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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00001-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00001-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nacional de Seguros S.A. contra la sentencia del 5 de mayo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2023-00001-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

21 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-27-000-2023-00001-00 (27338)
Recurrente: Nacional de Seguros S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-27-000-2023-00001-00 (27338)
Recurrente: Nacional de Seguros S.A.

Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal: Nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación (Numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011).

SENTENCIA QUE DECIDE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Nacional
de Seguros S.A. contra la sentencia del 5 de mayo de 2022, dictada por la Subsección A
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca1.

ANTECEDENTES

Del proceso ordinario

El 18 de diciembre de 2012, la sociedad Nacional de Seguros S.A. (en adelante “Nacional
de Seguros”), instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones 322412018000428 del 24 de octubre de 2018
y 992232019000017 del 23 de octubre de 2019, mediante las cuales la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante “DIAN”) sancionó a Nacional de Seguros
con fundamento en el artículo 260-11 del Estatuto Tributario por no haber incluido una
operación de ingresos con una vinculada del exterior en la documentación comprobatoria.

El 25 de noviembre de 2021, el Juzgado 41 Administrativo de Bogotá profirió sentencia
de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. En concreto, explicó que
Nacional de Seguros en la declaración inicial omitió reportar los ingresos de sus
operaciones con su vinculada económica, habiendo referido únicamente sus egresos,
para lo cual acompañó la respectiva documentación comprobatoria; y, que si bien, luego
procedió a corregir su declaración a fin de señalar de manera expresa el valor de los
ingresos, lo cierto es que no acompañó documentación comprobatoria alguna respecto a
los mismos, por lo que, con fundamento en el régimen sancionatorio de la documentación
comprobatoria, era procedente la sanción impuesta en los actos acusados, pues la
aludida omisión no permitía verificar que la operación entre los vinculados estuvo
conforme a las reglas de mercado, que es el fin último del régimen de precios de
transferencia.

Nacional de Seguros presentó recurso de apelación. Expuso que la sentencia incurrió en
el mismo error que la administración tributaria, esto es, en violación al principio de

1
Expediente 11001-33-37-041-2019-00373-01.
1

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congruencia y del derecho al debido proceso al evaluar erróneamente la conducta
sancionatoria. Adujo que no se incurrió en la omisión de la información, en razón a que
la documentación comprobatoria fue presentada.

El 5 de mayo de 2022, la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca confirmó la sentencia del a quo. En cuanto a la vulneración del principio
de congruencia concluyó que no se presentó falta de correspondencia entre la resolución
sanción y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, ni se infringió el
derecho al debido proceso, por cuanto del contenido de los actos se evidenció que la
DIAN determinó la omisión de la demandante en su declaración y por ende procedió a la
imposición de la sanción.

El tribunal determinó que Nacional de Seguros omitió información en la declaración y en
la documentación comprobatoria de precios de transferencia del año gravable 2014 y,
por tanto, incurrió en el hecho sancionable contemplado en el numeral 3 del literal a) del
artículo 260-11 del ET, vigente para la época de los hechos, y por ende, era procedente
la sanción impuesta en los actos acusados, precisando que para la imposición de la
sanción era suficiente con determinar que se incurrió en el hecho sancionable.

Argumentos del recurso extraordinario de revisión2

Nacional de Seguros interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
mencionada, con fundamento en la causal de revisión contemplada en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. A tales efectos sustentó la
nulidad en la i) vulneración del derecho al debido proceso, del principio de congruencia y
del principio de legalidad, y ii) falta de valoración probatoria.

