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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00021-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00021-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR la nulidad parcial del Concepto 100208192-154 del 5 de marzo de 2024 emitido por la DIAN, correspondiente a la cuarta adición al Concepto General sobre el Régimen SIMPLE de tributación, en lo relativo al numeral 2.3., con fundamento en las consideraciones expuestas en la presente providencia. 2. No condenar en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2024-00021-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-27-000-2024-00021-00 (28690)
Acumulado 11001-03-27-000-2024-00034-00 (28885)
Demandantes INGRID LORENA CAMPOS VARGAS Y GERMÁN GUSTAVO
MORENO PALACIOS
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Concepto DIAN Nro. 100208192-154 del 5 de marzo de 2024. Régimen
SIMPLE de tributación. Artículos 42 y 44 de la Ley 2277 de 2022.
Sentencia C-540 de 2023. Principio de irretroactividad. Principio de
buena fe y confianza legítima. Seguridad jurídica. Efectos de las
sentencias de constitucionalidad.

SENTENCIA ANTICIPADA
La Sección decide las demandas acumuladas de simple nulidad presentadas, por
Ingrid Lorena Campos Vargas y Germán Gustavo Molano Palacios, que pretenden
la nulidad y la nulidad parcial, respectivamente, del Concepto Nro. 100208192-154
del 5 de marzo de 2024 emitido por la DIAN.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 5 de marzo de 2024, la DIAN profirió el Concepto 100208192-154, correspondiente
a la cuarta adición al Concepto General sobre el Régimen SIMPLE de tributación con
motivo de la Ley 2277 de 2022, con las siguientes consideraciones:
«De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Constitución Política, esta es norma de normas y
en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, prevalece esta última.
Ahora bien, este control se puede ejercer de forma difusa o concentrada. La primera modalidad es lo
que se conoce como la excepción de inconstitucionalidad y no requiere de un pronunciamiento judicial.
Con respecto al segundo control, es decir, el judicial, corresponde, en el caso de las leyes, a la Corte
Constitucional. En efecto, de acuerdo con el artículo 240(4) constitucional, compete a la Corte
Constitucional decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra
las leyes, tanto por su contenido material como por vicios en el procedimiento de formación.
Una vez la Corte Constitucional se pronuncia sobre la inexequibilidad de una ley, esta es retirada del
ordenamiento jurídico y “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”
En la Sentencia C-540 de 2023, la Corte Constitucional resolvió:
“Primero.- DECLARAR INEXEQUIBLE el inciso 2º del numeral 2º del artículo 905 del Estatuto Tributario,
adicionado por el inciso 2º del artículo 42 de la Ley 2277 de 2022.
Segundo.- DECLARAR INEXEQUIBLES los numerales 4º y 5 del artículo 908 del Estatuto Tributario y
los numerales 4º y 5º del parágrafo 4º del artículo 908 del Estatuto Tributario, de conformidad con la
modificación efectuada por el artículo 44 de la Ley 2277 de 2022. Como consecuencia de lo anterior, se
revive el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2155 de 2021 que en su momento modificó el artículo 908
del Estatuto Tributario.”
Así las cosas, las normas declaradas inexequibles fueron retiradas del ordenamiento jurídico desde el
momento mismo de la decisión y, en virtud, de lo previsto en el artículo 4º de la Constitución estas no

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pueden ser aplicadas por ser incompatibles con la Constitución Política. Por el contrario, las normas cuya
reviviscencia fue decretada, están llamadas a ser aplicadas desde el momento en el que la Corte
Constitucional lo resolvió. Con fundamento en esta consideración, se presenta lo siguiente: 1. SUJETOS PASIVOS
1.11. Con ocasión de lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 540 de 2023
¿pueden ser sujetos pasivos del SIMPLE aquellas personas que presten servicios profesionales de
consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos
servicios de profesiones liberales, que en el año gravable 2022 obtuvieron ingresos brutos,
ordinarios o extraordinarios, superiores a las 12.000 UVT, pero inferiores a 100.000 UVT?
Mediante comunicado de prensa 51 de diciembre 5 de 2023, la Corte Constitucional informó que en
sentencia C-540 de 2023 resolvió en su numeral primero:
«DECLARAR INEXEQUIBLE el inciso 2º del numeral 2º del artículo 905 del Estatuto Tributario,
adicionado por el inciso 2º del artículo 42 de la Ley 2277 de 2022.» (énfasis propio). Esta declaratoria elimina el requisito especial del inciso 2° del numeral 2º del artículo 905 del Estatuto
Tributario para las personas que presten servicios profesionales de consultoría y científicos en los que
predomine el factor intelectual sobre el material incluidos los servicios de profesiones liberales. Por lo
tanto, estas personas ya no están sujetas a tener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios inferiores
a 12.000 UVT, sino sujetos a la regla general de tener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios
inferiores a 100.000 UVT. Lo anterior al considerar que los efectos de la sentencia rigen hacia futuro, a partir del día siguiente a
aquel en que la Corte tomó la decisión. Esto en virtud de los efectos erga omnes predicables de los fallos
de constitucionalidad, que rigen a partir del día siguiente al de su adopción, sin esperar a su notificación
y ejecutoria. Esta Subdirección mediante Oficio N° 001870 del 2020 en un caso similar a lo ocurrido con lo resuelto
en la sentencia C-540 de 2023 indicó lo siguiente:
«Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que el impuesto nacional
al consumo de bienes inmuebles salió del ordenamiento jurídico a partir de la fecha en que se profirió la
sentencia por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Así las cosas, a partir de esa fecha, no debe
exigirse la cancelación del impuesto al consumo de bienes inmuebles consagrado en el artículo 21 de la
Ley 1943 de 2018.»
Así las cosas, no es procedente que una norma que fue declarada inexequible en el año fiscal 2023, sea
aplicable a la declaración anual consolidada del SIMPLE que se debe presentar en el año 2024. Por lo
anterior, se concluye que las personas que presten servicios profesionales de consultoría y científicos
en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos servicios de profesiones liberales,
que en el año gravable 2022 hayan obtenido ingresos superiores a 12.000 UVT, pero inferiores a 100.000
UVT - cumpliendo con los demás requisitos para el efecto-, pueden ser sujetos pasivos del SIMPLE para
el año gravable 2023. Para el efecto, deberán presentar la declaración anual consolidada, en las fechas correspondientes,
declarando la totalidad de sus ingresos e imputando en estas las retenciones en la fuente practicadas,
sin necesidad de liquidar anticipos. 1.12. Con ocasión de lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 2023 ¿una
persona que dejó de ser sujeto pasivo del SIMPLE que preste servicios profesionales de consultoría
y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos servicios de
profesiones liberales, habiendo percibido ingresos inferiores a 12.000 UVT, puede ser sujeto
pasivo de este régimen, presentando la declaración consolidada en el año 2024 para el año
gravable 2023?
No.

La posibilidad de ser sujeto pasivo del SIMPLE, al presentar la declaración consolidada por el año
gravable 2023 aplica única y excepcionalmente, en cumplimiento de la sentencia C-540 de 2023. Por lo
tanto, sólo es aplicable para las personas que pueden ser sujetos pasivos del SIMPLE con ocasión de la
declaratoria de inexequibilidad del segundo inciso del numeral 2 del artículo 905 del Estatuto Tributario. Es decir, sólo aplica para aquellos contribuyentes que hayan prestado servicios profesionales de
consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material incluidos los servicios
de profesiones liberales y hayan obtenido ingresos superiores a 12.000 UVT -pero inferiores a 100.000
UVT- para el año gravable 2022 y cumplan con la totalidad de los requisitos para pertenecer al SIMPLE. Esto obedece al hecho de que, los contribuyentes que obtuvieron ingresos brutos iguales o inferiores a
12.000 UVT pudieron optar por el régimen SIMPLE en todo momento. 2. TARIFA
2.3. Con ocasión de lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 2023
¿cuáles son las tarifas del impuesto unificado para los contribuyentes que desarrollan

