Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00005-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-27-000-2025-00005-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00005-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2025-00005-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
21 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Temas: Base gravable de cooperativas. Determinación del beneficio
neto o excedente.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia anticipada dentro del medio de control de nulidad
promovido por el demandante contra los Conceptos DIAN 032434 del 7 de
noviembre de 2018, 24037 del 23 de septiembre de 2019 [nulidad parcial: se
demanda las respuestas a las preguntas una y dos] y 000387 del 21 de enero de
2025, expedidos por la DIAN.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
La DIAN expidió los Conceptos 032434 del 7 de noviembre de 2018, 24037 del 23
de septiembre de 2019 y 000387 del 21 de enero de 2025, a través de los cuales
conceptúa que la base gravable del impuesto de renta de las cooperativas la
componen tanto los excedentes provenientes de las operaciones con cooperados
como con los originados en operaciones con terceros. El contenido de los referidos
conceptos es el siguiente:
Concepto 032434 del 7 de noviembre de 2018
(…) Nos permitimos dar respuesta a su consulta conforme a la cual formula 3 interrogantes
planteados en virtud del Ejemplo para la aplicación de la distribución de excedentes señalado
en el numeral 2.1 de Circular Externa No 007 de 2009 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria sobre aplicación de excedentes en cooperativas, transcrito a continuación:
Total excedente del ejercicio $100.000.000
Excedentes de operaciones con terceros (aplicación del artículo 10 - Ley
79/88) ($20.000.000)
Pérdidas de ejercicios anteriores (aplicación del artículo 55 - Ley 79/88) ($ 5.000.000)
Restablecer Reserva Protec. Aportes (aplicación del artículo - 55 Ley
79/88) ($10.000.000)
Total excedente neto a distribuir $65.000.000
Aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988
20% Reserva protección de aportes. $ 13.000.000
20% Fondo Educación $13.000.000
10% Fondo Solidaridad $ 6.500.000
Remanente a distribuir por la asamblea $ 32.500.000
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
1. Sobre este beneficio neto ($65.000.000) determinado en el párrafo anterior dando
cumplimiento a la normatividad es que se debe aplicar la tarifa del 20%?
En primer lugar, hay que advertir que el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, por la cual se
actualiza la legislación cooperativa, determina como se deben aplicar los excedentes
del ejercicio; el artículo 10 de la misma Ley establece que los excedentes que se
obtengan de servicios prestados al público no afiliado serán llevados a un fondo social
no susceptible de repartición. Pero, la norma que determina el impuesto a cargo de las
cooperativas es el artículo 19-4 del estatuto tributario.
Dicho artículo 19-4 adicionado por el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 dispuso:
ART. 19-4. –Tributación sobre la renta de las cooperativas. Las cooperativas, sus
asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter
financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por
alguna superintendencia u organismo de control; pertenecen al régimen tributario
especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del
veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. (...).
Con base en el artículo mencionado, el Concepto Unificado 0481 del 2017 establece en
el numeral 5.7., lo siguiente:
5.7. DESCRIPTOR: Cooperativas
Determinación del beneficio neto o excedente ¿Cómo se aplica la tarifa del Impuesto
sobre la renta y complementario para las entidades del sector cooperativo?
El artículo 19-4 del E.T. modificó el tratamiento tributario de las entidades del sector
cooperativo, señalando que estas entidades pertenecen al Régimen Tributario Especial
y tributarán sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte
por ciento (20%), con excepción de las tarifas especiales previstas para los periodos
gravables 2017 y 2018 que indican los parágrafos transitorios del artículo 19-4 ibidem.
Con base en lo anterior, una vez determinado el beneficio neto o excedente en los
términos establecidos en el artículo 19-4 del E. T. y el artículo 1.2.1.5.2.7 del Decreto
1625 de 2016, se procede a aplicar la tarifa del 20% salvo excepciones.
Cuando la norma tributaria hace referencia a que el impuesto se toma del Fondo de
Educación y Solidaridad, debe interpretarse que el impuesto calculado en los términos
mencionados anteriormente se resta del fondo de educación y solidaridad que por
disposiciones de la legislación cooperativa deben crear.
A partir de la vigencia de la Ley 1819 del 2016, que para el presente caso es aplicable
para el año gravable 2017, las entidades del sector cooperativo ya no pueden disponer
de estos recursos y ejecutarlos directamente, sino que deben declararlo y pagarlo a
través de los formularios que prescriben la DIAN.
Es importante mencionar que los parágrafos transitorios primero y segundo del artículo
19-4 del ET estableció (sic) que la tarifa del Impuesto sobre la renta y complementario
para las entidades del sector cooperativo por el año gravable 2017 era del 10%, para el
año gravable del 2018 del 15% y a partir del año gravable 2019 y siguientes corresponde
a la tarifa del 20%."
Así las cosas, las cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la
tarifa única especial del veinte por ciento (20%) sin que la ley haya hecho ninguna
diferenciación entre la fuente de la cual proviene el beneficio. Por tal motivo, el total del
excedente del ejercicio no se puede escindir en: excedentes de operaciones con
terceros y excedentes de operaciones con afiliados a la cooperativa.
En tal sentido, la tarifa del 20% se aplicará sobre el total de los beneficios netos o
excedentes sin importar si fueron fruto de operaciones o servicios prestados a terceros
o a personal afiliado.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
¿Esos excedentes obtenidos de operaciones realizadas con terceros ($20.000.000) que
de acuerdo al artículo 10 de la Ley 79 de 1988 se llevan a un fondo social no susceptible
de distribución entonces no se incluyen en la declaración de renta de las cooperativas?
Sin perjuicio de que por mandato del artículo 10 de la Ley 79 de 1988 los excedentes
de operaciones realizadas con terceros deben ser llevados a un fondo social no
susceptible de repartición, estos forman parte del total de los beneficios netos a los
cuales se aplica la tarifa especial del impuesto de renta, tal y como se dijo en la
respuesta anterior.
3. ¿O en qué renglón de la declaración de renta se incluyen si no forman parte de la
base gravable para aplicar el impuesto?
Consecuentemente, los excedentes que obtengan las cooperativas por servicios
prestados al público no afiliado forman parte de la base gravable.
Concepto 24037 del 23 de septiembre de 2019
(…) Plantea usted lo siguiente:
Cita el inciso primero del artículo 19-4 del Estatuto Tributario para destacar que las
entidades cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única
especial del veinte por ciento (20%) impuesto que será tomado en su totalidad del fondo
de educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Así mismo
pone de relieve que de acuerdo con la misma norma:
“Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo
con la ley y la normatividad cooperativa vigente."
