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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00046-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00046-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de los apartes del Concepto 100208192-224, del 24 de febrero de 2023, referidos a la causación del impuesto de timbre en la transferencia de inmuebles a un patrimonio autónomo en el marco de un contrato de fiducia mercantil, y del Oficio 100202208-1124, del 2 de agosto de 2023, la nulidad parcial del Concepto 100208192-218, del 21 de febrero de 2022, proferidos por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, según lo expuesto en sentencia del 13 de marzo de 2025 (exp. 28927, CP: Milton Chaves García). 2. Declarar la nulidad parcial del Concepto 100208192-224, del 24 de febrero de 2023, adicionado por el Oficio 100208192-622, del 30 de mayo de 2023, en cuanto interpreta que la transmisión de la propiedad sobre bienes inmuebles por sucesión mortis causa está gravada con el impuesto de timbre y fija el cálculo del impuesto en tales casos. 3. Negar las demás pretensiones de la demanda. 4. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2023-00046-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

16 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-27-000-2023-00046-00 (28225)
Demandante: VM Legal SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-27-000-2023-00046-00 (28225)
Demandante: VM Legal SAS
Demandada: DIAN

Temas: Impuesto de timbre. Enajenación a cualquier título de inmuebles. Actos
gratuitos. Fiducia mercantil. Cosa juzgada.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En los términos del artículo 182A del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), adicionado por el artículo 42 de la
Ley 2080 de 2021, la Sala procede a dictar sentencia anticipada dentro del proceso de la
referencia.

ANTECEDENTES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, la
actora demandó la nulidad parcial del Concepto 100208192-224, del 24 de febrero de
2023 adicionado por los Oficios 10028192-622, del 30 de mayo de 2023 y 100208192-
972, del 13 de septiembre de 2023; y la nulidad del Oficio 100202208–1124, del 02 de
agosto de 2023, proferidos por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en cuanto
disponían que la categoría jurídica «enajenación a cualquier título de bienes inmuebles»,
prevista en el artículo 519 del ET (Estatuto Tributario), adicionado por el artículo 77 de la
Ley 2277 de 2022, como presupuesto de hecho de la causación del impuesto de timbre
en los eventos de su documentación, comprende las transferencias gratuitas, entre ellas
la sucesión por causa de muerte y la adjudicación en la liquidación de sociedades, así
como los aportes a patrimonios autónomos en desarrollo de contratos de fiducia
mercantil. Invocó como normas violadas los artículos 102 y 519 del ET; y 77 de la Ley
2277 de 2022, para lo cual (índice 21):

Sostuvo que los actos demandados interpretaron indebidamente el artículo 519 del ET,
al concluir que la documentación de la «enajenación a cualquier título de bienes
inmuebles», adicionada como aspecto material del hecho imponible del impuesto de
timbre por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022, comprendía las transferencias gratuitas,
cuando la interpretación armónica de esa disposición con el artículo 90 del ET llevaría a
considerar que la enajenación, para efectos fiscales, ocurría solo en los negocios
onerosos, en tanto se requería de una contraprestación a favor del enajenante. Expuso
que, en concordancia con esa consideración, el parágrafo 3.° del artículo 519 ibidem

1
Esta y las demás menciones de «índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.

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Radicado: 11001-03-27-000-2023-00046-00 (28225)
Demandante: VM Legal SAS

preveía el «valor de enajenación» como base para cuantificación del tributo, elemento
que no estaría presente en los actos gratuitos, los cuales, en todo caso, no causarían el
impuesto ante la ausencia de la base gravable para su cálculo. Agregó que el acto de
adjudicación en la liquidación de una sociedad tampoco comportaría enajenación al no
haber un incremento patrimonial para el beneficiario; ni la transmisión en virtud de una
sucesión por causa de muerte, por no configurar un acto jurídico de disposición, elemento
esencial de la enajenación. Agregó que, si se considerara que la transmisión por sucesión
estaba gravada, debía anularse la doctrina oficial demandada en lo relativo al cálculo del
tributo, que debía efectuarse por cada inmueble y no por el total de la masa sucesoral.

Frente a la causación del impuesto en el aporte a patrimonios autónomos en desarrollo
de contratos de fiducia mercantil, planteó que los actos demandados transgredían el
artículo 102 del ET por falta de aplicación, y los artículos 1226 y 1233 del CCo (Código
de Comercio, Decreto 410 de 1971) por aplicación indebida. Explicó que, conforme al
artículo 102 del ET, para ese contrato regía el principio de transparencia fiscal, lo que
excluía la connotación de enajenación del aporte, pues la transferencia del bien al
patrimonio autónomo tenía un carácter meramente instrumental para el cumplimiento del
objeto contractual, de modo que el aportante conservaba la titularidad de los derechos
económicos sobre los bienes y no percibía ingresos con ocasión del aporte. Agregó que
la propia demandada había reconocido que el aporte no constituía enajenación en el
Oficio 331003888, del 14 de febrero de 2019.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 20), al considerar que los
reparos planteados constituían, en realidad, cargos dirigidos contra el artículo 77 de la
Ley 2277 de 2022, que adicionó el artículo 519 del ET para gravar con el impuesto de
timbre la documentación de transferencias de inmuebles a cualquier título, disposición
que fue declarada ajustada a la Constitución mediante la Sentencia C-405 de 2023.

En concreto, afirmó que los actos acusados se basaron en una interpretación gramatical
del artículo 519 del ET, adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022, según la
cual el término «enajenación a cualquier título», previsto como presupuesto objetivo del
hecho generador del impuesto de timbre, abarcaba la documentación de todos los actos
de transferencia de la propiedad de bienes inmuebles, incluidos los actos o negocios a
título gratuito y el aporte a patrimonios autónomos en los negocios fiduciarios, cuya
desgravación no fue prevista por la ley, siendo el legislador, en virtud de los principios de
legalidad y certeza, el único competente para delimitar negativamente el hecho imponible.

