Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00057-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00057-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2024-00057-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-27-000-2024-00057-00 (29213)
Demandante ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENERADORES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA ACOLGEN
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución especial. Año 2019. Cosa juzgada parcial. Base
gravable. Gastos de funcionamiento.
SENTENCIA ANTICIPADA
La Sección decide la demanda de nulidad presentada por la Asociación Colombiana
de Generadores de Energía, en adelante ACOLGEN, que controvierte la legalidad de
la resolución SSPD 20191000022815 de 2019, proferida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 16 de julio de 2019, la SSPD expidió la resolución SSPD 20191000022815, por
medio de la cual estableció el monto de la tarifa de la contribución especial de que
trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la base gravable de liquidación y el
procedimiento para el recaudo al cual se encuentran sujetos los prestadores de
servicios públicos domiciliarios para el año 2019, y dictó otras disposiciones.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de simple nulidad, contemplado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), la demandante formuló la siguiente pretensión1:
Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD 20191000022815 del 16 de julio de 2019 “Por la
cual se establece el monto de la tarifa de la contribución especial, la base gravable de liquidación y el
procedimiento para el recaudo al cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios para el año 2019, y se dictan otras disposiciones”.
Invocó como normas violadas los artículos 29, 95 (numeral 9), 121, 150 (numeral
12) y 338 de la Constitución Política; y 85 de la Ley 142 de 1994.
El concepto de violación se resume a continuación:
1
Samai, índice 3. PDF 1 demanda, pág. 2.
1
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Demandante: Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica
ACOLGEN
1. Infracción de las normas en las que debió fundarse
Expuso que la superintendencia desconoció el artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
en el que se dispuso que las contribuciones especiales no podían exceder del 1%
del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a
regulación del año anterior al que se realiza el cobro.
Explicó que en las consideraciones de la resolución acusada se determinó que la
base gravable se integraría por la columna de «gastos administrativos» de las
taxonomías XBRL a 31 de diciembre de 2018, salvo los conceptos expresamente
excluidos de impuestos, tasas y contribuciones, excepto impuesto de renta;
deterioro; depreciación; amortización; provisiones; ajustes por diferencia en cambio;
impuesto a las ganancias corrientes; impuesto a las ganancias diferido; y licencias
y regalías, excepto licencias de operación del servicio.
Con base en lo anterior, afirmó que «la base gravable no estaría compuesta por los gastos
de funcionamiento asociados al servicio objeto de regulación como lo dispuso el legislador en el
artículo 85 de la ley 142 de 1994, sino que esta base la integrarían la totalidad de conceptos
reportados como gastos administrativos, sin distinción alguna, y sin excluir expresamente de
ellos, conceptos como las comisiones, gastos financieros y gastos diversos, pertenecientes a la
cuenta 58 denominada contablemente “otros gastos”, incurriendo de esta manera la demandada en
una extralimitación de sus funciones»2 [negrilla del original].
Señaló que la adición de la base gravable con conceptos como comisiones, gastos
financieros y gastos diversos se acredita con el formato de reporte de información
financiera FC01-7, referido en el acto acusado, donde solo se permite entregar la
información financiera como gasto administrativo o como gasto operativo, sin que
ello implique un cambio de la naturaleza de las cuentas contables.
Luego, transcribió parcialmente el formato aludido en el que constan los conceptos
objeto del litigio3, y señaló que la base gravable solo podía integrarse por los
conceptos de beneficios a empleados, honorarios, generales y total gastos de
provisiones. Empero, insistió en que, cuando la SSPD «incluye el total de la columna de los
gastos administrativos y específicamente hace referencia a Total Gastos, es evidente que se incluyen
gastos que no deben conformar la base»4.
Adujo que el Consejo de Estado5 ha establecido, de forma reiterada, que los gastos
de funcionamiento tienen que ver con la salida de recursos que se usan de manera
directa o indirecta para el cumplimiento de las funciones propias de la actividad,
equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios, por lo que se deben excluir
las erogaciones que no se relacionen con la prestación del servicio público
domiciliario; en ese sentido, advirtió que la SSPD se extralimitó en sus funciones al
incluir categorías que no corresponden a la base gravable de la contribución
especial para el año 2019.
