Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00033-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00033-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2023-00033-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
18 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-27-000-2023-00033-00 [28138]
Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-27-000-2023-00033-00 [28138]
Actor: JUAN BAUTISTA CUMBE TRUJILLO
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal quinta del artículo 250 del
CPACA. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Juan Bautista
Cumbe Trujillo1, contra la sentencia expedida el 9 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Huila, dentro del medio de control de nulidad simple con radicado
nro. 41-001-33-33-003-2018-00398-02, por medio de la cual: (i) se confirmó el auto
del 10 de marzo de 2020, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Neiva -declaró la falta de legitimación en la causa frente al
Concejo Municipal de Rivera - Huila- y (ii) se confirmó el fallo del 31 de mayo de 2021, por
el que el citado juzgado negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad
En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante,
CPACA), Juan Bautista Cumbe Trujillo, actuando en nombre propio, presentó
demanda en contra del municipio de Rivera Huila - Concejo Municipal, en la que
solicitó2:
«DECLARE LA NULIDAD del Acuerdo No. 022 aprobado el 22 de diciembre de 2017, por el
Concejo Municipal de Rivera Huila, por ser violatorio de la Constitución y de la Ley como en su
oportunidad se explicará y demostrará, y cuyo contenido, suministrado por la misma
corporación, se allega con la presente.
En consecuencia, que en firme la anterior determinación, sea de inmediato comunicada
formalmente al Representante legal del Municipio de Rivera, para los fines pertinentes».
1
Abogado y quien actúa en nombre propio.
2
Índice 23 de Samai. C01 Principal 001 CuadernoNo1. Págs. 2 a 14.
1
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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00033-00 [28138]
Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
Invocó la vulneración de los artículos 29 y 338 de la Constitución Política (CP), 7 de
la Ley 819 de 2003 y, 2.1.2.1 y 2.1.2.2 del Decreto 1625 de 2016.
Artículos 338 de la CP y 2.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016. El 13 de diciembre de
2016, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Territorial Huila expidió la Resolución
nro. 41-000-041, ordenando al municipio de Rivera la renovación de la inscripción en
el catastro de los predios actualizados pertenecientes a la zona urbana, rural y
centros poblados del municipio, precisando que los avalúos resultantes entrarían en
vigencia a partir del 1º de enero de 2017.
El 22 de diciembre de 2017 el concejo municipal aprobó el Acuerdo 022 mediante el
cual modificó parcialmente el Acuerdo 08 de 2015, adoptando 3 rangos tarifarios
propuestos por el alcalde, el 2, 5 y 5.5, aplicables sobre ese nuevo avalúo para las
vigencias fiscales de 2018 y siguientes.
Con la expedición del Acuerdo 022 de 2017, se desconoció el artículo 338 de la CP,
en armonía con el artículo 2.1.2.1 del Decreto 1626 de 2016, toda vez que ante un
hecho nuevo -avalúo catastral-, le correspondía al Concejo Municipal de Rivera
determinar la tarifa del tributo por medio de la aprobación y puesta en vigencia del
acuerdo, por lo que no podía acudirse a la figura de la modificación para aplicar un
acuerdo anterior, todo porque, el ordenamiento jurídico no autoriza la fijación de
tarifas mediante la aplicación ultractiva de la norma.
Artículo 29 de la CP y falta de motivación. Puso de presente que el Acuerdo 022
de 2017, siendo una manifestación de la voluntad de la administración, carece de la
debida motivación por parte del alcalde y del concejo municipal.
En la solicitud y exposición de motivos dirigida por el alcalde al concejo municipal no
se sustenta: «a) Por qué razón y a esa fecha (9 de diciembre de 2017), acude a la figura de la
modificación del Acuerdo 08 de noviembre 25 de 2015, y no presenta, teniendo la facultad legal para
hacerlo, el proyecto de Acuerdo con el cual se acogieran y determinaran todas y cada una de las
tarifas previstas en el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, como si se lo ilustra el mismo documento
cuya modificación procura? […] b) Cuál es el marco normativo que lo autoriza como Alcalde Municipal
para proponer esa modificación al Acuerdo 08 de 2015; c) Cuál es la razón para plantear la
aprobación de tan solo 3 rangos tarifarios, y desatender a los demás señalados en el Artículo 23 de la
Ley 1450 de 2011; d) Por qué los elevados porcentajes de descuento, ciertamente no conocidos en la
historia tributaria de los municipios colombianos, y cuáles son los motivos de extender las fechas del
pago del impuesto para el 30 de marzo y el 30 de junio de 2018? Cuáles son las normas que autorizan
uno y otro aspecto?»3.
Agregó que no se exteriorizan los fundamentos de la expedición del referido acuerdo,
ni en el Acta de la Comisión de Presupuesto del concejo municipal, reunida el 12 de
diciembre de 2017, como tampoco en las actas de la primera y segunda sesión.
Artículo 7 de la Ley 819 de 2003. Con la expedición del aludido acuerdo, se
concedieron unas rebajas del 40% y 30% del valor a pagar por concepto del
impuesto predial, según los contribuyentes cumplieran la obligación el 30 de marzo o
el 30 de junio de 2018.
3
Índice 23 de Samai. C01 Principal 001 CuadernoNo1. Pág. 6.
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Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
Se incurrió en un vicio de fondo, toda vez que, en el proyecto de acuerdo, en la
solicitud del alcalde, en la exposición de motivos, el informe de ponencia para el
segundo debate y en las actas elaboradas con ocasión de las sesiones, se advierte
que no se hizo un análisis del impacto fiscal de que trata el artículo 7 de la Ley 819
de 2003, norma que es de imperativo cumplimiento y, no meramente formal y
facultativo.
