Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00004-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00004-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2023-00004-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-27-000-2023-00004-00 (27396)
Demandante FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ
Demandada SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Temas Parte II. Título IV. Capítulo II. Numeral 1.2.1.2 del numeral 1.2. de la
Circular Externa 029 de 2014. Requisitos generales de las pólizas de
seguros, información amparos y exclusiones.
SENTENCIA ANTICIPADA
La Sección decide en única instancia la demanda presentada por Francisco Ignacio
Herrera Gutiérrez, actuando en nombre propio, contra el numeral 1.2.1.2. del
numeral 1.2. del Capítulo II del Título IV de la Parte II de la Circular Externa 029 de
2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia Financiera (en adelante SFC) profirió la Circular Externa 029
de 2014, cuyo Capítulo II del Título IV de la Parte II contiene disposiciones
especiales aplicables a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. El numeral
1.2.1.2 del numeral 1.2. establece que los amparos básicos y exclusiones de la
póliza deben figurar a partir de la primera página de esta, en los siguientes términos:
1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones).
Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma
continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres
destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros
y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de
la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas
posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral.
Dicha norma fue subrogada por el numeral 1.2.1.2. de la Parte II. Mercado
intermediado, Título IV. Instrucciones generales relativas a las operaciones de las
entidades aseguradoras, compañías de seguros, capitalización e intermediarios de
seguros, Capítulo II. Disposiciones especiales aplicables a las entidades
aseguradoras y reaseguradoras de la Circular Externa 006 de 2025.1
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda y reforma
En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), el demandante formuló la siguiente pretensión2
1
Memorial Samai, índice 69.
1
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Demandante: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
1437 de 2011), el demandante formuló la siguiente pretensión2:
Que es NULA por ilegal la parte resaltada abajo del numeral 1.2.1.2. del numeral 1.2.1. del numeral 1.2.
del Capítulo II del Título IV de la Parte II de la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia
Financiera.
Invocó la vulneración de los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política; 2
numeral 3 del Decreto 2359 de 1993; 44 numeral 3 de la Ley 45 de 1990; y, 184
numeral 2, literal c) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante
EOSF). Sustentó el concepto de violación así:
1. Falta de competencia del Superintendente Financiero
Estableció que, con fundamento en el literal a) del numeral 3 del artículo 2 del
Decreto 2359 de 1993, la SFC modificó por vía reglamentaria y de forma inadecuada
lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 45 de 1990 y en el literal c)
numeral 2 del artículo 184 del EOSF. Lo anterior, en la medida en que dichas normas
preceptúan que los amparos básicos y las exclusiones de las pólizas de seguro
figuren en la primera página de estas y no a partir de ella, como preceptúa la SFC.
Consideró que con ello la demandada les permitió a las entidades vigiladas
incumplir la ley, por lo que debe decretarse la nulidad de la norma acusada.
Argumentó que, al incluir los amparos y exclusiones en la primera página, el
consumidor, como sujeto que está en desventaja frente a la aseguradora, puede
conocer el alcance del producto que adquiere. Adujo que la actuación de la SFC
faculta a la parte fuerte del contrato a contravenir leyes, sin que el acto haya
plasmado motivación alguna para ello. Transcribió los significados de las
preposiciones “en” y “a partir” para insistir en que son distintas.
2. Falta de motivación
Acotó que el Superintendente al expedir esa regulación, lo hizo protegiendo a la
parte fuerte del contrato, permitiéndole a las aseguradoras comportarse por fuera
del marco de la ley, sin que el acto justifique la razón de esa regulación. Agregó que
«Lo que se diga después no puede bastar para defender la legalidad del acto, pues dicha justificación
la ha debido consignar en su propio cuerpo como motivación de su particular conducta» .
Oposición a la demanda
La SFC se opuso a las pretensiones de la demanda y su reforma en los siguientes
términos3:
1. Configuración de excepciones
Preliminarmente, sostuvo que el demandante no explicó la presunta vulneración al
artículo 189 numeral 11 de la Constitución y no desarrolló el concepto de violación,
lo cual afectó su derecho de defensa. Comentó que, si en gracia de discusión se
abordara el estudio de ese precepto constitucional, no prosperaría el cargo de
violación porque el aparte demandado de la Circular no fue expedido por el
Superintendente Financiero en ejercicio de las potestades reglamentarias que son
del Presidente, sino en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010.
2
Samai, índices 2 y 29.
3
Samai, índices 26 y 41.
