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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00613-00

Fecha
4 de abril de 2019
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00613-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2018-00613-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

4 de abril de 2019

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de Senadora de la República / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Se niegan pretensiones pues no hubo irregularidades en el otorgamiento del aval / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

En el asunto bajo estudio se discute la facultad del señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez para otorgar el aval del Partido Liberal Colombiano a la señora Laura Ester Fortich Sánchez para participar en las elecciones de Senado de la República, período 2018- 2022. La discusión surge porque no hay claridad sobre cuáles eran los estatutos del Partido Liberal Colombiano vigentes al momento de su designación y por tanto, sobre cuál era el procedimiento indicado para el nombramiento del secretario general de la colectividad política y su facultad para otorgar avales. Lo anterior debido a que para la parte actora los estatutos aplicables son los contenidos en la Resolución 658 de 2002 del Directorio Liberal, mientras que para la demandada, lo son, los consagrados en la Resolución 2895 de 2011, normas que contienen una competencia diferente para el otorgamiento de avales. (…). En ese orden de ideas, es claro que la postura que se adoptó en esa ocasión por esta Sala de Decisión, la cual se reitera íntegramente en esta oportunidad, es que tanto el Partido Liberal Colombiano como el Consejo Nacional Electoral estaban facultados para aplicar la sentencia de la Corte Constitucional SU-585 de 2017 antes de que fuera notificada formalmente, toda vez que conocían de la decisión y sus efectos, en virtud del comunicado de prensa que sobre su existencia emitió dicha Corporación el 21 de septiembre de 2017, el cual les permitía adelantar las gestiones necesarias para adecuar sus actuaciones a los estatutos vigentes con miras a la participación en los comicios electorales que se aproximaban. Además, teniendo en cuenta que según el calendario electoral la fecha límite para inscribir candidatos al Senado de la República era el 11 de diciembre de 2017 era necesario que se otorgaran los avales correspondientes, so pena, de que el Partido Liberal y sus candidatos no pudieran participar en dichos comicios electorales, con las consecuencias políticas y jurídicas que dicha omisión hubiera conllevado a la luz del artículo 108 Constitucional, que incluso contempla la posibilidad de perder la personería jurídica para la colectividad. (…). Así las cosas, es claro que de conformidad con las referidas normas [artículos 3º y 9º de la Ley 1475 de 2011] las organizaciones políticas deben inscribir ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de sus directivos, por lo tanto, es ante dicha entidad que se debe censurar las designaciones de aquellos, sin que obre en el expediente que el nombramiento del señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez haya sido objetado de manera alguna ante dicho ente o ante esta Jurisdicción, de lo que se deduce que la presunción de legalidad de dicho acto se mantiene incólume. De igual forma, está acreditado que en él fue delegada la facultad para otorgar avales para los candidatos a las elecciones de Senado de la República período 2018 – 2022 según consta en la Resolución 5222 del 19 de octubre de 2017, delegación que fue efectuada conforme lo establecido en los artículos 108 y 263 de la Constitución Política y 28 de la Ley 1475 de 2011. Por lo que puede afirmarse que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez sí estaba facultado para otorgar el aval ahora controvertido y por tanto, se presume que aquel fue otorgado en los términos de ley.

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la aplicación de la sentencia SU585 de 21 de septiembre de 2017, proferida por la Corte Constitucional, en virtud de la cual recobraron vigencia los estatutos del Partido Liberal adoptados mediante Resolución 2895 de 2011, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 14 de marzo de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00603-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 108 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 3 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 28 / LEY 30 DE 1994 – ARTÍCULO 9

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00613-00

Actor: SONIA BEATRIZ CABRERA GONZÁLEZ Y OTROS

Demandado: LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ - SENADORA DE LA REPÚBLICA - PERÍODO 2018-2022

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Aval Partido Liberal – Reiteración Jurisprudencial

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

Corresponde a la Sala decidir sobre la demanda presentada por los señores Sonia Beatriz Cabrera González, Jesús Antonio Arias Huérfano, Jorge Augusto Hernández Ramírez y Jorge Lara Bonilla en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la elección de la señora Laura Ester Fortich Sánchez como senadora de la República para el período 2018-2022, previo el trámite del procedimiento ordinario.

ANTECEDENTES

La parte actora en su demanda solicitó que en la sentencia que ponga fin a este proceso se hicieran las siguientes

Declaraciones

Que se declare que la señora Laura Ester Fortich Sánchez no reúne los requisitos constitucionales ni legales para ser elegida senadora de la República por el Partido Liberal Colombiano, para el período 2018 – 2022.

Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la elección de la demandada.

Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes

Hechos

Sostuvieron que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez, secretario general y representante legal del Partido Liberal Colombiano, mediante la Resolución 5625 del 11 de diciembre de 2017 le otorgó aval a la señora Laura Ester Fortich Sánchez para participar en las elecciones al Senado de la República para el período 2018-2022.

Expresaron que el señor Sánchez Vásquez no estaba legalmente facultado para expedir avales en nombre de dicha colectividad, pues su nombramiento desconoció los estatutos aprobados en el 2000 por la Constituyente Liberal y promulgados a través de la Resolución 658 de 2002.

Lo anterior, porque de conformidad con dicha normativa, el secretario general debe ser elegido por el Congreso Nacional del partido, mientras que él fue nombrado por el director del mismo, en aplicación de los estatutos proferidos en el de 2011 por lo que, en su concepto, son ilegales.

Mencionaron que el 11 de marzo de 2018 se realizaron los comicios y resultó elegida la señora Laura Ester Fortich Sánchez, razón por la cual la organización electoral expidió la Resolución 1956 del 19 de julio del mismo año, en el que se declaró la elección de la demandada.

Normas violadas y concepto de la violación

Los demandantes señalaron como vulneradas las siguientes normas: artículos 108 y 262 de la Constitución Política; artículos 139, 152 y 275 a 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la Resolución 658 de 2002 (Estatutos del Partido Liberal Colombiano); la Resolución 39 de 2011 dictada por el Tribunal de Garantías del Partido Liberal Colombiano; el artículo 7 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.

