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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00046-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00046-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar probada la excepción de cosa juzgada de la pretensión de nulidad simple del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 del 20 de agosto de 2020, expedida por la SSPD. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el expediente 27733. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2024-00046-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-27-000-2024-00046-00 (29085)
Demandante: Isagen S.A. ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-27-000-2024-00046-00 (29085)
Demandante ISAGEN S.A. ESP
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Cosa juzgada. Artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD
20201000033335 del 20 de agosto de 2020.

SENTENCIA ANTICIPADA
La Sala decide en única instancia la demanda presentada por Isagen S.A. E.S.P.
(en adelante Isagen), que pretende la nulidad el artículo 2 de la Resolución No. SSPD
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, expedida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La SSPD expidió la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 del 20 de agosto de
2020, cuyo artículo 2 dispuso lo siguiente:
«Artículo 2.- Base Gravable para la liquidación de la contribución especial y de la
contribución adicional de la vigencia 2020. La base gravable de la contribución especial y
de la contribución adicional se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En este sentido la base
gravable “se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con
la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a
favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de
liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados. Este valor se
multiplicará por la división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total de
ingresos por actividades ordinarias, conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal
anterior a la cual se haga su cobro.
La base gravable descrita se calculará para cada sujeto pasivo así:
Base gravable = (Costos y Gastos totales depurados) * (Total ingresos actividades ordinarias
y sus actividades complementarias de servicios sujetas a inspección vigilancia, control y
regulación devengados en el período) / (Total de ingresos de actividades ordinarias
devengados en el período).
Se entenderá que es un tercero independiente siempre que no cumpla con alguno de los
criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario”.
Parágrafo 1.- Para aquellos prestadores de servicios públicos domiciliarios que no reporten
los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con lo establecido
por la Superservicios, la liquidación de la contribución especial y adicional se realizará con
base en el último reporte de información financiera certificado bajo normas de información
financiera – NIF, el cual se actualizará aplicando el incremento del índice de precios al
consumidor – IPC de cada año certificado por el DANE, más un (1) punto. Lo anterior, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Parágrafo 2.- Para aquellos prestadores objeto de inspección, vigilancia y control de la

1
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Radicado: 11001-03-27-000-2024-00046-00 (29085)
Demandante: Isagen S.A. ESP

Superservicios de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. SSPD - 20201000028355
del 10 de julio de 2020, que no hayan realizado ningún cargue de información financiera bajo
NIF al SUI, el valor a pagar por concepto de contribución especial y contribución adicional para
la vigencia del año 2020, será de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
PESOS ($317.136,00) MCTE por cada liquidación, sin perjuicio de las investigaciones y
sanciones a que haya lugar.
Parágrafo 3.- Para la aplicación del costo-beneficio establecido, se tendrá en cuenta el valor
de la liquidación de la contribución especial y de la contribución adicional. Si este valor es
inferior a TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($317.136,00)
MCTE, el valor a liquidar por concepto de contribución especial y contribución adicional será
de CERO PESOS ($0).
Parágrafo 4.- A los prestadores de servicios públicos domiciliarios que hubieren realizado el
primer pago de la contribución especial 2020 en los términos de la Resolución SSPD No.
20195300057675 del 12 de diciembre de 2019, se les descontará dicho valor de la liquidación
de la contribución especial expedida para la vigencia 2020.
Parágrafo 5.- En el evento en que un prestador de servicios públicos domiciliarios no reporte
información financiera a través del SUI, la Superservicios, en ejercicio de sus funciones de
inspección, vigilancia y control, lo requerirá para que realice el respectivo reporte de la
información financiera, sin perjuicio de las investigaciones, cobros y sanciones a que haya
lugar».

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de simple nulidad, contemplado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), Isagen formuló las siguientes pretensiones1:

«Que se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución No. SSPD 20201000033335
del 20 de agosto de 2020 “Por la cual se establece la tarifa de la contribución especial a la
cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año
2020, y se dictan otras disposiciones aplicables a esta contribución y a la contribución
adicional prevista en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 para el fortalecimiento del Fondo
Empresarial”»

La actora invocó como normas violadas los artículos 338 y 363 de la Constitución
Política, y los artículos 4 y 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

El concepto de la violación se resume así:

Indicó, que la disposición acusada incurre en infracción de las normas superiores,
expedición irregular y falta de competencia, pues desatiende el principio de
irretroactividad tributaria al modificar la base gravable fijada por el legislador en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pues la modificación del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019 es inaplicable para el 2020 por basarse en la información financiera
del periodo anterior, es decir, el año 2019.