2. Contestación de la demanda
El municipio de Rivera se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente4:
El acuerdo demandado se ajustó a la ley, y no se evidencia la supuesta infracción
normativa, por cuanto fue expedido conforme al régimen jurídico para la fijación de
las tarifas aplicables para el cobro del impuesto predial.
Afirmó que de la confrontación del Acuerdo 08 de 2015 y del Acuerdo 22 de 2017,
resulta más favorable para la comunidad lo previsto en el artículo 3 de este último -
acto demandado-, porque se disminuyeron las tarifas, se extendieron los plazos para el
pago y se estableció un descuento por pronto pago.
Lo pretendido por el actor sin justificación es unir al acuerdo impugnado los
procedimientos administrativos consecuenciales -operación administrativa- a los avalúos
catastrales y liquidaciones particulares del impuesto predial, que constituirían actos
administrativos de contenido particular, cuya impugnación correspondería al
directamente afectado.
Propuso las excepciones de: (i) motivación adecuada y soportada, (ii) presunción de
legalidad del acto impugnado y (iii) la genérica.
En lo que tiene que ver con el Concejo Municipal de Rivera, en la audiencia inicial
celebrada el 10 de marzo de 20205, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Neiva declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva en relación con esa corporación y, por ende, la terminación del
proceso frente a la misma.
Decisión que fue objeto de recurso de apelación, el que se concedió en el efecto
suspensivo ante el superior6, continuándose con el trámite del proceso.
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Neiva decidió7:
4
Índice 23 de Samai. C01 Principal 001 Cuaderno No1. Págs. 63 a 68.
En el auto del 10 de septiembre de 2019, por medio del cual se fijó fecha para audiencia inicial, se le reconoció personería al
abogado José William Sánchez Plazas, para actuar como apoderado de la entidad demandada, municipio de Rivera. Índice 23
de Samai. C01 Principal 001 CuadernoNo1. Pág. 325.
5
Índice 23 de Samai. C01 Principal 001 CuadernoNo1. Págs. 329 a 332.
6
Índice 23 de Samai. C01 Principal 001 CuadernoNo1. Pág. 330. En el acta consta lo siguiente: «la señora Jueza, indicó que
sería del caso correr traslado a los apoderados de las entidades demandadas del recurso presentado por el apoderado de la
parte actora, pero como no habían comparecido omitió ese traslado.
3
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«PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones propuestas por el Municipio de Rivera
denominadas “motivación adecuada y soportada y presunción de legalidad del acto
impugnado”, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda […]».
Afirmó que, al Concejo Municipal de Rivera en cumplimiento de las funciones de
reglamentación no le está vedado reformar sus propios actos, toda vez que el
artículo 32 de la Ley 136 de 1994 -modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012-,
establece que, además de aquellas que le señala la Constitución y la Ley, son
atribuciones de los concejos las siguientes: «[…] 7. Establecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la Ley»8.
Los artículos 1 y 2 del Acuerdo 022 del 22 de diciembre de 2017, modificaron el
artículo 34 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 36 del Acuerdo 08 del 25 de noviembre
de 2015, los que establecían las tarifas del impuesto predial unificado y los beneficios
tributarios -descuentos-, respectivamente.
Advirtió que el Acuerdo 022 de 2017 reformó las tarifas para la liquidación del
impuesto predial -elemento del tributo- en tanto fijó unos rangos del avalúo catastral
agrupados bajo una cuantía diferente y disminuyó la tarifa por mil para cada uno de
ellos, destacando que el factor aplicable en todo caso es inferior. Los parágrafos del
artículo 36 modificados, así como la adición de la norma, corresponden a beneficios
por pronto pago, toda vez que se amplió el término para tal efecto y el porcentaje de
descuento se incrementó, lo que aplicaba a partir del 1º de enero de 2018 y solo por
ese año.
Por lo expuesto, concluyó que se atendió la protección constitucional del impuesto
municipal, el principio de irretroactividad de la ley tributaria, las orientaciones y límites
en cuanto al establecimiento de la tarifa para la liquidación, y se concedieron
beneficios a los contribuyentes por el pago del tributo que, dada su favorabilidad,
podía aplicarse. De ahí que no pueda predicarse el desconocimiento de los fines del
Estado, pues precisamente se dio una disminución de las tarifas respecto de las
señaladas en el Acuerdo 08 de 2015, por lo que no se desvirtuó el principio de
legalidad del acto demandado.
Se abstuvo de condenar en costas porque el demandante no incurrió en actuaciones
temerarias o dilatorias que hubiesen dificultado el desarrollo de las diferentes etapas
procesales.
4. Recurso de apelación
La parte actora solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se declare
la nulidad del Acuerdo 022 del 22 de diciembre de 2017, con fundamento en lo
siguiente9:
7
Índice 23 de Samai. C01 Principal 004SentenciaPrimerainstancia.
8
Índice 23 de Samai. C01 Principal 004SentenciaPrimerainstancia. Pág. 7.
9
Índice 23 de Samai. C01 Principal 010Apelación.
4
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En la demanda no se cuestionó la facultad de los concejos municipales para reformar
sus propios actos, término que junto con los de establecer o eliminar está referido a
los tributos. Tampoco se debatió sobre si era válido o no que los elementos que
integran el impuesto predial sean modificados conjuntamente o por separado; no se
hizo reparo alguno a la fecha de causación del impuesto predial, a la ejecutoriedad
del acuerdo, a la tarifa y menos aún a su modificación por parte de la citada
corporación.