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actividades de educación, de atención de la salud humana y de asistencia social, o servicios
profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el
material, incluidos los servicios de profesiones liberales para el año gravable 2023?
Mediante comunicado de prensa 51 de diciembre 5 de 2023, la Corte Constitucional informó que en
sentencia C-540 de 2023 resolvió en su numeral segundo:
«DECLARAR INEXEQUIBLES los numerales 4º y 5º del artículo 908 del Estatuto Tributario y los
numerales 4º y 5º del parágrafo 4º del artículo 908 del Estatuto Tributario, de conformidad con la
modificación efectuada por el artículo 44 de la Ley 2277 de 2022. Como consecuencia de lo anterior, se
revive el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2155 de 2021 que en su momento modificó el artículo 908
del Estatuto Tributario.» (Énfasis propio).
Los numerales declarados inexequibles se referían a las tarifas aplicables a las actividades de dos
grupos: (i) educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social; y (ii) servicios
profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material,
incluidos los servicios de profesiones liberales. Por su parte, el numeral revivido se refiere únicamente a
la tarifa aplicable a servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor
intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. En este último grupo, se
entienden incluidas las actividades de educación y actividades de atención de la salud humana y de
asistencia social.
Así, en concordancia con lo expuesto en los numerales #1.11 y #1.12 de este pronunciamiento, el efecto
de este resuelve, rige hacia futuro, a partir del día siguiente a aquel en que la Corte tomó la decisión. En
consecuencia, la tarifa aplicable al año gravable 2023 y siguientes -que se liquida y paga en virtud de la
declaración consolidada en el año 2024- corresponde a la tarifa del numeral 3 del artículo 42 de la Ley
2155 de 2021, que en su momento modificó el artículo 908 del Estatuto Tributario y que se transcribe a
continuación:
Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE consolidada
Igual o superior (UVT) Inferior (UVT)
0 6.000 5,9%
6.000 15.000 7,3%
15.000 30.000 12%
30.000 100.000 14,5%
Por lo tanto, se concluye que:
i. Los contribuyentes del SIMPLE del año gravable 2023 que desarrollaron actividades de servicios
profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material,
incluidos los servicios de profesiones liberales no podrán aplicar la tarifa declarada inexequible -i.e.
del numeral 5 del artículo 908 del Estatuto Tributario, modificada por la Ley 2277 de 2022-. En su
lugar, deberán aplicar la tarifa del numeral 3 del artículo 42 de la Ley 2155 de 2021 que fue revivida
por la Corte Constitucional.
ii. Los contribuyentes del SIMPLE del año gravable 2023 que desarrollaron actividades de educación y
actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, no podrán aplicar la tarifa
declarada inexequible -i.e. del numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario, modificada por la
Ley 2277 de 2022-. En su lugar, deberán aplicar la tarifa del numeral 3 del artículo 42 de la Ley
2155 de 2021 que fue revivida por la Corte Constitucional.
Una conclusión distinta a la anterior supondría aplicar en el 2024 -momento en que se presenta la
declaración consolidada del SIMPLE- una norma que fue declarada inexequible, que ya no hace parte del
ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución Política.»

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de simple nulidad, contemplado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), Ingrid Lorena Campos Vargas (demanda principal) formuló las
siguientes pretensiones:1
6.1. Declarar la nulidad del Concepto contenido en el Oficio No. 100208192-154 del 5 de
marzo de 2024, radicado virtual No. 200I202404637, emitido por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por violar i) los artículos
84, 338 y 363 de la Constitución Política referidos a los Principios de legalidad e

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Samai, índice 2.

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Demandantes: Ingrid Lorena Campos Vargas y otro

irretroactividad de la ley tributaria; Seguridad Jurídica, Buena Fé (sic) y Confianza
Legítima; ii) los artículos 909 y 910, Inc. 1° y parágrafo 3° del Estatuto Tributario en
detrimento del debido proceso y, iii) por incurrir en falsa motivación.
6.2 Ordenar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, en aplicación de los principios constitucionales invocados, aplicar con
efectos generales la reviviscencia del numeral 3°, artículo 42, de la Ley 2155 de 2021,
ordenada en el ordinal tercero de la Sentencia C-540 de 2023, a partir del año gravable
de 2024, en adelante.
6.3 Condenar al pago de costas y agencias en derecho a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, si a ellas hubiere lugar.

Por su parte, Germán Gustavo Molano Palacios, también en ejercicio del medio de
control de nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (demanda acumulada),
formuló las siguientes pretensiones:2
Se pretende la nulidad parcial del concepto No. 100208192-154 del 5 de marzo de 2024,
expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, mediante la aplicación
del medio de control de Nulidad Simple consagrado en el artículo 137 CPACA, de manera
específica el aparte que a continuación se transcribe y subraya:
2. TARIFA 2.3. (...)
Por lo tanto, se concluye que:
i. (…)
ii. Los contribuyentes del SIMPLE del año gravable 2023 que desarrollaron actividades de
educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, no podrán
aplicar la tarifa declarada inexequible -i.e. del numeral 4 del artículo 908 del Estatuto
Tributario, modificada por la Ley 2277 de 2022-. En su lugar, deberán aplicar la tarifa del
numeral 3 del artículo 42 de la Ley 2155 de 2021 que fue revivida por la Corte
Constitucional.
Una conclusión distinta a la anterior supondría aplicar en el 2024 -momento en que se presenta
la declaración consolidada del SIMPLE- una norma que fue declarada inexequible, que ya no
hace parte del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución Política.

A continuación, la Sección resumirá de forma separada los cargos de nulidad
propuestos en la demanda principal (expediente 28690), y en la demanda
acumulada (expediente 28885).
1. Normas violadas y concepto de la violación propuestos en la demanda
principal (expediente 28690).
La demandante Ingrid Lorena Campos Vargas invocó la vulneración de los artículos
83, 338 y 363 de la Constitución; y, 909, y 910 inciso 1 y parágrafo 3 del Estatuto
Tributario. Sustentó la vulneración de las normas como sigue:
1.1. Violación de los principios de legalidad e irretroactividad de la ley
tributaria e inaplicación de favorabilidad
Resaltó que la aplicación de los efectos de la reviviscencia de las disposiciones de
la Ley 2155 de 2021 para el año 2023, en virtud de la sentencia C-540 de 2023,
vulnera los principios de legalidad e irretroactividad de la ley tributaria, porque, al
establecer el régimen SIMPLE un impuesto unificado de período, las modificaciones a
sus reglas iniciales deben aplicar para la vigencia fiscal siguiente, proscribiendo
efectos hacia el pasado que afecten en forma negativa al contribuyente.3

2
Ibídem.
3
Al respecto citó las sentencias C-898 de 2011 de la Corte Constitucional, y del 4 de febrero de 2010, exp. 17146, MP:
Martha Teresa Briceño de Valencia del Consejo de Estado.

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Acumulado: 11001-03-27-000-2024-00034-00 (28885)
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Precisó que, con la interpretación de la DIAN, se modificó uno de los elementos
estructurales y sustanciales del tributo, como es la tarifa, así como los rangos de
ingresos para acceder al régimen. Agregó que el principio de irretroactividad se
predica también de los actos expedidos por la administración de impuestos y, que,
las enmiendas al régimen SIMPLE solo podían aplicarse a partir de 2024.

Expresó que a partir de la sentencia C-527 de 1996, se moduló el principio de
irretroactividad de la ley tributaria cuando se trata de disposiciones que favorecen
al contribuyente. Manifestó que, sin embargo, los contribuyentes que adelantaban
actividades a partir de los numerales 4 y 5 del artículo 44 de la Ley 2277 de 2022,
se verían drástica e injustamente impactados si se aplica el oficio demandado desde
el año 2023, dada la diferencia tarifaria y de ingresos entre dicha norma y la Ley
2155 de 2021. Consideró que debía aplicarse la reviviscencia de la Ley 2155 a partir
del año 2024, porque así los administrados conocerían claramente y con antelación
las condiciones y tarifas del régimen SIMPLE para optar por inscribirse en el mismo,
permanecer en él, o volver al régimen ordinario.

Advirtió que la aplicación del concepto de la DIAN implicaría afectar los derechos de
los contribuyentes e impactaría el costo final que deberían sufragar, para cumplir
una carga que abrupta e intempestivamente la demandada quiere imponerles,
incluso cuando se pagaron los anticipos con la tarifa de la Ley 2277 de 2022. Ilustró
con un ejemplo el aumento en la carga tributaria derivado de la aplicación del oficio
demandado.

