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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00036-00

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00036-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la nulidad del aparte contenido en el párrafo del Concepto 100208221-002664 radicado nro. 000S2019028375 del 14 de noviembre de 2019 “y garantice la legalidad de la actividad económica que da lugar a la devolución del impuesto que se está reclamando”; expedido por la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2023-00036-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-27-000-2023-00036-00 (28152)
Demandantes: Juan Camilo De Bedout Grajales
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad
Radicación: 11001-03-27-000-2023-00036-00 (28152)
Demandante: Juan Camilo De Bedout Grajales
Demandado: U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-

Temas: Nulidad parcial del Concepto DIAN nro. 100208221-002664
radicado nro. 000S2019028375 del 14 de noviembre de 2019.
Requisitos para la procedencia de la devolución de IVA a los
piscicultores.

SENTENCIA ANTICIPADA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el medio de control de nulidad instaurado por Juan Camilo De Bedout
Grajales contra un párrafo del Concepto DIAN nro. 100208221-002664 radicado
nro. 000S2019028375, expedido por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN, cuyo texto a la letra reza (se resalta en negrilla el aparte
demandado):

“En atención a la consulta en referencia, remitida a este despacho por la Subdirección
de Fiscalización Tributaria, respecto a la procedencia de la devolución del impuesto
sobre las ventas para los productores de los bienes exentos con derecho a devolución
de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario (ET).

Específicamente planteando la consulta, el caso de las solicitudes de devolución de IVA
que efectúan los piscicultores y los requisitos que debe exigir la administración tributaria
para declarar su procedencia.

Sobre este asunto se indica que este despacho con Oficio No. 027608 de 2018 explicó:

“(...) dentro de los bienes expresamente señalados por el artículo 477 del
Estatuto Tributario como exentos con derecho a solicitar devolución de IVA,
las siguientes partidas arancelarias:

03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de
pescado de la partida 03.04.
03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado
de la partida 03.04. Excepto los atunes de las partidas
03.03.41.00.00, 03.03.42.00.00 y 03.03.45.00.00.
03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados.

(...) Los artículos 850, 853, 854, 856 y 857 del Estatuto Tributario prescriben
los requisitos generales y especiales para solicitar devolución de impuestos.
A su turno, en los artículos 1.6.21.1.13, 1.6.1.21.15 y 1.6.1.21.20 del Decreto
1625 de 2016 tienen como objetivo que la administración de impuestos
verifique tanto la operación de venta de productos exentos o de productos
exportados.

De otra parte, la Ley 13 de 1990; Decretos 2256 de 1991 y 4181 de 2011 y
Resoluciones 601 y 602 de 2012, regulan las actividades pesqueras en
Colombia (extracción, procesamiento, comercialización, acuicultura), así
como los permisos para desarrollar la respectiva actividad como la
comercialización del producto en mostrador o para exportación. Así mismo en
el anexo se especifican las sub partidas que amparan productos pesqueros
de control por la autoridad nacional de acuicultura y pesca AUNAP.

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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00036-00 (28152)
Demandantes: Juan Camilo De Bedout Grajales
FALLO

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que la certificación del
AUNAP o de cualquier otra autoridad que se exija para elaborar un producto
exento o exportado que otorga el derecho a solicitar la devolución del IVA,
puede ser requerida por la administración tributaria junto con los requisitos
generales y especiales establecidos en el estatuto tributario o en su decreto
reglamentario. toda (sic) vez que para que proceda la devolución se debe
verificar la operación contable y fiscal por el saldo a favor originado en la
elaboración, venta o exportación del bien exento del cual se solicita la
devolución del IVA”.

De esta manera, de conformidad con el marco jurídico aplicable mencionado en el oficio
trascrito, resulta claro que la administración tributaria debe exigir a los productores
piscícolas conforme lo establece el artículo 1.6.1.21.16 del Decreto 1625 de 2016 el
cumplimiento de requisitos especiales, los cuales están directamente relacionadas con
la legitimidad de su actividad económica, la cual da origen a la devolución requerida.

En razón a ello, el artículo del Decreto 1625 de 2016 mencionado dispone que para el
caso de los productores de peces, camarones, langostinos y demás decápodos natantia
a que hace referencia el artículo 477 del ET., se deberá allegar junto con la solicitud de
devolución y/o compensación:

"(...) fotocopia del acto administrativo de la autoridad competente mediante el
cual se otorga permiso a la persona natural o jurídica que ejerce la actividad
de cultivo de peces, camarones, langostinos y demás decápodos natantia a
que hace referencia el artículo 477 del Estatuto Tributario expedida por la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), o quien haga sus veces,
de conformidad con la Ley 13 de 1990, Decreto 1071 de 2015 y la Resolución
número 601 de 2012 de la AUNAP".

Precitado requisito no es inocuo, por el contrario, este obedece a la supremacía del principio
de legalidad que opera en el ordenamiento jurídico vigente y la obligación de la administración
tributaria de corroborar el cumplimiento de las normas vigentes para la aceptación de los
impuestos descontables.

