Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2017-00036-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Nulidad electoral: contra acto de elección del rector de la Universidad Popular del Cesar
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2017-00036-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2017-00036-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
31 de mayo de 2018
NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección del rector de la Universidad Popular del Cesar / RESTRICCIÓN PARA INSCRIPCIÓN A RECTOR – No puede ser causal de nulidad de la elección si no está consagrada en los estatutos de la universidad / VACANCIA ABSOLUTA DEL CARGO – No necesariamente conlleva a la designación de rector en encargo / LISTA DE DESIGNABLES – No se afectó con la nulidad declarada en procesos anteriores / VACANCIA ABSOLUTA DEL CARGO – Al no afectarse la lista de designables no era necesario realizar un nuevo proceso eleccionario
[L]a Sala considera pertinente reiterar lo que expuso en el auto admisorio de la demanda, proferido el 8 de noviembre de 2017, respecto del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar. (…). [L]a restricción del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, según la cual “…se erige como impedimento ético para inscribirse como candidato a designación de rector, a ser miembro de los consejos superior, académico o de facultad a quienes teniendo demandada a la Universidad o viceversa aspiren a recibir indemnización económica, que en cualquier momento pudieran ponerlo en incómoda posición de autoliquidarse o de tener cualquier tipo de injerencia en tal decisión”, es contraria a derecho por desconocer la Ley 30 de 1992 y no encontrarse dentro de los estatutos generales de la institución de educación superior. (…). Así las cosas, la citada norma del Código de Ética y Buen Gobierno no podía, ni puede provocar la nulidad de la elección del ciudadano Enrique Alfonso Meza Daza. (…). La Sala estima que contrario a lo expuesto por la Universidad Popular del Cesar al contestar la demanda y en los alegatos de conclusión, cuando el artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004 se refiere a la “remoción” del rector por orden de autoridad judicial, no se circunscribe a la emanada de la jurisdicción ordinaria, pues interpretar la norma en tal sentido implicaría, como lo señala el ministerio público, que las decisiones dictadas por el juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cayeran en el vacío y generaría que la nulidad de una elección de rector podría ser acatada o no por el Consejo Superior Universitario. La interpretación apropiada de la norma es que cualquier autoridad judicial competente puede solicitar u ordenar la remoción del rector de esa institución de educación superior, previo el agotamiento de un debido proceso, lo que impone que la declaración de nulidad de la elección del rector, implica su remoción o privación del cargo, situación que causa una vacancia definitiva, pues el empleo deberá ser provisto con una persona distinta a quien se le anuló la elección. Ahora bien, el que la anulación de la elección del rector genere la vacancia absoluta del cargo, de acuerdo al procedimiento expuesto líneas atrás, no conlleva a que necesariamente se deba designar un rector en encargo, pues es posible que el Consejo Superior Universitario, una vez conozca de la orden judicial, se reúna y designe de inmediato a quien deba reemplazarlo. Lo dicho en precedencia surge del hecho de que la primera obligación del órgano principal de dirección universitario, para este caso específico, era la de reunirse y acatar la decisión judicial, la cual, como sucedió con las dos nulidades declaradas del rector de la Universidad Popular del Cesar, conllevaba la designación de uno nuevo de la “lista de designables” conformada y vigente para tal fin. (...). En el asunto bajo estudio, la elección del señor Enrique Alfonso Meza Daza, tuvo origen en unas sentencias que anularon, en dos oportunidades, la elección del ciudadano Carlos Emiliano Oñate Gómez, quien además de haberse elegido con desconocimiento de quórum al momento de la votación, se encontraba inmerso en una inhabilidad que le impedía ser electo rector de la Universidad Popular del Cesar. Lo anterior implica que la causal que abrió paso a la ahora elección demandada, nació de una decisión judicial que estudió una causal subjetiva de anulación, motivo por el cual la “lista de designables” conformada para el periodo 2015-2019, no se afectó ante la nulidad declarada y, en consecuencia, obligaba al Consejo Superior Universitario de la UPC a realizar el nombramiento del registro vigente al momento de la designación del señor Meza Daza, en los términos dispuestos por la Sala electoral del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…).
Las sentencias de 13 de octubre de 2016 y 3 de agosto de 2017, sí provocaron una vacancia definitiva en el cargo de rector de la Universidad Popular del Cesar, sin embargo, no procedía realizar un nuevo proceso eleccionario puesto que los efectos de las órdenes derivadas de las citadas decisiones judiciales era que la designación del nuevo rector se debía hacer de la “lista de designables” contenida en el Acuerdo 023 del 16 de junio de 2015, emanado del Tribunal de Garantías Electorales de la institución de educación superior para el periodo 2015-2019, de la cual era parte el demandado Enrique Alfonso Meza Daza, quien ocupó el segundo lugar en votación. Valga aclarar que la afirmación en cuanto sí se generó una vacancia absoluta del cargo de rector, encuentra asidero en que el artículo 27 de los estatutos generales de la Universidad Popular del Cesar, establece que aquella se presenta “Por decisión de un juez”. (…). Así las cosas, contrario a lo pretendido por el demandante y su coadyuvante, el acto de elección del señor Enrique Alfonso Meza Daza se ajustó a derecho, puesto que no era necesaria la designación de un rector en encargo, en los términos de los parágrafos del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004, toda vez que para elegir al nuevo rector, en propiedad, no se requería adelantar un nuevo proceso eleccionario conforme al artículo 1 ídem, porque la elección, se insiste, debía surgir de la lista vigente para el periodo 2015-2019, con lo cual se da respuesta al tercero de los interrogantes. De acuerdo con lo señalado, la Sección Quinta del Consejo de Estado considera que los argumentos expuestos resultan suficientes negar la prosperidad de las pretensiones de nulidad de la designación del ciudadano Enrique Alfonso Meza Daza como rector de la Universidad Popular del Cesar, para el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 y el 6 de julio de 2019.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 62 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 67
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-28-000-2017-00036-00
Actor: ÁLVARO RAFAEL RICO RIVERA
Demandado: ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA – RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ASUNTO: FALLO DE ÚNICA INSTANCIA
Agotadas las etapas previstas en la Ley 1437 de 2011 para el proceso de nulidad electoral, procede la Sala a decidir, en única instancia, la demanda que presentó el señor Álvaro Rafael Rico Rivera, contra el Acuerdo 022 de 5 de septiembre de 2017, por medio del cual se designó como rector de la Universidad Popular del Cesar, en propiedad, al señor Enrique Alfonso Meza Daza, para el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 y el 6 de julio de 2019.
ANTECEDENTES
1. La demanda
El ciudadano Álvaro Rafael Rico Rivera, en nombre propio presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contra el Acuerdo 022 de 5 de septiembre de 2017, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, designó al señor Enrique Alfonso Meza Daza como rector de esa institución de educación superior, para el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 al 6 de julio de 2019.
En la demanda se elevaron las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que se declare la nulidad del Acuerdo 022 del 5 de septiembre de 2017, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar por medio del cual se designa como rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar al señor ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA para el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 a 6 de julio de 2019.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar proceder a nombrar un nuevo rector de conformidad con los estatutos de esa institución.
TERCERO: En caso de posición (sic) se condene en costas a la parte demandada”.
