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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00020-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00020-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR la pretensión de la demanda. 2. No condenar en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2023-00020-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-27-000-2023-00020-00 (27739)
Demandante CATALINA GÓMEZ GARCÍA
Demandada PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
Temas Decreto 261 de 2023. Tarifas de autorretención y retención en
la fuente por ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos
carbón y demás productos mineros. Potestad reglamentaria.

SENTENCIA ANTICIPADA
La Sección decide la demanda de nulidad presentada por Catalina Gómez García
contra el Decreto 261 del 24 de febrero de 2023 proferido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 24 de febrero de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el
Decreto 261 que modificó las tarifas de retención y autorretención en la fuente
provenientes de la exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos
mineros, la retención en la fuente de la venta de hidrocarburos y carbón a
sociedades de comercialización internacional, las tarifas de la autorretención
reguladas en el artículo 1.2.6.6. del Decreto 1625 de 2016, y otras tarifas especiales.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de simple nulidad, contemplado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), la demandante formuló la siguiente pretensión:1
Se declare la Nulidad por Inconstitucionalidad del Decreto 0261 del 24 de febrero de 2023 en toda su
integridad-Artículo 1 y 2, conforme los cargos expuestos en la presente demanda y por infracción directa
de la Constitución Política.

La demandante invocó la vulneración de los artículos 13, 338, 360, y 363 de la
Constitución. Sustentó el concepto de violación, como sigue:

1. Falsa motivación como elemento integral del principio de legalidad

Relató que la Ley 2277 de 2022 introdujo sobretasas del impuesto sobre la renta
para algunas empresas del sector minero energético, lo cual derivó en la
modificación de las tarifas de retención y autorretención en la fuente y afirmó que
se vulneró el principio de legalidad, dado que el Decreto es una unidad jurídica con
1
Samai, índice 2.

1

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Demandante: Catalina Gómez García

la Ley mencionada que debió considerar el principio de legalidad, por lo que el
Decreto 261 de 2023 debió estar conforme a las normas de carácter constitucional.

Conceptualizó la falsa motivación como elemento integral del principio de legalidad
constitucional - orden jurídico y cuestionó que tanto la Ley 2277 de 2022 como su
exposición de motivos no se sustentaran técnicamente en aspectos como la justicia
tributaria, la capacidad contributiva, y el retiro de beneficios y que, solo evidenciaran
necesidades de recaudo, sin detallar su destinación. Acotó que la ley creó tributos
castigo resultando regresivos en la tributación de personas naturales y jurídicas.
Indicó que la exposición de motivos y la misma Ley 2277 de 2022 debieron
acompañarse de un estudio técnico tributario sobre la naturaleza de cada tributo, su
justificación e impacto y no solo en aspectos políticos, sociales y ambientales y que
la ausencia de ello vulnera los artículos 13 y 363 de la Constitución, lo cual irradia
el efecto de inconstitucionalidad a la norma reglamentaria. Recalcó la necesidad del
Estado de emplear una suficiente y adecuada motivación.
2. Violación de los principios constitucionales
Transcribió los considerandos del decreto para precisar que la norma contraviene
los principios de equidad, eficiencia y progresividad, al incorporar una carga
impositiva desproporcionada, sin sustento en estudios técnicos diseñados a partir
de la capacidad contributiva, y sin un análisis de los beneficios para el país mediante
el ejercicio de un juicio de ponderación y proporcionalidad fiscal.
Insistió en que la norma es regresiva para la inversión extranjera y el flujo de caja.
Afirmó que la disposición acusada genera aumento de precios y de la inflación, y
desconoce que el comportamiento cíclico de los precios del carbón como materia
prima es independiente de los costos operativos de las unidades productivas. Adujo
que se violó el principio de igualdad al fijarse una sobretasa de renta sin
consideraciones técnicas y jurídicas, así como también los conceptos de justicia,
equidad y legalidad.
Frente a la equidad, precisó que el decreto no consideró el recaudo acorde con los
ingresos del contribuyente pues considera, para la industria extractiva un percentil
de precios altos, pero olvida el comportamiento de los costos y los tipos de
carbones, de forma que la referencia internacional de los precios es antitécnica.
Definió los principios de equidad vertical, horizontal y progresividad2 y recalcó que
la norma demandada no consideró el impacto económico y social de una carga
tributaria tan alta en los sujetos pasivos de los tributos. Agregó que el aumento en
la tasa de renta para ciertos sectores desincentiva la inversión, la generación de
empleo, la compraventa de bienes y servicios, las inversiones ambientales y
sociales, y el pago de impuestos locales, lo cual vulnera la equidad horizontal y la
proporcionalidad del tributo.
Consideró que se violó la equidad vertical y la progresividad, en la medida en que
no se podía castigar al sector minero energético que realiza aportes que cierran
brechas de desarrollo y aportan estabilidad fiscal. Presentó cifras sobre la inversión
extranjera en el sector minero, el pago de regalías y sus inversiones sociales y
ambientales. Reiteró que el Decreto desarrolla una política restrictiva y marginal
contra el sector afectado que no considera los costos de producción, la reinversión
para mejorar la producción y las externalidades propias del negocio.
2
Invocó la sentencia C-711 de 2001 de la Corte Constitucional.