Indicó que la jurisprudencia6 ha concluido que la SSPD se extralimitó en sus
funciones al incluir en la base gravable gastos que no coinciden con aquellos gastos
2
Ibidem, página 11.
3
En él se evidencian los siguiente rubros: i) beneficio a empleados, ii) honorarios, iii) impuestos, tasas y contribuciones (no
incluye impuesto de renta), iv) generales, v) deterioro, vi) depreciación, vii) amortización, viii) total gasto de provisiones
(integrado por litigios y demandas, garantías y diversas), ix) arrendamientos y x) otros gastos (integrado de comisiones,
ajustes por diferencia en cambio, financieros, pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial, gastos
diversos y donaciones).
4
Ibidem.
5
Citó la sentencia del 9 de noviembre de 2001, exp. 11790, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
6
Citó las sentencias 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, M.P. Milton Chaves García; del 16 de marzo de 2023, exp.
25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 15 de septiembre de 2016, exp. 21075, M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia (E).
2
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de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado; en concreto, las
providencias invocadas se refieren a las cuentas 5801 (intereses), 5802
(comisiones), 5803 (ajuste por diferencia en cambio), 5805 (financieros), 5810
(extraordinarios), 5815 (ajuste de ejercicios anteriores) y 5120 (impuestos,
contribuciones y tasas).
Destacó que el Consejo de Estado afirmó que la improcedencia de la inclusión de
los anteriores conceptos en la base gravable del tributo no varió con la
implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF). Por
este motivo, adujo que el acto acusado adolece de falsa motivación, al usar
erróneamente el nuevo marco contable para justificar la ampliación de la base
gravable.
Manifestó que agregar a la base gravable «rubros como comisiones, gastos financieros y
gastos diversos» desconoce los lineamientos jurisprudenciales de la definición de
gastos asociados al servicio objeto de regulación, lo que impide su adición «inclusive
en el escenario de déficit presupuestal tampoco podían ser adicionados»7.
Concluyó que la demandada actuó sin competencia, con base en una errónea
interpretación, cuestión que conllevó la vulneración de los principios de legalidad,
reserva de ley, proporcionalidad y progresividad tributaria, al aplicar normas de
información financiera que incrementó desmedidamente el valor del tributo,
respecto al año inmediatamente anterior.
En el acápite de hechos de la demanda, relacionado con lo expuesto hasta ahora,
puso de presente que el acto acusado ya fue objeto de control de legalidad en la
sentencia del 16 de marzo de 20238, en el que, a su juicio, únicamente se cuestionó
la improcedencia de adicionar la base gravable con el concepto de pérdidas en
aplicación del método de participación patrimonial. Empero, el objeto del litigio de la
referencia es diferente, pues se discute la inclusión de otras cuentas de gastos
administrativos, entre los cuales se encuentran los gastos de comisiones,
financieros y diversos, y no solo la referida pérdida en aplicación del método de
participación patrimonial.
2. Las NIIF no impactaron la base gravable dispuesta en el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994
Señaló que la entidad demandada justificó la ampliación de la base gravable para
el año 2019 en el actual marco contable de las NIIF; no obstante, esta decisión
desconoció que el Consejo de Estado9 consideró que la adopción de estos
estándares no amplió el concepto de gastos, por lo que no impactó en la base de la
contribución especial. Resaltó que, en sentencia del 12 de noviembre de 202010,
mediante la cual se declaró parcialmente el artículo 2 de la resolución general que
determinó la contribución especial para la vigencia de 2018, el alto tribunal
manifestó que la Superintendencia no podía adicionar de forma indiscriminada a la
base gravable rubros que expresamente no fueron autorizados por el legislador.
Explicó que la ilegalidad del acto se materializó con la indebida aplicación de las
NIIF, puesto que la SSPD no realizó ninguna distinción en cuanto al gasto, como lo
7
Ibidem, página 14.
8
Exp. 25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9
Citó las sentencias del 19 de marzo de 2023, exp. 25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 12 de agosto de
2014, exp. 19853, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.