Sobre el principio de legalidad, la Corte Constitucional ha sido enfática en expresar que:

“(...) el artículo 1 de la Carta Política señala que Colombia es un Estado Social
de Derecho, "lo cual conlleva necesariamente la vigencia del principio de
legalidad, como la necesaria adecuación de la actividad del Estado al
derecho, a los preceptos jurídicos y de manera preferente a los que tienen
una vinculación más directa con el principio democrático, como es el caso de
la ley".

Por su parte, el artículo 6 Superior, señala que "Los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones". Estableciendo de manera expresa la
responsabilidad de los servidores públicos frente al cumplimiento de la
Constitución y la ley, lo que conlleva a que la actuación de los funcionarios
del se [sic] fundamente en dichos mandatos". (Sentencia C-015 de 2016).

Aunado a ello la UAE-DIAN, tiene como parte de su objeto, el coadyuvar a garantizar la
seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional,
mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por lo tanto, la verificación de la administración no se limita a la existencia del acto
administrativo de la autoridad competente mediante el cual se otorga permiso a la
persona natural o jurídica que ejerce la actividad, sino que debe constatar que este
permiso este [sic] vigente y garantice la legalidad de la actividad económica que da
lugar a la devolución del impuesto que se está reclamando.

Puesto que, mal haría a administración en reconocer una devolución de impuestos sustentada
en una actividad económica que contraviene el ordenamiento jurídico vigente, la cual de facto
vulnera el principio de legalidad, como es el caso de la ilícita actividad de pesca -consagrada
en el artículo 335 del Código Penal- o la infracción administrativa de pesca ilegal, establecida
en la Ley 1851 de 2017.”

DEMANDA

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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00036-00 (28152)
Demandantes: Juan Camilo De Bedout Grajales
FALLO

Pretensión

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, el ciudadano Juan
Camilo De Bedout Grajales, formuló la siguiente pretensión1:
“Como parte integral y esencial del presente Medio de Control, me permito solicitar
respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad parcial del
Concepto DIAN No. 100208221-002664 - radicado No. 000S2019028375 del 14 de
noviembre de 2019”.

Normas violadas

El demandante invocó como normas violadas los artículos 6, 29, 95 inciso 9, 123,
189, 363 de la Constitución Política; 3 inciso 14, 18 del Decreto 1742 del 2020; 5 de
la Ley 489 de 1998; 477, 683, 850, 854, 856 del Estatuto Tributario; 1.6.1.21.13,
1.6.1.21.15 y 1.6.1.21.16, 1.6.1.21.20 del Decreto 1625 de 2016 y la Circular DIAN
nro. 10 del 22 de septiembre de 2022.

Concepto de la violación2

Para el demandante, el aparte subrayado del concepto supera el alcance de los
artículos 477 del ET, 1.6.1.21.13, 1.6.1.21.15 y 1.6.1.21.16 del Decreto 1625 de
2016, pues impone a los productores de peces, camarones, langostinos y demás
decápodos natantia una carga contraria a la Constitución y la ley, lo que vulnera el
principio de legalidad y justicia tributaria al exigir presupuestos adicionales a los
definidos por la ley para la procedencia de la devolución.

El requisito señalado por la DIAN para la devolución del IVA a los productores
piscícolas, como es la obligación de verificar la vigencia del permiso otorgado por la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), desborda la potestad
reglamentaria del ejecutivo, y desconoce que, conforme con el artículo 1.6.1.21.16
del Decreto 1625 de 2016, solo se exige la existencia del permiso de la AUNAP, sin
requerir comprobación de su vigencia o de la legalidad de la actividad económica.

Lo anterior, por cuanto el artículo 1.6.1.21.16 del Decreto 1625 de 2016 regula los
requisitos específicos que deben cumplir los productores de peces, camarones y
otros productos exentos para solicitar la devolución del IVA, y entre ellos se
encuentra la presentación de una fotocopia del acto administrativo emitido por la
AUNAP, que acredite el permiso para la actividad piscícola, sin requerir
comprobación de su vigencia o de la legalidad de la actividad económica. Este
requisito añadido no solo carece de fundamento normativo, sino que modifica de
manera sustancial los requisitos previstos en la ley, incurriendo en una indebida
interpretación y aplicación normativa.

Así, este requisito adicional implica una atribución que vulnera el artículo 6 de la
Constitución Política que prevé la responsabilidad de los servidores públicos por
infringir la Constitución y la ley o por la omisión y extralimitación de sus funciones.
A juicio del demandante, la DIAN incurrió en desviación de poder al usar su
autoridad normativa para imponer requisitos no contemplados en la legislación
vigente, cuya interpretación vulneró los principios de buena fe, seguridad jurídica y
justicia, lo cual contradice la función esencial de la entidad de garantizar la correcta
aplicación de la normativa tributaria sin alterar su alcance.