En concreto, respecto de la adjudicación de inmuebles en la liquidación de sociedades,
planteó que la actora omitió identificar las disposiciones vulneradas y el concepto de su
violación; en relación con la transmisión de la propiedad por sucesión por causa de
muerte, sostuvo que, para determinar el impuesto, debían considerarse los bienes
inmuebles del causante en su conjunto y no cada uno de forma individual; y, en lo que
respecta al aporte de un inmueble a un patrimonio autónomo, reiteró que ninguna
disposición del ordenamiento fiscal lo excluía de la categoría de enajenación y que, al
efecto, resultaba inaplicable el principio de transparencia consagrado en el artículo 102
del ET, por cuanto constituía una regla propia del impuesto sobre la renta.

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en anteriores etapas procesales (índices
47 y 46). El ministerio público guardó silencio.

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Demandante: VM Legal SAS

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- La Sala decide sobre la demanda de nulidad contra el Concepto 100208192-224, del
24 de febrero de 2023 adicionado por los Oficios 10028192-622, del 30 de mayo de 2023
y 100208192-972, del 13 de septiembre de 2023; y el oficio 100202208–1124, del 02 de
agosto de 2023, mediante los cuales la Dirección de Gestión Jurídica de la entidad
demandada interpretó que el impuesto de timbre que se causa por la documentación de
enajenaciones a cualquier título de bienes inmuebles comprende tanto los documentos
relativos a transferencias o transmisiones gratuitas de la propiedad de inmuebles, como
aquellos que contienen la transferencia de inmuebles a patrimonios autónomos en
desarrollo de contratos de fiducia mercantil.

2- La acusación censura que los conceptos demandados concluyan que la expresión
«enajenación a cualquier título de bienes inmuebles» adicionada por el artículo 77 de la
Ley 2277 de 2022 al artículo 519 del ET, en la formulación del elemento objetivo del
hecho imponible del impuesto de timbre, comprende la documentación de actos o
negocios jurídicos gratuitos que conlleven la transferencia o transmisión del dominio
sobre inmuebles. A su juicio, ello infringe el artículo 90 ibidem, conforme al cual la
enajenación, para efectos fiscales, supone la percepción de una contraprestación por el
enajenante y, en consecuencia, se refiere a negocios jurídicos onerosos, criterio que fue
desarrollado por esta Sección en sentencia del 10 de noviembre de 2022 (exp. 25400,
CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello). Añade que, en armonía con esa consideración, el
parágrafo 3.° del artículo 519 del ET prevé el «valor de enajenación» como base para la
cuantificación del tributo, elemento que no está presente en los actos gratuitos, los cuales,
en todo caso, no causan el impuesto por la ausencia de base gravable para su cálculo.

En contraposición, la demandada aduce que los actos demandados se sustentaron en la
interpretación gramatical del artículo 519 del ET, adicionado por el artículo 77 de la Ley
2277 de 2022, según la cual la expresión «enajenación a cualquier título» abarca la
transferencia o transmisión de la propiedad sobre bienes inmuebles tanto a título oneroso
como gratuito. Explica que, en virtud de los principios de legalidad y certeza que rigen el
sistema tributario, la delimitación negativa del hecho generador del tributo mediante la
consagración de exenciones corresponde exclusivamente al legislador, de modo que
únicamente se encuentran excluidas aquellas transferencias expresamente exceptuadas
por la ley de la categoría de «enajenación» a efectos fiscales. En consecuencia, sostiene
que la documentación de actos o negocios jurídicos gratuitos se subsume en el supuesto
de hecho previsto en el artículo 519 del ET como generador del impuesto, puesto que lo
determinante es la transferencia o transmisión de la propiedad sobre el inmueble, sin
consideración a la onerosidad del negocio jurídico que las origina, entendimiento que
considera concordante con el criterio de decisión adoptado por esta Sección en sentencia
del 25 de mayo de 2017 (exp. 20436, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

En esos términos, le corresponde a la Sala determinar si para efectos de la configuración
del hecho generador del impuesto de timbre previsto en el artículo 519 del ET, adicionado
por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022, la expresión «enajenación a cualquier título de
bienes inmuebles» comprende únicamente los negocios jurídicos onerosos, o si, por el
contrario, también abarca los actos o negocios jurídicos gratuitos de transferencia de la
propiedad sobre inmuebles.

2.1- La Sala parte por señalar que el Libro Cuarto del ET regula los elementos del hecho
generador del impuesto de timbre y que, en lo que interesa a la litis, el artículo 77 ibidem

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adicionó al artículo 519 del ET 2 un supuesto específico de causación del impuesto,
conforme al cual, a partir del año 2023, el tributo se causa en las escrituras públicas con
las que se formalice la «enajenación a cualquier título» de bienes inmuebles cuyo valor
sea igual o superior a 20.000 UVT y que no hubieren estado gravados con este mismo
impuesto. Al efecto, el legislador estableció una tarifa progresiva en función del valor del
inmueble objeto de enajenación, equivalente al 1,5% cuando el valor se encuentre entre
20.000 y 50.000 UVT, y al 3% cuando dicho valor supere 50.000 UVT. Para efectos de
determinar el impuesto, en uno y otro caso, el parágrafo 3.º del artículo 519 del ET prevé
el siguiente cálculo: «(valor de la enajenación en UVT menos 20.000 UVT) x 1,5%» y
«(valor de la enajenación en UVT menos 50.000 UVT) x 3% + 450 UVT»,
respectivamente. En cuanto a los sujetos pasivos del impuesto, el artículo 515 ejusdem
dispone que son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas y las
entidades públicas –salvo las expresamente exoneradas por los artículos 532 y 533 del
ET– que intervengan como otorgantes en los documentos gravados, así como aquellas
a cuyo favor se otorguen. A su vez, el artículo 516 ibidem, en concordancia con el artículo
3.º del ET, establece que son sujetos pasivos en calidad de sustitutos los agentes
retenedores designados en el artículo 518 ejusdem. En lo que se refiere al presupuesto
de hecho debatido en este proceso, los notarios actúan como sustitutos del contribuyente,
correspondiéndoles cumplir con el deber formal de declarar el impuesto en los términos
del artículo 539-3 del ET.

