RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-27-000-2022-00047-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2022-00047-00

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2022-00047-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del último inciso del artículos 3º y del artículo 5º del Decreto 1766 de 2004, “Por el cual se reglamenta el artículo 158-3 del Estatuto Tributario”. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2022-00047-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

25 de enero de 2024

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C. veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD – UNICA INSTANCIA
Radicación 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: CATALINA HOYOS JIMÉNEZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tema: Impuesto sobre la renta y complementarios. Deducción por
inversión en activos fijos. Recuperación de deducciones.
Renta líquida.

SENTENCIA

La Sala decide el medio de control de nulidad instaurado por CATALINA HOYOS
JIMÉNEZ contra algunos apartes de los artículos 3º y 5º del Decreto 1766 del 2 de
junio de 2004, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, la actora pidió
se declare la nulidad de los apartes subrayados, contenidos en los artículos 3º y 5º del
Decreto 1766 del 2 de junio de 2004, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

La norma dispone lo siguiente:

“Decreto 1766 de 2004
Por el cual se reglamenta el artículo 158-3 del Estatuto Tributario

(…) “Artículo 3°. Oportunidad de la deducción. La deducción se deberá solicitar en
la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al
año gravable en que se realiza la inversión, y la base de su cálculo corresponde al
costo de adquisición del bien.
Cuando se realicen obras de infraestructura para el montaje o puesta en
funcionamiento de los activos fijos reales productivos y tales obras deban ser
activadas para ser depreciadas o amortizadas de acuerdo con la técnica contable, el
costo de las mismas hará parte de la base para calcular la deducción del treinta por
ciento (30%). Cuando tales obras tomen más de un período gravable para su
confección o construcción, la deducción se aplicará sobre la base de la inversión
efectuada en cada año gravable.
Cuando los activos fijos reales productivos sean construidos o fabricados por el
contribuyente, la deducción del treinta por ciento (30%) se calculará con base en las
erogaciones incurridas por la adquisición de bienes y servicios que constituyan el
costo del activo fijo real productivo.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

En los casos a que se refieren los dos incisos anteriores, el contribuyente deberá
demostrar los costos respectivos cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales así lo requiera.
Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad productora de
renta o se enajena, antes del vencimiento del término de depreciación o
amortización del bien, el contribuyente deberá incorporar el valor proporcional
de la deducción solicitada como renta líquida gravable en la declaración del
Impuesto sobre la Renta y Complementarios del periodo fiscal en que ello
ocurra, teniendo en cuenta la vida útil pendiente de depreciar o amortizar según
la naturaleza del bien”.
“Artículo 5°. Efecto de las anulaciones, resoluciones y rescisiones de los contratos
de compraventa de activos fijos reales productivos, o de no ejercer la opción
irrevocable de compra. Cuando los contratos de compraventa de activos fijos
reales productivos que dan derecho a la deducción se anulen, rescindan o
resuelvan, el contribuyente deberá restituir el beneficio a que hace referencia
el presente decreto, incorporándolo como renta líquida gravable en la
declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del periodo fiscal
en que ello ocurra.
Igualmente se deberá restituir el beneficio en la forma prevista en el inciso
anterior, cuando por cualquier circunstancia no se materialice la opción
irrevocable de compra, en el caso de la adquisición mediante el sistema
leasing. En este caso, la entidad arrendadora deberá informar oportunamente
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el incumplimiento de la
opción de compra pactada”.

Normas violadas

La parte demandante invocó como normas violadas los artículos 29, 95-9, 150-12, 189-
11, 338 y 363 de la Constitución Política; 158-3 del Estatuto Tributario.

Concepto de la violación

Como concepto de la violación, la demandante expuso en síntesis lo siguiente:

Sostuvo que el artículo 158-3 del ET 1 incorporó en el ordenamiento jurídico el beneficio
de la deducción por la inversión en activos fijos. Norma que dispuso expresamente que
el Gobierno Nacional efectuaría la reglamentación correspondiente.

Manifestó que los artículos 3º y 5º del Decreto 1766 del 2 de junio de 2004 crearon
rentas líquidas gravables que no contempla la norma que reglamentan, esto es, el
artículo 158-3 del ET.

Indicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al expedir el Decreto 1766 del
2 de junio de 2004, excedió la potestad reglamentaria, porque planteó consecuencias
jurídicas no previstas en la ley para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que
de buena fe decidieron hacer uso de la deducción especial por las inversiones
realizadas en activos fijos reales productivos de que trata el artículo 158-3 del ET.
En efecto, los artículos 3º y 5º del Decreto 1766 de 2004 consagraron que el
contribuyente deberá liquidar como renta líquida gravable el valor proporcional o total

1 Derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

de la deducción, según el caso, cuando: (i) se deje de utilizar el activo; (ii) lo enajenen;
(iii) anulen, resuelvan o rescindan el contrato de compraventa suscrito para la
adquisición de los activos fijos reales productivos; o (iv) no materialicen la opción
irrevocable de compra prevista en el contrato de leasing financiero por cualquier
circunstancia.

Finalmente, manifestó que las normas demandadas representan un exceso de la
potestad reglamentaria, el desconocimiento de las normas legales en que debían
fundarse y los principios constitucionales de legalidad, de reserva de la ley, capacidad
contributiva, equidad, igualdad y progresividad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Sostuvo que el artículo 158-3 del ET consagra un beneficio tributario para las personas
naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en la
deducción de un determinado porcentaje adicional de las inversiones realizadas en
activos fijos reales productivos.

Indicó que en el reglamento en cuestión se precisó, entre otros aspectos, la
consecuencia jurídica derivada de la pérdida del beneficio por la inobservancia de los
supuestos o requisitos dispuestos en la ley para su procedencia. Es decir, que cuando
los contratos de compraventa de activos fijos reales productivos que dan derecho a la
deducción se anulen, rescindan o resuelvan, o cuando el activo fijo real productivo se
deje de utilizar en la actividad productora de renta o se enajene antes del vencimiento
del término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente debe restituir el
beneficio, incorporándolo como una renta líquida gravable, por el valor total o
proporcional de la deducción solicitada, según el caso; esto es, sin que la misma deba
ser afectada con costos ni deducciones.

Concluyó que el Gobierno nacional no excedió su facultad reglamentaria, en cuanto se
limitó a desarrollar aspectos necesarios y relevantes relacionados con la restitución del
beneficio por parte de los contribuyentes en los casos en que el mismo se tornara
improcedente. En consecuencia, las normas demandadas no desconocieron los
principios de reserva legal, capacidad contributiva, igualdad, equidad y progresividad.

Concepto de entidades, organizaciones y expertos en la materia

De acuerdo con lo dispuesto en el lit. c del numeral 4 del artículo 184 del CPCA en
concordancia con el art. 182B ib., aplicable al medio de control de nulidad establecido
en el artículo 137 ibidem, fueron invitadas a presentar concepto entidades públicas,
organizaciones privadas y expertos en las materias relacionadas con el tema del
proceso.

Al respecto, se pronunciaron las siguientes entidades, así:

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

Centro de Estudios Tributarios de Antioquia - CETA presentó concepto y estimó
que los oficios deben ser anulados, por los argumentos que se resumen a
continuación:

Señaló que la ley no previó las restricciones que la demandante advierte en las normas
reglamentarias que son objeto del medio de control de nulidad.

Sostuvo que hace unos años la Administración tributaria conceptuó acerca del
tratamiento de la devolución del beneficio de que trata el artículo 158-3 del ET y en
ese entonces concluyó que debe entenderse como una renta líquida por recuperación
de deducciones. Sin embargo, esa posición de la autoridad tributaria cambió con el
Oficio 034470 de 2008, en el que se señaló: “De otra parte, el inciso final del artículo 3
del Decreto 1766 del 2 de junio de 2004, consagra que si el activo fijo, real productivo
se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena antes del
vencimiento del término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente
deberá devolver total o proporcionalmente el beneficio recibido incorporándolo como
renta líquida gravable en el período en que se verifique el hecho”.

Afirmó que con las normas reglamentarias se desconocieron los principios de reserva
de ley e igualdad frente a las cargas públicas, en la medida que se creó una nueva
renta líquida gravable por las circunstancias señaladas en la norma y para revertir la
deducción del artículo 158-3 del ET lo procedente era la aplicación del tratamiento de
una renta líquida por recuperación de deducciones conforme con lo previsto en el
artículo 195 del ET. Así mismo, dijo que se afectaron los principios de equidad y
progresividad, por cuanto el contribuyente se ve en la obligación de incurrir en un
mayor impuesto cuando se encuentra en alguno de los cuatro supuestos fácticos del
Decreto 1766 de 2004.

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario - ICDT allegó concepto, en el que
precisó lo siguiente:

Expresó que era obligación del legislador establecer todas las consecuencias
relacionadas con la aplicación del nuevo beneficio fiscal o, por lo menos, haber
señalado un marco general a partir del cual el Gobierno Nacional pudiera realizar la
reglamentación correspondiente.