Explicaron que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez respaldó su capacidad para expedir el aval a la demandada, en la Resolución 5219 de octubre de 2017, a través de la cual fue designado como secretario general y representante legal del partido.

Advirtieron que ese acto de nombramiento desconoció los estatutos vigentes y la Resolución 39 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal de Garantías del partido.

Mencionaron que el referido tribunal estableció que los estatutos vigentes eran los aprobados por la Constituyente Liberal del año 2000 y promulgados mediante la Resolución 658 de 2002, y que los nuevos estatutos que fueron adoptados en el 2011 no se ajustaban a lo dispuesto en sus propias normas.

Agregaron que en la Resolución 39 de 2011 se dispuso que, de acuerdo con el artículo 119 de los estatutos vigentes, el órgano competente para reformarlos era el Congreso Nacional del Partido Liberal Colombiano.

Señalaron que según el artículo 35 de los estatutos promulgados en el 2002, el secretario general es elegido por el Congreso Nacional del partido, mientras que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez fue nombrado por el director de la organización política, de conformidad con los estatutos del 2011.

Destacaron que el director justificó el nombramiento del secretario general bajo el argumento de que la sentencia SU-585 de 2017 le había otorgado validez a los nuevos estatutos del Partido Liberal Colombiano, al dejar sin efectos una sentencia proferida en el trámite de una acción popular, en la cual la Sección Tercera de esta Corporación había establecido que los mismos desconocían el derecho colectivo a la moralidad administrativa.

Explicaron que la providencia de la Corte Constitucional en ningún momento dispuso que se podían aplicar nuevamente los estatutos de 2011, sino que le quitó el respaldo que el Consejo de Estado le había otorgado a la Resolución 39 del Tribunal de Garantías.

Manifestaron que, en todo caso, la decisión del Alto Tribunal cobró ejecutoria mucho después de que fuera nombrado el secretario general del partido, situación que demostraba la ilegalidad de su nombramiento.

Precisaron que se desconoció el artículo 7 de la Ley 130 de 1994, según el cual la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos se debe regir por lo establecido en sus propios estatutos.

Afirmaron que no se tuvo en cuenta el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, que dispone que los partidos pueden inscribir candidatos para cargos de elección popular de conformidad con sus estatutos, previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos correspondientes.

Alegaron que se infringió el artículo 108 de la Constitución Política, en el que se establece que las decisiones de los partidos deben ser adoptadas de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y en la ley.

Expresaron que en el caso concreto no se aplicaron los estatutos vigentes del partido, sino aquellos que fueron proferidos en 2011 y que habían sido declarados ilegales por el Tribunal de Garantías mediante la Resolución 39 de noviembre del mismo año, decisión que en ningún momento ha sido derogada o dejada sin efectos.

Recalcaron que el secretario general no había sido elegido por el Congreso Nacional de la colectividad, órgano competente para el efecto, por lo que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez no estaba capacitado para ejercer dicho cargo.

Concluyeron que la señora Laura Ester Fortich Sánchez no reúne los requisitos de elegibilidad señalados en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que las irregularidades antes expuestos incidieron directamente en su elección como senadora de la República.

Contestaciones

Consejo Nacional Electoral

El apoderado de la entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que el Consejo Nacional Electoral actuó de acuerdo con la Constitución y la ley en las elecciones efectuadas el 11 de marzo de 2018.

Aseguró que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez sí tenía la facultad de expedir avales en nombre del Partido Liberal Colombiano, pues fue designado como secretario general de dicha colectividad, de conformidad con el artículo 20 de los estatutos aprobados por la Segunda Constituyente Liberal celebrada el 10 de diciembre de 2011, que son los estatutos vigentes de dicho partido.

Destacó que según esa normativa, el nombramiento del secretario general debe ser efectuado por el director del partido, tal y como sucedió en el caso del señor Sánchez Vásquez.

Explicó que el Consejo Nacional Electoral accedió a la solicitud elevada en su momento por el director nacional del Partido Liberal Colombiano, de registrar como estatutos de dicha colectividad los adoptados mediante Resolución 2919 del 20 de diciembre de 2011, pues a través de la sentencia SU-585 de 2017 la Corte Constitucional dejó sin efectos el fallo con el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado había ordenado dejar de aplicar dichos estatutos por desconocer el derecho colectivo a la moralidad administrativa.

Recalcó que no se configuraba la causal de nulidad alegada porque el aval otorgado por el secretario general era legal, por ser conferido por el funcionario competente de acuerdo con los estatutos del partido.

Registraduría Nacional del Estado Civil

Por conducto de apoderada, la entidad alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que de los hechos y pretensiones de la demanda se desprende que la Registraduría Nacional del Estado Civil no cumple con los requisitos formales para intervenir como demandada dentro del presente asunto.

Indicó que sólo tiene competencia para organizar las elecciones y los diferentes mecanismos de participación ciudadana, razón por la cual no está llamada a responder por las pretensiones del medio de control de nulidad electoral.

Explicó que la diferencia entre las candidaturas presentadas por partidos políticos y las de grupos significativos de ciudadanos, es que la primera está dotada de firmeza por el aval otorgado al candidato y la segunda por las firmas recolectadas para brindarle solidez a la misma.

Mencionó que a la entidad le corresponde la verificación de requisitos formales de dichas inscripciones, la cual no incluye la revisión de inhabilidades o incompatibilidades de los candidatos.

Señaló que en el caso específico de la lista de candidatos avalados por el Partido Liberal Colombiano, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales que regulan la inscripción de candidaturas, de conformidad con lo señalado en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.

Laura Ester Fortich Sánchez

La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que reúne todas las calidades para ser elegida senadora de la República.

Al respecto, afirmó que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez ostenta la calidad de secretario general y representante legal del Partido Liberal Colombiano, por lo que sí tiene la facultad legal y estatutaria de expedir avales a nombre de dicha colectividad.

Consideró que es claro que los demandantes pretenden obtener un pronunciamiento frente a la legalidad del nombramiento del secretario general del partido, decisión que no fue demandada por lo que sus determinaciones tienen firmeza jurídica y no pueden ser cuestionadas de manera arbitraria y temeraria.