Indica que con base en lo anterior y con el fin de darle claridad a la aplicación del artículo
54 de dicha ley, la Superintendencia de Economía Solidaria expidió la Circular Externa
007 del 8 de julio de 2009 donde indica cómo debe aplicarse el beneficio neto o
excedente teniendo en cuenta los artículos 54 y 55 de la ley cooperativa y, en el ejemplo
práctico que se trae, además se evidencia como se obtiene o calcula ese benéfico,
señalando que de los ingresos se descuentan los correspondientes a operaciones con
terceros (no afiliados).
Se cita parcialmente el Concepto 048186 de 2005 de la DIAN, donde la Entidad en su
momento aceptó que del beneficio neto o excedente era posible restablecer la reserva
de protección de aportes en virtud de la especialidad de la ley cooperativa.
Luego señala que, en el caso de la cooperativa consultante, al 31 de diciembre de 2017,
poseía pérdidas acumuladas por determinada cifra y un restablecimiento de protección
de aportes por efectuar, debido a la intervención generada en el año 2013, que fue
utilizada para la reactivación de la cooperativa y aprobada por el órgano de supervisión
(Superintendencia de la Economía Solidaria)
Manifiesta que su inquietud radica en el artículo 1.2.1.5.2.8 del Decreto Único
Reglamentario 1625 de 2016 con la modificación introducida por el Decreto 2150 de
2017 y el tratamiento de las pérdidas fiscales de los contribuyentes a que se refiere el
artículo 19-4 del Estatuto Tributario, de acuerdo con el cual: Si del resultado del ejercicio
se genera una pérdida fiscal para las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto
Tributario, la misma se podrá compensar con los beneficios netos de los períodos
siguientes, de conformidad con el artículo 147 del Estatuto Tributario; norma que sin
embargo no se refiere a las pérdidas acumuladas de períodos anteriores, señalando
que entienden que la norma se refiere a pérdidas del ejercicio y que su compensación
sería también hacia futuro.
Expresa que, de igual forma, el artículo 1.2.1.5.1.26 del Decreto 2150 de 2017, en su
parágrafo transitorio, trae una ambigüedad al enunciar que en caso de que haya
pérdidas fiscales acumuladas a treinta y uno (31) de diciembre de 2016 y no estén
compensadas, estas no se someterán al término de compensación previsto en el
artículo 147 del estatuto Tributario, ni serán reajustadas fiscalmente.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
¿Se requiere aclarar si Coolcapro debía realizar pago de impuesto en el año 2017, con
las pérdidas que traía y si debe pagar para los años siguientes teniendo en cuenta el
restablecimiento de las reservas de protección de aportes que debe efectuar?
Al respecto se observa lo siguiente:
1. Beneficio Neto o excedente, cálculo para efectos fiscales.
Se parte de la base que, en el período gravable 2017, la entidad consultante obtuvo
beneficio neto o excedente y que, sin embargo, trae pérdidas acumuladas de vigencias
anteriores, igualmente que en un período anterior (2013) hizo uso de la reserva para
protección de aportes, para enjugar pérdidas. ¿En este escenario y bajo la normativa
referenciada se pregunta si teniendo excedente para el respectivo período gravable
debe pagarse impuesto pese a las pérdidas acumuladas que trae de ejercicios
anteriores y, así mismo, destinarse al restablecimiento de la reserva de protección de
aportes que tendría que hacer?
Considerando que entre los soportes de su argumentación trae la Circular Externa 007
de 2009, de la Superintendencia de Economía Solidaria, que no solo se refiere a la
destinación del beneficio neto o excedente, sino que en el ejercicio práctico que plantea,
incluye lo pertinente a la determinación del mismo, es necesario partir de este aspecto,
que además ha sido objeto de precisión por la DIAN para efectos fiscales.
Acorde con el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, las cooperativas pertenecen al
régimen tributario especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa
única especial del 20%. Lo anterior, sin perjuicio de las normas de transición aplicables
para los años gravables 2017 y 2018, estipulando que, para el primero de ellos, la tarifa
única especial en el impuesto sobre la renta y complementarios era del 10%. Debiendo
destinar el otro 10% del excedente de manera autónoma por las propias cooperativas a
financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Y, para el año gravadle 2018, la
tarifa única especial en el impuesto sobre la renta y complementarios se estableció en
el 15%. Debiendo destinar el 5% del excedente de manera autónoma por las propias
cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior
públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Ahora bien, dado que el tributo de estas entidades se aplica sobre el beneficio neto o
excedente, la pregunta es ¿cómo se obtiene este beneficio neto o excedente? ¿cómo
se llega a él?
El inciso segundo del artículo 19-4 del Estatuto Tributario establece:
“Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo
con la ley y la normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se
encuentran obligadas estas entidades no podrán ser registradas como un gasto para la
determinación del beneficio neto o excedente.” (Resaltado fuera de texto.)
La ley cooperativa, Ley 79 de 1988, en el artículo 54 señala cómo se aplican los
excedentes del ejercicio, cuando resulten excedentes. Por su parte el artículo 55 indica
que no obstante esa previsión, el excedente de las cooperativas se aplicará en primer
término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Adicionalmente señala que,
cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para
compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de restablecer la
reserva al nivel que tenía antes de su utilización.
Sin perjuicio de esto, el artículo 10 ibidem, dispone que: "Las cooperativas prestarán
preferencialmente sus servicios al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus
estatutos podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social
o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán
llevados a un Fondo social no susceptible de repartición.”
Ahora bien, los artículos 54 y 55 de la Ley 79 de 1988 se refieren al beneficio neto o
excedente y su aplicación, estas normas no indican la forma de obtenerlo o calcularlo,
sin que de ellas se desprenda que para el cálculo del beneficio neto o excedente deban
excluirse los ingresos obtenidos por servicios a terceros no afiliados.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
En materia tributaria los Decretos 4400 de 2004 y 640 de 2005, daban lineamientos,
entre otros aspectos para la determinación del beneficio neto o excedente para las
entidades sin ánimo de lucro, así como para las cooperativas, existiendo divergencias
de interpretación entre la DIAN y las entidades cooperativas.
Posteriormente la Ley 1066 de 2006, en su artículo 10, adicionó, en su momento, el
numeral 4 al artículo 19 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso:
"El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo
establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente”.