Afirmó que el Gobierno Nacional incurrió en una imprecisión en la redacción de los
artículos 3 y 5 del Decreto 1766 de 2004, al indicar que el contribuyente debía
incorporar el valor de la deducción solicitada como una renta líquida gravable, pues el
tratamiento al que se refieren esas normas realmente corresponde al que se denomina
en las reglas generales del sistema tributario como renta líquida por r ecuperación de
deducciones prevista en el artículo 195 del ET.

Estimó que debe declararse la legalidad condicionada de las disposiciones acusadas,
siempre que se entienda que cuando la norma se refiere “renta líquida gravable” se
refiere a “renta líquida por recuperación de deducción”.

Finalmente, señaló que no tendría prosperidad el cargo sobre el exceso de la potestad
reglamentaria por considerar que las normas demandadas crearon una sanción no
prevista por el legislador, toda vez que debe tenerse en cuenta que el hecho de no
utilizar un beneficio no se puede equiparar a un incumplimiento de una obligación
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

tributaria, pues el beneficio fiscal es opcional para el contribuyente y en la medida en
que no lo utiliza, lo único que contemplan las normas es su reintegro.

TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 29 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de control de
nulidad presentada por Catalina Hoyos Jiménez.

A través de la providencia del 2 de marzo de 2023, se negó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de algunos apartes de los artículos 3º y 5º del
Decreto 1766 del 2 de junio de 2004, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Finalmente, por auto del 21 de abril de 2023, se prescindió de la audiencia inicial y se
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante reiteró lo manifestado en el escrito de la demanda y señaló que la
norma reglamentaria creó rentas líquidas gravables y las consecuencias jurídicas que
no contemplaba el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, es decir, creó nuevos hechos
generadores del impuesto de renta y nuevas bases gravables, toda vez que no se
espera a que ocurra el “resultado” del ejercicio gravable, sino que, por la simple
ocurrencia de los hechos descritos en el decreto reglamentario, nace a la vida un
tributo que no depende de la renta global, anual y ordinaria del contribuyente.

El demandado no se pronunció al respecto.

El Ministerio Público no presentó concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

La Sala debe determinar si los apartes acusados de los artículos 3º y 5º del Decreto
1766 del 2 de junio de 2004, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
exceden la potestad reglamentaria.

Cabe advertir que el Decreto 1766 de 2004 reglamentaba el artículo 158-3 del Estatuto
Tributario, norma que fue derogada expresamente por el artículo 376 de la Ley 1819
de 2016, por lo que la norma reglamentaria también habría perdido vigencia. Sin
embargo, esta corporación, de manera pacífica y reiterada, 2 admite el control judicial
de actos derogados porque el efecto de la declaratoria de nulidad es ex - tunc, desde
entonces y afectará las situaciones jurídicas no consolidadas. Teniendo en cuenta que
el acto acusado produjo efectos jurídicos que, particularmente en materia tributaria,
pueden extenderse más allá de su vigencia, resulta necesario estudiar su legalidad
como garantía de que se haya respetado el orden jurídico.

2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente: S-157. Sentencia del 14 de enero

de 1991. Expediente S-157. C.P.: Carlos Gustavo Arrieta Padilla. Postura reiterada en Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente: S-612. Sentencia del 23 de julio de 1996. C.P.: Juan Alberto
Polo Figueroa.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

Potestad reglamentaria

El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política dispone que corresponde al
Presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición
de los decretos, resoluciones y órdenes que sean necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes. Como toda potestad en un Estado de Derecho, el ejercicio de
la potestad reglamentaria está sujeta a límites, siendo el primero de los cuales el
ámbito material de la misma ley que reglamenta. Por lo tanto, en aras de facilitar el
cumplimiento de la ley, el reglamento no puede ir más allá de lo dispuesto por el
legislador.

En relación con la potestad reglamentaria, la Sala precisó lo siguiente 3:

“El artículo 189-11 de la C.P. es el fundamento de la potestad reglamentaria, según
el cual, el Ejecutivo está revestido de la facultad para expedir decretos, resoluciones
y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. Esta competencia,
por ende, está dirigida a determinar reglas específicas para que los distintos
organismos del Estado cumplan adecuadamente con las disposiciones legislativas.
Esta facultad está sujeta a ciertos límites, que no son otros que la Constitución y la
ley misma, ya que al reglamentar no es dado ampliar, restringir o modificar el
contenido legal, es decir, las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la
ley respectiva, y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecución de ella. El ejercicio
del poder reglamentario obliga al Gobierno a desarrollar no solo el texto de la ley,
sino también su contenido implícito, su finalidad específica, para que cumpla de la
mejor manera con sus objetivos”.

