecho de petición y del debido proceso-, contra las facturas en las que se cobraban los
servicios que presta EPM y que incluían indebidamente la sobretasa del artículo 313 de
la Ley 1955 de 2019, por los períodos julio a octubre de 2020, los que debía responder
la demandada, conforme al artículo 42 del CPACA; sin embargo, tal compañía evadió su
deber de responder todas las peticiones con el oficio demandado3, el cual constituye un
mismo y único acto, con el oficio expedido seguidamente, solo que en este último se
corrigió una omisión del anterior al conceder los recursos de reposición y apelación.

Tras reproducir algunos apartes del oficio, alegó que EPM se concentró en exponer las
generalidades del artículo 313 de la ley 142 de 1994, de la Resolución 35615 y de la
circular externa, pero sin atender las solicitudes concretas que le fueron presentadas, y
destacó que conforme a lo señalado por la demandada en algunos párrafos, la misma no
se sentía obligada a atender las peticiones, por su relación de recaudador del ingreso de
tercero, lo que la hacía ajena a la relación entre los sujetos activo y pasivo del tributo. A
3
0156SE-20200130253787, y 0156SE-20200130253737, ambos fechados del 29 de diciembre de 2020

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Demandante: Airplan SAS

su modo de ver, EMP se desentendió de las peticiones incluidas en los reclamos y
recursos contra las facturas que ella emitía como parte de sus deberes contractuales, y
en los cuales incluía la sobretasa, pues aunque tal entidad manifestó que dio respuesta
completa, lo cierto es que, señalar que cumplía con las normas, no era una respuesta,
pues el reclamo iba más allá, se dirigía a que el tributo no podía ser incluido en la
facturación, dada su inconstitucionalidad, y el quebrantamiento de la Ley 142 de 1994
por parte de la norma reglamentada.

Agregó que, el hecho de que EPM al producir las facturas en las que liquidó, facturó,
notificó, cobró y recaudó la sobretasa, se haya guiado por la ley de servicios públicos,
por el mencionado artículo 313 y su reglamentación, no significaba que la decisión en
cuanto al modo y a cuando cumplir las funciones, no hubiera sido suya, pues adquirió
responsabilidad en la producción de actos reglados y, dicha decisión producida por un
particular con funciones administrativas constituyó un acto administrativo. Agregó que, al
incluir la sobretasa en las facturas, EPM le “causó” unilateralmente una obligación fiscal
a la actora, de manera que no resultaba aceptable que eludiera su obligación de
responder, como si por tratarse de un acto reglado, su voluntad y juicio no hubiera jugado
ningún papel, de manera que le negó el reclamo sin estudiarlo en sus aspectos
particulares, con lo cual vulneró el derecho de petición, así como los artículos 152 y 153
de la Ley 142 y 42 del CPACA.

-Violación de las normas constitucionales en la que debía fundarse (inciso segundo del
artículo 137 del CPACA). Falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución, en relación
con el derecho de defensa (debido proceso). En línea con lo anterior, señaló que, al no
dar eficacia al derecho de petición, EPM violó el derecho de defensa de la actora. Insistió
en que incluir la sobretasa en las facturas, implicó causar unilateralmente una obligación
fiscal, de manera que acorde con el artículo 29 constitucional tenía el derecho de
defenderse eficazmente y puesto que la obligación se expresaba en facturas, el
instrumento previsto en la Ley 142 era el idóneo para reclamar contra estas, lo que debía
tramitarse por derecho de petición, sin embargo, esto fue obstaculizado por tal entidad al
insistir en que no era parte de la relación entre la Superintendencia y la actora, en vez de
resolver las peticiones concretas.

Violación de las normas constitucionales en la que debía fundarse (inciso 2 del artículo
137 del CPACA. Falta de aplicación del artículo 4 de la Constitución, en relación con la
aplicación preferente de la Constitución sobre otras normas. A esos efectos, señaló que
tenía derecho a que al resolvérsele el reclamo se le aplicara la constitución de manera
preferente, lo que a su juicio era sencillo, por cuanto al haberse presentado la reclamación
ya se conocía que el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 era inconstitucional y se sabía
que las facturas no habían dado lugar a situaciones consolidadas.

Manifestó que los efectos inmediatos de la decisión, señalados por la corte, no podían
ser ignorados, por lo que seguidamente anotó que, el reclamo no se refería al período de
facturación al que debía aplicarse la sentencia, sino a las facturas que no estaban en
firme porque estaban en proceso de reclamo, lo que sustentaba en el artículo 4
constitucional, que incluye la excepción de constitucionalidad, lo cual respondió EPM al
señalar que la sentencia no era retroactiva, cuando lo solicitado no era que se dieran
efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas, sino que se reconocieran los efectos
inmediatos a la sentencia respecto de los asuntos no decididos, ni consolidados a la fecha
del reclamo. Afirmó que los efectos de la providencia no se limitaban a los períodos de
facturación, sino que incluía situaciones no consolidadas, de manera que cualquier cosa
que tuviera que definirse con posterioridad, debía decidirse sin aplicar el artículo 313 de
la Ley 1955.

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Demandante: Airplan SAS

Respecto de la resolución que resolvió el recurso de reposición, adujo igualmente
vulnerado el artículo 4 constitucional, por falta de aplicación. Partió de señalar que al
presentar el recurso, ya se conocía la sentencia de inexequibilidad y que, el acto
“tributario” contenido en la facturas, no estaba en firme, por estar reclamado y recurrido,
con efectos suspensivos, no había una situación consolidada, pero EPM se limitó a
informar que cuando las expidió había atendido la normativa correspondiente y que había
dado respuesta de fondo a las pretensiones del reclamo, lo que en sentir de la accionante,
no respondía los cuestionamientos sobre la aplicación de las normas invocadas por la
demandada. A su juicio, para EPM las circulares de la Superintendencia eran de mayor
jerarquía que las sentencias de la corte, pues en el recurso se le exigía darle aplicación
inmediata de la decisión a situaciones no consolidadas.