2
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Agregó que ni el artículo 184 del EOSF ni la Ley 45 de 1990 en su artículo 44
contienen reglas de competencia que pudiesen haber sido desatendidas por el
Superintendente. Así mismo, alegó que el numeral 3 del artículo 2 del Decreto 2359
de 1993 no fue una norma tomada en consideración para motivar la competencia
del Superintendente para emitir la Circular demandada. Distinguió entre las
funciones de la SFC y las del Superintendente.
Concluyó que el cargo de falta de competencia no fue debidamente sustentado y
que el Superintendente sí tenía competencia para expedir el acto, según lo
dispuesto en los artículos 325 numeral 1 y 326 del EOSF4, en virtud de su facultad
de instrucción y de fijar parámetros técnicos y orientadores para el desarrollo de la
actividad aseguradora.
Mencionó que no es posible delimitar amparos y exclusiones detalladas en una sola
página de la póliza, a menos que se utilizaran caracteres pequeños e ilegibles, lo
cual atentaría contra los derechos de los consumidores financieros y generarían
prácticas abusivas. Acotó que el uso de la función de instrucción se evidencia en la
parte motiva de la Circular Externa como en la naturaleza misma de la instrucción
demandada.
Defendió la motivación del acto demandado afirmando que es visible en la parte
inicial de la Circular y en el numeral 1.2.1. del Capítulo II del Título IV de la Parte II,
que aduce que la instrucción se emitía para que las aseguradoras cumplan con el
deber de redactar los contratos de forma clara y legible. Distinguió entre falsa y falta
de motivación para aducir que el demandante planteó la segunda. Reparó en que
la motivación general de la Circular era actualizar su contenido con novedades
normativas y jurisprudenciales.
2. Pronunciamiento de fondo
Expuso que la ubicación espacial de las coberturas y exclusiones dentro de las
pólizas de seguro fue avalada por jurisprudencia de unificación de la Corte Suprema
de Justicia5, destacando que la redacción del apartado acusado funge como
mecanismo necesario para amparar los derechos de los consumidores financieros
a la información, el principio de autonomía de la voluntad y la facultad de delimitar
en debida forma la cobertura pactada, lo cual se evidencia también en el trámite
legislativo de la Ley 45 de 1990.
Estableció que, según el artículo 1047 del Código de Comercio, en la póliza de
seguro deben expresarse las condiciones generales y particulares del contrato.
Adujo que estas últimas se consignan en la carátula de la póliza, así como la causal
de terminación automática del contrato por mora en el pago de la prima, por lo cual
las restantes estipulaciones se plasman en las condiciones generales.
Aclaró que la disposición demandada se emitió en concordancia con el Código de
Comercio y lo dispuesto en el Régimen de Pólizas y Tarifas del artículo 184 del
EOSF.
Reiteró la jurisprudencia citada previamente sobre la especial significación de la
ubicación de las coberturas y exclusiones, y estableció que las instrucciones
impartidas por la SFC señalan criterios técnicos y jurídicos para el cumplimiento de
4
Y las sentencias C-909 de 2012 y C-860 de 2006 de la Corte Constitucional y del 05 de diciembre de 1997, exp. 8573 del
Consejo de Estado.
5
Sala de Casación Civil, Sentencia SC2879-22, Rad 11001-31-99-003-2018-72845-01, M.P. Luis Alonso Rico Rueda.
3
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las reglas del EOSF, en consideración de las características propias de los productos
que ofrece la industria aseguradora.
Mencionó que la norma propende por tutelar los derechos de tomadores y
asegurados por cuanto el literal b) del artículo 184 del EOSF establece que los
requisitos de las pólizas sean de fácil comprensión, en caracteres tipográficos y
fácilmente legibles, para expresar con claridad, suficiencia y exactitud la extensión
del riesgo asumido. Indicó que lo anterior se logra con una descripción positiva
donde se describa el alcance de la protección, y una negativa con aquellos hechos
o circunstancias excluidos en relación con el riesgo asegurado.
Complementó que el legislador no restringió el número de amparos o exclusiones,
ni la extensión de su texto, de modo que cuando el número de amparos y
exclusiones no alcance en una sola página, estos pueden quedar consignados en
forma continua desde la primera página, garantizando la finalidad de la norma, esto
es, que la descripción sea legible, clara y comprensible. Lo anterior protege al
adherente para que tenga un entendimiento diáfano y preciso de las condiciones
del contrato. Concluyó que la instrucción demandada no violenta lo dispuesto en el
artículo 184 del EOSF, sino que es elemento interpretativo para su correcta
aplicación.