El Ejecutivo desborda los límites de su potestad reglamentaria si modifica o altera el
contenido de la ley. Ello ocurre si las definiciones establecidas por el propio legislador
se ven ampliadas por la norma reglamentaria, de tal manera que aludan a supuestos
no contemplados en la disposición legal.

Sobre este punto en particular, la Sala señaló que 4:

“[…] la potestad reglamentaria tiene su primer límite en la ley que va a reglamentar,
dado que es ella la que establece el marco dentro del cual se ejerce, de tal forma que
no puede el Ejecutivo crear una disposición no contenida en aquélla, ni modificarla
para restringir su espíritu o finalidad, pues así invadiría competencias que le
corresponden al Congreso, con mayor razón tratándose de disposiciones legales de
carácter tributario, en las que la Constitución Política consagra expresamente las
competencias legislativas.”
Es evidente que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la
función reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el
sentido de que el reglamento no puede desfigurar la situación regulada por la ley,
hacerla nugatoria, ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no
contempló.”

3 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de junio de

2018, exp. 21235, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Ver también sentencias del 10 de mayo de 2018, exp.
20677, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 10 de agosto de 2017, exp. 20464, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto, y de 11 de febrero de 2014, exp. 18973, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 23 de mayo de

2013, exp. 19306, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Ver también sentencia del 15 de abril de 2015, exp.
19103, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

En el presente caso, el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades
reglamentarias que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución expidió
el Decreto 1766 del 2 de junio de 2004, “por el cual se reglamenta el artículo 158-3 del
Estatuto Tributario.” El artículo 158-3 del E.T. consagraba la posibilidad de los
contribuyentes de deducir de la renta un porcentaje del valor de las inversiones
efectivas realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos. 5 Se transcriben a
continuación los artículos que contienen los apartes demandados:

“Artículo 3°. Oportunidad de la deducción. La deducción se deberá solicitar en la
declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al
año gravable en que se realiza la inversión, y la base de su cálculo corresponde al
costo de adquisición del bien.

Cuando se realicen obras de infraestructura para el montaje o puesta en
funcionamiento de los activos fijos reales productivos y tales obras deban ser
activadas para ser depreciadas o amortizadas de acuerdo con la técnica contable,
el costo de las mismas hará parte de la base para calcular la deducción del treinta
por ciento (30%). Cuando tales obras tomen más de un período gravable para su
confección o construcción, la deducción se aplicará sobre la base de la inversión
efectuada en cada año gravable.

Cuando los activos fijos reales productivos sean construidos o fabricados por el
contribuyente, la deducción del treinta por ciento (30%) se calculará con base en
las erogaciones incurridas por la adquisición de bienes y servicios que constituyan
el costo del activo fijo real productivo.

En los casos a que se refieren los dos incisos anteriores, el contribuyente deberá
demostrar los costos respectivos cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales así lo requiera.

Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad productora de renta
o se enajena, antes del vencimiento del término de depreciación o amortización
del bien, el contribuyente deberá incorporar el valor proporcional de la deducción
solicitada como renta líquida gravable en la declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra, teniendo en cuenta la vida
útil pendiente de depreciar o amortizar según la naturaleza del bien.”

“Artículo 5°. Efecto de las anulaciones, resoluciones y rescisiones de los contratos
de compraventa de activos fijos reales productivos, o de no ejercer la opción
irrevocable de compra. Cuando los contratos de compraventa de activos fijos
reales productivos que dan derecho a la deducción se anulen, rescindan o
resuelvan, el contribuyente deberá restituir el beneficio a que hace referencia el
presente decreto, incorporándolo como renta líquida gravable en la declaración del
Impuesto sobre la Renta y Complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra.
Igualmente se deberá restituir el beneficio en la forma prevista en el inciso anterior,
cuando por cualquier circunstancia no se materialice la opción irrevocable de
compra, en el caso de la adquisición mediante el sistema leasing. En este caso, la
entidad arrendadora deberá informar oportunamente a la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales el incumplimiento de la opción de compra pactada”.