Añadió que nunca le pidió a la demandada asumir las funciones de juez y decidir sobre
la legalidad de los cobros, sino que ejerciera su criterio jurídico en relación con los
argumentos de un usuario afectado por la facturación. Alegó que aunque EPM aceptó
cumplir la función de liquidador, notificador, facturador y recaudador de la sobretasa-
función administrativa-, creyó posible evitar el deber de responder por la forma en que
cumplió las funciones, y de examinar los argumentos de los usuarios contra los perjuicios
ocasionados con tales funciones -a las cuales no se opuso EPM- . Destacó que todas las
personas obligadas a aplicar una norma, y en especial las empresa de servicios públicos,
podían abstenerse de hacerlo, vía excepción de inconstitucionalidad, para lo cual estaba
habilitada la demandada, sin que corriera el riesgo de asumir responsabilidades, por
cuanto ya se había declarado inconstitucional la norma y se habían señalado sus efectos
inmediatos; de manera que no era cierto que no pudiera aplicar la excepción, como
tampoco lo era, que al hacerlo, hubiera tenido que aplicarlo oficiosamente a todos los
usuarios por el principio de igualdad, pues según la actora, esto solo hubiera procedido
para quienes la hubieran invocado.

Bajo la anterior argumentación, adujo que EPM transgredió el artículo 4 constitucional,
por considerar que no le dio un efecto inmediato a la sentencia de inconstitucionalidad
del artículo 313, al preferir la aplicación de esa disposición, las resoluciones
reglamentarias y la circular de la Superintendencia, antes que la constitución.

También acusó el acto que resolvió el recurso de reposición de inaplicar el artículo 29
constitucional, pues a su entender, EPM no era un simple recaudador, pues fue quien
liquidó, notificó y cobró la sobretasa en la facturación, así que creó obligaciones
pecuniarias a cargo de los usuarios, quienes tenían derecho a defenderse, por lo que
insistió en la violación al debido proceso tanto por la renuencia de EPM a aplicar de
manera inmediata la sentencia, como también por dejar a los usuarios en imposibilidad
de defenderse y negarles el valerse de los recursos del artículo 154 de la Ley 142 de
1994.

Sustentada en lo anterior, solicitó declarar que, no le era exigible el pago de las facturas
que estaban reclamadas o recurridas al 03 de diciembre de 2020 -fecha de la sentencia
C-504 de 2020- por incluir la sobretasa que fue declarada inconstitucional. Aseveró que
el numeral 1 de la circular en el que justificó la demandada no aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y que instruía a los agentes de recaudo para recaudar la sobretasa
de aquellos períodos anteriores al 3 de diciembre de 2020, violaba la constitución y la ley
porque no tenía en cuenta los reclamos y recursos pendientes y su efecto suspensivo.

Señaló que la sentencia C-504 era título suficiente para acreditar perjuicios y el daño
sufrido por el pago de las facturas, por lo que solicitó la reparación de los perjuicios,

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sustentada en el artículo 2313 del Código Civil y normas concordantes, al igual que la
actualización del valor, fundada en el inciso final del artículo 187 del CPACA y el pago de
intereses sobre los pagos que efectuó bajo protesta, con fundamento en el artículo 1617
del Código Civil. Planteó que, como pretensión principal, la condena fuera solidaria para
la SSPD y EPM (art. 825 del C de Co) y, como subsidiaria, que se condenara a EPM, con
posibilidad de repetir. Por último, solicitó la fijación de agencias en derecho.

Contestaciones de la demanda

Las demandadas se opusieron a las pretensiones de la parte actora4.

La SSPD5 propuso la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, en tanto
la sobretasa tenía la naturaleza de tributo, y por lo tanto, a la luz del artículo 732 del ET,
cualquier controversia respecto de la tarifa y su determinación, en vez de agotar el
procedimiento de la Ley 142 de 1994 señalado exclusivamente para servicios públicos.

Aseguró haber actuado al amparo de las premisas legales vigentes al momento de los
hechos y anotó que la circular demandada fue publicada en el Diario Oficial 51.079 del
17 de septiembre de 2019, por lo que no era cierto que se hubiere incumplido la
publicación.

Argumentó que en cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad -que establecía
efectos inmediatos y hacia futuro, y su aplicación desde el período siguiente-, impartió
instrucciones a los prestadores, para que no realizaran el cobro de la sobretasa al servicio
de energía eléctrica a partir de los períodos de facturación posteriores al 03 de diciembre
de 2020, fecha en la que se hizo efectiva la decisión de la Corte Constitucional, por lo
que debía realizar el cobro de los períodos de facturación anteriores al 03 de diciembre
de 2020, cobrar la cartera correspondiente a la sobretasa facturada y no recaudada, y
luego girar esto al Fondo Empresarial de la SSPD.

Seguidamente invocó la sentencia C-549 de 1993, relativa a la proscripción de la
retroactividad de la ley en materia tributaria, lo que se sustenta en la estabilidad jurídica
del ordenamiento jurídico, lo que señaló como primordial en materia tributaria, dada la
premisa de que la norma debe ser preexistente a la ocurrencia del hecho generador, de
manera que en aras de mantener la legalidad y la seguridad jurídica, las decisiones no
pueden ser retroactivas, puesto que afectaría situaciones ya consolidadas.

Señaló que la resolución reglamentaria de la sobretasa es un acto general que se
presume legal y que, las facultades para definir tarifas, sujetos pasivos, agentes de
recaudo y demás elementos del tributo fue determinado por la Ley 1955 de 2019. En lo
atinente a la presunta violación de EPM al debido proceso precisó que los asuntos de
carácter tributario no pueden ser cuestionados a partir de la regulación de la Ley 142 de
1994, ya que las facturas pueden contener en forma discriminada los valores a pagar y
era el instrumento idóneo para recaudar la sobretasa y girar oportunamente los recursos
al Fondo Empresarial de la superintendencia. Respecto de la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad por parte de EPM al momento de proferir las facturas, se remitió
a lo indicado por esta sección, en el sentido de que para aplicarla es necesario que la
contradicción sea manifiesta, por lo que puntualizó que, ante la falta del señalamiento de
4
SAMAI CE, índice 18, certificado AFE8D4D1FA79ABE9 D7B6FC91DEAD90DA 5DB69B807D1D22BC DD538544EEAC4149 (zip),
54 (pdf), pp. 1 a 12 e índice 16, certificado 47CD3E4058327038 CF8AE4FB5F2E69D4 639A6389FEEB7610 7FDF6C1F03571ACA
(pdf), pp. 1 a 41.
5
Samai CE, índice 18, certificado AFE8D4D1FA79ABE9 D7B6FC91DEAD90DA 5DB69B807D1D22BC DD538544EEAC4149 (zip),
54 (pdf), pp. 1 a 12. En auto del 24 de febrero de 2023, el despacho sustanciador desestimó la excepción de ineptitud, en la medida
en que la discusión sobre los recursos obligatorios era parte de la discusión de fondo a realizarse en la sentencia. (índice 24 de
Samai).

