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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00623-00

Fecha
20 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2018-00623-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de nulidad del acta de sesión Nº 023 de 8 de octubre de 2018 y la Resolución Nº 1049 de 2018 expedidos por la Sala Plena de la JEP a través de la cual se designó al señor Juan Ramón Martínez Vargas como magistrado titular de la JEP, de conformidad con las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso. Se deja constancia que la presente sentencia queda notificada en estrados. Por no ser otro el objeto de la audiencia se dio por terminada siendo las cuatro y veinticuatro de la tarde (4:24 pm) del día veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y se firmó por los que en ella intervinieron. LOS MAGISTRADOS Carlos Enrique Moreno Rubio Presidente Sección Quinta Rocío Araújo Oñate Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Magistrada Alberto Yepes Barreiro Magistrado Ponente PARTE DEMANDANTE Juan Carlos López Rico CC. No. 1.014.207.920 de Bogotá COADYUVANTE Corina Duque Ayala CC. No. 51.711.771 de Bogotá PARTE DEMANDADA Humberto Antonio Sierra Porto C.C. No. 73.120.035 de Cartagena T.P. No. 61.522 del C.S.J. Apoderado judicial del demandado AUTORIDAD QUE PROFIRIÓ EL ACTO Mauricio Alejandro Moncayo Valencia CC. Nº 80.872.961 T.P Nº 199.631 del C.S.J. Apoderado de la JEP EL MINISTERIO PÚBLICO Sonia Patricia Téllez Beltrán Procuradora 7º Delegada ante el Consejo de Estado LA SECRETARIA Estefanía Urbano Mora Secretaria Ad – hoc Así lo advirtió la Sala en el auto de 14 de febrero de 2019, en el que se admitió la demanda por haber sido corregida. Se destaca que el actor, en el escrito de subsanación, no hizo referencia a la violación al debido proceso. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2018-00623-00

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

20 de mayo de 2019

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de designación de magistrado suplente de la JEP / JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ – Provisión de cargos / FALSA MOTIVACIÓN – Diferente de falta de motivación / FALSA MOTIVACIÓN – No se configura

[P]ara la Sala es claro que: (i) La escogencia del magistrado suplente que debía proveer la vacante definitiva estuvo a cargo del órgano competente, esto es, la Plenaria de la JEP. (ii) Se utilizó el mecanismo fijado por el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Reglamento de la JEP, esto es, un sorteo. (iii) El sorteo se realizó previo cumplimiento del procedimiento de traslados internos, en cumplimiento del artículo 29 del Reglamento que fue modificado por Acuerdo 003 de 3 de septiembre de 2018. (iv) El sorteo permitió la participación igualitaria de los magistrados suplentes, en tanto cada uno de ellos, tuvo idéntica posibilidad de resultar escogido producto del azar materializado en la selección de una balota. (v) A la sesión en la que se realizó el sorteo no asistió ninguno de los magistrados suplentes. Ahora bien, para la Sala es evidente que no existe ninguna norma que imponga el deber de citar a los magistrados suplentes para que asistan al sorteo, lo cual resulta razonable si se tiene en cuenta que sortear implica “Someter a alguien o algo al resultado de los medios fortuitos o casuales que se emplean para fiar a la suerte una resolución”. En consecuencia, la presencia de los magistrados suplentes en nada hubiera incidido en la designación de uno de ellos como magistrado titular. El sorteo mediante el empleo de balotas fue un mecanismo aleatorio, en el que cualquiera de las 7 balotas pudo haber sido seleccionada, es decir, cualquiera de los magistrados suplentes, en igualdad de condiciones, pudo ser escogido. Por consiguiente, la ausencia de los magistrados suplentes no configura ninguna de las causales de nulidad alegadas por el demandante, pues no se advierte violación de la Constitución y ley, en tanto la JEP se apegó a las normas que regulan el procedimiento para proveer vacantes. Tampoco se demostró que se hubieran desconocido los principios de publicidad y moralidad o que se hubieran trasgredido derechos fundamentales de los magistrados suplentes pues, se itera, con independencia de su deseo o interés en asistir, su presencia no era necesaria pues ninguna norma así lo prevé y, por ende, al no haber un precepto que impusiera el deber a la JEP de citar a los suplentes, no puede afirmarse que tenían el derecho a asistir. Además, se evidenció que la JEP se ciñó al trámite previsto en las normas aplicables. (…). [L]as normas que regulan la designación de un magistrado suplente de la JEP como titular no imponen ningún deber de motivación que permita afirmar que la omisión alegada por el actor, vicia los actos demandados. En otras palabras, la no mención de los derechos de petición en comento no significa el desconocimiento de un deber de motivación pues, se insiste, el trámite para proveer una vacante de magistrado en la JEP no lo exige.

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de designación de magistrado suplente de la JEP / DESVIACIÓN DE PODER – No se configura

La Sala tampoco advierte desviación de poder en la expedición del acto acusado porque, aunque los magistrados suplentes hubieran manifestado su deseo de asistir al sorteo, lo cierto es que ello no era exigible conforme las normas que rigen el trámite para proveer vacantes en la JEP, como se explicó anteriormente. Adicionalmente, debe resaltarse que, luego de conformada la lista de magistrados suplentes, solo puede elegirse uno de sus integrantes para proveer una vacante, es decir, la escogencia objetiva ya se surtió por parte del Comité de Escogencia. Por tanto, el sorteo al azar remueve el elemento volitivo del nominador, esto es, de la Plenaria de la JEP que es el que permitiría la configuración del vicio de desviación de poder. En ese orden, es viable que el sorteo se lleve a cabo solo en presencia de los electores -Plenaria de la JEP- cuya transparencia está garantizada ante la concurrencia del quórum respectivo y la existencia de una lista predeterminada de elegibles lo que hace presumible que no hubo manipulación o conducta acomodaticia de la autoridad que expidió los actos acusados con la escogencia producto del azar, presunción que no se desvirtuó en el presente caso.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la configuración de la falsa motivación, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00015-00, C.P. Mauricio Torres Cuervo. Reiterado en fallo de 26 de noviembre de 2015, Radicación 11001-03-28-000-2015-00008-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Con respecto a la desviación de poder, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de septiembre de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00066-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 277 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 – ARTÍCULO 7 TRANSITORIO / DECRETO 587 DE 2017 / ACUERDO 001 DE 2018 – ARTÍCULO 29 / ACUERDO 003 DE 2018 – ARTÍCULO 29

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00623-00

Actor: JUAN CARLOS LÓPEZ RICO

Demandado: JUAN RAMÓN MARTÍNEZ VARGAS – MAGISTRADO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - AUDIENCIA INICIAL

ACTA AUDIENCIA INICIAL Y FALLO

En Bogotá, D.C. el veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019), a las dos de la tarde (2:00 p.m.), día y hora señalados para continuar la audiencia inicial que establecen los artículos 283 y 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Sala de Audiencias No. 1 del Consejo de Estado el Magistrado Ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, y la Profesional Especializada del Despacho Ponente Estefanía Urbano Mora, Secretaria ad hoc, se constituyeron en audiencia pública dentro del proceso electoral No. 11001-03-28-000-2018-00623-00 promovido por el señor JUAN CARLOS LÓPEZ RICO contra el acta de sesión No. 023 de 8 de octubre de 2018 y la Resolución No. 1049 de 2018 a través de los cuales se designó al señor JUAN RAMÓN MARTÍNEZ VARGAS como como magistrado titular de la Jurisdicción Especial para la Paz – en adelante JEP.

Presidió la audiencia el Magistrado Ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, quien manifestó que el objeto de la audiencia era continuar el trámite de la audiencia inicial, en la cual ya se realizó el reconocimiento de personerías y la aceptación de la intervención de terceros y se revolvieron las excepciones previas.

Consecuentemente, explicó que esta diligencia tendría por objeto (i) realizar el saneamiento del trámite; (ii) fijar el objeto del litigio; y, (iii) decretar las pruebas y si se dan los supuestos para ello dictar fallo.

El Consejero Ponente insistió en que la ausencia de una de las partes no impedía la continuidad de la diligencia, como lo indica expresamente el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión del artículo 296 del CPACA. Por tanto, si alguna de las partes debía o quería retirarse, ello no sería óbice para su continuidad.
I. ASISTENTES

Se dejó constancia por la Secretaria Ad – hoc que a la diligencia se hicieron presentes:

El demandante

El señor Juan Carlos López Rico identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.014.207.920 de Bogotá.

El apoderado judicial del demandado

El abogado Humberto Antonio Sierra Porto identificado con la cédula de ciudadanía Nº 73.120.035 y tarjeta profesional Nº 61.522 del C.S.J.

Autoridades que profirieron el acto o intervinieron en su adopción

El profesional del derecho Mauricio Alejandro Moncayo Valencia identificado con la cédula de ciudadanía Nº 80.872.961 de Bogotá y tarjeta profesional Nº 199.631 del C.S.J.