En relación con el primer fundamento, adujo que se incurrió en un defecto material o
sustantivo en las sentencias de primera y segunda instancia por:

(i) falta de correspondencia entre la conducta del contribuyente y el tipo sancionable
aplicado, y entre este último y la motivación esgrimida en las sentencias. A su juicio, se
confunde el tipo sancionable por omisión de información con la conducta de no
documentación, la cual no existe, y

(ii) falta de tipicidad de la conducta endilgada por la DIAN así como por ambas
providencias, pues la norma vigente para la fecha de la comisión de la presunta falta, no
contemplaba la conducta por la no documentación de operaciones del régimen de precios
de transferencia; específicamente señaló que “[no] es posible ser sancionado por una
infracción y ser condenado por otra falta o por una conducta que no esté tipificada en el régimen
sancionatorio tributario”. Agregó que, por error no se incluyó la operación de ingreso en la
declaración informativa, por lo que fue corregida, lo que no significaba que la omisión se
presentara en la documentación comprobatoria, la cual estaba completa.

Respecto del segundo fundamento, alegó que se incurrió en un defecto fáctico ante la
carencia de apoyo probatorio para la aplicación de las normas que se señalaron como
fundamento, pues se plantea una sanción por presunta omisión de información, no
obstante, las dos sentencias aceptan que la información aparece en múltiples
documentos del estudio. Aseguró que la información no solo estaba en el estudio, sino
que además estaba completa.

2
Se resumen los argumentos de la demanda y del escrito de subsanación (Índices 2 y 9 del expediente digital de Samai).
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Señaló que los documentos asociados a los egresos, como a los ingresos eran los
mismos, pues la operación resultaba del contrato de reaseguro con el vinculado, en el
que la recurrente cedía primas de seguros (egreso) y como consecuencia devengaba una
remuneración por comisión (ingreso). Sin embargo, las sentencias omitieron tener en
cuenta los documentos adjuntos al estudio como: (i) el certificado del revisor fiscal base
del cálculo de comparación del rango de plena competencia donde aparece con claridad
la comisión de reaseguro, (ii) los estados financieros base del cálculo del MO que
sustenta el método en donde igualmente aparece la comisión de reaseguro, ni (iii) el
contrato de reaseguro en donde aparece la comisión de reaseguro, todo lo cual
corresponde a los solicitado en el Decreto 3030 de 2013 párrafo 3.º del numeral 4.º
referido al contenido de la documentación comprobatoria.

Trámite procesal

El 9 de febrero de 2023, se admitió el recurso extraordinario de revisión, se ordenó
notificar a la DIAN -quien fue la demandada en el proceso ordinario-, al Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado3.

El 21 de abril de 2023, se resolvió tener como pruebas los documentos aportados con la
demanda y la contestación, y se ordenó al Juzgado 41 Administrativo de Bogotá que
remitiera digitalizado el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho4. El proceso
fue remitido de manera digital5.

Intervenciones

La DIAN6, mediante apoderado judicial, se opuso al recurso extraordinario de revisión y
solicitó declararlo infundado. Adujo que la causal de revisión invocada no se configura en
el caso concreto, pues la presunta irregularidad en la que se sustenta fue objeto de
discusión en el proceso ordinario, en tanto fue el eje central de su recurso de apelación
y fue resuelto de manera integral por el juez de segunda instancia.

Indicó que Nacional de Seguros pretende usar el recurso extraordinario de revisión para
reabrir un debate propio de la instancia judicial y cuestionar indebidamente los
fundamentos jurídicos de la providencia. Además, señaló que la actora expone el mismo
argumento jurídico de fondo analizado en la sentencia recurrida, en la que se demostró
la no violación del principio de congruencia, la entrega incompleta de la información en la
declaración, la omisión de la documentación comprobatoria de precios de transferencia
del año gravable 2014, y la tipicidad de la conducta. En últimas, señala que lo que busca
el demandante es obtener una nueva posición jurídica, lo cual no es procedente a través
del presente recurso.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público7 solicitó que se niegue el recurso extraordinario de revisión, por
considerar que la discusión respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, del

3
SAMAI CE, índice 7.
4
SAMAI CE, índice 17.
5
SAMAI CE, índice 22.
6
SAMAI CE, índice 15.
7
SAMAI CE, índice 14.
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principio de congruencia y del principio de legalidad, por la presunta falta de
correspondencia entre el tipo sancionable y la motivación esgrimida en las sentencias,
así como por la supuesta falta de tipicidad de la conducta, son asuntos que fueron
discutidos desde la sentencia de primera instancia y definidos por los jueces ordinarios.