Lo discutido es la figura de la modificación, utilizada para la aprobación y puesta en
vigencia del acuerdo demandado, la que no está permitida por los artículos 338 de la
CP y 2.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016.
Si bien en la demanda se hizo alusión a los descuentos tributarios, esto fue para
alegar la ausencia de razonamiento explicativo sobre lo elevado de los mismos, al
evidenciar que no se ha acogido en otros entes territoriales, argumento frente al cual
el a quo no se pronunció.
La sentencia de primera instancia tampoco se ocupó del reparo que se hizo frente al
Acuerdo 022 de 2017 en cuanto a su iniciativa, trámite y aprobación, sin que se
considerara lo previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, norma de obligatorio
cumplimiento, aspecto que también fue señalado en la etapa de alegaciones y en la
audiencia inicial.
5. Sentencia de segunda instancia
Mediante providencia del 9 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, se resolvió10:
«PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 10 de marzo de 2020, proferido en audiencia inicial por el
Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, mediante el cual declaró la falta de legitimación en la
causa frente al Concejo Municipal de Rivera – Huila.
SEGUNDO: CONFIMAR la sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Neiva.
TERCERO: SIN condena en costas en esta instancia».
Con fundamento en el inciso 8 del artículo 323 del CGP se pronunció frente al
recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto proferido en
audiencia inicial, mediante el cual se declaró probada de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva del Concejo Municipal de Rivera. Confirmó la
decisión apelada porque esa corporación hace parte del municipio, pero no depende
de la alcaldía ni se superpone a ella y, su ejercicio es para el funcionamiento y
cumplimiento de los fines del ente territorial, siendo este el que goza de personería
jurídica.
Por otra parte, confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda,
porque del contenido de los artículos 338 de la CP y 2.1.2.1 del Decreto 1625 de
2016 no se desprende que el concejo municipal debía expedir un acuerdo para
10
Índice 14 de Samai del Tribunal Administrativo del Huila. Exp. 41001333300320180039802.
5
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modificar las tarifas del impuesto predial, toda vez que no se trata de un hecho
generador nuevo, en los términos de la Ley 44 de 1990 y, la base gravable del
impuesto depende del avalúo catastral el cual fue determinado con fundamento en la
actualización del IGAC. Al tratarse de una renta endógena el ente territorial tiene a su
cargo su administración, recaudo y control; además, está facultado para conceder
exenciones tributarias, descuentos por pronto pago y adopción de tarifas
preferenciales.
Agregó que la tarifa del impuesto predial unificado puede ser modificada por el
concejo municipal siempre y cuando obedezca a lo establecido en el artículo 23 de la
Ley 1450 de 2011 -incremento de la tarifa mínima-, sin que se advierta causal de invalidez,
porque la corporación política municipal, en ejercicio de sus funciones y dentro del
marco de legalidad y de sus competencias reformó las tarifas aplicables para la
liquidación del impuesto predial de todos los inmuebles de su jurisdicción de manera
diferencial y progresiva, estableciendo unos rangos de avalúo catastral agrupados,
extendiendo las cuantías y disminuyendo la tarifa por mil para cada uno de ellos.
Destacó que el factor aplicable con el acuerdo demandado es inferior al previsto en
el año 2015, precisando y actualizando en el artículo 36 el porcentaje de descuento
por pronto pago, atendiendo la protección constitucional del impuesto municipal.
En cuanto al aumento de los descuentos por pago del impuesto, mencionó que en la
exposición de motivos del acuerdo demandado se expresó y sustentó con
fundamento en el artículo 363 de la CP el alivio de la carga tributaria, estimulando el
pago oportuno del tributo, por lo que para el caso era necesario ofrecer el descuento
tributario dentro de los márgenes legales, dando cumplimiento a los principios de
equidad y eficiencia.
I. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 11 de julio de 202311, Juan Bautista Cumbe Trujillo, actuando en nombre propio y
con fundamento en la causal quinta del artículo 250 del CPACA -existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación-, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia expedida el 9 de agosto de
2022 por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del medio de control de nulidad
simple con radicado nro. 41-001-33-33-003-2018-00398-02, por medio de la cual: (i)
se confirmó el auto del 10 de marzo de 2020, proferido en audiencia inicial por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva -declaró la falta de legitimación en la
causa frente al Concejo Municipal de Rivera - Huila- y (ii) se confirmó el fallo del 31 de mayo
de 2021, por el que el citado juzgado negó las pretensiones de la demanda.
El demandante formuló las siguientes pretensiones:
«1. DECLARAR la prosperidad del Recurso Extraordinario de Revisión que se interpone contra
la Sentencia proferida el 9 de agosto de 2022, por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
11
Índice 2 de Samai. ED_CORREOREM_CORREOREMISORIO(.pdf) NroActua 2.
6
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Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
Administrativo del Huila, dentro del proceso de Nulidad propuesto por el suscrito JUAN
BAUTISTA CUMBE TRUJILLO, contra el MUNICIPIO DE RIVERA HUILA - CONCEJO
MUNICIPAL, representado por su Alcalde JHON JAIRO YEPES PERDOMO o quien haga sus
veces.
2.- Que como consecuencia de lo anterior, se INFIRME la misma sentencia dictada el 9 de
agosto de 2022, por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, y en su
lugar, este profiera el fallo en el que se ocupe realmente de los razonamientos que se
expusieron en sustento de la pretensión formulada, y se acceda a la misma declarando la
Nulidad del Acuerdo No. 022 aprobado el 22 de diciembre de 2017 por el Concejo Municipal de
Rivera Huila, para que de esta manera impere la legalidad y este ente territorial proceda
diligente y eficientemente a cumplir con su deber, evitando que continúe recibiendo perjuicio al
no recaudar su impuesto predial como se lo determina la Constitución y la ley.