Tercero interviniente

La señora Corina Duque Ayala identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.711.771 de Bogotá.

Ministerio Público

La doctora Sonia Patricia Téllez Beltrán en su calidad de Procuradora 7º Delegada ante el Consejo de Estado.

El Magistrado Ponente señaló que por auto del pasado 2 de mayo, la Sala resolvió el recurso de súplica interpuesto por la señora Corina Duque Ayala, en calidad de tercero interviniente, contra la decisión adoptada en la audiencia inicial celebrada el 10 de abril de 2019, según la cual era inane proferir pronunciamiento respecto de la excepción de “caducidad de la acción en relación con los cargos planteados por la coadyuvante, no planteados (sic) en la demanda”, al considerar que los argumentos propuestos por la coadyuvante excedían los parámetros permitidos legalmente para su intervención.

En dicha providencia, la Sala decidió confirmar la decisión recurrida, razón por la que advirtió que el pronunciamiento sobre las excepciones previas está en firme y, a continuación, se abordó lo relativo al saneamiento.

II. SANEAMIENTO

El Ponente puso de presente que al proceso de la referencia se le imprimió el trámite que correspondía, y que no se configuraba causal alguna de nulidad que fuera propuesta por las partes o que hubiese requerido su declaración de oficio.

Igualmente se evidenció que el conocimiento de la demanda contra el acto de designación de un magistrado titular de la JEP corresponde a esta jurisdicción, a esta corporación y en especial a esta Sección en única instancia, con fundamento en el numeral 7º del artículo 237 de la Constitución, el artículo 104, los numerales 4° y 14 del artículo 149 y el artículo 13 del Acuerdo 058 de 1999 -Reglamento Interno de esta Corporación-, el Consejo de Estado.

Lo anterior, porque lo que se cuestiona es el acta de sesión No. 023 de 8 de octubre de 2018 y la Resolución No. 1049 de 2018 a través de los cuales se designó al señor JUAN RAMÓN MARTÍNEZ VARGAS como como magistrado titular de la JEP.

Finalmente, la Secretaria Ad-Hoc hizo un recuento de las notificaciones surtidas respecto de la parte demandada, demandante y el Ministerio Público. Igualmente, señaló que la existencia de este proceso judicial se informó a la comunidad a través de la página web del Consejo de Estado y que la existencia de este proceso se notificó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

De acuerdo al informe rendido, el Ponente concluyó que el trámite de notificaciones de las que trata el artículo 277 del CPACA se surtió a cabalidad.

De la decisión relacionada con el saneamiento del proceso, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público. Se hizo la advertencia que esa decisión quedaba notificada en estrados y que contra ella procedía el recurso de reposición. Los mencionados expresamente aceptaron la decisión del saneamiento quedando absolutamente saneado el litigio.

III. FIJACIÓN DEL LITIGIO

Decantado lo anterior, el Ponente se ocupó de la fijación del litigio. En este orden de ideas, precisó que tras la revisión de la demanda se tenía que los hechos y cargos de la misma aludía a:
1. HECHOS

1.1 El señor Yesid Reyes decidió renunciar a su cargo en el Tribunal de Paz de la JEP para el cual había sido designado.

1.2. Por lo anterior, algunos magistrados suplentes, con fundamento en el artículo 29 del reglamento interno de la JEP, presentaron petición ante esa corporación en la cual manifestaron su deseo de participar en el sorteo que se realizaría para proveer la citada vacante.

1.3. El 8 de octubre de 2018 la Sala Plena de la JEP eligió, por sorteo, al señor Juan Ramón Martínez Vargas como magistrado titular del Tribunal para la Paz en la vacante producida por el señor Reyes.

1.4. La sesión en la que se realizó la designación demandada se llevó a cabo a puerta cerrada, es decir, sin presencia de los magistrados suplentes.

1.5. Por Resolución 1049 de 12 de octubre de 2018 la Secretaria Ejecutiva de la JEP nombró a partir de dicha fecha al señor Juan Ramón Martínez Vargas como magistrado titular del Tribunal para la Paz de la JEP.

2. CARGOS DE LA DEMANDA

El director del proceso señaló que en el escrito inicial, el actor sostuvo que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por: i) violación al debido proceso; ii) infracción de la Constitución y la ley y iii) desviación de poder.

Sin embargo, se precisó que la demanda fue inadmitida a efectos de que el demandante explicara con suficiencia las razones por las que consideraba que las citadas causales se materializaron en el caso concreto. Dentro del término concedido en la providencia en mención, el señor López Rico subsanó su demanda y por ello se admitió. En la corrección, el actor explicó que se configuraron las siguientes causales de nulidad:

i) Infracción de la Constitución y la Ley: Sobre el punto sostuvo que se violaron los artículos 13, 23 y 209 Superiores debido a que el sorteo para nombrar al demandado se hizo “sin la presencia de los 6 magistrados suplentes quienes se encontraban directamente interesados en la transparencia y objetividad del mismo con el agravante de que existían peticiones previas en ese sentido”. Para el actor se violaron las citadas normas de la Constitución así:

Norma Violada
Cargo
Igualdad- artículo 13-
La Sala Plena de la JEP olvidó que tanto magistrados titulares como suplentes fueron elegidos en las mismas circunstancias y bajo los mismos requisitos; situación que les concedió a estos últimos el derecho a presenciar el sorteo correspondiente.
Petición -artículo 23-
Al no haber respondido de forma afirmativa los derechos de petición presentados por los magistrados suplentes, y por ende, darles un trato “denigrante” se vulneró el derecho de petición.
Publicidad –artículo 209-
Comoquiera que, a su juicio, los magistrados suplentes tenían el derecho de presenciar el sorteo en el que se iba a proveer la vacante generada, y por ende el hecho de que aquel se haya surtido a “puerta cerrada” viola el citado principio.
Moralidad- artículo 209-
Debido a que en el sorteo no se garantizó una actuación pública, transparente y objetiva, pues la actuación se adelantó de forma “obscura (sic) e irregular desconociendo la existencia de las peticiones en las que se insistía en la necesidad de que los magistrados presenciaran el sorteo”

Igualmente, indicó que se violó el artículo 2º de la Ley 909 de 2004 “al haber realizado un sorteo de una vacante de magistrado de tribunal sin la presencia de los directamente concernidos”. En este sentido, explicó que esta disposición sí era aplicable al caso concreto, toda vez que al momento de la elección no había entrado en vigencia la Ley Estatutaria de la JEP y en los Acuerdos de La Habana se previó que hasta que esta ley surtiera efectos, se aplicaría la Ley 270 de 1996, la cual a su vez remite a la Ley 909 de 2004.

Señaló que se violaron los siguientes derechos fundamentales de los magistrados suplentes “quienes tenían derecho a presenciar el sorteo”.

Norma Violada
Cargo
Trabajo digno- artículo 25 Superior-
“al no haberse garantizado la transparencia y objetividad en el concurso, los no elegidos fueron vulnerados al no presenciar el sorteo”
Derecho a ocupar cargos públicos
-artículo 40.7-
Los magistrados suplentes tenían derecho a ocupar la vacante que se estaba proveyendo y esa prerrogativa les concedía el derecho a presenciar la sesión en la que el cargo se iba a proveer como medida de transparencia y objetividad.

En este contexto, insistió en que las normas citadas se desconocieron, porque para proveer la vacante generada en la JEP no se llamó a los magistrados suplentes para que aquellos, en garantía de los principios de objetividad y transparencia, presenciaran la sesión en la que se hizo tal designación.

Para reforzar su postura, transcribió varios apartes de las sentencias SU-089 de 1999 y SU-1140 de 2000 en las que la Corte Constitucional explicó que el acceso a los cargos públicos debía estar permeado por los principios de transparencia y objetividad.

Finalmente, adujo que se violó el principio de confianza legítima y buena fe contemplado en el artículo 83 de la Carta Política, habida cuenta que pese a que los magistrados suplentes tenían la expectativa legítima de hacer parte del sorteo en el que se designó al demandado, lo cierto es que la JEP de forma arbitraria decidió llevar a cabo la sesión sin su presencia. Para reforzar su postura trajo a colación algunas sentencias en las que la Corte Constitucional desarrolló el citado principio.

ii) Falsa motivación: para el demandante esta causal se configuró debido a que el acto de designación de señor Martínez Vargas no hizo referencia a las peticiones elevadas por los magistrados suplentes en las que, expresamente, solicitaban presenciar el sorteo en el que se realizaría la designación, pretendiendo sustituir esta petición con la presencia de una procuradora delegada.

iii) Desviación de poder: Finalmente, sostuvo que dicha causal de nulidad se materializó, por cuanto se actuó con dolo al no permitirse la participación de los magistrados suplentes, pese a que estos habían manifestado explícitamente su deseo de participar en el sorteo correspondiente. Asimismo, de manera reiterada, sostuvo que las peticiones de los magistrados suplentes no fueron debidamente respondidas y que la presencia de la procuraduría no reemplaza el derecho que tenían los citados profesionales asistir al sorteo en el que se realizó la elección.

3. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

3.1 El demandado: El Ponente narró que el demandado presentó los siguientes argumentos:

Respecto de la causal de infracción a la Constitución y la ley: se pronunció en los siguientes términos:

El procedimiento de elección de magistrados de la JEP estuvo apegado al reglamento de la JEP, la ley y la Constitución conforme los siguientes aspectos:

Procedimiento de designación y elección de magistrados de la JEP y en concreto la del demandado: luego de indicar la composición de la JEP, puso de presente que, por Acuerdo 001 de 9 de marzo de 2018, se expidió el reglamento interno de dicha jurisdicción, el cual dispuso en relación con los magistrados suplentes que en caso de requerirse, por razones de carga de trabajo, vacancia temporal o definitiva de titulares, la plenaria haría previo sorteo, los nombramientos necesarios de la lista de suplentes seleccionados por el Comité de Escogencia.

Sin embargo, el artículo 29 que contenía dicha disposición fue modificado por el Acuerdo ASP 003 de 3 de septiembre de 2018 para señalar que, los magistrados suplentes podrían previo sorteo, ser nombrados en calidad de titulares por razones de carga de trabajo o vacancia temporal o definitiva. Sin embargo, en primer lugar, son los integrantes de otras salas o secciones en donde se produzca la vacante, quienes tienen la primera opción para aspirar a llenarla y, una vez agotado dicho proceso de traslados internos derivado del uso de tal opción, se realizará el nombramiento para proveer la vacante que finalmente quede, con los suplentes.

Puso de presente que el sorteo, por disposición reglamentaria no tiene ninguna formalidad o trámite específico, es decir, no se señaló que deba ser público o que se requiera la presencia de los suplentes. Solo se estableció que debe hacerse por parte de la plenaria de la JEP.

Aseguró que ese procedimiento se agotó cuando se produjo la elección del señor Martínez Vargas según se advierte en el acta de la sesión de 8 de octubre de 2018 en la cual se registró que participaron 32 de los 37 miembros de la JEP y estuvo presente la Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa comisionada por el Procurador General de la Nación.

Sostuvo que el procedimiento de elección fue transparente y en apego al reglamento de la JEP, pues el sorteo lo realizó la plenaria y se contó con la presencia del Ministerio Público que garantizó la supervisión externa que, en todo caso, no era obligatoria.

Manifestó que el sorteo para la elección de magistrado titular entre los suplentes no requería la presencia de estos.

b. Los principios de la función administrativa no fueron desconocidos con la elección del magistrado Martínez Vargas: en cuanto a la alegada omisión de la JEP en contestar los derechos de petición para que se les permitiera a sus signatarios participar en el sorteo, sostuvo que no era cierto que no se haya dado contestación oportuna y advirtió que las peticiones eran para que se proveyera la vacante y no la citación a los magistrados suplentes. En todo caso, dicha situación no tiene ninguna injerencia en el procedimiento de elección por sorteo.

De otra parte, respecto al supuesto derecho de una de las peticionarias, magistrada suplente, para asistir al sorteo, manifestó que el hecho de que los magistrados suplentes hayan sido seleccionados por el comité de escogencia, con igual criterio que los magistrados titulares, no les da el derecho de asistencia al sorteo en tanto las normas que regulan ese procedimiento no imponen ese proceder.

c. La elección de magistrados de la JEP no está precedida de un concurso público y está revestida de garantía de transparencia: adujo que no era cierto que debieran citarse a los suplentes para que asistan al sorteo, pues ello no tiene justificación legal o reglamentaria. Lo único que se debía garantizar, como en efecto se hizo, es que el sorteo se hiciera de manera transparente y haya considerado a todas las personas que potencialmente tenían una expectativa legítima de ser elegidos.

De tal garantía fue testigo el Ministerio Público quien, por conducto de una delegada del Procurador General, advirtió que el sorteo se desarrolló con estricto apego al reglamento. La presencia de la procuraduría elimina cualquier duda sobre el desarrollo del sorteo y es garantía de la publicidad que se echa de menos.

De otra parte, señaló que el demandante confunde la selección y designación de los magistrados de la JEP con un concurso de méritos, pues si bien la elección se produjo en razón de una convocatoria, que sí tiene el carácter de pública, no es homologable a un concurso.

d. La elección del demandado no vulneró los principios de confianza legítima y buena fe: insistió en que el procedimiento de elección de los suplentes es reglado y sus normas fueron acatadas por la Sala Plena de la JEP para la elección del demandado.

En el procedimiento de elección de magistrados de la JEP no se desconocieron derechos fundamentales de los suplentes:

Reiteró que se siguió el procedimiento reglamentado por la JEP y se garantizó la inclusión de todos aquellos que tenían derecho a participar y ser seleccionados.

Respecto de la causal de falsa motivación: sostuvo que no se configuró por cuanto el acta de la Sala Plena de la JEP no tenía que hacer referencia a las peticiones relacionadas con la citación a los magistrados suplentes al sorteo, pues estas no tienen injerencia en el trámite que debía surtirse al efecto. Por tanto, al haberse agotado adecuadamente el procedimiento para la elección del suplente como titular y expuesto ello en el acta, no existe falsedad en la motivación.

Respecto de la causal de desviación de poder: manifestó que calificar de dolosa la supuesta omisión de la JEP en citar al sorteo a uno de los magistrados suplentes es un comentario irresponsable del demandante que carece de respaldo probatorio.

Indicó que el cargo se sustenta en la existencia de 2 peticiones para que se citara a los suplentes al sorteo y la supuesta falta de respuesta, sin embargo, ni las peticiones decían aquello que quiere demostrar el demandante, ni la JEP dejó de responderlas.

Finalmente sostuvo que la participación de los suplentes que echa de menos el demandante, solo podía ser asistir al recinto donde se realizó el sorteo, pues el resultado dependía del azar, que en esta oportunidad favoreció al demandado.

3.2 La JEP: El director del proceso reseñó los argumentos propuestos en los siguientes términos:

La Secretaria Ejecutiva de la JEP manifestó que el proceso de designación del señor Martínez Vargas se llevó a cabo con absoluto apego al procedimiento reglado previsto constitucional y legalmente para efecto.

Puso de presente que, mediante comunicación de 22 de junio de 2018, el señor Yesid Reyes Alvarado manifestó a la presidencia de la JEP su decisión de declinar definitivamente su designación como magistrado de la JEP, lo que generó una vacancia definitiva. En consecuencia, se dio aplicación al artículo 29 del Reglamento General de la JEP, modificado por el Acuerdo 003 de 3 de septiembre de 2018.

Por tanto, el 4 de octubre de 2018 el Secretario Judicial de la Sección de Apelación comunicó al Órgano de Gobierno que, en atención a la decisión del señor Reyes Alvarado, adelantó invitación a los magistrados integrantes de las demás secciones para que manifestaran su intención de suplir la vacancia. Informó, además, que se recibió solicitud de los magistrados Zoraida Anyul Chalela Romano y Rodolfo Arango Rivadeneira, de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. El 21 de septiembre de 2018 en sesión de la Sala Plena del Tribunal para la Paz se seleccionó al magistrado Arango Rivadeneira, traslado que se formalizó mediante Acuerdo 039 de 5 de octubre de 2018.

Ante la vacante generada por el traslado del magistrado Arango Rivadeneira, el Presidente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, mediante oficio de 2 de octubre de 2018 informó que dio cumplimiento al artículo 29 mencionado y que no recibió postulación alguna por parte de otras secciones del Tribunal para la Paz.

Sostuvo que, agotado dicho trámite, el 8 de octubre de 2018, la Plenaria de la JEP adelantó el sorteo para proveer la vacante de magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad entre los magistrados suplentes que habían sido seleccionados por el Comité de Escogencia el 26 de septiembre de 2017. En dicho sorteo, resultó escogido el señor Juan Ramón Martínez Vargas, como consta en el acta respectiva.

Resaltó que, para garantizar la transparencia del sorteo, la presidente de la JEP solicitó el 4 de octubre de 2018, al Procurador General de la Nación el acompañamiento y verificación de dicha entidad, función para la cual fue delegada la Procuradora para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien no realizó ninguna oposición o manifestación, lo que evidencia su conformidad con el desarrollo del proceso de escogencia.

En cuanto al cargo de infracción a la Constitución Política y la ley:

Frente al supuesto desconocimiento del artículo 209 constitucional, manifestó que la designación del demandado se adelantó en cumplimiento de los procedimientos establecidos con respeto a los principios de igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y transparencia.