2.2- Precisados los elementos del hecho generador del impuesto de timbre y dado que la
«enajenación a cualquier título» de inmuebles, prevista como presupuesto de hecho que
origina su causación y que constituye el objeto de la presente controversia, corresponde
a una categoría propia del derecho civil, resulta necesario examinar su alcance y
significado en dicho ámbito, con el fin de determinar la realidad económica a la que se
atribuyen efectos tributarios en materia del referido gravamen. Ello, por cuanto las normas
sobre el impuesto de timbre no definen dicha categoría jurídica y, contrario a lo señalado
por la demandante, no resulta aplicable al caso el artículo 90 del ET, pues su ámbito de
aplicación corresponde al impuesto sobre la renta, como se desarrollará en seguida.

2.3- El Código Civil (CC, Ley 84 de 1873) no prevé una definición expresa de
«enajenación», pero sí hace referencia a esta categoría jurídica al establecer las reglas
aplicables a la tradición como modo de adquirir derechos reales sobre las cosas. En este
sentido, el artículo 742 del CC establece que la tradición será válida cuando se realice
voluntariamente por el tradente o su representante, y aclara que, si en un inicio se efectuó
sin esa voluntad, podrá adquirir validez retroactiva cuando sea ratificada por quien «tiene
facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño». A su vez, el
artículo 745 ibidem dispone que para la tradición se requiere un título traslaticio de
dominio, mencionando como tal la venta, la permuta y la donación. En esa misma línea,
el artículo 765 prevé que son títulos traslaticios de dominio «los que por su naturaleza
sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos». Finalmente,
el artículo 749 precisa que existe enajenación cuando lo que se transfiere es el derecho
real de dominio, al advertir que «si la ley exige solemnidades especiales para la
enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas». En lo que respecta a la tradición del
derecho de dominio sobre bienes inmuebles, el artículo 759 del CC establece que esta
se efectúa mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos
públicos, exigencia que supone que el título conste en escritura pública, como lo disponen
los artículos 1457 y 1857 del CC para la donación y la compraventa, respectivamente.

2
Esta disposición no fue objeto de modificación por el Decreto Legislativo 175, del 14 de febrero de 2025, que previó una tarifa
transitoria del 1% para el impuesto, hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo respecto de las escrituras públicas que documenten la
enajenación a cualquier título de inmuebles únicamente están gravados a la tarifa prevista en el parágrafo 3.° del artículo 519 del ET
(artículo 8.°).

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2.4- A partir de las anteriores disposiciones, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia concluyó que la enajenación corresponde a «la transferencia» del
derecho real de dominio, entendida como «un acto de voluntad» contenido en títulos que
«no pueden existir sin el consentimiento, es decir, sin la presencia del hombre. Y tales
títulos, generadores de la transferencia del dominio, no se ejecutan sino mediante la
tradición, que es el modo por medio del cual el sujeto obligado entrega al acreedor la
cosa sobre la cual recae el derecho debido» (sentencia del 31 de octubre de 1955, GJ
tomo. LXXXI, p. 508, MP: José J. Gómez).

De ello se sigue que la función de los negocios jurídicos de enajenación es constituir el
título para la transferencia del derecho de dominio sobre las cosas, mientras que el modo
de adquirirlo se perfecciona únicamente con la tradición. En esa línea, la compraventa,
la permuta o la donación, como títulos traslaticios de dominio (artículos 745 y 765 del
CC), son negocios de enajenación cuya finalidad es el cambio en la titularidad de los
derechos sobre los bienes 3. La enajenación constituye, en consecuencia, un acto de
disposición que implica la salida de un bien del patrimonio del enajenante, ya sea a título
oneroso –como la compraventa o la permuta– o gratuito –como la donación–, de manera
que existe enajenación tanto si el enajenante recibe una contraprestación como si no.
Además, ella comporta un tráfico patrimonial entre los intervinientes, en cuanto conlleva
el desplazamiento del bien desde el patrimonio del enajenante hacia el del adquirente 4.
A efectos de la litis, conviene reiterar que, tratándose de bienes inmuebles, el título debe
constar en escritura pública, según los citados artículos 1457 y 1857 del CC.

2.5- Por consiguiente, y únicamente para efectos del impuesto de timbre en el supuesto
incorporado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022 al artículo 519 del ET, la Sala
concluye que este se causa con la documentación, mediante escritura pública, de los
actos o negocios jurídicos de disposición a cualquier título de bienes inmuebles cuyo valor
exceda de 20.000 UVT y que no hayan estado sometidos previamente a dicho gravamen.
Conforme a los artículos 745 y 765 del CC, la enajenación entendida como la
transferencia del derecho real de dominio, se configura tanto en los negocios onerosos
como en los gratuitos, es decir, con independencia de que el enajenante reciba o no una
contraprestación. Esto porque lo determinante en la causación del impuesto de timbre es
la formalización en escritura pública del título traslaticio de dominio, que documenta el
tráfico del bien inmueble desde el patrimonio del enajenante hacia el del adquirente –
desplazamiento que se perfecciona con la tradición y no con otros modos de adquirir el
dominio, como la sucesión por causa de muerte que, como se verá, no comporta un acto
de disposición del causante–. En consecuencia, la Sala estima acertada la tesis oficial al
concluir que el presupuesto objetivo del hecho generador del impuesto de timbre se
cumple con el otorgamiento de la escritura pública que contiene dicho título, sin que su
naturaleza onerosa o gratuita tenga incidencia alguna en su causación.