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la inconstitucionalidad pretendida, no procedía aplicarla, pues la norma gozaba de todos
sus elementos.

Luego efectuó el recuento de las resoluciones reglamentarias y del contenido de la
circular demandada -en la cual impartió instrucciones a los comercializadores de energía-
sobre la decisión de la Corte Constitucional relativa al artículo 313 de la ley 1955 de 2019
e insistió en que esta tenía efectos inmediatos y hacia futuro, y regía a partir del período
de facturación siguiente. En este punto señaló que era preciso analizar el tipo de
sentencia, pues acorde con la doctrina, las sentencias de constitucionalidad son de dos
tipos: puras o simples y modulares; las primeras no mencionan los efectos temporales
del fallo, mientras que las segundas precisaban las consecuencias del fallo en cuanto a
su contenido o al momento desde el cual la providencia surte efectos, por lo que era claro
que la sentencia C-504 de 2020 tenía este último carácter, pues sus efectos eran hacia
el futuro, por lo que las sobretasas causadas con antelación, debían ser pagadas por los
sujetos pasivos y recaudadas por los comercializadores. Anotó que, si la corte hubiera
querido afectar situaciones anteriores, así lo hubiera establecido en forma explícita.

Al hilo de ello, anotó que la sobretasa se encontraba vigente para los consumos
efectuados antes de la sentencia, de manera que las causaciones que se dieron con
antelación no se afectarían. Expresó que, en virtud del principio de igualdad, resultaba
necesario cobrar la sobretasa, pues no puede darse un tratamiento diferenciado para los
sujetos pasivos que si cumplieron.

Manifestó que era relevante que la Sección se pronunciara sobre los efectos de una
eventual declaración de unidad de las resoluciones, dado que los efectos de la sentencia
de inconstitucionalidad son a futuro, y que el artículo 38 de la Ley 142 de 1994 determina
que la anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo
producirá efectos hacia el futuro, y en este punto, destacó lo señalado en tal sentido en
el juicio de constitucionalidad de tal disposición, así como una providencia6 de esta
corporación referida a la aplicación de normas declaradas inexequibles, en la que se
precisó que aplicarían hacia el futuro (ex nunc) si la corte no les señalaba efectos
retroactivos, quedaban a salvo las situaciones ocurridas bajo su vigencia, con
independencia de que las situaciones estuvieran o no consolidadas, pues de lo contrario,
desaparecería la diferencia a entre la inexequibilidad y la nulidad, esta última con efectos
ex tunc, lo que implica que la situación jurídica se retrotrae a la expedición del acto
anulado.

Así, concluyó que los actos de facturación demandados fueron expedidos durante la
vigencia del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, por lo que constituyen situaciones
jurídicas consolidadas y gozan de presunción de legalidad.

EPM, por su parte, manifestó que cumplió con lo dispuesto en el artículo 313 de la Ley
1955 de 2019 y lo ordenado por la SSPD en los actos administrativos que regularon tal
disposición, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 7, y
aseguró haber contestado las peticiones y en ellas indicó las razones que la llevaron a
confirmar el cobro de la sobretasa por el período de julio a octubre de 2020.

Manifestó que no era el sujeto activo del tributo o la titular de la potestad tributaria, no fue
quien percibió el ingreso, solo facturaba y recaudaba la sobretasa, tales dineros eran para
el Fondo Empresarial de la SSPD, a quien se los transfería bimestralmente. Adujo que

6
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de mayo de 2009, exp. 2000913, CP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
7
En auto del 24 de febrero de 2023 (índice 24 de Samai), el despacho sustanciador desestimó la falta de legitimidad en causa alegada
por EPM, en tanto que interviene dentro de la relación jurídico-tributaria del presente proceso.

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no era la llamada a contradecir los argumentos de orden constitucional y legal expuestos
por la actora, puesto que en su calidad de comercializadora, no tenía una relación directa
con la sobretasa, su labor era recaudador de un ingreso para tercero, lo que la convertía
en una persona ajena a la relación entre sujeto activo y pasivo, de manera que no podía
convertirse en un operador jurídico de una relación de la que no hacía parte, ni intervenir
en ella para inaplicar el marco jurídico que la regulaba, además de que no sería una
decisión inter partes, lo cual rebasaba los límites de tal excepción.

Señaló que en respuesta al reclamo por el cobro de la sobretasa por los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre de 2020, radicado por la actora el 07 de diciembre de 2020
entregó el oficio 0156SE-20200130253787 del 29 de diciembre de 2020 (demandado)
con las explicaciones correspondientes y precisó: i) el señalamiento de la corte, en el
sentido de que el fallo no era retroactivo; ii) que la SSPD se había pronunciado sobre tal
aspecto mediante la circular demandada y confirmaba que la decisión aplicaba hacia
futuro, al período de facturación inmediatamente siguiente a la fecha de expedición de la
sentencia; iii) que las facturas de julio a octubre de 2020 se generaron antes de la
declaratoria de inconstitucionalidad del cobro de la sobretasa y iv) la procedencia de los
recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales, fue atendido con el oficio
0156ER-20210130013938 notificado el 27 de enero de 2021 (demandado) confirmó la
decisión que se tomó frente al reclamo, pues no existían razones para no cobrar la
sobretasa. Por su parte la SSPD definió declarar improcedente el recurso de apelación.

Expresó que, según lo manifestado por la Corte Constitucional sobre la obligatoriedad de
la ley, no podía dejar de cumplir lo ordenado por la SSPD en la circular, ni dejar de aplicar
la ley, pues las autoridades administrativas no se encuentran facultadas para abstenerse
de cumplir los actos administrativos, ni mucho menos la ley, para el caso, el artículo 313
de la ley 1955 de 2019, inclusive su inobservancia puede dar lugar a la acción de
cumplimiento. Añadió que la excepción de «ilegalidad» se reserva a la jurisdicción
contencioso-administrativa, que no existe un texto constitucional sobre la posibilidad de
que los particulares o las autoridades administrativas, por fuera del contexto de un
proceso judicial invoquen dicha excepción para sustraerse de la obligación de acatar los
actos administrativos, pues de hacerlo así, quebrantaría los artículos 4, 6 y 95
constitucionales, que someten a las autoridades a cumplir la Constitución y la ley.