Destacó que el Acto Legislativo 01 de 2017 y el artículo 29 del Reglamento no imponen la obligación a ninguno de los funcionarios de la JEP o su plenaria, de citar a los suplentes a la sesión en la que se realice el sorteo.
Añadió que los 6 magistrados suplentes contaban con la misma posibilidad de ser seleccionados de forma totalmente aleatoria en el sorteo por lo que no puede predicarse vulneración del principio de igualdad o imparcialidad. Tampoco se trasgredió el principio de moralidad en tanto no se desconoció ninguna norma aplicable al trámite.

Precisó que las peticiones de María Clarisa Mendivelso y Corina Duque Ayala fueron resueltas en los términos previstos por la Ley 1755 de 2015.

Indicó que la presencia de la Procuraduría daba cuenta de la debida representación de la sociedad colombiana en el procedimiento, de modo que se garantizó la preservación de los principios que rigen la función pública.

En cuanto a la alegada vulneración de los artículos 2 y 3 de la Ley 909 de 2004, reiteró que no existió pues el trámite se surtió con apego a las normas aplicables y con la presencia del Ministerio Público.

Frente al supuesto desconocimiento de los derechos fundamentales de los magistrados suplentes, aseguró que no existió, puesto que no existe norma que obligue a la Sala Plena de la JEP a convocar a los suplentes para realizar el sorteo, de modo que no hubo violación del debido proceso.

Tampoco se violó el derecho al trabajo, porque la condición de magistrado suplente no comporta la certeza del ejercicio del cargo sino: i) la mera expectativa de ser nombrado en caso de que se cumpla alguna de las condiciones normativas que generan una vacancia y ii) la activación del procedimiento reglamentario de escogencia una vez surtidos los traslados internos a que haya lugar.

Manifestó que no hubo trasgresión del derecho a la igualdad, particularmente de la señora Corina Duque al no habérsele permitido asistir al sorteo porque el procedimiento fue transparente y la escogencia del demandado no se produjo por votación o deliberación de la Sala Plena de la JEP, sino mediante el sorteo con balotas en el cual la presencia de dicha persona no hubiera tenido ninguna injerencia.

Respecto al derecho a acceder a cargos públicos, insistió en que los magistrados suplentes no tienen el derecho a ocupar el cargo de titulares, sino una mera expectativa.

Acerca del supuesto desconocimiento del artículo 125 constitucional, precisó que la vinculación de los magistrados de la JEP no se produjo mediante concurso de méritos sino a través del procedimiento reglado por la Constitución, la ley y el reglamento general de la JEP.

Sostuvo que no hubo violación del principio de confianza legítima porque no se modificaron de manera sorpresiva derechos, ni se defraudaron expectativas respecto de derechos adquiridos, sino que se procedió con apego al reglamento.

Frente al alegado desconocimiento del principio de buena fe que exige que las autoridades asuman una conducta honesta y leal, no fue desconocido en el proceso de elección y nombramiento del demandado.

Respecto al cargo de falsa motivación: Adujo que, dado que la normatividad aplicable al procedimiento de provisión de la vacante no exigía la presencia de los suplentes, este aspecto no debía ser incluido en el acto que materializó la designación del señor Martínez Vargas. Además, el acto se sustentó en la realidad porque hizo referencia a la sesión de la Plenaria de la JEP de 8 de octubre de 2018, la cual se produjo en el marco de un procedimiento reglado.

Sobre el cargo de desviación de poder: Aseguró que el actor no ha demostrado que la actuación de la plenaria de la JEP al designar al señor Martínez Vargas para suplir la vacante se hubiese producido con una finalidad diferente a la satisfacción del interés general y garantizar la continuidad en el servicio de la jurisdicción.

Conforme a los hechos aceptados, las posturas de las partes y con el objetivo único de dilucidar los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto, el litigio se centrará en determinar si:

¿Se materializaron en el caso concreto las causales de nulidad de infracción de la Constitución y la ley, falsa motivación y/o desviación de poder por las siguientes circunstancias: (i) la no presencia de los magistrados suplentes en la sesión de la Plenaria de la JEP de 8 de octubre de 2018 en la que se realizó el sorteo para la designación del demandado y (ii) las respuestas dadas a las peticiones elevadas por los magistrados suplentes para asistir a dicha sesión?

De la fijación del litigio realizada, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público. La misma quedó notificada en estrados y contra ella procedía el recurso de reposición.

La coadyuvante solicitó que se incluyera en el litigio que la no presencia de los magistrados suplentes se materializó pese a que existían dos peticiones en ese sentido una elevada por una ciudadana y otra por quien ahora funge como coadyuvante y tiene la calidad de magistrada suplente. En consecuencia, el litigio quedó así:

¿Se materializaron en el caso concreto las causales de nulidad de infracción de la Constitución y la ley, falsa motivación y/o desviación de poder por las siguientes circunstancias: (i) la no presencia de los magistrados suplentes en la sesión de la Plenaria de la JEP de 8 de octubre de 2018 en la que se realizó el sorteo para la designación del demandado a pesar de haber sido solicitadas por una ciudadana y una magistrada suplente y (ii) las respuestas dadas a las peticiones elevadas por los magistrados suplentes para asistir a dicha sesión?

Estando aprobada por las partes la fijación del litigio, se continuó con la siguiente etapa de la audiencia referente al decreto de pruebas, quedando en firme la anterior decisión.
IV. DECRETO DE PRUEBAS

El magistrado ponente hizo referencia a las solicitudes probatorias de las partes y terceros así:

Parte demandante

Con la demanda, para que obraran como pruebas, el señor Juan Carlos López Rico aportó varios documentos. En este orden de ideas se dispuso tener como medios de convicción los documentos allegados con los citados escritos, con el valor que les asignara la ley.

Coadyuvante

Con el escrito de coadyuvancia, para que obraran como pruebas, la señora Corina Duque Ayala aportó varios documentos. En este orden de ideas el ponente dispuso tener como medios de convicción los documentos allegados con los citados escritos, con el valor que les asignara la ley.

Parte demandada

El demandado solicitó que se tuvieran como pruebas las allegadas con la contestación de la demanda. En este orden de ideas, el Despacho dispuso tener como medios de convicción los documentos allegados con el citado escrito a los cuales se les reconocerá el valor que les asigne la ley.

Autoridad que adoptó el acto acusado

Solicitó que se reconocieran como pruebas los documentos aportados con el escrito mediante el cual se opuso a la medida cautelar, así como los allegados con la contestación de la demanda. Por consiguiente, el Despacho resolvió tener como medios de convicción los documentos allegados con los citados escritos con el valor que les asigne la ley.

Contra la decisión de decretar pruebas no se interpuso recurso alguno, por lo que aquella quedó ejecutoriada y en firme.

Cumplido lo anterior, el Magistrado conductor del proceso indicó que sería del caso fijar la fecha y hora para la audiencia de pruebas de conformidad con el numeral décimo del artículo 180 del CPACA, sin embargo, toda vez que las pruebas decretadas fueron exclusivamente de tipo documental que obran en el expediente y que, por tanto, las partes han tenido la oportunidad de conocer.

Por tanto, atendiendo a los principios de celeridad, eficacia y contradicción, previstos en los artículos 4º (Mod. Ley 1285/09 Art. 1º) y 7º de la Ley 270 de 1996, se resolvió que lo propio era prescindir de la etapa probatoria (no solo de la audiencia sino de toda la etapa), con fundamento en el último inciso del artículo 179 del CPACA que prevé la posibilidad de prescindir de la segunda etapa y continuar, en la misma audiencia, con la etapa de alegaciones y juzgamiento.

La decisión de prescindir de la etapa de pruebas quedó notificada en estrados sin que las partes hicieran uso de los recursos procedentes, razón por la que esta quedó en firme y ejecutoriada.

V. ETAPA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO

A continuación, el Magistrado señaló que se continuaría con la etapa de alegaciones y juzgamiento, por lo que se decretó un receso de 10 minutos para que ingresaran y se integraran a la audiencia los demás magistrados que conforman la Sección Quinta. Igualmente advirtió que una vez reanudada la diligencia las partes contarían con un lapso no mayor a 15 minutos cada uno para exponer sus alegatos de conclusión.

Se suspendió la diligencia siendo las dos y cuarenta y cinco (2:45 pm) para que los demás magistrados que conforman la sala se integraran a la diligencia.

Siendo las tres y tres de la tarde (3:03 p.m) se reanudó la diligencia con la asistencia de todos los magistrados que conforman la Sección Quinta del Consejo de Estado y se precisó que en esta etapa correspondería escuchar los alegatos y dictar sentencia. En este sentido, el Ponente otorgó la palabra a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

Las partes se pronunciaron, en términos generales, así:

PARTE DEMANDANTE

Insistió en que se violó flagrantemente el derecho al debido proceso por cuanto en la designación del señor Martínez Vargas no se permitió la participación de los magistrados suplentes y de la ciudadana María Claritza Mendilvieso pese a la solicitud expresa en ese sentido, que garantizaría los principios de transparencia e imparcialidad. Aseguró que se violó el derecho de petición, porque no se atendieron las solicitudes antes referenciadas.