Reconoció que, pese a que algunas tarifas de la Ley 2155 de 2021 son más
beneficiosas para el contribuyente, ello no es óbice para inaplicar el principio de
irretroactividad dado que, en los impuestos de período, para situaciones jurídicas
no consolidadas, el principio de favorabilidad solo puede predicarse si el legislador
prevé expresamente su aplicación4, circunstancia que no ocurrió en este caso, ni
siquiera por parte de la Corte Constitucional.

1.2. Violación del principio de seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima

Reseñó la finalidad del régimen SIMPLE de tributación y sus características como
modelo de tributación opcional, de declaración anual, con pagos anticipados,
sustitutivo del impuesto sobre la renta y voluntario. Enfatizó en que el régimen tiene
un elemento volitivo inescindible que permite al contribuyente elegir si accede o no
al mismo.

Anotó que, para 2023, quienes voluntariamente se vincularon al régimen bajo la Ley
2277 de 2022, confiaron en que, al amparo de los principios de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima, las reglas que les persuadieron de optar por el SIMPLE
se mantendrían en el año 2023, tanto así que la totalidad de los anticipos se
liquidaron bajo las reglas de la Ley 2277 de 2022.

Hizo referencia a los principios de confianza legítima y buena fe como fundamentos
del Estado Social de Derecho y garantías de los ciudadanos. Acotó que la DIAN, con
el acto demandado, generó un cambio abrupto, intempestivo y sorpresivo en las
condiciones bajo las cuales los contribuyentes optaron libremente para pertenecer
al régimen SIMPLE en 2023, y no tuvo en cuenta la conducta desplegada por los
contribuyentes que liquidaron los anticipos con base en la Ley 2277 de 2022.
4
Citó la sentencia del 23 de noviembre de 2018, exp. 22392, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto del Consejo de Estado.

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1.3. Falsa o falta de motivación al invocar precedentes constitucionales y
administrativos sin relación con la decisión que vulneran el principio de
legalidad

Manifestó que las referencias del concepto acusado a la sentencia C-593 de 2019
que declaró inexequible el impuesto nacional de consumo de bienes inmuebles
derivan en una falsa motivación de la decisión que induce en error a los funcionarios
y a los contribuyentes, pues lo que se analiza en el oficio demandado no guarda
relación con el impuesto estudiado en la sentencia C-593 ni con los efectos de la
sentencia en este caso.

Acusó al acto de estar falsamente motivado y de circunscribirse a los efectos
formales de la sentencia de constitucionalidad e invocar precedentes
administrativos y constitucionales improcedentes.

1.4. Violación de condiciones de acceso al Régimen SIMPLE de tributación

Frente a la posibilidad de presentar la declaración anual consolidada sin el pago de
anticipos prevista en el concepto demandado para los prestadores de servicios con
ingresos entre 12.000 y 100.000 UVT, manifestó la vulneración de los artículos 338
de la Constitución y 909 y 910 del Estatuto Tributario, al omitirse los requisitos de
inscripción que el contribuyente debe acatar hasta el último día hábil de febrero de
cada año.

Precisó que el acto acusado también pretermite la obligatoriedad del pago del
anticipo bimestral, al permitir el acceso al régimen SIMPLE para 2023, con el solo pago
del impuesto unificado, cuando la ley solo prevé esa posibilidad para contribuyentes
personas naturales cuyos ingresos no superen las 3.500 UVT.

2. Normas violadas y concepto de la violación en la demanda acumulada
(expediente 28885).

El demandante Germán Gustavo Molano Palacios invocó como normas violadas los
artículos 83, 338 y 363 de la Constitución Política; 45 de la Ley 270 de 1996; 903,
904 y 908 del Estatuto Tributario; y, 1.5.8.1.8. del Decreto Único Reglamentario
1625 de 2016. Planteó los siguientes cargos de nulidad:

2.1. Violación del artículo 45 de la Ley 270 de 1996

Indicó que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prevé que las sentencias de
constitucionalidad tienen efectos únicamente hacia el futuro, salvo que la Corte
Constitucional disponga algo diferente, por lo cual la inexequibilidad decretada en
la sentencia C-540 de 2023 únicamente producía efectos a futuro y no en forma
retroactiva.

Citó jurisprudencia5 sobre la reviviscencia de normas declaradas inexequibles para
advertir que la que se ordenó en la sentencia respecto del artículo 42 de la Ley 2155
de 2021 no podía operar de manera automática o ipsu jure, pues correspondía
analizar si la expulsión de la norma generaba una laguna normativa con efectos más
graves que aquellos que produjo la norma expulsada mientras estuvo vigente.

5
Sentencias C-402 de 2011 y C-521 de 2011 de la Corte Constitucional y del 28 de enero de 2015, exp. 2243 de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

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Demandantes: Ingrid Lorena Campos Vargas y otro

Presentó un análisis de criterios desarrollados por la Corte Constitucional para
determinar la temporalidad de los efectos de sus providencias. En primer lugar,
explicó que la reviviscencia automática de la Ley 2155 de 2021 vulneraría los
principios de justicia y seguridad jurídica para los contribuyentes que desarrollaron
actividades de la salud humana y de asistencia social durante 2023, pues en los
primeros once meses se presumió la legalidad de la Ley 2277, que resultaba más
favorable.
En segundo lugar, anotó que bajo una interpretación no rigurosa podría
considerarse la aplicación proporcional de la Ley 2277, para aplicar la Ley 2155
únicamente respecto de diciembre de 2023. Concluyó que la reviviscencia
automática vulneraría también la buena fe y confianza legítima, así como la
irretroactividad de la ley tributaria.
Precisó que la reincorporación automática de la Ley 2155 de 2021 no garantiza la
supremacía constitucional y de los derechos fundamentales y que, si bien la
sentencia expresamente ordenó la reviviscencia de dicha norma, no es dable
entender que operó automáticamente pues debían analizarse los criterios de
temporalidad de los efectos de la providencia.
2.2. Violación de los artículos 83, 338 y 363 de la Constitución
Hizo referencia al alcance de los principios de buena fe y confianza legítima, los
cuales se vulneran cuando existe una norma de carácter obligatorio en virtud de la
cual el contribuyente actúa teniendo en cuenta su durabilidad y presunción legal y
constitucional, como la que regulaba la tarifa y umbral de las actividades de salud
humana y asistencia social para 2023, una vez hubiese operado el registro en el
régimen SIMPLE.
Agregó que dicha vulneración también ocurre cuando la norma ha generado efectos
previsibles significativos, como la adaptación de los comportamientos y operaciones
de los contribuyentes con actividades de atención de la salud humana y asistencia
social a lo dispuesto en la Ley 2277 de 2022, resultando imprevisible que, a través
de un concepto, la DIAN interpretara de manera errónea la sentencia C-540 de 2023
y estableciera la retroactividad de sus efectos.
Aseguró que la DIAN debió establecer un mecanismo efectivo de protección al
principio de confianza legítima con un período de transición o la ultraactividad de las
normas inconstitucionales, más aún cuando la norma revivida es más gravosa.
Aseveró que la irretroactividad de las normas tributarias impide modificar la
tributación con efectos hacia el pasado en perjuicio de contribuyentes de buena fe,
y que dicho concepto debe aplicar a los fallos de inexequibilidad, a partir de una
interpretación sistemática de la Constitución, especialmente tratándose de un
impuesto de período.
Ilustró que la demandada confundió el deber de declarar con un asunto de carácter
sustantivo, como lo es la tarifa del tributo, en una interpretación contraria al principio
de irretroactividad.
2.3. Violación de los artículos 903, 904 y 908 del Estatuto Tributario y 1.5.8.1.8.
del Decreto 1625 de 2016
Alegó que la DIAN no consideró que el impuesto unificado bajo el régimen SIMPLE de
tributación es de período anual, el cual comenzó el 1 de enero de 2023 y finalizó el

7
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Radicado: 11001-03-27-000-2024-00021-00 (28690)
Acumulado: 11001-03-27-000-2024-00034-00 (28885)
Demandantes: Ingrid Lorena Campos Vargas y otro

31 de diciembre de 2023. Afirmó que la aplicación de la tarifa prevista en el numeral
3 del artículo 42 de la Ley 2155 de 2021 para los contribuyentes que desarrollaron
actividades de educación es contraria a lo establecido en el artículo 908 del Estatuto
Tributario, pues estos quedarían incluidos en el numeral 2 de dicha norma y no bajo
la tarifa revivida por la Corte Constitucional.