3
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exige el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al incluir cuentas que no correspondían
a los gastos de funcionamiento. Citó los apartes de la resolución en los que la
compañía evidenciaba dicho sustento, en concreto indicó que cuando la
superintendencia hacía referencia a que para la liquidación se tomaría la sumatoria
de los gastos de servicios públicos en la columna de gastos administrativos, vulneró
la citada norma.
Sostuvo que, en las normas actuales del régimen contable aplicable se encontraban
múltiples referencias y conceptos respecto a que los gastos no poseían la misma
naturaleza, y que su función era en pro de las necesidades de los usuarios, por lo
que estos debían ser clasificados y diferenciados para no perder de vista la esencia
en la medición de los resultados, como también ocurría con los ingresos. Citó
apartes del marco conceptual, como los gastos de las NIC 16, 12, 19, y 1, enfatizando
en esta última, por tratarse de la presentación de los estados financieros.
Reiteró que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 consagró que la tarifa máxima
aplicable era del 1% sobre el valor de los gastos de funcionamiento, asociados al
servicio sometido a regulación, lo que descartó la totalidad de los gastos para
efectos de la liquidación de la contribución especial; en consecuencia, afirmó que
se desconoció la voluntad del legislador, además de la jurisprudencia que definió lo
que debía entenderse por la expresión gastos de funcionamiento.
Por último, resaltó que la autoridad dejó de lado lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 1314 de 2009, que estableció la autonomía de las normas tributarias sobre las
contables o de información financiera, así como la sentencia C-1018 de 2018 que
estudió su constitucionalidad, y que aclaró que las normas contables no pueden
crear o modificar tributos.
3. Inaplicabilidad por ilegalidad de la resolución 2019100022815 de 2019
Consideró que la presunción de legalidad del acto general fue desvirtuada, por
cuanto el Juzgado 44 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá inaplicó
parcialmente sus efectos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por Isagen S.A. contra la SSPD11, por evidenciar que la base
gravable incluía cuentas que no correspondían a los gastos de funcionamiento
asociados al servicio, sin que existiera la excepción de los faltantes presupuestales
para hacerlo y sin que el cambio de regulación de las NIIF desnaturalizara la finalidad
de las cuentas que integran la base gravable.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda y solicitó que se impusiera
condena en costas a la demandante, en los siguientes términos12:
En el apartado de los hechos, puso de presente que el artículo 2 del acto acusado
fue declarado parcialmente nulo por la sentencia del 16 de marzo de 202313, en
cuanto adicionó la base gravable con los gastos por pérdidas en aplicación del
método de participación patrimonial.
En los argumentos de defensa, mencionó que el fundamento del acto demandado
es legal y constitucional, puesto que se dio en cumplimiento del parágrafo segundo
11
Radicado 11001-33-37-044-2019-00381-00.
12
Samai, índice 31. PDF 47 contestación de demanda.
13
Exp. 25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
4
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del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Indicó que los principios normativos exponen
que los servicios públicos se encuentran regulados, vigilados y controlados por el
Estado, al ser un factor fundamental en el proceso económico y social de la región.
Luego de citar las normas aplicables al caso en concreto, manifestó que la entidad
realizó el análisis necesario para verificar los efectos de la tarifa y la base gravable
establecida, la cual tuvo en cuenta la información financiera certificada y evidenció
la existencia de una justificación para aplicar el parágrafo 2 del citado artículo 85.
Comentó que para la vigencia del año 2019 se evidenciaba un faltante presupuestal,
toda vez que el presupuesto aprobado por la Ley 1940 de 2018 y el Decreto 2467
de 2018 ascendía a $115.602.771.030, frente a un recaudo proyectado de
$94.278.976.000, lo que arrojó un déficit de $21.323.795.030. Precisó que el
parágrafo segundo ya mencionado hace referencia a los gastos operativos, los
cuales tienen que ver con la compra de electricidad, las compras de combustibles y
los peajes; categorías que fueron las incluidas en la base gravable que se discute
en la proporción necesaria para cubrir el faltante presupuestal detectado.