Intervenciones6
Universidad Externado de Colombia
En cumplimiento del auto admisorio, la Universidad Externado de Colombia solicitó
negar las pretensiones de la demanda7 para lo cual señaló que las normas
invocadas de la Ley 45 de 1990 y el EOSF no pueden interpretarse literalmente,
siendo necesario establecer qué es la póliza y qué es la primera página.
Señaló que las disposiciones deben interpretarse atendiendo su espíritu y que el
demandante no desarrolló la violación del artículo 189 numeral 11 de la
Constitución. La Circular se expidió para aclarar el contenido y alcance de los
mandatos de las normas presuntamente violadas en desarrollo de la función de
instrucción y no de la facultad reglamentaria.
Estableció que la póliza es un documento complejo y que no hay un criterio para
establecer qué es la primera página. Agregó que conminar al asegurador a incluir
todos los amparos y exclusiones en una página resulta imposible y que la Corte
Suprema de Justicia8 ha avalado que estas figuren a partir de la primera página,
entendiendo por póliza las condiciones generales del contrato de seguro y, por
primera página, aquella que contiene estas últimas, posición avalada por la
Superintendencia Financiera y la jurisprudencia arbitral.9
6
Se pone de presente que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se abstuvo de presentar concepto al considerar
que el tema no estaba relacionado con su objeto misional (Samai, índice 18).
7
Samai, índice 27.
8
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de abril de 2014. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad:
11001-02-03-000-2014-00726-00; posición que fue reiterada en sentencia SC4527-2020 del 23 de noviembre de 2020,
Rad. 11001-31-03-019-2011-00361-01 y en sentencia SC4126-2021 del 30 septiembre de 2021, rad. 11001-31-03-040-
2014-00072-01. Así mismo, sentencia SC098-2023 del 16 de mayo de 2023, rad. 11001-31-99-003-2019-02728-01.
9
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, laudo arbitral del 6 de mayo de 2019, convocante
Biofilm S.A. contra Allianz Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.; Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Medellín, laudo arbitral del 12 de marzo de 2021, convocante Diseños y Construcciones
Uriana contra Seguros Generales Suramericana S.A; Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá, laudo arbitral del 18 de agosto de 2022, convocante Centro Comercial Molinos P.H. contra SBS Seguros Colombia
S.A.
4
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Descartó la existencia de un conflicto normativo, a partir de una interpretación
finalística y sistemática. Planteó que, incluso, una interpretación histórica del artículo
44 de la Ley 45 de 1990 permite evidenciar que lo que busca la norma es que el
asegurado no se vea asaltado por exclusiones o amparos desconocidos, para lo
cual es viable que estos figuren a partir de la primera página de la póliza. Concluyó
que no se desvirtuó la legalidad del acto.
Trámite de las excepciones
Mediante Auto del 06 de agosto del 202410, el despacho de la magistrada ponente
declaró no probada la excepción de inepta demanda en la medida en que, si bien el
cargo de nulidad por falta de competencia se sustentó en la violación del artículo
189 de la Constitución, frente al cual no se presentó sustentación, ese cargo
también se fundamentó en el artículo 2 numeral 3 del Decreto 2359 de 1993.
Respecto de las demás excepciones, adujo que estas corresponderían a reparos
de fondo.
Alegatos de conclusión
El demandante reiteró los argumentos de la demanda11. Advirtió que la SFC no está
facultada para emitir actos de carácter general que interpreten una ley y menos en
contravía de la misma, y que la demandada actúa como delegada del Presidente
para ejercer sus funciones sobre la actividad aseguradora. Manifestó que la
Superintendencia se refirió erradamente al numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2. del
Decreto 2555 de 2010, siendo lo correcto referirse al numeral 4 de esta disposición.
Insistió en que la demandada no puede modificar leyes imperativas.
La demandada12 insistió en los argumentos de la contestación. Planteó que una
interpretación literal de la norma la despoja de sus efectos. Replicó los argumentos
de la intervención de la Universidad Externado de Colombia, e insistió en que lo
dispuesto en la Circular desarrolla las normas superiores con el principio de
información clara y adecuada para los asegurados, y que la Superintendencia
ejerció su potestad de instrucción.
Hizo hincapié en la debida motivación del acto a partir de la realidad normativa y
fáctica del sector asegurador. Afirmó que, conocer de manera sencilla y completa
los amparos y exclusiones evita la práctica abusiva de introducir caracteres
diminutos y difíciles de leer, lo cual vulnera los derechos de los consumidores.
Resaltó que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad y que el
concepto de la Universidad Externado refuerza la legalidad del acto.
Concepto del Ministerio Público
El agente del ministerio guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
La Sección decide la nulidad del numeral 1.2.1.2 del numeral 1.2. del Capítulo II del
10
Samai, índice 46.