Dijo que si bien es impropio referirse a recaudo, dado que en la factura no se recauda el
impuesto, sino que contiene el cobro del tributo, lo cierto era que en parte alguna el
legislador excluyó la posibilidad de regular el recaudo vía contrato o que solo fuera posible
hacerlo mediante acto administrativo. También aseveró que su actuación en las
actividades de facturación y recaudo de la sobretasa eran el reflejo del cumplimiento de
las normas que así lo exigían. Adujo que el artículo 313 de la Ley 1955 que creó la
sobretasa, estuvo vigente hasta el 3 de diciembre de 2020, fecha en que fue declarado
inconstitucional, pero con efectos a futuro, aplicable a partir del período de facturación
inmediatamente siguiente, es decir no se ordenó devolver las sumas recaudadas hasta
esa fecha, porque cuando se hizo el cobro, la norma estaba vigente y había que cumplirla,
ni tampoco se prohibió recaudar los períodos que no se habían pagados hasta el 3 de
diciembre de la sentencia

Trámite para sentencia anticipada

Por auto del 16 de junio de 2023 se determinó incorporar las pruebas documentales al
expediente y la procedencia del trámite de sentencia anticipada del artículo 182A del

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CPACA, por cumplirse los requisitos del ordinal 18.

Alegatos de conclusión

La SSPD reiteró los argumentos de defensa expuestos en la oposición a la demanda.
Reafirmó que la Circular Externa 20201000000344, del 23 de diciembre de 2020,
establece la línea a seguir con ocasión de los efectos jurídicos de la sentencia C-504 del
03 de diciembre de 2020. Además, reiteró que la circular impartió unas instrucciones
respecto de los efectos dados en la sentencia de inconstitucionalidad del artículo 313 de
la Ley 1955 de 2019, de modo que el cobro de la sobretasa no se debía realizar a partir
de los períodos de facturación posteriores al 03 de diciembre de 2020.

Por otro lado, EPM insistió en la solicitud de declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que había actuado en cumplimiento de los
mandatos normativos que rigen el caso, que ella no era la titular o sujeto activo del tributo,
no es quien percibe el ingreso, su labor se limita en la facturación del monto de la
sobretasa y recaudo del valor que se cobra, sumas que se trasladaban al Fondo
Empresarial de la SSPD, tratándose de un cobro para un tercero.

Por último, la actora también reprodujo sus planteamientos de la demanda, entre ellos,
que los efectos inmediatos ordenados en la sentencia de la Corte no se han producido
en su caso, porque los reclamos y recursos no fueron decididos de fondo por EPM y la
SSPD.

El ministerio público conceptuó que no debe declararse la nulidad del acto demandado,
porque la demandante quiso darle un sentido diferente al alcance de la sentencia C-504
de 2020 y pretendió abstraer un carácter retroactivo, cuando en realidad su efecto fue
inmediato y hacia futuro.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de la Circular Externa 20201000000344, del 23 de diciembre
de 2020, proferida por la SSPD, así como del Oficio 0156SE-20200130253787, del 29 de
diciembre de 2020, ratificado el 30 del mismo mes, actos emitidos por EPM, en los cuales
no se accedió a la reclamación de la actora que pretendía que se le retirara el cobro de
la sobretasa del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 en la facturación de julio a octubre
de 2020, así como la devolución de lo pagado, así como del Oficio 0156ER-
20210130013938, del 27 de enero de 2021, mediante el cual EPM resolvió el recurso de
reposición contra la respuesta a la reclamación.

Corresponde definir respecto de la circular demandada: (i) si la SSPD violó la constitución
y la ley por no tener competencia y exceder sus potestades al instruir a las entidades
recaudadoras de la sobretasa, respecto del efecto de la sentencia C-504 de 2020, lo que
es exclusivo de la Corte Constitucional, pues según la actora, la demandada definió
reglas frente a la actuación futura de los comercializadores de energía (recaudadores), y
reguló situaciones no consolidadas; vinculado a esto, debe establecerse ii) si fue
desconocido el efecto inmediato de la sentencia C-504 de 2020 sobre situaciones que no

8
SAMAI CE, índice 35, certificado 2B6FA0AC20477B59 4413E48D28008C18 474BB126825B6F08 DC82182419E34EF1 (pdf), pp. 1
y 2.

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estaban consolidadas por estar reclamadas y recurridas antes del fallo de
inconstitucionalidad; (iii) si se infringieron normas relativas al efecto suspensivo de los
recursos contra actos administrativos, por no haber regulado la circular las situaciones
jurídicas no consolidadas y iv) si hubo expedición irregular del acto demandado, por omitir
el procedimiento de publicación previa del proyecto de circular previsto en el artículo 8.8
del CPACA.

En relación con el acto proferido por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante el cual se rechazó el recurso de apelación por considerarlo por
improcedente, debe establecer la Sala, si la falta de tramitación del mismo vulneró el
debido proceso.

A su turno, respecto de los actos particulares demandados, específicamente los emitidos
por EPM, la Sala analizará: (iii) si la entidad demanda no atendió de fondo la reclamación
de la actora, que se sustentaba en la Ley 142 de 1994 y el derecho de petición, como
tampoco el recurso de reposición; y (iv) si tal entidad debió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad respecto del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 respecto de los
períodos julio a octubre de 2020, por estar reclamadas e impugnadas las facturas y en
consecuencia no consolidadas.

Análisis del caso concreto

2- Procede la Sala a dirimir si la SSPD, al instruir a las entidades comercializadoras,
recaudadoras del tributo acerca del efecto de la sentencia C-504 de 2020, actuó sin
competencia e irrumpió las potestades de la Corte Constitucional para fijar los efectos de
las sentencias de constitucionalidad. Sostuvo la demandante que tal autoridad no se
limitó a citar los efectos de constitucionalidad de la providencia, sino que definió reglas
frente a la actuación que en adelante deberían observar las recaudadoras del tributo e
hizo regulaciones respecto de situaciones que aún no se habían consolidado.