1 Folio 6, índice 3 en Samai.
2 Folios 18 a 50, índice 2 en Samai.

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Demandantes: Juan Camilo De Bedout Grajales
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La DIAN se arrogó facultades ajenas a los aspectos de naturaleza tributaria pues
propende por investigar la legalidad de la actividad económica de la piscicultura,
pues ello corresponde a una función de la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca AUNAP.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- en su escrito de
contestación se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos3:

Expuso que el aparte del concepto demandado no vulnera las disposiciones que
regulan la devolución de saldos a favor en el IVA para productores de peces,
camarones, langostinos y demás decápodos natantia, puesto que en virtud de la
facultad de fiscalización prevista en el artículo 684 del Estatuto Tributario, la
administración puede solicitar la exhibición y/o verificación de los documentos que
permitan corroborar la legalidad de los saldos a favor solicitados en devolución.

El numeral 2 del parágrafo del artículo 1.6.1.21.16. del Decreto 1625 de 2016 exige
como requisito especial en la devolución para los productores que realicen
operaciones exentas, fotocopia del acto administrativo de la AUNAP que otorga el
permiso a la persona natural o jurídica que ejerce la actividad de cultivo de peces,
camarones, langostinos y demás decápodos que refiere el artículo 477 del Estatuto
Tributario. La verificación que realiza la DIAN del acto administrativo tiene la
finalidad de establecer su vigencia y contrarrestar la explotación ilegal de la
actividad, sin que con ello se extralimite en sus funciones.

Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la facultad de la
administración tributaria no se limita a la revisión formal de documentos, sino a la
verificación de la existencia de impuestos descontables, retenciones o pagos en
exceso, razón por la cual la revisión de la vigencia del permiso de explotación
pesquera es esencial para determinar la procedencia de la devolución del saldo a
favor.

La DIAN, con ocasión del proceso de devolución, puede verificar el fondo o la
legalidad sustancial del acto administrativo expedido por otra autoridad, pues la
devolución de los saldos a favor depende de “la calidad de piscicultor autorizado y que
su explotación esté regulada y sometida a un término (permiso) para su ejercicio”.

De manera que dicha verificación no constituye un nuevo requisito, sino un análisis
necesario para establecer la realidad económica de la actividad y garantizar la
legalidad de la devolución solicitada. La carga probatoria impuesta al solicitante no
es desproporcionada, ya que solo se le exige demostrar la legalidad de su actividad
económica y la vigencia del permiso correspondiente.

La interpretación del concepto busca garantizar la coherencia entre la normativa
tributaria y las disposiciones regulatorias del sector acuícola. En consecuencia, no
se vulneran los principios de legalidad y justicia tributaria.

CONCEPTO DE ORGANIZACIONES Y EXPERTOS

En virtud del inciso segundo del literal c), numeral 4 del artículo 184 y el artículo 182
B del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
fueron invitadas entidades públicas, organizaciones privadas y expertos en las
materias relacionadas con el tema del proceso para que presentaran su concepto

3 Folio 17 a 26, índice 16 en Samai.

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sobre los puntos relevantes de la demanda. Las siguientes entidades se
pronunciaron:

Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero4

El ICDT rindió concepto en el que señaló que la administración tributaria sí puede
comprobar que el permiso otorgado por la AUNAP para el ejercicio de la actividad
pesquera y de la acuicultura se encuentre vigente, como requisito para la
procedencia de la devolución del IVA. Sin embargo, precisó que no sucede lo mismo
con la expresión “y garantice la legalidad de la actividad económica” prevista en el
concepto demandado, en la medida en que ello usurpa la competencia adscrita
únicamente a la AUNAP, sin que medie una autorización legal o reglamentaria para
ello.

La facultad de verificar la legalidad sustancial de la actividad económica de los
piscicultores recae exclusivamente en la AUNAP, por ser la entidad que
inspecciona, vigila y controla las actividades pesquera y acuícola en Colombia, para
lo cual establece los requisitos generales y especiales para el otorgamiento,
prórroga y vigencia de los respectivos permisos.

Intervención de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP5

La AUNAP advirtió que, de acuerdo con el Decreto 4181 de 2011, es la única entidad
competente para establecer los requisitos y otorgar los permisos para el ejercicio de
las actividades pesqueras y acuícola en Colombia, así como para la inspección,
vigilancia y control del sector.

Explicó que la normativa vigente, incluida la Resolución 1485 de 2022, exige que
todas las personas que realicen acuicultura en el país cuenten con un permiso de
cultivo vigente, el cual se otorga por un periodo de hasta diez años y cuya
renovación es obligatoria para mantener su validez. Resaltó que la vigencia del
permiso es crucial para acceder a beneficios como la devolución del IVA en la
compra de alimento concentrado y la obtención de salvoconductos para la
movilización de productos acuícolas.