5
Según la Ley 863 de 2003, el 30% del valor del activo. A partir del 1 de enero de 2007, la Ley 1111 de 2006
aumentó el porcentaje al 40% del valor de la inversión. Luego la Ley 1370 de 2009 volvió a establecer el porcentaje
deducible al 30%.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

De acuerdo con la primera de las normas reglamentarias demandadas, si el
contribuyente que accedió al beneficio y obtuvo la deducción de un porcentaje del valor
de la inversión en activos fijos reales productivos, deja de utilizar el activo o lo enajena
antes del vencimiento del término para depreciarlo o amortizarlo, la consecuencia es
que, en el periodo fiscal en que ello ocurra, el contribuyente debe reintegrar la
deducción especial. La misma consecuencia se deriva del artículo 5º transcrito cuando
los contratos que dieron derecho al beneficio se anulen, rescindan o resuelvan, o
cuando no se materialice la opción irrevocable de compra, cuando se haya adquirido
mediante el sistema de leasing.

La manera de reintegrar la deducción especial, según las disposiciones transcritas, es
que el contribuyente debe “incorporar el valor proporcional de la deducción solicitada como
renta líquida gravable en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del
periodo fiscal en que ello ocurra”. La proporción para reintegrar se determina teniendo en
cuenta la vida útil pendiente de depreciar o amortizar.

Como se ve, el reglamento señaló que el reintegro del beneficio sería como una “renta
líquida gravable”. Esta Sala tuvo oportunidad de precisar el alcance de las normas que
ahora se demandan en los siguientes términos: 6

“La renta líquida gravable es una categoría central del proceso de determinación
de la cuota tributaria del impuesto sobre la renta en el ordenamiento jurídico
colombiano en ese sentido el artículo 26 del ET, al preceptuar «la renta líquida
gravable se determina así: […]», tiene por objeto disponer las reglas para su
determinación o liquidación. Además, se identifica con el concepto de base
gravable, por cuanto a ella se aplican las tarifas del impuesto sobre la renta
previstas en la ley, según disponen los artículos 26 y 178 del mismo cuerpo
normativo. Pero la renta líquida gravable, como categoría del proceso de
depuración de la base imponible, se diferencia de la «renta líquida», o renta líquida
ordinaria, por cuanto esta es el resultado de restar las deducciones procedentes
de la renta bruta, menos la compensaciones de las bases gravables negativas
previstas en el artículo 147 del ET (i.e. pérdidas fiscales y excesos de rentas
presuntivas de años gravables anteriores); (…) De modo que, en la estructura de
la base imponible del impuesto sobre la renta, el concepto de renta líquida gravable
tiene una precisa connotación, esto es, corresponde a la base gravable liquidable
a la que se aplica la tarifa o tipo impositivo correspondiente, luego de restar las
rentas exentas procedentes a la renta líquida o a la base gravable mínima de la
renta presuntiva (artículo 188 del ET).

4.2- Adicionalmente, normas particulares preceptúan que ciertos rubros son
constitutivos de rentas gravables o rentas líquidas gravables. Así el Capítulo VIII
del Libro I del ET recoge la renta gravable por comparación patrimonial (artículo
236 del ET) y la renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes
(artículo 239-1 ejusdem, adicionado por la Ley 863 de 2003). Igual calificación
tributaria le asigna el inciso final del artículo 3.° del Decreto 1766 de 2004 al
reintegro de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos,
según se expuso arriba. En estos casos, conforme a lo dispuestos en las aludidas
norma, la naturaleza de renta gravable o renta líquida gravable indica que los
respectivos valores se adicionan a la renta líquida gravable determinada conforme
al artículo 26 y 178 del ET, de manera que constituyen un mayor valor de esta, y

6 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de mayo de

2021, exp. 22245, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

en esa medida constituyen base gravable efectiva de tributación, pues integran el
factor al que se le aplica la tarifa del impuesto para liquidar la cuota tributaria.

4.3- Las rentas líquidas gravables no se confunden con las rentas líquidas
especiales que recoge el ordenamiento tributario, entre las que se encuentra la
renta líquida por recuperación de deducciones. En concreto el artículo 195 del ET
dispone que constituyen «renta líquida» las recuperaciones de deducciones
concedidas en uno o varios años gravables anteriores, por concepto de
depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de
dudoso o difícil cobro, deudas pérdidas o sin valor, pensiones de jubilación o
invalidez, o cualquier otro concepto. Conforme a lo dispuesto por esa norma, la
recuperación de las deducciones de la renta bruta son una renta líquida, de manera
que, en el año en que ocurra su recuperación, computan como un factor positivo
para el cálculo de la renta líquida ordinaria del ejercicio gravable, esto es,
aumentan la renta líquida o disminuyen la pérdida fiscal del año gravable del
contribuyente.”