3.- Como Pruebas, se tenga en cuenta el Proceso en el que se profirió el fallo impugnado, que
con radiación 41001333300320180039802, reposa en el archivo del Juzgado 3º. Administrativo
de Neiva».
Para el efecto, se refirió al proceso de formación y actualización catastral llevado a
cabo en el municipio en el año 2016 y mencionó que para el 29 de enero de 2017 se
expidieron facturas para el pago del impuesto predial, aplicando de manera
automática y total a esa nueva «base catastral» las tarifas fijadas en el «Acuerdo 08 de
noviembre 25 de 2015», pese a las graves falencias del proceso catastral y la
inconformidad de la comunidad.
El 9 de diciembre de 2017 el alcalde solicitó el trámite y aprobación del acuerdo
demandado en el proceso ordinario, con la propuesta del régimen tarifario y cuantía
de descuentos con sus respectivos plazos, el que presenta irregularidades en su
exposición de motivos, en su trámite y aprobación, de ahí que se haya solicitado su
nulidad, en consideración a la anómala actuación del alcalde y del concejo municipal.
Se refirió al trámite judicial surtido en primera y segunda instancia, destacando la
decisión adoptada en relación con la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva frente al Concejo Municipal de Rivera.
En cuanto a la causal de revisión, esto es, existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, destacó
que la demanda se presentó contra el municipio de Rivera - Concejo Municipal,
representado por su alcalde señor Néstor Ramiro Barreiro Andrade, o quien haga sus
veces; es decir, que se procedió bajo el concepto de la unidad, y no de manera
disyuntiva como se afirma en el fallo que se impugna, en el que se indicó que «[d]entro
de la oportunidad legal, el demandante interpone recurso de apelación, insistiendo que la demanda se
dirige contra el Municipio de Rivera y el Consejo [sic] Municipal» [destacado original]. Agregó que
en la contestación a la demanda no se propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, que fue declarada por el juez de instancia.
Se refirió a la vulneración al debido proceso, en concreto a aquel evento en el que el
funcionario ignora o desatiende una prueba legal y oportunamente aportada a la
actuación, situación que se presenta en este caso y estructura la causal de revisión
invocada.
7
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Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
En la contestación a la demanda consta que el profesional del derecho actúa en su
condición de apoderado de «las entidades demandadas», según poder adjunto, otorgado
por el Secretario de Gobierno Social y Comunitario del Municipio de Rivera, al que se
anexó el Decreto 001 de 2016, expedido por la Alcaldía Municipal de Rivera, por
medio del cual se nombró al citado secretario, el acta de posesión 001 de 2016 -a
partir el 1º de enero de 2016- y el Decreto 003 del 25 de enero de 2017, también expedido
por la Alcaldía Municipal de Rivera, por el cual se delegan unas funciones.
Los anteriores documentos constituyen plena prueba de que la entidad oficial
demandada, en este caso, municipio de Rivera Huila - concejo municipal, estaba
debidamente representada y legitimada para actuar en el proceso, es decir, hacía
parte de la relación jurídica sustancial «para que el proceso se adelantara y terminara con el
fallo de fondo. O por lo menos, merecían que de su existencia y valoración se ocupara el fallador de
segunda instancia. Mas tampoco procedió de conformidad, resultando este proceder violatorio de una
norma superior, como es el artículo 29 de la Constitución Nacional»12. De ahí que su análisis y
valoración resultaba imperativo, pues con ellos se acreditaba la improcedencia de la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, lo que conduce a que se
infirme la sentencia objeto de revisión y, en su lugar, «se disponga el proferimiento de un
fallo en el que el juzgador como es su deber se ocupe de la prueba omitida».
Agregó que «en sano entendimiento, se interpreta que al habérsele dado entidad a la Excepción
previa de Falta de legitimación en la causa por pasiva, ciertamente lo que procedía real y legalmente,
era la declaratoria de terminación del proceso como lo ordenó el a-quo. Y siendo esa decisión del a-
quo confirmada en segunda instancia, no existía, jurídicamente, motivo para que se continuara en la
redacción y suscripción de un fallo para resolverse de fondo el asunto dada la impugnación
interpuesta. A lo sumo, se admite, en gracia de discusión, que ese proceder se hubiera agotado pero
para concluir de manera coherente, en sentido inhibitorio que posibilitara la oportunidad al
demandante de subsanar, en caso tal, la omisión y de acudir de nuevo a la jurisdicción. Pero no, sin
razonamiento alguno sobre el particular, se profirió una sentencia de fondo con la que bien se puede
hacer nugatorio el derecho fundamental de Acceso a la justicia»13.
Con la confirmación por parte del tribunal de la terminación anticipada del proceso
«se está ante un pronunciamiento judicial que no ha debido nacer a la vida jurídica como decisión de
fondo o de mérito, por lo que bien se estructura otra situación anormal, que además de impedir el
ejercicio del derecho fundamental mencionado -se refiere al acceso a la administración de justicia-,
bien se puede asumir como que también vulnera el debido proceso, y que por lo tanto genera
nulidad»14.
Por consiguiente, al prosperar el recurso extraordinario e infirmarse la sentencia
cuestionada, es la oportunidad para que al proferirse el nuevo pronunciamiento el ad
quem lo haga real e integralmente atendiendo al contenido procesal, en especial a
los fundamentos de derecho.