TRÁMITE

Mediante auto del 26 de abril de 2024, se ordenó surtir el trámite de sentencia
anticipada. Además, se determinó innecesaria la práctica de pruebas adicionales a
las documentales aportadas por las partes, así como la realización de la audiencia
inicial, atendiendo lo establecido en el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que
adicionó el artículo 182A al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Asimismo, corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La DIAN6 reiteró que la verificación de la vigencia del permiso otorgado por la
AUNAP para la explotación pesquera garantiza la legalidad de la devolución del IVA,
sin que ello implique exigir nuevos requisitos para la procedencia de la solicitud.
Sostuvo que su función fiscalizadora le permite constatar la validez de los saldos a
favor y evitar fraudes o devoluciones irregulares, en cumplimiento del Estatuto
Tributario y el Decreto 1625 de 2016.

4 Folio 9 al 20, índice 14 en Samai.
5 Folio 2 a 4, índice 17 en Samai.
6 Folio 3 a 11, índice 26 en Samai.

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La parte demandante7 insistió en que la DIAN extralimitó sus funciones al imponer
requisitos no exigidos legalmente para la devolución del IVA a productores de
peces, camarones y langostinos, lo que constituye una vulneración de la
Constitución Política y al Estatuto Tributario.

La DIAN no tiene la facultad para verificar la legalidad de actos administrativos
emitidos por otras entidades como la AUNAP, aunado a que la interpretación del
concepto sobre los requisitos para las devoluciones es incorrecta y carece de
fundamento legal.

Por su parte el Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sala decidir si el aparte demandado del concepto nro. 100208221-
002664 radicado 00S2019028375 del 14 de noviembre de 2019 es nulo
parcialmente:

i) Por vulneración al principio de legalidad y justicia, al exigir unos requisitos
adicionales a los fijados en la ley para adelantar el trámite de las solicitudes de
devolución de saldos a favor del impuesto sobre las ventas presentadas por los
productores de peces, camarones, langostinos y demás decápodos natantia,
extralimitando las funciones de la autoridad tributaria.

ii) Por haberse atribuido la administración tributaria las facultades otorgadas
expresamente a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP en lo
atinente a la investigación sobre la legalidad de la actividad económica de los
productores piscícolas.

Requisitos de las devoluciones de saldos a favor. Permiso de cultivo.
Vulneración al principio de legalidad por extralimitación de funciones

a) Control sobre la legalidad de la actividad acuícola y pesquera

Conforme con los artículos 815 y 850 del Estatuto Tributario, tienen derecho a
solicitar la devolución y/o compensación de los saldos a favor originados en las
declaraciones del impuesto sobre las ventas, los productores de bienes exentos de
que trata el artículo 477 ibidem, entre ellos los identificados con las partidas 03.02,
03.03, y 03.048; cuyo procedimiento se regula por lo establecido en el Decreto Único
Reglamentario 1625 de 2016, que prevé los requisitos generales y específicos para
la procedencia de la devolución.

Para efectos de establecer si, como lo precisó el demandante, el párrafo del
concepto demandado incluyó elementos no establecidos en la ley, resulta necesario
comparar con lo dispuesto en la normativa legal invocada como violada. Así, dice el
artículo 1.6.1.21. 16 del Decreto 1625 de 2016:

“ARTÍCULO 1.6.1.21.16. Requisitos especiales para los productores de leche, carne y
huevos; y comercializadores de animales vivos de la especie bovina, excepto los de
lidia de la partida arancelaria 01.02 que realicen operaciones exentas.

7 Folio 2 a 17, índice 27 en Samai.
8 “03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. Excepto los atunes
de las partidas 03.03.41.00.00, 03.03.42.00.00 y 03.03.45.00.00”.
03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00036-00 (28152)
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FALLO

Conforme con lo dispuesto en los parágrafos de los artículos 815 y 850 del Estatuto
Tributario, los productores señalados en el artículo 440 del Estatuto Tributario, podrán
solicitar devolución y/o compensación de saldos a favor originados en las declaraciones
del impuesto sobre las ventas, respecto de los bienes exentos relacionados en el
artículo 477 del mismo Estatuto, cumpliendo además de los
requisitos generales, los siguientes: (…)

Productores de peces, camarones, langostinos y demás decápodos natantia a que hace
referencia el artículo 477 del Estatuto Tributario.

Certificación expedida por contador público o revisor fiscal, según el caso, en la cual se
indique lo siguiente:

a) La calidad de piscicultor del solicitante.
b) Relación discriminada de los ingresos por las ventas exentas, excluidas y gravadas
según tarifas, realizadas por el responsable.
c) Relación de las facturas o documento equivalente de compra de bienes y/o de
servicios gravados utilizados por el productor según el artículo 440 del Estatuto
Tributario, indicando: nombre o razón social, NIT y dirección del proveedor, número y
fecha de la expedición de la factura, base gravable, tarifa del IVA a la que estuvo sujeta
la operación y fecha de su contabilización.
d) Relación discriminada de proveedores por compras con personas pertenecientes al
régimen simplificado y cuyo impuesto sobre las ventas fue declarado como descontable
por generarse sobre bienes o servicios gravados que constituyen costo o gasto en el
impuesto a la renta, indicando: NIT del proveedor, nombre o razón social, dirección,
departamento, ciudad o municipio, valor del impuesto descontable.
e) Indicar el municipio, departamento y dirección del lugar donde realizó la actividad.