Oposición de la DIAN

El traslado para contestar se corrió luego de acumulados los dos procesos de la
referencia. No obstante, la demandada se opuso de forma independiente. Empero,
dada la identidad de los argumentos, la contestación se resume conjuntamente a
continuación:6

Explicó que, según el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, las sentencias de
constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro y se materializan a partir del día
siguiente a la fecha de la sentencia y no a partir de su ejecutoria7. Indicó que, pese
a que los comunicados de prensa no reemplazan el texto de la sentencia, con la
indicación de su fecha basta para que inicien los efectos de la decisión adoptada.

Descartó una extralimitación del ejercicio doctrinal de la DIAN y la violación a los
principios de legalidad e irretroactividad de la ley, dado que en el acto acusado solo
se determinaron los efectos de la sentencia C-540 de 2023, que operaron desde el
día siguiente al de su expedición, esto es, el 5 de diciembre de 2023.

Sobre el hecho de que la reviviscencia no puede operar automáticamente, advirtió
que el estudio de legalidad de la norma y los efectos de la inconstitucionalidad se
debatieron ante la Corte Constitucional, quien adoptó una decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada, y que dichos reparos son propios de la demanda de
inconstitucionalidad y no de la de simple nulidad, con lo cual no es dable debatir
dicho aspecto.

Frente a los argumentos relativos al hecho de que el impuesto unificado bajo el
régimen SIMPLE sea de período, consideró que los actores confundieron el nacimiento
y producción de efectos de las normas jurídicas en el trámite legislativo, con la
reviviscencia de una ley como consecuencia de la declaratoria de
inconstitucionalidad. Reparó en que el artículo 338 de la Constitución solo opera
para normas expedidas por el Congreso, las Asambleas y los Concejos cuando se
regula o legisla sobre impuestos de período, pero no para la reincorporación de una
norma por la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional, que surge para evitar vacíos legales y dar seguridad y certeza.

Manifestó que, con la reviviscencia de la Ley 2155 de 2021, la Corte llenó el vacío
normativo que surgió con la declaración de inexequibilidad, para evitar transgredir
derechos fundamentales, de tal forma que no se vulneraron la confianza legítima ni
la seguridad jurídica.

Respecto a la favorabilidad de las tarifas de la Ley 2277 de 2022, reseñó los
argumentos de la declaratoria de inconstitucionalidad para defender que, si bien la
norma inexequible era más beneficiosa para los demandantes, debió expulsarse del
ordenamiento por atentar contra los derechos fundamentales de las demás
profesiones liberales distintas a la educación, salud humana y asistencia social, y

6
Samai, índices 21 y 28.
7
Citó la sentencia T-832 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño de la Corte Constitucional.

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de quienes debían someterse a condiciones más exigentes para acceder al SIMPLE.
Agregó que con la reviviscencia de las tarifas de la Ley 2155 de 2021, los anticipos
liquidados con la tarifa inexequible seguían siendo válidos, y no debían recalcularse
ni hacer pagos de intereses por los mismos.

Recordó las funciones de la Subdirección de Normativa y Doctrina, y anotó que el
concepto no creó, adicionó ni modificó los elementos del tributo, sino que estableció
los sujetos y tarifas a partir de las condiciones señaladas en las normas, con el fin
de dar claridad a los efectos de la reviviscencia de la Ley 2155 de 2021 respecto
del año 2023, teniendo en cuenta que las solicitudes de aclaración presentadas ante
la Corte Constitucional fueron negadas.

En relación con la falsa motivación derivada del concepto relativo al impuesto al
consumo de bienes inmuebles, anotó que la referencia a este y a la sentencia, se
hizo para explicar los efectos jurídicos de la declaratoria de inconstitucionalidad de
la ley, sin plantear una aplicación analógica de los argumentos.

Reparó en que tras la expulsión de las normas de la Ley 2277 de 2022, el umbral
de ingresos para las personas con actividades de servicios profesionales de
consultoría y científicos dejó de ser 12.000 UVT y pasó a ser de 100.000 UVT, con
lo cual la conclusión del concepto demandado aplica en el contexto de la decisión
de la Corte Constitucional al declarar inexequible el inciso 2º del numeral 2º del
artículo 905 del Estatuto Tributario y con ello, eliminar el requisito del tope de
ingresos.

Sobre el pago del impuesto por el mecanismo del anticipo, expresó que, con la
inexequibilidad de los numerales 4º y 5º del parágrafo 4º del artículo 908 del Estatuto
Tributario, los contribuyentes pertenecientes al numeral 3° del artículo 42 de la Ley
2155 de 2021 no quedaron con anticipo. Lo anterior, dado que los anticipos para el
grupo 5 del artículo 908, previstos en el numeral 5° del parágrafo 4° no quedaron
vigentes, ya que la Corte declaró expresamente la reviviscencia del numeral 3° del
artículo 42 de la Ley 2155 de 2021, pero no la reviviscencia del parágrafo que
establecía la tarifa de los anticipos bimestrales aplicables a estos grupos.

Se opuso a la condena en costas por considerar que se ventila una controversia de
interés público y, en todo caso, no están debidamente probadas ni se ha actuado
temeraria o infundadamente.

Intervenciones

Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT)

En atención a la invitación de este Despacho, el ICDT presentó conceptos en los que
instó a no declarar la nulidad del acto acusado, con fundamento en lo siguiente:8

Diferenció los distintos tipos de sentencias de constitucionalidad y advirtió que, en
este caso, para evitar un vacío legal en la tarifa aplicable al grupo de profesionales
independientes que optaron por el régimen SIMPLE en 2023, que terminara
excluyéndolos del mismo, se revivió, en forma expresa, la norma modificada por la
expulsada del ordenamiento. Agregó que el diferimiento de la inexequibilidad habría
resultado en una violación del principio de equidad horizontal.

8
Samai, índices 19 y 22.

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Resaltó que no se advierte en la sentencia un conflicto entre los principios de
equidad y confianza legítima, y que la DIAN no realizó una interpretación contraria a
lo dispuesto por la Corte Constitucional. Afirmó que, pese a compartir los
argumentos sobre la confianza legítima, la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional. Señaló que, de decretarse la nulidad, esta debe circunscribirse al
punto 2.3. del concepto.

Alegatos de conclusión

Los actores9 y la DIAN10 reiteraron lo expuesto en las demandas acumuladas y en
las oposiciones a las mismas.

La demandante Ingrid Lorena Campos Vargas estimó que el argumento de la DIAN
referente a que la irretroactividad solo aplica a la Ley, las ordenanzas y acuerdos
restringe la aplicación de la Constitución como norma de normas. Añadió que el
artículo 45 de la Ley 270 de 1996 no prevalece sobre la Constitución, y debe ceñirse
a lo dispuesto en los artículos 338 y 363 de la Carta. Precisó que el oficio sí aplicó
analógicamente el análisis del impuesto al consumo de bienes inmuebles. Reprochó
que la demandada descartara la reviviscencia para los anticipos, pero no para el
pago del impuesto.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

Le corresponde a la Sección resolver los cargos formulados por los demandantes.
En particular, se debe determinar si el concepto demandado11:

(i) Viola los principios de legalidad, irretroactividad, seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima al señalar que, para los contribuyentes que ejercieron las actividades de
educación, de atención de la salud humana y de asistencia social, y que optaron por el
Régimen Simple en el año 2023; les era aplicable la tarifa prevista en el numeral 3 del
artículo 42 de la Ley 2155 de 2021 y no las tarifas declaradas inexequibles de la Ley 2277
de 2022. Y,
(ii) Infringió las normas superiores que disponen los requisitos para acceder al régimen
SIMPLE, dado que las personas que prestaban servicios profesionales de consultoría y
científicos en los que predominara el factor intelectual sobre el material y que hubieren
obtenido ingresos mayores a 12,000 UVTs e inferiores a 100,000 UVTs; podían presentar
la declaración anual consolidada en las fechas correspondientes, sin haber liquidado
anticipos para el año gravable 2023.