Es claro que no se está ante una tercera instancia, pero ello no impide exponer los
aspectos a tener en cuenta en la nueva decisión que se debe adoptar en la sentencia
de reemplazo, en tanto el tribunal se ocupó de temas ajenos a la demanda -facultad de
los concejos municipales de modificar acuerdos, potestad en materia tributaria y discusión del avalúo
catastral-, por lo que se traen a colación nuevamente los fundamentos de hecho y de
derecho, así como los argumentos expuestos en esa oportunidad; además, se
12
Pág. 9 de la demanda.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
8
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Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
plantean reparos frente a lo decidido por el juez de segunda instancia, en especial se
destacó que: (i) se está ante un nuevo hecho generador del impuesto predial y base
catastral, lo que impide que se aplique la figura de modificación del acto general, (ii)
se presentaron falencias en la exposición de motivos del acuerdo demandado, para
así procurar su curso y aprobación y (iii) se advierten omisiones en el trámite ante el
concejo municipal.
Por otra parte, aludió a la desatención del principio de unidad de materia -art. 72 Ley
136 de 1994- que, si bien no fue invocado, le asiste obligación al juez de interpretar la
demanda, destacando que no se propende por intereses particulares, sino porque el
«ente territorial no continúe recibiendo perjuicios por la indebida regulación de las tarifas atinentes al
cobro del impuesto predial»15.
Igualmente se refirió a reparos frente al régimen tarifario y a que la Ley 1450 de
2011, en su artículo 23 que modifica el artículo 4 de la Ley 44 de 1980, además de
establecer los rangos tarifarios entre el 1 y el 16 por mil, advierte la posibilidad de
que estos puedan ser superiores a este segundo límite, pero sin superar el 33 por
mil, según se trate de terrenos urbanizables y no urbanizados y urbanizados no
edificados, lo que no se compadece con el rango 5.5 que se fija como máximo en el
acuerdo demandado.
Por último, llama la atención sobre la circunstancia que también pueda ser omitida,
como ocurrió en los fallos de primera y segunda instancia, la consideración o análisis
en relación con el artículo 7 de la Ley 719 de 2002.
2. Trámite procesal
Mediante auto del 14 de diciembre de 202316 se admitió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Juan Bautista Cumbe Trujillo en contra de la sentencia del 9
de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en el medio de
control de nulidad con radicado nro. 41001-33-33-003-2018-00398-02.
En dicho proveído se ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Huila, al
municipio de Rivera (Huila), al Concejo Municipal de Rivera, al Ministerio Público y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronunciaran sobre
la solicitud de revisión.
3. Intervenciones
El municipio de Rivera17, actuando a través de apoderado judicial, se opuso a la
solicitud de revisión, y solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario y se
condene en costas al demandante.
El recurrente demandó al municipio de Rivera y concejo municipal, por ser este el
órgano que expidió el acuerdo demandado, y no como lo pretende hacer ver ahora
como una «unidad de materia», por lo que la decisión del juez de primera instancia, al
15
Ibidem.
16
Índice 4 de Samai.
17
Índice 12 de Samai.
9
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Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
declarar de manera oficiosa la falta de legitimación en la causa por pasiva,
confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila, está ajustada a derecho, toda vez
que dicha corporación no puede concurrir al proceso por sí sola sino a través del
ente territorial.
El demandante realiza una indebida interpretación de la declaratoria oficiosa de la
excepción, al considerar que esta termina el proceso en contra del municipio, pues
eso solo aplica para el concejo municipal.
El Tribunal Administrativo del Huila, el Concejo Municipal de Rivera y el Ministerio
Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
El recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 y siguientes
del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones
y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
los tribunales administrativos y los jueces administrativos.
Por consiguiente, esta sección es competente para decidir el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por Juan Bautista Cumbe Trujillo contra la sentencia del 9 de
agosto de 2022, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del
Huila.
2. Legitimación en la causa
Juan Bautista Cumbe Trujillo está legitimado en la causa por activa, en la medida en
que fue la parte demandante en el proceso ordinario en el cual se profirió la
sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión que interesa en este asunto.
Respecto del municipio de Rivera, se advierte que este actuó como parte
demandada en el citado trámite, de ahí que se haya ordenado su notificación en el
auto admisorio de la demanda.
3. Oportunidad en la interposición del recurso extraordinario de revisión
Conforme al inciso primero del artículo 251 del CPACA, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Comoquiera que el fallo proferido el 9 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Huila, objeto de solicitud de revisión, quedó ejecutoriado el 14 de
septiembre de 202218 y, la demanda en este proceso se presentó el 11 de julio de
202319, se concluye que se interpuso en forma oportuna.
18
Índice 47 de Samai del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva. Exp. 41001333300320180039800. Constancia
secretarial del juzgado.
19
Índice 2 de Samai. ED_CORREOREM_CORREOREMISORIO(.pdf) NroActua 2.
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4. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 9 de agosto de 2022,
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Huila se incurrió en
la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es,
«[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación», a juicio del demandante, por desconocer el debido proceso y el acceso
a la administración de justicia.
5. Marco general del recurso extraordinario de revisión
El artículo 248 del CPACA establece que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas: (i) por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, (ii)
por los tribunales administrativos y (iii) por los jueces administrativos.
Esta corporación ha precisado20 que el recurso extraordinario de revisión es una
excepción al principio de cosa juzgada, según el cual, una vez en firme una
sentencia, no es procedente una nueva discusión sobre el asunto decidido.
La Corte Constitucional en la sentencia C-520 de 200921 se refirió a la naturaleza de
este recurso en los siguientes términos:
«[…] “la revisión no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las
mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso, pues para
estos yerros están previstos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del propio proceso.