2. Se deberá allegar junto con la solicitud de devolución y/o compensación, fotocopia
del acto administrativo de la autoridad competente mediante el cual se otorga permiso
a la persona natural o jurídica que ejerce la actividad de cultivo de peces, camarones,
langostinos y demás decápodos natantia a que hace referencia el artículo 477 del
Estatuto Tributario expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP),
o quien haga sus veces, de conformidad con la Ley 13 de 1990, Decreto 1071 de 2015
y la Resolución número 601 de 2012 de la AUNAP”.

(Subrayas fuera de texto)

Se observa que, adicionalmente a los requisitos generales y especiales
contemplados en los artículos 1.6.1.21.13 y 1.6.1.21.15 del citado decreto9, la

9 ARTÍCULO 1.6.1.21.15. Requisitos especiales en el impuesto sobre las ventas. Si la solicitud se origina

en un saldo a favor liquidado en la declaración del impuesto sobre las ventas, deberá adjuntarse además:
a) Certificación de revisor fiscal o del contador público, según el caso, en la cual conste que se ha efectuado el
ajuste de la cuenta "Impuesto sobre las ventas por pagar" a cero (0). Para tal efecto, en la contabilidad se deberá
hacer previamente un abono en la mencionada cuenta, por un valor igual al saldo débito que la misma arroje
en el último día del bimestre o período objeto de la solicitud, y cargar por igual valor el rubro de cuentas por
cobrar. Lo anterior, sin perjuicio del ajuste previo establecido en el parágrafo 2 del presente artículo, cuando a
ello haya lugar.
b) Relación de los impuestos descontables que originaron el saldo a favor, certificada por revisor fiscal o
contador público, según el caso, que contenga la información del periodo solicitado y de los que componen los
arrastres, indicando:
Nombre y apellido o razón social, NIT y dirección del proveedor, número y fecha de expedición de la factura y
de la contabilización, base gravable y tarifa del IVA a la que estuvo sujeta la operación, concepto del costo o
gasto, y valor del impuesto descontable.
c) En el caso de importaciones, relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que
contenga la información del periodo solicitado y de los que componen los arrastres, indicando: número de la
declaración de importación, fecha de presentación y fecha de contabilización, Dirección Seccional de Aduanas
o de Impuestos y Aduanas en cuya jurisdicción se presentó y efectuó el trámite de la importación, y el valor del
IVA pagado solicitado como descontable y la fecha de su pago.
d) En el caso de exportaciones, relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que
contenga la información del periodo solicitado y de los que componen los arrastres, indicando: número y fecha
de la declaración de exportación (DEX), Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas en que se
presentó la declaración de exportación y Dirección Seccional correspondiente al lugar de embarque de la
mercancía, así como la información de los Certificados al Proveedor asociados.
e) Relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que contenga la información del
periodo solicitado y de los que componen los arrastres, indicando, los conocimientos de embarque, cartas de
porte o guías aéreas en las cuales conste el número del documento, fecha, valor, cantidad de la mercancía
exportada y nombre de la empresa transportadora.
f) Cuando se trate de ventas en el país de bienes de exportación a Sociedades de Comercialización
Internacional, relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que contenga la

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FALLO

disposición 1.6.1.21.16 prevé que los productores de peces, camarones,
langostinos y demás decápodos natantia a que hace referencia el artículo 477 del
Estatuto Tributario deben aportar certificación del contador público o revisor fiscal
en el que indique: i) la calidad de piscicultor y el lugar donde ejecuta su labor, ii) la
relación los ingresos por ventas exentas, excluidas y gravadas, iii) las facturas de
compra con la correspondiente identificación de proveedores, la base gravable, la
tarifa, y su contabilización.

Además, la norma dispuso que el solicitante debe acreditar su calidad de piscicultor,
para lo cual debe anexar copia del acto administrativo expedido por la AUNAP que
otorga el permiso para el desarrollo de la actividad económica.

Por su parte, el párrafo del concepto acusado alude al mencionado requisito de
aportar el certificado, y precisa que la verificación de la administración tributaria no
se limita a la existencia del acto que concede el permiso, sino que debe constatar
que este se encuentre vigente y garantice la legalidad de la actividad de cultivo de
peces, camarones y demás decápodos. Dado que la DIAN en cumplimiento de sus
obligaciones garantiza la seguridad fiscal y protección del orden público económico
y en ese sentido debe corroborar el cumplimiento de las normas vigentes para la
aceptación de los impuestos descontables.