Indicó que el acto sí esta incurso en falsa motivación, habida cuenta que ni en la sesión ni en el acto acusado se hizo alusión a las citadas peticiones, lo que evidencia que la nulidad del acto acusado.

Aseguró que se vulneraron los principios constitucionales de moralidad, publicidad por no permitirse la participación de los magistrados suplentes en su calidad de directamente concernidos. Señaló que el acto debía declararse nulo, toda vez que, según su criterio, se demostró que el sorteo se realizó manera irregular.

Se preguntó si los principios estaban por encima de los reglamentos o los reglamentos debían guiarse por los principios.

COADYUVANTE

Se refirió a los hechos probados en el proceso y concluyó que estaba probado que:

Se suplió una vacante generada por la JEP.
Que previo al sorteo se presentaron dos peticiones así: una primera elevada por la señora María Claritza, en su calidad de víctima del conflicto armado en la que se preguntó porque después de cuatro meses no se había provisto la vacante y solicitó presenciar la diligencia en la que esta se proveería y una segunda elevada por ella en donde solicitó, expresamente, la posibilidad de presenciar el sorteo.
No se leyeron los derechos de petición en la sesión respectiva.
El acta omitió informar a la procuradora de la existencia de los derechos de petición, y la presidente de la JEP no hizo alusión a ellos.

Indicó que se eligió una vacante distinta a la generada por la renuncia del señor Yesid Reyes, razón por la que se vulneró el preámbulo de la Constitución que sostiene que el orden jurídico tiene carácter participativo, el artículo 209 que exige que las actuaciones se hagan de forma transparente; principio que se violó porque no se llamó a los directamente concernidos a ejercer control asistiendo a la sesión en donde se realizó el sorteo respectivo.

Señaló que el reglamento no podía ir en contravía de los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando previamente se había solicitado la posibilidad de ejercer ese control político asistiendo a la sesión. En este orden, señaló que el hecho de que el reglamento interno de la JEP no contemplara la posibilidad de que personas externas pudieran participar en el sorteo no era una autorización para obviar las peticiones en ese sentido.

Señaló que según lo reglado en el acuerdo de paz y la Ley 906 de 2004 que era aplicable por tratarse de un concurso de méritos, los magistrados suplentes tenían que presenciar el sorteo de la vacante generada por la dimisión de Yesid reyes, y no otra como en efecto sucedió.

Aseguró que se violó el derecho al debido proceso sustancial, en especial porque se desconoció que todo el procedimiento de elección de los magistrados de la JEP fue público con la participación de una comisión de escogencia que incluso puso al conocimiento de la ciudadanía los nombres de los candidatos para que presentaran sus respectivos reemplazos.

Insistió en que se violaron los principios constitucionales de moralidad, publicidad, transparencia, equidad de género en especial porque eran 7 mujeres y ninguna de ellas fue llamada a presenciar el sorteo. Asimismo, indicó que las peticiones presentadas fueron contestadas después del sorteo y en ellas se indicó que los citados principios se garantizaron con la presencia de la Procuraduría pero esta no puede coadministrar y, por ende, no puede garantizar la transparencia de la elección.

Señaló que la falsa motivación también se concretó porque en el acta no se hizo alusión a los derechos de petición elevados y se dejó constancia de la transparencia, pese a que no se citó a los directamente concernidos, esto es, los magistrados suplentes. Por los mismos hechos, señaló que estaba demostrada la desviación de poder.

Finalmente, insistió en que debía declararse la nulidad del acto acusado al estar acreditada, a su juicio, las causales de nulidad endilgadas al acto de designación del señor Martínez Vargas.

EL DEMANDADO

Se refirió a la fijación del litigio y señaló que esta estaba circunscrita a determinar si el hecho de que de los magistrados suplentes no presenciaron el sorteo daba lugar a la nulidad del acto acusado, y no a los mas de 160 derechos de petición que ha presentado la coadyuvante.

Adujo que los cargos son tautológicos y etéreos pues de un solo hecho desprenden una violación de una serie de derechos y principios constitucionales. Aseguró que no era posible equiparar la participación democrática al supuesto deber llamar a los suplentes a presenciar el sorteo.

Señaló que los principios que se dicen desconocidos se concretan en el reglamento de la JEP, el cual estipuló cómo debían proveerse las vacantes generadas en esa corporación. Igualmente, se refirió a los argumentos expuestos por la coadyuvante y en especial señaló que esta intentaba incorporar al litigio el cargo que fue excluido del mismo no solo por el ponente, sino también por la Sala al momento de resolver la súplica contra la excepción propuesta.
Señaló que la parte actora presentaba reproches de constitucionalidad contra normas infra constitucionales como el reglamento y las normas sobre la competencia de la procuraduría en realidad era una excepción de inconstitucionalidad que no alegó ni sustentó.

Insistió en que para resolver el caso concreto debía acudirse al artículo 29 del Reglamento de la JEP, el cual no contempla el requisito que echa de menos la parte actora. Sostuvo que el acta da cuenta de que se siguió estrictamente lo reglado en esa disposición, lo cual estuvo supervisado por la Procuraduría, precisamente en garantía de los derechos de los magistrados suplentes. Señaló que en la actuación no hubo nada que pudiera calificarse como “dolo”, pues todo fue transparente.

Frente a la causal de falsa motivación adujo que la parte actora leía de forma discrepante lo que esta en el expediente y lo que verdaderamente sucedió. En este sentido, explicó que en ninguno de los derechos de petición se solicitó, expresamente, presenciar el sorteo. Para el efecto, procedió a la lectura de tales escritos en especial el presentado por la señora María Claritza Mendilvieso. En todo caso, señaló que no hay vicio por no hacer alusión a los mismos, debido a que esto no era un elemento esencial de validez del acto.

Finalmente, señaló que tampoco existía desviación de poder, para lo cual reiteró que la argumentación en ese sentido era tautológica, pues lo cierto es que está probado que lo que se hizo fue seguir el reglamento en atención a los principios que precisamente se citan como desconocidos.

Se deja constancia que el apoderado del demandado aportó copia escrita de sus alegatos de conclusión.

JEP

El apoderado de la JEP alegó de conclusión, para lo cual se refirió, en primer lugar, al vicio de falsa motivación y encontró que esta causal no se demostró, comoquiera no están dados los requisitos de configuración de esa causal ya que, de un lado, el reglamento no exigía la permanencia de los miembros suplentes de la JEP en el sorteo, y de otro, el acto se sustentó en hechos reales y verídicos.

Frente a la desviación de poder indicó que tampoco se encontraba acreditada, habida cuenta que no se actuó con un fin distinto al previsto por el ordenamiento jurídico; por el contrario, con la designación acusada se buscaba proteger el interés general y en especial garantizar la continuidad en la prestación del servicio de administración de justicia.

En lo que atañe a los derechos de petición, la JEP señaló que el hecho de no hacer alusión a los derechos de petición no podía configurarse como un vicio de nulidad, ni tampoco lo era el hecho de que los magistrados suplentes no fueron llamados a presenciar el sorteo, pues así no lo exigía el reglamento. En todo caso insistió en que para garantizar la transparencia se llamó a la procuraduría, quien como garante del proceso no presentó reparo alguno.

Se deja constancia que el apoderado de la JEP aportó copia escrita de sus alegatos de conclusión.

MINISTERIO PÚBLICO

La Procuradora Séptima Delegada rindió concepto en el que solicitó se negaran las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se refirió a las normas que rigen la designación de los magistrados de la JEP, y en especial indicó que el A.L 01 de 2017 previó que sería la Sala Plena de la JEP la competente para establecer como debía suplirse la producción de una vacante absoluta en esa corporación: potestad que se concretó en el reglamento de la JEP en el que se consagró que dicha provisión se haría mediante sorteo.

Aseguró que el hecho de que los ciudadanos hayan solicitado participar en el sorteo no implica la posibilidad de desconocer que la JEP tenía competencia para reglamentar el sorteo y que este se realizó conforme a lo ahí reglado.

Frente al derecho de petición indicó que existían otros medios de control distintos del de nulidad electoral para controvertir la respuesta o la respuesta tardía. Indicó que, si bien se consagra el derecho a la participación ciudadana, ello no implica la obligación de citar a todos los ciudadanos a participar directamente en la toma de decisiones, puesto que para ello se puede hacer uso de otros mecanismos, como la participación de la Procuraduría que dio cuenta de un sorteo transparente a través de balotas.