Propuso como excepción la de inepta demanda por no existir claridad en las pretensiones, toda vez que más que atacar el cumplimiento de los requisitos para ser elegida senadora de la República, se cuestionaba la elección del señor Sánchez Vásquez.

Advirtió que, si en gracia de discusión se analizara la legalidad del nombramiento del secretario general del partido, lo cierto es que la demanda fue presentada fuera del término legalmente establecido para el efecto, por lo que formuló la excepción de caducidad y prescripción extintiva.

Precisó que en caso de existir algún reproche con tal nombramiento, así como el del director del partido, el acto que debería demandarse sería la Resolución 2815 de 2017, a través de la cual el Consejo Nacional Electoral declaró la vigencia del acto administrativo con el que se autorizó el registro de los estatutos de la colectividad.

Destacó que hasta la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, el Partido Liberal Colombiano estuvo regido por los estatutos promulgados con la Resolución 0658 de 2002, producto de la Primera Constituyente Liberal.

Agregó que entre los años 2011 y 2012, luego de realizada la Segunda Constituyente Liberal, se registraron ante el Consejo Nacional Electoral los nuevos estatutos de la colectividad.

Informó que a través de la Resolución 39 del Tribunal de Garantías, órgano de control interno del partido, se estableció que el acto administrativo con el cual se aprobaron los estatutos no estaba ajustado a derecho, discusión que posteriormente fue llevada a los estrados judiciales.

Explicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo proferido el 5 de marzo de 2015 en el trámite de una acción popular, se ordenó al Partido Liberal Colombiano que se rigiera nuevamente por los estatutos promulgados en el 2002, lo que en efecto ocurrió entre agosto de 2015 y septiembre de 2017.

Señaló que dicha decisión fue dejada sin efectos por la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-585 de 2017, por lo que se le devolvió la autonomía al partido para regirse nuevamente por los estatutos aprobados en el 2011 y registrados ante el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 2247 de 2012.

Afirmó que aunque el fallo del Alto Tribunal cobró ejecutoria el 2 de enero de 2018, lo cierto es que mediante el Comunicado de Prensa 49 del 21 de septiembre de 2017, se informó el contenido de la decisión a la opinión pública, razón por la cual en el VII Congreso Nacional Liberal, celebrado entre el 28 y 29 de septiembre siguiente, se decidió dejar de aplicar los estatutos del 2002 y se acogieron los del 2011.

Expuso que con base en tales actuaciones y con sustento en las referidas normas estatutarias, se dio el nombramiento del señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez como secretario general, representante legal y ordenador del gasto del Partido Liberal Colombiano, por lo que sí contaba con la facultad para otorgar el aval cuestionado.

Sostuvo que dicho aval goza de presunción de legalidad, porque no se interpusieron ante el órgano de control interno de la colectividad las correspondientes acciones de disentimiento y, además, porque no se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral las impugnaciones de que trata el artículo 7 de la Ley 130 de 1994.

Partido Liberal Colombiano

Tal y como se advirtió en la audiencia inicial, en atención a que la contestación de la demanda fue radicada fuera del término otorgado para el efecto, los argumentos allí expuestos no serán tenidos en cuenta.

Actuación procesal

La demanda correspondió por reparto al despacho del magistrado Alberto Yepes Barreiro, quien mediante auto del 4 de agosto de 2018 puso de presente que en el proceso 2018-00089-00, en el que se había demandado la elección de la demandada y de otros senadores de la República, se aceptó su impedimento y se le separó del conocimiento del mismo, expediente en el que además se ordenó el fraccionamiento de la demanda en escritos separados por cada demandado, siendo uno de esos el que corresponde al presente asunto.

Por lo anterior, remitió el proceso a la secretaría de la Sección Quinta para que se efectuara un nuevo reparto entre los miembros restantes de esta Sala de Decisión.

Cumplido lo anterior, mediante auto del 19 de octubre de 2018 el despacho ponente admitió la demanda y ordenó notificar personalmente a la señora Laura Ester Fortich Sánchez, al presidente del Partido Liberal Colombiano, al presidente del Consejo Nacional Electoral, al registrador nacional del Estado Civil y al agente del Ministerio Público.

En proveído del 10 de diciembre de 2018, se fijó fecha para celebrar la audiencia inicial prevista en el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011, la cual se llevó a cabo el 21 de enero del presente año, en la que se desarrollaron las actividades propias de esta etapa procesal, entre ellas el saneamiento, pronunciamiento acerca de las excepciones, la fijación del litigio y el decreto de pruebas.

El litigio fue fijado en los siguientes términos:

“(…) la controversia en este proceso está circunscrita a determinar si se debe declarar la nulidad de la elección de la señora Laura Ester Fortich Sánchez como senadora de la República para el período 2018 – 2022. Para el efecto, se debe establecer si se encuentra acreditada la causal de nulidad electoral consagrada en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia, si la señora Fortich Sánchez contaba con aval debidamente otorgado por el Partido Liberal Colombiano para participar como candidata al Senado de la República para el referido periodo. En consecuencia, se debe determinar si el referido aval fue otorgado de conformidad con lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política y 28 de la Ley 1475 de 2011. De igual manera si el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez estaba facultado para otorgar el referido aval, sin que haya lugar a pronunciarse sobre la legalidad de su nombramiento como secretario general del Partido Liberal Colombiano. Y finalmente, cuál es la norma que contiene los estatutos de dicha colectividad, aplicable al caso concreto y si se debe tener en cuenta o no, para el efecto, la sentencia de unificación SU 585 del 17 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional.”.

En la misma diligencia se citó a las partes para la realización de la audiencia de pruebas, la cual se llevó a cabo el 8 de febrero de 2019 con el objeto de practicar las pruebas decretadas en la audiencia inicial; además, al no considerar necesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento consagrada en el artículo 286 de la Ley 1437 de 2011, se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de conclusión por el término común de 10 días dentro del cual la señora agente del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.

Alegatos de conclusión

Consejo Nacional Electoral

Mencionó que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez sí tenía la facultad para expedir avales a nombre del Partido Liberal Colombiano, pues había sido designado secretario general de conformidad con el numeral 4 del artículo 20 de los estatutos vigentes de dicha colectividad, que son aquellos que fueron aprobados por la Segunda Constituyente Liberal celebrada el 10 de diciembre de 2011.