Aclaró que, como todos los años, se instalaron las mesas de trabajo, en las que se
solicitó a la Superintendencia Delegada AAA y a la Superintendencia Delegada para
la Energía y Gas Combustible determinar la base gravable correspondiente; con lo
que se busca que el estudio técnico determine los gastos operativos de cada sector,
toda vez que estos pueden variar en cada uno de los casos de los sectores a los
que se les presta la vigilancia y control.
Resaltó que dichas delegadas partieron desde lo dicho en años anteriores,
confirmando que las compras realizadas para el funcionamiento del servicio eran
taxativas, por lo que podían ingresarse a la base gravable en el escenario del
faltante presupuestal, entendiendo los distintos gastos como similares en cada uno
de los sectores.
Insistió que la resolución de carácter general cumplió con el principio de legalidad y
debido proceso, por lo que debe ser aplicado para quienes tienen calidad de
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y aquellas que en general realicen
actividades complementarias.
Agregó que la resolución 20191000006825 del 18 de marzo de 2019 estableció los
plazos para el registro de la información financiera anual con corte al 31 de
diciembre del año anterior, para efectos de determinar el presupuesto de la
autoridad. Señaló que de la base se excluían los impuestos o contribuciones,
deterioro, depreciación, amortización, provisiones, ajuste por diferencia en cambio,
impuesto a las ganancias corrientes y diferido, y a las licencias, contribuciones y
regalías (excepto licencias de operación del servicio). Adujo que el Consejo de
Estado14 en reiteradas oportunidades ha analizado la ampliación de la base
gravable por la demostración de un faltante presupuestal, expuesta en el artículo 85
de la Ley 142 de 1994.
En cuanto al precedente jurisprudencial, expuso que se debía optar por una
interpretación gramatical, atendiendo a la literalidad del citado artículo, no solo de
su parágrafo 2. Precisó que el criterio del Consejo de Estado impedía integrar la
base gravable con las cuentas del grupo 75; no obstante, resaltó que sí ha
14
Citó las sentencias del 29 de febrero de 2024, sin identificar expediente ni ponente; y del 12 de noviembre de 2020, exp.
24498, M.P. Milton Chaves García.
5
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reconocido la excepción para ampliar la base cuando exista un faltante presupuestal15
.
Alegó que para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 constaron de circunstancias
presupuestales idénticas respecto al faltante presupuestal, por lo que era
procedente dar el mismo tratamiento que en los procesos que estudiaron su
legalidad16, en virtud de los principios de igualdad, seguridad jurídica, confianza
legítima y buena fe.
Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT)
En atención a la invitación de este despacho ponente, el referido instituto presentó
concepto, en el que instó a declarar la nulidad de los artículos 1 y 2 de la resolución
demandada, con fundamento en lo siguiente17:
Manifestó que la superintendencia excedió su competencia al regular la base
gravable de la contribución especial por fuera de lo dispuesto en el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994; aclarando que el artículo 338 de la Constitución Política dispone
la reserva de ley para efectos tributarios18. Agregó que el acto acusado también
incurrió en incompetencia funcional, toda vez que la base gravable expuesta en la
resolución y la determinada en la citada ley contenía diferencias importantes en
cuanto a los gastos que se debían incluir en esta.
Indicó que, si bien la norma no define expresamente lo que se entiende por gastos
de funcionamiento, la autoridad debió tener en cuenta lo determinado por la
jurisprudencia y no por la normatividad financiera.
Finalmente, señaló que la implementación de las NIIF no implicó el desuso del
concepto de gastos de funcionamiento que se dispuso para efectos fiscales, como
lo previó el Consejo de Estado en sentencia del 12 de noviembre de 202019.
Alegatos de conclusión
La demandante20 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Expuso que el
Consejo de Estado ha establecido que «el grupo 58 – otros gastos (incluyendo cuentas
financieros, extraordinarios y ajustes de ejercicios anteriores) no puede integrar la base gravable por
no estar asociado al servicio regulado/vigilado»21. Señaló que la Ley 1314 de 2009 consagra
la autonomía e independencia de las normas tributarias respecto de las contables.