1.2 Hechos
Manifestó que en sentencia de 3 de agosto de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro de los expedientes acumulados 2017-00003-00 y 2016-00085-00, declaró la nulidad del Acuerdo 068 de 29 de noviembre de 2016, a través del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, eligió al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de ese claustro educativo para el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2016 y el 8 de diciembre de 2020.
Sostuvo que como consecuencia de la citada decisión judicial, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, mediante el Acuerdo 022 de 5 de septiembre de 2017, designó como rector al ciudadano Enrique Alfonso Meza Daza de la lista de elegibles establecida en el Acuerdo 023 de 16 de junio de 2015, vigente para el periodo 2015-2019.
Expresó que la nulidad de la elección provocó la vacancia definitiva del cargo de rector, frente a la cual los estatutos universitarios consagran el procedimiento que se debe seguir.
Indicó que dentro de las posibilidades para elegir reemplazo, no se encuentra poder designar al nuevo rector de la lista de elegibles de la que se designó el que dio lugar a la vacancia del cargo.
Precisó que las sentencias dictadas en los procesos electorales, con origen en causales subjetivas, tienen efectos hacia el pasado, por ello cuando se declara la nulidad de una elección todo el procedimiento para la elección es nulo y se debe rehacer desde el inicio.
Consideró que, en consecuencia, como al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez se le anuló en dos oportunidades la elección para desempeñarse en el cargo de rector de la Universidad Popular del Cesar, se produjo una vacancia absoluta que obligaba a convocar un nuevo procedimiento estamentario para elegir al nuevo rector.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
El demandante señaló como vulneradas las siguientes normas:
(i) Artículos 60 de la Constitución Política; 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo 38 de 2004, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
Lo anterior porque con la expedición del acto electoral demandado, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, desconoció el procedimiento que se debía cumplir ante vacancias absolutas, en concreto, el previsto en el parágrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo 38 de 2004, según el cual:
“En caso de vacancia temporal o definitiva en el cargo de Rector, el Consejo Superior Universitario designará un Rector encargado por un término no mayor a tres meses plazo dentro del cual el Consejo deberá designar en propiedad de acuerdo con lo establecido en este Acuerdo. El encargo podrá ser prorrogado por causa justificada hasta por una sola vez por el mismo término”.
Consideró que el acto demandado contrarió las normas en que debía fundarse, porque el Consejo Superior Universitario “…no procedió a iniciar un nuevo proceso de consulta estamentaria, tal como lo señalan los estatutos, en especial lo precisado en el artículo 1 ibídem, sino que se tomó de una lista que no era jurídicamente viable”.
Adujo que en el caso bajo estudio no se puede perder de vista que de la lista de elegibles a rector de la Universidad Popular del Cesar, ya se había designado en dos ocasiones al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, a quien se le anuló la elección el mismo número de veces, en tal medida “…con la declaratoria de nulidad se produjo una vacancia absoluta del cargo por lo que de acuerdo con los estatutos debía proceder a convocarse nuevamente a una consulta estamentaria”.
Estimó que, en consecuencia, lo pertinente era designar un rector encargado por tres meses, convocar nueva consulta y conformar una nueva lista de elegibles.
Expresó que era así, porque en la sentencia de 3 de agosto de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro de los expedientes acumulados 2017-00003-00 y 2016-00085-00, anuló la segunda elección del señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de la Universidad Popular del Cesar, pero no precisó los efectos de la decisión judicial.
Adujo que, además, la Universidad Popular del Cesar demandó al señor Enrique Alfonso Meza Daza en acción de repetición, proceso radicado con el número 2016-00150-00, por lo tanto el demandado era inelegible por encontrarse inhabilitado en los términos del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno del claustro educativo, según el cual “…se erige como impedimento ético para inscribirse como candidato a designación de rector, o a ser miembro de los consejos superior, académico o de facultad a quienes teniendo demandada a la Universidad o viceversa aspiren a recibir indemnización económica, que en cualquier momento pudieran ponerlo en incómoda posición de autoliquidarse o de tener cualquier tipo de injerencia en tal decisión”.
2. Contestaciones a las demandas
2.1 Del señor Enrique Alfonso Meza Daza
Expresó su oposición a las pretensiones de la demanda, puesto que si bien la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección del señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, dejó incólume el registro de elegibles que se conformó el Tribunal de Garantías Electorales para el periodo 2015-2019, al punto que le ordenó al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar elegir nuevo rector de tal lista.
Expresó que el demandante se equivocó al interpretar los parágrafos del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004, puesto que “…el señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, en ningún momento fue removido del cargo por solicitud u orden de autoridad competente, como lo presupuesta el parágrafo 1 del mencionado artículo 10 del Acuerdo No. 038 de 2004, para que se pueda configurar la vacancia definitiva en el cargo de rector”.
Indicó que constitucional y legalmente, el rector de la universidad puede ser removido por: (i) la Procuraduría General de la Nación; (iii) el Consejo Superior Universitario y, (iii) los jueces penales por una eventual condena que conlleve la pérdida del empleo o remoción del cargo, situación en la que, en sentido estricto, no están inmersas las decisiones que declaran la nulidad de una elección.
Destacó que la orden de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, fue que procediera a “…designar un NUEVO rector de la lista de elegibles elaborada por el Tribunal de Garantías Electorales, con los candidatos que obtuvimos las primeras cinco votaciones en la consulta estamentaria, para ser designado rector de la universidad, para el periodo 2015-2019”.
Expresó que el demandante adujó la violación del artículo 69 de la Constitución, relativo a la autonomía universitaria, pero sin desarrollar un solo argumento del por qué esa disposición se vulneró.
Consideró contradictorio que al señor Álvaro Rafael Rico Rivera alegue la transgresión de la autonomía universitaria, cuando la máxima expresión de aquella es que sus directivas ejerzan el derecho a elegir.
Cuestionó el argumento según el cual el acto demandado desconoció las normas en que debía fundarse, puesto que ninguna norma estatutaria prevé un procedimiento para proveer las vacantes producto de una sentencia de nulidad electoral.
Señaló que tan es así, que el demandante solo pudo aludir al parágrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004, cuya literalidad no consagra procedimiento alguno para llenar vacantes absolutas.
Manifestó que el señor Rico Rivera también aludió a que conforme al artículo 1 del Acuerdo 038 de 2004, ante la vacancia absoluta del cargo de rector, se debía iniciar un nuevo proceso de consulta estamentaria, por lo cual era jurídicamente inviable hacer una designación de la lista conformada para el periodo 2015-2019, sin embargo, aseguró que tal norma “…no dispone, que se deba iniciar un nuevo proceso de consulta estamentaria, en el evento de la declaratoria de nulidad de la elección del rector titular”.
Explicó que la citada norma consagra que la consulta procede cuando el rector tenga que ser designado por el Consejo Superior Universitario para el periodo de 4 años, de la lista que para tal efecto arroje la consulta estamentaria.
Con sustento en lo anterior, concluyó que el acto demandado se ajustó a derecho y no desconoció norma constitucional, legal o estatutaria alguna que pueda provocar la nulidad de su elección.
2.2 De la Universidad Popular del Cesar
El jefe de la oficina asesora jurídica de la institución de educación superior, contestó la demanda, en los siguientes términos:
Expresó su oposición a la prosperidad de las pretensiones.