Ahora, en virtud de los numerales 8, 10 y 11 del artículo 5 del Decreto 4181 de
201110, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP- establece los
requisitos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el ejercicio de las
actividades pesqueras y acuícolas, así como los trámites necesarios; y adelanta las
investigaciones administrativas e impone sanciones sobre las conductas que
contravienen el Estatuto General de Pesca.

El capítulo 2 del Decreto 1071 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”,
regula las solicitudes de permiso de pesca y acuicultura, y las características de las
diferentes clases de permiso. Específicamente, en su artículo 2.16.5.2.5 consagra
los elementos que debe contener el acto administrativo que lo otorga en los
siguientes términos:

“ARTÍCULO 2.16.5.2.5. Contenido del acto administrativo que otorga permiso. En
el acto administrativo que otorgue un permiso se determinará, cuando menos:

1. La identificación del titular del permiso.

2. El área de operaciones.

3. La cuota de pesca para el correspondiente período.

4. El porcentaje mínimo de la cuota que deberá destinarse al consumo interno.

5. Las obligaciones sobre la forma de aprovechamiento del recurso.

6. El término del permiso.

7. Las causales de revocatoria y las sanciones por incumplimiento.

8. Los requisitos para la prórroga, cuando ésta sea procedente.

información del periodo solicitado y de los que componen los arrastres, indicando número del certificado al
proveedor, valor, cantidad, fecha, así como el nombre y NIT de la Comercializadora Internacional que lo expidió.
g) En el caso de los servicios intermedios de la producción que se presten a las Sociedades de Comercialización
Internacional, relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que contenga la
información del periodo solicitado y de los que componen los arrastres, indicando: número del certificado al
proveedor, valor, fecha, descripción del servicio prestado, bien resultante del mismo, así como nombre y NIT de
la Comercializadora Internacional que lo expidió.
(…)”.
10 “Por el cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)”

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9. El valor de las tasas y derechos y la forma de pago, para cada período.

10. Lo demás que para cada clase de permiso en particular, establece el presente
Decreto”.

(Subrayas fuera de texto)

A su vez, el artículo 2.16.5.2.10.2. de la Sección 10 del Decreto 1071 de 201511,
establece que el permiso de cultivo se otorgará hasta por diez años mediante acto
administrativo que debe contener: i) identificación del titular del permiso, ii) lugar en
donde se realizará la actividad autorizada y área proyectada, iii) nombre de la
fuente, corriente o depósito de aguas que soportará el cultivo e identificación del
permiso o concesión para su utilización, cuando fuere de uso público, cuando se
requiera, iv) especie o especies cuyo cultivo se autoriza y volúmenes estimados de
producción, v) actividades autorizadas, tales como: embrionaje, levante, engorde,
reproducción, procesamiento y comercialización, vi) autorización para obtener del
medio natural la población parental, cuando así se solicite, vii) término del permiso,
viii) causales de revocatoria y sanciones por incumplimiento, ix) destino de la
producción, x) los requisitos para la prórroga y xi) obligación de presentar informes
periódicos en la forma que establezca la AUNAP.

Mediante la Resolución nro. 1485 del 8 de julio de 2022, la AUNAP reglamentó las
obligaciones y procedimientos para el otorgamiento de permisos para el ejercicio de
la actividad pesquera y de la acuicultura, y en su artículo 6.10 señaló los requisitos
específicos respecto al permiso de cultivo para los acuicultores de subsistencia12 y
pequeños acuicultores13, el cual se otorga por medio de carné cuando se trata de
personas naturales y por resolución cuando son personas jurídicas, cuya vigencia
se concede hasta por diez años conforme lo dispone el artículo 9.4 ibidem.
Tratándose del permiso de cultivo para productores de semilla (material genético)
para la acuicultura, de peces ornamentales, productores en cuerpos de agua de uso
público y productores medianos y grandes, indistintamente del volumen de
producción anual, el permiso se otorga mediante resolución.

Por su parte, el parágrafo 1.° del artículo 11 de la citada resolución señala que la
solicitud de prórroga del permiso debe ser radicado quince días antes a la fecha del
vencimiento de este, por cuanto la fecha de vigencia inicia a partir de la fecha de
notificación del acto administrativo que otorga el permiso y una vez vencido, no
procede el trámite de prórroga y debe iniciar una nueva solicitud. No sucede lo
mismo con los permisos expedidos mediante carné en la medida en que no son
prorrogables, de tal manera que los interesados deben solicitar uno nuevo.