11
Samai, índice 64.
12
Samai, índice 65.
5
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Título IV de la Parte II de la Circular Externa 029 de 2014 de la SFC.
Específicamente, corresponde determinar si: i) la demandada era competente para
expedir el acto acusado o si se extralimitó en sus funciones; y, ii) el acto demandado
adolece de falta de motivación. En la medida en que ambos asuntos guardan
relación, se resolverán conjuntamente.
2. Análisis del caso concreto
El demandante consideró que la Superintendencia vulneró los artículos 189 de la
Constitución y 2 numeral 3 del Decreto 2359 de 1993, porque el numeral 3 del
artículo 44 de la Ley 45 de 1990 y el literal c) numeral 2 del artículo 184 del EOSF
establecen que los amparos básicos y las exclusiones de las pólizas de seguro
deben figurar en la primera página de estas y no a partir de ella, como aduce la
Circular demandada.
Mencionó que el acto cuestionado permite que se incumpla la ley, a su vez, exigir
que los amparos figuren en la primera página permite proteger al consumidor.
Agregó que la Circular no motivó la razón por la cual modificó la disposición legal.
Por su parte, la SFC precisó que el demandante no explicó la presunta vulneración
del artículo 189 numeral 11 de la Constitución, tampoco desarrolló el concepto de
violación, y que la Circular se emitió en ejercicio de las facultades de instrucción de
la Superintendencia, sin que se hayan desatendido normas de competencia.
Defendió que el acto fue debidamente motivado y afirmó que el hecho de que las
coberturas figuren a partir de la primera página es garantía para el consumidor
financiero en la medida en que las pólizas deben ser de fácil comprensión, en
caracteres tipográficos y fácilmente legibles, para expresar con claridad, suficiencia
y exactitud la extensión del riesgo asumido. Agregó que el legislador no limitó el
número de amparos y exclusiones, por lo que su descripción puede extenderse más
allá de una página. Señaló que lo anterior fue validado por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia.
Para resolver, la Sección reiterará, en lo pertinente, las consideraciones expuestas
en las sentencias del 14 de mayo de 2026, exp. 28316 y del 10 de julio de 2025,
exp. 26627, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
En dicha oportunidad, se explicó que, a partir de los artículos 333 y 334 de la
Constitución Política, la Corte Constitucional ha determinado que el modelo
económico que rige en Colombia es el de la economía social de mercado13, en el
cual se reconoce la libertad de empresa como eje fundamental de la economía y
como derecho que involucra la «libre iniciativa privada» entendida como la «libertad de
organización de los factores de producción»14, y «la libertad contractual» que implica la
capacidad de celebrar los acuerdos necesarios para el desarrollo de la actividad
económica15.
Con todo, dicha libertad no es absoluta pues la propia Constitución prevé la
posibilidad del Estado de intervenir en la economía para conciliar los intereses
particulares, ínsitos a la actividad empresarial, con el interés general.
Una de las principales formas de intervención del Estado en la economía es el
13
Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Corte Constitucional. Sentencia C-616 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-263 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6
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despliegue de labores de regulación, vigilancia y control para limitar los abusos y
deficiencias del mercado. En palabras de la Corte: «la intervención del Estado en la
economía apunta a la corrección de desigualdades, inequidades y demás comportamientos lesivos
en términos de satisfacción de garantías constitucionales.»16 Empero, dicha intervención no
es absoluta pues debe llevarse a cabo por ministerio de la ley, sin afectar el núcleo
esencial de la libertad de empresa y obedeciendo a motivos adecuados y
suficientes, siempre bajo la tutela del principio de solidaridad y de criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
Con todo, respecto de ciertas actividades, la Constitución ha previsto en forma
expresa la intervención estatal. Es así como el artículo 335 señala que las
actividades financiera, bursátil y aseguradora son de interés público y solo pueden
ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley. Lo anterior debido a
que se trata de actividades que involucran la captación de recursos del público, en
donde el Estado debe velar por una especial protección y la primacía del interés
general.
En desarrollo de lo expuesto, el Decreto Ley 663 de 1993 adoptó la versión actual
del EOSF, del cual hacen parte las entidades aseguradoras y los intermediarios de
seguros y reaseguros, quienes, previa autorización de la Superintendencia
Financiera de Colombia, pueden desarrollar las operaciones descritas en el artículo
38 y siguientes de esta norma.
Esas entidades están sujetas al régimen de intervención estatal previsto en el
artículo 46 ibidem17, en virtud del cual, en términos generales, el Estado puede
verificar la concordancia de la actividad con el interés público y velar por la tutela de
los intereses de los usuarios, ahorradores, depositantes, asegurados e
inversionistas.