2
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Demandante: Catalina Gómez García

Observó que no está claro qué son precios altos en el sector minero energético, lo
cual denota que no se tuvo en cuenta la capacidad contributiva y que el deseo era
aumentar la tributación y afectar el flujo de caja.

3. Violación del artículo 360 de la Constitución

Manifestó que, en el caso del carbón, el decreto demandado resulta aplicando un
tributo sobre las regalías pues estas no son deducibles del impuesto sobre la renta
como previó el parágrafo primero del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022. Agregó
que dicha circunstancia solo es aplicable a un sector de la economía, como lo es el
minero energético, y que la sobretasa tiene efectos confiscatorios.

Reseñó que las cargas impuestas son adicionales a los pagos de las empresas que
son necesarios, proporcionales y tienen relación de causalidad. Definió la naturaleza
de las regalías3 para establecer que el Gobierno no estableció el criterio técnico
para prohibir la deducción de las regalías solo para la industria extractiva y, por
ende, modificar las tarifas de retención y autorretención.

Manifestó que, si bien el Estado cuenta con una amplia potestad de configuración
normativa para determinar tributos, esta no es absoluta, y se somete a los límites
que fija la Constitución. Enunció que el aumento de las tarifas de retención y
autorretención, al tener como sustento la prohibición de deducibilidad de las
regalías, vulnera el artículo 360 constitucional porque determina una carga
impositiva sobre la explotación de los recursos naturales no renovables, sin que
sean admisibles impuestos sobre las regalías, dado su carácter obligatorio.

Acotó que la regalía es un ingreso para el Estado y no para el concesionario, sin
perjuicio del carácter no tributario de la regalía y defendió que su deducibilidad tenía
origen constitucional y regulación especial, y reiteró que el Decreto dispuso un
impuesto a las regalías, que son ingresos del mismo Estado, y constituyen una
expensa o gasto para el obligado a su pago.

Concluyó que las exenciones y beneficios tributarios son constitucionalmente
válidos cuando el trato diferencial está justificado, lo cual no ocurrió en este caso.
Añadió que el trato diferencial no se justificó y efectuó una conceptualización
histórica de los impuestos extraordinarios para destacar su inconveniencia, al ser
contrarios a la igualdad y justicia.

Señaló que la sobretasa no considera que los precios internacionales del carbón
corresponden a una industria cíclica, en donde los altos precios se compensan con
los bajos. Insistió en que las empresas que se dedican a la explotación minero
energética no pueden ser castigadas, de modo que sus inversiones resulten
impactadas. Dijo que hubo una persecución al sector, incluso con el uso de
información imprecisa en la exposición de motivos de la Ley 2277 de 2022.

Explicó que la sobretasa a las ganancias extraordinarias no es una medida con
alcance redistributivo y agregó que el Decreto viola la libertad de empresa, dado
que la industria carbonera debe poder decidir si comercializar el producto en el
mercado interno o internacional, y que la sobretasa no tiene en cuenta las
diferencias en los costos de extracción, por lo que no puede determinarse qué es
un precio alto para saber qué es una ganancia extraordinaria.

3
Para el efecto citó la sentencia de unificación del 26 de noviembre de 2020, CE-SUJ-4-005, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez del Consejo de Estado.