En virtud de lo anterior, concluyó que el aval otorgado a la demandada fue debidamente conferido por el partido, por lo que solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Partido Liberal Colombiano

Por conducto de apoderado, indicó que el aval que se le dio a la señora Fortich Sánchez se encuentra ajustado a derecho, no solo por estar amparado por los estatutos de la colectividad, sino porque la oportunidad para impugnar la decisión del señor Sánchez Vásquez como secretario general, y la inscripción de su nombramiento ante el Consejo Nacional Electoral, precluyó mucho tiempo antes de que se presentara la demanda de nulidad electoral.

Resaltó que con la expedición de la sentencia SU-585 de 2017, se autorizó al partido para que se rigiera por los estatutos aprobados en la Segunda Constituyente Liberal celebrada el 10 de diciembre de 2011, en virtud de los cuales se dio el nombramiento del señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez como secretario general, representante legal y ordenador del gasto.

Afirmó que gracias a lo anterior, el secretario general estaba plenamente facultado para expedir el aval cuestionado dentro del presente asunto.

Por tal razón, concluyó que no se configuraba causal de nulidad alguna respecto del acto de elección de la demandada, pues la autoridad que otorgó el aval estaba legal y estatutariamente habilitada para el efecto.

Laura Ester Fortich Sánchez

Expresó que mediante la Resolución 2815 del 8 de noviembre de 2017, expedida por el Consejo Nacional Electoral, se registraron los estatutos del Partido Liberal Colombiano.

Señaló que este acto permite resolver el problema que fue planteado en la fijación del litigio, por cuanto, evidentemente los estatutos vigentes para el 11 de diciembre de 2017, fecha en que se otorgó el aval a los candidatos para el Senado de la República, eran los aprobados en la Segunda Constituyente Liberal.

Aseveró que el argumento según el cual la sentencia SU-585 de 2017 no era aplicable porque no había cobrado ejecutoria, debió ser expuesto en los términos del artículo 7 de la Ley 130 de 1994 ante el Consejo Nacional Electoral.

Sostuvo que no era factible que el juez electoral, al estudiar la legalidad del acto que declara la elección de los miembros a una corporación pública, efectúe un análisis de la constitucionalidad o legalidad de las normas estatutarias que sirvieron de base para otorgar el aval, pues en este caso bastará con que se demuestre que el mismo fue conferido por el representante legal del partido o por quien este delegue, para observar la exigencia del artículo 108 constitucional y 28 de la Ley 1475 de 2011.

Reiteró los demás argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta Corporación, mediante escrito enviado por correo electrónico el 14 de febrero de 2019, rindió concepto en los siguientes términos:

Refirió que a través de la Resolución 2815 del 8 de noviembre de 2017, el Consejo Nacional Electoral declaró la vigencia de la Resolución 2247 de 2012, mediante la cual esa entidad autorizó el registro de los estatutos del Partido Liberal Colombiano, aprobados el 10 de diciembre de 2011 (Resolución 2895 de 2011); e inscribió a César Gaviria Trujillo como director y a Miguel Sánchez Ángel como secretario general de esa organización política.

Manifestó que a través de la Resolución 5265 del 11 de diciembre de 2017, el secretario general del partido otorgó el aval e integró la lista de candidatos para el Senado de la República.

Explicó que en virtud de los estatutos de dicha colectividad, la representación legal del partido está en cabeza del director nacional y es a quien le corresponde expedir avales para los candidatos a las corporaciones públicas, función que puede delegar en el secretario general, por virtud del numeral 25 del artículo 20 de la referida normatividad, tal y como sucedió en el caso concreto.

Aseguró que los estatutos vigentes para la fecha en que se conformó la lista de candidatos para el Senado de la República y se les otorgó el correspondiente aval, eran los aprobados en la Segunda Constituyente del Partido Liberal Colombiano, los cuales permitían la delegación de esa función en el secretario general.

Indicó que el argumento según el cual la sentencia SU-585 de 2017 no era aplicable porque no había cobrado ejecutoria, debió ser expuesto en los términos del artículo 7 de la Ley 130 de 1994 ante el Consejo Nacional Electoral.

Argumentó que los cuestionamientos relativos a la validez de los estatutos, escapan de la órbita de competencia del juez electoral en el marco del medio de control de nulidad del acto de elección de la señora Laura Ester Fortich Sánchez.

Reiteró que el aval otorgado a la demandada fue conferido por quien estaba facultado por los estatutos de su partido para tal efecto.

Consideró que no era necesario analizar si la sentencia SU-585 de 2017 estaba ejecutoriada o no cuando el Partido Liberal Colombiano decidió aplicar nuevamente los estatutos aprobados en el 2011 por la Segunda Constituyente Liberal.

Lo anterior, por cuanto advirtió que era competencia del Consejo Nacional Electoral y, posteriormente, de la jurisdicción contenciosa administrativa, estudiar si en el marco de la autonomía de los partidos y movimientos políticos, el Partido Liberal Colombiano podía volver a regirse por los estatutos del 2011, sin que para ello fuera necesario que la decisión de la Corte Constitucional estuviera ejecutoriada.

Adujo que, una vez conocida la decisión de esa Corporación a través del comunicado de prensa, el Partido Liberal entendió que podía aplicar nuevamente por tales estatutos y así lo decidió, sin que fuera obligatorio esperar a la ejecutoria del fallo, porque no era un requisito para dar prevalencia al derecho del partido de regirse por su normativa.

Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y por lo tanto, sin que obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a resolver previas las siguientes

CONSIDERACIONES

La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.

El acto acusado

El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es la Resolución 1596 del 19 de julio de 2018 en lo que tiene que ver con la declaratoria de elección de la señora Laura Ester Fortich Sánchez como senadora de la República para el período 2018 – 2022.

3. Problema Jurídico

Conforme con lo establecido en la fijación del litigio hecha durante la audiencia inicial, corresponde a la Sala determinar si se debe declarar la nulidad del acto de elección de la señora Laura Ester Fortich Sánchez como senadora de la República para el período 2018 – 2022 contenida en la Resolución 1596 del 19 de julio de 2018 proferida por el Consejo Nacional Electoral.