Sobre la aplicación de esta norma existen diversos pronunciamientos por parte de la
DIAN. En todo caso se observa que esta disposición se mantiene actualmente en el
artículo 19-4 del Estatuto Tributarlo. Sin embargo, es necesario establecer su alcance
en el nuevo contexto normativo. En efecto, la Ley 1819 de 2016 introdujo cambios
sustanciales al régimen de entidades de sin ánimo de lucro. El mismo incluye a las
cooperativas con las especificidades que hace el artículo 19-4. Y si bien dicha
disposición se mantiene, según lo ha interpretado la DIAN en distintos conceptos, las
cooperativas se rigen por la ley, entendida en un sentido amplio, no limitada a la ley
cooperativa, sin perjuicio de atender en lo pertinente la normatividad cooperativa.
Esta visión la plasma el reglamento, el Decreto 2150 de 2017 incorporado al Decreto
1625 de 2016, que en uno de sus considerandos indica:
“Que el beneficio neto o excedente de las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas
centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones
mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas,
previstas en la legislación cooperativa, vigiladas por alguna superintendencia u
organismo de control, de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario se determinará
de conformidad con lo establecido en la ley y la normativa cooperativa vigente en lo no
contemplado en la normativa tributaria. Por ello, se requiere la reglamentación v
precisión de los ingresos y egresos como factores integrantes para la determinación del
beneficio neto o excedente”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)
Luego, el beneficio neto o excedente de las entidades cooperativas, para efectos
fiscales, implica que las cooperativas se someten a la ley en términos amplios incluida
la ley tributaria y, así mismo, la normatividad cooperativa, en lo no contemplado en
aquella.
En este sentido, la DIAN en el Concepto Unificado 0481 de 2017, frente a la pregunta
sobre el beneficio neto o excedente que es objeto de impuesto, indica lo siguiente:
"5.7. DESCRIPTOR: Cooperativas
Determinación del beneficio neto o excedente
¿Cómo se aplica la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario para las
entidades del sector cooperativo?
El artículo 19-4 del E.T. modificó el tratamiento tributario de las entidades del sector
cooperativo, señalando que estas entidades pertenecen al Régimen Tributario Especial
y tributarán sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte
por ciento (20%), con excepción de las tarifas especiales previstas para los períodos
gravables 2017 y 2018 que indican los parágrafos transitorios del artículo 19-4 ibidem.
Con base en lo anterior, una vez determinado el beneficio neto o excedente en los
términos establecidos en el artículo 19-4 del E.T. y el artículo 1.2.1.5.2.7. del Decreto
1625 de 2016, se procede a aplicar la tarifa del 20% salvo excepciones.
Cuando la norma tributaria hace referencia a que el impuesto se toma del Fondo de
Educación y Solidaridad, debe interpretarse que el impuesto calculado en los términos
mencionados anteriormente se resta del fondo de educación v solidaridad que por
disposiciones de la legislación cooperativa deben crear.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
/…/
Así las cosas, las cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la
tarifa única especial del veinte por ciento (20%) sin que la ley haya hecho ninguna
diferenciación entre la fuente de la cual proviene el beneficio. Por tal motivo, el total del
excedente del ejercicio no se puede escindir en: excedentes de operaciones con
terceros y excedentes de operaciones con afiliados a la cooperativa.
En tal sentido, la tarifa del 20% se aplicará sobre el total de los beneficios netos o
excedentes sin importar si fueron fruto de operaciones o servicios prestados a terceros
o a personal afiliado”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)
El mismo Concepto 0481 en el numeral 5.4 señala:
"5.4. DESCRIPTOR: Cooperativas
Beneficio neto o excedente
Aspectos preliminares para su determinación
El artículo 19-4 del E.T. establece que el cálculo del beneficio neto o excedente se hará
de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente.
Sobre este punto es preciso recordar que antes de la reglamentación de la Ley 1314 de
2009, las entidades de vigilancia y control eran las encargadas de expedir la
reglamentación en materia contable y para el presente caso las entidades de sector
cooperativo se ajustaban a ese marco contable.
Esta situación fue modificada con ocasión de la aplicación de los nuevos marcos
técnicos contables, reglamentarios de la Ley 1314 de 2009, en razón a que el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público son ahora los competentes para expedir estas normas de
aplicación general para todos los obligados a llevar contabilidad en el país, por tal
motivo, las entidades del sector cooperativo no son ajenas a esta obligación, situación
que incide en el tratamiento de sus ingresos, egresos, activos y pasivos.
Por otra parte, no se puede olvidar que el legislador ha venido implementando una serie
de normas de control para todos los contribuyentes, con el fin de prevenir la evasión y
elusión fiscal, lavado de activos, control a los aportes al Sistema General de Seguridad
Social, asegurar mayor transparencia en las transacciones, mejorar el recaudo y
promover la eficiencia del sistema tributario, entre otras medidas, respecto de las cuales
las entidades del sector cooperativo no son ajenas y están llamadas a su cumplimiento.”
(Resaltado y subrayado fuera de texto)
En oficio 001937 de 2018, se ratifica dicha interpretación y, adicionalmente a la
pregunta:
(…)
Concepto 000387 del 21 de enero de 2025
Solicitud de reconsideración.
2. Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita la reconsideración del
Oficio 032434 del 7 de noviembre de 2018, con base en los siguientes argumentos:
i) La Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015 aplica a las entidades de economía
solidaria, por lo tanto, se constituye en el marco técnico normativo contable aplicable a
las cooperativas.
ii) El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en el Documento de orientación
técnica No 21 de 2021 indica que la aplicación del excedente y constitución de fondos
sociales solidarios de las cooperativas se rigen por los artículos 10, 54, 55 y 56 de la
Ley 79 de 1988 y mediante modelos de casos prácticos señala que la base de cálculo
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
para la aplicación de los excedentes se debe realizar una vez se haya detraído los
excedentes de operaciones de terceros.
iii) La reserva para la protección de aportes sociales (20%), el fondo de educación
(20%), y fondo de solidaridad (10%) no debe constituirse con los excedentes
provenientes de ingresos de terceros.
iv) Con sustento en lo anterior, solicita se reconsidere lo expuesto en el Oficio 032434
del 7 de noviembre de 2018, en el sentido de indicar que los excedentes provenientes
de terceros se deben excluir de la base gravable del impuesto sobre la renta.
Análisis jurídico.
3. El artículo 19-4 del Estatuto Tributario establece que las cooperativas pertenecen al
régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, y tributan sobre el beneficio neto
o excedente a una tarifa del 20%. El excedente se calcula de acuerdo con la normativa
cooperativa vigente, y los marcos técnicos normativos que resulten aplicables a los
contribuyentes del sector cooperativo1.
4. De conformidad con el numeral 1 del parágrafo 1 del artículo 1.1.1.1. del Decreto
2420 de 2015 las cooperativas financieras y los organismos cooperativos de grado
superior conforman el Grupo 1 de los sujetos que se encuentran obligados a dar
aplicación a las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento
de la Información que contempla la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios.