En cuanto a si la información requerida estaba presente en el estudio de precios de
transferencia, al encontrarse supuestamente en la documentación comprobatoria
presentada, dicho argumento gira en el plano probatorio, que ya fue abordado a lo largo
del proceso ordinario, por lo que no es procedente estudiarlo a través del presente
recurso de extraordinario de revisión.

CONSIDERACIONES

Competencia y oportunidad del recurso

De conformidad con el inciso 28 del artículo 249 del CPACA, la Sección Cuarta es
competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido por Nacional de
Seguros contra la sentencia del 5 de mayo de 2022, dictada por la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La sentencia recurrida se profirió el 5 de mayo de 2022, se notificó por correo electrónico
el 6 de mayo siguiente y el término de ejecutoria corrió entre el 9 y el 11 de mayo del
mismo año. Nacional de Seguros presentó el recurso extraordinario de revisión el 12 de
enero de 2023, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
conforme lo exige el inciso 1 del artículo 251 CPACA.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la providencia del 5 de mayo de 2022 incurrió en la
causal de nulidad prevista en el artículo 250-5 del CPACA.

La Sala partirá de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión y el alcance de la
causal de nulidad originada en la sentencia, para seguidamente definir si en el caso
concreto, la providencia acusada incurrió en nulidad por vulneración del derecho al debido
proceso, a los principios de congruencia y de legalidad; y falta de valoración probatoria.

Naturaleza del recurso extraordinario de revisión9 y el alcance de la causal de
nulidad originada en la sentencia10

En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone
con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pudieren resultar quebrantados.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia
proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un

8
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
9
Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001-0315-000-2013-01998-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
10
Ver la sentencia del 4 de diciembre de 2018, expediente 11001-0315-000-2018-00888-00, M.P. Julio Roberto Piza.
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instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional
del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

Entonces el ámbito de revisión está restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de lo que
precisa su texto.

Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente
tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o nulidades originadas en la
sentencia. Respecto de esta última, la Sala plena del Consejo de Estado11 ha entendido
que los hechos que la configuran son los que constituyen las causales de nulidad procesal
previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP)12. También ha
aceptado la Corporación13, que la sentencia puede resultar viciada por hechos externos
que, si bien no están previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que
pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocerían el artículo
29 de la Constitución14, tales como (i) la sentencia en la que se condena a la parte que
no fue vinculada al proceso; (ii) la sentencia que se dicta, a pesar de que el proceso
estaba legalmente suspendido o interrumpido; (iii) la sentencia de las corporaciones
judiciales que no cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación; (iv) la
sentencia que no tiene formal ni materialmente motivación, entre otras. Se tratan de vicios
procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia y eso habilita la
procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Caso concreto

1. En cuanto al primer argumento, la Sala advierte que si bien la recurrente alegó que la
sentencia impugnada incurrió en nulidad porque el a quo vulneró (i) el derecho al debido
proceso y (ii) los principios de congruencia y legalidad, lo cierto es que la argumentación
de Nacional de Seguros se centra en la falta de tipicidad de la conducta endilgada por la
Administración, por lo que no procedía la sanción que le fue impuesta. Sostuvo que se
confundió el tipo sancionable de omisión de información con la conducta de no
documentación, y que esta última no estaba calificada como conducta sancionable para
la época de los hechos.

La Sala advierte que Nacional de Seguros desde el escrito de demanda planteó la
discusión respecto a la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de
correspondencia, concretamente, en razón de la conducta sancionable. De hecho, en el
recurso de apelación presentado por la demandante contra la sentencia de primera
instancia, se formularon las mismas inconformidades planteadas en el presente recurso
extraordinario de revisión, veamos algunos apartes relevantes del recurso de apelación:

DE LA ERRÓNEA EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA SANCIONATORIA EN LA SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA Y SU EXTRALIMITACIÓN.