Sostuvo que el Acuerdo 038 de 2004 nunca se adujo como norma para elegir al nuevo rector de la universidad, puesto que se estaba acatando una sentencia de nulidad electoral que anuló la elección del señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, como rector de la Universidad Popular del Cesar.
Resaltó que la interpretación del demandante frente a la vacante del cargo de rector es equivocada, debido a que el artículo 27 del Acuerdo 001 del 22 de enero de 1994 o estatuto general de la Universidad Popular del Cesar, establece las causales de vacancia absoluta del rector y, dentro de aquellas, no se encuentra la sentencia que declara una nulidad electoral.
Sostuvo que cuando la causal de vacancia se refiere a la “solicitud por orden judicial”, lo que quiere decir es que el retiro procede por decisión de un juez, dictada dentro de un proceso seguido ante la jurisdicción ordinaria, por ello la nulidad de la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, no “…corresponde a la modalidad de orden judicial que genera la vacancia de un cargo”.
Indicó que la sentencia del 3 de agosto de 2007, que anuló el Acuerdo 068 de 29 de noviembre de 2016, tuvo como fuente el desconocimiento de la sentencia de 13 de octubre de 2016, proferida por la misma Sección Quinta del Consejo de Estado y, en la cual se dispuso, que la designación del rector de la institución educativa se debía hacer mediante una nueva citación “…para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Superior Universitario habrá de elegir al rector de la UPC, de la lista definitiva de candidatos admitidos”, como en efecto se hizo, por ello el acto demandado no está viciado de nulidad y, en esa medida, se deben negar las pretensiones de la demanda.
2.3 Intervención del señor Edgardo José Remicio Díaz (Coadyuvante de la parte demandante)
Expresó que la Constitución Política en el artículo 69 garantiza el derecho a las universidades a regirse por sus propios estatutos, disposición que se desarrolló a través de la Ley 30 de 1992, cuyo literal e) del artículo 65, señala que son funciones de los consejos superiores universitarios designar y remover al rector de acuerdo a lo previsto en sus estatutos.
Indicó que en la actualidad las normas estatutarias de la Universidad Popular del Cesar determinan que el rector se elegirá para un periodo institucional de 4 años de la lista que para tal efecto se conforme previa consulta popular.
Expresó que una lectura al parágrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004, permite concluir que sí existe un procedimiento para escoger al rector en caso de ausencia definitiva del titular, donde se “…proscribió la posibilidad de elegir de un listado ya utilizado”, por ello “…estableció la figura de encargo, por supuesto, mientras se llevaba un nuevo proceso”.
Con sustento en lo anterior solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.
2.4 Intervención del señor Davinson Pedrozo Guerra (coadyuvante de la parte demandada)
Reiteró los argumentos expuestos por el señor Enrique Alfonso Meza Daza y la Universidad Popular del Cesar, en consecuencia, la Sala no hará una síntesis de ellos, sin embargo, aclara, serán objeto de pronunciamiento en esta providencia.
3. Actuaciones procesales
Por auto de 17 de octubre de 2017, se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional.
Mediante providencia de 8 de noviembre de 2017, se admitió la demanda y se negó la medida cautelar solicitada.
En el auto se ordenó notificar personalmente al señor Enrique Alfonso Meza Daza y a los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. También dispuso la notificación al agente del Ministerio Público.
El señor Enrique Alfonso Meza Daza y la Universidad Popular del Cesar, contestaron las demanda mediante escritos visibles a folios 322 a 335 y 340 a 354 del cuaderno 2 del expediente.
Dentro del término para contestar la demanda presentaron escrito de intervención los señores Edgardo José Remicio Díaz (coadyuvante del demandante) y Davinson Pedrozo Guerra (coadyuvante del demandado).
Por auto de 16 de abril de 2018, se fijó fecha para celebrar la audiencia inicial prevista en el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011, la cual se llevó a cabo el día 23 de abril de 2018.
En la audiencia se indicó que las excepciones de “legalidad del acto electoral demandado y ausencia de configuración de las causales de nulidad invocadas”, propuestas por el coadyuvante de la parte demandada, constituían razones de defensa a las que se aludiría al momento de dictar sentencia.
Una vez expuestos los argumentos de la demanda y sus contestaciones, en la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera:
“(…) la controversia en este proceso está circunscrita a determinar si hay lugar a declarar la nulidad del Acuerdo 022 del 5 de septiembre de 2017 por medio del cual el Consejo Superior universitario designó como rector al señor Enrique Alfonso Meza Daza con fundamento en los cargos presentados en la demanda y en sus contestaciones, por lo que se deberá establecer si con la expedición del acto demandado: 1) Se vulneró lo consagrado en los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004. Para lo anterior deberá determinarse si como consecuencia de las sentencias del 13 de octubre de 2016 y del 3 de agosto de 2017 proferidas por la Sección Quinta de esta Corporación se generó una vacancia definitiva del cargo y por tanto se debía realizar un nuevo proceso eleccionario, o si por el contrario se debía realizar la designación de la lista de designables contenida en el Acuerdo 23 del 16 de junio de 2015 del Tribunal de Garantías Electorales y, 2) Se vulneró lo establecido en el artículo 44 del Acuerdo 012 de 2008 -Código de Ética-, toda vez que en contra del demandado obra un proceso de reparación directa en la Sección Tercera de esta Corporación. Para lo anterior deberá estudiarse si dicha prohibición constituye una inhabilidad o incompatibilidad y si se configuró al momento de la inscripción del demandado”.
En la audiencia el apoderado de la Universidad Popular del Cesar solicitó excluir de la fijación del litigio el artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno, por cuanto “…es contrario a la ley y como se dijo en el auto que resolvió la medida cautelar, nadie tiene potestad más allá de la ley”, solicitud que apoyó el coadyuvante del demandado.
El Ministerio Público manifestó que si bien el artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, fue excluido del debate judicial desde que se admitió la demanda, consideraba que “…es un aspecto que se debe analizar por la Sala y no por el ponente”, por ello solicitó un pronunciamiento colegiado.
El consejero ponente “…manifestó que en atención a lo expuesto por los asistentes se tendrá en cuenta el punto relacionado con la legalidad del artículo 44 del Acuerdo 08 de 2012”.
Atendiendo a que no había pruebas por practicar, se prescindió de la audiencia de pruebas. Igualmente se estimó innecesaria la audiencia de juzgamiento, motivo por el cual se ordenó correr traslado por el término de 10 días con el fin de que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y el ministerio público concepto.
4. Alegatos de conclusión
4.1 Del señor Enrique Alfonso Meza Daza
Reiteró todos los argumentos que expuso en el escrito por medio del cual contestó la demanda, no obstante se opuso a que la Sección Quinta del Consejo de Estado estudie la legalidad del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno.
Indicó que la citada disposición se excluyó del proceso mediante el auto que admitió la demanda y negó la suspensión provisional, actuación judicial en firme que impide revivir el estudio del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno.
Adujo que el ministerio público se equivocó en la audiencia inicial, cuando sostuvo que el pronunciamiento sobre el artículo 44 no podía darse por el ponente, toda vez que el auto que admitió la demanda y negó la medida provisional, donde se excluyó del litigio, fue de la Sala y se notificó a las partes en garantía de sus derechos.