5. Tratándose de las cooperativas financieras y los organismos de grado superior, el
Decreto 2420 de 20152 establece que el régimen normativo aplicable es el dispuesto en
el anexo del Decreto 2784 de 2012 y en el anexo 1 y sus modificatorios del Decreto
2420 de 2015, salvo lo señalado para: i) El tratamiento de la cartera de crédito y su
deterioro previsto en la NIIF 9 y NIC 39, aspectos sobre los cuales la Superintendencia
de la Economía Solidaria y la Superintendencia Financiera, según el caso, definirán las
normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de
información financiera; y ii) El tratamiento de los aportes sociales previsto en el artículo
1.1.4.6.1. del Decreto 2420 de 2015, tratándose de entidades vigiladas por la
Superintendencia Solidaria.
6. Por lo tanto, las entidades del sector cooperativo deberán dar aplicación al marco
técnico normativo contable señalado en los Decretos 2784 de 2012 y 2420 de 2015 para
efectos de calcular el beneficio neto o excedente, y al no existir dentro de este régimen
normativo disposiciones especiales que regulen la manera en que se debe determinar,
este se deberá calcular de acuerdo con la información contable determinada de acuerdo
con las exigencias señaladas en las normas mencionadas.
7. Al respecto, la Subdirección de Normativa y Doctrina en el Concepto Unificado de
Entidades sin Ánimo de Lucro y Donaciones ESAL No 906833 de 2018, señaló que para
la determinación del beneficio neto o excedente los marcos técnicos normativos
contables aplicables son los regulados por la Ley 1314 de 2009, es decir, que los
ingresos serán determinados con base en la contabilidad3.
8. En consecuencia, las entidades del sector cooperativo al momento de establecer el
beneficio neto o excedente deberán tener en cuenta todos sus ingresos, indistintamente
que estos provengan de asociados o terceros. Esto es armónico con lo dispuesto en el
artículo 19-4 del Estatuto Tributario, que al establecer que las cooperativas tributan
sobre el beneficio neto o excedente, no hace distinción alguna frente a la fuente de
donde estos provengan, por lo que se debe tomar la totalidad del excedente.
1
Cfr. Inciso 1 del artículo 1.2.15.7. del Decreto 1625 de 2016.
2
Artículos 1.1.4.1.2. y 1.1.4.5.1.
3
“Determinación del beneficio neto o excedente
¿Cómo se determina el beneficio neto o excedente para las entidades del sector cooperativo?
Los artículos 19-4 del E.T. y 1.2.1.5.2.7. del Decreto 1625 de 2016 establecen que el cálculo del beneficio neto o excedente
se hará de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente y tal como se expuso previamente, las entidades del sector
cooperativo deben aplicar los marcos técnicos normativos contables regulados por la Ley 1314 de 2009, es decir, que los
ingresos serán determinados con base en la contabilidad al igual que los egresos, pero para estos últimos se considerarán
las normas de control que establece el Estatuto Tributario, en especial los señalados en los artículos 87-1, 107,107-1, 108,
177-1, 177-2, 771-2, 771-3, 771-5, entre otros.”.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
9. Así las cosas, en virtud del principio general de interpretación jurídica según el cual
donde la norma no distingue no le corresponde al intérprete hacerlo, al no hacerse
ninguna diferenciación por parte del legislador frente al origen de los excedentes, no es
procedente hacerlo vía interpretación
10. Por otro lado, si bien la Ley 79 de 1988 “Por la cual se actualiza la Legislación
Cooperativa” en los artículos 10 y 54 establece disposiciones que regulan el tratamiento
de los excedentes, estas se relacionan con la detracción de los excedentes del público
no asociado antes de la repartición, y la destinación que se le debe dar a los mismos.
11. En este contexto, es claro que la detracción de los excedentes provenientes del
público no afiliado que establece el artículo 10 de la Ley 79 de 1988, solamente aplica
para efectos de la repartición de excedentes, que debe realizarse de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 56 ibidem y no puede aplicarse para efectos de establecer el
excedente sobre el cual tributan las cooperativas.
12. En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye lo siguiente:
a. No existe dentro de los marcos normativos técnicos aplicables al sector cooperativo
disposiciones especiales que determinen la forma en que se debe calcular el beneficio
neto o excedente. En consecuencia, se deben aplicar las normas que determinan la
manera en que estas entidades deben llevar su contabilidad, es decir, que se debe
tomar la totalidad de los ingresos indistintamente que estos provengan de asociados o
terceros.
b. La detracción de los excedentes provenientes del público no asociado que refiere el
artículo 10 de la Ley 79 de 1988, aplica para la destinación que se debe dar al excedente
y no resulta aplicable para otros efectos.
c. El artículo 19-4 del Estatuto Tributario alude a la totalidad del beneficio neto o
excedente sin hacer mención de conceptos que se deban excluir, por lo que la totalidad
del excedente provenga o no de asociados, se constituye en la base gravable del
impuesto sobre la renta.
Conclusión y decisión.
13. En conclusión, se confirma el Oficio no. 032434 del 7 de noviembre de 2018 y por
lo tanto para efectos de establecer la base gravable del impuesto sobre la renta sobre
la que tributan las entidades del sector cooperativo, se debe tomar la totalidad del
excedente del ejercicio y no es posible excluir los excedentes provenientes de
operaciones con público no afiliado.
Demanda y contestación de la demanda
Mario Javier López Guerrero, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), formuló las siguientes pretensiones:
Solicito al Consejo de Estado que declare:
A. La NULIDAD TOTAL del OFICIO 032434 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 (Anexo B)
proferido por la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN.
B. La NULIDAD PARCIAL del OFICIO 24037 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (Anexo
C) proferido por la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN.
C. LA NULIDAD TOTAL DEL CONCEPTO 000387 DE 21 DE ENERO DE 2025 (Anexo
D) proferido por la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
El demandante indicó como normas violadas, los artículos 83, 95 [numeral 9], 150
[numeral 1] y 338 de la Constitución Política; 3 del CPACA; 6 y 10 de la Ley 1314
de 2009; 29 de la Ley 43 de 1990; 10 y 54 de la Ley 79 de 1988; 19-4 del Estatuto
Tributario (ET); 1.2.1.5.2.7 y 1.2.1.5.2.10 del Decreto 1625 de 2016 (DUT).