Para el efecto, se debe establecer si se encuentra acreditada la causal de nulidad electoral consagrada en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia, si la señora Fortich Sánchez contaba con aval debidamente otorgado por el Partido Liberal Colombiano para participar como candidata al Senado de la República para el referido periodo.

En consecuencia, se debe determinar si el referido aval fue otorgado de conformidad con lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política y 28 de la Ley 1475 de 2011.

De igual manera si el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez estaba facultado para otorgar el referido aval, sin que haya lugar a pronunciarse sobre la legalidad de su nombramiento como secretario general del Partido Liberal Colombiano.

Y finalmente, cuál es la norma que contiene los estatutos de dicha colectividad, aplicable al caso concreto y si se debe tener en cuenta o no, para el efecto, la sentencia de unificación SU 585 del 17 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional. Queda así fijado el litigio.

4. Del requisito del aval

Los candidatos que se postulen para cargos de elección popular deben cumplir una serie de requisitos dentro de los cuales se encuentra su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, bien sea avalados por un partidos o movimiento político o respaldados por firmas con el apoyo de grupos significativos de ciudadanos.

En tales condiciones, el aval de una agrupación política con personería jurídica constituye uno de los requisitos para la inscripción de candidatos a ese tipo de elecciones.

El artículo 108 de la Constitución Política, frente al punto, dispone:

“El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.

(…)

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso.

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido.” (Se resalta).

A su vez, el artículo 9 de la Ley 30 de 1994 que reitera que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica pueden presentar candidatos para cargos de elección popular, respecto del aval dispone:

“La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue”

Conforme con las anteriores normas, es claro que son el representante legal de la organización política, o su delegado, los facultados para otorgar el aval a los candidatos que se postulen a cargos de elección popular.

5. Del caso concreto

En el asunto bajo estudio se discute la facultad del señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez para otorgar el aval del Partido Liberal Colombiano a la señora Laura Ester Fortich Sánchez para participar en las elecciones de Senado de la República, período 2018- 2022.

La discusión surge porque no hay claridad sobre cuáles eran los estatutos del Partido Liberal Colombiano vigentes al momento de su designación y por tanto, sobre cuál era el procedimiento indicado para el nombramiento del secretario general de la colectividad política y su facultad para otorgar avales.

Lo anterior debido a que para la parte actora los estatutos aplicables son los contenidos en la Resolución 658 de 2002 del Directorio Liberal, mientras que para la demandada, lo son, los consagrados en la Resolución 2895 de 2011, normas que contienen una competencia diferente para el otorgamiento de avales.

De manera concreta, frente a este tema la Resolución 658 de 2002 dispone:

“Articulo 35. Jerarquía. La Secretaría General del Partido es el órgano ejecutivo de las decisiones del Congreso Nacional del Partido y de la Dirección Nacional Liberal. Estará presidida por el Secretario General, que será elegido por el Congreso Nacional del Partido para el mismo período de la Dirección”.

“Artículo 95. Competencia. Los avales los expedirá, única y exclusivamente, la Dirección Nacional Liberal, para el candidato a la Presidencia de la República y los candidatos al Congreso de la República.

Del mismo modo, por delegación del representante legal del Partido, los directorios departamentales, municipales y el Distrito Capital, expedirán los avales para los otros cargos de elección popular que se escojan en su respectiva circunscripción. (Artículo 108 Constitución Política)”.

Así las cosas, en los estatutos de 2002 el secretario general es elegido por el Congreso Nacional del Partido y la competencia para la expedición de avales para candidatos al Congreso de la República está radicada únicamente en la Dirección Nacional Liberal.

Ahora bien, la Resolución 2895 de 2011 a través de la cual el Directorio Nacional del Partido Liberal expidió los estatutos de dicha colectividad luego de la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, regula estos asuntos así:

“Artículo 20. Funciones. La Dirección Nacional Liberal o el Director Nacional del Partido, cumplirá las siguientes funciones:

(…)

7. Expedir el aval al candidato a la Presidencia de la República, a los gobernadores y alcaldes de ciudad capital. De igual manera, expedir los avales a los demás miembros del Partido que aspiren a alcalde o miembro de corporación pública, en los términos que se indican más adelante.

(…)

25. Delegar las funciones que considere pertinentes en el titular de la Secretaría General del Partido o en otros empleados…”

Sin embargo, esta resolución fue controvertida ante esta Jurisdicción en ejercicio de una acción popular, que fue resuelta en segunda instancia por la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia del 5 de marzo de 2015 en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda y por tanto ordenar:

“Reconvenir al Partido Liberal Colombiano y al Consejo Nacional Electoral, para que se abstengan de continuar incurriendo o de reincidir en las actuaciones contrarias a los valores e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, establecidas en este proceso o en otras que tengan los mismos propósitos o efectos contrarios a los fines del Estado, en el ámbito de la organización y funcionamiento internos del partido.

El Partido Liberal Colombiano dará estricto cumplimiento a la decisión del Tribunal Nacional de Garantías que declaró ilegal la resolución n.° 2895 de 2011 y, en consecuencia, en un término máximo de un (1) mes, contado desde la ejecutoria de esta sentencia, adoptará todas las medidas que sean necesarias para i) dejar de aplicar los estatutos adoptados con esa resolución y, posteriormente, aprobados por la Asamblea Liberal Constituyente convocada y elegida unilateralmente por la Dirección Nacional Liberal, adelantada el 10 de diciembre de 2011, incluso con los ajustes introducidos en esa oportunidad y ii) regirse en un todo por los estatutos vigentes a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, de conformidad con las exigencias del ordenamiento, en especial de las disposiciones de los artículos 107 y 108 constitucionales y 7° de la Ley 130 de 1994.