Además, destacó que, si bien el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994
prevé una excepción en la conformación de la base gravable por la existencia
comprobada de un faltante presupuestal, esto no autoriza la adición de cualquier
costo o gasto a la base gravable, sino solo respecto de los rubros legalmente
autorizados y de los gastos de funcionamiento; entonces, insistió en que el acto
acusado incluyó partidas no autorizadas al referirse a otros gastos y a partidas no
asociadas.
15
Citó las sentencias del 15 de junio de 2017, exp. 22873, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 10 de mayo de 2018,
exp. 11001-03-27-000-2017-00012-00, M.P. Milton Chaves García.
16
Hizo referencia a las sentencias del 15 de junio de 2017, exp. 22873, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 26 de
septiembre de 2018, exp. 22481, M.P. Milton Chaves García.
17
Samai, índice 25.
18
Citó la sentencia C-1082 de 2012.
19
Exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.
20
Samai, índices 50 y 51. Radicó el escrito por ventanilla virtual y correo electrónico, respectivamente.
21
Ibidem, págs. 3 a 4. No identificó la providencia ni ponente.
6
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La demandada22 insistió en la tesis expuesta en la contestación de la demanda,
aclarando que no expidió ningún catálogo de cuentas para el registro contable de
los hechos económicos, por lo que no era aplicable la definición jurisprudencial, toda
vez que, para las grandes empresas con exposición al mercado de valores, se
requiere estándares más complejos para el registro de su información financiera,
aplicando normalmente los estándares internacionales vigentes. Igualmente,
expuso el marco técnico normativo de la Ley 1314 de 2009 y de la contribución
especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Concepto del ministerio público
El ministerio público solicitó acceder a las pretensiones de la demanda23, por incluir
dentro de la base gravable de la contribución especial todos los gastos en los que
incurrieran las entidades vigiladas, desconociendo que el legislador solo estableció
los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido al control de la
superintendencia. Expuso la normativa aplicable al régimen jurídico especial de los
servicios públicos domiciliarios, y la sentencia del 21 de febrero de 201924.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Para delimitar el objeto del estudio, se advierte que, si bien la demandante pretende
la nulidad total del acto acusado, los cargos de nulidad propuestos están dirigidos
solo a cuestionar el artículo 2 de la resolución SSPD 20191000022815 del 16 de julio
de 2019, que fija la base gravable. En consecuencia, la sala limitará el estudio de
los cargos propuestos a dicha disposición.
Así, corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la resolución SSPD
20191000022815 del 16 de julio de 2019, por medio de la cual se estableció la tarifa
de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la base
gravable de liquidación y el procedimiento para el recaudo de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios para el período 2019.
Para estos efectos, y dado que las partes ponen de presente que el acto acusado
ya fue objeto de pronunciamiento en la sentencia del 16 de marzo de 202325, la sala
verificará si está configurada la excepción de cosa juzgada y solo en caso de que
no se encuentre probada o que solo sea demostrada parcialmente, se procederá al
estudio de fondo de los cargos de nulidad propuestos.
Análisis del caso concreto
1. Sobre la excepción de cosa juzgada.
El artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que la sentencia decidirá sobre las excepciones que se
encuentren probadas, de oficio o a petición de parte. Además, el artículo 189 ibidem
indica que las sentencias de nulidad producen efectos erga omnes, es decir que
son de obligatorio acatamiento para todos los operadores jurídicos.
22
Samai, índice 49.
23
Samai, índice 48.
24
Exp. 22628, M.P. Milton Chaves García.
25
Exp. 25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Precisado lo anterior, como lo manifestaron las partes, la sentencia del 16 de marzo
de 2023 se pronunció parcialmente sobre la legalidad del acto acusado en este
caso, por lo que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:
PRIMERO.- ANULAR parcialmente el artículo 2 de la Resolución SSPD 20191000022815 del 16
de julio de 2019, en cuanto incluyó dentro de los gastos de administración de la base de
liquidación de la contribución especial de la vigencia 2019, el concepto de gastos por pérdidas
en aplicación del método de participación patrimonial [subraya la sala].