Aseguró que revivir el estudio de una disposición que ya fue excluida del proceso y contra la cual ni el demandante, ni el ministerio público ejercieron recursos, sin importar el sentido de la decisión, implica “…un defecto orgánico de los establecidos por la Corte Constitucional, para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales”.
Indicó que como lo hizo al momento de contestar la demanda, se abstenía de defenderse respecto del cargo relativo a la vulneración del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, “…pues considero que este cargo fijado como el punto segundo del litigio ya fue resuelto por la Sala, sin haber sido objeto de oposición oportuna del Ministerio Público, ni del demandante”.
De otra parte, a renglón seguido explicó que estatutariamente el periodo de 4 años del rector es personal y no institucional, en la medida que empieza a correr a partir de la posesión, por ello, como él se posesionó el 7 de septiembre de 2017, su periodo debe ir hasta el 6 de septiembre de 2021, por ello se debe “…decretar la nulidad parcial del acto de mi designación, Acuerdo No. 022 del 5 de septiembre de 2017, en lo que respecta al marco temporal de mi función como rector de la universidad, fijado por el Consejo Superior Universitario, entre el 07 de septiembre de 2017, día de mi posesión al día 06 de julio de 2019”.
4.2 De la Universidad Popular del Cesar
Reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda.
4.3 De los coadyuvantes Edgardo José Remicio Díaz y Davinson Pedrozo Guerra
Insistieron en los argumentos que expusieron en sus escritos de intervención.
5. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, solicitó negar la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos:
Estimó que en el presente asunto, para dar respuesta al problema jurídico planteado en la demanda, no bastaba con aludir a los parágrafos del artículo 10 del Acuerdo 38 de 2004, por ello era imprescindible estudiar las dos sentencias que dieron origen a la elección demandada, pues en ellas se precisaron los efectos que se debían observar plenamente.
Sostuvo que si bien en sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016, la Sección Quinta del Consejo de Estado estableció los efectos de sus fallos de nulidad, pareciera que no existe claridad sobre los efectos cuando la nulidad de una elección sea producto de una causal subjetiva, la cual no pueden catalogarse como irregularidad en el procedimiento.
Expresó que en la primera sentencia que declaró la nulidad de la elección del ciudadano Carlos Emiliano Oñate Gómez, como rector de la Universidad Popular del Cesar, se dispuso que el nuevo rector debía ser electo de la lista que se había conformado por el Tribunal de Garantías Electorales para el periodo 2015-2019.
Lo anterior porque la lista no se afectó por la irregularidad que se encontró probada, en esa medida, la Sección Quinta del Consejo de Estado garantizó los derechos no solo de quienes participaron en el proceso eleccionario, sino la validez de aquel.
Sostuvo que no obstante, se podría concluir, como lo hace el demandante, “…que como el fallo en que se decretó la nulidad no señaló los efectos y la causa que dio origen a esta fue la violación de una prohibición y no una irregularidad en el trámite del mismo, regla que fijó la sentencia de unificación, el mismo debía rehacerse y, en consecuencia no se podía nombrar de la lista que se había elaborado por el nombramiento del rector”.
Aclaró que sin embargo el ente de control no comparte la anterior tesis, pues considera que lo lógico es que “…en aquellos eventos en los cuales la nulidad del acto de designación se sucede como consecuencia de vicios existentes en el elegido y existe una lista de elegibles, como acontece en el caso de la referencia, los efectos de la decisión de nulidad no puede ser otro que la designación de aquel que siga en el orden de precedencia, en donde el nominador debe hacer la respectiva designación sin necesidad de rehacer el trámite desde la convocatoria misma”.
Declaró que entender lo contrario, sería admitir que “…dependerá del cuerpo electoral enervar el cumplimiento efectivo de una decisión judicial mediante actos dilatorios y reprochables como el que se presentó en el caso de la referencia”.
Destacó que si bien la nulidad de la elección del rector generó la vacancia absoluta del cargo, porque debía ser provisto nuevamente, cada caso se debe analizar en contexto, más cuando la causal subjetiva no vició la convocatoria, ni la lista de elegibles.
Indicó que, por lo anterior, era obligación para el Consejo Superior Universitario designar al rector a partir de la lista vigente para el periodo 2015-2019, motivo por el que se deben desestimar las súplicas de la demanda.
De otra parte, hizo un recuento normativo y jurisprudencial, del que concluyó que en los estatutos de las universidades es posible consagrar un régimen de inhabilidades.
Explicó que el Código de Ética y Buen Gobierno no tiene “…el rango que tiene el estatuto general de la universidad para fijar inhabilidades. Y, por tanto, solo en dicha norma se pueden consagrar aquellas conductas o hechos que le impiden a una persona aspirar a ejercer el cargo de rector o miembro del Consejo Superior”.
Arguyó que aunque en el estatuto general de la Universidad Popular del Cesar o Acuerdo 01 de 1994, se haya consagrado la posibilidad de establecer inhabilidades en normas diferentes a aquel, tal regulación es contraria al artículo 67 de la Ley 30 de 1992 y, en consecuencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado debe pronunciarse sobre su legalidad con el fin de aplicar la excepción de ilegalidad.
Con sustento en lo anterior reclamó: (i) negar las pretensiones de la demanda; (ii) fijar una tesis sobre los efectos del fallo de nulidad electoral con sustento en causales subjetivas, cuando exista una lista de candidatos para la provisión del cargo y, (iii) aplicar la excepción de ilegalidad del aparte del artículo 103 de los estatutos de la Universidad Popular del Cesar, donde se faculta a que mediante normas reglamentarias se establezcan inhabilidades.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta es competente para conocer, en única instancia, del proceso de la referencia, donde se reclama la nulidad del Acuerdo 022 de 5 de septiembre de 2017, por medio del cual se designó como rector de la Universidad Popular del Cesar, en propiedad, al señor Enrique Alfonso Meza Daza, para el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 y el 6 de julio de 2019.
2. Problema jurídico
Le corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado decidir la demanda que el señor Álvaro Rafael Rico Rivera presentó contra el acto de elección del señor Enrique Alfonso Meza Daza, como rector de la Universidad Popular del Cesar para lo que resta del periodo 2015-2019, comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 y el 6 de julio de 2019, con sujeción a los problemas jurídicos planteados en la fijación del litigio.
Para lo anterior, la Sala estima que previamente se debe desarrollar un capítulo de cuestión previa, con el fin de resolver sobre la petición formulada por el demandado en el escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia, tendiente a que se declare la nulidad parcial del acto demandado en cuanto al periodo por el cual fue elegido rector de la Universidad Popular del Cesar.
3. Cuestión previa
Manifestó el demandado en los alegatos de conclusión de segunda instancia, que estatutariamente el periodo del rector de la Universidad Popular del Cesar es de 4 años, el cual estima es personal y no institucional.
Expresó que, en consecuencia, como él se posesionó el 7 de septiembre de 2007, su periodo debe finalizar el 6 de septiembre de 2021, razón para que en prevalencia del derecho sustancial, sobre el procedimiento, se decrete la nulidad parcial del Acuerdo 022 de 5 de septiembre de 2017, en cuanto al marco temporal de su elección.