Es claro entonces y en ese aspecto coinciden las partes y las instituciones que
rindieron concepto, en el sentido que las normas acusadas señalan que el
contribuyente que obtuvo la deducción especial y posteriormente deja de utilizar el
activo o lo enajena antes del vencimiento del término para depreciarlo o amortizarlo, o
bien, los contratos que dieron derecho al beneficio se anulen, rescindan o resuelvan,
o no se materialice la opción irrevocable de compra; se debe incluir la parte
proporcional del beneficio como renta líquida gravable, es decir, como un mayor valor
de la base gravable a la que aplicará la tarifa correspondiente del impuesto. Ello implica
que no pueda ser afectada con costos, gastos, compensaciones o demás factores que
disminuyan la renta.

Ahora bien, según la demandante, estas previsiones exceden la facultad
reglamentaria. Por su parte, la parte demandada considera que los apartes acusados
del reglamento desarrollan aspectos necesarios y relevantes relacionados con la
restitución del beneficio que consagraba el artículo 158-3 del Estatuto Tributario.

Para resolver la controversia, se debe verificar si las disposiciones acusadas crearon
o modificaron supuestos o consecuencias que no se derivan de la norma
reglamentada, o si por el contrario se limitan a desarrollar el texto de la Ley, su
contenido implícito o finalidad en orden a lograr su correcto acatamiento. Para tal
efecto, se hace necesario realizar la siguiente comparación:

Norma violada Norma que prevé renta Norma demandada
líquida por recuperación de
deducciones
“Artículo 158-3 del Estatuto Artículo 195 del Estatuto “Decreto 1766 de 2004
Tributario. Deducción por Tributario. Deducciones cuya Por el cual se reglamenta el
inversión en activos fijos. A recuperación constituyen renta artículo 158-3 del Estatuto
partir del 1º de enero de 2007, las líquida. Constituyen renta líquida: Tributario
personas naturales y jurídicas 1. La recuperación de las
contribuyentes del impuesto sobre cantidades concedidas en uno o (…) “Artículo 3°. Oportunidad de
la renta, podrán deducir el varios años o períodos gravables la deducción. La deducción se
cuarenta por ciento (40%) del como deducción de la renta bruta, deberá solicitar en la declaración
valor de las inversiones efectivas por depreciación, pérdida de del Impuesto sobre la Renta y
realizadas solo en activos fijos activos fijos, amortización de Complementarios
reales productivos adquiridos, aun inversiones, deudas de dudoso o correspondiente al año gravable
bajo la modalidad de leasing difícil cobro, deudas perdidas o sin en que se realiza la inversión, y la
financiero con opción irrevocable valor, pensiones de jubilación o base de su cálculo corresponde al
de compra, de acuerdo con la invalidez, o cualquier otro costo de adquisición del bien.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