3
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Demandante: Catalina Gómez García

Oposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó su oposición a la demanda, en
los siguientes términos:4

Comentó que los cargos de la demanda se dirigen contra la Ley 2277 de 2022, sin
demostrar con prueba si quiera sumaria los perjuicios irremediables que
presuntamente causa la norma acusada a sectores económicos específicos.
Reparó en que el decreto nace de la obligación contenida en los artículos 365 y
siguientes del Estatuto Tributario, y que la modificación de las tarifas de retención
resulta legal y constitucional.

Explicó que las retenciones en la fuente5 son un mecanismo de recaudo anticipado
el impuesto, y alegó que el acto demandado no modificó la carga tributaria de las
empresas, sino que buscó garantizar el pago de las obligaciones tributarias de las
personas jurídicas. Señaló que la norma no aumentó la carga impositiva ni los
saldos a favor, para lo cual refirió el análisis de la Subdirección de Estudios
Económicos de la DIAN que concluye que, aun con la modificación de las tarifas de
autorretención, no hay un mayor saldo a favor para el promedio de la economía en
la medida que el monto de las retenciones como proporción del impuesto a cargo
no supera el observado para el año gravable 2021.

Observó que el Decreto no tiene implicaciones directas que aumenten la carga
tributaria más allá de lo dispuesto en el Estatuto Tributario y que la Ley 2277 de
2022 no vulnera los principios de equidad e igualdad tributaria. Definió la no
confiscatoriedad6 y descartó su configuración dado que las utilidades y ganancias
económicas persisten e incluso superan las de vigencias anteriores para el sector
de extracción de carbón, aun con la no deducibilidad de las regalías y con la
implementación de la sobretasa.

Mencionó que el sector petrolero tendría una tarifa efectiva de tributación del 46,8%
en 2023 y el carbonero del 54,2%, con las modificaciones de la Ley 2277 de 2022.
Presentó la tarifa efectiva de tributación proyectada desde 2021 a 2026, para
sustentar que el Estado no percibe la totalidad de las utilidades del sector. Insistió
en que el Decreto solo materializa las disposiciones contenidas en las Leyes 2155
de 2021 y 2277 de 2022, sin modificar la carga tributaria efectiva de los
contribuyentes.

Explicó que las modificaciones a las tarifas de autorretención observa la capacidad
contributiva de los destinatarios de la norma y buscan armonizar los pagos que se
realizan por este concepto con la carga tributaria propia de cada sector aplicable
para el año gravable 2023, y cuya declaración del impuesto de renta se presentará
y pagará durante la vigencia 2024. Afirmó que lo anterior disminuye el impacto en
caja que podrían producir altos saldos a pagar y que el Gobierno puede distribuir el
recaudo en diversos pagos durante el 2023, a cambio de exigir uno solo.

Explicó que la Ley 2155 de 2021 aumentó la tarifa de renta de las personas jurídicas
del 31% al 35%, y que la Ley 2277 de 2022 estableció la no deducibilidad de las
regalías y las sobretasas para las empresas cuya actividad fuera la extracción de
hulla, carbón lignito y petróleo crudo, además de limitar beneficios y estímulos

4
Samai, índice 24.
5
Citó la sentencia C-883 de 2011 de la Corte Constitucional.
6
Invocó la sentencia C-409 de 1996 de la Corte Constitucional.

4
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tributarios, por lo cual resultaba beneficioso ajustar las tarifas de autorretenciones,
para garantizar la consistencia entre estas y la tarifa del impuesto.

Manifestó que el decreto demandado no contraviene ninguna norma ni genera el
perjuicio señalado por la demandante. Planteó que ejerció su potestad ordinaria de
reglamentación para desarrollar el contenido de la Ley.