Dicho régimen de intervención se concreta no solo en los requerimientos que ha
establecido la Constitución, las leyes y reglamentos para el ejercicio de las
actividades financiera, aseguradora y bursátil, sino también en las funciones de
inspección, vigilancia y control que han sido asignadas a la Superintendencia
Financiera18, como organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público con personería jurídica propia.
Al respecto, es importante anotar que el artículo 150 numeral 7 de la Constitución
establece la facultad del Congreso de la República, de determinar la estructura y
crear, suprimir o fusionar entidades como las superintendencias, señalando sus
objetivos y estructura orgánica. Así mismo, la Carta Política radica en cabeza del
Presidente el ejercicio de la inspección, vigilancia y control sobre las personas que
realizan la actividad financiera, bursátil y/o aseguradora y la intervención en esta
(artículo 189 numerales 24 y 25 de la Constitución).
Ahora, la demandada, por expresa disposición del artículo 325 del EOSF, es aquella
mediante la cual el Presidente ejerce dichas actividades de inspección, vigilancia y
control. Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha entendido que en las
superintendencias confluyen las figuras de la autorización legal, la
desconcentración y la delegación, en la medida en que, en forma mancomunada, el
legislador y el Presidente tienen precisas facultades para establecer los objetivos y
16
Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Adicionado por los artículos 23 de la Ley 1328 de 2009, 76 de la Ley 1753 de 2015 y 197 de la Ley 1955 de 2019.
18
Con el Decreto 4327 de 2005 se fusionaron la Superintendencia Bancaria y de Valores en la Superintendencia Financiera
de Colombia.
7
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funciones de dichos entes19.
Es así como en el artículo 11.2.1.3.1. del Decreto 2555 de 2010 se establece que el
Presidente, de acuerdo con la ley, ejerce las funciones de inspección, vigilancia y
control a través de la SFC.
Si bien estas funciones no tienen definición constitucional o legal, esta Corporación20
, al igual que la Corte Constitucional, las han desarrollado en los siguientes términos:
«(…) (i) la inspección se refiere a la posibilidad de solicitar y/o verificar información o
documentos en poder de las entidades sujetas a control; (ii) la vigilancia alude al seguimiento
y evaluación de las actividades de la autoridad o entidad sometida a ella; y (iii) el control en
estricto sentido abarca la posibilidad de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la
revocatoria de la decisión de la entidad controlada y la imposición de sanciones»21.
Así, el objeto principal de la demandada es «supervisar el sistema financiero para preservar
su estabilidad, seguridad y confianza y promover, organizar y desarrollar el mercado de valores y la
protección de inversionistas ahorradores y asegurados.» (Artículo 11.2.1.3.1. del Decreto 2555 de
2010). Y para su desarrollo cuenta con la facultad de instrucción contenida en el literal
a) del numeral 3 del artículo 326 del EOSF que dispone lo siguiente:
«a) Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las
disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el
cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, así como
instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben administrar los riesgos
implícitos en sus actividades. Esta misma facultad será ejercida por la Superintendencia de
Valores respecto de las entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanente.»
Por ende, nótese que fue el propio Gobierno Nacional, en desarrollo de las
facultades extraordinarias conferidas por la Ley 35 de 1993, quien radicó en forma
expresa en la hoy Superintendencia Financiera la facultad de instrucción, como
expresión de la función de control y vigilancia.
En línea con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación22 ha establecido que
los instructivos emitidos por las Superintendencias, en desarrollo de sus funciones
de vigilancia y control, entre los cuales pueden estar las circulares, son de
obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas, al ser resultado de la función
de instrucción, la cual «se ejerce para cumplir los objetivos que como organismo de alta policía
administrativa tiene a su cargo, y que están contenidos en el artículo 325 numeral 1º. del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, dentro de los cuales está la de asegurar la confianza pública en el
sector financiero, y objetivos de prevención, divulgación, supervisión, etc.»
En ese sentido, es claro que, en la medida en que la actividad aseguradora es de
interés público y está sometida a un régimen especial de intervención estatal, cuya
inspección, vigilancia y control fue asignada a la demandada, la entidad cuenta con
facultades regulatorias para expedir actos administrativos de contenido general y
velar por su cumplimiento, en ejercicio de sus facultades de policía administrativa
económica.
Dichos actos buscan garantizar la confianza pública, la estabilidad y la seguridad
19
Al respecto se puede consultar C-561 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, y C-397 de 1995. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
20
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Proceso: 11001-03-06-000-2014-00174-00 (2223). Concepto del
16 de abril de 2015. MP: William Zambrano Cetina, reiterada por la Sección Cuarta en sentencia del 15 de septiembre de
2022, exp 23837, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
21
Corte Constitucional. Sentencia C-331 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de diciembre de 1997, exp.