El demandante desarrolló el respectivo concepto de violación, mientras que la
demandada ejerció la correspondiente oposición a través de la contestación de la
demanda, cada uno en los términos se sintetizan a continuación4:
Primer cargo. Nulidad por infracción de normas superiores en que debieron
fundarse los actos enjuiciados (cargos 1, 2, 4 y 5 de la demanda)
1. El demandante sostiene que los excedentes provenientes de operaciones con
terceros o público no asociado deben excluirse de la base gravable del impuesto
sobre la renta. Al efecto, afirma que la interpretación de la DIAN desconoce el
diseño legal y contable propio del sector cooperativo, vulnera el principio de
legalidad tributaria y altera indebidamente la carga fiscal que el legislador decidió
mantener inalterada con la Ley 1819 de 2016.
En primer lugar, el demandante argumenta que el artículo 19-4 del ET, al señalar
que las cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o excedentes, remite
expresamente a que dicho excedente se calcule de conformidad con la legislación
cooperativa y los marcos técnicos normativos contables aplicables. En ese marco,
el artículo 10 de la Ley 79 de 1988 dispone de manera clara que los excedentes
obtenidos en operaciones con público no afiliado deben destinarse a un fondo social
no susceptible de repartición, lo cual demuestra que dichos recursos no hacen parte
del excedente disponible para los fines ordinarios del régimen cooperativo y, por
tanto, no pueden integrar la base sobre la cual se determina el impuesto sobre la
renta.
En segundo lugar, sostiene que los marcos técnicos normativos contables del
sector solidario, desarrollados a partir de la Ley 1314 de 2009, el Decreto 2420 de
2015, la Circular Externa 22 de 2020 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria y el Documento de Orientación Técnica 21 de 2023 del CTCP, reconocen
expresamente la detracción de los excedentes de terceros antes de la
determinación de los fondos obligatorios (educación y solidaridad). Como el
impuesto sobre la renta de las cooperativas debe pagarse en su totalidad con cargo
a dichos fondos, resulta contrario al sistema normativo incluir en la base gravable
recursos que, por mandato legal y contable, no pueden ser utilizados para ese fin.
Adicionalmente, el demandante enfatiza que la exposición de motivos de la Ley
1819 de 2016 evidencia que el legislador no pretendió aumentar la carga tributaria
del sector cooperativo, sino únicamente modificar el mecanismo de recaudo del
componente destinado a educación. En consecuencia, interpretar que los
excedentes de terceros ahora integran la base gravable implica, en la práctica,
crear un mayor impuesto sin ley previa, desconociendo los artículos 150 y 338 de
la Constitución y el principio de reserva de ley en materia tributaria.
2. La DIAN se opone para lo cual acude a una interpretación sistemática y literal
del régimen jurídico aplicable al impuesto sobre la renta de las cooperativas, en
especial del artículo 19-4 del ET y de la Ley 79 de 1988.
4
Samai, índices 38 y 47, respectivamente.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
En primer lugar, la DIAN sostiene que el legislador definió de manera clara y general
la base gravable del impuesto, al disponer que las cooperativas tributan “sobre sus
beneficios netos o excedentes”, sin establecer distinción alguna según el origen de
dichos excedentes. En aplicación del principio hermenéutico conforme al cual
donde la ley no distingue no le es dado al intérprete hacerlo, concluye que el
beneficio neto o excedente gravable comprende la totalidad de los ingresos que
conforman el resultado del ejercicio, provengan estos de asociados, cooperados o
de terceros no afiliados. Por ello, la base incluye también los excedentes de terceros
no implica una adición normativa, sino la mera aplicación del texto legal vigente.
La entidad aclara, además, que el demandante confunde la determinación del
beneficio neto o excedente con su posterior destinación. En ese sentido, explica
que el artículo 10 de la Ley 79 de 1988, que ordena llevar los excedentes
provenientes de operaciones con terceros a un fondo social no susceptible de
repartición, únicamente resulta relevante para la fase de distribución del excedente,
regulada por el artículo 54 de la misma ley, y no para la determinación del beneficio
neto que sirve de base al impuesto sobre la renta. Así, la detracción de excedentes
de terceros no es un mecanismo para reducir la base gravable, sino una regla de
aplicación contable y social posterior al cálculo del excedente.
Adicionalmente, la DIAN argumenta que no existe en los marcos técnicos
normativos contables aplicables al sector cooperativo una norma especial que
establezca un método distinto para calcular el beneficio neto o excedente
excluyendo ingresos de terceros. En ausencia de una disposición especial, debe
acudirse – como lo ordena el inciso segundo del artículo 19-4 del ET – a las normas
generales sobre contabilidad, en particular a la Ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, que parten del reconocimiento de la totalidad de los ingresos
contables para la determinación del resultado del ejercicio. En esa línea, la remisión
a la “ley y la normativa cooperativa vigente” no habilita a excluir ingresos que el
legislador tributario no ha exceptuado expresamente.
Respecto del argumento del demandante según el cual esta interpretación
incrementa la carga tributaria del sector cooperativo, la DIAN precisa que la Ley
1819 de 2016 no modificó la base gravable ni la tarifa material del impuesto, sino
únicamente el mecanismo de recaudo del componente destinado a educación. Por
tanto, no existe vulneración a la capacidad contributiva ni al principio de justicia y
equidad tributaria, pues la carga impositiva definida por el legislador se mantiene
inalterada.
Segundo cargo. Falta de competencia (cargo 3 de la demanda)
1. El demandante sostiene que la DIAN excedió su competencia, al interpretar y
suplir supuestos vacíos de los marcos técnicos contables del sector cooperativo,
funciones que corresponden exclusivamente a la Superintendencia de Economía
Solidaria y al CTCP. Al hacerlo, la entidad demandada terminó por desconocer
normas cooperativas vigentes y criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado
(exp. 23661, 23900 y 23743) que han admitido que la legislación cooperativa
permite detraer los excedentes provenientes de terceros para efectos de la
determinación del beneficio neto. Por estas razones, el demandante concluye que
los actos acusados son ilegales y deben ser anulados, en tanto incluyen en la base
gravable del impuesto sobre la renta recursos que, conforme al sistema legal
cooperativo, no constituyen excedente gravable.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
2. Por su parte, la DIAN rechaza el cargo señalando que no ha interpretado ni
suplementado los marcos técnicos contables, ni ha usurpado funciones de la
Superintendencia de Economía Solidaria o del Consejo Técnico de la Contaduría
Pública. Su actuación se limitó a expedir doctrina tributaria dentro de la
competencia que le asigna la ley, mediante una interpretación doctrinal del artículo
19-4 del ET, necesaria para asegurar la aplicación uniforme del impuesto sobre la
renta. En criterio de la entidad, recurrir a la Ley 1314 de 2009 como marco general
contable no implica invadir competencias ajenas, sino dar aplicación a la remisión
expresa que hace la norma tributaria, sin alterar el contenido ni el alcance de las
normas contables vigentes.