Intervenciones

Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT)
En atención a la invitación de este Despacho, el ICDT presentó concepto en el que
instó a no declarar la nulidad del acto acusado, con fundamento en lo siguiente: 7
Estableció que la ley faculta al Gobierno para establecer mecanismos de retención
y autorretención, que tengan en cuenta los cambios legislativos con incidencia en
las tarifas. Acotó que el decreto implementó un aumento en las tarifas de
autorretención, a partir de los ajustes normativos de la Ley 2277 de 2022, y que no
se excedió el límite tarifario del 10% previsto para la exportación de hidrocarburos
y demás productos mineros.
Destacó que las retenciones se pueden acreditar contra el impuesto a cargo y que
la demanda en realidad presenta argumentos contra la Ley 2277 de 2022 y no contra
el Decreto. Concluyó que la norma reglamentaria era legal, que existían varias
demandas de constitucionalidad en curso que podían generar la figura del
decaimiento administrativo o pérdida de ejecutoria del acto, y que el órgano
competente para conocer los argumentos planteados contra la ley era la Corte
Constitucional.
Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar improcedente la declaratoria
de nulidad solicitada en la demanda.8 Estableció que la demandante propuso
erradamente la causal de nulidad de falsa motivación y que no demostró la ausencia
de capacidad contributiva como hecho omitido. Comentó que la demanda se dirigió
a controvertir la Ley 2277 de 2022, por lo cual dichos reparos son de competencia
de la Corte Constitucional. Agregó que el decreto no requería estudios técnicos
sobre la justicia tributaria o la capacidad contributiva del sujeto pasivo.
Explicó que el análisis de proporcionalidad procede respecto del impuesto y no de
las retenciones, y que la demanda no plantea argumentación suficiente que sustente
la violación a los principios de equidad, eficiencia, progresividad, justicia e igualdad.
Descartó una violación al principio de progresividad dado que las tarifas del
impuesto sobre la renta están ligadas al precio internacional de los minerales
explotados, y es viable dar un trato diferenciado a distintas actividades.
Alegatos de conclusión
Las partes no presentaron alegatos de conclusión.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.

7
Samai, índice 23.
8
Samai, índice 25.

5
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sección observa que, tal como se
estableció en el auto proferido por la magistrada ponente del 22 de agosto de 20249,
la mayoría de los argumentos propuestos por la demandante se dirigen a
controvertir la constitucionalidad de las sobretasas para el sector de hidrocarburos
creadas con la Ley 2277 de 2022, y la prohibición de la deducibilidad de las regalías
incorporada por la misma Ley.

En esencia, se verifica que parte de los reparos planteados por la demandante se
dirigen a controvertir la ley - al considerar el decreto y la ley como una unidad
jurídica-, por lo cual la acción pertinente para ello no es el medio de control de simple
nulidad, y el Consejo de Estado carece de competencia funcional para resolverlos.
En efecto, de conformidad con el artículo 241 de la Constitución es la Corte
Constitucional el órgano competente para decidir sobre la constitucionalidad de las
leyes. Con todo, debe resaltarse que el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional resolvió sobre la constitucionalidad de las sobretasas y de la no
deducibilidad de las regalías en pronunciamientos que hicieron tránsito a cosa
juzgada constitucional.

En primer lugar, a través de la sentencia C-420 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés
González, la Corte declaró la exequibilidad de las sobretasas a los sectores de
extracción de hulla, carbón lignito y petróleo crudo, al encontrar que la ley tuvo en
cuenta la capacidad contributiva de los grupos destinatarios y que la carga tributaria
era progresiva, conforme aumentaban comparativamente los precios de mercado.
Y, en segundo lugar, con la sentencia C-489 de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez
Najar, se declaró la inexequibilidad de la prohibición de deducir las regalías pagadas
por las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales no renovables.

2. Análisis del caso concreto

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sección resolver los cargos formulados
por la demandante contra el Decreto 261 de 2023, mediante el cual se reglamentó
las tarifas de retención y autorretención a título de renta sobre los ingresos
provenientes de la explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos
mineros, entre otros, ante el aumento de tarifas establecido por la Ley 2277 de 2022.
La demandante solicitó la nulidad de todo el Decreto, pero su argumentación se
refiere puntualmente a las tarifas de retención del sector minero energético.

En efecto, la Sección advierte que, pese a que se pretende la nulidad total del
Decreto, los reparos planteados por la demandante se circunscriben a las
modificaciones efectuadas por el artículo 1 de la norma. Al efecto, la demandante
controvierte las referencias en los considerandos de dicho decreto al
comportamiento de los precios internacionales del petróleo, sin reparar en los costos
de producción, los comportamientos de los precios y variedades del carbón, y
reprocha el establecimiento de una carga desproporcionada que no obedece a
estudios técnicos. Agrega que el decreto no considera el impacto económico y social
de la medida ni el tratamiento disímil que se debe dar a situaciones diferentes. En
9
En el auto se resolvió la excepción previa planteada por el Ministerio de Hacienda en el sentido de “Declarar probada
parcialmente la excepción de inepta demanda formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el entendido
que no serán resueltos los argumentos de la demanda relacionados con la constitucionalidad de la Ley 2277 de 2022”.