La Sala, con el fin de resolver la petición del demandado, señor Enrique Alfonso Meza Daza, estima pertinente aclarar que en todo ordenamiento jurídico se prevén medios a través de los cuales los administrados pueden solicitar, a través del ejercicio de diferentes acciones legales, que se les reconozca un derecho que, estiman, les es cobijado igualmente en la ley.
La circunstancia descrita impone concluir que toda persona cuenta con un derecho de acción, esto es, tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial competente con el fin de que bajo las reglas de un determinado procedimiento, se reitera, le reconozca el derecho que estima la ley consagra a su favor, sea subjetivo o no.
El citado postulado no escapa a ningún procedimiento judicial.
Así, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regulador, entre otros asuntos, de los medios de control y del procedimiento que se debe cumplir para la efectividad de cada uno de ellos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, enumera las “acciones” procedentes para cuestionar la legalidad de las actuaciones de las distintas autoridades del Estado y reclamar del juez natural el reconocimiento de los derechos reconocidos en dicha codificación.
Así el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, entonces, este será el medio de control idóneo para obtener la nulidad de un acto administrativo y el consecuente restablecimiento de derechos de la persona afectada con la expedición de un acto administrativo de naturaleza subjetiva.
Lo descrito en precedencia determina que la petición del demandante, tendiente a que se anule parcialmente su acto de elección demandado, con el fin de que se le repare el derecho a que su periodo de rector sea de 4 años, resulta a todas luces improcedente, en tanto es incuestionable que una petición en tal sentido es de carácter subjetivo que debe plantearse mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo trámite, además diverge del de nulidad electoral.
No puede pretender el demandado, con el escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia, lograr del juez natural del proceso electoral, un pronunciamiento sobre una pretensión alejada a la naturaleza de ese medio de control, previsto para solicitar, conforme al artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, “…la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden”; igualmente para “…pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas”.
Así las cosas, si el señor Rico Rivera consideraba que el acto por medio del cual desconoció su derecho a ser nombrado para un periodo de 4 años, debió acudir al medio de control pertinente con el fin de obtener la satisfacción de su derecho subjetivo.
3.2 Del ministerio público
3.2.1 La excepción de ilegalidad que se reclama
La representante de la Procuraduría General de la Nación destacó que si bien el estatuto general de la Universidad Popular del Cesar, consagró dentro de su articulado la posibilidad de establecer inhabilidades en normas diferentes a este, lo cierto es que tal regulación es contraria al artículo 67 de la Ley 30 de 1992 y, en consecuencia, frente a la norma estatutaria se debe aplicar la excepción de ilegalidad.
Con sustento en lo anterior, reclamó inaplicar por ilegal, el aparte pertinente del artículo 103 de los estatutos de la Universidad Popular del Cesar, mediante el cual se permite mediante normas reglamentarias establecer inhabilidades a los funcionarias de la institución educativa.
Para resolver la petición del ministerio público, la Sala retoma los argumentos expuestos en el capítulo anterior, en el sentido de que para el control de las diferentes actuaciones administrativas el legislador consagró en la Ley 1437 de 2011, distintos medios de control.
Bajo tal parámetro, lo primero a señalar es que el estudio del proceso está circunscrito a la demanda, a sus contestaciones y a la fijación del litigio, por ello, cualquier asunto ajeno a ellos, escapa a la órbita de control del juez contencioso en lo electoral, so pena de trasgredir derechos fundamentales de las partes, en específico los de defensa y contradicción.
Dentro de la actuación judicial nunca se hizo alusión al artículo 103 de los estatutos de la Universidad Popular del Cesar, por ello abordar el estudio de la norma desconocería el derecho fundamental al debido proceso de la institución educativa, que nunca tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la posible ilegalidad de la norma.
Aunque válido el estudio que adelantó el ministerio público para elevar la pretensión de que se acuda a la excepción de ilegalidad respecto del aparte del artículo 103 de los estatutos del ente educativo demandado, lo cierto es que tal asunto no puede ser abordado sin que implique, se reitera, la transgresión de derechos fundamentales de todas las partes, en tanto que se les sorprendería con el análisis de una materia que nunca ha hecho parte del debate judicial.
Por lo anterior, la petición del ente de control puede ser objeto de una demanda de simple nulidad, instaurada incluso por la misma Procuraduría General de la Nación, pues los estatutos de la Universidad Popular del Cesar son un acto de carácter general y abstracto, frente al cual se puede adelantar un proceso judicial que garantice el derecho de contradicción y defensa de la parte que pueda resultar afectada ante una eventual nulidad.
Además, la autorización contenida en el artículo 103 de los estatutos de la Universidad Popular del Cesar, si bien puede tener incidencia en una elección realizada al interior de la institución educativa, se reitera, solo sería pasible de control a través del medio de control de nulidad simple, por escapar a la naturaleza del electoral.
Por tanto, la petición del ministerio público se despachará desfavorablemente.
4. El caso concreto
Como se estableció en el capítulo relativo al “Problema Jurídico”, la decisión que corresponde adoptar se ceñirá a los asuntos dispuestos en la fijación del litigio establecidos en la audiencia inicial celebrada el 23 de abril de 2018.
Acorde con lo anterior, los problemas jurídicos a resolver se sintetizan, en los siguientes:
(i) ¿Es contraria a derecho la elección del señor Enrique Alfonso Meza Daza, de acuerdo a la restricción que para inscribirse a procesos de elección prevé el artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar?
(ii) ¿Se vulneraron los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004, “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 033 DEL 15 DE JUNIO DE 2004, SE REGLAMENTA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN RECTORAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”?
(iii) ¿Se presentó vacancia definitiva ante la nulidad de la elección del señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de la Universidad Popular del Cesar, lo que imponía rehacer todo el proceso eleccionario de rector?
Dicho lo anterior, y para iniciar con el estudio del primero de los problemas jurídicos que se plantean, la Sala considera pertinente reiterar lo que expuso en el auto admisorio de la demanda, proferido el 8 de noviembre de 2017, respecto del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, materia que en la audiencia inicial se dijo que sería nuevamente objeto de pronunciamiento a petición de la Procuraduría General de la Nación.
En la citada providencia de 8 de noviembre de 2017, la Sala textualmente señaló:
“…el argumento fundante para negar la medida cautelar no es el que se acaba de describir en el párrafo precedente sino el hecho de que las causales de inhabilidad e incompatibilidad son taxativas y están sometidas a reserva de ley, por ello, salvo autorización en contrario, como serían los estatutos, las instituciones educativas no tienen potestad para introducir en sus códigos de ética impedimentos que restrinjan el derecho a ser elegido, como sucede en este asunto, donde la Universidad Popular del Cesar, desbordando sus competencias, implantó en su denominado “Código de Ética y de Buen Gobierno” una restricción para inscribirse a rector que no puede servir, por contrariar el ordenamiento jurídico, de apoyó para reclamar el decreto de la suspensión provisional del acto demandado”.
El aparte transcrito es diáfano en cuanto a que la restricción del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, según la cual “…se erige como impedimento ético para inscribirse como candidato a designación de rector, a ser miembro de los consejos superior, académico o de facultad a quienes teniendo demandada a la Universidad o viceversa aspiren a recibir indemnización económica, que en cualquier momento pudieran ponerlo en incómoda posición de autoliquidarse o de tener cualquier tipo de injerencia en tal decisión”, es contraria a derecho por desconocer la Ley 30 de 1992 y no encontrarse dentro de los estatutos generales de la institución de educación superior.