11
Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, expediente número: 11001-03-15-000-1996- 0132-01; del 18
de octubre de 2005, expediente número 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7 de febrero de 2006, expediente número 11001-03-
15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, expediente número
1100103150002002-1024-01, y del 31 de mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00.
12
Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
13
Sentencia de 8 de mayo de 2018, expediente con número de radicado 11001-03-15-000-1998-00153- 01(REV).
14
Sobre el particular esta Corporación precisó en su momento que “…las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el
estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del
debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29…”. Consejo de Estado. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-
15-000-2011-01639-00. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
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(…)
Sea pertinente mencionar que la discusión versa sobre la conducta de “omitir información”, por lo
que claramente la sentencia rebasa el contenido de la norma sancionatoria al analizar otras
supuestas conductas.
(…)
En este sentido, por congruencia y razonabilidad entre la parte motiva y la resolutiva deben prosperar
como mínimo los siguientes cargos de la demanda:

• “De las múltiples referencias de la operación supuestamente omitida” en la documentación
comprobatoria”
• “De falsa motivación respecto al tipo sancionable y la vulneración al principio de correspondencia”

La anterior en tanto que, el despacho constata que la información se presenta en la documentación
comprobatoria, descartando así una supuesta omisión, y desbordándose del objeto del debate, pues
la discusión en el presente caso no es “como se presenta”.

Justamente, la sentencia no percibe el problema respecto al principio de correspondencia en las
resoluciones, dado que incurre exactamente el mismo error, el cual es CONFUNDIR O
ESTABLECER UNA VARIEDAD DE CONDUCTAS en contra del principio de TIPICIDAD, lo cual,
claramente trae como consecuencia su NULIDAD.

En efecto, la DIAN por su parte, varia en su parte motiva la primera resolución respecto a la segunda,
más precisamente en su parte medular que es la conducta concretamente imputada.
(…)
Nuevamente, de un departamento de la DIAN a otro, confunden la situación de hecho y de derecho,
y lo que era “omisión de información” se convierte en una variedad de conductas sancionadas por
otras normas que no fueron sujetas a contradicción. En efecto, lo descrito anteriormente, SE PUSO
EN CONOCIMIENTO CON CLARIDAD EN LA DEMANDA.
(…) (Mayúsculas sostenidas del escrito original)

Al respecto, la sentencia recurrida al resolver el recurso de alzada determinó:

(…)
En este orden, se procede a analizar si es predicable la vulneración del principio de congruencia. En
materia tributaria y sancionatoria debe existir correspondencia entre los hechos planteados en el
pliego de cargos, la resolución sanción y la resolución que resuelve el recurso de reconsideración,
pues ello garantiza los derechos al debido proceso y defensa del contribuyente al dar respuesta al
acto previo con base en el cual la DIAN pretende imponer la correspondiente sanción, dado que se
debe tener certeza de las razones de la correspondiente decisión administrativa, para aceptarlas o
controvertirlas y precaver que la autoridad sancionadora se base en hechos diferentes a los
establecidos en el pliego de cargos. (...)

Tal como se indicó previamente, el pliego de cargos y la resolución sanción hacen alusión a la
procedencia de la imposición de la sanción en la suma de $68.919.000 por la conducta de
“documentación comprobatoria de precios de transferencia no suministrada, suministrada en forma
extemporánea, presenta errores, no corresponde a lo solicitado o no permite verificar precios de TX”,
por cuanto se determinaron operaciones de ingresos por 3.445.959.000 que no fueron reportadas
en su declaración, ni tampoco fueron documentadas, precisando que ello hacía alusión no sólo a la
ausencia del reporte en la declaración, sino también a la respectiva documentación que soportara
dichas operaciones.