Según se observa, la providencia analizada surte efectos de cosa juzgada parcial
frente al litigio de la referencia. Esto es así porque, en este caso, la demandante
pretende la nulidad parcial del artículo 2 de la resolución SSPD 20191000022815 de
2019 en tanto que integró en la base gravable al rubro de otros gastos (cuenta 58),
que incluye a las pérdidas en aplicación del método de participación patrimonial. De
este modo, los cargos de nulidad propuestos versan, en parte, sobre el mismo punto
del acto acusado que fue anulado en la sentencia del 16 de marzo de 2023, por lo
que será declarada probada de oficio la excepción referida.
Se aclara que, aunque se encuentra acreditada de oficio la excepción de cosa
juzgada parcial procede el estudio de fondo de los cargos de nulidad, pero
únicamente con relación a los demás conceptos que integran la noción de otros
gastos, frente a los cuales no hubo un pronunciamiento en la referida sentencia del
16 de marzo de 2023 (comisiones, gastos financieros y diversos y donaciones).
2. Sobre la integración de la base gravable de la contribución especial del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
La demandante fundamentó sus pretensiones en que el acto acusado conformó la
base gravable con todos los gastos reportados por los obligados al SUI, salvo las
exclusiones expresas26, lo que a su juicio desconoció la definición jurisprudencial
de gastos asociados al servicio objeto de regulación, pues supuso la incorporación
de las cuentas del grupo 58 (otros gastos) a las cuales pertenecen los rubros de
comisiones, financieros, gastos diversos y donaciones. En este punto, se destaca
que, en la demanda, se afirmó que la base gravable, en cuanto a gastos de
funcionamiento, únicamente podía estar conformada por los rubros de beneficios a
empleados, honorarios, generales y total gastos de provisiones, los cuales no serán
objeto de estudio porque no se formularon cargos de nulidad en su contra.
Igualmente, la demandante también indicó que la SSPD cometió un error al
fundamentar la conformación de la base gravable en la implementación de las NIIF,
dado que la jurisprudencia ya precisó que ellas no alteraron la noción de gastos de
funcionamiento asociados al servicio regulado. Y, finalmente, aseguró que la
presunción de legalidad del acto acusado ya fue desvirtuada por la sentencia
proferida por el Juzgado 44 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que la
inaplicó por acoger los argumentos planteados en la demanda de la referencia.
De otro lado, en la contestación de la demanda, la SSPD afirmó que procedía la
adición de la base gravable por existir un faltante presupuestal debidamente
acreditado.
Para decidir el caso bajo examen, lo primero a advertir es que las decisiones
adoptadas por el Juzgado 44 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá no
26
En concreto, fueron excluidos los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones, excepto impuesto de renta; deterioro;
depreciación; amortización; provisiones; ajustes por diferencia en cambio; impuesto a las ganancias corrientes; impuesto
a las ganancias diferido; y licencias y regalías, excepto licencias de operación del servicio.
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constituyen un precedente vinculante para esta corporación, en cuanto es el máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así las cosas, el cargo planteado con
sustento en la inaplicación decretada por dicho juzgado no prospera.
Frente a los demás cargos de la demanda, la sala advierte que, aunque la sentencia
del 16 de marzo de 202327 no surte efectos de cosa juzgada respecto a los
conceptos de otros gastos que no analizó, lo dicho en ella constituye un precedente
vinculante para este caso. En consecuencia, serán reiteradas las consideraciones
de ese fallo, en cuanto sean pertinente.
En efecto, la sentencia reiterada puso de presente que esta sección ha considerado
que «no basta con justificar un faltante presupuestal para adicionar a la base gravable cuentas que
no corresponden a gastos de funcionamiento, pues se reitera, dicha excepción a la regla general,
solo está prevista para los gastos operativos como son la son las compras en bloque y/o a largo
plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas, redes y ductos, costo de distribución y/o
comercialización GN, gas combustible, (…), cuando hubiere lugar a ello»28.