8573, M.P. Delio Gómez Leyva.
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Demandante: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
en el sistema financiero, bursátil y asegurador, y proteger a los consumidores como
parte débil de la relación negocial.
Con todo, el hecho de que las superintendencias cuenten con facultad regulatoria
no implica que sustituyan al Congreso como legislador o al Presidente de la
República como suprema autoridad administrativa y titular de la potestad
reglamentaria. Lo anterior, en la medida en que los actos expedidos por dichos
entes de control están restringidos a la ejecución de sus funciones de inspección,
control y vigilancia y encuentran claro límite en la Constitución, las leyes y normas
reglamentarias de mayor jerarquía, las cuales no pueden desbordar.
Ahora bien, esta Sección en sentencia del 15 de septiembre de 202223, precisó que
el legislador no está obligado a realizar una descripción minuciosa y detallada de
las actuaciones que debe llevar a cabo la Superintendencia Financiera, puesto que
las funciones que debe cumplir dicha autoridad administrativa, así como los
objetivos y finalidades que deben perseguir, ya estaban establecidas.
Lo anterior obedece, principalmente, a la tecnicidad del mercado y las variables que
surgen en las diversas operaciones que se llevan a cabo, de ahí que su
reglamentación deba ser inmediata, lo que se ha denominado una flexibilización del
principio de legalidad, aspecto que también ha sido reconocido por la Corte
Constitucional24:
«Se trata, como es fácil advertir, de que las políticas que orienta el Estado en materias como
la regulación de la actividad financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, que son
las aludidas en la demanda, sean trazadas con arreglo a criterios estables y definidos, según
estatutos generales promulgados por el legislador, sin que por ello pierdan la
indispensable flexibilidad que consulte las mutaciones propiciadas por los mismos
fenómenos objeto de regulación.
Claro está, la actividad del Estado en esas materias no se agota en la definición de políticas,
en la expedición de las leyes marco, ni en la de los decretos reglamentarios que vayan
adaptando la normatividad a las nuevas circunstancias, sino que necesita desarrollarse
en concreto, bien mediante normas generales que, en virtud de una competencia
residual, expidan entes administrativos como las superintendencias en lo no
establecido por la normatividad jerárquicamente superior, ya por las actividades de
control, inspección y vigilancia a cargo de tales organismos especializados, todo con el
objeto de que el Estado pueda cumplir el objetivo general señalado en el artículo 335 de la
Constitución, a cuyo tenor las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación -que
son las mismas previstas en el literal d) del numeral 19 del artículo 150 C.P.- son de interés
público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, "la
cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la
democratización del crédito". Bien puede la ley establecer que el Gobierno actuará por
conducto de los aludidos entes, los cuales pueden tener a su cargo funciones
reguladoras, siempre que se sometan a los órdenes normativos de más alto rango, y
ser titulares de atribuciones concretas de intervención, control y sanción sobre
quienes caen bajo su vigilancia en cualquiera de las actividades enunciadas.» (Resalta
la sala)
En consecuencia, a partir de lo expuesto, se evidencia que la Superintendencia
cuenta con facultades regulatorias para emitir instrucciones y adoptar medidas de
carácter general referentes a la actividad aseguradora que son de la órbita de sus
funciones como policía administrativa.
23
Exp 23837, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
24
Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
En ese sentido, la expedición de la Circular es consecuencia de la función de
instrucción contenida en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del EOSF y no
emana en forma directa de la potestad reglamentaria del Presidente de la República,
con lo que la demandada sí tiene competencia legal para emitirla y para otorgar
instrucciones al sector asegurador sobre los requisitos formales de las pólizas de
seguros.
Con todo, es preciso resaltar que en la demanda el actor no explicó por qué la
entidad demandada adolecía de competencia para expedir la Circular y el aparte
demandado, ni mucho menos estableció reparos concretos frente al hecho de que
esta situación fuera contraria al artículo 189 de la Constitución. En efecto, en la
demanda no se plantea una argumentación concreta que sustente que el aparte
demandado de la Circular estuviera sujeto a regulación exclusiva en cabeza del
Presidente, en ejercicio de su potestad reglamentaria, con lo cual dicho argumento
debe desestimarse.