2.6- Sobre el artículo 90 del ET, como se señaló, se trata de una disposición aplicable a
la determinación del impuesto sobre la renta, en tanto está orientada a establecer la
utilidad o pérdida realizada por el contribuyente en la enajenación de activos. Justamente,
en la sentencia del 10 de noviembre de 2022 (exp. 25400, CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello), citada por la actora, la Sala concluyó que cuando el artículo 90 ibidem se refiere
a la «enajenación a cualquier título» se circunscribe a negocios jurídicos onerosos, pues
las reglas que adopta parten de la existencia de un precio de enajenación, elemento
incompatible con contratos gratuitos, como las donaciones o las adjudicaciones de bienes
en la liquidación de sociedades. Sin embargo, en la misma providencia se advirtió
expresamente que, aunque existen «contratos a título gratuito que pueden dar lugar a

3
Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II. Vol. 2. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2015, pp. 377 y ss.
4
Hinestrosa, F. La Representación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2008, pp. 243 y ss.

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una enajenación de activos», la aplicación de las reglas del artículo 90 del ET exige un
presupuesto adicional consistente en la existencia de un precio de enajenación, el cual
supone la percepción de una contraprestación a cambio de la transferencia del derecho
de dominio. Ello, porque la finalidad de dicha norma es establecer si hubo o no un
incremento patrimonial en cabeza del enajenante y su cuantificación, para efectos de
liquidar el impuesto sobre la renta correspondiente.

Por ende, carece de sustento la afirmación de la demandante según la cual el artículo 90
del ET fija el alcance del término «enajenación» para todos los efectos fiscales, pues el
ámbito de aplicación de esa disposición corresponde al impuesto sobre la renta y no a
otros tributos. Además, las consideraciones expuestas por la Sección en la sentencia del
10 de noviembre de 2022, según las cuales las enajenaciones a cualquier título a que se
refiere el artículo 90 ejusdem corresponden a negocios onerosos, se sustentan en que
dicha disposición parte de la existencia de un precio del activo enajenado, elemento que
no está presente en los actos gratuitos. De ahí que se advirtiera que los negocios a título
gratuito también pueden configurar enajenación, pero que tales supuestos se excluyen
del ámbito de aplicación del referido artículo 90.

En consecuencia, en el presente asunto la Sala analiza el alcance de la categoría jurídica
«enajenación a cualquier título» exclusivamente en el marco del artículo 519 del ET,
adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022, que establece como presupuesto
objetivo del impuesto de timbre la documentación de la enajenación de bienes inmuebles
mediante escritura pública, y no la estimación de rentas o pérdidas derivadas de la
operación documentada. Por consiguiente, las consideraciones de la sentencia del 10 de
noviembre de 2022 sobre el artículo 90 del ET no constituyen precedente aplicable a este
caso.

2.7- Tampoco acoge la Sala el planteamiento de la demandante, según el cual en las
transferencias de inmuebles a título gratuito se excluye la causación del impuesto de
timbre por ausencia del elemento cuantitativo del hecho generador. Dicho razonamiento
parte de suponer que la expresión «valor de enajenación», prevista en el parágrafo 3.º
del artículo 519 del ET como parámetro de cuantificación del tributo, equivale a la
contraprestación percibida por el enajenante. Sin embargo, su alcance no se determina
por el ingreso o el incremento de patrimonio que se obtenga en la operación –los cuales,
en todo caso, no constituyen el presupuesto objetivo de causación–, sino por el valor
consignado en el título formalizado mediante escritura pública, monto que existe incluso
en las operaciones gratuitas. En este sentido, frente a los actos que menciona la
demandante, el artículo 1458 del CC exige que toda donación comprenda un valor cierto.
Asimismo, el artículo 247 del CCo ordena que en el acta de liquidación de sociedades
conste el valor de los bienes adjudicados a los asociados como remanente y que, cuando
la enajenación requiera formalidades especiales, estas se cumplan; de modo que, si la
exigencia legal es el otorgamiento de escritura pública, como ocurre con los bienes
inmuebles, bastará con protocolizar la parte pertinente del acta, lo que permite estimar el
valor de la transferencia patrimonial formalizada que sirve de base para el impuesto de
timbre. En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad.

3- Puntualmente, en lo que respecta a la adjudicación de inmuebles en el acto de
liquidación de una sociedad, la demandada alega que la Sala debe abstenerse de emitir
un pronunciamiento de fondo, en la medida en que la demandante no formuló cargos
concretos para controvertir los planteamientos contenidos en los conceptos demandados
sobre la causación del impuesto de timbre en dicha operación. Sin embargo, se advierte
que frente a este acto jurídico la actora, además de reiterar argumentos ya descartados
por la Sala, sostiene que no se configura una enajenación para efectos del impuesto de

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timbre, toda vez que no se genera un incremento patrimonial, conforme a lo previsto en
el artículo 301 del ET, que establece que no constituye ingreso gravable para el accionista
el reembolso efectuado hasta el monto de sus aportes. Asimismo, aduce que el caso
debe resolverse bajo el mismo criterio adoptado por esta Corporación en sentencia del
15 de junio de 2017 (exp. 22570, CP: Milton Chaves García), relativa a la liquidación de
la sociedad conyugal, en la que se precisó que los bienes adjudicados ya hacían parte
del patrimonio del cónyuge, de modo que la adjudicación constituye un acto meramente
formal de transferencia de la titularidad del bien.