En efecto, cuando la Constitución Política otorga autonomía a las instituciones de educación superior, esta debe respetar la ley, en específico la 30 de 1992, donde a partir del artículo 62 se reglamenta, para el asunto que interesa a esta Sección, aquellos aspectos referidos con la organización y elección de directivas de las universidades estatales y oficiales.
Es así, como el artículo 67 ídem prevé, entre otros aspectos, que el rector de las instituciones educativas de propiedad del Estado, están sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley y en sus estatutos.
El artículo 67 de la Ley 30 de 1992, consagra:
ARTÍCULO 67. Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten”. (Negrita no es original del texto)
Lo anterior significa que cualquier impedimento, inhabilidad o incompatibilidad, que internamente y dentro de la autonomía universitaria se consagre al interior de una institución de educación superior estatal u oficial, con el fin de restringir el derecho a ser elegido rector, solo puede existir dentro de sus estatutos.
Fue por ello que en el auto que admitió la demanda y se negó la suspensión provisional, se excluyó de estudio el artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, pues era manifiestamente contrario a la Constitución y la Ley, en tanto que la limitación de carácter ético para poder ser elegido rector allí contenida, no se encuentra dentro de los estatutos generales.
Así las cosas, la citada norma del Código de Ética y Buen Gobierno no podía, ni puede provocar la nulidad de la elección del ciudadano Enrique Alfonso Meza Daza y, esa fue la circunstancia por la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, se insiste, desde que admitió la demanda determinó que “ante la abierta ilegalidad del artículo 44 del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, el estudio que se hará en la sentencia se restringirá a las restantes normas que se señalaron como transgredidas”.
Por lo anterior, es manifiesta la posición que respecto de la aludida disposición adoptó desde un inicio la Sala especializada en lo electoral, en el sentido de que cualquier restricción del derecho a ser elegido dentro de las instituciones de educación superior estatales u oficiales, debe respetar el artículo 67 de la Ley 30 de 1992.
Resuelto el primero de los problemas jurídicos, procede la Sección Quinta del Consejo de Estado al estudio de los restantes planteados al momento de fijarse el litigio.
Para cumplir la finalidad anotada es necesario transcribir el contenido del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2008, el cual establece:
“ARTÍCULO 10- Remoción.- El Rector de la Universidad Popular del Cesar podrá ser removido de su cargo por el Consejo Superior según lo contemplado en los Artículos 26 y 27 del Estatuto General. Adicionalmente, podrá ser removido cuando mediante evaluación de su desempeño se demuestre, en dos informes de gestión consecutivos, presentados en un lapso no inferior a seis (6) meses, que no ha cumplido el programa que presentó como aspirante a la rectoría. Para todos estos casos se requerirá seis (6) votos de los miembros del Consejo Superior Universitario.
Parágrafo 1.- En caso de remoción por solicitud u orden de autoridad competente, el Consejo Superior Universitario se reunirá en forma extraordinaria para acatar la decisión. De no reunirse o no lograr el quórum necesario para la decisión de suspensión y la designación de rector encargado, corresponderá hacerlo al Presidente del Consejo Superior Universitario, mientras éste se reúne para los efectos previstos en el parágrafo siguiente.
Parágrafo 2.- En caso de vacancia temporal o definitiva en el cargo de Rector, el Consejo Superior Universitario designará un Rector encargado por un término no mayor a tres meses plazo dentro del cual el Consejo deberá designar en propiedad de acuerdo con lo establecido en este Acuerdo. El encargo podrá ser prorrogado por causa justificada hasta por una sola vez por el mismo término”. (Negrita no es original del texto)
De los parágrafos 1 y 2 de norma transcrita, se puede advertir el siguiente procedimiento para la designación de rector de la Universidad Popular del Cesar, en caso de vacancia del cargo por solicitud u orden judicial:
(i) Notificada y ejecutoriada la orden, corresponde al Consejo Superior Universitario reunirse, extraordinariamente, para acatar la decisión; (ii) si no se reúne o, si reunido no se logra el quórum para acatar la decisión y designar rector encargado, tal actuación deberá cumplirse por el presidente del Consejo Superior Universitario y, (iii) la designación de rector encargado será por tres meses, prorrogable, por causa justificada, por un periodo igual.
La Sala estima que contrario a lo expuesto por la Universidad Popular del Cesar al contestar la demanda y en los alegatos de conclusión, cuando el artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004 se refiere a la “remoción” del rector por orden de autoridad judicial, no se circunscribe a la emanada de la jurisdicción ordinaria, pues interpretar la norma en tal sentido implicaría, como lo señala el ministerio público, que las decisiones dictadas por el juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cayeran en el vacío y generaría que la nulidad de una elección de rector podría ser acatada o no por el Consejo Superior Universitario.
La interpretación apropiada de la norma es que cualquier autoridad judicial competente puede solicitar u ordenar la remoción del rector de esa institución de educación superior, previo el agotamiento de un debido proceso, lo que impone que la declaración de nulidad de la elección del rector, implica su remoción o privación del cargo, situación que causa una vacancia definitiva, pues el empleo deberá ser provisto con una persona distinta a quien se le anuló la elección.
Ahora bien, el que la anulación de la elección del rector genere la vacancia absoluta del cargo, de acuerdo al procedimiento expuesto líneas atrás, no conlleva a que necesariamente se deba designar un rector en encargo, pues es posible que el Consejo Superior Universitario, una vez conozca de la orden judicial, se reúna y designe de inmediato a quien deba reemplazarlo.
Lo dicho en precedencia surge del hecho de que la primera obligación del órgano principal de dirección universitario, para este caso específico, era la de reunirse y acatar la decisión judicial, la cual, como sucedió con las dos nulidades declaradas del rector de la Universidad Popular del Cesar, conllevaba la designación de uno nuevo de la “lista de designables” conformada y vigente para tal fin.
Así las cosas, salta a la vista que en materia de acatamiento de sentencias donde se declare la nulidad de la elección de un rector de una universidad pública, originada en un procedimiento como el consagrado en la Universidad Popular del Cesar, todo dependerá de los efectos de la sentencia.
Lo anterior porque, por regla general, en algunos casos implicará la nulidad de la totalidad del proceso eleccionario, como cuando surgen vicios de procedimiento previos que, lógicamente afectan la lista conformada una vez concluida la jornada de votación o, producirá solo la nulidad de la elección, como en los eventos en que se alegan causales subjetivas, caso en el cual la lista subsiste hasta que venza el periodo para el cual se convocó a elecciones.
En el asunto bajo estudio, la elección del señor Enrique Alfonso Meza Daza, tuvo origen en unas sentencias que anularon, en dos oportunidades, la elección del ciudadano Carlos Emiliano Oñate Gómez, quien además de haberse elegido con desconocimiento de quórum al momento de la votación, se encontraba inmerso en una inhabilidad que le impedía ser electo rector de la Universidad Popular del Cesar.