2. Conceptualización previa

La Ley 2010 de 2019 introdujo en el ordenamiento jurídico el régimen SIMPLE de
tributación como un modelo de tributación opcional, sustitutivo del impuesto sobre
la renta, de determinación integral, con declaración anual y anticipo bimestral, el
cual unifica los impuestos de renta, nacional al consumo, de industria y comercio y

9
Samai, índices 47 y 49.
10
Samai, índice 46.
11
Auto de fijación del litigio del 4 de septiembre de 2024.

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los aportes al sistema general de pensiones, mediante el mecanismo de crédito
tributario, para los contribuyentes que voluntariamente se acojan a él. El impuesto
unificado determinado bajo el régimen SIMPLE es de periodicidad anual, y se
determina a partir de los ingresos brutos susceptibles de producir un incremento en
el patrimonio.

Con todo, el legislador, tomando en consideración los objetivos del régimen
consistentes en impulsar la formalidad y simplificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, estableció una serie de requisitos para que solo ciertos
contribuyentes que reúnan las condiciones previstas en los artículos 905 y 906 del
Estatuto Tributario puedan acogerse al SIMPLE12, para lo cual se dispuso, además,
un límite temporal en el artículo 909 ibidem. Dicha norma establece que quienes
pretendan optar por acogerse al régimen, deben actualizar el Registro Único
Tributario (RUT) a más tardar hasta el último día hábil del mes de febrero del año
gravable para el que se ejerce la opción, registrándose como contribuyentes del
SIMPLE, a menos de que la inscripción en el RUT se realice por primera vez.

Una vez efectuada la inscripción y cumplidos los demás requisitos previstos en la
ley y el reglamento, incluido el pago de los anticipos bimestrales, a los
contribuyentes que aplican el impuesto unificado les son aplicables las tarifas
establecidas en el artículo 908 del Estatuto Tributario, las cuales son progresivas y
dependen de la actividad económica del sujeto pasivo. El artículo 42 de la Ley 2155
de 2021 estableció, para los contribuyentes cuya actividad fuesen los servicios
profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual
sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, tarifas del 5,9%;
7,3%, 12% y 14,5%, dependiendo del monto de los ingresos brutos.

Luego, con la expedición de la Ley 2277 de 2022, el régimen SIMPLE fue objeto de
modificaciones. Entre otras, el umbral de ingresos brutos para pertenecer al régimen
pasó de 100.000 UVT a 12.000 UVT para las personas que prestaran servicios
profesionales de consultoría y científicos en los que predominara el factor intelectual
sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales13 y modificó las
tarifas aplicables a dichos contribuyentes de la siguiente manera:14

• En primer lugar, creó dos grupos diferentes: uno para sujetos pasivos cuya actividad
económica fuese la prestación de servicios profesionales de consultoría y científicos en los
que predominara el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones
liberales, y otro para actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. Para
este último grupo, se mantuvo vigente el umbral de 100.000 UVT.
• En segundo lugar, para el primer grupo, la Ley 2277 de 2022 estableció tarifas del 7,3% y
8,3%, mientras que para el segundo grupo dispuso tarifas del 3,7%, 5,0%, 5,4% y 5,9%, con
los correspondientes ajustes en los anticipos.

Posteriormente, los artículos 42 y 44 de la Ley 2277 de 2022 fueron demandados,
en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad. La Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de dichas disposiciones a través de la sentencia C-540
del 5 de diciembre de 2023. El alto tribunal estimó que la segmentación de las
profesiones liberales en dos grupos distintos carecía de justificación sólida, técnica
y suficiente, sin que estuviese demostrado que ambos tuviesen una estructura de
costos diferente, ni que los sectores de educación y salud requirieran protección

12
Entre otros requisitos, los contribuyentes del SIMPLE no pueden obtener ingresos brutos superiores a 100.000 UVT en el
año anterior, ni obtener dicho monto en el año en curso si se trata de empresas nuevas.
13
Artículo 42 de la Ley 2277 de 2022.
14
Artículo 44 de la Ley 2277 de 2022.

11
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especial exclusiva. Así mismo, consideró que la modificación del umbral no
garantizaba que quienes tuviesen mayor capacidad contributiva no se beneficiaran
del régimen SIMPLE de tributación.

Como consecuencia de lo anterior, y en aras de evitar la configuración de un vacío
normativo, la Corte ordenó la reviviscencia del numeral 3° del artículo 42 de la Ley
2155 de 2021, que regulaba las tarifas aplicables al grupo de servicios profesionales
de consultoría y científicos, correspondientes al 5,9%; 7,3%, 12% y 14,5%, sin hacer
mención expresa a los anticipos.

A partir de la sentencia de la Corte, la DIAN emitió el Concepto demandado, en el
cual plantea las siguientes conclusiones:

• Con base en los efectos inmediatos y erga omnes de los fallos de constitucionalidad, plantea
la posibilidad de que los contribuyentes cuya actividad económica fuese la prestación de
servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual
sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, que hubiesen obtenido
ingresos brutos entre las 12.000 y 100.000 UVT en 2022 (que, inicialmente no podían acceder
al régimen SIMPLE con la modificación de la Ley 2277), pudiesen acogerse al impuesto
unificado por 2023, con la presentación de la declaración y sin liquidar anticipos.

• Descarta la posibilidad de que la sentencia permitiera el acceso al régimen de los
contribuyentes con ingresos brutos inferiores a 12.000 UVT, dado que estos siempre pudieron
inscribirse en el régimen SIMPLE.

• Establece que las tarifas aplicables tanto para los contribuyentes prestadores de servicios de
consultoría y científicos, como para los del sector salud y educación, son las dispuestas en el
numeral 3° del artículo 42 de la Ley 2155 de 2021, dada la reviviscencia ordenada por la Corte
Constitucional.

La DIAN, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los demandantes que
adelantaron el proceso que dio origen a la sentencia C-540 de 2023, presentaron
solicitudes de aclaración a la misma providencia para que la Sala Plena definiera
los efectos de la decisión respecto de la vigencia fiscal 2023. Mediante auto 542 de
2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió rechazar las solicitudes de
aclaración, por considerar que no se cumplieron los requisitos materiales para que
fuera procedente.

3. Análisis del caso concreto

3.1. Reviviscencia de normas de carácter tributario y principios de
irretroactividad, legalidad, seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima

Los demandantes plantearon que la aplicación de los efectos de la reviviscencia de
las disposiciones de la Ley 2155 de 2021 para el año 2023, en los términos
planteados por el concepto demandado, vulnera el principio de irretroactividad de la
ley tributaria. Lo anterior, dado que, al establecer el régimen SIMPLE un impuesto
unificado de período, las modificaciones a sus reglas iniciales deben aplicar a partir
de la vigencia fiscal siguiente, esto es, el año 2024.

Adicionalmente, manifiestan que, para 2023, quienes voluntariamente se vincularon
al régimen SIMPLE bajo la Ley 2277 de 2022, que disponía entre otros, un régimen
tarifario favorable para las actividades de educación, atención de la salud humana
y asistencia social, confiaron en que, al amparo de los principios de seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima, las reglas que les persuadieron de optar por

12
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este régimen se mantendrían por el año 2023, como en efecto ocurrió durante los
primeros 11 meses del año.

Plantean que, con base en lo anterior, la totalidad de los anticipos se liquidaron bajo
las reglas de la Ley 2277 de 2022, ante el convencimiento de que la reviviscencia
del numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2155 de 2021, referente a las tarifas para
servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor
intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, regiría
a partir del año gravable 2024.

Aseveraron que la DIAN debió establecer un mecanismo efectivo de protección del
principio de confianza legítima con un período de transición o la ultraactividad de las
normas inconstitucionales, más aún cuando la norma revivida es más gravosa.