Estos razonamientos de la actora no se comparten por la Sala. Como se expuso en el
fundamento jurídico 2.5 de esta providencia, lo relevante para la causación del impuesto
de timbre es la formalización, mediante escritura pública, del título traslaticio de dominio
que documenta el tráfico patrimonial del bien inmueble desde el patrimonio del
enajenante hacia el del adquirente, sin que resulte determinante la existencia de un
incremento patrimonial en cabeza de este último. En ese contexto, el artículo 301 del ET,
invocado por la actora, se refiere a la determinación de la ganancia ocasional en la
liquidación de sociedades, precisando que solo constituye tal ganancia el valor recibido
por el asociado en exceso del capital aportado o invertido. Esa regla es coherente con la
naturaleza de dicho tributo, que grava la obtención de ingresos que incrementan el
patrimonio cuando no deban calificarse como renta ordinaria. No obstante, tales
disposiciones no resultan aplicables al impuesto de timbre, cuyo presupuesto objetivo es
la formalización documental de la transferencia de inmuebles, con independencia de la
percepción de un beneficio económico para el adquirente.

En consecuencia, para la Sala, en el acto de liquidación de una sociedad sí se materializa
tráfico patrimonial, pues al adjudicarse un inmueble a los asociados, se transfiere el
derecho real de dominio desde la sociedad liquidada hacia estos. Tampoco puede
estimarse que se trate de un acto meramente formal bajo la consideración de que el bien
ya hacía parte del patrimonio de los asociados, puesto que este pertenecía a la persona
jurídica, sujeto de derecho distinto de sus miembros, conforme lo dispone el artículo 98
del CCo. De allí que no resulte aplicable al caso el criterio adoptado por esta Sección en
la sentencia del 15 de junio de 2017 (exp. 22570, CP: Milton Chaves García), que
examinó el tratamiento tributario de los gananciales en la liquidación de la sociedad
conyugal. En esa oportunidad, se precisó que la adjudicación de bienes en dicho proceso
no constituye un ingreso susceptible de incrementar el patrimonio y, por ende, no puede
tenerse en cuenta en el cálculo de los ingresos brutos para establecer si el beneficiario
estaba sujeto al deber formal de presentar información en medios magnéticos, aspecto
que difiere del que ocupa a la Sala en esta oportunidad, en el cual, como se ha señalado,
resulta indiferente si el acto de transferencia del dominio documentado conlleva o no un
incremento patrimonial para el adquirente. No prospera el cargo de nulidad.

4- Por otra parte, en la doctrina oficial demandada, la autoridad tributaria concluyó que la
documentación mediante escritura pública de la transmisión de la propiedad como
consecuencia de la sucesión mortis causa configura una enajenación y, en esa medida,
se encuentra gravada con el impuesto de timbre. Añadió que, para el cálculo del tributo,
debe atenderse al valor total del acervo hereditario y no al de cada bien inmueble objeto
de transmisión. Para la demandante, dicha decisión desconoce lo previsto en el artículo
519 del ET, adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022, pues, en su criterio, la
enajenación supone un acto jurídico de disposición que no puede ejercer el causante.
Con todo, sostiene que, en el evento en que se entendiera que la transmisión de la
propiedad por causa de muerte se subsume en el hecho generador del impuesto de
timbre, debería anularse la doctrina oficial demandada en lo atinente al cálculo del tributo,
dado que, contrario a lo señalado por la Administración, este debe liquidarse con base

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en el valor individual de cada inmueble y no en el total de la masa sucesoral.

De conformidad con lo expuesto, la Sala debe establecer si la transmisión de la propiedad
de bienes inmuebles por la sucesión mortis causa configura una enajenación y, como tal,
realiza el hecho generador del impuesto de timbre previsto en el artículo 519 del ET,
adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022. En caso afirmativo, corresponde
determinar la forma en que debe calcularse dicho tributo, esto es, si la base gravable se
fija a partir del valor individual de cada inmueble transmitido, como lo sostiene la parte
actora, o del valor total de los bienes inmuebles que integran la masa sucesoral, como lo
afirma la Administración.

4.1- Sobre la primera de esas cuestiones, la Sala parte por reiterar que lo determinante
en la causación del impuesto de timbre, en el supuesto de hecho específico que se
analiza en el presente caso, es la formalización de los negocios jurídicos que configuran
un título traslaticio del derecho real de dominio y que, como tal, documentan el tráfico del
bien inmueble desde el patrimonio del enajenante hacia el del adquirente. En esa medida,
como lo precisó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
del 31 de octubre de 1955, y como se concluyó por la Sala, al tratarse de un acto de
disposición, la enajenación exige el consentimiento del enajenante. De allí que los títulos
que generan la transferencia del dominio siempre se ejecuten mediante la tradición.

Como lo señala la actora, esto excluye de la categoría de enajenación prevista en el
artículo 519 del ET (adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022) la transmisión
de la propiedad que tiene lugar a favor de los herederos, pues el causante, por razón de
su muerte, carece de la posibilidad de manifestar su consentimiento para transferir la
propiedad. Así, «la adquisición de los bienes por parte de los causahabientes, es efecto
exclusivo del modo de adquirir que el artículo 673 del CC contempla y llama "sucesión
por causa de muerte"», el cual se realiza a través de varios hechos (artículo 1012 del
CC): la muerte del causante, la vocación hereditaria del sujeto que le sobrevive y la
aceptación de la herencia. Reunidos estos elementos constitutivos:

El derecho de herencia se fija definitivamente en cabeza del heredero, radicado desde la delación
en forma condicional…, de tal manera que cuando sobreviene la partición, no es para transferir al
heredero un derecho que ya tiene y en el ejercicio del cual interviene en ella, sino para liquidar la
comunidad universal hereditaria y poner término a la indivisión distribuyendo los bienes entre los
copartícipes a prorrata de su derecho, con efecto desde el día de la muerte.