Intervenciones
La Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP) 5 se pronunció
sobre dos aspectos concretos, a saber:
1. Impacto económico para el sector solidario derivado de la inclusión de los
excedentes de terceros en el fondo de educación y solidaridad. Sostuvo que los
excedentes obtenidos por la prestación de servicios a público no asociado,
conforme al artículo 10 de la Ley 79 de 1988, deben destinarse a un fondo social
no susceptible de repartición y, por tanto, no se incorporan ni al fondo de educación
ni al fondo de solidaridad, regulados por el artículo 54 de la misma ley. En
consecuencia, afirmó que no es posible medir el impacto económico que supondría
su inclusión en dichos fondos, en la medida en que el supuesto planteado parte de
una premisa normativa inexistente.
2. Existencia de una norma legal, tributaria o contable que determine el
procedimiento para pagar el impuesto si se incluyeran excedentes de terceros en
el fondo de educación y solidaridad. Señaló que, dado que los excedentes de
operaciones con terceros no forman parte de dicho fondo, no resulta procedente
analizar o identificar una norma que establezca un procedimiento para el pago del
impuesto bajo ese escenario hipotético. En consecuencia, descartó la necesidad
de pronunciarse sobre un mecanismo legal o contable inexistente.
La Superintendencia de Economía Solidaria, se pronunció en los siguientes
términos6:
En primer lugar, la Superintendencia recuerda que su función constitucional y legal,
conforme a la Ley 454 de 1998, se circunscribe a la inspección, vigilancia y control
de las organizaciones del sector solidario, con el propósito de garantizar el
cumplimiento de las normas que regulan su naturaleza jurídica, su objeto social y
la correcta aplicación de los principios cooperativos, sin que ello implique asumir
competencias propias del legislador o de la administración tributaria.
Desde esa perspectiva, señala que la legislación cooperativa (Ley 79 de 1988)
regula la destinación y aplicación de los excedentes, distinguiendo entre aquellos
provenientes de operaciones con asociados y los obtenidos por servicios prestados
a terceros. En particular, el artículo 10 de dicha ley dispone que los excedentes
generados con público no asociado deben destinarse a un fondo social no
susceptible de repartición, mientras que los artículos 54 y 55 regulan la constitución
de las reservas y fondos obligatorios y la compensación de pérdidas. No obstante,
aclara que estas disposiciones no establecen el método de determinación del
5
Índice 23, Plataforma Samai.
6
Índice 25, Plataforma Samai.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
beneficio neto ni la base gravable del impuesto sobre la renta, sino que se refieren
a etapas posteriores de aplicación del excedente ya determinado.
Enfatiza que la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta es
una materia propia del derecho tributario, atribuida por la Constitución y la ley al
Congreso; en consecuencia, cualquier definición sobre la inclusión o exclusión de
ciertos ingresos del beneficio neto fiscal debe encontrarse expresamente prevista
en la normativa tributaria vigente, y no puede deducirse únicamente de reglas
contables o de destinación propias del régimen cooperativo. Por ello, las
controversias relacionadas con la inclusión de determinados excedentes en la base
gravable del impuesto sobre la renta deben analizarse principalmente desde la
normativa fiscal y su interpretación jurisprudencial, y no desde las reglas de
aplicación interna de los excedentes, previstas en la legislación cooperativa.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT)7 pidió negar las
pretensiones de la demanda, por cuanto, en su criterio, los actos demandados se
ajustan plenamente al marco constitucional, legal y reglamentario que regula la
tributación de las cooperativas. Al efecto, considera correcta la interpretación del
artículo 19-4 del ET, en el sentido de que estas entidades pertenecen al régimen
tributario especial y tributan sobre la totalidad de sus beneficios netos o excedentes,
sin que el legislador haya establecido diferenciación alguna según la fuente de
estos. En efecto, ni la legislación cooperativa ni la normativa tributaria disponen que
los excedentes derivados de operaciones con terceros deban excluirse del
beneficio neto o excedente que constituye la base gravable del impuesto de renta.
Indica que, por el contrario, el artículo 357 del ET, aplicable a las entidades del
régimen tributario especial, ordena que el beneficio se determine a partir de la
totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, menos los egresos
relacionados, sin contemplar exclusiones por el origen de los ingresos. A su vez,
los artículos 10, 54 y 55 de la Ley 79 de 1988 regulan exclusivamente la destinación
y aplicación posterior de los excedentes y la constitución de fondos y reservas, pero
no establecen el cálculo del excedente ni definen la base gravable del tributo.
Frente al planteamiento del demandante según el cual, dado que el impuesto debe
pagarse con cargo a los fondos de educación y solidaridad, los excedentes
provenientes de operaciones con terceros no pueden integrar la base gravable, el
ICDT precisa que dicho argumento confunde la fuente de pago del impuesto con la
determinación de su base gravable. El hecho de que la ley disponga que el
impuesto sea tomado de dichos fondos no implica que la base del tributo se limite
a los excedentes originados exclusivamente en operaciones con asociados. Así
porque la normativa no impone una identidad necesaria entre la base gravable del
impuesto y la base utilizada para la constitución de fondos y reservas cooperativas.
Finalmente, el ICDT sostiene que la DIAN no desconoció el principio de reserva de
ley ni excedió su competencia, pues se limitó a interpretar y aplicar normas
tributarias vigentes dentro de las funciones que le asigna la ley. Tampoco se
vulneran los principios de equidad y capacidad contributiva, dado que la existencia
misma de excedentes demuestra aptitud económica para contribuir y la tarifa del
20% no resulta confiscatoria. En consecuencia, los oficios demandados no
modifican el tributo ni amplían la ley, sino que reflejan una interpretación coherente
con el sistema tributario, la normativa cooperativa y la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado, razón por la cual no deben ser anulados.
7
Índice 33, Plataforma Samai.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
Alegatos de conclusión
El demandante y la demandada reiteraron sucintamente lo expuesto en la
demanda y su contestación, respectivamente8. El ministerio público no rindió
concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados vulneran el
ordenamiento superior al considerar que, para efectos del impuesto sobre la renta
previsto en el artículo 19-4 del ET, la base gravable de las cooperativas está
integrada por la totalidad del beneficio neto o excedente, sin distinguir si este
proviene de operaciones realizadas con asociados o con terceros no afiliados; y,
adicionalmente, si la DIAN incurrió en falta de competencia al emitir los
pronunciamientos controvertidos.