Al respecto, indicó que no existía disposición constitucional o legal que le otorgara
competencia a la SSPD para señalar los efectos de las sentencias, lo cual era potestad
exclusiva de la Corte Constitucional, corporación que al declarar la inconstitucionalidad
del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 definió expresamente que sus efectos serían
inmediatos y hacia futuro, y que sería aplicable al período de facturación inmediatamente
siguiente a la fecha de la sentencia -03 de diciembre de 2020-. A su modo de ver, esta
última referencia era casuística para precisar que la sobretasa no podía incluirse en la
facturación de los períodos siguientes a la fecha de la providencia, lo que no significaba
desconocer sus efectos inmediatos, y sin estar ello referido a ningún período de
facturación, sino a cualquier cosa que ocurriera a partir de la decisión, como era el caso
de los actos administrativos que resolvieran las reclamaciones y los recursos
interpuestos, lo que se daba con posterioridad al fallo, y correspondía a situaciones no
consolidadas, a las cuales no se refirió el acto impugnado.

Adujo la actora que, los ordinales 1, 3 a 5 regularon efectos de la inconstitucionalidad no
efectuados por la Corte Constitucional, frente al: (i) cobro y recaudo de la sobretasa de
aquellos períodos anteriores al 03 de diciembre de 2020; (ii) al deber de acatar las
obligaciones señaladas en la correspondiente reglamentación9, en relación con la
sobretasa causada durante el año 2020 y en aquellos periodos de facturación en curso
al 03 de diciembre de 2020; (iii) a la prohibición de dar de baja la cartera correspondiente
a la sobretasa facturada pero no recaudada, por lo que debían adelantar las gestiones
de recaudo de acuerdo con la reglamentación; y (iv) la instrucción de girar al Fondo
9
Resolución SSPD 20191000035615, del 09 de septiembre de 2019

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Empresarial el recaudo de la sobretasa causada y facturada en los periodos de
facturación anteriores al 03 de diciembre de 2020.

2.1- A modo de contexto, partirá la Sala de señalar que, mediante el artículo 313 de la
Ley 1955 de 2019, el legislador incorporó un tributo temporal que regiría hasta el 31 de
diciembre de 2022 y que sería recaudado por las empresas comercializadoras de energía
eléctrica, cuyo hecho imponible fue señalado como el consumo de kilovatio por hora, su
base imponible el consumo de energía eléctrica y la tarifa fue fijada en $4 pesos por
kilovatio hora del consumo. Se identificó como sujetos pasivos, los usuarios de los
estratos 4, 5 y 6, comerciales e industriales y los no regulados de energía eléctrica y se
determinó que sería destinado al pago de las obligaciones financieras en las que
incurriera el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio de energía
eléctrica de las empresas de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio
nacional. Por su parte, la Resolución 35615, del 09 de septiembre de 2019 10, al
reglamentar la ley indicó, además de los anteriores elementos de la obligación tributaria,
especificó como sujeto activo al patrimonio autónomo del Fondo Empresarial de la SSPD.

Tras ser acusado por inconstitucional el referido artículo 313, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-504 del 03 de diciembre de 2020, determinó que, por la naturaleza
de tal tributo, la de un impuesto, el mismo incumplía la prohibición de crear rentas con
destinación específica, en tanto no se acreditó que su adopción, se hubiera efectuado
bajo la excepción prevista en el ordinal 2 del artículo 359 constitucional, relativo a que se
dirigiera a la inversión social. Por ello, esa corporación determinó que el objetivo de la
norma fue dar solvencia o liquidez al Fondo Empresarial de la SSPD para salvar una
empresa (Electricaribe), «el cual no se puede enmarcar en la definición de “gasto público
social” a la que se refiere el artículo 41 del Decreto 111 de 1996». Por ello, concluyó que
«la norma no cumple las características de especificidad dado que es general, …
Tampoco cumple la norma, en abstracto, con el requisito de distribución territorial al que
hace referencia el segundo inciso del artículo 350 de la Carta Política», por lo que, declaró
su inconstitucionalidad y precisó que tal decisión tendría efectos «inmediatos y hacia
futuro y será aplicable al período de facturación inmediatamente siguiente a la fecha de
la presente decisión».

2.2- En el marco anterior, debe la Sala destacar que, si bien la Corte Constitucional tiene
la potestad de determinarle efectos retroactivos a sus decisiones, lo cierto es que en
atención al principio de seguridad jurídica y estabilidad del ordenamiento jurídico, el efecto
general de las sentencias de inconstitucionalidad es que rigen hacia el futuro. Sobre este
particular, la Corte en sentencia SU037/19 del 31 de enero de 2019 (CP Luis Guillermo
Gerrero Pérez), precisó que «La declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene
efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha explicado la Corte, encuentra sustento
en los principios de seguridad jurídica y democrático, los cuales implican “la presunción
de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico” mientras ella no sea
desvirtuada por este Tribunal en una providencia con fuerza erga omnes, luego de surtirse
un proceso de constitucionalidad abstracta».

Ahora bien, la implicación de que la decisión de inconstitucionalidad tenga efectos ex
nunc es que las situaciones acaecidas con antelación a su declaratoria no se ven
afectadas, por el contrario se reputan válidas y constitucionales, aspecto muy relevante
en el caso bajo análisis, comoquiera que la corte no le señaló efectos retroactivos a la
decisión de inexequibilidad del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, por el contrario, de
manera expresa determinó que sus efectos serían inmediatos, hacia futuro y aplicarían

10
Esta norma fue demandada en otro proceso judicial que cursa ante la consejera de estado Stella Jeannette Carvajal Basto y que
en la actualidad está en trámite sin ingresar al despacho para sentencia (exp. 25294).

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Demandante: Airplan SAS

al período de facturación inmediatamente siguiente a la fecha de la sentencia, es decir
que la facturación desde el 04 de diciembre de 2020 en adelante no podía incluir el
impuesto declarado inconstitucional. Por lo tanto, la facturación emitida con antelación,
contentiva de la sobretasa causada hasta el 03 de diciembre, tenía plena validez y
exigibilidad.