Así mismo se precisa que en el acto que resolvió el recurso de reconsideración la DIAN reiteró que
en su investigación determinó la existencia de operaciones de ingresos por $3.445.959.000 que no
fueron reportadas por la demandante en su declaración, además que no se presentó la
documentación comprobatoria respecto a su vinculado, pues si bien se realizó en cuanto a los
egresos, ello no es predicable en cuanto a los ingresos para evidenciar la correcta aplicación del
principio de plena competencia, indicando que aunque la demandante corrigió su declaración para
incluir el valor de las operaciones de ingresos por $3.445.959.000, no hizo lo correspondiente en la
documentación comprobatoria, razonamiento que no constituye un nuevo argumento, sino un mejor
argumento.

(…)

6

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Y respecto a si la demandante incurrió en el hecho sancionable, la providencia concluyó:

Así las cosas, se observa que la demandante sí incurrió en la omisión de la información
comprobatoria imputada por la DIAN, lo cual no varía por el hecho de que no se haya fiscalizado su
declaración de renta de 2014, además a partir de la omisión de la demandante no le es exigible a la
Administración Tributaria realizar inferencias para dar por cumplida una obligación de la demandante,
so pretexto de dar prevalencia a lo sustancial sobre lo formal, resaltándose que en los actos se
expusieron los argumentos de hecho y derecho que fueron constatados en esta providencia y por
ende no es predicable la invocada falsa motivación, por lo que este argumento de apelación no
prospera.

Ahora bien, en cuanto a si se incurrió en el hecho sancionable imputado, conforme al régimen legal
aplicable se destaca que de conformidad con lo expuesto previamente al determinarse que la
demandante sí incurrió en la omisión de la información comprobatoria imputada por la DIAN, se
observa que sí se incurrió en el hecho sancionable contemplado en el numeral 3 del literal A del
artículo 260- 11 del ET, vigente para la época de los hechos, y por ende la Sala advierte la
procedencia de la sanción impuesta en los actos acusados, así como también fuere determinado por
el A quo, por lo que no es predicable que se hayan tomado como conductas sancionables aquellas
que no están establecidas en la norma, precisándose además que para la imposición de la sanción
basta con determinar que se incurrió en el hecho sancionable, sin que sea necesario exponer cómo
se afectó el proceso de fiscalización, pues así no está contemplado en la norma referida, por lo cual
este argumento de apelación tampoco prospera.

De los apartes anteriormente transcritos, advierte la Sala que contrario a lo afirmado por
el recurrente, la sentencia cuestionada no vulneró el derecho de defensa ni el principio
de congruencia, pues se analizaron los cargos propuestos por la demandante y se
resolvieron de acuerdo con lo probado en el proceso, las normas y la jurisprudencia
aplicables al caso. En efecto, la legalidad de la sanción, por la infracción del artículo 260-
11 del ET, quedó definida en el proceso ordinario, al punto que se avaló la decisión de
la DIAN.

De hecho, se observa que los argumentos planteados en el recurso de revisión bajo
estudio son los mismos que en su momento Nacional de Seguros propuso en el recurso
de apelación, es decir, que se trata de inconformidades que fueron planteadas y
resueltas en el proceso ordinario, entre ellas, la vulneración del principio de congruencia,
atipicidad de la conducta, resultando improcedente en sede del recurso extraordinario,
examinar la interpretación del juez de nulidad y restablecimiento del derecho, pues las
conclusiones a las que arribó están amparadas en lo que fue acreditado en el proceso,
y en los principios de autonomía e independencia judicial.

En esa medida, el recurso extraordinario, más que demostrar vicios procesales
originados en la sentencia, pretende reabrir la discusión sobre aspectos sustanciales que
ya fueron definidos en el proceso ordinario, en el que se examinó la legalidad de los
actos administrativos mediante los cuales la DIAN sancionó a Nacional de Seguros por
la omisión de presentar la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-11
del ET. En otras palabras, los reparos de la parte recurrente no tienen que ver con la
nulidad originada en la sentencia, en los términos en que quedó explicado en el acápite
anterior, sino que, en realidad, discute los fundamentos jurídicos del fallo en relación con
la legalidad de los actos demandados en el proceso ordinario.