Lo anterior implica que la causal que abrió paso a la ahora elección demandada, nació de una decisión judicial que estudió una causal subjetiva de anulación, motivo por el cual la “lista de designables” conformada para el periodo 2015-2019, no se afectó ante la nulidad declarada y, en consecuencia, obligaba al Consejo Superior Universitario de la UPC a realizar el nombramiento del registro vigente al momento de la designación del señor Meza Daza, en los términos dispuestos por la Sala electoral del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Lo dicho encuentra respaldo en el hecho de que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de octubre de 2016, dictada por dentro del expediente 2015-00019-00, decretó la nulidad de los acuerdos 017 del 2 de julio de 2015 y 018 de 3 de julio de 2015, mediante los cuales el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar eligió, por primera vez, al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de esa institución educativa, al concluir lo siguiente:
“(…) que el acto a través del cual se eligió al señor Carlos Emiliano Oñate como Rector de la Universidad Popular del Cesar está viciado de nulidad, pues no solo se comprobó que aquel incurrió en la inhabilidad de que trata el artículo 103 de los Estatutos de dicho ente autónomo, sino que además no fue elegido por mayoría absoluta tal y como lo exige el artículo 5º del Acuerdo Nº 038 de 2004”.
La simple lectura del aparte transcrito, lleva al convencimiento de que en la elección del señor Oñate Gómez como rector de la Universidad Popular del Cesar, el Consejo Superior Universitario incurrió en dos irregularidades: (i) designó a una persona que vulneraba el régimen de inhabilidades (causal subjetiva) y, (ii) desconoció que los estatutos le imponían el deber de que esa designación se hiciera por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo (causal objetiva).
Podría alegarse que en este caso las previsiones hechas para entender que la designación del demandado se ajustó a derecho, porque se realizó de la lista vigente para el periodo 2015-2019, no son precisas en tanto que la nulidad de la elección del ciudadano Oñate Gómez también tuvo génesis en una causal objetiva, sin embargo, véase como la causal objetiva, en concreto, el incumplimiento del quórum para la elección, deviene de una situación posterior a la conformación de la lista, motivo por el cual no podía viciar la legalidad de aquella.
Siguiendo la línea argumentativa, debe decirse que en el citado fallo de 2016, a diferencia de lo que señala el demandante, la Sección Quinta del Consejo de Estado fijó con total claridad los efectos de la decisión judicial, en los siguientes términos:
“6. Los efectos de la sentencia de nulidad electoral
La Sección en reciente Sentencia de Unificación, determinó que le corresponde al juez fijar los efectos de la sentencia que declara la nulidad de un acto sometido a control.
Al respecto es importante recordar que la Sección ha sostenido que la nulidad de los actos a través de los cuales se eligen a los rectores de los entes autónomos implica llevar a cabo, de nuevo, la sesión en la que el Consejo Superior Universitario habrá de elegir al rector de la lista definitiva de candidatos admitidos.
Esta tesis aplicada al caso concreto impone colegir que la declaratoria de nulidad del acto de elección demandado implica que el Consejo Superior de la UPC debe elegir a un nuevo rector de la “lista de elegibles” que el Tribunal de Garantías Electorales de dicho ente autónomo conformó para proveer el cargo de rector de la Universidad Popular del Cesar por el período 2015-2019”. (Negrita no es original del texto)
Como se puede observar, la consecuencia o efecto de la nulidad de la primera elección del señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, fue que la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenara al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, que procediera a elegir un nuevo rector de la lista de elegibles que para tal efecto conformó el Tribunal de Garantías Electorales para el periodo 2015-2019.
Lo anterior, en palabras llanas, significaba: Era una obligación del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar designar un nuevo rector, diferente al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, de la lista de elegibles vigente para el periodo 2015-2019.
No obstante la claridad de los efectos de la citada orden judicial, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar la desatendió, pues en una elucubración de lo que podía hacer para acatar el fallo de esta Sección, entendió que estaba facultado para designar, nuevamente, al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector, lo que realizó a través del Acuerdo 068 del 29 de noviembre de 2016.
El yerro condujo a que el citado acto electivo, fuera demandado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, provocando de la Sección Quinta del Consejo de Estado un pronunciamiento, en el que por segunda vez se anuló la elección del ciudadano Oñate Gómez.
Así, esta Sala en lo electoral, en sentencia de 3 de agosto de 2017, dictada dentro de los expedientes acumulados 2017-00003-00 y 2016-00085-00, textualmente argumentó:
“(…) cuando en su momento la Sección Quinta del Consejo de Estado aludió a que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar debía elegir a un nuevo rector, se refirió a que la designación debía recaer en una persona distinta, diferente al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, pero que fuera integrante de la lista que el Tribunal de Garantías Electorales conformó para el periodo 2015-2019.
Lo anotado en precedencia implicó que el demandado quedara excluido de la lista a rector de la Universidad Popular del Cesar establecida para el citado periodo 2015-2019, convirtiéndolo en inelegible.
Es por ello que esta Sección, en la parte resolutiva de la providencia del 13 de octubre de 2016, además de anular los acuerdos 017 y 018 de 2015, dispuso que la declaratoria de nulidad implicaba “(…) la realización de una nueva citación para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Superior Universitario habrá de elegir al Rector de la UPC, de la lista de elegibles”.
Así, la citación que debía realizar el máximo órgano universitario tenía como finalidad designar al rector de la Universidad Popular del Cesar, con exclusión del señor Oñate Gómez, puesto que no se trataba de un procedimiento administrativo nuevo para la elección, esto es, de una convocatoria diferente a la abierta para el periodo 2015-2019, toda vez que se trataba de la misma, tanto que dentro de las consideraciones de la sentencia del 13 de octubre de 2016 se señaló que la designación debía efectuarse de “(…) la “lista de elegibles” que el Tribunal de Garantías Electorales de dicho ente autónomo conformó para proveer el cargo de rector de la universidad Popular del Cesar por el periodo 2015-2019” (Negrita no es del texto).
La consecuencia de lo que se acaba de explicar es que, como lo sostienen los demandantes, declarada la nulidad de la elección del señor Oñate Gómez, el rector de la Universidad Popular del Cesar se debía escoger de los demás integrantes de la lista, se reitera, excluyendo al demandado, pues de lo contrario devendría en inane la sentencia del 13 de octubre de 2016”.
Entre otros, los transcritos argumentos, sirvieron a la Sección Quinta de la Corporación para indicar:
“Como se aprecia, una de las razones para que en la sentencia del 13 de octubre de 2016 se anulara la elección del demandado y, en consecuencia, se excluyera de la lista de elegibles, tuvo origen en que en éste se configuró una causal de inhabilidad que le impedía ser rector de la Universidad Popular del Cesar.
Bajo el citado razonamiento, no obedece a la lógica que existiendo una prohibición en quien fue designado para ser rector para el periodo 2015-2019, pueda ser elegido una vez más en ese cargo y con apoyo en el mismo proceso de convocatoria.
La Sala reitera el argumento expuesto párrafos arriba, según el cual, la competencia del Consejo Superior Universitario estaba dada para realizar la sesión donde elegiría al rector de la Universidad Popular del Cesar de la lista que para tal efecto conformó el Tribunal de Garantías Electorales, excluyendo al señor Oñate Gómez por haberse declarado nula su elección, en la medida que no se trataba de un proceso electoral diferente al que se adelantó para el periodo 2015-2019.