En esa medida, la partición de la herencia, como acto que documenta la adjudicación de
los bienes a los herederos, no tiene un alcance traslaticio del derecho de dominio que
«se radica en el patrimonio del heredero, en razón de la transmisión lograda mediante el
hecho jurídico de la muerte, el carácter jurídico del causahabiente y el acto jurídico de la
aceptación de la herencia». Por ello, la persona que fallece «no transfiere sino que
transmite, y transmite siempre, haya o no testamento». Entonces, «ni las sentencias
aprobatorias de la partición de una comunidad hereditaria, ni la partición legal extrajudicial
de la misma comunidad, en su caso, tienen efecto traslaticio, ni entre los herederos o
copartícipes, ni del de cujus a los herederos, dado que la adquisición de los bienes se
hace en virtud de la transmisión que realiza el modo de la sucesión por causa de muerte»
(sentencia del 31 de octubre de 1955, GJ tomo. LXXXI, p. 508, MP: José J. Gómez). Por
consiguiente, la adjudicación de los bienes del causante a los herederos no comporta el
acto de disposición en el que consiste la enajenación.

4.2- De lo anterior se concluye que, dado que el presupuesto objetivo del impuesto de
timbre consiste en la documentación de actos jurídicos de enajenación, no todo tráfico
patrimonial documentado se encuentra gravado con dicho tributo, sino únicamente aquel

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que deriva de actos de disposición en los cuales una persona manifiesta su
consentimiento para transferir la propiedad de los bienes inmuebles. Contrariamente a lo
señalado en la doctrina oficial demandada, en la sucesión por causa de muerte no se
presenta este elemento, pues la transmisión opera por la ley y en virtud del modo de
adquirir previsto en el artículo 673 del CC. En consecuencia, al no subsumirse en el
presupuesto de hecho establecido por el legislador como hecho generador del impuesto
de timbre, la transmisión de bienes inmuebles en la sucesión no estaría gravada con
dicho tributo.

4.3- Considerando que los razonamientos expuestos resultan suficientes para desvirtuar
las consideraciones de los actos acusados en cuanto a la causación del impuesto de
timbre previsto en el artículo 519 del ET, adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de
2022, con ocasión de la transmisión de la propiedad de inmuebles en la sucesión mortis
causa, la Sala se releva de abordar los cargos formulados por la demandante respecto
del cálculo de dicho tributo. Así, al comprobarse que la sucesión no configura un acto de
enajenación y, por ende, no se subsume en el presupuesto objetivo que el legislador
estableció como hecho generador del impuesto, se releva la Sala de dirimir la discusión
sobre la determinación de la base gravable. Por tanto, se declarará la nulidad parcial de
los conceptos demandados, exclusivamente en lo atinente al señalado supuesto, en tanto
desconocieron el alcance normativo del hecho generador del tributo. Prospera el cargo
de nulidad.

5- Finalmente, la actora reprocha que los actos demandados desconocieran el régimen
tributario especial previsto en el artículo 102 del ET para el contrato de fiducia mercantil
y, en su lugar, aplicaran indebidamente los artículos 1226 y 1233 del CCo, para concluir
que el aporte de un inmueble a un patrimonio autónomo constituye una enajenación
comprendida en el hecho generador específico del impuesto de timbre. A su juicio,
conforme al artículo 102 del ET, dicho negocio jurídico se rige por el principio de
transparencia fiscal, de modo que el aporte no configura una enajenación, pues, aunque
implica la transferencia de la propiedad del bien para conformar el patrimonio autónomo,
esta tiene un carácter meramente instrumental, dado que el bien queda afecto al objeto
contractual y el aportante conserva la titularidad de los derechos sobre aquel. Agrega que
este efecto fiscal neutro de la fiducia mercantil ha sido reconocido por esta Sección, entre
otras, en las sentencias del 17 de septiembre de 2020 (exp. 23272, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto) y del 03 de agosto de 2023 (exp. 27023, CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello), en las cuales se precisó que la transferencia de dominio derivada del contrato
de fiducia mercantil constituye un acto meramente instrumental para la afectación de los
bienes al objeto contractual, sin implicar la adquisición plena de propiedad por un tercero
distinto al aportante, razón por la cual no puede calificarse como enajenación a efectos
de configurar el hecho generador del impuesto.

Asimismo, sostiene que la transferencia de un inmueble a un patrimonio autónomo no
genera un incremento patrimonial para el aportante, quien recibe a cambio derechos
fiduciarios. En ese sentido, tampoco podría configurarse una enajenación para fines
tributarios, pues esta supone la percepción de un ingreso, como lo señaló esta
Corporación en la sentencia del 06 de febrero de 2006 (exp. 14123, CP: María Inés Ortiz
Barbosa) y lo reconoció la Administración tributaria en el Oficio 331003888 del 14 de
febrero de 2019, en el cual se indicó que, al momento del aporte, no se configuraba una
enajenación ni se percibía una utilidad gravada para el fideicomitente.

A estos planteamientos se opone la entidad demandada, al sostener que el principio de
transparencia fiscal consagrado en el artículo 102 del ET se circunscribe exclusivamente
al impuesto sobre la renta y no resulta extensible a otros tributos, según lo precisó la Sala

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de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación en el concepto 05 del 30 de junio de
2020 (CP: Edgar González López). Explica que la transferencia de un inmueble a un
patrimonio autónomo, en el marco de un contrato de fiducia mercantil, configura el
presupuesto de hecho gravado con el impuesto de timbre, el cual se concreta en los
documentos que contengan la enajenación de bienes inmuebles, con independencia del
negocio jurídico que le dé origen y ninguna disposición del ordenamiento tributario le
excluye a la fiducia mercantil tal connotación.

En esos términos, le corresponde a la Sala decidir si la transferencia de un inmueble a
un patrimonio autónomo, en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil, constituye una
enajenación comprendida en el hecho generador del impuesto de timbre previsto en el
artículo 519 del ET, adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022.