El Partido Liberal Colombiano procederá a cumplir el deber legal de ajustar los estatutos vigentes al momento de entrar a regir la Ley 1475 de 2011, en el término máximo de un (1) año, contado desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para el efecto, el Partido conformará un Comité en que el deberá garantizarse la participación de por lo menos un representante de los órganos de dirección, de las bancadas, del Instituto de Pensamiento Liberal, de la Secretaría General del Partido, de cada una de las Secretarías Ejecutivas, de Participación y Temáticas, de los Comités Políticos Nacional y Territoriales, de las Comisiones Participación Nacional, del Consejo Consultivo Nacional, de los Tribunales Nacional y Seccionales de Garantías y Disciplinarios, de la Veeduría del Partido y Defensoría del afiliado de la Comisión de Control Programático y de la Auditoría Interna, que se encargará de identificar los asuntos de los estatutos que deben ser ajustados a la Ley 1475 de 2011, bien porque siendo parte del contenido mínimo no están tratados en los estatutos vigentes o porque estando tratados en esa normatividad, deben adecuarse a las disposiciones de la ley, por ser incompatibles con esta.

En caso de que el Comité así conformado determine la necesidad de sustituir asuntos de los estatutos vigentes, por razones distintas de los ajustes requeridos por la Ley, esto es que claramente correspondan al ejercicio de la libertad de configuración que el ordenamiento garantiza en materia de organización y funcionamiento de los partidos, los identificarán de manera que se puedan diferenciar claramente de los ajustes requeridos conforme con las disposiciones de la Ley 1475 de 2011.

El Comité presentará al Partido Liberal la propuesta de ajuste o reforma de los estatutos dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y garantizará que todos los interesados puedan presentar observaciones, comentarios y sugerencias, las cuales analizará el Comité y dará cuenta, en documento escrito, de las que fueron acogidas y las razones para acogerlas o descartarlas.

La propuesta final de ajuste o reforma a los estatutos será sometido a aprobación del órgano competente del partido, de conformidad con las disposiciones del artículo 4° de la Ley 1475 de 2011 y 119 de los estatutos vigentes cuando empezó a regir esa Ley, con sujeción a las reglas que rigen la toma de decisiones por parte de ese órgano y en todo caso, con respeto del principio democrático.

Dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, el Consejo Nacional Electoral adoptará todas las medidas que sean necesarias para dejar sin efectos las decisiones relativas al registro de los estatutos del partido liberal adoptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, dando cuenta expresa de las razones señaladas en esta sentencia y de los deberes que le impone el ordenamiento a ese órgano electoral de garantizar el “…cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos” y la eficacia de “…los derechos de la oposición, de las minorías (…) y de participación política de los ciudadanos”.

Con base en la anterior decisión judicial es que considera la parte actora que los estatutos aplicables para el momento en que se profirió el aval ahora controvertido son los contenidos en la Resolución 658 del 9 de abril de 2002.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que decisión fue objeto de una acción de tutela resuelta en revisión por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-585 del 21 de septiembre de 2017 en la cual se dejó sin efecto dicha providencia luego de hacer las siguientes consideraciones:

“La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera instancia por la Sección Cuarta y en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado las que, respectivamente, declararon la improcedencia por insuficiencia argumentativa (a quo) y por carencia de legitimación en la causa (ad quem) de la acción de tutela interpuesta por el señor Rodrigo Llano Isaza, contra el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, por proferir una sentencia de segunda instancia dentro del proceso de acción popular iniciado por el señor Silvio Nel Huertas Ramírez, contra el Consejo Nacional Electoral y la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano.

Denegada la acción popular en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación, la Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, decidió revocar la sentencia y, en su lugar, juzgar la moralidad del partido y del CNE. Sostuvo la subsección que los partidos políticos sí son entidades pasibles del control de moralidad propio de la acción popular. Frente a esta decisión, el Veedor Nacional del Partido Liberal ejerció la presente acción de tutela por considerar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para realizar un juicio de moralidad respecto de los partidos y movimientos políticos.

Frente a esta situación, luego de declarar reunidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional abordó el siguiente problema jurídico: ¿Incurrió en un defecto orgánico la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de acción popular promovido por el señor Silvio Nel Huertas Ramírez contra el Consejo Nacional Electoral y la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano, al realizar un juicio de respeto de la moralidad administrativa por parte del partido político y, por consiguiente, haber proferido órdenes concretas para el restablecimiento de dicho derecho o interés colectivo?

Para resolver la cuestión jurídica planteada, la Sala examinó los alcances de la acción popular a la luz del principio constitucional de separación entre lo público y lo privado; precisó el contenido de la moralidad administrativa y sus diferencias respecto del principio de moralidad de los partidos políticos, en razón del principio de autonomía constitucional relativa de los partidos y movimientos políticos y, gracias a estos considerandos, concluyó que la providencia judicial controvertida incurrió en un defecto orgánico y en violación directa de la Constitución. El defecto orgánico consistió en examinar la moralidad de un partido político, a través de la acción popular, a pesar de que ni la Ley 1437 de 2011, ni la Ley 472 de 1998, le otorgaron dicha competencia, la que resultó deducida por la Subsección, a partir de una indebida interpretación de los criterios de atribución de su competencia. Resaltó la Sala que, en el caso concreto, no era la acción popular, como mecanismo intemporal, el medio idóneo para controvertir las reformas estatutarias de los partidos y movimientos políticos, ya que para este fin las normas estatutarias prevén la posibilidad de formular reclamaciones ante el CNE las que, una vez resueltas por éste, mediante un acto administrativo, podrán ser objeto de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero dentro del término de caducidad de este mecanismo, en el entendido de que la caducidad es un fenómeno extintivo de la acción, de orden público, que determina la competencia del juez. A la vez, ante la falta de competencia en el asunto bajo revisión, concluyó la Sala Plena que la providencia controvertida incurrió en violación directa de la Constitución, en particular, la garantía de juez natural o competente, prevista en el artículo 29 de la Constitución Política. Por estas razones, decidió la Sala Plena revocar las sentencias de primera y segunda instancia que resolvieron la acción de tutela; en su lugar, dejar sin efectos la providencia judicial controvertida y confirmar la sentencia proferida en primera instancia, en el juicio de acción popular, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones”.