Por su parte, la demandada consideró que el acto acusado solo determinó los
efectos de la sentencia C-540 de 2023, que operaron desde el día siguiente de su
expedición (5 de diciembre de 2023). Reparó en que el artículo 338 de la
Constitución solo opera para normas expedidas por el Congreso, las Asambleas y
los Concejos, cuando se regula o legisla sobre impuestos de período, pero no para
la reincorporación de una norma por la declaratoria de inconstitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional. Agregó que con la reviviscencia de la Ley 2155 de 2021,
la Corte llenó el vacío normativo surgido tras la declaración de inexequibilidad,
mediante una disposición constitucional para evitar vulnerar derechos
fundamentales, de tal forma que no se afectó la confianza legítima ni la seguridad
jurídica.

Para resolver, es preciso tener en cuenta que los artículos 363 (inc. 2°) y 338 (inc.
3°) de la Constitución establecen el marco de aplicación temporal de la ley tributaria.
La primera disposición prevé el principio de irretroactividad, a partir del cual se
proscribe la aplicación de una ley posterior a situaciones jurídicas ya consolidadas
y, la segunda, prevé el fenómeno de la retroactividad impropia, a partir del cual, las
normas que regulen tributos en los que la base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, solo pueden aplicarse a partir del período que
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva norma, con el fin de
salvaguardar las situaciones fiscales en curso al momento de iniciarse la vigencia
de la norma posterior. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
casos puntuales, ha concedido efectos retrospectivos a normas de carácter
tributario que resulten favorables al contribuyente.15

Ahora bien, para casos como el que se analiza, la figura jurisprudencial de la
reviviscencia se da a partir de la declaratoria de inexequibilidad de una norma con
fuerza de ley que, a su vez, ha derogado otras disposiciones, y con ello revive los
preceptos derogados; es decir, reincorpora tales normas al ordenamiento jurídico,
dejando sin efectos su derogatoria. Esta figura, creada a partir de sentencias que
han decidido la constitucionalidad de normas específicas15, permite que la ley
derogada recupere entonces su vigencia a pesar de su derogatoria expresa o tácita.
La jurisprudencia constitucional ha sintetizado las diferentes posturas desarrolladas
en relación con la reincorporación o reviviscencia de las normas derogadas por
disposiciones que se declararon inexequibles, poniendo de relieve las siguientes
reglas16:

15
Corte Constitucional. Sentencias C-527 de 1996, M.P. Alejandro Martínez; C-692 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinoza; C-686 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y, C-878 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez

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«(i) La reincorporación o reviviscencia de normas derogadas por mandatos que fueron
declarados inexequibles hace parte del ordenamiento jurídico nacional, desde mucho
antes de la Constitución de 1991, como parte de la discusión por los efectos jurídicos
de las sentencias hacia el pasado -ex tunc- o hacia el futuro -ex nunc- y la salvaguarda
de la seguridad jurídica.
(ii) La reviviscencia de normas se ha presentado igualmente como solución a los problemas
que plantea el vacío jurídico creado por la derogación de normas que regulan, sobre
todo de manera integral, una determinada materia, conllevando igualmente problemas
de seguridad jurídica.
(iii) En los primeros pronunciamientos se asumió la postura de una reviviscencia automática
de las normas derogadas por las declaratorias de inexequibilidad de aquellas que las
reemplazaron, pero con posterioridad, se fijaron algunas condiciones para que se
aplicara esta figura jurídica, como que se presentaran los argumentos para la necesidad
de reincorporación, por razones de (a) creación de vacíos normativos; (b) vulneraciones
a los derechos fundamentales; (c) necesidad para garantizar la supremacía de la
Constitución Política, y (d) siempre y cuando las normas reincorporadas sean
constitucionalmente admisibles.
(iv) La jurisprudencia ha dejado sentado que la reincorporación o reviviscencia de normas
no tienen un carácter declarativo en la parte resolutiva de la sentencia, sino que la Corte
se debe limitar a comprobar si para el caso en estudio se cumplen los requisitos para
que pueda configurarse la reviviscencia de preceptos derogados.
(v) Finalmente, la Sala reitera que la procedencia de la reincorporación debe ser analizada
en cada caso concreto, a partir de los criterios de vacíos normativos o afectación de
derechos fundamentales.»

Respecto de los efectos de la reviviscencia de las normas, la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación17 ha planteado, a partir de las reglas decantadas
por la Corte Constitucional, que en cada caso debe ponderarse si la reincorporación
de las normas derogadas mantiene el equilibrio que debe existir entre los principios
de justicia y de seguridad jurídica.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la aplicación aislada del principio de justicia
llevaría a otorgar efectos ex tunc y con ello efectos retroactivos absolutos de la
sentencia de inexequibilidad, ya que la norma declarada inconstitucional lo ha sido
desde su expedición; mientras que la aplicación solitaria del principio de seguridad
jurídica llevaría a concluir que la sentencia de inexequibilidad debe tener efectos ex
nunc absolutos y, en consecuencia, no podría revivir normas derogadas
preservando sus efectos como si nunca hubieran perdido vigencia.
En dicho marco, la Sección precisa que, en el caso de la reviviscencia de normas
de carácter tributario, se requiere armonizar los efectos de esta figura con una
adecuada ponderación de los principios de justicia y seguridad jurídica, atendiendo
los hechos y circunstancias del caso concreto.
En este contexto, la Sección advierte que la reviviscencia del numeral 3° del artículo
42 de la Ley 2155 de 2021, que fijó las tarifas del impuesto unificado bajo el régimen
SIMPLE para los servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que
predomine el factor intelectual sobre el material, para establecer su aplicación en el
año 2023 respecto de los servicios de educación, salud y asistencia; implicaría la
aplicación de la norma revivida a situaciones fiscales que se encontraban en curso
al momento de que dicha norma recobró su vigencia.
Lo anterior, implicaría una vulneración del inciso 3° del artículo 338 constitucional
bajo el cual, es preciso entender que, tratándose de impuestos de periodo, la norma
revivida solo podría aplicarse a partir del período que comience después de iniciar
la vigencia de la respectiva norma, esto es, 2024.

14
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Adicionalmente, partiendo de la estrecha relación que existe entre los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, la Sección reiterará las
consideraciones expuestas sobre estos postulados en la sentencia del 16 de febrero
de 2023, exp. 26918, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. En dicha oportunidad
se explicó que, en la búsqueda por la efectividad de los derechos y garantías del
contribuyente, cobra especial relevancia el principio constitucional de la buena fe,
contenido en el artículo 83 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional ha reconocido el rol de la buena fe como principio regulador
de las relaciones entre los particulares y el Estado16 y lo ha entendido como17:
«una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra
dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del
sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento
jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las
disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento
leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la
buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que
una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto sus efectos usuales (…)»

De lo anterior, es dable concluir que la buena fe exige un comportamiento leal y
honesto por parte de los funcionarios públicos y de los administrados que genera
una confianza objetivamente fundada en el comportamiento de unos y otros. De allí
que la jurisprudencia de la Sección ha advertido que, como expresiones del principio
constitucional de buena fe, surgen otros principios y reglas aplicables a la relación
entre la Administración y el ciudadano tales como la confianza legítima y el respeto
al acto propio18. Sobre la primera, la Sección explicó que19:
«es un principio o valor que se encuentra íntimamente ligado con la buena fe y su aplicación
propende por la protección de las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden
albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas
situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. Dichas expectativas, valga decir, deben
fundarse en hechos o circunstancias objetivas, capaces de propiciar el surgimiento de la
confianza, de manera, que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este precepto,
pues necesariamente tendrá que ser una proyección seria, que tenga la fuerza de llevar al
administrado a la convicción de que su situación jurídica es una y no cualquiera otra, en
particular, que bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de un derecho o mantendrá uno ya
adquirido»

La Corte Constitucional ha establecido que, en materia tributaria, la confianza
legítima pretende proteger al administrado y al ciudadano de cambios bruscos e
intempestivos efectuados por las autoridades pues «el Estado no puede de manera súbita
cambiar las reglas del juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que medie un
periodo de transición que permita que el particular ajuste su actuar a las nuevas disposiciones.»20

En diversas oportunidades21, el alto tribunal ha sostenido que, pese a que el
legislador ostenta un amplio margen de configuración legislativa tributaria, la
confianza legítima se erige como límite a este y debe ser respetada.