Ahora bien, en lo que ataña al contenido material del aparte demandado de la
Circular, los reparos del actor giran en torno a una presunta contradicción con el
artículo 44 numeral 3 de la Ley 45 de 1990 y el literal c) numeral 2 del artículo 184
del EOSF por cuanto estos establecen que los amparos y exclusiones de las pólizas
de seguro deben constar en la primera página, mientras que la Circular dispone que
estos deben figurar a partir de la primera página.
Tal como ha establecido la Corte Suprema de Justicia, en el marco del contrato de
seguro, la aseguradora asume «la obligación condicional de indemnizar al tomador, al
asegurado o al beneficiario -según lo establezcan la ley o el contrato-, en caso de materializarse el
riesgo asegurado, es decir, en caso de ocurrencia del siniestro.»25
El alto tribunal ha reconocido que la libertad contractual para la delimitación de los
riesgos asumidos por la compañía de seguros es plena, en la medida en que estos
pueden ser limitados a través de los denominados amparos y exclusiones que
circunscriben el alcance del riesgo asumido. Así, mientras que las coberturas
señalan qué eventos comprometen la responsabilidad del asegurador, las
exclusiones indican sobre qué hechos y circunstancias no se transfiere el riesgo.
Lo anterior resulta de particular trascendencia para el presente evento puesto que
si hay libertad contractual plena para la delimitación de riesgos ello implica que, en
la práctica, las compañías aseguradoras carecen de restricciones cuantitativas para
incluir un número de amparos y exclusiones específicos, por lo cual una
interpretación como la que propone el demandante limitaría la autonomía
contractual reconocida directamente por la Ley.
Adicionalmente, es importante advertir que el artículo 184 numeral 2 del EOSF
también establece como requisitos de las pólizas el que su contenido se ciña a las
normas que regulan el contrato de seguro y demás normas imperativas y también
que estén redactadas de una manera fácil, con caracteres tipográficos fácilmente
legibles, exigencia que complementa la Circular demandada al requerir que los
amparos y exclusiones figuren en caracteres destacados y resaltados y en términos
claros y concisos.
El objetivo de este último requerimiento es que los tomadores y asegurados
25
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC2100-2024 del 06 de septiembre de 2024. M.P. Francisco
Ternera Barrios. Rad. 11001-31-03-007-2012-00187-01.
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comprendan e identifiquen plenamente los riesgos amparados y las obligaciones
que emanan del negocio, tal como se explica en el numeral 1.2.1.2 del numeral 1.2.
del Capítulo II, Título IV, Parte II de la Circular Externa 029 de 2014. De allí que lo
que se pretende es que el consumidor, como parte débil de la relación contractual,
conozca a plenitud el alcance y contenido de los riesgos cubiertos y no cubiertos.
En esa medida, entre mejor descritos estén los riesgos y con mayor claridad y
exactitud, mejor protegido estará el tomador o asegurador.
A partir de lo expuesto, se tiene entonces que, si bien es cierto que el artículo 44
numeral 3 de la Ley 45 de 1990 y el literal c) numeral 2 del artículo 184 del EOSF
preceptúan que los amparos y exclusiones deben figurar en la primera página de la
póliza, también lo es que, por la dinámica propia del contrato de seguros y la libertad
contractual de las aseguradoras, es plenamente factible que estos se consignen en
más de una página. Lo anterior, sumado al hecho de que entre mejor descritas estén
las condiciones del negocio, más garantía tendrá el consumidor de comprender a
plenitud el contenido y alcance de sus obligaciones y derechos.
En consecuencia, contrario a lo que señala el demandante, la redacción dispuesta
en la Circular demandada es la que brinda una mayor protección al tomador o
beneficiario de la póliza, por cuanto garantiza claridad y completitud en la
descripción de los amparos y exclusiones que no deben circunscribirse a una sola
página. Con lo cual, dicha interpretación no está protegiendo de manera alguna a
las aseguradoras como parte dominante del contrato. De hecho, frente a la
antinomia que señala el demandante, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en
sentencia de unificación jurisprudencial26, en la que sostuvo lo siguiente:
«Con apoyo en los elementos hermenéuticos antes señalados, considera la Corte que una
adecuada interpretación del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero exige
su análisis armónico con la normativa que ha proferido la Superintendencia Financiera «para
el adecuado cumplimiento de lo señalado en el artículo 184 numeral 2° EOSF» y
concretamente, la exigencia de la CE 029 de 2014 respecto a la ubicación de los amparos y
exclusiones a partir de la primera página de la póliza, interpretación que no sólo permite
cumplir con las exigencias de información y conocimiento del tomador sino también atender el
principio general de prevalencia de la voluntad de las partes contratantes.