Con base en dicho pronunciamiento, contrario a lo afirmado por la parte actora en la demanda, es claro que los Estatutos del Partido Liberal adoptados a través de la Resolución 2895 de 2011 recobraron vigencia y por ende, actualmente resultan aplicables.

En virtud de lo anterior, el Directorio Nacional Liberal, mediante Resolución 5219 del 5 de octubre de 2017 designó al señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez como secretario general de la agrupación política y delegó en él representación legal del partido.

Dicha designación fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 2815 del 8 de noviembre de 2017.

Adicionalmente a lo anterior, se tiene que el Directorio Nacional del Partido Liberal mediante Resolución 5222 del 19 de octubre de 2017 delegó en cabeza del secretario general de la colectividad la facultad de otorgar los avales a los candidatos al Senado de la República.

En ejercicio de dicha delegación, el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez actuando en su calidad de secretario general del Partido Liberal Colombiano, otorgó aval a la señora Laura Ester Fortich Sánchez para inscribirse como candidata al Senado de la República por ese partido para el período 2018 – 2022.

Ahora bien, frente al argumento de la parte actora según el cual la SU-585 del 21 de septiembre de 2017 no resultaba aplicable para el momento en que se otorgó el controvertido aval, por cuanto para ese momento no había sido notificada formalmente, resulta útil el estudio efectuado por la Sala en la providencia del 14 de marzo de 2019 dentro del expediente 11001-03-28-000-2018-00603-00 sobre este punto.

En aquella ocasión, al respecto se dijo:

“Respecto a la providencia antes señalada, es pertinente destacar que se trata de una sentencia en materia de acción de tutela, decisión que busca salvaguardar o proteger derechos fundamentales, que a su vez se caracteriza por tener efectos inmediatos, y que en principio tiene implicaciones inter partes, empero, al haber sido emitida por la Corte Constitucional en sede revisión, precisa el alcance y contenido de un derecho fundamental, es por ello que a juicio de la Sala, tanto el Partido Liberal como el Consejo Nacional Electoral, se encontraban habilitados y plenamente facultados para aplicar los estatutos que recobraron su efectividad (como consecuencia de la sentencia de unificación), es decir, los expedidos en el año 2011.

(…)

En esa medida, tenemos que las sentencias de unificación constituyen una clase de providencia especial, que su intención es la unificación de jurisprudencia, determinando mediante ellas la forma de aplicación de derechos superiores, de lo que se puede extraer de manera clara, que su parte motiva y resolutiva, para el caso particular y concreto es vinculante.

2.7.5.3. En ese orden de ideas, del análisis que se hizo en la sentencia SU-585 de 2017, la Corte Constitucional concluyó que la Sección Tercera del Consejo de Estado desbordó sus competencias en el marco de la acción popular, al dejar sin efectos los estatutos del Partido Liberal expedidos en el año 2011, decisión que fue considerada por el Tribunal Constitucional contraria al ordenamiento jurídico, razón por la cual la infirmó y en consecuencia el partido político que invocó la acción constitucional solicitó que los estatutos de 2011 recobraran su vigencia.

2.7.5.4. Por los motivos antes expuestos, no se le puede reprochar al Partido Liberal, como tampoco al Consejo Nacional Electoral, el hecho de que, una vez conocieron el fallo de unificación, esto es gracias al comunicado de prensa expedido el 21 de septiembre de 2017, procedieran de una parte a solicitar la aplicación inmediata de la decisión constitucional ante el Consejo Nacional Electoral y, de otra, que la entidad en cumplimiento de la misma procediera a cumplir sus funciones de registro, por lo tanto la Sala determina sin lugar a dubitaciones que los estatutos del año 2011 se encontraban vigentes desde el momento en que se dictó la sentencia.

2.7.5.5. A este punto oportuno resulta señalar, que si bien la decisión consagrada en la sentencia SU-585 del 21 de septiembre de 2017, fue dada a conocer mediante comunicado de prensa No. 49 de la misma calenda, este solo hecho si bien no puede ser constitutivo para aducir su firmeza, conllevó a que la colectividad política ejerciera los derechos reconocidos por el juez constitucional como órgano de cierre y por ello propendiera por sus derechos fundamentales a tener una normativa que le permitiera establecer con certeza las reglas de juego democráticas con las que se rige no solo al interior de la misma, sino también respecto de sus militantes.

2.7.5.6. Es por ello que, frente al interrogante sobre cuál norma estatutaria se debía aplicar, ad portas del proceso de inscripción de candidatos para los comicios que serían llevados a cabo en marzo de 2018 y en aras de materializar su derecho de obtener representación política, el Partido Liberal procedió a registrar los estatutos aprobados en el año 2011 de manera expedita conforme los efectos que se derivan de la sentencia SU-585 de 2017, por lo que acudió ante el Consejo Nacional Electoral, autoridad que en cumplimiento de dicha decisión judicial efectuó el registro de los mismos y como consecuencia de ello, inscribió los directivos de la colectividad, entre ellos su representante legal, con miras a lograr su normal funcionamiento.

2.7.5.6.1 Es de resaltar que el proceso electoral se materializa en el calendario que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cual constan las etapas preclusivas del mismo, siendo una de ellas la de inscripción de candidaturas. Por lo tanto, se tiene que para este caso en concreto dicho lapso finalizaba el 11 de diciembre de 2017, data ultima en la cual las agrupaciones políticas podían inscribir candidatos, de cara a ello, resultaría lesivo para los derechos fundamentales del Partido Liberal (artículo 40 de la Constitución Política), exigirle esperar a la ejecutoria del fallo de tutela para proceder a actualizar sus normas estatutarias, dado que lo anterior, les impediría de una parte participar en los comicios electorales de marzo de 2018 y de otra verse avocados a perder su personería jurídica, en atención a la regla superior establecida en el artículo 108, según la cual para conservar tal atributo necesitan obtener una votación no inferior al 3% de los votos válidos para dicho certamen.

2.7.5.6.2 En ese orden de ideas, la exigencia de aplicar los estatutos del año 2011, teniendo en cuenta la ejecutoria de la sentencia de revisión, implicaría causar un perjuicio irremediable a la colectividad política y a sus electores, pese a que aquella conocía de la decisión de amparo constitucional con anterioridad a su ejecutoria y por consiguiente al ser el principal destinatario de la orden judicial resultaba válido que adelantara las gestiones pertinentes para reafirmar la vigencia de sus estatutos y por ende adoptar con fundamento en los mismos el otorgamiento de los avales de cara a las elecciones de Congreso de la República.”