11 Modificado por el artículo 14 del Decreto 1835 del 24 de diciembre de 2021.
12 “3.4. Acuicultor de subsistencia: Es el productor cuya base laboral es la mano de obra familiar, que suele

contar con producciones agropecuarias adicionales a la acuacultura y en cierta medida suplementa la
alimentación de sus peces con productos de la granja; su producción es menor de 10 toneladas por año, utiliza
un espejo de agua de menos de 0,65 has y sus activos totales no superan el equivalente a 284 salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
También se consideran como Acuicultores de subsistencia las personas jurídicas (asociaciones, agremiaciones
o cooperativas, incluyendo sus activos comunes como centros de acopio), siempre y cuando todos sus
miembros clasifiquen individualmente como Acuicultores de subsistencia.
13 “3.12. Pequeño Acuicultor: Es el acuicultor que realiza la actividad de forma exclusiva o complementaria en

diferentes niveles de producción (principalmente extensiva o semiintensiva, con mono o policultivos), emplea
fertilización y suministra productos de la finca o alimento concentrado específico para peces, cuando dispone
de recursos para ello; su producción es entre 10 y 22 toneladas por año, utiliza un espejo de agua de menos de
1,5 has y sus activos totales no superan el equivalente a 284 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
También se consideran como Pequeños Acuicultores las personas jurídicas (asociaciones, agremiaciones o
cooperativas, incluyendo sus activos comunes como centros de acopio), siempre y cuando todos sus miembros
clasifiquen individualmente como Pequeños Acuicultores.
Igualmente, podrán clasificar como Pequeños Acuicultores las personas naturales que posean predios en los
que cultiven peces para el uso denominado en el país como “Pesque y Pague”, siempre y cuando cumplan con
la definición de Pequeño Acuicultor establecida por la AUNAP”.

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En ese orden, es claro que la AUNAP como autoridad pesquera y acuícola de
Colombia, establece las exigencias para el otorgamiento de los permisos de dichas
actividades y el procedimiento que deben adelantar los interesados; así mismo, es
la entidad competente para ejercer la inspección vigilancia y control, razón por la
cual la verificación de legalidad de la actividad y el cumplimiento de todos los
elementos para ser considerado piscicultor y acuicultor no es una competencia de
la DIAN como ente de fiscalización de impuestos.

De manera que la atribución señalada en el concepto demandado concerniente a la
verificación de “legalidad de la actividad económica” que da lugar a la devolución
del impuesto que se reclama, excede las funciones conferidas a la DIAN por cuanto
el Decreto 1625 de 2015 no prevé como requisito el análisis o comprobación de la
validez y legalidad de esta para efectos de la procedencia de la solicitud de
devolución de saldos a favor en el impuesto sobre las ventas de los productores de
peces, camarones, langostinos y demás decápodos natantia de que trata el artículo
477 del Estatuto Tributario.

Así, el aparte del concepto demandado como manifestación de voluntad
administrativa sobre la interpretación de la norma tributaria que rige los requisitos
de la devolución en el impuesto sobre las ventas para el piscicultor productor de
bienes exentos del artículo 477 ib., vulnera el principio de legalidad, dado que le da
un alcance que no prevé el cuerpo normativo que desarrolla, y con ello usurpa la
competencia asignada por ley a otra autoridad nacional, como lo es la AUNAP, a la
cual, se reitera, le corresponde establecer los requisitos para el otorgamiento,
prórroga, modificación, autorizaciones o cancelaciones de permisos de la actividad
pesquera y de acuicultura.

Por lo anterior, considera la Sala que la DIAN se extralimitó en sus funciones al
atribuirse el estudio de fondo del acto administrativo que expide la AUNAP mediante
el cual otorga el permiso de productor de peces, camarones, langostinos y demás
decápodos natantia, exigiendo requisitos adicionales para la procedencia de la
devolución que no se encuentran regulados en los términos del decreto
reglamentario.

b) Sobre la vigencia de la autorización para el desarrollo de la actividad
pesquera

Ahora bien, frente a la facultad de la administración de constatar que el permiso
concedido por la AUNAP se encuentre vigente, la Sala advierte que aun cuando el
artículo 1.6.1.21.16 del Decreto Reglamentario 1625 de 2016 estableció como
requisito especial para efectos de la devolución de saldos a favor en el impuesto
sobre las ventas, la fotocopia del acto administrativo que otorga el permiso a la
persona natural o jurídica que ejerce la actividad de cultivo de peces y de la
piscicultura, nada mencionó expresamente sobre su vigencia.

No obstante, considera la Sala que no se trata de un requisito adicional a lo
dispuesto en el decreto, sino que constituye un elemento inherente al existente, esto
es, al documento que se aporta con el fin de acreditar el permiso por parte de la
autoridad competente, en la medida en que para la Administración es necesario
probar la calidad de productor de dichos bienes exentos, para efectos de evaluar la
procedencia de la solicitud de devolución, con base en los documentos
correspondientes (artículo 1.6.1.21.20 del Decreto 1625 de 2016).