16
Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
17
Corte Constitucional. Sentencia C-131 de 2004, reiterada en la sentencia C-235 de 2019. M.P. José Fernando Reyes.
18
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Exp. 20690. M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
19
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de junio de 2021. Exp. 24575. M.P. Milton Chaves García.
20
Corte Constitucional. Sentencia C-384 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera y Alejandro Linares Cantillo.
21
Corte Constitucional. Sentencias C-1215 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-007 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.

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Demandantes: Ingrid Lorena Campos Vargas y otro

A este respecto, la Corte ha sido enfática en que deben existir razones objetivas
para confiar en la durabilidad de la regulación y los presupuestos para que se active
la garantía de protección plena de la confianza legítima, entre otros, que haya
generado efectos previsibles significativos, es decir, que haya conducido a que los
particulares acomoden de buena fe sus comportamientos a lo que ella prescribe.22

En línea con lo anterior, la Corte resaltó que el Estado debe proporcionar tiempo y
medios para que el ciudadano se adapte a la nueva situación prevista por el
legislador, a través de medidas tales como el establecimiento de periodos de
transición, la ausencia de barreras o trabas para que el afectado ajuste su
comportamiento a la nueva norma o la ultractividad de los beneficios tributarios.

De otro lado, la jurisprudencia constitucional también ha protegido las situaciones
jurídicas consolidadas frente a modificaciones por parte del legislador tributario,
como expresión del principio de buena fe. En esa medida, se busca que la nueva
ley respete los efectos de la ley tributaria en el pasado dado que el contribuyente
adecuó su conducta a lo previsto en la norma vigente para el periodo fiscal
respectivo. Lo anterior se traduce en que, si se cumplen ciertos requisitos para
acceder a beneficios o condiciones tributarias en el año gravable causado, esta
situación no puede desconocerse con regulaciones tributarias que afecten dichos
efectos.23

Frente al caso concreto, se tiene que la Ley 2277 fue proferida el 13 de diciembre
de 2022, con lo cual, las modificaciones efectuadas al régimen SIMPLE de tributación
entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2023, tratándose de un impuesto de
período, al tenor de lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución. En ese
sentido, debe repararse que la tarifa, elemento que debe configurarse de manera
previa al inicio de la vigencia fiscal, en virtud del principio de reserva de ley; aplicó
desde esa fecha.

Por otro lado, como se explicó en líneas precedentes, las personas naturales o
jurídicas que pretendan acogerse al régimen SIMPLE deben inscribirse en el RUT a
más tardar el último día hábil del mes de febrero del año gravable para el que se
ejerce la opción. Lo anterior, indica que, al momento en que los contribuyentes
adelantaron el trámite de inscripción en el registro tributario, la norma aplicable
respecto del régimen tarifario era el artículo 44 de la Ley 2277 de 2022. Es así, que
los anticipos a lo largo del año se liquidaron en aplicación de lo allí previsto.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que bajo el artículo 913 del Estatuto
Tributario, cuando el contribuyente incumpla las condiciones y requisitos previstos
para pertenecer al régimen SIMPLE y el incumplimiento no sea subsanable, perderá
automáticamente su calificación como contribuyente de este impuesto unificado.

Para los anteriores efectos, el artículo 1.5.8.4.1. del Decreto 1625 de 2016 establece
dentro de las condiciones y requisitos no subsanables para pertenecer al régimen
simple, que el interesado cuente con la inscripción en el RUT como contribuyente
de dicho régimen, dentro de los términos establecidos por el artículo 909 ibidem,
esto es, hasta el último día hábil de febrero del año gravable para el que se ejerce
la opción, para el caso, 28 de febrero de 2023.

22
Corte Constitucional. Sentencia C-235 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
23
Corte Constitucional. Sentencias C-384 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera y Alejandro Linares Cantillo. C-083 de 2018,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y C- 235 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Así, la Sección precisa, en primer lugar, que por tratarse del impuesto de renta bajo
el régimen sustituto, los elementos del mismo, incluyendo la tarifa, deben estar
determinados antes del inicio de la vigencia fiscal respectiva. Y, en segundo lugar,
que el análisis de los efectos de la reviviscencia del artículo 42 de la Ley 2155 de
2021 requiere integrar los principios de buena fe y confianza legítima.

Lo anterior se refuerza en que el legislador exigió el despliegue de una conducta
positiva por parte del contribuyente al requerir la inscripción en el RUT en una
periodicidad específica y el pago de anticipos bimestrales directamente ligados a
las tarifas definidas por la ley, además de los requisitos formales tales como la
expedición de facturas electrónicas y demás mecanismos de cumplimiento. En ese
sentido, el obligado tributario, al cumplir con las condiciones previstas en el Estatuto
Tributario y sus normas reglamentarias, ostentaba una expectativa objetiva y
reforzada de que las disposiciones aplicables en materia tarifaria eran las
dispuestas en la Ley 2277 de 2022.

Es ostensible que la norma generó efectos previsibles significativos que condujeron
a que los contribuyentes, de buena fe, ajustaran sus comportamientos para gozar
de los beneficios dispuestos en el régimen SIMPLE, mediante el despliegue de las
exigencias previstas en la ley, tales como la inscripción oportuna en el RUT. Lo cual,
además, generó la creencia y la legítima expectativa razonable, cierta y fundada de
que el régimen aplicable era el dispuesto en la Ley 2277 de 2022, tanto así, se
reitera, que los anticipos se liquidaron a las tarifas vigentes.

No fue sino hasta diciembre de 2023 que la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de los artículos 42 y 44 de la Ley 2277 de 2022, con lo cual, durante
un lapso más que razonable de tiempo, el contribuyente aplicó el régimen dispuesto
por dicha norma. En ese sentido, no era previsible para los sujetos pasivos que se
inscribieron en el SIMPLE que las enmiendas adoptadas por la Ley 2277 de 2022
pudiesen sufrir modificaciones en el corto o mediano plazo, dado que el examen de
exequibilidad realizado por la Corte no tiene un resultado plenamente predecible.

A partir de lo expuesto, para la Sección es claro que los contribuyentes inscritos en
el régimen SIMPLE de tributación en 2023, que realizaron la inscripción hasta el
último día hábil de febrero, tenían una legítima expectativa digna de protección de
que, al acceder a las peculiaridades del impuesto unificado bajo dicho sistema, se
aplicarían las reglas tarifarias previstas en la Ley 2277 de 2022.

Lo anterior no desconoce el hecho de que las sentencias de constitucionalidad
producen efectos inmediatos y hacía el futuro, tal como dispone el artículo 45 de la
Ley 270 de 1996, ni el que la sentencia C-540 de 2023 declaró la inexequibilidad de
los artículos 42 y 44 de la Ley 2277 desde la publicación de la providencia, en
diciembre de 2023, así como tampoco sus efectos de cosa juzgada. Por el contrario,
lo que se busca es proteger la legítima expectativa de los contribuyentes que
confiaron en la perdurabilidad del régimen tarifario previsto en la Ley 2277 de 2022,
más aún al ejercer actos positivos para acceder a los beneficios en ella contenidos.

Bajo la regla del artículo 45 de la Ley 270 precitado, una vez la sentencia es
proferida, la norma es expulsada del ordenamiento jurídico de manera inmediata,
sin que de ninguna manera modifique situaciones jurídicas consolidadas durante la
vigencia de la norma. No obstante, bajo el mismo artículo 45, la Corte puede
modular los efectos temporales de su decisión, con lo cual la misma ha proferido
sentencias con efectos retroactivos y diferidos, atendido criterios de necesidad,

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razonabilidad, justicia o seguridad jurídica. Para el caso bajo análisis, la sentencia
C-540 de 2023 no realizó precisión alguna sobre los efectos que produciría la
decisión de inexequibilidad frente a las situaciones que estaban en curso, además
de ordenar la reviviscencia de la norma anterior respecto de un impuesto de período
que venía produciendo efectos jurídicos, todo lo cual refleja unas circunstancias
particulares que requieren ser evaluadas a la luz del principio de confianza legítima.

Esta Sección se ha referido en casos anteriores a los efectos de las sentencias de
la Corte Constitucional cuando esta última no ha considerado expresamente algún
asunto constitucional24. Tal fue el caso del análisis del principio de irretroactividad
en materia tributaria adelantado por esta Sección, frente a una norma que había
sido analizada previamente por la Corte Constitucional y cuya vigencia se había
mantenido por un periodo determinado, dado que la Corte moduló los efectos
temporales de su decisión.