Señaló que no era viable pronunciarse sobre cuál era la vacante que debía proveerse, toda vez que eso no es objeto de litigio.

Aseguró que si la parte actora reprochaba la forma en la que se suplirían las vacantes, esto es, el sorteo, lo que debió cuestionarse no fue el acto de nombramiento del señor Martínez Vargas, sino el reglamento que fue en el que se previó esa forma de designación.

Sostuvo que no puede hablarse de una desviación de poder, pues con el acto acusado lo que se buscaba era proveer una vacante. Indicó que tampoco podría hablarse de un concurso, pues la designación en este sentido no se hizo por concurso, sino por una mera convocatoria pública.

Finalmente, señaló que no puede hablarse de una violación de la equidad de género, pues ese principio se garantizó al momento de conformar la lista de suplentes por parte del comité de escogencia, sin que aquel pudiera desconocerse en este proceso pues, además, sería el azar, a través del sorteo, el que determinaría quien sería elegido como magistrado titular con independencia del género.

Escuchados los alegatos de conclusión por las partes y el concepto del Ministerio Público, se decretó un receso de 5 minutos para deliberar y de ser posible dictar el fallo. Por ello, siendo las tres y cincuenta de la tarde (3:51 pm) se suspendió la diligencia.

Siendo las tres y cincuenta y siete de la tarde (3:57 pm) se reanudó la audiencia, y la Sala Electoral dictó:
VI. SENTENCIA

Se puso de presente que la Sala resolvería cada uno de los interrogantes planteados en la fijación del litigio, no sin antes reiterar que era competente para conocer el presente asunto tal y como se explicó en el auto admisorio de la demanda y se reiteró en el saneamiento.

Así las cosas, se indicó que correspondería a la Sala determinar si ¿Se materializaron en el caso concreto las causales de nulidad de infracción de la Constitución y la ley, falsa motivación y/o desviación de poder por las siguientes circunstancias: (i) la no presencia de los magistrados suplentes en la sesión de la Plenaria de la JEP de 8 de octubre de 2018 en la que se realizó el sorteo para la designación del demandado a pesar de haber sido solicitadas por una ciudadana y una magistrada suplente y (ii) las respuestas dadas a las peticiones elevadas por los magistrados suplentes para asistir a dicha sesión?

Los cuales se desarrollaron de la siguiente manera:

1. La presencia de los magistrados suplentes en el sorteo

Para determinar si, como sostiene el demandante, se requería la presencia de los magistrados suplentes de la JEP en la sesión Plenaria en la que se llevaría el sorteo, es necesario hacer referencia al marco normativo para la provisión de sus cargos:

1.1 Provisión de cargos en la JEP

En el Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, punto 5.1.2., se creó la JEP como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El Acto Legislativo 1 de 2017, artículo 7 transitorio, creó dicha jurisdicción con un régimen legal propio y autonomía administrativa y estableció que estaría compuesta por las siguientes Salas: i) la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, ii) la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, iii) la Sala de Amnistía e Indulto, iv) el Tribunal para la Paz, que se divide en dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias, una de apelación y la sección de estabilidad y eficacia; v) la Unidad de Investigación y Acusación, y la Secretaría Ejecutiva, encargada de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP.

Dicha norma también previó que las Salas y el Tribunal de Paz, según lo señalado en el Acuerdo Final, estarían compuestas por 38 magistrados así: 18 para las Salas y 20 para el Tribunal de Paz. Además, se dispuso la creación de una lista, integrada por 13 magistrados más, quienes serían suplentes o sustitutos.

La designación de los magistrados titulares y suplentes correspondió a un órgano autónomo, independiente e imparcial denominado Comité de Escogencia, conformado mediante Decreto 587 de 2017.

El propósito de la integración de una lista de magistrados suplentes, en los términos del Acuerdo de Paz -Punto 5.1.2. apartados 65 y 66- es estar a disposición del Tribunal y de las Salas en caso de ser necesario sustituir a los magistrados titulares o para reforzar el funcionamiento de dichas Secciones, según lo determinen los órganos de gobierno de la JEP.

Ahora bien, en pleno uso de las facultades conferidas por el artículo 12 del mencionado acto legislativo, la Plenaria de la JEP expidió el Acuerdo No. 001 de marzo de 2018 “Por el cual se adopta el Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En el artículo 29 de dicho Acuerdo, señaló los eventos en los cuales podría acudirse a la lista de magistrados suplentes y el mecanismo de escogencia:

“Artículo 29. Magistrados o magistradas suplentes o sustitutos. A disposición de la JEP están 13 magistradas o magistrados colombianos adicionales a los magistrados y magistradas titulares en calidad de magistrados y magistradas suplentes o sustitutos. En caso de que se requiera, por razones de carga de trabajo, vacancia temporal o definitiva de los titulares, la Plenaria hará, previo sorteo, los nombramientos necesarios de la lista de los suplentes o sustitutos seleccionados por el Comité de Escogencia”. (Negrilla fuera del texto original).

La Plenaria de la JEP por medio del Acuerdo ASP No. 003 de 3 de septiembre de 2018 modificó la norma trascrita, en los siguientes términos:

“Artículo 29. Magistrados o magistradas suplentes o sustitutos. A disposición de la JEP están 13 magistradas o magistrados colombianos adicionales a los magistrados y magistradas titulares en calidad de magistrados y magistradas suplentes o sustitutos. En caso de que se requiera, por razones de carga de trabajo, vacancia temporal o definitiva de los titulares, se procederá así: Los integrantes de las otras Salas o Secciones, según donde se produzca la vacante, tendrán la primera opción para aspirar a llenarla. La Sala o Sección decidirá si la vacante será suplida por alguno de los magistrados o magistradas aspirantes y así lo comunicará al Órgano de Gobierno. Finalizado el proceso de traslados internos con ocasión del uso de esta opción, el Órgano de Gobierno formalizará el traslado o traslados correspondientes. Convocada al efecto la Sala Plena, realizará el nombramiento del suplente para la vacante que finalmente quede, previo sorteo. No podrán hacer uso de esta opción, los integrantes de Salas para llenar vacantes de las Secciones, ni viceversa”. (Negrilla fuera del texto original).

Según la disposición trascrita, contenida en un acto que goza de presunción de legalidad, la designación de magistrados suplentes por parte de la Plenaria de la JEP se realiza previo sorteo, conforme el Acuerdo y la norma constitucional antes mencionada. Es decir, la modificación del artículo 29 del reglamento no implicó cambiar el mecanismo según el cual la selección de un magistrado suplente como titular debe hacerse mediante un mecanismo específico, esto es, un sorteo.

En otras palabras, el artículo 29 del reglamento de la JEP, aun con la modificación contenida en el Acuerdo ASP No. 003 de 2018, mantuvo el mecanismo aleatorio de escogencia.

1.2 Caso concreto

De acuerdo con lo probado en el proceso se tiene que el 8 de octubre de 2018 la Plenaria de la JEP, en sesión 023, se reunió con la presencia de 32 de los 37 miembros que en ese momento la componían. Los ausentes tenían una excusa para su inasistencia.

En esta sesión estuvo como invitada la señora Liliana Caballero Durán, Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien fue designada para que asistiera. Así se advierte también en el oficio de 5 de octubre de 2018 suscrito por el Viceprocurador General de la Nación en atención a la solicitud elevada por la Presidente de la JEP.

Del acta de la Plenaria se observa que, una vez verificado el quórum, se procedió al sorteo para proveer la vacante de magistrado/a en la Sección para casos con Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en cumplimiento del artículo 29 del Reglamento General de la JEP.

En este punto, la Presidente de la JEP hizo un recuento del procedimiento adelantado en cumplimiento del artículo 29 del Reglamento modificado mediante el Acuerdo 003 de 2018.

Se explicó que, la Sección de Apelación recibió 2 postulaciones, previa invitación a los magistrados del Tribunal, para que quienes quisieran, presentaran su nombre para ser parte de la misma y se seleccionó al magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira, de la Sección para casos con Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Así también consta en el oficio TPSA 0052 de 24 de septiembre de 2018 suscrito por el Secretario Judicial – Sección de Apelación del Tribunal para la Paz que da cuenta que para ocupar la vacante de Yesid Reyes Alvarado se postularon 2 magistrados, siendo escogido el magistrado Arango.

La Presidente de la JEP también puso de presente que el traslado del magistrado Arango se formalizó por parte del Órgano de Gobierno, mediante Acuerdo 039 de 2018.

Se lee también en el acta que la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad desarrolló similar procedimiento e informó a través de su presidente en oficio SCRVR 024 de 2 de octubre de 2018 que, previa invitación a la magistratura del Tribunal, no se recibió ninguna postulación de colegas de otras secciones interesados en llenar la vacante de generada de forma definitiva. Por lo tanto, solicitó adelantar el sorteo para su provisión.