5.1- Al respecto, la Sala advierte que ya había declarado la nulidad de los conceptos
demandados, en cuanto sostenían que el aporte de bienes inmuebles a un patrimonio
autónomo en el marco de un contrato de fiducia mercantil configuraba una enajenación
para efectos del hecho generador del impuesto de timbre (sentencia del 13 de marzo de
2025, exp. 28927, CP: Milton Chaves García). En consecuencia, en este proceso se
declarará de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la solicitud de nulidad de
los apartes relativos a dicho asunto contenidos en el Concepto 100208192-224, del 24
de febrero de 2023, y del Oficio 100202208-1124, del 02 de agosto de 2023, expedidos
por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, de conformidad con lo previsto en los
artículos 189 y 182A (ordinal 3.º) del CPACA.

Sin perjuicio de lo anterior, en esta oportunidad, la Sala precisa que, como se ha señalado
en esta providencia, el hecho imponible específico del impuesto de timbre previsto en el
artículo 519 del ET, adicionado por el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022, se configura
con la documentación, mediante escritura pública, de los negocios jurídicos que
constituyan un título traslaticio del derecho real de dominio y que, en esa medida,
materialicen el tráfico patrimonial de un bien inmueble, desplazándolo del patrimonio del
enajenante hacia el del adquirente.

5.2- En lo que respecta a la fiducia mercantil, el artículo 1226 del CCo dispone que es un
negocio jurídico mediante el cual una persona –fiduciante o fideicomitente– transfiere uno
o más bienes determinados a otra –fiduciario–, quien se obliga a administrarlos o
enajenarlos para cumplir la finalidad señalada por el constituyente, en beneficio de este
o de un tercero –beneficiario o fideicomisario–. En cuanto a los intervinientes, la norma
prevé que el fiduciante puede ostentar también la calidad de beneficiario, mientras que el
fiduciario debe ser un sujeto calificado, pues solo pueden actuar como tal los
establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias autorizados por la
Superintendencia Financiera.

En línea con lo anterior, el artículo 1233 ejusdem establece que, para todos los efectos
legales, los bienes transferidos en virtud del contrato de fiducia mercantil estarán
separados del resto del activo del fiduciario y de aquellos que correspondan a otros
negocios fiduciarios, de modo que conforman un patrimonio autónomo afecto a la
finalidad ordenada en el acto constitutivo. En desarrollo de esta regla, el artículo 1234
establece como deberes del fiduciario, entre otros: separar los bienes objeto de la fiducia
de sus propios activos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios; realizar
diligentemente todos los actos necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la
fiducia; ejercer la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos
contra los actos de terceros, del beneficiario o del propio fideicomitente; y, concluido el
negocio fiduciario, transferir los bienes a quien corresponda conforme al acto constitutivo

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o a la ley. En concordancia con ello, el artículo 1242 del CCo dispone que, al finalizar el
contrato, los bienes fideicomitidos deben regresar al patrimonio del fideicomitente o de
sus herederos, salvo disposición en contrario en el acto constitutivo. En todo caso, el
artículo 1244 prevé que será ineficaz cualquier estipulación que implique la adquisición
definitiva por el fiduciario del dominio de dichos bienes, por causa del negocio fiduciario.

5.3- A partir de las anteriores disposiciones se extrae que los elementos esenciales del
contrato de fiducia mercantil son la transferencia o tradición real y efectiva de los bienes
del patrimonio del fideicomitente al fiduciario y la afectación del patrimonio autónomo que
surge con esa transferencia a una finalidad específica determinada por el constituyente.
En consecuencia, los bienes dados en fideicomiso quedan separados del patrimonio del
fideicomitente y no pueden ser perseguidos por sus acreedores, a menos que estos
impugnen los actos de transferencia posteriores al surgimiento de sus derechos por
considerarlos defraudatorios (artículo 1238 del CCo). De igual modo, se separan del
patrimonio propio del fiduciario y de los demás patrimonios autónomos que este
represente, de manera que sus acreedores tampoco pueden perseguirlos, salvo en lo
que respecta a las obligaciones adquiridas en el marco del negocio fiduciario respectivo;
y, en ningún caso, el fiduciario podría hacerse dueño de los bienes dados en fideicomiso
por causa de ese negocio (artículos 1233 y 1244 ibidem)5.

Si bien la fiducia mercantil confiere al fiduciario una atribución patrimonial no limitada –
pues el derecho real de dominio se transfiere con todos sus atributos (artículo 669 del
CC)–, esta se encuentra acompañada de un pacto obligatorio que restringe el sentido de
dicha transferencia patrimonial y puntualiza el ejercicio que de esos derechos debe hacer
el fiduciario. Por ende, «en la fiducia se encuentra la característica de dualidad de pactos,
el de enajenación y el de obligación; el que atribuye derechos plenos al fiduciario y el que
compromete a este para con el fiduciante a no emplear sus poderes más allá de lo
admitido y por encima de los intereses que se garantizan»6.

Esa dualidad ha llevado a considerar que la transferencia del derecho real de dominio en
el marco del contrato de fiducia mercantil tiene un carácter instrumental, en cuanto se
realiza para habilitar al fiduciario en el cumplimiento de la finalidad prevista en el acto
constitutivo, y no con el propósito de hacerlo dueño del bien transferido. Así, porque el
bien no se incorpora al patrimonio del fiduciario, sino que conforma un patrimonio
autónomo afecto al objeto del encargo, el cual, al concluir el negocio fiduciario, debe ser
restituido al fiduciante o transferido al beneficiario, cuando este sea un tercero distinto del
constituyente. Pero, en ningún caso, la propiedad se transmite al fiduciario por causa del
contrato de fiducia, pues el artículo 1244 del CCo establece la ineficacia de cualquier
estipulación contractual en ese sentido.