reglamentación expedida por el concepto; hasta concurrencia del Cuando se realicen obras de
Gobierno Nacional. Los monto de la recuperación. infraestructura para el montaje o
contribuyentes que hagan uso de 2. La distribución de las puesta en funcionamiento de los
esta deducción no podrán cantidades concedidas en años activos fijos reales productivos y
acogerse al beneficio previsto en anteriores por concepto de tales obras deban ser activadas
el artículo 689-1 de este Estatuto. reservas para protección o para ser depreciadas o
La utilización de esta deducción recuperación de activos, fomento amortizadas de acuerdo con la
no genera utilidad gravada en económico y capitalización técnica contable, el costo de las
cabeza de los socios o económica, o la destinación de mismas hará parte de la base para
accionistas. tales reservas a finalidades calcular la deducción del treinta
La deducción por inversión en diferentes. por ciento (30%). Cuando tales
activos fijos sólo podrá aplicarse obras tomen más de un período
con ocasión de aquellos activos gravable para su confección o
fijos adquiridos que no hayan sido construcción, la deducción se
objeto de transacción alguna entre aplicará sobre la base de la
las demás empresas filiales o inversión efectuada en cada año
vinculadas accionariamente o con gravable.
la misma composición mayoritaria Cuando los activos fijos reales
de accionistas, y la declarante, en productivos sean construidos o
el evento en que las hubiere. fabricados por el contribuyente, la
Parágrafo. Los contribuyentes que deducción del treinta por ciento
adquieran activos fijos (30%) se calculará con base en las
depreciables a partir del 1º de erogaciones incurridas por la
enero de 2007 y utilicen la adquisición de bienes y servicios
deducción aquí establecida, sólo que constituyan el costo del activo
podrán depreciar dichos activos fijo real productivo.
por el sistema de línea recta de En los casos a que se refieren los
conformidad con lo establecido en dos incisos anteriores, el
este Estatuto. contribuyente deberá demostrar
Parágrafo 2º. Adicionado por el los costos respectivos cuando la
artículo 10 de la Ley 1370 de Dirección de Impuestos y Aduanas
2009. A partir del período gravable Nacionales así lo requiera. 2010, la deducción a que se Si el activo fijo real productivo
refiere este artículo será del treinta se deja de utilizar en la actividad
por ciento (30%) del valor de las productora de renta o se
inversiones efectivas realizadas enajena, antes del vencimiento
sólo en activos fijos reales del término de depreciación o
productivos.” amortización del bien, el
Parágrafo 3º. Adicionado por el contribuyente deberá
artículo 1º de la Ley 1430 de 2010. incorporar el valor proporcional
A partir del año gravable 2011, de la deducción solicitada como
ningún contribuyente del impuesto renta líquida gravable en la
sobre la renta y complementarios declaración del Impuesto sobre
podrá hacer uso de la deducción la Renta y Complementarios del
de que trata este artículo. periodo fiscal en que ello
Quienes con anterioridad al 1o de ocurra, teniendo en cuenta la
noviembre de 2010 hayan vida útil pendiente de depreciar
presentado solicitud de contratos o amortizar según la naturaleza
de estabilidad jurídica, incluyendo del bien”.
estabilizar la deducción por “Artículo 5°. Efecto de las
inversión en activos fijos a que se anulaciones, resoluciones y
refiere el presente artículo y cuya rescisiones de los contratos de
prima sea fijada con base en el compraventa de activos fijos
valor total de la inversión objeto de reales productivos, o de no ejercer
estabilidad, podrán suscribir la opción irrevocable de
contrato de estabilidad jurídica en compra.

Cuando los contratos
el que se incluya dicha deducción. de compraventa de activos fijos
En estos casos, el término de la reales productivos que dan
estabilidad jurídica de la derecho a la deducción se
deducción especial no podrá ser anulen, rescindan o resuelvan,
superior a tres (3) años”. el contribuyente deberá restituir
el beneficio a que hace
referencia el presente decreto,
incorporándolo como renta
líquida gravable en la
declaración del Impuesto sobre
la Renta y Complementarios del

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

periodo fiscal en que ello
ocurra.
Igualmente se deberá restituir el
beneficio en la forma prevista
en el inciso anterior, cuando por
cualquier circunstancia no se
materialice la opción
irrevocable de compra, en el
caso de la adquisición mediante
el sistema leasing. En este
caso, la entidad arrendadora
deberá informar oportunamente
a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales el
incumplimiento de la opción de
compra pactada”.

Es de destacar que el primer inciso del artículo 158-3 del ET señala el beneficio
consistente en la posibilidad que tienen los contribuyentes del impuesto sobre la renta
de deducir un porcentaje del valor de la inversión en activos fijos reales productivos
adquiridos, aún bajo la modalidad de leasing financiero. Quienes accedieran al
beneficio no podían acceder al beneficio de auditoría establecido en el artículo 689-1
del E.T.

Por su parte, el inciso segundo extiende el beneficio a los socios o accionistas
señalando que el dividendo o participación no estará gravado; el inciso tercero limita
la deducción señalando que no aplica para activos provenientes de vinculados ; el
parágrafo limita el ejercicio de la depreciación impidiendo utilizar métodos diferentes
al sistema de línea recta; y los parágrafos 2 y 3 hacen relación a la vigencia y al
porcentaje de la deducción.

Finalmente, la norma señaló expresamente que el Gobierno Nacional reglamentaría
este beneficio.