2. Solución del caso
El artículo 19-4 del ET, adicionado por el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016,
dispone que las cooperativas pertenecen «al régimen tributario especial y tributan sobre sus
beneficios netos o excedentes» a una tarifa única especial del 20%. Asimismo, precisa
que «el impuesto será tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad de que trata el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988» y que «las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio
neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente» .
Por su parte, los artículos 1.2.1.5.2.1 a 1.2.1.5.2.18 del Decreto Único
Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016 (DUT) reglamentan diversos
aspectos del «régimen tributario especial de las entidades del sector cooperativo de que trata el
artículo 19-4 del Estatuto Tributario». Sin embargo, ninguna de estas disposiciones
establece un método específico para el cálculo del beneficio neto o excedente. En
efecto, el artículo 1.2.1.5.2.7 ibidem se limita a señalar que las cooperativas
«calcularán el beneficio neto o excedente de conformidad con los marcos técnicos normativos
contables que resulten aplicables a los contribuyentes de que trata la presente Sección» . Tampoco
lo hacen los artículos 10, 54 y 55 de la Ley 79 de 1988, pues estas normas se
refieren exclusivamente a la aplicación y destinación de los excedentes una vez
determinados, como se evidencia a continuación:
Artículo 10. Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado.
Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos al público no afiliado, siempre
en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se
obtengan serán llevados a un Fondo social no susceptible de repartición.
Artículo 54. Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma:
Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de
los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de educación y
un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.
El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o la
asamblea general, en la siguiente forma:
1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor
real.
2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.
8
Índices 61 y 70, Plataforma Samai.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en
el trabajo.
4. Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes de los asociados.
Artículo 55. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas
se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para
compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de establecer la reserva al
nivel que tenía antes de su utilización».
En consecuencia, para identificar el marco técnico normativo contable aplicable a
las cooperativas es necesario acudir a la Ley 1314 de 2009, que regula los
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de
la información aceptados en Colombia, así como a sus decretos reglamentarios
compilados en el Decreto 2420 de 2015, «por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información y se dictan otras disposiciones», el cual, en los artículos 1.1.4.5.1 a 1.1.4.6.1
establece las «normas de información financiera aplicables a los preparadores de información
financiera, vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria» para los grupos
normativos 1, 2 y 3.
Adicionalmente, debe atenderse lo dispuesto en la Circular Básica Contable y
Financiera 22 del 28 de diciembre de 2020, expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 36 [numeral 3]
de la Ley 454 de 1998. De conformidad con esta disposición, corresponde a dicha
superintendencia «fijar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las entidades bajo su
supervisión, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que regulen la materia».
Esta competencia fue reiterada por el artículo 10 [numeral 2] de la Ley 1314 de
2009, el cual dispuso que, sin perjuicio de las facultades conferidas en otras normas
relacionadas con la materia objeto de dicha ley, en desarrollo de las funciones de
inspección, control o vigilancia, a esta autoridad le corresponde «expedir normas
técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera
y de aseguramiento de información».
No obstante, como lo ha reconocido la Sección en los fallos que invoca el
demandante, este esquema normativo que corresponde al «marco normativo contable»
aplicable al sector cooperativo no contiene una regulación expresa sobre el
beneficio neto o excedente, de ahí que, para efectos de su cálculo, es necesario
acudir a lo reglado en el artículo 357 del ET, en atención a la pertenencia de dichas
entidades al «régimen tributario especial»9. Esta disposición establece lo siguiente:
DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. Para determinar el beneficio
neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se
restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con
los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en
este Título, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo .
Si bien la demandante sostiene que el numeral 2 del Capítulo IX de la Circular
Básica Contable y Financiera 004 de 2008, modificada por la Circular Externa 007
de 2009, mantiene vigencia – posición respaldada por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en respuesta al radicado 20244400299782 de 5 de septiembre
de 2024, en el que señaló que la Circular 22 de 2020 «no modificó significativamente los
lineamientos previos sobre la aplicación de excedentes establecidos en la Circular Externa nro. 007
de 8 de julio de 2009» -, es lo cierto que estas disposiciones se limitaron a aclarar «dudas
respecto a la aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988 para la exención del impuesto de renta
9
Sentencias del 28 de noviembre de 2019, exp. 23661, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en fallo del 28 de
mayo de 2020, exp. 23900, C.P. Milton Chaves García.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
y complementarios», mas no a definir la forma de determinar el beneficio neto o
excedente como base gravable del tributo.
En ese contexto, dicha circular explicó gráficamente cómo debía aplicarse el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988 sobre los excedentes, como se observa a
continuación:
Esta Circular estableció que, a partir de los excedentes del ejercicio, se constituyen
los fondos y reservas previstos en los artículos 10 y 55 de la Ley 79 de 1988, y que
sobre el remanente se apropian la reserva de protección de aportes y los fondos de
educación y de solidaridad, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 79
de 1988. Además, aclaró que «la base para el cálculo del 20% para obtener el valor de que
trata el artículo 8 de la Ley 863 de 2003 y el artículo 12 del Decreto 4400 de 2004 modificado por el
artículo 6 del Decreto 640 de 2005, sobre la inversión en educación formal, como condición para la
exención del impuesto de renta, es el excedente neto a aplicar, es decir, el que se pone a disposición
de la asamblea para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988». Este
procedimiento se inscribía en el régimen de exención del impuesto sobre la renta
vigente para ese entonces y se refería a la correcta aplicación de los excedentes,
no a su determinación como base gravable.
En este sentido, la Circular Externa 007 de 2009 – que no fue derogada por la
Circular 22 de 2020, según la propia Superintendencia – no contradice la conclusión
a la que llega la Sala, pues regula la «aplicación de excedentes» en cooperativas y no
la «determinación del beneficio neto o excedente», aspecto que, como se ha señalado, no
está previsto en el marco normativo contable ni en la Ley 79 de 1988.