La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y
la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión
adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la medida en que
afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras
distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de “una figura que modifica providencias
amparadas en el principio de cosa juzgada”, y por ello “las causales previstas para la revisión
deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido 22”.23».
Así pues, para que proceda este medio extraordinario de impugnación no solo es
imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera
inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino
que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas
taxativamente en la ley como causal de revisión y que en nada inciden con la
actividad analítica o interpretativa del juez.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de febrero de 2001, proceso REV-037,
C.P. Miguel Viana Patiño, del 21 de octubre de 1993, proceso REV-040, C.P. Daniel Suárez Hernández, del 1º de septiembre
de 1998, proceso REV-073, C.P. Julio E. Correa Restrepo y del 27 de abril de 2004, proceso REV-194, C.P. María Inés Ortiz
Barbosa, reiteradas en la sentencia del 3 de marzo de 2020, proferida por la Sala Once (11) Especial de Decisión, proceso
11001-03-15-000-2017-02457-00(REV), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
21
M.P. María Victoria Calle Correa. Por medio de esta sentencia se declaró inexequible la expresión «dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales
Administrativos, en única o segunda instancia», contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.
22
Cita de cita: Sentencia C-680 de 1998, MP: Carlos Gaviria Díaz, Fundamento 4.2. En el mismo sentido, ver sentencia T-039
de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell.
23
Cita de cita: Sentencia C-004 de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
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Agréguese que esta corporación ha señalado que mediante este recurso
extraordinario no es posible reabrir el debate objeto de análisis en las respectivas
instancias ni subsanar posibles errores en que pudieron incurrir las partes en la
demanda, en su contestación o en su actividad probatoria24.
6. Causal invocada
La parte actora invocó la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación».
Esta causal ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su
alcance para evitar que se emplee con la única finalidad de que el juez de la revisión
se convierta en uno de instancia.
Sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión, esta corporación,
en el fallo del 5 de abril de 201625, indicó que se deben cumplir dos requisitos:
El primero, es que el vicio se presente en la sentencia y no durante el trámite del
proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado durante las oportunidades
previstas en el ordenamiento procesal [art. 133 del CGP].
La anterior regla no excluye «la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia
aquella que, aunque ocurrida en momento anterior a la emisión del fallo definitivo no apelable, no
pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso»26, correspondiéndole al
interesado la carga de probar que «no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad. De lo
contrario, la causal de revisión se convertiría en un mecanismo para que las partes subsanen las
omisiones en el proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad
prevista en el artículo 142 C.P.C. [hoy, artículo 134 del CGP]»27.
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez.
La jurisprudencia de esta corporación ha identificado los siguientes defectos como
causantes de nulidad de la sentencia28:
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 28 de abril de 2009, proceso REV-00116,
C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, del 20 de octubre de 2009, proceso REV-00133, C.P. Enrique Gil Botero y del 2 de marzo de
2010, proceso REV-00091, C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiteradas en las sentencias del 3 de marzo de 2020 y del 29 de
febrero de 2024, proferidas en su orden, por la Sala Once (11) Especial de Decisión y la Sección Cuarta, proceso 11001-03-15-
000-2017-02457-00(REV) y exp. 27105, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25
Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
26
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 2 de marzo de 2010, proceso 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo,
reiterada en las sentencias del 15 de mayo de 2014, proceso 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y
del 7 de abril de 2015, proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Providencias citadas en la
sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-03-15-
000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido, cfr. la sentencia de la Sala Veinte (20) Especial
de Decisión, proferida el 29 de enero de 2021, proceso 11001-03-15-000-2019-01457-00(REV), C.P. William Hernández
Gómez.
27
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2013, proceso 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia del 7 de abril de 2015, proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Providencias citadas en la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado,
proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de mayo de 1998, proceso REV-093, del
18 de octubre de 2005, proceso 2000-00239, del 20 de octubre de 2009, proceso REV-2003-00133 y del 7 de abril de 2015,
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• Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.
• Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
• Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma
de más o menos jueces de los requeridos legalmente.
• Pretermitir la instancia.
• Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia
del juez.
• Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación al
debido proceso.
En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, la
jurisprudencia de esta corporación «ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la
deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre
las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo
la causal sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las
pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas
aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial»29.
Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los
códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración al
artículo 29 Constitucional30.
Así las cosas, se concluye que, para que prospere la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es necesario que: (i) el vicio alegado recaiga
sobre una sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación, (ii) que la nulidad que se alega surja con la sentencia y no antes, a menos
que se trate de aquella que no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso
del proceso y (iii) debe corresponder a algún supuesto configurativo de las causales
de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del CGP, o a los eventos que según
la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo configuran dicha causal31, o
tratarse de aquellas situaciones que comportan la violación al debido proceso,
siempre que tengan la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, sometido
a revisión, lo que deberá ser analizado en cada caso concreto.
7. Caso concreto
proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. De la Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 11
de junio de 2009, proceso 836-06 y de la Sección Primera, sentencia del 14 de diciembre de 2009, proceso 2006-00123.