Contrastado lo anterior con el contenido de la circular demandada, y muy específicamente
con lo señalado en los ordinales 1, 3 a 5, en relación con los efectos de la sentencia de
inconstitucionalidad, encuentra la Sala que las instrucciones allí impartidas a los
comercializadores, en el sentido de recaudar la sobretasa ya causada durante el año
2020 y en aquellos periodos de facturación al 03 de diciembre de 2020, se adecúan
completamente a lo ordenado en la sentencia que declaró la inconstitucionalidad, pues e
insiste en que, la inexequibilidad del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 no afectaba los
períodos anteriores a la decisión, pues aunque la corte tenía la potestad para darle
efectos retroactivos, no lo hizo; por el contrario precisó su aplicación desde la decisión y
hacia el futuro. En consecuencia, no le asiste razón a la demandante en su reproche
acerca de que la Superintendencia se quedó en la parte casuística del fallo, por el hecho
de haber instruido a los recaudadores del tributo, para que cobraran la sobretasa causada
y facturada en periodos anteriores al 3 de diciembre de 2020.

Consistente con lo anterior, también debe ser desestimado el reproche atinente a que la
SSPD no acató el efecto inmediato ordenado en la sentencia de inconstitucionalidad del
artículo 313 ibidem, en tanto se advierte que el numeral 2 de la circular demandada,
expresamente dispuso que: «Los agentes de recaudo de la sobretasa prevista en el
artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 deben abstenerse de facturar, cobrar y recaudar la
sobretasa en aquellos periodos de facturación inmediatamente siguientes al 03 de
diciembre de 2020. En consecuencia, las facturas correspondientes a ciclos de
facturación que inicien con posterioridad al 03 de diciembre de 2020 no deben incluir el
concepto denominado “Sobretasa artículo 313 L.1955/19 o de incluirlo, el valor deberá
ser $0.», lo que pone de presente que, a partir de la decisión que declaró el tributo como
inconstitucional, el mismo debía ser eliminado de la facturación que emitieran los
recaudadores.

Advierte la Sala que, lo pretendido por la accionante como aplicación inmediata del fallo,
corresponde en realidad a una aplicación retroactiva de la sentencia, lo cual resulta
inadmisible, porque tal como se señaló, la corte no le dio tal efecto a la decisión, de
manera que su aplicación solo procedía a partir del momento en que fue proferida, lo que
significaba que no podía causarse en lo sucesivo, lo que no afectaba las situaciones
ocurridas con antelación, esto es, la sobretasa que ya había sido facturada por haberse
configurado los elementos del tributo en períodos anteriores de facturación, con
independencia de las reclamaciones presentadas con posterioridad a la emisión de la
sentencia que declaró inexequible la sobretasa y cuyo sustento era la inconstitucionalidad
de la misma. En consecuencia, la argumentación en torno a la transgresión de normas
administrativas y legales sobre el efecto suspensivo de los recursos contra actos
administrativos carecería de relevancia, en tanto los efectos de la sentencia fueron
expresa y claramente determinados como inmediatos y futuros, con aplicación al período
siguiente a la decisión, por parte del máximo tribunal constitucional.

En suma, no advierte la Sala que la circular impugnada haya adolecido de falta de
competencia por invadir atribuciones de la Corte Constitucional, pues se insiste que, las
directrices impartidas mediante el acto impugnado presentan plena correspondencia con
el efecto señalado por esa corporación, ni tampoco encuentra transgredidas las
disposiciones invocadas por el demandante. En consecuencia, no prosperan los cargos.

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3- Respecto de la vulneración del debido proceso, en razón de la omisión de la
publicación previa a la expedición de ese acto administrativo, conforme al artículo 8.8 del
CPACA, preliminarmente se advierte que, la SSPD en su contestación de la demanda,
entendió que el reparo de la demandante, estaba referido a la falta de publicación de la
circular, lo cual defendió al señalar que esto fue cumplido en el Diario Oficial 51.079 del
17 de septiembre de 2019; sin embargo, el cuestionamiento de la actora no estaba
dirigido a la publicación de la circular, sino a la del proyecto del acto administrativo, previo
a su expedición, de manera que la demandada no se pronunció sobre el acatamiento o
no de este trámite; lo que en todo caso, no es óbice para adelantar el correspondiente
análisis.

Según el artículo 8.8 ibidem, las autoridades deberán mantener a disposición de toda
persona -en el sitio de atención y en la página electrónica divulgada por los medios de
que se acceda- los proyectos específicos de regulación y la información en que se
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas,
sin perjuicio de que la adopción de dicho acto administrativo se tome autónomamente
según interés general o el acatamiento de la Constitución y la ley11.

Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 12, ha
precisado que «en el caso del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 la norma
hacía referencia al concepto en sentido general, es decir, a la regulación entendida como
norma jurídica», puntualmente, a tipos de actos generales y abstractos o de
reglamentos13. En ese orden, la circular expedida por la autoridad se enmarcaría haría
parte en la acepción «norma jurídica» por corresponder a un acto general y abstracto,
por lo que, en principio, sería uno de los actos que tendría que acatar el procedimiento
de publicación a que alude el CPACA.

Con todo, pese a que en el expediente no reposa prueba de la anotada publicación, es
lo cierto que ha sido posición de esta corporación que «para que el incumplimiento de la
obligación de publicar los mencionados proyectos conduzca a la nulidad del respectivo
acto administrativo de carácter general, es necesario acudir al mecanismo de la
ponderación, y así determinar la trascendencia de la afectación de la dimensión formal
del acto, que se vea representada en la posibilidad real de haberse tomado una decisión
diferente si la formalidad omitida o incumplida hubiese sido observada»14.

De acuerdo con lo anterior, en criterio de la Sala, el contenido de la circular acusada, en
cuanto directriz interna a los agentes recaudadores del tributo para dar aplicabilidad a la
sentencia C-504 de 2020, no era susceptible de ser modificado, que es lo que justifica la
publicación reclamada, pues tal como se analizó en precedencia, la circular se
circunscribió a los efectos que fueron previstos por la Corte en la providencia de
inconstitucionalidad, lo que de suyo, descarta la afectación de la dimensión formal de tal
acto. No prospera el cargo.

Considerada la falta de prosperidad de los cargos de la demanda, la Sala no accederá a
la nulidad de la circular emitida por la SSPD.

11
En consonancia con este dispositivo, podrá ser oportuna la aplicación conjunta del Decreto 1081 de 2015 (modificado por el Decreto
1609 de 2015) que regula las directrices generales de técnica normativa, aplicable a los actos del Ejecutivo nacional (resoluciones
firmadas y no firmadas por el presidente).
12
Exp. 2409, consulta del 19 de febrero de 2019, CP: Édgar González López.
13
Sin perjuicio de los actos particulares que la ley destine al cumplimiento de dicha publicación.
14
Sentencia del 03 de junio de 2021, expediente 5060-18, CP: William Hernández Gómez, Sección Segunda. Consejo de Estado.