En tal oportunidad, la Sección consideró que como la Corte no había abordado el
principio de irretroactividad respecto de la aplicación de la misma norma,
correspondía analizar tal principio para concluir que las disposiciones que
establecen o modifican los elementos esenciales de los tributos, esto es, sujetos
activo y pasivo, hechos generadores, y bases gravables, deben ser preexistentes al
nacimiento de la obligación, por lo que su aplicación en manera alguna puede ser
retroactiva.

Con lo anterior, la Sección concluyó que por ser la norma retroactiva, al pretender
liquidar el tributo sobre una base gravable correspondiente al mismo año de la
promulgación de la ley que la sustentaba, debía innaplicarse por inconstitucional.

En este sentido, para la Sección la reviviscencia que ordenó la Corte respecto del
impuesto de periodo en cuestión, al evaluarse de cara al principio de confianza
legitima, debe conducir a la reviviscencia de la norma anterior a partir del período
fiscal que inicie de manera posterior, esto es, 2024.

Adicionalmente, tampoco debe perderse de vista que el Comunicado 51 de la Corte
Constitucional, anunciando el sentido de su decisión frente a la inexequibilidad
parcial de los artículos 42 y 44 de la Ley 2277 de 2022, fue emitido el 5 de diciembre
2023, que el texto de la sentencia C-540 de 2023 se dió a conocer el 14 de febrero
de 2024 y que, a partir de la incertidumbre sobre los efectos de la decisión, la parte
demandada, entre otros, presentó solicitud de aclaración, frente a lo cual la Corte
profirió el auto negando tal solicitud el 13 de marzo.

Es decir, al terminar el año gravable 2023 y como fue de público conocimiento,
existía una gran incertidumbre sobre los efectos temporales de la declaratoria de
inexequibilidad para la aplicación del régimen en el año gravable 2023; así lo
expresó la misma DIAN en el Concepto 024 del 17 de enero de 2024, al indicar que:
«una vez notificada la Sentencia C-540/23 y siempre que en la misma no se aborde, esta
Entidad solicitará a la Corte claridad sobre si la referida decisión es aplicable para el año
gravable 2023, en vista de que fue comunicada sin haber concluido esta vigencia fiscal y
teniendo en cuenta que las sentencias que esta Corporación profiere “tienen efectos hacia el
futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario” (énfasis propio) (cfr. artículo 45 de la Ley
270 de 1996) ».

24
Sentencias del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, M.P. Milton Chaves García; del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, M.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 26 de junio de 2024, exp. 27733, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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De lo anterior, resulta razonable advertir que los contribuyentes que se acogieron al
régimen SIMPLE al inicio del año gravable 2023 no estaban en una mejor posición
para tener certeza jurídica respecto de la aplicación de dicho régimen y podían
confiar legítimamente en que, por lo menos, para el año 2023 estarían cubiertos por
el régimen.

Así, al analizar el acto acusado, se observa que la Administración Tributaria no tuvo
en cuenta dichas expectativas ni la configuración de la confianza legítima digna de
protección, al establecer en el numeral 2.3. del concepto acusado que la aplicación
de las tarifas era inmediata para quienes se inscribieron oportunamente.

Por lo tanto, el análisis expuesto resulta suficiente para declarar la nulidad parcial
del Concepto demandado, en lo que respecta a las conclusiones del numeral 2.3.,
en el entendido de que debía garantizarse la aplicación de las tarifas de la Ley 2277
de 2022 para los contribuyentes que se acogieron en tiempo al régimen SIMPLE en
febrero de 2023, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás conceptos de
violación relacionados con el numeral precitado.

3.2. Condiciones de acceso al régimen SIMPLE de tributación

La demandante Campos Vargas alega, frente a las conclusiones del concepto
referentes a la posibilidad de presentar la declaración anual consolidada sin el pago
de anticipos prevista en el concepto demandado para los prestadores de servicios
con ingresos entre 12.000 UVTs y 100.000 UVTs, que aquellas vulneran los
artículos 338 de la Constitución y 909 y 910 del Estatuto Tributario, dado que se
omiten los requisitos de inscripción que el contribuyente debe acatar hasta el último
día hábil de febrero de cada año. Anota que el acto acusado también pretermite la
obligatoriedad del pago del anticipo bimestral, al permitir el acceso al régimen SIMPLE
para 2023, con el mero pago del impuesto unificado, sin considerar que la ley solo
prevé esa posibilidad para contribuyentes personas naturales cuyos ingresos no
superen las 3.500 UVT.

Para resolver, se precisa que, si bien es cierto que la ley contempló un límite
temporal para la inscripción en el régimen, así como la obligatoriedad del pago de
los anticipos, salvo para los contribuyentes personas naturales cuyos ingresos no
superen las 3.500 UVT, también lo es que la situación jurídica de los contribuyentes
prestadores de servicios que hubiesen obtenido entre 12.000 UVTs y 100.000 UVTs
fue modificada con ocasión de la sentencia C-540 de 2023. Ciertamente, mientras
estuvieron en vigor las modificaciones de la Ley 2277 de 2022 al régimen SIMPLE,
los prestadores de servicios que obtuvieron ingresos dentro de dicho umbral no
podían inscribirse. En particular, como quiera que a febrero de 2023 la ley se
encontraba produciendo efectos plenos, dicha posibilidad les estaba vedada.

Posteriormente, con la adopción de la sentencia en diciembre del 2023, la restricción
existente se levantó y, considerando que el período gravable 2023 aún no había
culminado, dichos contribuyentes volvieron a cumplir con el umbral de ingresos
previsto en la norma para acceder al régimen SIMPLE. Con todo, como quiera que el
término para la inscripción ya había fenecido en febrero de 2023 y varios de los
plazos para la presentación de los anticipos habían transcurrido, la única forma de
garantizar el elemento volitivo del régimen era permitirles acceder a este mediante
la presentación de la declaración y sin la liquidación de anticipos.

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De lo contrario, hubiesen debido liquidar sanciones e intereses y perdido la
oportunidad de acceder a los beneficios por un acto que de ninguna manera les
podía ser imputable, cual es la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley. En ese
sentido, no estaban llamados a soportar una carga pública que no les correspondía
y, tampoco, resultaba coherente con los efectos de la propia sentencia, ni con el
principio de equidad vetarles la posibilidad de acceso al régimen.25

En consecuencia, si bien es cierto que la ley establece como condición para acceder
al régimen cumplir con el requisito temporal de inscripción y la presentación y pago
de los anticipos, también lo es que ante la sentencia de constitucionalidad de la Ley
2277 de 2022, no le era dable a la administración exigir el cumplimiento de tales
requisitos a los contribuyentes que no habían podido acceder al régimen bajo las
condiciones de dicha ley. Precisamente, la administración procuró proteger al sujeto
pasivo de la imposición de cargas públicas injustificadas y garantizar su derecho de
acceso, lo cual materializa los principios de equidad y justicia tributaria.

En ese sentido, no prospera el cargo.

4. Conclusión

Por las consideraciones expuestas, la Sección procederá a declarar la nulidad
parcial del Concepto demandado, en lo que respecta a las conclusiones del numeral
2.3., en el entendido de que debía garantizarse la aplicación de las tarifas de la Ley
2277 de 2022 para los contribuyentes que se acogieron oportunamente al régimen
SIMPLE en febrero de 2023.

5. Costas

Esta Sección no impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un
asunto de interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR la nulidad parcial del Concepto 100208192-154 del 5 de marzo de
2024 emitido por la DIAN, correspondiente a la cuarta adición al Concepto
General sobre el Régimen SIMPLE de tributación, en lo relativo al numeral 2.3.,
con fundamento en las consideraciones expuestas en la presente providencia.

2. No condenar en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese.

Cúmplase.

25
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de septiembre de 2024. Exp. 27524. M.P. Wilson Ramos Girón.

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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto Con salvamento de voto

(Firmado electrónicamente)
ALFREDO LEWIN FIGUEROA
Conjuez
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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