2. Frente a la falta de valoración probatoria, la parte actora argumenta que la sentencia
recurrida acepta que la información aparece en múltiples documentos del estudio y afirma
que el a quo se abstuvo de analizar las pruebas que aportó con la documentación de
precios de transferencia presentados con la declaración inicial, la que aduce, no solo
hace relación a los egresos sino también a los ingresos. Específicamente, advirtió que no
se tuvieron en cuenta pruebas documentales como: (i) el certificado del revisor fiscal base
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del cálculo de comparación del rango de plena competencia en donde aparece con
claridad la comisión de reaseguro, (ii) los estados financieros base del cálculo del MO
que sustenta el método en donde igualmente aparece la comisión de reaseguro y (iii) el
contrato de reaseguro en donde aparece la comisión de reaseguro.

Partirá la Sala de destacar que, en el escrito del recurso, Nacional de Seguros reconoció
que “(…) evidentemente se cometió un error en la medida que no se indica la operación
de ingreso por error. Justamente, en la declaración informativa el error es una omisión y
como consecuencia se corrige la declaración, pero eso no quiere decir que la omisión de
información este presente en la documentación comprobatoria”, aseveración referida a la
información anexa a ese documento, como los estados financieros, el certificado del
revisor fiscal y el contrato de reaseguro, en tanto reflejaban los ingresos obtenidos en la
operación con la vinculada del exterior.

Lo anterior fue desestimado por el tribunal bajo la consideración de que, “la certificación del
revisor fiscal de ninguna manera reemplaza la documentación comprobatoria de precios de transferencia,
y si bien el valor de los ingresos de $3.445.959.000, puede estar relacionada en el contrato de reaseguro,
ésta no se encuentra incluida en la documentación comprobatoria, y destacó que “esta solo versa en
cuanto a los egresos de la demandante”, análisis que para la Sala, no solo desvirtúa lo señalado
por el accionante en el sentido de que la omisión no estaba en la documentación
comprobatoria, pues como lo señaló el a quo, la información anexa a la misma, no
sustituía la omisión incurrida, sino que igualmente pone de presente la valoración
probatoria efectuada por el a quo.

Establecido ello, encuentra esta judicatura que lo pretendido por Nacional de Seguros,
es reabrir el debate y utilizar el recurso extraordinario de revisión como una instancia
adicional, para que se revise la sentencia y se realice una nueva valoración probatoria o
mejor, que se califique el análisis probatorio efectuado por el juez competente, lo cual
resulta improcedente.

En efecto, no fue acreditado un yerro en el procedimiento o en la sentencia, que
constituya causal de nulidad procesal y que determine la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, condiciones en las cuales, debe reiterarse que el recurso
extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia ni fue consagrado para
revivir etapas procesales, por lo que no es posible que el juez de revisión valore o califique
el análisis que hizo el juez competente de las pruebas incorporadas al expediente ni
mucho menos de la forma en que resolvió.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto, no encuentra la Sala configurada la causal de nulidad
originada en la sentencia del 5 de mayo de 2022 proferida por la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual declarará
infundado el recurso interpuesto.

Costas

Sobre la condena en costas, se acoge la posición mayoritaria de la Sala, en cuanto a que
en los juicios regidos por el CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso–Administrativo, Ley 1437 de 2011), solo se accede a condenar en costas

8

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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00001-00 (27338)
Recurrente: Nacional de Seguros S.A.

cuando se acrediten las expensas en el proceso, lo que no se cumple en el caso bajo
análisis15.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nacional de
Seguros S.A. contra la sentencia del 5 de mayo de 2022 proferida por la Subsección
A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas.

2. Sin condena en costas.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclaro voto Aclaro voto

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse
en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15
Sin perjuicio de acoger la posición mayoritaria de la Sala, el magistrado ponente aclara su voto en relación con la imposición de
costas.
9

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