Transcribió los artículos 338 y 363 de la Constitución Política e indicó que regulan
el principio de irretroactividad tributaria porque prevén que la base gravable de las
contribuciones especiales debe ser preexistente a la obligación y, cuando
corresponden a hechos ocurridos durante un periodo determinado, su aplicación
solo es procedente a partir del periodo siguiente al inicio de la vigencia de la ley.
1
SAMAI, índice 3. Expediente digital. «Demanda_Demandasimplenulidad(.pdf)». Página 5.
2
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Radicado: 11001-03-27-000-2024-00046-00 (29085)
Demandante: Isagen S.A. ESP

Destacó que el artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 del 20 de
agosto de 2020 dispuso la aplicabilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 a la
contribución especial del año 2020, pese a que los elementos para la conformación
de la base gravable son los hechos económicos acaecidos en el año 2019,
anualidad para la cual no resultaba aplicable la modificación.

Afirmó que ha sido pacífica la jurisprudencia2 en establecer la violación del principio
de irretroactividad tributaria por parte de la SSPD como consecuencia de la
aplicación de la disposición acusada.

Citó la Sentencia C-1006 de 2003 de la Corte Constitucional y explicó el alcance de
los artículos 338 y 363 de la Constitución, concluyendo que con fundamento en
estas disposiciones el legislador estableció la prohibición de cobrar tributos que
tengan como resultado actos sucesivos ocurridos antes de la vigencia de la ley, o
en el mismo periodo en que esta entra a regir.

Oposición de la demanda

La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda señalando que la sentencia
del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, declaró
la nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 del 20 de
agosto de 2020 por concluir que violó el principio de irretroactividad. De esta forma,
concluyó que no procede un estudio de fondo del asunto bajo examen ni acceder a
las pretensiones de la demanda, pues está probada la excepción de cosa juzgada.

Adujo que, de ser procedente un nuevo pronunciamiento sobre la legalidad de la
disposición acusada, se debe concluir que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 es
aplicable para el año 2020 porque, aunque las sentencias C-464 de 2020, C-484
del mismo año y C-147 de 2021 la declararon inexequible, difirieron sus efectos al
año 2023.

Explicó que la naturaleza jurídica de la contribución está dada por las siguientes
características3: i) es una compensación atribuible a una persona por un beneficio
directo obtenido por la prestación de un servicio u obra desarrollada por una entidad
pública4; ii) manifiesta externalidades al generar un beneficio directo en bienes o
actividades económicas del contribuyente; y iii) se cobra para evitar un indebido
aprovechamiento de externalidades positivas patrimoniales.

Sostuvo que la finalidad de la contribución es financiar los gastos de funcionamiento
e inversión, para efectos de recuperar los costos del servicio por el ejercicio de las
labores de inspección, vigilancia y control. Por lo tanto, es deber del Consejo de
Estado acatar lo decidido en la sentencia C-484 de 2020, y aplicar la contribución
regulada por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2029 para el año 2020.

Por lo anterior, también consideró aplicables el Decreto 1150 de 2020 y la resolución
demandada, pues son los actos que le sirven de fundamento a la liquidación y cobro
del tributo conforme el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

2
Hizo referencia a las sentencias del Consejo de Estado del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, C.P. Milton Chaves García;
y del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. También citó los siguientes fallos del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A: del 23 de noviembre de 2023, exp. 11001-33-37-043-
2021-00225-01, M.P. Gloria Cecilia Cáceres Martínez; del 30 de mayo de 2023, exp. 11001-33-37-044-2021-00111-01,
M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño; y del 7 de diciembre de 2023, exp. 11001-3337-043-2022-00031-01, M.P. Amparo
Navarro López.
3
Citó la sentencia C-155 de 2016 de la Corte Constitucional.
4
Citó la sentencia C-144 de 1993 de la Corte Constitucional.
3
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Radicado: 11001-03-27-000-2024-00046-00 (29085)
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Solicitó aplicar como precedente la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441,
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, que reconoce los efectos diferidos de la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 18 ibidem y la procedencia del cobro del
tributo en 2020.

Cuestionó que se desconociera el principio de irretroactividad con el acto
demandado, pues la contribución especial del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
no es un tributo de periodo, aunque si anual, de modo que no está sujeto a las
limitaciones alegadas por la demandante5.

Insistió en que está probada la excepción de cosa juzgada, la cual considera que
es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto
de los que exista una decisión ejecutoriada no pueden volver a ser ventilados ante
la jurisdicción.