Providencias citadas en la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado,
proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
29
Cfr. la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-
03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Si bien esa providencia se refiere a la causal de revisión
prevista en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de
1998, esos argumentos resultan aplicables al caso concreto, en tanto que dicha causal guarda identidad con la señalada en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que ambas normas prevén como causal de revisión «[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
30
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia del 8 de mayo de 2018, proceso 11001-03-15-
000-1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
31
Cfr. la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 8 de mayo de 2018,
proceso 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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El recurso extraordinario de revisión recae sobre la sentencia expedida el 9 de
agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual: (i) se
confirmó el auto del 10 de marzo de 2020, proferido en audiencia inicial por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva -declaró la falta de legitimación en la
causa frente al Concejo Municipal de Rivera (Huila) y (ii) se confirmó el fallo del 31 de mayo
de 2021, por el que el citado juzgado negó las pretensiones de la demanda.
La parte actora invocó como causal de revisión la establecida en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, porque a su juicio, el Tribunal Administrativo del
Huila: (i) desconoció el debido proceso al omitir valorar las pruebas aportadas con la
contestación de la demanda, que a su juicio conducían a una decisión diferente
respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva declarada de
oficio frente al concejo municipal y (ii) impidió el acceso a la administración de justicia
al emitir pronunciamiento de fondo, pese a que se confirmó la orden del a quo de
declarar probada la citada excepción y terminar el proceso. En su defecto, ante la
apelación del fallo de primera instancia, lo coherente era inhibirse de analizar el
fondo del asunto, permitiendo con eso, que se acudiera nuevamente ante la
jurisdicción.
Debido proceso
La parte recurrente considera que se vulneró el debido proceso porque en el fallo de
segunda instancia el Tribunal Administrativo del Huila omitió valorar las pruebas
aportadas con la contestación de la demanda, que a su juicio conducían a una
decisión diferente sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
declarada de oficio frente al Concejo Municipal de Rivera (Huila).
Lo primero que se advierte es que bajo la causal de nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, es posible
alegar la violación al debido proceso y, en el marco del recurso extraordinario de
revisión «el juez tendrá que evaluar las circunstancias en las cuales se profirió la sentencia que puso
fin al proceso para saber en qué medida y proporción se vulnera el núcleo esencial de dicho derecho
constitucional consagrado en el artículo 29 de la Constitución» 32.
Para resolver se observa que, en la sentencia del 9 de agosto de 2022, el Tribunal
Administrativo del Huila confirmó el auto del 10 de marzo de 2020, proferido en
audiencia inicial por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva -mediante
el cual declaró la falta de legitimación en la causa frente al Concejo Municipal de Rivera -Huila-,
porque:
«Es claro que el concejo municipal “no depende de la alcaldía municipal ni se superpone a
ella”, sí hace parte del municipio, las funciones que ejerce son para el funcionamiento y
cumplimiento de los fines de la entidad fundamental denominada “municipio”, que es el ente
territorial que goza por disposición legal de personería jurídica y en tal sentido es quien tiene
capacidad para hacer parte en un proceso.
32
Cfr. la sentencia del 3 de abril de 2018, proferida por la Sala Veintiuno (21) Especial de Decisión, proceso 11001-03-15-000-
2014-00251-00(REV), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Entonces, mientras que al municipio la ley sí le reconoce personería jurídica, no existe una
disposición legal que reconozca personería jurídica a los concejos municipales y en tal sentido
no puede ser parte en un proceso.
Atendiendo lo anterior, quien tiene la capacidad para ser parte dentro de este proceso, en el
que se discute la legalidad de un acto expedido por el Concejo Municipal de Rivera Huila, es el
Municipio de Rivera y, por lo tanto, no se puede aceptar al concejo municipal como parte
procesal, por carecer de personería jurídica o representación judicial según la ley»33.
Del anterior recuento es claro que, el tribunal en segunda instancia analizó la
capacidad jurídica del Concejo Municipal de Rivera (Huila) para comparecer como
parte en el proceso ordinario de simple nulidad, concluyendo que carecía de dicha
aptitud, por lo que confirmó lo decidido por el juez de primera instancia, incluso la
orden de terminar el proceso frente a esa corporación.
Si bien el recurrente afirma que el abogado que contestó la demanda actuó en su
condición de apoderado de «las entidades demandadas», según poder adjunto, otorgado
por el Secretario de Gobierno Social y Comunitario del Municipio de Rivera, al que se
anexó el Decreto 001 de 2016, expedido por la Alcaldía Municipal de Rivera, por
medio del cual se nombró al citado secretario, el acta de posesión 001 de 2016 -a
partir el 1º de enero de 2016- y el Decreto 003 del 25 de enero de 2017, también expedido
por la Alcaldía Municipal de Rivera, por el cual se delegan unas funciones; pruebas
que a su juicio demuestran que el municipio de Rivera Huila - concejo municipal
estaba debidamente representado y legitimado para actuar en el proceso ordinario
de simple nulidad, lo que demostraría la improcedencia de la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva confirmada por el tribunal, lo cierto es que dicha
argumentación está dirigida a cuestionar la decisión adoptada por el juez de
conocimiento, para así reabrir el debate que se surtió en ese trámite judicial, lo que
es ajeno a la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de revisión.
Para la Sala, en asuntos como el presente, no resulta determinante la forma como en
la demanda se enuncia a la parte demandada -como unidad- y que en la contestación
de la demanda no se haya propuesto la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, porque es deber del juez, desde la primera instancia, integrar en
debida forma el contradictorio, de manera que garantice el pleno ejercicio de los
derechos de defensa y contradicción desde el inicio del proceso a las partes,
destacándose que conforme al artículo 282 del CGP, aplicable en asuntos ante esta
jurisdicción por expresa remisión del artículo 306 del CPACA, «cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la
contestación de la demanda».