Así, lo evidente es que si el actor fue elegido mediante el Acuerdo 068 del 29 de noviembre de 2016 como rector de la Universidad Popular del Cesar, con fundamento en la convocatoria abierta para proveer el cargo para el periodo 2015-2019 y de la lista que de tal proceso se conformó, la conclusión no puede ser otra que el Consejo Superior Universitario eligió una vez más a quien se encontraba inhabilitado para ejercer como rector, configurándose la causal de nulidad electoral del numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual prevé que los actos de elección o nombramiento son nulos cuando “Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”. (Negrita no es original del texto)
Entonces, la respuesta al problema jurídico que planteó el demandante y que en la audiencia inicial se fijó en el litigio, en concreto: “Si como como consecuencia de las sentencias del 13 de octubre de 2016 y del 3 de agosto de 2017 proferidas por la Sección Quinta de esta Corporación se generó una vacancia definitiva del cargo y por tanto se debía realizar un nuevo proceso eleccionario, o si por el contrario se debía realizar la designación de la lista de designables contenida en el Acuerdo 023 del 16 de junio de 2015 del Tribunal de Garantías Electorales”, es la siguiente:
Las sentencias de 13 de octubre de 2016 y 3 de agosto de 2017, sí provocaron una vacancia definitiva en el cargo de rector de la Universidad Popular del Cesar, sin embargo, no procedía realizar un nuevo proceso eleccionario puesto que los efectos de las órdenes derivadas de las citadas decisiones judiciales era que la designación del nuevo rector se debía hacer de la “lista de designables” contenida en el Acuerdo 023 del 16 de junio de 2015, emanado del Tribunal de Garantías Electorales de la institución de educación superior para el periodo 2015-2019, de la cual era parte el demandado Enrique Alfonso Meza Daza, quien ocupó el segundo lugar en votación.
Valga aclarar que la afirmación en cuanto sí se generó una vacancia absoluta del cargo de rector, encuentra asidero en que el artículo 27 de los estatutos generales de la Universidad Popular del Cesar, establece que aquella se presenta “Por decisión de un juez”.
Ahora, como el 5 de septiembre de 2017 se reunió el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, para acatar la orden dada en la sentencia de 3 de agosto de 2017, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, ejecutoriada el día 30 de ese mismo mes y año, se aprecia el cumplimiento de la primera de sus obligaciones estatutarias: reunirse para acatar el fallo que provocó la remoción del rector.
El mismo 5 de septiembre de 2017, por medio del Acuerdo 022, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar procedió a designar al señor Enrique Alfonso Meza Daza como rector del claustro educativo, persona que, se reitera, ocupó el segundo puesto en la “lista de designables” vigente para el periodo 2015-2019, conformada por el Tribunal de Garantías Electorales por medio del Acuerdo 023 de 2015.
Lo anterior conduce a que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar cumplió su segunda obligación estatutaria, acatar materialmente el fallo que anuló la elección del anterior rector y que implicaba la remoción del cargo, pues lo consumó al designar uno nuevo de la lista vigente para el periodo 2015-2019.
Así las cosas, contrario a lo pretendido por el demandante y su coadyuvante, el acto de elección del señor Enrique Alfonso Meza Daza se ajustó a derecho, puesto que no era necesaria la designación de un rector en encargo, en los términos de los parágrafos del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004, toda vez que para elegir al nuevo rector, en propiedad, no se requería adelantar un nuevo proceso eleccionario conforme al artículo 1 ídem, porque la elección, se insiste, debía surgir de la lista vigente para el periodo 2015-2019, con lo cual se da respuesta al tercero de los interrogantes.
De acuerdo con lo señalado, la Sección Quinta del Consejo de Estado considera que los argumentos expuestos resultan suficientes negar la prosperidad de las pretensiones de nulidad de la designación del ciudadano Enrique Alfonso Meza Daza como rector de la Universidad Popular del Cesar, para el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 y el 6 de julio de 2019.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Niéganse las pretensiones de la demanda ejercida por el señor Álvaro Rafael Rico Rivera, con el fin de obtener la nulidad del Acuerdo 022 de 2017, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar designó al ciudadano Enrique Alfonso Meza Daza, como rector, en propiedad, de ese claustro educativo para el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 y al 6 de julio de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Niégase la solicitud de nulidad parcial del Acuerdo 022 de 2017, elevada por el demandado Enrique Alfonso Meza Daza, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Niégase la solicitud de excepción de ilegalidad parcial respecto del artículo 103 de los estatutos generales de la Universidad Popular del Cesar, propuesta por el Ministerio Público, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
La demanda se presentó el 6 de octubre de 2017. Folios 1 a 11 del cuaderno 1 del expediente.
Folio 181 del cuaderno 1 del expediente.
Folios 258 a 264 del cuaderno 2 del expediente.
Folios 279 a 281 del cuaderno 2 del expediente.
Folios 356 a 359 del cuaderno 2 del expediente.
Folio 486 del cuaderno 3 del expediente.
Folios 403 a 406 del cuaderno 3 del expediente 2017-00003-00.
“ARTÍCULO 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
4º De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación”.
La Ley 34 de 1976, sobre la naturaleza jurídica de la Universidad Popular del Cesar en los artículos 1 y 2, consagra:
“Artículo 1º. Créase la Universidad Popular del Cesar, como establecimiento público autónomo, con personería jurídica, cuyo objetivo primordial será la investigación y la docencia a través de programas que conduzcan a la obtención de licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos, como el de doctor”.
“Artículo 2º. La naturaleza jurídica, la organización administrativa y la estructura académica o programas de estudios e investigación de las facultades, institutos, escuelas y departamentos de la Universidad Popular del Cesar, serán los mismos de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con la Ley 65 de 1963 y demás disposiciones legales (…)”. (Negrita fuera de texto)
De conformidad con el Acuerdo 12 de 25 de septiembre de 2008, del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, el Código de Ética y Buen Gobierno es el resultado del “…proceso de sensibilización, diagnóstico, consulta y mesas de trabajo con la comunidad universitaria, que garantice una gestión íntegra. Eficiente y transparente en la administración de los recursos públicos”.
Si bien es cierto las causales que dan origen a la remoción y a la vacancia del cargo de rector son distintas, se alude a remoción porque es el vocablo al que se refiere de manera expresa el artículo 10 del Acuerdo 38 de 2004, no obstante debe tenerse en cuenta que las decisiones judiciales lo que provocan es la vacancia definitiva.
Así se llamó en el acuerdo 23 de 16 de junio de 2015, “Por medio de la cual se publica lista de designables a ser rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo del 8 de julio de 2015 al 7 de julio de 2019”
Cfr. Sentencia de 26 de mayo de 2016. Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 2015-00029.
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala del 7 de abril de 2016, radicación 11001-03-28-000-2015-0002-00 (Acumulado) CP. Rocío Araujo Oñate. Ddo: Gustavo Orlando Álvarez Rector de la UPTC.
Folios 445 a 466 del cuaderno 3 del expediente.
Folios 13 y 14 del cuaderno 1 del expediente.
Folios 429 y 430 del cuaderno 3 del expediente.
Expediente: 110010328000201700036-00
Demandante: Álvaro Rafael Rico Rivera
Demandado: Enrique Alfonso Meza Daza
Nulidad Electoral
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