A juicio de la Sala, esta intelección se corresponde en mejor medida con las condiciones
actuales del mercado asegurador, en el que se ha llegado a un grado de detalle en la
delimitación del riesgo que, por lo general, haría imposible la inclusión de todas las coberturas
y exclusiones únicamente en la primera página de la póliza –al menos en un formato legible,
como es de rigor-.
Sostener una interpretación contraria, es decir, exigir la consignación forzosa y exclusiva de
las exclusiones en la primera página de la póliza, podría cercenar o restar efectos a la facultad
de delimitación de riesgos legalmente otorgada al asegurador, en tanto castigaría con
ineficacia las exclusiones consignadas de manera clara e ininterrumpida a partir de la primera
página.
Considera la Sala que la intención del legislador de garantizar la correcta y suficiente
información del asegurado y su conocimiento de las coberturas y exclusiones del amparo
contratado se cumple a cabalidad cuando éstas se consagran de forma continua,
ininterrumpida y con caracteres destacados a partir de la primera página de la póliza, lo que
permite una redacción clara y detallada que, a su vez, redunda en la adecuada comprensión
que busca el artículo 184 del EOSF.
La hermenéutica que hoy unifica la Corte respecto a la ubicación espacial de las coberturas y
exclusiones en la póliza de seguro armoniza la necesidad de garantía de información y
26
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC2879-2022 del 27 de septiembre de 2022. M.P. Luis
Alonso Rico Puerta. Rad. 11001-31-99-003-2018-72845-01, este fallo cuenta con un salvamento parcial de voto.
Reiterada entre otras en las sentencias SC371-2023 del 16 de noviembre de 2023, M.P. Luis Alonso Rico y SC442-2023
del 21 de noviembre de 2023, M.P. Francisco Ternera Barrios.
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Demandante: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
conocimiento de quien se adhiere al contrato de seguro, con la esencia misma del acuerdo de
voluntades en el que debe prevalecer la intención de los contratantes, como lo exige el artículo
1618 del Código Civil.
(…)
Así las cosas, con base en las anteriores consideraciones la Corte unifica su posición, en el
sentido de definir la adecuada interpretación de la norma sustancial bajo estudio, esto es, del
artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, conforme a la cual, en sintonía con
las disposiciones de la Circular Jurídica Básica de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en las pólizas de seguro los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en
caracteres destacados, a partir de la primera página de la póliza, en forma continua e
ininterrumpida.»
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia también considera que la dinámica
propia del negocio asegurador exige un grado amplio de detalle en la delimitación
del riesgo, que es consecuente con la garantía de otorgar correcta y suficiente
información al asegurado.27 Así, lo dispuesto en la Circular es lo que
verdaderamente concreta el efecto útil del fin perseguido por la disposición, que no
es otra cosa que la protección del consumidor.
Recuérdese que en virtud del principio del efecto útil de las normas «debe considerarse,
de entre varias interpretaciones de una disposición normativa, aquella que permita consecuencias
jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias»28
, con lo cual la interpretación propuesta por el demandante limitaría de manera
arbitraria e irrazonable la lógica inmersa en el negocio asegurador, las garantías de
protección al consumidor financiero, y la finalidad misma de la intervención estatal
en dicha actividad.
En ese sentido, una interpretación teleológica y ceñida al principio del efecto útil de
la norma permite evidenciar que no resulta contrario a la ley permitir la inclusión de
los amparos y exclusiones a partir de la primera página de la póliza. Por
consiguiente, no hay una actuación contraria a la legalidad que reprocharle a la SFC
ni un desborde de sus competencias, pues ha actuado en ejercicio de su función
regulatoria, para preservar el interés general y equilibrar las asimetrías de la relación
negocial.
Por último, en lo que respecta a la falta de motivación, debe resaltarse que si bien
la modificación terminológica no está justificada en el texto de la Circular, el aparte
demandado sí menciona explícitamente que la justificación respecto de la ubicación
y forma de consignar los riesgos amparados obedece a que «el tomador cuente con la
información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada», circunstancia que
refuerza lo hasta aquí expuesto y que justifica la posibilidad de consignar los
amparos y exclusiones a partir de la primera página. En consecuencia, el cargo no
prospera.
3. Costas
Esta Sección no impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un
asunto de interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
27
La Corte destaca que la primera página de la póliza debe entenderse referido al folio inicial del clausulado general del
seguro y no a la carátula.
28
Corte Constitucional. Sentencia C-569 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes (E).
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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00004-00 (27396)
Demandante: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR las pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas.
3. RECONOCER personería a los abogados Saray Chajin Gori y Daniel Octavio
Campos Ballén como apoderados de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en los términos del poder obrante a folio 71 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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