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4- En relación con el cuestionamiento por haberse declarado improcedente el recurso de
apelación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
la Resolución SSPD 20228300120325, del 24 de febrero de 2022, bajo la consideración
de que no correspondía a una reclamación de servicios públicos, sino que se trataba de
un impuesto, aduce la actora que ello, además de desconocer la inconstitucionalidad del
artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 y los efectos inmediatos de la sentencia que así lo
declaró, vulneró normas superiores, entre ellas, el art. 154 de la Ley 142 de 1994 [que
consagra los recursos de reposición y apelación contra actos relacionados con servicios
públicos] y fundamentalmente quebrantó su debido proceso.

Considerando que la función atribuida por la Ley 1955 de 2019 a los comercializadores
de energía para que recaudaran la sobretasa, fue desarrollada a través de las facturas
de servicios públicos, para la Sala, el procedimiento de reclamación sobre todos los
conceptos liquidados en la factura, incluida la sobretasa, correspondía al previsto en los
artículos 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994, en consonancia con la Resolución
35615 del 09 de septiembre de 2019, contrariamente a lo concluido por la
Superintendencia. Sin embargo, aunque el rechazo del recurso de apelación configura
una irregularidad, no tiene la entidad para afectar el núcleo esencial del debido proceso,
en la medida en que esto no le impidió a la actora controvertir ante esta instancia judicial,
la legalidad de los restantes actos administrativos [que le definieron la situación jurídica]
objeto de la contienda, pues ha sido criterio de esta Sección3 que solo las irregularidades
que sean sustanciales y que afecten el «núcleo esencial del debido proceso y, en
especial, el del derecho de defensa» tiene la vocación de viciar de ilegalidad los actos
administrativos demandables, pero no existe tal vulneración cuando subsiste el
mecanismo de controvertir judicialmente aquella actuación que haya negado el derecho
reclamado por la parte afectada.

En todo caso, dada la pertinencia de los recursos interpuestos por la actora, según fue
señalado en precedencia, procede desestimar la excepción de ineptitud de la demanda,
propuesta por la Superintendencia -entidad demandada- por tratarse de un tributo, puesto
que debía agotarse el recurso de reconsideración contra las facturas reclamadas.

5- Procede la Sala a estudiar los problemas jurídicos planteados frente a los oficios
emitidos por la demandada EPM, mediante los cuales se respondió la reclamación
presentada contra la sobretasa, facturada por los períodos julio a octubre de 2020, y se
resolvió el recurso de reposición, previo a lo cual se advierte que, la insistencia de EPM
sobre la excepción de falta de legitimidad en causa por pasiva no será atendida, habida
consideración de la ejecutoria del auto del 24 de febrero de 2023 que la denegó.

Adujo la demandante que la mencionada entidad evadió su deber de resolver de fondo
la petición que produjo el oficio acusado, pues se limitó a señalar las generalidades del
artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, de la resolución reglamentaria y de la circular de la
SSPD, en lugar de atender las peticiones y argumentaciones concretas, lo que obedeció
a que esa entidad no se sentía obligada a atender las peticiones, dada su relación de
recaudador del ingreso de tercero, lo que para la entidad, la hacía ajena a la relación
entre los sujetos activo y pasivo del tributo.

Manifestó que EPM tenía la obligación de responder, y resolver de fondo el recurso,
porque no era un simple recaudador, fue quien liquidó, notificó y cobró la sobretasa en la
facturación, y el hecho de haberse guiado por la ley de servicios públicos, por el artículo
313 y su reglamentación, no significaba que la decisión en cuanto a la forma y el momento
de cumplir las funciones, no hubiera sido suya; agregó que por cumplir funciones
administrativas, adquiría responsabilidad en los actos reglados emitidos, que

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configuraban actos administrativos, por ello, debía responsabilizarse de los mismos, y al
no hacerlo, vulneró el derecho de petición y los artículos 152 y 153 de la Ley 142 y 42 del
CPACA. En la misma línea, aseguró que se inaplicó el artículo 29 constitucional, por ello,
vulneraría el derecho de defensa, por no habérsele atendido la petición y por la renuencia
de EPM a aplicar de manera inmediata la sentencia.

También consideró vulnerado el artículo 4 constitucional, porque no debió aplicarse el
artículo 313 ídem por inconstitucional con efectos inter partes, puesto que a la fecha de
la reclamación y el recurso, ya se conocía que el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 era
inexequible, y se sabía que las facturas no configuraban situaciones consolidadas. A
juicio de la actora el reconocimiento de los efectos inmediatos de la decisión
constitucional implicaba que cualquier definición con posterioridad al fallo, debía decidirse
sin aplicar ese precepto, por lo que adujo que, a su juicio, EPM no le dio un efecto
inmediato a la sentencia de inconstitucionalidad, pues prefirió aplicar tal disposición, las
resoluciones reglamentarias y la circular de la Superintendencia, antes que la
constitución.

Con fundamento en lo anterior, adujo que no podía exigírsele el pago de las facturas del
período julio a octubre que estaban reclamadas o recurridas a la fecha de la sentencia
de inconstitucionalidad de la norma -03 de diciembre de 2020-, porque los efectos eran
inmediatos y hacia futuro frente a facturas que no habían adquirido firmeza dada la
reclamación pendiente de resolverse, se trataba de situaciones no consolidadas.

5.1- Respecto del reproche relativo a que los oficios demandados, con los cuales
respondió la demandada (EPM) el reclamo y el recurso de reposición, no atendieron de
fondo las peticiones de la actora, la Sala constata que tras el comunicado de prensa de
la decisión de inconstitucionalidad emitida por la Corte Constitucional en el proceso
adelantado contra el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, la actora solicitó, en escrito de
petición del 06 de diciembre de 2020, la modificación de las facturas de julio a octubre de
2020, en el sentido de eliminar los valores liquidados a título de la sobretasa, tributo que
había sido declarado inconstitucional, y en consecuencia, el reembolso de lo pagado por
dicho concepto, que manifestó fue efectuado bajo protesta, para lo cual solicitó la
aplicación de la excepción de constitucionalidad, específicamente anotó: «pedimos que,
en este caso concreto y solo con efectos inter partes, EPM cumpla con el artículo 4 de la
Constitución Política e inaplique el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 … y la Resolución
35615 de 2019 de la Superintendencia de Servicios Públicos, por ser contrarios a la
Constitución desde cuando fueron expedidos».