En ese orden de ideas, es claro que la postura que se adoptó en esa ocasión por esta Sala de Decisión, la cual se reitera íntegramente en esta oportunidad, es que tanto el Partido Liberal Colombiano como el Consejo Nacional Electoral estaban facultados para aplicar la sentencia de la Corte Constitucional SU-585 de 2017 antes de que fuera notificada formalmente, toda vez que conocían de la decisión y sus efectos, en virtud del comunicado de prensa que sobre su existencia emitió dicha Corporación el 21 de septiembre de 2017, el cual les permitía adelantar las gestiones necesarias para adecuar sus actuaciones a los estatutos vigentes con miras a la participación en los comicios electorales que se aproximaban.

Además, teniendo en cuenta que según el calendario electoral la fecha límite para inscribir candidatos al Senado de la República era el 11 de diciembre de 2017 era necesario que se otorgaran los avales correspondientes, so pena, de que el Partido Liberal y sus candidatos no pudieran participar en dichos comicios electorales, con las consecuencias políticas y jurídicas que dicha omisión hubiera conllevado a la luz del artículo 108 Constitucional, que incluso contempla la posibilidad de perder la personería jurídica para la colectividad.

De igual forma, resulta relevante para la aplicación de la providencia que se trata de una sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional en sede de revisión, por lo que nada obstaba para que fuera aplicada.

Por lo tanto, se reitera, la respuesta al problema jurídico planteado dentro de este asunto referente a cuáles eran los estatutos vigentes para el momento en que se otorgó el aval a la demandada por parte del secretario general del Partido Liberal Colombiano es que aquellos son los contenidos en la Resolución 2895 de 2011 del Directorio Nacional de dicha colectividad.

Ahora, para determinar si el referido aval fue otorgado de conformidad con lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política y 28 de la Ley 1475 de 2011, se debe establecer si el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez estaba facultado para otorgar el referido aval.

Al respecto, se tiene que, como se dejó dicho el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez fue designado como secretario general del Partido Liberal a través de Resolución 5219 de 2017, que la referida designación fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 2815 del 8 de noviembre de 2017 aclarada mediante Resolución 2878 del 22 de noviembre siguiente.

Frente al punto, se debe precisar que el organismo encargado de registrar y certificar quiénes son los directivos de las organizaciones políticas es el Consejo Nacional Electoral.

Al respecto, la Ley 1475 de 2011 establece:

“ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.  El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.

PARÁGRAFO. Los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de personería jurídica, podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y solicitar la correspondiente personería. La solicitud deberá ir acompañada del acta de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y programática, la lista de afiliados y la prueba de la designación de los directivos, y será presentada ante el Consejo Nacional Electoral por quien haya sido designado como representante legal del partido o movimiento así constituido.

En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de organización y funcionamiento.”

“ARTÍCULO 9o. DIRECTIVOS. Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. El Consejo Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción si ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o designación, y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al congreso o convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas en él.

Los partidos y movimientos políticos ajustarán a sus estatutos las disposiciones de esta ley dentro de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mientras tanto, las directivas democráticamente constituidas podrán tomar todas las decisiones que las organizaciones políticas competen en desarrollo de la misma.”

Así las cosas, es claro que de conformidad con las referidas normas las organizaciones políticas deben inscribir ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de sus directivos, por lo tanto, es ante dicha entidad que se debe censurar las designaciones de aquellos, sin que obre en el expediente que el nombramiento del señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez haya sido objetado de manera alguna ante dicho ente o ante esta Jurisdicción, de lo que se deduce que la presunción de legalidad de dicho acto se mantiene incólume.

De igual forma, está acreditado que en él fue delegada la facultad para otorgar avales para los candidatos a las elecciones de Senado de la República período 2018 – 2022 según consta en la Resolución 5222 del 19 de octubre de 2017, delegación que fue efectuada conforme lo establecido en los artículos 108 y 263 de la Constitución Política y 28 de la Ley 1475 de 2011.

Por lo que puede afirmarse que el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez sí estaba facultado para otorgar el aval ahora controvertido y por tanto, se presume que aquel fue otorgado en los términos de ley.

En tales condiciones, teniendo en cuenta que la sentencia SU-585 de 2017 reactivó la vigencia de los estatutos contenidos en la Resolución 2895 de 2011 y que los actos administrativos a través de los cuales se designó al señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez como secretario general de la colectividad, se delegó en él la facultad para otorgar avales para las elecciones del Congreso de la República y éste avaló a la demandada para participar en dichos comicios electorales se encuentran en firme y gozan de presunción de legalidad concluye la Sala, que el aval en cuestión se encuentra debidamente otorgado y por ende, no se configura la causal de nulidad electoral de que trata el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, invocada en la demanda.

En consecuencia, las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

Folio 65 a 66 vuelto del cuaderno 1 del expediente.
Folio 74 del cuaderno 1 del expediente.
Folio 169 del cuaderno 1 del expediente.
Folios 213 a 218 del cuaderno 2 del expediente.
La decisión que se adoptó sobre la fijación del litigio no fue objeto de recursos.
Folios 247 a 249 del cuaderno 2 del expediente.
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación.
Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)

Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
Contenida en el disco compacto visible a folio 220 del expediente.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Expediente 25000-23-41-000-2013-00194-01. M.P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo. Providencia del 5 de marzo de 2015.
Corte Constitucional. Sentencia de unificación 585 del 21 de septiembre de 2017. M.P. Dr. Alejandro Linares Cantillo.
Visibles a folios 95 a 100 del expediente.
Visible a folios 224 a 229 del expediente.
Visible a folios 15 a 19 del expediente.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia el 14 de marzo de 2019. Expediente 11001-03-28-000-2018-00603-00. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
Visibles a folios 95 a 100 y en el disco compacto que obra a folio 220 del expediente.
Visible a folios 224 a 229 del expediente.

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