De lo anterior se sigue que, ante la ausencia de una regulación especial, como se
señaló, el beneficio neto o excedente debe determinarse conforme al artículo 357
del ET, esto es, sumando la totalidad de los ingresos, «cualquiera sea su naturaleza», y
restando los egresos con relación de causalidad con dichos ingresos o con el objeto
social. En consecuencia, la base gravable del impuesto sobre la renta de las
cooperativas incluye tanto los ingresos provenientes de operaciones con asociados
como aquellos derivados de operaciones con terceros, como acertadamente lo
interpretó la DIAN en los conceptos demandados.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
Nótese que, antes de la adición del artículo 19-4 del ET por la Ley 1819 de 2016,
las cooperativas se encontraban expresamente incluidas dentro del conjunto de
entidades pertenecientes al régimen tributario especial previsto en el artículo 19
ibidem, junto con las demás organizaciones del sector solidario. En ese marco
normativo, vigente con anterioridad a la citada reforma, la determinación del
beneficio neto o excedente de las cooperativas se regía por las reglas generales de
dicho régimen, entre ellas las previstas en los artículos 357 y 358 del ET10, así como
por el Decreto 4400 de 2004, «por el cual se reglamenta el artículo 19 y el Título VI, Libro I del
Estatuto Tributario referente al Régimen Tributario Especial y se dictan otras disposiciones» . Este
decreto establecía en sus artículos 5 y 11 que «el beneficio neto o excedente gravado será
el resultado de tomar la totalidad de los ingresos, ordinarios y extraordinarios, cualquiera sea
su naturaleza o denominación, que no se encuentren expresamente exceptuados de
gravamen y restar de los mismos los egresos que sean procedentes de conformidad con el
artículo 4° de este Decreto».
Aun, si se admitiera la interpretación sostenida por el demandante en el sentido de
que la DIAN debía indicar en sus conceptos que la base gravable de las
cooperativas debía seguir la fórmula por él propuesta, lo cierto es que tal
entendimiento implicaría acoger un criterio de determinación no previsto en modo
alguno por el legislador en las disposiciones legales aplicables. En consecuencia,
de haber procedido en ese sentido, hipotético por lo demás, la actuación
administrativa habría estado viciada de nulidad, por cuanto introduciría una
metodología carente de sustento normativo, inexistente en el texto de la ley.
Ahora bien, la separación de las cooperativas del artículo 19 del ET y la
consecuente incorporación del artículo 19-4 no implicó la creación ex novo de un
régimen autónomo para la determinación del beneficio neto o excedente. Por el
contrario, dicha disposición sistematizó y particularizó su sujeción al mismo régimen
tributario especial, manteniendo como eje la tributación sobre el beneficio neto o
excedente y la remisión a la ley y a la normativa cooperativa vigente para su cálculo,
sin derogar ni sustituir el método general previsto en el artículo 357 del citado
estatuto. En ese sentido, la continuidad normativa entre el régimen anterior y el
vigente refuerza la aplicación de dicha disposición para la determinación del
beneficio neto o excedente de las cooperativas, en especial cuando – como ocurre
en el presente caso – el marco técnico normativo contable aplicable al sector
cooperativo no contiene una regulación expresa sobre la depuración fiscal de este
concepto. En consecuencia, ante la ausencia de una regulación especial distinta y
atendiendo tanto a la pertenencia histórica como actual de las cooperativas al
régimen tributario especial, así como a la prevalencia de las normas fiscales
establecida en el artículo 411 de la Ley 1314 de 2009, el beneficio neto o excedente
debe determinarse conforme al artículo 357 del ET, como lo ha señalado la Sección.
De otra parte, contrario a lo sostenido por la demandante, el mandato del artículo
10 de la Ley 79 de 1988 – según el cual los excedentes obtenidos en operaciones
con terceros deben destinarse a un fondo social no susceptible de repartición – no
persigue excluir tales recursos de la base gravable del impuesto sobre la renta. Esta
disposición responde a la lógica del derecho cooperativo y busca evitar la
10
Ver sentencia del 8 de mayo de 2025, exp. 29168, C.P. Wilson Ramos Girón (E).
11
Artículo 4°. Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y de información
financiera. Las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias
remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia.
A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y sus soportes
deberán ser preparados según lo determina la legislación fiscal.
Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera
y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas.
En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y
conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
desnaturalización de estas entidades, tal como lo ha explicado la Corte
Constitucional12:
Es de anotar, que el legislador colombiano ha adoptado esta posición en la Ley 79 de 1988 y
en el 39 de la Ley 454 de 1998, acorde con las tendencias legislativas modernas. Por tal
razón, en el artículo 10 de la Ley 79, para evitar que al prestar servicios a terceros se
desnaturalizaran las cooperativas y se conviertan en entidades con ánimo de lucro, estableció
la prohibición de que los ingresos obtenidos en dichas operaciones fueran distribuidos entre
los asociados y ordenó que fueran a un fondo no susceptible de repartición. Con esto se logra
fortalecer la propiedad solidaria de la cooperativa, pues dichos ingresos entran a incrementar
el patrimonio, pero no pueden ser repartidos entre los asociados, ni siquiera en caso de
liquidación, (artículos 120 y 121 de la Ley 79 de 1988), sino que están destinados a servir a
los asociados actuales y futuros.
Entonces, excluir dichos excedentes de la tributación incentivaría, por el contrario,
la realización de actividades lucrativas con terceros sin carga fiscal, en abierta
contradicción con la finalidad solidaria y social que inspira el régimen cooperativo.
En suma, desde la perspectiva contable, los marcos técnicos normativos reconocen
los ingresos de cualquier fuente como parte del resultado del ejercicio. Desde la
óptica tributaria, el beneficio neto o excedente que constituye la base gravable del
impuesto no distingue el origen de los ingresos ni contempla exclusiones. Los
fondos y reservas – incluido el fondo social no susceptible de repartición – se
constituyen con posterioridad a la determinación del excedente y no inciden en su
cuantificación.
Por último, el hecho de que el impuesto se pague con cargo al fondo de educación
y solidaridad – el cual, como se indicó, no se integra con los excedentes
provenientes de operaciones con público no asociado – no implica que los
excedentes provenientes de operaciones con terceros deban excluirse de la base
gravable. La determinación de la base del tributo y la fuente de los recursos para
su pago son planos jurídicos distintos: mientras la ley define la base en el beneficio
neto o excedente total, regula separadamente la fuente presupuestal destinada a
su cancelación.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que los actos demandados no
vulneraron los principios de legalidad, reserva de ley ni capacidad contributiva; que
la DIAN actuó dentro de su competencia legal al interpretar el artículo 19-4 del ET;
y que dichos actos se ajustan al ordenamiento jurídico. En consecuencia, los cargos
de nulidad no prosperan.
En consecuencia, los cargos de nulidad no están llamados a prosperar.
Condena en costas
En consideración de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no procede la
condena en costas, por cuanto en el presente asunto se debate una pretensión de
nulidad general, la cual lleva inmersa un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
12
Sentencia C-948 de 2001. Ver también Sentencia C-589 de 1995, que declara la constitucionalidad del artículo 10 de la
Ley 79 de 1988.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00005-00 (29763)
Demandante: Mario Javier López Guerrero
FALLA
1. Negar las pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.