Subsidiariamente, solicitó la anulación de la facturación aludida para que fueran emitidas
nuevamente sin incluir el tributo y, a continuación, desarrolló los argumentos que
sustentaban su solicitud que son similares a los que presentó en sustento de la presente
acción. Al atender EPM el reclamo mediante el Oficio 20200130253787, del 29 de
diciembre de 2020, invocó los elementos de la obligación tributaria consagrada en el
artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 a fin de precisarle al solicitante que la
comercializadora de energía eléctrica, había sido designada como agente de recaudo,
razón por la que, no hacía parte directa en la relación jurídico tributaria «sino que su
relación de recaudador de un ingreso de un tercero, lo convierte en una persona ajena a
la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la sobretasa», de modo que no
podía convertirse en un operador jurídico de la misma, ni intervenir en ella para inaplicar
el marco jurídico que la regía.

Igualmente le señaló a la peticionaria, ahora demandante, que «el fallo de la Corte donde
declara la inconstitucionalidad de la sobretasa al consumo de energía eléctrica … surte

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efectos inmediatos y hacia futuro (no retroactivo) y que será aplicable al respectivo
período de facturación que inicie con posterioridad a la fecha de notificación de la
providencia», seguido de lo cual, manifestó que en vista de ello, atendió las instrucciones
de la Circular Externa 20201000000344, del 23 de diciembre de 2020 [cuya legalidad fue
analizada en precedencia], con apoyo en lo cual, la empresa comercializadora
demandada, se ratificó en el cobro del tributo por la facturación correspondiente al
período julio a octubre de 2020, en tanto los efectos de la providencia constitucional no
cubrían ese período de facturación.

A su turno, mediante el Oficio 20210130013938, del 27 de enero de 2021, que desató el
recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, EPM insistió en que atendió
de fondo la solicitud reclamada, y puntualizó que «no es posible modificar los cobros de
la sobretasa liquidados en las cuentas de julio a octubre de 2020 toda vez que, en la
circular 20201000000344 del 23 de diciembre de 2020 la SSPD indicó que los agentes
de recaudo (EPM) deben cumplir con el deber de cobrar y recaudar la sobretasa para los
periodos facturados antes del 3 de diciembre de 2020». Más aún, refirió que la petición
de la demandante no fue remitida a otra autoridad competente puesto que «EPM sí es el
responsable de dar las explicaciones correspondientes de las razanos que nos llevaron
a incluir en la facturación el cobro de la sobretasa, sin embargo, no somos los llamados
a definir la legalidad de dicho cobro, razón por la cual, lo que procedía por parte del
usuario era presentar la demanda de nulidad, trámite que usted ya había gestionado y en
donde la Corte Constitucional a través de la sentencia C-504 de 2020 declaró inexequible
el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, la cual tiene efectos inmediatos y hacia futuro».

En relación con la inaplicación por inconstitucional de la norma que creó el tributo (Art.
313 Ley 1955 de 2019), la comercializadora de energía demandada, le precisó a la
demandante que no podía convertirse en operador jurídico de una relación de la que no
hacía parte directa ni intervenir en ella para inaplicar el marco jurídico que la regía,
además de que en virtud «del principio de igualdad» tendría que extender dicha
inaplicación a todos los usuarios, por lo que dejaría de ser inter partes.

5.2- Atendido el contenido de los actos demandados encuentra la Sala que contrario a lo
planteado por la demandante, los referidos oficios si analizaron de fondo la petición, solo
que la desestimó, bajo la consideración de que la inconstitucionalidad no tenía efectos
retroactivos, sino inmediatos [a partir de la decisión] y aplicaba a partir del período de
facturación siguiente, y además, que por no ser parte de la relación tributaria sino el
recaudador designado por la ley de unos recursos de un tercero, no podía inaplicar el
artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 respecto de los períodos anteriores a la sentencia;
de manera que, el hecho de que la demandada no hubiera accedido a lo pretendido por
la actora, no significa la vulneración de los derechos reclamados por la demandante.

Tal como ya fue definido en la presente sentencia con ocasión de los cargos planteados
contra la circular de la SSPD, los efectos de la sentencia C-504 de 2020, que fueron
expresamente fijados por la Corte, impedía que la inconstitucionalidad declarada se
proyectara de forma inmediata sobre las situaciones ocurridas con antelación a la misma,
esto es, a períodos anteriores a la declaratoria de inexequibilidad -03 de diciembre de
2020-, conforme lo observó la entidad demandada, pues como se señaló, la
inconstitucionalidad no tendría retroacción para el impuesto ya causado y facturado.

Por tanto, tampoco encuentra la Sala, la vulneración constitucional y legal aducida por la
actora, por el contrario, los actos se encuentran ajustados a la legalidad, en tanto
acataron el marco de legalidad que mantuvo la Ley 1955 de 2019 hasta el 03 de diciembre
de 2020 conforme lo ordenó la jurisdicción constitucional en la señalada sentencia, por lo

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que EPM no estaba legitimada para inaplicar por inconstitucional el tributo
correspondiente a períodos de facturación anteriores, pues ello quebrantaría la fuerza de
cosa juzgada de la sentencia C-504 de 2020, que se insiste, no previó efectos
retroactivos, por ende, vulneraría así el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, por ser la Corte
Constitucional quien tiene la potestad de darle efectos retroactivos a una decisión de
inconstitucionalidad.

En definitiva, no se configuró la violación de los preceptos constitucionales y legales,
reclamada por la actora, y en consecuencia no prosperan los cargos.

Conclusión

Los efectos de retroacción de una sentencia que declara una norma inconstitucional
operan solo en la medida que así lo haya dispuesto de manera expresa la Corte
Constitucional15. En consecuencia, tras la declaratoria de la inconstitucionalidad de una
disposición que no determine tal efecto, le es vedado a las autoridades y a los particulares
inaplicar por inconstitucional la misma norma, dada la fuerza de cosa juzgada de las
providencias constitucionales y su efecto erga omnes.

6- La Sala se abstendrá de condenar en costas, porque la presente contienda versó sobre
una norma de interés público y, en relación con los actos particulares demandados, no
obra prueba de su causación (art. 365.8 del CGP).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15
Artículo 45 de la Ley 270 de 1996

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