Luego, explicó que la sala29 ha señalado que no todos los gastos de la cuenta 5
integran la base gravable de la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142
de 1994, pues la norma referida los restringe a los servicios asociados a la
prestación del servicio regulado; es decir, que no se pueden incluir los otros gastos
que, perteneciendo a la cuenta referida, no tengan una relación necesaria e
inescindible con los servicios públicos domiciliarios que se prestan, pues los
elementos que conforman la base gravable están limitados.
De este modo, la providencia reiterada de 2023 afirmó que la jurisprudencia30 ha
señalado que las cuentas del grupo 58 (otros gastos), y en específico las cuentas
5805 (financieros), 5810 (extraordinarios) y 5815 (ajustes de ejercicios anteriores),
no pueden integrar la base gravable del tributo por no estar asociadas a la
prestación del servicio regulado.
Con base en lo expuesto, concluyó que «la inclusión en la base gravable de erogaciones
que no están asociadas a la prestación del servicio vigilado excede la facultad prevista por el
legislador, comoquiera que no se trata de rubros que excepcionalmente puedan adicionarse
“inclusive bajo el supuesto del faltante presupuestal”» y destacó que, en consecuencia, el
concepto de gastos por pérdidas en aplicación del método de participación
patrimonial también se debía excluir de la base gravable, por tratarse de gastos de
funcionamiento no asociados al servicio, a pesar de que en la vigencia cuestionada
se demostró un faltante presupuestal.
Así mismo, la sentencia aquí reiterada puso de presente que la Sección31 consideró
que el cambio o ampliación del concepto de gasto en las NIIF no supuso el desuso
del concepto de gasto de funcionamiento que establece el artículo 85 de la Ley 142
de 1994 para efectos fiscales y que, por tanto, se debía acoger la definición de
gastos de funcionamiento desarrollada por la jurisprudencia para determinar la base
gravable de la contribución.
Por lo anterior, aseveró que «la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera no implica que la Superintendencia adicione a la base gravable de la contribución especial
27
Exp. 25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
28
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, M.P. Milton Chaves García; reiterada en el fallo del 16 de marzo de
2023, exp. 25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
29
En este punto, hizo referencia a la sentencia del 29 de septiembre de 2010, exp. 16874, M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia; reiterada en el fallo del 11 de mayo de 2017, exp. 20179, M.P. Milton Chaves García.
30
Al respecto, invocó la sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 19853, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
31
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.
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de manera indiscriminada rubros no autorizados expresamente por el legislador y que no
corresponden a gastos de funcionamiento asociados al servicio».
Lo expuesto permite afirmar, de manera preliminar, que no le asiste la razón a la
SSPD al fundamentar sus argumentos de defensa en que fue debidamente
acreditado un faltante presupuestal para la vigencia 2019.
Ahora, para verificar la prosperidad de los cargos de nulidad, y teniendo presente lo
anterior, en el acto acusado consta que la motivación para integrar los gastos de
funcionamiento en la base gravable fueron los siguientes:
Que formarán parte de la base gravable de liquidación de la contribución especial 2019, la
sumatoria de los valores reportados y CERTIFICADOS al Sistema Único de Información – SUI,
por los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el Formato Complementario
[900017] FC01-01 a FC01-07 “Gastos de Servicios Públicos”, en la columna gastos
administrativos, de las taxonomías XBRL a 31 de diciembre de 2018, por cada servicio público
objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superservicios, tomando como corte
el 07 de julio de 2019.
Que para la determinación de la base gravable de liquidación de la Contribución Especial
2019, para los prestadores clasificados en Grupo 3, se tomarán los valores reportados por
servicio público domiciliario prestado en el Formato complementario [900017a] FC01 – Gastos
de servicios públicos, de las taxonomías XBRL a 31 de diciembre de 2018, con corte al 07 de
julio de 2019; para el concepto Total Gastos.