Como se expuso antes, de conformidad con lo reglado en el Decreto Único
Reglamentario 1071 de 2015 y la Resolución nro. 1485 de 2022, los permisos de
cultivo son conferidos mediante acto administrativo que debe contener, entre otras
condiciones, el término por el cual se otorga el permiso. La vigencia del mismo está
contenida en la propia resolución que otorga el permiso al productor de peces,

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camarones, langostinos y demás decápodos natantia a que hace referencia el
artículo 477 del Estatuto Tributario, por lo que la entrega de esa información al titular
del permiso, como lo demanda la DIAN, no supone exigirle una carga adicional a
quienes realizan estas actividades de cultivo.

Se advierte que los permisos concedidos mediante carné, previo cumplimiento de
los requisitos legales para los pequeños productores surge con el propósito de
facilitar el ejercicio y formalización, y racionalizar los trámites de la actividad
desarrollada a pequeña escala en concordancia con los postulados de eficiencia,
equidad y economía acorde con la política anti-trámite regulada en el Decreto 019
de 201214.

Así, la vigencia de los permisos de cultivo está determinada en las resoluciones o
el carné expedido a los piscicultores o acuicultores según corresponda su
clasificación, razón por la cual no constituye un requisito adicional a cargo de los
productores de dichos bienes exentos, pero que puede ser objeto de verificación
por parte de la administración en virtud de las facultades conferidas en el decreto
reglamentario que regula las solicitudes de devolución.

Cabe aclarar que, a juicio de la Sala, la facultad de la administración de constatar
que el permiso para el desarrollo de la actividad se encuentre vigente, se refiere al
periodo que dio lugar al saldo a favor registrado en la declaración, y no al momento
en que se presenta la solicitud de devolución. La constatación de la vigencia de la
autorización para el desarrollo de la actividad debe encaminarse a verificar que el
titular del permiso que solicita la devolución estaba autorizado para llevar a cabo
esa actividad para el momento en que se originó el saldo a favor registrado en la
declaración cuya devolución solicita, pues es ese el momento para el cual debe
verificarse si desarrollaba tal actividad con la autorización exigida. Por tanto, debe
entenderse que cuando el concepto demandado señala que la administración
tributaria “… debe constatar que este permiso esté vigente…”, tal “vigencia” se refiere al
momento en el que surge el saldo a favor.

Dicho en otras palabras, la verificación de la vigencia del permiso realizada por la
administración tributaria, para efectos de adelantar el trámite de la solicitud de
devolución del impuesto a las ventas, debe entenderse relativo al periodo en que se
desarrolla la actividad que da lugar al saldo a favor, y no al momento en que se
presenta la solicitud de devolución de IVA, pues la exigencia de aportar copia del
acto administrativo que concede el permiso tiene la vocación de establecer la
calidad del productor que tiene derecho a la devolución del impuesto.

En conclusión, a juicio de la Sala, el texto acusado excede la disposición
reglamentaria, toda vez que prevé una facultad que no le fue conferida por ley a la
administración tributaria, y por el contrario usurpa la competencia atribuida a otra
autoridad nacional encargada de establecer los requisitos y el procedimiento para
otorgar los permisos de cultivo de piscicultores y acuicultores en Colombia, al
señalar que le corresponde a la autoridad tributaria “garantizar la legalidad de la
actividad económica que da lugar a la devolución del impuesto que se está
reclamando”. En cambio, no se extralimitó en sus funciones al establecer que puede
exigir una autorización “vigente”, al momento de examinar la solicitud de devolución

14 Resolución nro. 1193 de 2014, “por la cual se racionalizan unos trámites señalando requisitos para el permiso

de cultivo para el ejercicio de la actividad acuícola de recursos limitados”, derogada por la Resolución 1607 de
2019.
Resolución 2363 de 2020 en su considerando señaló: “Que en el desarrollo y trámite de los permisos se
continuará dando aplicabilidad a la Política anti-trámites, regulada por el Decreto número 019 del 2012, a la Ley
de Transparencia 1712 de 2014, a los principios de la administración pública como son celeridad, eficiencia
eficacia, economía, transparencia, buena fe, derecho al turno, publicidad, a los lineamientos de Gobierno en
Línea, al Sistema Integral de Gestión de Calidad y MECI, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y demás normas legales vigentes sobre la materia, así como a la dinámica de la
actividad de la acuicultura, la pesca y a la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”.

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del IVA, en tanto la información sobre la vigencia del permiso debe constar en el
documento de autorización expedido por la AUNAP.

Por lo anterior, la Sala anulará la expresión del párrafo demandado que señala: “y
garantice la legalidad de la actividad económica que da lugar a la devolución del
impuesto que se está reclamando”, y negará las demás pretensiones de la
demanda.

Condena en costas

En atención a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se condena en costas, por
cuanto en el presente caso se debate un asunto de interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la nulidad del aparte contenido en el párrafo del Concepto
100208221-002664 radicado nro. 000S2019028375 del 14 de
noviembre de 2019 “y garantice la legalidad de la actividad económica
que da lugar a la devolución del impuesto que se está reclamando”;
expedido por la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y comuníquese.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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