6
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ese sentido, no hay planteamientos concretos frente a las demás modificaciones
efectuadas por el reglamento, de forma que la legalidad del artículo 2 no es pasible
de análisis.

En particular, se debe determinar: i) si se violaron los principios de equidad,
eficiencia y progresividad, porque el decreto incorporó una carga desproporcionada
que no obedece a estudios técnicos basados en la capacidad contributiva ni
considera los impactos de la medida; ii) si se violó el principio de capacidad
contributiva, al considerarse la referencia internacional de los precios del carbón,
sin estimar los costos de producción; y, iii) si se vulneró el principio de equidad,
porque el decreto no consideró el impacto económico y social de la carga tributaria
y trató de igual forma situaciones que eran disímiles.

Para resolver, sea lo primero precisar que el artículo 365 del Estatuto Tributario
dispone que el Gobierno Nacional está facultado para establecer retenciones en la
fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la
renta y complementarios. Al efecto, puede establecer las tarifas de retención
tomando en cuenta, entre otros factores, los cambios legislativos que tengan
incidencia en aquellas. Dicha norma establece, además, que para la estimación del
sistema de retención se toman en cuenta las utilidades e ingresos brutos, y prevé
un límite máximo para las retenciones por otros ingresos tributarios. Esta disposición
se complementa con los límites de los artículos 366 y 366-1 del Estatuto Tributario.10
Lo anterior, sin perjuicio de habilitar el establecimiento de un sistema de
autorretención en la fuente.

Como se advierte, el legislador radicó en cabeza del ejecutivo la potestad
reglamentaria para establecer y desarrollar las tarifas y forma de aplicación de las
retenciones en la fuente, como mecanismo anticipado de recaudo gradual del
impuesto. No obstante, dicha potestad no es absoluta y está sujeta a límites, siendo
el primero de ellos el ámbito material de la misma ley que se reglamenta, de tal
forma que no es posible ir más allá de lo dispuesto por el legislador. En ese sentido,
el ejecutivo desborda los límites de la potestad reglamentaria si y solo si modifica o
altera el contenido de la Ley, aludiendo a supuestos no contemplados en ella. Al
respecto, esta Sección11 ha señalado que:
«(…) la potestad reglamentaria tiene su primer límite en la ley que va a reglamentar, dado que
es ella la que establece el marco dentro del cual se ejerce, de tal forma que no puede el
Ejecutivo crear una disposición no contenida en aquélla, ni modificarla para restringir su
espíritu o finalidad, pues así invadiría competencias que le corresponden al Congreso, con
mayor razón tratándose de disposiciones legales de carácter tributario, en las que la
Constitución Política consagra expresamente las competencias legislativas .
Es evidente que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la función
reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido de que el
reglamento no puede desfigurar la situación regulada por la ley, hacerla nugatoria, ni
extenderla a situaciones de hecho que el legislador no contempló.»

Lo expuesto implica que, en la medida en que el reglamento respete los límites y el
marco establecido por la ley que pretende desarrollar, y no sobrepase ni invada las
competencias del legislativo, no puede entenderse que se configuró un exceso en
la potestad reglamentaria contrario al ordenamiento jurídico. En el presente caso, la

10
El inciso segundo del parágrafo primero de dicha norma establece un límite máximo del 10% del pago o abono en cuenta
para ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos y demás productos mineros.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencias del 23 de mayo de 2013, exp. 19306, M.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia y del 15 de abril de 2015, exp. 19103, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

7
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demanda pretende la nulidad del Decreto 261 del 24 de febrero de 2023 que
modificó las tarifas de autorretención y retención en la fuente para exportaciones de
hidrocarburos y carbón, estableciéndolas en 5,4% y para las demás exportaciones
de productos mineros, incluyendo el oro el 1% (artículo 1). Así mismo, la norma
modificó las tarifas de autorretención especial que aplica para todas las personas
jurídicas contribuyentes del impuesto de renta y que estén exoneradas del pago de
las cotizaciones a la seguridad social y de aportes al SENA e ICBF para las demás
actividades económicas (artículo 2).

Pues bien, se observa que el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022 estableció
sobretasas en la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario para personas
jurídicas, cuya actividad fuese la extracción de carbón de piedra y lignito, de petróleo
crudo y la generación de energía eléctrica. En los dos primeros casos, la aplicación
de la sobretasa depende del precio promedio internacional del carbón y del petróleo,
establecido bajo las condiciones previstas en la misma norma.