Sobre la facultad otorgada al Gobierno Nacional para reglamentar la deducción
especial por inversión en activos fijos productivos, la Corte Constitucional se pronunció
en el sentido que no es una delegación que supere la facultad reglamentaria otorgada
por el numeral 11 del artículo 189 de la Carta. No permite alterar el contenido de la Ley
en cuanto a transformarla en algo sustancialmente distinto a como dispuso el
Congreso y agregó que la reglamentación del artículo 185-3 “debe estar orientada a
determinar, por ejemplo, cuáles condiciones debe reunir el inversor en activos fijos reales
productivos para beneficiarse de la deducción, y también a establecer cómo pueden
acreditarse esas condiciones ante la entidad administrativa encargada de recaudar los
impuestos sobre la renta y complementarios, pero no a expandir el ámbito predeterminado con
la suficiente claridad y certeza por el legislador.”7

Después de realizar las comparación de las normas, a juicio de la Sala, los textos
acusados exceden la disposición legal reglamentada, dado que crean unos supuestos
y una consecuencia jurídica que no fue señalada por el legislador, pues el texto del
artículo 158-3 del E.T. no mencionó la circunstancia de que los contratos que dieron
derecho al beneficio se anulen, rescindan o resuelvan, o que no se materialice la

7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-714 del 7 de octubre de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

opción irrevocable de compra, cuando se haya adquirido mediante el sistema de
leasing, o que el activo se deje de utilizar o se enajene.

Tampoco es posible derivar de la norma reglamentada que la intención del legislador
fuese que en algún caso la manera de reintegrar la deducción especial sea incorporarla
como renta líquida gravable.

Las disposiciones acusadas no se limitan a desarrollar el artículo 158-3 del E.T. para
su correcto cumplimiento, sino que establecen disposiciones nuevas que no se derivan
de la norma reglamentada y cuya predeterminación le corresponde únicamente a la
Ley en los términos del artículo 338 superior, pues al señalar como consecuencia
normativa que el beneficio se recupere incorporándola como renta líquida gravable
está modificando la base gravable del impuesto sobre la renta, asumiendo funciones
propias del Congreso de la República.

Advierte esta Sala que en uno de los escritos enviado por una de las instituciones que
fueron invitadas a rendir concepto, como expertas en la materia, sugirió que se debía
declarar la legalidad condicionada de las disposiciones acusadas, para que se
entienda que cuando la norma se refiere “renta líquida gravable” se refiere a “renta
líquida por recuperación de deducciones”.

Al respecto debe señalarse que el artículo 195 del Estatuto Tributario dispone la
recuperación de deducciones por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización
de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas perdidas o sin valor,
pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto, «hasta la concurrencia
del monto de la recuperación», mediante el incremento de la renta líquida. En ese
sentido, la Administración cuenta con una herramienta para recuperar los beneficios
tributarios no consolidados que fueron reclamados por los contribuyentes «en uno o
varios periodos gravables como deducción», y a los administrados esta disposición les
otorga de un medio para devolver tales conceptos.

Como indicó esta sección, 8 la renta líquida por recuperación de deducciones
corresponde a una categoría jurídica diferente a la renta líquida gravable, pues tienen
un alcance y propósito distinto.

Cabe destacar que habrá que verificar en cada caso concreto si se dan las condiciones
previstas en el artículo 195 del ET, para que se entienda que hay una recuperación de
la deducción por inversión en activos fijos y, a su vez, para que se considere una renta
líquida, tanto es así que cuando se enajena el activo antes del vencimiento del término
para depreciarlo o amortizarlo, procede la aplicación del procedimiento señalado en
norma en comento.

En ese orden de ideas, si hay utilidad en la venta que implique recuperación, en los
términos del artículo 195 del Estatuto Tributario, se genera renta por recuperación de
deducciones. Así mismo, si se rescinde la operación, la DIAN deberá analizar las
demás normas en ejercicio de sus facultades de fiscalización y determinar cual norma
es aplicable, pero la ley no prevé que se genere una renta bruta ni se dan las
condiciones para la recuperación de deducciones.

8 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de mayo de

2021, exp. 22245, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 110010327000202200047-00 (26739)
Demandante: Catalina Hoyos Jiménez
FALLO

Por lo anterior, en este caso no resulta pertinente dictar una decisión condicionada en
los términos sugeridos por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario porque ello
implicaría que esta jurisdicción hiciera lo mismo que está reprochando de la norma
demandada, pues estaría creando unos supuestos y consecuencias que, como se vio,
no están previstas en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se demuestra la vulneración del artículo
158-3 del E.T. y de contera los artículos 189 núm. 11 y 338 de la Constitución, por lo
que de acuerdo con el artículo 137 del CPACA, procede declarar la nulidad de las
normas demandadas.

Finalmente, en atención a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no procede la condena en costas,
por cuanto en el presente asunto se debate una pretensión de nulidad general, la cual
lleva inmersa un interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del último inciso del artículos 3º y del artículo
5º del Decreto 1766 de 2004, “Por el cual se reglamenta el artículo 158-3 del Estatuto
Tributario”.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvo voto

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.