5.4- En materia tributaria, esa transferencia instrumental de la propiedad al fiduciario ha
sido entendida bajo el principio de transparencia fiscal, en virtud del cual la tributación se
ajusta a la realidad económica del negocio y no a la titularidad aparente de los bienes
fideicomitidos7. Por ende, aunque la Sala concuerda con la autoridad tributaria en que el
artículo 102 del ET regula específicamente el tratamiento aplicable a la fiducia mercantil

5
Hinestrosa, F. Tratado de las obligaciones II. Vol. 2. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2015, p. 620.
6
Ibidem, pp. 615 y 616.
7
Así para el impuesto sobre la renta y para efectos patrimoniales, los artículos 102 y 271-1 del ET, desde la modificación introducida
por los artículos 81 y 107 de la Ley 223 de 1995, respectivamente. En cuanto al impuesto de registro, lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 7.º del Decreto 650 de 1996, conforme al cual, al momento del aporte, el impuesto se liquida con base en la remuneración
o comisión pactada a favor del fiduciario. A su turno, la letra h) del artículo 6.º del citado decreto que prevé que el impuesto se causa
como acto sin cuantía cuando, al término del encargo, el bien se restituye al mismo fideicomitente; distinto al supuesto en el que el
bien se transfiere a un tercero, evento en el cual el inciso 5.° del artículo 229 de la Ley 223 de 1995 dispone que la base gravable no
podrá ser inferior al avalúo o autoavalúo, tratándose de bienes inmuebles. Finalmente, en relación con los impuestos territoriales, el
artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 que establece como sujetos pasivos de los tributos departamentales y municipales a las personas
naturales o jurídicas en quienes se configure el hecho gravado a través de patrimonios autónomos.

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en el impuesto sobre la renta y, en esa medida, delimita la aplicación del principio de
transparencia fiscal a la determinación de los ingresos, costos y gastos atribuibles al
fideicomitente o al beneficiario por las operaciones realizadas a través del patrimonio
autónomo, ello no basta para concluir que dicho principio se restrinja de manera exclusiva
a ese tributo. Como se indicó, el principio de transparencia reconoce la instrumentalidad
que caracteriza la fiducia mercantil y garantiza que la tributación atienda a la realidad
económica del negocio, mas no a la titularidad aparente de los bienes que integran el
patrimonio autónomo.

5.5- En este contexto, para el impuesto de timbre que ocupa la atención de la Sala, lo
anterior implica excluir del concepto de enajenación las transferencias de bienes
inmuebles a patrimonios autónomos en los que el fideicomitente también sea el
beneficiario, pues en tales casos no se verifica un verdadero tráfico patrimonial cuya
documentación resulte relevante para configurar el hecho generador de dicho tributo. Ello
en la medida en que, si bien se perfecciona una transferencia plena de la propiedad a
favor del fiduciario, esta tiene un carácter meramente instrumental, orientado al
cumplimiento de la finalidad del contrato de fiducia; de manera que, una vez concluido el
negocio, opera la restitución del inmueble al fideicomitente. En contraste, cuando el
fideicomiso se constituye en favor de un tercero distinto del fideicomitente, a quien deba
transferirse el derecho real de dominio al término del encargo, sí se configura un
desplazamiento patrimonial definitivo que genera la causación del impuesto. En
consecuencia, resulta necesario verificar el efecto económico alcanzado con el negocio
fiduciario, pues si este implica la transferencia del derecho real de dominio sobre un
inmueble cuyo valor supere 20.000 UVT y que no haya estado previamente sujeto al
impuesto, se realiza el presupuesto objetivo previsto para la causación del gravamen,
esto es, la enajenación del inmueble.

5.6- Con todo, como se advirtió, en este proceso se declarará de oficio la excepción de
cosa juzgada respecto de la solicitud de nulidad de los apartes relativos a este asunto
contenidos en el Concepto 100208192-224, del 24 de febrero de 2023, y del Oficio
100202208-1124, del 02 de agosto de 2023, expedidos por la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN, en tanto fueron anulados en sentencia del 13 de marzo de 2025,
exp. 28927, CP: Milton Chaves García.

Conclusión

6- Por lo razonado en precedencia, la Sala declarará probada, de oficio, la excepción de
cosa juzgada respecto de los apartes del Concepto 100208192-224, del 24 de febrero de
2023, relativos a la causación del impuesto de timbre en la transferencia de inmuebles a
un patrimonio autónomo en el marco de un contrato de fiducia mercantil, así como del
Oficio 100202208-1124, del 2 de agosto de 2023, por cuanto estos ya habían sido
anulados mediante sentencia de esta Sección del 13 de marzo de 2025 (exp. 28927, CP:
Milton Chaves García). Adicionalmente, la Sala declarará la nulidad parcial del Concepto
100208192-224, del 24 de febrero de 2023, adicionado por el Oficio 100208192-622, del
30 de mayo de 2023, en cuanto interpretó que la transmisión de la propiedad de bienes
inmuebles por sucesión mortis causa estaba gravada con el impuesto de timbre,
desconociendo que esta no comporta un acto dispositivo de enajenación. En
consecuencia, se anulan los apartes que consideraron que el tributo se causaba en tal
supuesto y que establecieron la forma de calcularlo. En lo demás, se negarán las
pretensiones de la demanda.

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Costas

7- No se condena en costas en esta instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de los apartes del
Concepto 100208192-224, del 24 de febrero de 2023, referidos a la causación del
impuesto de timbre en la transferencia de inmuebles a un patrimonio autónomo en el
marco de un contrato de fiducia mercantil, y del Oficio 100202208-1124, del 2 de
agosto de 2023, la nulidad parcial del Concepto 100208192-218, del 21 de febrero de
2022, proferidos por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, según lo expuesto
en sentencia del 13 de marzo de 2025 (exp. 28927, CP: Milton Chaves García).

2. Declarar la nulidad parcial del Concepto 100208192-224, del 24 de febrero de 2023,
adicionado por el Oficio 100208192-622, del 30 de mayo de 2023, en cuanto interpreta
que la transmisión de la propiedad sobre bienes inmuebles por sucesión mortis causa
está gravada con el impuesto de timbre y fija el cálculo del impuesto en tales casos.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

Notifíquese y comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Salvo voto
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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