Manifestó que el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que la sentencia de nulidad tiene efectos erga
omnes, lo que tiene como consecuencia necesaria decretar la excepción y terminar
el proceso mediante sentencia anticipada.

Conceptos emitidos por entidades invitadas

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) conceptuó que procede la
nulidad del artículo 2 de la resolución acusada porque, en línea con el criterio
acogido por la Sección6, viola el principio de irretroactividad dado que, para
determinar el tributo de 2020, parte de hechos económicos ocurridos en el año 2019,
vigencia en la que se promulgó la Ley 1955.

Alegatos de conclusión

Isagen guardó silencio.

La SSPD reiteró los argumentos esbozados en la contestación a la demanda y
solicitó negar las pretensiones, y condenar en costas y en agencias en derecho a la
demandante.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público también guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar la legalidad del artículo 2 de la Resolución Nro.
SSPD-20201000033335 del 20 de agosto de 2020 expedido por la SSPD.

Para estos efectos, y como se anunció en el auto que dispuso el trámite de sentencia
anticipada, la Sala verificará si está probada la excepción de cosa juzgada.

5
Citó aclaración de voto de la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en la sentencia con expediente número 25615.
6
Citó las sentencias del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, C.P. Milton Chaves García; del 5 de octubre de 2023, exp.
25615, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
del 20 de junio de 2024, exp. 28348, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
4
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Radicado: 11001-03-27-000-2024-00046-00 (29085)
Demandante: Isagen S.A. ESP

Análisis del caso concreto

En la oposición a la demanda, la SSPD sostuvo que está probada la excepción de
cosa juzgada porque la sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto, declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro.
SSPD-20201000033335 del 20 de agosto de 2020.
Para resolver sobre lo anterior, debe tenerse en cuenta que la figura de la cosa
juzgada «es una institución jurídico-procesal mediante la cual se concede, a las decisiones
tomadas en una providencia, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Las mencionadas
consecuencias se establecen por expresa disposición legal, con el fin de obtener la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica» 7.

En otras palabras, esta institución materializa el principio de unidad y seguridad
jurídica, pues solo permite que exista un único pronunciamiento sobre la misma
materia. En consecuencia, cuando se produce una decisión judicial definitiva de un
litigio, ningún otro juez pueda volver sobre un asunto ya resuelto8.
Precisado lo anterior, el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo dispone que la sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
Esto significa que «opera frente a todos los operadores jurídicos, aunque no haya identidad de
partes en los procesos judiciales»9, de tal modo que «dicha sentencia surte efectos e impide
analizar de nuevo la legalidad de un acto administrativo que ya fue declarado nulo por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo»10.

La norma referida también señala que la sentencia que niega la nulidad producirá
efectos de cosa juzgada solo en relación con la causa petendi juzgada. Esto significa
que los efectos de cosa juzgada solo se predican frente a los mismos cargos de
nulidad, por lo que nada impide que se analicen nuevas demandas que propongan
nuevos cargos con relación a un mismo acto administrativo.
En el caso bajo examen, según se expuso, Isagen pretende la simple nulidad del
artículo 2 de la Resolución No. SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020,
expedida por la SSPD, que fijó la base gravable de la contribución especial y
adicional según el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para el año 2020.
Empero, la sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, dispuso lo siguiente:
«1.- ANULAR el artículo 2.º de la Resolución SSPD - 20201000033335 del 20 de agosto de
2020, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios».

Como se observa, la disposición objeto de controversia en el caso bajo examen ya
fue declarada nula mediante fallo ejecutoriado, lo que impide que se realice un
nuevo pronunciamiento sobre su legalidad en virtud de los efectos de cosa juzgada
erga omnes que corresponde a este tipo de decisión.

Conclusión
La Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la SSPD,
conforme lo expuesto previamente, sin que sea procedente analizar de fondo los
cargos de nulidad propuestos en la demanda.
7
Sentencia del 13 de septiembre de 2017, exp. 21514, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Sentencia del 3 de agosto de 2016, exp. 21848, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Sentencia del 15 de abril de 2021, exp. 25089, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
10
Sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 24210, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
5
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Radicado: 11001-03-27-000-2024-00046-00 (29085)
Demandante: Isagen S.A. ESP

Costas

No se impondrá condena en costas procesales porque se trata de un asunto de
interés público, según lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar probada la excepción de cosa juzgada de la pretensión de nulidad
simple del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 del 20 de
agosto de 2020, expedida por la SSPD. En consecuencia, estarse a lo resuelto
en la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en el expediente 27733.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclara voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

6
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