En consecuencia, cuando el reglamento demandado hace mención al
comportamiento positivo de los precios internacionales del petróleo y al incremento
de la carga tributaria del sector minero energético, lo hace pues la propia ley así lo
estableció como parámetro de referencia y como justificación de la sobretasa, y no
porque la retención hubiese sido fijada a partir de dichos precios. Por ende, el reparo
propuesto por la demandante, si bien hace mención a los considerandos del
decreto, en realidad se dirige a controvertir la justificación legislativa de la medida,
circunstancia que escapa a la órbita de aplicación del presente medio de control.

De manera similar, los reparos frente al hecho de que no se hiciese mención a los
costos de producción, el comportamiento de los precios y las variedades de carbón,
tampoco son de recibo, en la medida en que la retención en la fuente se aplica sobre
los ingresos brutos, sin que deban considerarse los costos ni tampoco otros factores
distintos a los cambios legislativos, tal como dispone el artículo 365 del Estatuto
Tributario. Los considerandos del decreto hacen mención expresa al hecho de que
las modificaciones en las tarifas de retenciones y autorretenciones se sustentan en
los cambios legislativos que introdujo la Ley 2277 de 2022, por lo cual la justificación
de la medida está sustentada.

Así, el reglamento está dando cabal ejecución a lo previsto en la ley y pretendió
ajustar el entramado normativo de las retenciones a las enmiendas de la Ley 2277
de 2022. En ese sentido, y considerando que la Ley se presume constitucional hasta
que exista un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, el ejecutivo
podía en ejercicio de su facultad reglamentaria, ajustar la regulación de las
retenciones y autorretenciones a la nueva realidad normativa, siendo la exigencia
de estudios e impacto de la sobretasa, en este caso, propia de la Ley, que no del
reglamento que simplemente desarrolló esta última.

En todo caso, la demanda no presenta una justificación concreta de la presunta
desproporción y afectación de la capacidad contributiva, con ocasión de la
modificación de las tarifas de retención y autorretención.

Con todo, aun en gracia de discusión, la Corte Constitucional en la sentencia C-420
de 2024 estableció que la consolidación de la sobretasa a partir de los precios
internacionales del petróleo era válida toda vez que era una medida razonable que
permitía identificar la capacidad contributiva, en la medida en que «constituye un

8
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parámetro objetivo y aceptado por los agentes económicos de dicho sector altamente especializado
para establecer la ocurrencia de ganancias extraordinarias, mediante transacciones que superan el
precio promedio y ordinario que perciben aquellos.» Adicionalmente, consideró que la
sobretasa contaba con garantías contra la confiscación al ser sensible a las
fluctuaciones de los precios internacionales. De tal forma que la referencia a los
precios internacionales cuenta con el aval constitucional del órgano competente.

Aunado a lo expuesto, resalta la Sección que el Decreto demandado fue respetuoso
del límite máximo a la retención dispuesto en el artículo 366-1 del Estatuto Tributario
para los ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos y demás
productos mineros (10%), al imponer tarifas del 5,4% y del 1%, de manera que no
es procedente el reparo de la demandante sobre la incorporación de una carga
desproporcionada, que se mantuvo dentro de los umbrales previstos en la Ley.

Por consiguiente, se descarta la presunta violación a los principios de equidad,
eficiencia, progresividad y capacidad contributiva, en la medida en que el
reglamento fue respetuoso del marco previsto en la Ley y, en todo caso, la
demandante no expone un análisis concreto frente a la violación de los
mencionados principios, sino que alega su vulneración en forma genérica.

Por último, frente a la presunta vulneración del principio de equidad porque el
decreto trata de igual forma situaciones disímiles, la Sección observa que en la
demanda tampoco se plantea cuáles son los grupos tratados en forma distinta, ni
mucho menos se analiza a profundidad la presunta violación al mentado principio,
mediante los tests constitucionales previstos para tal fin. En ese sentido, dicho
reparo tampoco tiene vocación de prosperidad.

En consecuencia, la Sección negará las pretensiones de la demanda.

3. Costas

Esta Sección no impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un
asunto de interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR la pretensión de la demanda.

2. No condenar en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Cúmplase.

9
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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00020-00 (27739)
Demandante: Catalina Gómez García

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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