La Presidente explicó que el sorteo se realizaría entre los magistrados suplentes del Tribunal, seleccionados por el Comité de Escogencia y se procedió con la siguiente metodología:

A cada uno de los 7 magistrados que integran aquella se les asignó un número del 1 al 7, así:
1. Diana Patricia Quintero Mosquera
2. Rafael Arturo Prieto Sanjuan
3. Juan Ramón Martínez Vargas
4. Luis Manuel Lasso Lozano
5. Uldi Teresa Jiménez López
6. José Edwin Hinestroza Palacios
7. Corina Duque Ayala

A continuación, se introdujeron 7 balotas numeradas del 1 al 7 en una bolsa negra de terciopelo. La vicepresidenta de la JEP fue la encargada de sacar una de ellas.

La balota extraída fue la que tenía marcado en número 3, es decir, la correspondiente al magistrado suplente Juan Ramón Martínez Vargas.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que:

(i) La escogencia del magistrado suplente que debía proveer la vacante definitiva estuvo a cargo del órgano competente, esto es, la Plenaria de la JEP.

(ii) Se utilizó el mecanismo fijado por el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Reglamento de la JEP, esto es, un sorteo.

(iii) El sorteo se realizó previo cumplimiento del procedimiento de traslados internos, en cumplimiento del artículo 29 del Reglamento que fue modificado por Acuerdo 003 de 3 de septiembre de 2018.

(iv) El sorteo permitió la participación igualitaria de los magistrados suplentes, en tanto cada uno de ellos, tuvo idéntica posibilidad de resultar escogido producto del azar materializado en la selección de una balota.

(v) A la sesión en la que se realizó el sorteo no asistió ninguno de los magistrados suplentes.

Ahora bien, para la Sala es evidente que no existe ninguna norma que imponga el deber de citar a los magistrados suplentes para que asistan al sorteo, lo cual resulta razonable si se tiene en cuenta que sortear implica “Someter a alguien o algo al resultado de los medios fortuitos o casuales que se emplean para fiar a la suerte una resolución”.

En consecuencia, la presencia de los magistrados suplentes en nada hubiera incidido en la designación de uno de ellos como magistrado titular.

El sorteo mediante el empleo de balotas fue un mecanismo aleatorio, en el que cualquiera de las 7 balotas pudo haber sido seleccionada, es decir, cualquiera de los magistrados suplentes, en igualdad de condiciones, pudo ser escogido.

Por consiguiente, la ausencia de los magistrados suplentes no configura ninguna de las causales de nulidad alegadas por el demandante, pues no se advierte violación de la Constitución y ley, en tanto la JEP se apegó a las normas que regulan el procedimiento para proveer vacantes.

Tampoco se demostró que se hubieran desconocido los principios de publicidad y moralidad o que se hubieran trasgredido derechos fundamentales de los magistrados suplentes pues, se itera, con independencia de su deseo o interés en asistir, su presencia no era necesaria pues ninguna norma así lo prevé y, por ende, al no haber un precepto que impusiera el deber a la JEP de citar a los suplentes, no puede afirmarse que tenían el derecho a asistir. Además, se evidenció que la JEP se ciñó al trámite previsto en las normas aplicables.

Además, la presencia del Ministerio Público en la diligencia que, si bien tampoco era obligatorio, da fe de la transparencia en la realización del sorteo, en tanto, según el artículo 277 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación como representante de la sociedad, por sí mismo o por intermedio de sus delegados tiene entre otras funciones, defender los intereses de aquella y por tanto, velar por el cumplimiento de la Constitución y de la Ley, entendida esta en sentido amplio, así como del ejercicio diligente y eficiente de la función pública, tal como lo señaló la Procuradora Delegada ante esta Sección.

La presencia de la Procuraduría en el sorteo no pretendió, como afirmó el actor, suplir la presencia de los magistrados suplentes, por cuanto, se insiste, esta no era obligatoria, de modo que no se advierte la configuración del cargo de nulidad, que el actor entendió como falsa motivación.

Para esta Sección, la falsa motivación “se verifica cuando los fundamentos fácticos y/o jurídicos de la respectiva decisión se apartan de la verdad, como cuando el acto administrativo está apoyado en disposiciones jurídicas que no existen, ya porque no han sido expedidas, ora porque fueron retiradas del ordenamiento jurídico, pues se derogaron, se subrogaron, se abrogaron o se declararon nulas (siendo reglamentos) o inconstitucionales, o cuando ha sido construido con base en hechos que no han ocurrido. Este vicio afecta el elemento causal del acto administrativo”.

Como se indicó anteriormente, para el demandante debe anularse la designación de Juan Ramón Martínez por falsa motivación, debido a que los actos que la contienen no hacen referencia a las peticiones elevadas por los magistrados suplentes en las que, expresamente, solicitaban presenciar el sorteo.

Desde esta perspectiva, la Sala considera que dicho vicio no se configuró en el presente caso, si se tiene en cuenta que dicho reproche se planteó en términos de una omisión, es decir, un elemento que, a juicio del actor debía plasmarse en los actos acusados.

En otras palabras, lo que el actor cuestiona en realidad, no es que los actos acusados contengan algún fundamento que no corresponda a la verdad, sino que no se hizo mención a las solicitudes elevadas por los magistrados suplentes lo que, en estricto sentido, correspondería a falta de motivación.

La Sala ha considerado que la falsa motivación implica que no hay correspondencia entre los motivos plasmados en el acto y la realidad fáctica y jurídica, supuesto diferente a la falta de motivación que supone que se desconoce la forma del acto, es decir, “Cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, por lo menos, en forma sumaria en el texto del acto administrativo, se está condicionando el modo de expedirse, esto es, la forma del acto administrativo…”

Sin embargo, como se explicó anteriormente, las normas que regulan la designación de un magistrado suplente de la JEP como titular no imponen ningún deber de motivación que permita afirmar que la omisión alegada por el actor, vicia los actos demandados. En otras palabras, la no mención de los derechos de petición en comento no significa el desconocimiento de un deber de motivación pues, se insiste, el trámite para proveer una vacante de magistrado en la JEP no lo exige.

Como se explicará más adelante, dicho trámite no contiene ninguna previsión en cuanto a peticiones que puedan realizarse, ni imponen el deber de plasmarlo en los actos de designación.

La Sala tampoco advierte desviación de poder en la expedición del acto acusado porque, aunque los magistrados suplentes hubieran manifestado su deseo de asistir al sorteo, lo cierto que ello no era exigible conforme las normas que rigen el trámite para proveer vacantes en la JEP, como se explicó anteriormente.

Adicionalmente, debe resaltarse que, luego de conformada la lista de magistrados suplentes, solo puede elegirse uno de sus integrantes para proveer una vacante, es decir, la escogencia objetiva ya se surtió por parte del Comité de Escogencia. Por tanto, el sorteo al azar remueve el elemento volitivo del nominador, esto es, de la Plenaria de la JEP que es el que permitiría la configuración del vicio de desviación de poder.

En ese orden, es viable que el sorteo se lleve a cabo solo en presencia de los electores -Plenaria de la JEP- cuya transparencia está garantizada ante la concurrencia del quórum respectivo y la existencia de una lista predeterminada de elegibles lo que hace presumible que no hubo manipulación o conducta acomodaticia de la autoridad que expidió los actos acusados con la escogencia producto del azar, presunción que no se desvirtuó en el presente caso.

Resulta pertinente agregar que, esta Sala ha considerado que “existe desviación de poder cuando con un acto proferido por el funcionario competente y con sujeción a los aspectos externos de la legalidad, la administración pretende materializar una finalidad totalmente distinta a la que le fue asignada por la Constitución y/o por la ley”

Bajo dicho parámetro, no se observa que el acto acusado haya procurado un fin distinto al fijado por la Constitución, la ley o el reglamento, razón por la que esa censura no se acreditó, puesto que ninguna de las normas que rige el trámite para proveer vacantes en la JEP exige la presencia de los magistrados suplentes en el sorteo.

2. Peticiones elevadas por los magistrados suplentes para asistir a dicha sesión

En cuanto a las peticiones previas al sorteo, el demandante se refirió a (i) la elevada por la magistrada suplente Corina Duque Ayala, 6 días antes de la realización del sorteo para que se citara a los magistrados suplentes a dicha sesión y (ii) la formulada por la ciudadana María Claritsa Mendivelso, presentada 2 meses antes en el mismo sentido.

Según afirmó el actor en el escrito que subsanó la demanda, respecto de estas peticiones no se obtuvo respuesta.