Ahora, si bien el tribunal no se refirió a las pruebas aludidas por el recurrente,
relacionadas con el nombramiento, posesión y funciones de quien otorgó el poder en
el proceso ordinario para que el profesional del derecho asumiera la defensa de la
parte demandada, ese solo hecho por sí solo no conduce a que la decisión que se
debía adoptar fuera diferente, porque tal como consta en la sentencia censurada, los
argumentos del ad quem se centraron en la capacidad del concejo municipal para
33
Índice 14 de Samai del Tribunal Administrativo del Huila. Exp. 41001333300320180039802. Págs. 14 a 15.
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constituirse como parte en el proceso y la personería jurídica que ostenta el ente
territorial para representarlo.
Es oportuno aclarar que no basta con la sola manifestación en el sentido que no se
valoraron unas pruebas, para que se declare fundado el recurso extraordinario, pues
es imperativo acreditar la existencia de un motivo o causal de revisión, que de
manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la
decisión. Demostración que debe corresponder a las circunstancias fácticas
señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión, que en nada inciden con
la actividad analítica o interpretativa del juez.
En conclusión, la situación planteada por el recurrente no comporta la violación al
debido proceso y, por el contrario, lo que se evidencia es que la parte actora
pretende que se revise la cuestión decidida en el proceso ordinario, en cuanto a la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Concejo Municipal de
Rivera, lo que es ajeno a la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de
revisión.
Acceso a la administración de justicia
La parte recurrente alega que se impidió el acceso a la administración de justicia,
porque se profirió decisión de fondo, pese a que se confirmó la orden del a quo de
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente
al Concejo Municipal de Rivera (Huila) y terminar el proceso. Considera que lo
procedente ante la apelación del fallo de primera instancia era inhibirse de analizar el
fondo del asunto, permitiendo con esto, que se acudiera nuevamente ante la
jurisdicción.
Lo primero que debe advertirse es que, en criterio de la Sala Plena del Consejo de
Estado, el derecho al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial
efectiva materializan la causal de revisión por violación del artículo 29 de la CP34. Es
así que el recurso extraordinario de revisión -que constituye una excepción a los efectos
que produce la cosa juzgada- y las causales que dan lugar a su solicitud, «constituyen un
mecanismo judicial destinado a la protección de derechos fundamentales como el de acceso a la
justicia y el debido proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el legislador
diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva»35.
Es cierto, como lo pone de presente la parte actora, que el tribunal confirmó la orden
del a quo de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva frente al Concejo Municipal de Rivera (Huila) y terminar el proceso, pero esa
decisión no se puede hacer extensiva al ente territorial, como lo pretende el
recurrente, a fin de sustentar la procedencia de un fallo inhibitorio injustificado, pues
lo cierto es que, desde primera instancia se integró la relación jurídico procesal de tal
manera que el proceso podía llegar a sentencia, como en efecto ocurrió, resultando
contradictorio que se alegue como causal de revisión el acceso a la administración
34
Sentencia del 8 de mayo de 2018, proceso 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
35
Cita de cita: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000 2012-00676-00.
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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00033-00 [28138]
Demandante: Juan Bautista Cumbe Trujillo
de justicia y se reclame que el tribunal se abstuviera de resolver de fondo el asunto
sometido a su consideración.
Ahora, si bien el recurrente es consciente que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una tercera instancia, pues así lo afirmó en la demanda, lo que se
evidencia es que su argumentación está dirigida a cuestionar lo resuelto por el juez
natural y, adicionalmente, a llamar la atención sobre la desatención del principio de
unidad de materia -art. 72 Ley 136 de 1994- y la falta de pronunciamiento en relación con
el artículo 7 de la Ley 719 de 2002, sin ocuparse de demostrar la existencia de un
motivo o causal de revisión, que de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente
para variar la decisión contenida en la sentencia objeto de revisión.
Adicional a lo anterior, se precisa que cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad
con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, las partes pueden solicitar su adición
en aras de obtenerlo (art. 287 CGP), por lo que la falta de ejercicio de esa garantía
procesal impide invalidar el fallo de instancia, en tanto el hoy demandante tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en el proceso ordinario, frente a la
omisión del examen planteado en la demanda en relación con el artículo 7 de la Ley
719 de 200236.
Por lo expuesto, para la Sala es claro que lo pretendido por la parte actora en este
caso es que se permita la revisión de la cuestión decidida en el proceso ordinario, en
cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa frente al Concejo Municipal
de Rivera -que se declaró de oficio- y el fondo del asunto -nulidad del acto general-, alegando
la violación al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, como si el
recurso extraordinario de revisión constituyera una instancia adicional en el medio de
control de nulidad, lo que se insiste, es improcedente.
Así las cosas y comoquiera que no se probó que se configuró la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», se
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Juan
Bautista Cumbe Trujillo contra la sentencia del 9 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila.
8. Costas
De conformidad con el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, vigente para cuando se presentó la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión, «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en
costas y perjuicios al recurrente», regla que se debe analizar en conjunto con lo previsto
en el numeral 8 del artículo 365 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo
188 del CPACA, según la cual, «[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación».
36
En ese sentido cfr. la sentencia del 29 de febrero de 2024, exp. 27105, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Bajo la anterior consideración, en este caso no hay lugar a la condena en costas por
cuanto revisado el expediente no se encontró prueba alguna que demostrara su
causación.
En conclusión, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Juan Bautista Cumbe Trujillo, contra la sentencia del 9 de agosto de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, sin que haya lugar a la
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Juan Bautista Cumbe Trujillo, contra la sentencia del 9 de agosto de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila.
2. Sin condena en costas.
3. En firme esta decisión, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase. La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclara el voto Salva parcialmente el voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
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