Que se excluirá de la base gravable los siguientes conceptos:
Exclusiones Base Gravable de la Contribución Especial 2019
Impuestos, tasas y contribuciones (No incluye impuesto de renta)
Deterioro
Depreciación
Amortización
Provisiones
Ajuste por diferencia en cambio
Impuesto a las ganancias corrientes
Impuesto a las ganancias diferido
Licencias, contribuciones y regalías, EXCEPTO licencias de operación del servicio
En un documento anexo a la demanda32, fueron allegados los formatos
complementarios referidos en la transcripción los cuales fueron decretados como
prueba33 sin que la demandada formulara reparos al respecto, por lo que procede
su valoración.
En los formatos, y de conformidad con lo discutido en la demanda, se evidencia
que, entre otros, fue incluido como gasto de funcionamiento el concepto de otros
gastos, integrado por los rubros de comisiones, ajuste por diferencia en cambio,
financieros, pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial, gastos
diversos y donaciones.
De estos rubros, se reitera, la pérdida en aplicación del método de participación
patrimonial fue declarado nulo en la sentencia reiterada del 16 de marzo de 202334,
por lo que no es procedente un nuevo pronunciamiento al respecto. Además, se
destaca que el acto acusado expresamente ordena excluir de la base gravable al
rubro de ajuste por diferencia en cambio, por lo que, frente a él, no se configura la
infracción alegada en la demanda.
Ahora, siguiendo el precedente de la sentencia referida del 16 de marzo de 2023,
los demás rubros del grupo 58 (otros gastos) no constituyen gastos de
32
Samai, índice 3, «5_DemandaWeb_Anexos_CopiadeFORMATOENTREG(.xlsx)»
33
Cfr. auto del 11 de diciembre de 2025. Samai, índice 34.
34
Exp. 25615, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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funcionamiento, en la medida que no están asociados al servicio regulado, sino a
gastos en comisiones diferentes a los asociados a bienes y servicios para la venta35,
gastos financieros, gastos diversos y donaciones realizadas por el obligado.
Así se ha señalado en otras ocasiones, como en la sentencia del 20 de septiembre
de 202436, en donde la Sección analizó una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho de los actos de determinación de la contribución especial expedidos
por la SSPD con relación al año 2019 y afirmó que, «con relación a las “comisiones” y “gastos
diversos”, pese a que son gastos, tampoco son de aquellos calificados como gastos de
funcionamiento asociados al servicio sometido a la vigilancia, control, inspección y regulación de la
Superintendencia, es decir, como antes se indicó, no tienen una relación necesaria e inescindible
con la prestación del servicio público de energía que proporciona y ejecuta la demandante».
Con base en lo expuesto, prosperan los primeros dos cargos de nulidad propuestos
en la demanda, por lo que la Sección declarará la nulidad parcial del artículo 2 del
acto acusado, en cuanto incluyó en la base gravable los rubros de comisiones,
financieros, gastos diversos y donaciones bajo el concepto de gastos de
administración.
Es necesario aclarar que, en los formatos allegados por la demandante, los rubros
referidos pueden ser utilizados para reportar información como gasto de
administración (funcionamiento) o gasto operativo. De este modo, se precisa que la
declaratoria de nulidad parcial anunciada únicamente versa sobre su inclusión como
gasto de funcionamiento.
Costas
Esta Sección no impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un
asunto de interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR PROBADA la excepción de cosa juzgada parcial, en cuanto a la
inclusión en la base gravable de los gastos por pérdidas en aplicación del
método de participación patrimonial, bajo el concepto de gasto de
administración, por parte del artículo 2 de la resolución SSPD 20191000022815
del 16 de julio de 2019, que fue declarada nula en la sentencia del 16 de marzo
de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
2. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del artículo 2 de la resolución SSPD
20191000022815 del 16 de julio de 2019, frente a la inclusión en la base
gravable, bajo el concepto de gastos de administración, a los rubros de
comisiones, financieros, gastos diversos y donaciones (todos pertenecientes
al renglón de otros gastos).
35
El rubro de bienes y servicios para la venta corresponde a un concepto distinto en los formatos FC01-01 a FC01-07,
conforme el documento aportado como prueba como anexo a la demanda.
36
Exp. 28306, M.P. Milton Chaves García, en la que fue invocada la sentencia del 21 de septiembre de 2023, exp. 27164,
M.P. Milton Chaves García.
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3. No condenar en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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