Al respecto, la Sala observa que:

Mediante petición de 13 de agosto de 2018, la señora María Claritsa Mendivelso, solicitó a la Presidente de la JEP que se le informara “la fecha en la cual la Sala Plena de la JEP tiene previsto realizar el sorteo el cargo vacante (sic) del Doctor Yesid Reyes…”, además, que se le informara “el sitio exacto, la fecha y la hora, en la cual se citarán a los magistrados suplentes que tienen derecho a ocupar dicha curul de manera inmediata, y a la ciudadanía, con el fin de efectuar de manera transparente el mencionado sorteo, todo con el fin de ejercer nuestro derecho a la veeduría ciudadana”.

La Presidente de la JEP dio respuesta mediante oficio de 16 de agosto de 2018 en el que se le informó que el doctor Yesid Reyes Alvarado, manifestó el 22 de junio de 2018 su decisión de no tomar posesión del cargo de magistrado titular del Tribunal para la Paz y, reiteró lo dicho en oficio de 18 de junio de 2018 que, el señor Reyes manifestó su deseo de esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre las inhabilidades e incompatibilidades del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Le manifestó adicionalmente, que la Corte estaba avocada a pronunciarse y que, una vez se conociera la decisión definitiva, la JEP procedería, según lo establece su reglamento, a proveer la vacante.

De otra parte, el 3 de octubre de 2018, la señora Corina Duque Ayala solicitó:

“1. Se me explique ¿El fundamento legal, jurisprudencial o doctrinal, si los hubiere, por el que la Sala de Gobierno no ha convocado a la Sala Plena para proceder a realizar el sorteo entre los seis (6) magistrados suplentes del Tribunal, para llenar la vacante que dejó el Dr. Yesid Reyes Ramírez (sic) desde el mes de mayo de 2018? Esto de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de la JEP.

2. Se me indique ¿cuál es el fundamento, normativo, jurisprudencial y doctrinal, si los hubiere, para no haber llamado a los suplentes a reforzar las Salas, en la distribución de cargas de trabajo que estableció el reglamento interno? (…)

3. Se indique ¿la razón práctica por la cual no se nos ha llamado a cumplir funciones de reforzamiento, no obstante lo convenido en la reunión plenaria de magistrados del 13 de noviembre de 2018? (…)

4. Se indique ¿cuál es el fundamento de haber sido excluidos los magistrados suplentes, de los talleres y capacitaciones que se anunciaron en la reunión del 13 de noviembre? (…)

5. Se explique ¿la razón por la que, a pesar de haberse creado en el mes de octubre de 2018 un whatsapp de grupo con todos los integrantes del equipo de la JEP principales y suplentes… en el mes de enero se crea un nuevo chat colectivo…”

6. Se explique, la razón práctica de ¿por qué en varios eventos de orden nacional, donde han sido invitados los magistrados de la JEP… se han tenido en cuenta, tan solo algunos de los suplentes u no a todos? (…)

7. Se explique ¿cuál es el fundamento normativo, jurisprudencial y doctrinal, si lo hubiere, para crear una planta con 600 funcionarios… (…)”

Como se ve, el contenido de la petición versa sobre varios aspectos que no guardan relación con el litigio que ocupa la Sala, pues nada tiene que ver la distribución de cargas de trabajo, las funciones reforzamiento, la asistencia de suplentes a capacitaciones y eventos, la creación de un grupo de whatsapp o la creación de una planta de personal, con la designación de un magistrado suplente como titular.

En consecuencia, la Sala solo hará mención de la respuesta dada por la JEP respecto del primer punto referido a la vacante del magistrado Yesid Reyes Alvarado, que fue el punto de partida para que se realizara el sorteo que culminó con la designación del demandado.

En efecto, se tiene que mediante oficio de 23 de octubre de 2018 la Presidente de la JEP dio respuesta para informar que el artículo 29 del Reglamento de dicha jurisdicción regula el procedimiento para suplir vacantes. Además, narró el proceso de traslados internos surtido y el sorteo que finalizó con el nombramiento del demandado.

La respuesta dada por la JEP se produjo con posterioridad a la designación del señor Martínez Vargas, pero, en todo caso, dentro del término legal dispuesto para ello, según el artículo 14 del CPACA.

De lo expuesto, basta señalar que no es cierto, como lo dijo el actor que las peticiones no hubieran sido contestadas. En todo caso, de no haberse respondido, o de haberse contestado de manera incompleta o insuficiente, ello en nada afectaría el trámite de la elección no solo porque no está previsto en las normas aplicables, sino porque son ajenas a aquél.

Como se vio en el acápite “1.1 Provisión de cargos en la JEP” de esta providencia, el trámite para proveer una vacante de magistrado en la JEP no contiene ninguna previsión en cuanto a peticiones que puedan realizarse. Dichas solicitudes, se rigen por las normas generales previstas en el ordenamiento jurídico establecidas para garantizar el derecho fundamental de petición.

Adicionalmente, considera la Sala que la garantía del derecho de petición no supone que se acceda a lo solicitado y, de considerarse que aquél no se satisfizo, por ejemplo, por no haberse respondido o por respuesta tardía, no es la acción de nulidad electoral el medio idóneo para su protección, por cuanto el titular del derecho puede acudir a la acción de tutela.

Además, tampoco debía darse cuenta de ellas en los actos acusados, ya que las peticiones y sus respuestas no hacen parte del trámite previsto normativamente para proveer las vacantes de magistrados de la JEP. En consecuencia, no se configuró el cargo de falsa motivación propuesto por el demandante.

3. Conclusión

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la Sala concluye que los cargos de infracción a la Constitución y la ley, falsa motivación y desviación de poder formulados contra el acto de designación del señor Juan Ramón Martínez como magistrado titular de la JEP no se configuraron, y por ello, negará las pretensiones de la demanda que buscaban su anulación.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de nulidad del acta de sesión Nº 023 de 8 de octubre de 2018 y la Resolución Nº 1049 de 2018 expedidos por la Sala Plena de la JEP a través de la cual se designó al señor Juan Ramón Martínez Vargas como magistrado titular de la JEP, de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

Se deja constancia que la presente sentencia queda notificada en estrados.

Por no ser otro el objeto de la audiencia se dio por terminada siendo las cuatro y veinticuatro de la tarde (4:24 pm) del día veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y se firmó por los que en ella intervinieron.

LOS MAGISTRADOS

Carlos Enrique Moreno Rubio
Presidente Sección Quinta

Rocío Araújo Oñate
Magistrada

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Magistrada

Alberto Yepes Barreiro
Magistrado Ponente

PARTE DEMANDANTE

Juan Carlos López Rico
CC. No. 1.014.207.920 de Bogotá

COADYUVANTE

Corina Duque Ayala
CC. No. 51.711.771 de Bogotá
PARTE DEMANDADA

Humberto Antonio Sierra Porto
C.C. No. 73.120.035 de Cartagena
T.P. No. 61.522 del C.S.J.
Apoderado judicial del demandado

AUTORIDAD QUE PROFIRIÓ EL ACTO

Mauricio Alejandro Moncayo Valencia
CC. Nº 80.872.961
T.P Nº 199.631 del C.S.J.
Apoderado de la JEP

EL MINISTERIO PÚBLICO

Sonia Patricia Téllez Beltrán
Procuradora 7º Delegada ante el Consejo de Estado

LA SECRETARIA

Estefanía Urbano Mora
Secretaria Ad – hoc

Así lo advirtió la Sala en el auto de 14 de febrero de 2019, en el que se admitió la demanda por haber sido corregida. Se destaca que el actor, en el escrito de subsanación, no hizo referencia a la violación al debido proceso.
En dicha providencia se explicó que el conocimiento de la demanda contra el acto de designación de un magistrado titular de la JEP corresponde a esta jurisdicción, a esta corporación y en especial a esta Sección en única instancia, con fundamento en el numeral 7º del artículo 237 de la Constitución, el artículo 104, los numerales 4º y 14 del artículo 149 del CPACA y el numeral 3º del artículo 149 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 058 de 1999 -Reglamento Interno de esta Corporación-, el Consejo de Estado.
https://dle.rae.es/?id=YQqw6HP
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de enero de 2011, Radicación Nº 11001-03-28-000-2010-00015-00. M.P: Mauricio Torres Cuervo. Reiterado en fallo de 26 de noviembre de 2015, Radicación No. 11001-03-28-000-2015-00008-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 30 de agosto de 2017, Radicación Nº 13001-23-33-000-2016-00051-01 (Acumulado). C.P: Rocío Araújo Oñate.
Sobre el tema, ver la sentencia del 23 de junio de 2011, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. M P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Número de radicado: 11001-03-27-000-2006-00032- 00 (interno 16090). Demandantes: Diana Caballero Agudelo y Gloria I. Arango Gómez. Demandado: DIAN. 9 Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. (…)” (Se resalta).
Fallo de 7 de septiembre de 2015, expediente 11001-03-28-000-2014-00066-00, actor: Pedro Felipe Gutiérrez Sierra; demandado: CNE; M.P.: Alberto Yepes Barreiro.

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